Varios puntos van quedando en claro en la primera jornada de audiencia pública, previa al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación Argentina.

Uno de ellos es que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado nacional, supone otra grieta política y que el Ejecutivo deberá contar con apoyos provinciales, más allá de los propios de su partido, para lograr una mayoría en el recinto.

Otro es que “el agua no reconoce jurisdicción política”, por lo cual aquello que ocurre en una provincia o región tiene impacto en otra.

Y más allá de los reparos a las modificaciones que se quieren introducir a la norma vigente, el mecanismo en si para concretar la audiencia pública recibió numerosas críticas, ya que se habilitaron dos jornadas de exposición pero se inscribieron alrededor de 100 mil personas, para exponer en representación de organizaciones o a título personal.

Fueron 196 las voces habilitadas para este miércoles en la primera sesión que siguió adelante más allá de la impugnación presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, “las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.

La actividad estuvo liderada por los legisladores de LLA José Peluc (San Juan), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Nicolás Mayoraz (Santa Fe), titular de Asuntos Constitucionales.

Con transmisión en vivo por el canal de youtube de la Cámara de Diputados de la Nación, la reunión comenzó puntualmente a las 10 y no tenía horario de conclusión. Se acotó el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos, pero se obvió el tiempo de conclusión que estaba previsto para las 19.

“La audiencia va a seguir hasta que termine el último expositor”, anticiparon las autoridades.

Este jueves las presentaciones se harán de manera virtual y a todos quienes quedan por fuera de estas exposiciones se los invita a presentar un escrito o un video para explicar su punto de vista. “Todo va a formar parte del expediente”.

Abierta la sesión, se fueron escuchando los distintos testimonios: el de Marcelo Arteaga, trabajador petrolero de Chubut, que habló del “pasivo ambiental” que quedó luego de la explotación del petróleo. De Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, quien dejó en claro la oposición de su provincia a la reforma de la ley, y habló de “una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel”, en un territorio donde “el 70 % de la población depende del agua del río Colorado

También estuvo Gabriel Cabrera, Ingeniero Glaciólogo de Mendoza quien, “en representación de la ciencia”, dijo que la ley que se quiere aprobar “es defectuosa” y que “el ambiente periglaciar está mal definido en ese texto y es abstracto jurídicamente”.

También se pronunció Natalia Di Pace, presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba) que es reserva de agua natural, quien anticipó que la ley, si se ratifican las modificaciones, va a tener amparos en la justicia.

En cambio, Gustavo Fernández, ministro de la Producción de San Juan anticipó, en representación del gobernador Marcelo Orrego, el apoyo a la ley.

La rionegrina Marta Maffei, diputada mandato cumplido, habló como autora de la ley 26.639 que es la que ahora está en proceso de modificación. “Estuvimos un año trabajando en la ley, consultando a académicos, instituciones, entes especializados y comunidades originarias”.

En ese punto, fue crítica con los cambios introducidos por el Senado nacional que “omiten rigurosamente los recaudos legales y constitucionales establecidos”. Luego de anticipar acciones legales por la modalidad de la audiencia pública, advirtió que la norma tiene una “fachada de federalismo pero logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con el agua”, que es “escasa en territorios que viven crisis climáticas aceleradas”.

Adolfo Pérez Esquivel también estuvo entre los oradores del primer tramo de la audiencia. El Nobel de la Paz, reconocido por su defensa de los derechos humanos y el ambiente, pidió en su argumetación, preservar el agua y la vida de todo el país. Para quienes quieran conocer su opinión completa, dejó un escrito que podrá ser fuente de consulta antes de que la ley sea tratada en Diputados.

Greenpeace rechazó el intento de modificar la Ley de Glaciares y advirtió riesgos para las fuentes de agua dulce. Foto: Martin Katz / GreenpeaceCasi 200 expositores participaron en la audiencia por Ley de Glaciares. Foto: Martin Katz / Greenpeace

Sobre el resultado de esta posible aprobación, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni confió este miércoles en que sería sancionada en el marco de las reformas que impulsa el gobierno nacional.

Matías De Bueno, abogado y docente de la UNR, adelantó que, si se aprueba la ley, corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.

