La Cooperativa de Obras Sanitarias presentó en audiencia pública efectuada en el Museo Regional Cayetano Silva el informe técnico que sustenta la revisión tarifaria solicitada, tendiente a lograr un “imprescindible” equilibrio económico financiero de la concesión, que garantice la adecuada prestación de los servicios de saneamiento.

La audiencia pública (obligatoria y no vinculante) se llevó a cabo en la tarde del martes y fue presidida por el secretario de Gobierno, Dr. Mariano De Mattia, quien explicó el mecanismo de funcionamiento de la AP y su marco normativo.

Pidieron la palabra el concejal Santiago Meardi y el presidente de la COS, Carlos Guillen, quienes coincidieron en valorar el aporte de las cooperativas al crecimiento de la ciudad y la importancia de una prestación local de los servicios públicos.

El informe técnico fue desarrollado por el gerente de la COS, Ing. Emiliano Bonifazi. Los datos reflejados expresan el balance cerrado al 30 de junio de 2023 y exponen la incidencia de los gastos e inversiones, al igual que las variaciones respecto al ejercicio anterior, en un escenario fuertemente inflacionario.

Una de las variables contempladas es la energía eléctrica (costos del consumo en las instalaciones de captación, planta de tratamiento, bombas de impulsión en agua potable, consumo en estaciones elevadoras y otros), que expresan una variación anual del 14,7 por ciento.

Por otro lado, los productos químicos utilizados en la producción y desinfección de agua potable y en el tratamiento de efluentes cloacales tienen una incidencia del 2,26 por ciento en la tarifa.

El rubro Personal, que comprende a todos los trabajadores de las distintas áreas y jerárquicos, es uno de los de mayor incidencia, ya que la variación salarial anual fue del 83,6 por ciento y el porcentaje de incremento resultante en la fórmula polinómica asciende al 44,39 por ciento.

Otro aspecto sujeto a revisión es el de Repuestos para operación y mantenimiento, necesarios para perforaciones, planta de tratamiento, mantenimiento de redes, reparación de equipos y rodados, entre otros. Allí el impactó en la tarifa es del 2,24 por ciento.

Las inversiones en la planta de agua y de redes de agua y cloacas suman en sus ítems 1,09 y 9,18 por ciento, respectivamente. Y finalmente el rubro Administración, Comercial y Otros expresa un 31,7 por ciento, contemplando todos aquellos gastos no comprendidos en las categorías anteriores: comunicaciones, teléfono, viáticos, combustible, asesoramientos, auditoría, amortizaciones, previsiones, limpieza, gastos bancarios, intereses y demás.

Todos esos porcentajes sumados alcanzan el 105,58 por ciento.

Como cierre, se mostraron dos cuadros comparativos: uno de ellos cotejando las tarifas promedio de los servicios de cloacas y agua potable en relación a la contratación de camiones atmosféricos y compra de agua envasada, respectivamente; el restante, comparando las tarifas de los servicios de saneamiento con otros servicios como telefonía móvil, internet o plataformas de streaming.  

Cabe recordar que el anexo V del contrato de concesión vigente (punto 2.1) otorga al concesionario el derecho de revisión ordinaria de valores tarifarios y precios vigentes, por modificación de costos, cuando se verifique una variación en más o en menos 4 por ciento.

La urgencia en el tratamiento de estas variables que afectan los costos de los servicios prestados, para la adecuación de tarifas, tiende a recomponer el necesario equilibrio económico-financiero de la concesión, más aún al no percibir otro financiamiento (estatal o privado) que no sea el aporte de sus asociados.

Tal lo informado, en un plazo de siete días se elevará al Concejo el informe de cierre de la AP para su tratamiento legislativo.

Al igual que en las pocas audiencias públicas sobre tarifas del gas natural que se convocaron durante los últimos cuatro años, representantes del sector de la subdistribución reclamaron cambios de fondo sobre su situación al Ente Nacional Regulador del Gas Natural.