Por ahora, falta mucho por escuchar en otra jornada de exposiciones prevista para este jueves. Y el debate aún no llegó al recinto.

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora resolvió agregar dos lunes a su agenda de trabajo y fijó fechas para las audiencias públicas para Reconquista y Santa Fe.

La decisión fue adoptada este sábado en la reunión que encabezó Katia Passarino (Unidos) y donde discutieron especialmente temas de ordenamiento tras la extenuante audiencia pública del viernes en el Concejo Municipal de Rosario donde escucharon a casi 150 oradores.

El tema central de la audiencia fue el tema de la autonomía municipal donde hubo ponencias de todo tipo.

El tema central de la audiencia fue el tema de la autonomía municipal donde hubo ponencias de todo tipo.

Ahora, el viernes próximo, a las 10, se hará la audiencia pública en Reconquista de donde es oriunda la presidenta de la Comisión. Passarino informó que se solicitó para la audiencia la Casa del Bicentenario donde explicó que hay lugar para 200 personas.

En tanto, la de Santa Fe, en el Concejo Municipal sería, en principio, el miércoles 13, desde las 9.

La Comisión además resolvió agregar reuniones los lunes 4 y 11 de agosto, en ambos casos en el recinto de la Cámara de Diputados, para discutir el régimen municipal en primer término y ordenamiento ambiental en el segundo. Para este lunes, incluso, han sido invitados a exponer voceros de los diferentes foros de intendentes y los entes metropolitanos

El tema central de la audiencia fue el tema de la autonomía municipal donde hubo ponencias de todo tipo.

También en Rosario, en la semana realizó una nueva reunión la Comisión del Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales que encabeza Lisandro Enrico (Unidos).

El grupo escuchó ponencias de nuevos actores del sistema de justicia de la provincia. Abogados, representantes de Colegios profesionales, docentes de Facultades de Derecho con asiento en la ciudad de Rosario y de la Asociación de Fiscales y Defensores Provinciales fueron expositores.

El tema central de la audiencia fue el tema de la autonomía municipal donde hubo ponencias de todo tipo.

Ahora, en la agenda del martes próximo, en horario vespertino recibirán a los colegios de abogados de Santa Fe, Rafaela y Reconquista, a representantes de las facultades de Derecho de la UNL y de la UCSF y al procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre.

Por su parte, la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo convocó para el jueves 7 también a una audiencia para recibir propuestas y aportes de la ciudadanía. Estará destinada a todas aquellas personas, instituciones y organizaciones que deseen expresar sus ideas vinculadas al trabajo de esta comisión.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través de un formulario on line que estará disponible hasta las 23:59 del lunes 4 de agosto.

Desde Nación se convocó a una serie de audiencias públicas para informar sobre las futuras concesiones de rutas bajo su órbita en las provincias de Argentina.

Con afección en diferentes tramos, la provincia de Santa Fe se ve involucrada en la mayoría de las trazadas que figuran en el informe.

Se trata del llamado Proyecto “Red Federal de Concesiones- Etapa III”, el cual desglosa los tramos Centro, Mesopotámico, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

La decisión se publicó este jueves 5 de junio en el Boletín Oficial de Nación mediante la Resolución 924/2025 que posee firma de Marcelo Jorge Campoy, titular de Vialidad Nacional.

En la provincia de Santa Fe

Tramo Centro:

Ruta Nacional N°9, entre el Km.297,00 (Empalme RN N° A-008 – Rosario, Santa Fe) y el Km. 660,16 (Inicio de Concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) – Pilar, Córdoba).

Ruta Nacional N°19, entre el Km. 0,00 (Empalme RN N° 11 - Santo Tomé, Santa Fe) y el Km. 127,19 (Limite Santa Fe/ Córdoba).

Ruta Nacional N°34, entre el km. 0,00 (Empalme RN N° A-008 – Rosario, Santa Fe) y el Km. 188,68 (Empalme RN N° 19).

Tramo Mesopotámico:

Ruta Nacional N° A-012 entre el Km 0,00 (Empalme RN N°9 – Rosario, Santa Fe) y el Km 66,71 (Empalme RN N° 11 – Rosario, Santa Fe).

Tramos Chaco Santa Fe:

Ruta Nacional N° 11, entre el Km. 510,62 (Nelson, Santa Fe- km 510,62 y el Km. 1007,8 (Empalme RN N° 16-Resistencia, Chaco).

Ruta Nacional N° 18, entre el Km 14,55 (Empalme RN N° 12 - Paraná, Entre Ríos) y el Km 241,27 (Empalme RN N° 14- Puerto Yeruá, Entre Ríos)

Ruta Nacional N° 12, entre el Km. 401,29 (Empalme RN N° 131 – Crespo, Entre Ríos) y el Km. 450,68 (Empalme RN N° 18 – Paraná, Entre Ríos).

Ruta Nacional N°34, entre el Km. 188,68 (Empalme RN N° 19) y el Km. 725,11 (Empalme RP N° 5 - La Banda, Santiago del Estero).

Ruta Nacional N° 9, entre el Km. 1139,68 (Empalme RN N° 64 - Santiago del Estero, capital) y el Km. 1593,25 (Salta, capital).

Ruta Nacional N°9, entre el Km. 1687,19 (Empalme RN N° 66 – San Salvador de Jujuy, Jujuy) y el Km. 1705,71 (Empalme RN P° 4 – Yala, Jujuy).

Ruta Nacional N°34, entre el Km. 1130 (Empalme RN N° 9 Torzalito, Salta) y el Km. 1196,51 (Km 1196,51 - Acceso San Pedro de Jujuy, Jujuy).

Ruta Nacional N° 66, entre el Km. 0,00 (Empalme RN N° 9 – San Salvador de Jujuy, Jujuy) y el Km. 37,94 (Empalme RN N° 34).

Ruta Nacional N° 1V66, entre el Km. 0,00 (Empalme RN N° 66) y el Km. 13,23 (Empalme RN N° 34).

Ruta Nacional N° A-016, entre el Km. 0,00 (Empalme RN N° 9 - San Miguel de Tucumán, Tucumán) y el Km. 6,75 (Aeropuerto Internacional Tte. Benjamín Matienzo - San Miguel de Tucumán, Tucumán).

Ruta Nacional N°12, entre el Km. 871,15 (Empalme RN Nº 123 – 9 de Julio, Corrientes) y el Km. 1206,69 (Empalme RN N° 118)

Ruta Nacional N°16, entre el Km. 0 (Acceso Viaducto lado Corrientes, incluido Pte. Gral. Belgrano) y el Km. 211,2 (Empalme RN N° 89 - Avia Terai, Chaco).

Ruta Nacional N°12, entre el Km. 1206,69 (Empalme RN N° 118) y el Km. 1336,00 (Posadas, Misiones).

Ruta Nacional N°12, entre el Km. 1349,2 (Posadas, Misiones) y el Km. 1641,52 (Acceso Puente Tancredo Neves, Misiones).

Ruta Nacional N° 105, entre el Km. 0,31 (Empalme RN N° 12 – Posadas, Misiones) y el Km. 34,9 (Empalme RN N° 14 –Pindapoy, Misiones).

Ruta Nacional N° 7, entre el Km. 865,49 (Limite San Luis/Mendoza) y el Km. 1012,31 Matienzo - San Miguel de Tucumán, Tucumán).

Ruta Nacional N°7, entre el Km. 1054,59 (Empalme RN N° 40 (Mendoza)) y el Km.1236,86 (Limite Internacional Argentina-Chile).

Los interesados en participar en cada Audiencia Pública, sean personas humanas o jurídicas, deberán inscribirse a partir de las 00:00 horas del día 08 de junio de 2025 y hasta las 23:59 horas del día 28 de junio de 2025, en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional) en las secciones de la RED FEDERAL DE CONCESIONES o ESPACIOS PARTICIPATIVOS, donde también podrán tomar vista del expediente. La inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través de un formulario.

Resolución 924/2025 by El Litoral

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) respondió formalmente al Concejo Municipal de Venado Tuerto y confirmó que el tramo santafesino de la Ruta Nacional Nº 33, que conecta Rufino con Rosario, no se encuentra actualmente concesionado, aunque será incorporado a un nuevo esquema de concesiones viales que se implementará a lo largo de 2025, según trascendió en los últimos días.