Como se sabe, muy pocos santafesinos participaron de la reunión realizada de manera virtual pero, además del defensor del pueblo adjunto Jorge Henn, hubo una ronda de cuatro intervenciones -que los organizadores agruparon- para mostrar la grave situación económica que transitan cooperativas, empresas y desarrollos de municipalidades y comunas que subdistribuyen el gas natural por redes.

Se trata de un sector especial que, en general, nació de la iniciativa comunitaria o asociativa en formas cooperativas o de empresas estatales de gobiernos locales que han permitido que el servicio llegue a donde ni el Estado Nacional, ni las Provincias ni la iniciativa privada tuvo interés en invertir.

En algunos casos, las redes y la infraestructura es anterior a las privatizaciones que en la década del 90 trazaron el actual panorama del sector del gas natural en la Argentina, pero también hay experiencias posteriores que se llevaron adelante ante la evidencia que al privado no le interesaría desarrollos en áreas urbanas de baja densidad poblacional y escasas posibilidades de recupero en el corto plazo de la inversión.

El lunes 8 de enero hablaron en representación de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Gas Natural, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Recreo Ltda, hablará Roberto Casal; del Ente Regional Gasoducto Bombal-Bigand Asociación Cooperativa, Aníbal Orpianesi; y Ángel Basso, de la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda Setúbal Ltda. También, Lucrecia María Escobio de la empresa Oliveros Gas Sapem, cuyo paquete accionario pertenece a la comuna de esa localidad del departamento Iriondo.

Basso le puso números a la representación de la subdistribución. Dijo que el país tiene 10 millones de usuarios de gas por redes y que de ellos 500 mil "cuentan con el servicio gracias a 63 pymes, cooperativas y empresas sapem, operadas por municipios y comunas", en general en zonas más alejadas o postergadas de los grandes centros urbanos. Luego comentó: "somos impulsores del desarrollo, con un diferencial en la calidad de la prestación del servicio" como integrantes de las comunidades en las que actúan.

En pocas palabras las subdistribuidoras tienen "igual objeto que las distribuidoras zonales, pero no reciben el mismo trato", resumió en un mensaje dirigido tanto a Enargas, la Secretaría de Energía de la Nación como a las firmas Litoral Gas, Gas del Sur, Camuzzi Gas del Sur, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro,, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Naturgy Ban, GasNea. Las distribuidoras han pedido aumentos de entre el 350 y el 700% para su porción de la tarifa. La primera, plantea duplicar los valores entre el 86 y el 119%.

Los subdistribuidores, que saben que su suerte está atada a la actualización de las tarifas de las distribuidoras, apuntaron a un problema que las afecta exclusivamente: en 2016, el Enargas cambió la forma de cálculo del gas que reciben de las distribuidoras que "representa el 85% de lo que se recauda por la facturación".

Tanto Basso como Casal, Orpianesi y Escobio explicaron que al establecerse una nueva metodología técnica para lo que las distribuidoras facturan a las subdistribuidoras hubo un incremento en esos costos que dañaron la economía de las cooperativas, las sapem comunales y municipales y las empresas privadas que tienen esa tarea.

Todos destacaron que sus números se han ajustado y que cuando no hay aportes de los gobiernos locales para emparejar las cuentas hubo subsidios cruzados entre los propios usuarios de las cooperativas, que también tienen otras prestaciones más rentables.

"Hay una asimetría regulatoria entre subdistribución y distribución, y una desconsideración histórica por parte de Enargas", coincidieron. Y compararon: "el sector no ha recibido las dos ayudas económicas que sí hubo para las distribuidoras zonales durante la pandemia y cada vez más vemos casos de flujo de caja negativo, lo que fue agravado por el congelamiento de las tarifas".