La respuesta oficial -incluida en el orden del día de la última sesión legislativa local- llegó a través de una nota firmada el 7 de mayo de 2025 por Martín Nahuel Zangirolami, subgerente de la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política de la DNV. El escrito da cuenta de la continuidad de la gestión estatal de varios tramos viales estratégicos, entre ellos:

Ruta Nacional Nº 33: desde el Km 534,61 (Rufino) hasta el Km 791,07 (Rosario).

Ruta Nacional Nº 11: entre el Km 326,23 (A012 - Rosario) y el Km 341,94 (complejo industrial LDC Argentina).

Ruta Nacional Nº 9: entre el Km 752 (fin de concesión del Acceso a Córdoba) y el Km 784,48 (Villa del Totoral, Córdoba).

La información se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 97/2025, que habilita la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. Según la DNV, este nuevo modelo tiene como objetivo reorganizar la gestión de más de 17.000 kilómetros de rutas nacionales, con participación del sector privado.

El tramo de la Ruta 33 será incluido dentro de la llamada Red Federal de Concesiones, que prevé licitar en una primera etapa 9.342 kilómetros en 13 corredores que representan el 20% del tránsito nacional. Posteriormente, se sumarán otros 8.500 kilómetros hoy gestionados por el Estado, como el caso de la RN 33 en Santa Fe.

En ese sentido, ya se llevaron a cabo dos audiencias públicas clave, realizadas los días 25 y 27 de febrero de este año, correspondientes a los denominados tramos "Oriental" y "Conexión", donde participaron autoridades provinciales, municipales, cámaras empresarias y organizaciones de usuarios.

Desde Vialidad informaron que los pliegos definitivos se encuentran en elaboración, y que la convocatoria para la segunda etapa -que incluirá a la RN 33- se lanzará también durante 2025.

Para conocer más sobre los proyectos, la normativa vigente y los procesos de audiencia pública, se puede consultar la web oficial del Ministerio de Transporte: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/red-federal-de-concesiones

El Concejo Municipal de Venado Tuerto se encuentra en pleno análisis del pedido de incremento tarifario presentado por la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS), que solicitó una suba del 248% en virtud de una fórmula polinómica que contempla diversos factores como costos de personal, insumos, productos químicos, energía eléctrica y obras de infraestructura.

Si bien los concejales reconocen la necesidad de actualización tarifaria, coinciden en que el aumento planteado no puede aplicarse de manera inmediata ni en su totalidad debido al impacto que podría generar en los usuarios. En este sentido, desde el cuerpo deliberativo sostienen que es fundamental considerar la capacidad de pago de los vecinos, en un contexto económico delicado y con gastos extraordinarios propios del inicio del ciclo lectivo.

Las negociaciones entre los diferentes bloques políticos han avanzado en la posibilidad de autorizar un incremento menor al solicitado, en torno al 50% de la cifra original, aplicándolo de manera escalonada en tres etapas a lo largo del año.

"Estamos afinando los números con los diferentes bloques y con la cooperativa para llegar a un acuerdo que sea sustancialmente menor a lo solicitado", explicó el presidente del Concejo, Santiago Meardi. "No se puede aplicar un 248% ni de una vez ni en un solo año", agregó, destacando que el impacto económico en las familias hace inviable un ajuste de tal magnitud.

Además, una de las razones por las cuales se considera un porcentaje menor es el hecho de que el Gobierno provincial ha realizado inversiones significativas en la ciudad, especialmente en la ampliación de redes de agua potable en cuatro barrios del sector norte y en la planta de cloacas, con una inversión que supera los 10.000 millones de pesos.

La Cooperativa de Obras Sanitarias, además de brindar servicio de cloacas, produce su propia agua potable a través de un esquema de ósmosis inversa. Sostener este sistema implica una gran inversión operativa y de infraestructura.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante advierten que autorizar una suba tarifaria desmedida podría derivar en un aumento en la morosidad de los usuarios. "Si convalidamos un aumento de este nivel, corremos el riesgo de que muchos vecinos no puedan pagarlo, lo que podría afectar la recaudación y la prestación del servicio", advirtió Meardi.

Actualmente, la cooperativa ha implementado un plan de austeridad que incluyó el congelamiento de ingresos de personal y la reducción de su plantilla. Asimismo, logró regularizar deudas impositivas que arrastraba en períodos anteriores, lo que ha permitido sostener el servicio sin generar una crisis financiera inmediata.

El cuerpo Legislativo local tiene previsto continuar las reuniones con los representantes de la cooperativa para definir los términos del aumento. Esta semana se llevará a cabo un plenario en el que se abordará nuevamente el tema, junto con otras cuestiones como la regulación de carga y descarga en la ciudad.

Desde el ámbito político, la intención es encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de actualizar las tarifas y la realidad económica de los usuarios, evitando un golpe demasiado fuerte en las finanzas familiares en un contexto de inflación y dificultades económicas.

Se espera que en los próximos días se defina el porcentaje final del incremento y el esquema de aplicación, con la posibilidad de aprobar en sesión extraordinaria un ajuste fraccionado en tres etapas, cercano al 50% de lo solicitado originalmente.

En la noche del lunes se efectuó en la Casa Museo Cayetano Silva la audiencia pública no vinculante de actualización de tarifas solicitada por la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS), conforme la ordenanza 4859/16 y sus decretos reglamentarios.

Convocadas con antelación y mediante registro de participantes, las audiencias públicas son un medio ciudadano para participar en las decisiones relacionadas con las prestatarias de servicios públicos concesionados, donde se exponen opiniones, estudios, conocimientos e informaciones sobre el tema a tratar.

Presidió el acto el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, y posteriormente el intendente Leonel Chiarella valoró la audiencia pública como instancia de participación ciudadana: “Este mecanismo se creó para que todos los actores de la sociedad puedan plantear sus inquietudes y escuchar sus voces, generándose este espacio de encuentro, debate y exposición”.

Luego sostuvo que “nuestra ciudad presentaba hace menos de un año el Plan Estratégico Participativo (PEP) donde poníamos como metas diferentes proyectos, uno de ellos era llevar las cloacas hacia la zona norte, que venía siendo gestionado y reclamado desde hace diez años, y hoy es una realidad por decisión del gobernador (Maximiliano Pullaro)”.

Chiarella consideró que “este marco cooperativo en la ciudad, pensado por un grupo de vecinos hace 60 años, queremos sostenerlo y defenderlo, generando esa previsibilidad para fortalecer la institución y una mejora en la prestación de servicios públicos esenciales como el agua potable y las cloacas”. 

Período inflacionario

Tras la palabra del intendente, el gerente de la COS, Emiliano Bonifazi, hizo una detallada exposición sobre el incremento en cada ítem que compone la fórmula polinómica de la estructura tarifaria durante el ejercicio del periodo 1 de julio 2023 al 30 de junio 2024, caracterizado por una alta inflación.

Posteriormente se escucharon consultas e inquietudes de dos vecinos participantes.

Según la normativa regulatoria, el equipo de implementación ad hoc de la audiencia pública deberá presentar el informe de cierre en un plazo de siete días hábiles.

La Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto ha solicitado una actualización tarifaria para los servicios de agua potable y cloacas que presta en la ciudad. En este marco, se llevará a cabo una audiencia pública el próximo lunes 20 de enero, a las 20, en la Casa Museo Cayetano Alberto Silva (ubicado en calle Maipú 966), presidida por el Secretario de Gobierno municipal, Mariano de Mattia.

La audiencia tiene como principal objetivo presentar a la comunidad los motivos por los cuales la Cooperativa solicita este ajuste. Durante el encuentro, se explicarán los parámetros técnicos y económicos que respaldan la solicitud, tales como el aumento en los insumos necesarios para el tratamiento de agua potable y el sistema de cloacas. A su vez, los vecinos podrán expresar sus opiniones, plantear preguntas y proponer ideas relacionadas con el cuadro tarifario.

En este marco, el secretario de Gobierno, Mariano de Mattia, destacó que la participación de los ciudadanos es fundamental para exponer, de primera mano, la realidad de los usuarios. “La idea es escuchar a los vecinos, que puedan compartir su mirada, sus necesidades y cómo perciben el servicio de agua y cloacas. No hace falta ser un experto en el tema, ya que la es conocer la experiencia de los usuarios, sus inquietudes y expectativas”, explicó.