Indicaron que todos los valores de la actividad están regulados, por lo que el estado no puede desentenderse de la situación de quebranto que les provoca. La solución, según subrayaron, consiste en que los subdistribuidores vuelvan al esquema previo a 2016 en el que no se les recargaban costos propios del transporte (a nivel país) en el precio del gas que pagan a las distribuidoras.

Cooperativistas y miembros del directorio de la Sapem comunal indicaron que hay una creciente deuda de las subdistribuidoras con las distribuidoras.

Un punto clave es que lo hecho en el gobierno de Mauricio Macri tampoco fue revisado en el de Alberto Fernández. Y que cuando se dispuso ese cambio en las reglas de juego que alteran el marco regulatorio inicial "Enargas no realizó ningún estudio de razonabilidad sobre el perjuicio causado a los subdistribuidoras".

Otra salida alentada por el sector es que suban los cargos fijos de las tarifas para que sea menor el impacto en los usuarios durante los meses más fríos. Y advirtieron que hoy esos cargos apenas cubren un 45% de los gastos operativos, que deben hacerse haya o no consumo de gas.

Afirmaron que es "urgente recomponer margen bruto de ingresos en un revisión integral para las subdistribuidoras, que están en una situación crítica".

También fueron valiosos los comentarios sobre cómo nacieron esas prestaciones. En Santa Fe es conocida la iniciativa cooperativista de la Setúbal, con varias décadas de labor. En Recreo en cambio el servicio cumple 20 años y surgió "a instancias de 6 empresas que al ver que ninguna distribuidora de gas privada se interesaba recurrió a la Cooperativa y con aportes de capital propios pudo tender una red con 105 mil metros de extensión, que cubre el 80% de la localidad. Tiene 3.500 usuarios residenciales, 70 comercios y 11 industrias que solo con este sistema de aportes y cooperativo pudieron contar con el servicio. Hoy hay entre estas empresas hay firmas que exportan su producción", dijo su representante.

En Oliveros, la Sapem tiene desde 1997 participación estatal mayoritaria de la Comuna que también entendió que sería inconducente esperar la iniciativa privada. En el caso de Bombal y Bigand el eje es un gasoducto que las une, con 3.200 familias que reciben el servicio, así como industrias que emplean a 500 personas porque tienen gas natural.

Pasadas las 13.30 de este lunes 8 de enero, llegó en la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas Natural (que comenzó a las 9) el turno de la información esperada por los santafesinos: trepa al 390% en la parte de la tarifa que corresponde a la distribución, el pedido de aumento solicitado por la concesionaria para el llamado "margen de distribución" que hoy representa "un 14%" de las boletas finales que pagan los hogares.

La firma reclama la actualización de ese componente de la tarifa y sostiene que desde febrero de 2018 a diciembre de 2023 se registró ese retraso. Entiende que los nuevos valores deberían comenzar a cobrarse a partir de febrero próximo y que luego, mes a mes, debería ser actualizado según el IPIM, Índice de Precios Internos Mayoristas, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el expositor Néstor Molinari, en representación de la firma que actúa en el norte bonaerense y la enorme mayoría del territorio provincial, ese índice "es el que mejor representa la evolución de los costos y otras erogaciones necesarias para el sostenimiento del normal desempeño del servicio".

Como se sabe, el gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la convocatoria para el 8 de enero a audiencia pública para actualizar los precios de las tarifas de gas por redes. El llamado contempla las empresas distribuidoras Gas del Sur, Camuzzi Gas del Sur, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Naturgy Ban, GasNea, y las transportadoras Gas del Sur o TGS y Gas del Norte o TGN.

A su turno la concesionaria apoyó la decisión de las autoridades nacionales en materia de energía de dejar atrás el régimen anterior y de "discutir un régimen transicional" para la adecuación de las tarifas a los costos reales del sistema.