Aunque no es vinculante, la audiencia pública tiene un gran valor, ya que las conclusiones obtenidas durante el encuentro serán remitidas al Concejo Municipal, que será el encargado de tomar la decisión final sobre la posible actualización tarifaria y en qué porcentaje. Esta consulta se ajusta a la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de este tipo de audiencias para la determinación de ajustes en los servicios públicos.

Para aquellos interesados en participar como oradores o simplemente asistir, el titular de la cartera de Gobierno explicó que se podrá realizar la inscripción hasta el 14 de enero a través de la página web del municipio: www.venadotuerto.gob.ar. Sin embargo, destacó que, como en ocasiones anteriores, si algún vecino no se inscribe, podrá igual participar y exponer su opinión durante la audiencia, sin restricciones.

Aunque no se tiene definido un porcentaje exacto del incremento tarifario, De Mattia adelantó que la Cooperativa presentó una estimación basada en el aumento de insumos y otros costos operativos. Sin embargo, será en la audiencia donde se detallarán los parámetros específicos que determinarán el porcentaje exacto del ajuste. Entre los factores que influyen en el cálculo, se incluyen costos relacionados con los servicios de agua potable, el tratamiento de fluentes cloacales y el impacto de la inflación nacional en los insumos importados.

Un plan para hacer a Aguas Santafesinas SA una empresa eficiente, con parámetros verificables, posibles de ser cuantificados y una visión más moderna de su rol para garantizar el derecho del acceso humano al agua potable, fue el fondo de la presentación de la compañía estatal respecto de los cambios que plantea para sus cuadros tarifarios.

En pocas palabras, se trata de adoptar medidas postergadas durante casi dos décadas, desde que el servicio de distribución de agua y conducción de líquidos cloacales volvió a manos de la provincia en las ciudades más pobladas del mapa de la bota.

Las medidas a adoptar requieren de una extensa explicación técnica que la firma (cuyas acciones están en manos del Estado) brindó a través de sus autoridades, pero también de una lectura política que el viernes 30 de agosto comenzó a ser pública. La audiencia tuvo ese carácter, fue pública y abierta a quien hubiera querido preguntar o exponer.

Dentro del sector del saneamiento y de quienes habitualmente participan de las audiencia públicas que discuten tarifas hubo una alta concurrencia. En cuanto a los dirigentes políticos, y en especial de los legisladores, fue bastante escasa. Se limitó a autoridades de la Cámara de Diputados y algunos jefes de bloques. Entre ellos, el socialista Pablo Farias, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General (el último filtro de los asuntos con ese tratamiento en Diputados) y su par radical José Corral, una figura clave dentro del oficialismo en la Cámara baja de la Legislatura, además de vicepresidente primero del cuerpo que preside la socialista Clara García.

En el directorio de Aguas hay figuras que provienen de esas dos fuerzas: fue asesora del bloque del PS su presidenta Anahí Rodríguez, que también ocupó ese lugar en la conducción del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios; y por segunda vez es parte del cuerpo que toma las decisiones de la empresa Darío Boscarol. Julio Schneider, ex secretario de Hacienda del Ministerio de Economía y ex ministro de Obras Públicas ahora ocupa un rol central como asesor de las autoridades (se trata de quien revisa casi como un auditor externo los números).

La audiencia se realizó en la legislatura provincial, que es el lugar más adecuado par a discutir un futuro proyecto de ley y fue presidida por el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Marcelo Mántaras -en representación del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico-, la presidenta de Aguas y el vicepresidente, Alfredo Menna. Expusieron Boscarol y el gerente comercial Cristian Latino, así como Schneider.

Los cambios van desde la creación de una tarifa social hasta la división de los usuarios en residenciales, industriales y comerciales. Foto: Prensa Cámara de Senadores

A la titular de la empresa le tocó explicar qué se quiere hacer de una firma que cuando el actual gobierno comenzó en diciembre de 2023 necesitaba que en un 80% el Estado Provincial la subsidie solo para mantenerse en actividad (sin contar las inversiones). El modelo a seguir tiende a que los usuarios de la firma, más que los contribuyentes, sostengan con la tarifa al menos el funcionamiento. No parece imposible, si se mira lo que ha sucedido con Aguas Argentinas en capital federal y el Gran Buenos Aires donde los aportes estatales que eran porcentualmente similares a los que existían aquí se fueron achicando hasta dejarlos en cero, en tan solo tres trimestres. Eso sí, la tarifa del agua para porteños y bonaerenses se multiplicó y hoy en promedio un usuario residencial paga entre 40 y 50 mil pesos. Un santafesino, unos 15 mil, según se expresó en la Audiencia.

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Oscar Martínez, el ex diputado provincial de la Fundación Centro, dijo que en la provincia la tarifa había ya aumentado un 450%. Dijo que la fórmula que se pretende "incluye una cláusula gatillo que se dispara con la inflación" y la empresa santafesina estimó que hasta la finalización del año no habrá más actualizaciones, aunque sí avances para tener nuevos cuadros tarifarios, a partir de una reforma que busca cambiar el perfil de la empresa.

El viejo esquema de la Dipos que pasó luego a la compañía de agua privatizada (a Lyonnaise des eaux, más tarde Suez) hasta la reestatización de 2006 se basaba en la abundancia: una fuente de agua inagotable (los efluentes del Paraná), conducidos por cañerías construidas en muchos casos a principios del siglo pasado, con consumo ilimitado. Y lo mismo para la colección de los líquidos cloacales. De todo se encargaba el río, o eso se creía.

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Más allá de la salud de ese sistema hídrico, lo que se reveló finito es la capacidad de potabilización del agua cruda y la conducción de líquidos sucios. Y también los recursos que necesitan esas tareas, en materia de insumos y sobre todo de inversiones.

La privatización no logró la ampliación del servicio y las redes que habían justificado la concesión sin pago de canon. El contrato se congeló en cuanto a sus metas y luego fue el turno del Estado que mantuvo sin cambios tanto el marco regulatorio como el contrato de vinculación (ya no una concesión a un privado) bajo la eterna figura de la transición.

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Ahora, el marco legal es el de la emergencia que da más facultades al Ejecutivo. Pero ayer quedó en claro que la intención es llevar el debate a donde ha comenzado: la Legislatura. Y por delante queda tanto una ley que modifique cómo calcular tarifas, dividir usuarios por su naturaleza (industriales, comerciales y residenciales) por su capacidad contributiva y por su cuidado del recurso.

El norte es la micromedición total de cada cuenta medible (hay consorcios y edificios donde no es posible hacerlo por cada hogar), lo que requiere dinero: Dario Boscarol sostuvo que habrá que instalar nada menos que 300 mil caudalímetros. Prometió un impacto inmediato de 50.000 en 2025 y otros tantos en 2026. Dijo que se invertirán $ 5.000 millones este año y otros 6.000 millones en el primer semestre del próximo.

La presentación tuvo varias particularidades: tuvo lugar en el mismo día en que los empleados de la empresa estatal llevaban a cabo un paro de actividades por reclamos paritarios y finalización de contratos y contó apenas con una sola intervención de un diputado opositor de la izquierda, Carlos del Frade, que reclamó bajar los costos para los usuarios. Lo mismo, el defensor del Pueblo, Jorge Henn.

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El presidente del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, Jorge Lagna, recordó la doctrina de la progresividad que creó la Corte Suprema de la Nación para evitar tarifazos. El ex diputado provincial del PJ y ex ministro de Seguridad comentó llanamente que siempre pensó que no era "sostenible" que ASSA viviera del presupuesto del Estado, con 80% de sus funciones pagada por todos los santafesinos, aún los que no gozan de sus servicios.

El consejero de la Cooperativa de Servicios Públicos de Las Parejas, Daniel Puppo y la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable de Santa Fe, Patricia Leiva, expusieron con cifras (que vale la pena mencionar en otras ediciones) lo que significa para ese sector comprar agua en bloque a la empresa estatal que ha multiplicado sus erogaciones. El intendente de la ciudad de Esperanza, Rodrigo Müller, de una jurisdicción que siempre tiene aportes en los debates sanitarios, se mostró esperanzado en que esta vez los cambios sean reales y el servicio logre ser más eficiente. El director del Observatorio de Servicios Sanitarios de la Universidad Nacional del Litoral, Luis Traba, explicó que la eficiencia deseada se debe reflejar en menos pérdidas en la vía publica y una normatización seria de los caudalímetros que serán clave para la micro y macro medición.