Respecto del régimen de segmentación energética vigente, que tendrá cambios de fondo a partir de abril, Molinari explicó que entre bonaerneses y santafesinos el nivel de ingresos más alto N1 es del 43% (sin subsidios en la distribución aunque sí en el precio del metro cúbico de gas) y que es del 32% el sector más pobre de los usuarios, es decir el N2. En el sector de ingresos medios, N3, se encuentra el restante 25% minoritario.

La empresa sostuvo que todos los indicadores superan el aumento de las tarifas de gas desde febrero de 2018 a la fecha. Así, mientras esa variable creció solo 504%, la inflación lo hizo de tal forma en que por ejemplo la nafta súper subió 1349%; el 4.678% el azúcar; o el 2.899% la yerba. Mientras el índice IPIM pedido para los reajustes tarifarios mensuales que pide la concesionaria trepó el 2.346%.

En pocas palabras, la firma ha sufrido "un acelerado y constante deterioro de sus indicadores financieros", un "significativo aumento de los costos de mantenimiento para asegurar la seguridad de las redes" y recibe una retribución cuyo atraso está cerca del 400% según sus propias estimaciones. Afirmó que el adicional que pagarán los usuarios del N1 en febrero será de hasta unos 5.000 pesos más y de otros 3.900 los que corresponden al N3. Comparó esos montos con los costos de otros servicios, como es habitual en las audiencias públicas de luz, agua potable y gas.

En otro orden, destacó además que es una "obra imperativa" la reversión del Gasoducto del Norte y que debe modificarse la normativa nacional respecto del llamado gas natural no contabilizado (GNNC) en una reivindicación sectorial que comparten otras distribuidoras.

Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentarán este lunes sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que se realizará de manera virtual y será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de "febrero o marzo", de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comenzará a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.

Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".

De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los seis puntos restantes son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución;el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién "para febrero o marzo"se podrían poner en marcha los nuevos números.

El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.

"El recorte de subsidios son 2 puntos del PBI, más o menos el 40% del déficit. No se puede decir en energía cómo va a terminar la tarifa porque vamos a un esquema diferente, con un esquema de optimización de las empresas. Se va a subsidiar la demanda. En vez de dar a las empresas se va a ayudar al que menos tiene", afirmó Caputo.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado "Material de consulta" de la página web del Enargas.

Si bien se presentaron propuestas de ajustes tarifarios que superan el 350%, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

Por otra parte, la decisión de aplicar un índice de actualización mensual deja en evidencia que los incrementos no se harán de una sola vez sino de manera paulatina.

Para completar, hay que considerar las complicaciones propias del servicio de gas natural para determinar un valor promedio, ya que hay tres niveles de segmentación de usuarios, diez distribuidoras y una subdistribuidora divididas a su vez en 25 subzonas y, por último, ocho categorías residenciales, de lo que resultarían más de doscientas tarifas diferentes.

Como cuarta variable, la estacionalidad de la producción y el consumo de gas natural incide a su vez en el nivel de cobertura de la tarifa sobre el costo de explotación.

Esas diferencias fueron señaladas en el "Monitor de subsidios a la energía de la Administración Nacional" que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por ejemplo, en 2022 la cobertura promedio fue del 69%, con extremos del 40% en julio y 87% en noviembre.

Al margen de esos altibajos estacionales, el seguimiento de la relación entre tarifas y subsidios de los últimos años permite identificar cuatro períodos: hasta 2015, con una alta participación de los subsidios y niveles tarifarios que no llegaban a cubrir la mitad de los costos de explotación; entre 2015 y 2019 con un cambio de tendencia que duplicó la cobertura tarifaria; y desde entonces hasta la actualidad, con dos etapas dentro de la presidencia de Alberto Fernández.

En ella, en un principio se retomó el congelamiento tarifario con el consecuente aumento de la proporción de subsidios, pero luego, con la segmentación en tres niveles de usuarios, se aplicó la tarifa plena para los de mayor poder adquisitivo, con una menor cobertura tarifaria para los otros dos segmentos.

El gobierno