(Por Luis Rodrigo) - El gobierno nacional expuso este jueves 29 de febrero que a partir de abril solo se subsidiarán situaciones de “extrema vulnerabilidad en los hogares” para sus consumos de energía eléctrica y gas. Esa es la definición que usó el 8 de enero pasado el secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez Chirillo, en una audiencia pública sobre el precio del gas natural por redes, en la que adelantó lineamientos políticos generales de su cartera para eliminar subsidios que, en parte, generaron durante décadas déficit fiscal.

Esta mañana, al cabo de casi dos meses de ese anuncio, el gobierno nacional despliega en otra audiencia pública los instrumentos y los criterios para el nuevo esquema que, en pocas palabras, tiene a amplias capas de los sectores medios como objetivos principales de los recortes.

Las autoridades nacionales han establecido una Canasta Básica de Energías que cambia según una tabla de consumos considerados básicos para las distintas zonas del país, y de acuerdo con el número de personas convivientes declaradas y no declaradas por quienes solicitaron o van a solicitar el subsidio.

Los criterios para el recorte consideran tanto los ingresos declarados como “los no declarados” que se apoyan en “presunciones”, esa fue la expresión usada por los expositores oficiales, sobre la condición económica de una familia que puede por ejemplo contar con un plan de medicina prepaga o cuenta con un auto de menos de cinco años de antigüedad o posee más de una propiedad, entre otros datos, que el Estado cruzará para la quita de subsidios. Los datos no declarados (como el de la medicina prepaga) serán usados para observar esos casos.

En la segmentación tarifaria que dispuso la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández dividió, para luz y gas, en N1, N2 y N3 a los usuarios.

El nuevo esquema revisará que solo se cubran situaciones de vulnerabilidad entre los usuarios residenciales de ingresos medios (N3) y revisará que en efecto cuenten con bajos ingresos los inscriptos como N2.

La subsecretaria de planeamiento energético Mariela Beljanski, responsable del nuevo esquema, abrió la ronda de exposiciones gubernamentales con expresiones muy claras. Sostuvo que los subsidios del gobierno anterior tenían “límites infinitos”, lo que invitó al despilfarro de recursos energéticos finitos y que “alguien sí pagaba” con déficit fiscal, es decir, deuda o emisión monetaria, expuso.

En la segmentación tarifaria que dispuso la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández dividió, para luz y gas, en N1, N2 y N3 a los usuarios.

Los informes expuestos por la secretaría de energía hablan de que el país debe procurar de ahora en adelante la “subsistencia” de quienes necesitan la ayuda estatal para cubrir sus necesidades básicas energéticas, de acuerdo con el clima de cada región del país. El término llama la atención por su transparencia y contrasta con expresiones del tipo “mejorar la calidad de vida” que eran tan usuales hasta aquí.

Tras destacar lo insostenible de la distorsión entre precios reales y tarifas, en un “festival” de subsidios sostenido por el Estado, dijo que “la política de autoabastecimiento (anterior) no fue capaz de garantizar la inversión (en generación) sino mediante precios altos a los productores y en algunos casos con carácter excesivo”, advirtió la funcionaria.

“Se rompieron las bases más elementales de la economía” al subsidiarse “a la demanda de manera universal” sin diferenciar a quienes puede o no pagar.

“La experiencia internacional de América Latina y el Caribe muestra que en los países de la región el consumo de energías es el segundo gasto en importancia”, mientras que en la Argentina hoy “es uno de los más bajos”, con un consumo de esos servicios per cápita más altos.

Sostuvo que tras un proceso “desmesurado” en tantas décadas es entendible que cueste comprender el cambio que calificó de necesario para transparentar el verdadero costo de producir, transportar y distribuir energía eléctrica y gas natural.

Estimó que 2023 los usuarios de electricidad pagaron solo el 45% del costo real de la tarifa y el 55% fue cubierto por el Estado con subvenciones a partir de un aumento del déficit, el endeudamiento y la emisión monetaria. En los últimos años, significó un gasto de 104.000 millones de dólares.

De acuerdo con la información oficial disponible, “para minimizar los errores de ingresos no declarados”, el Gobierno determinó que si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, no podrá acceder al subsidio, más allá de que la CBE supere el porcentaje de ingresos determinado por la secretaría: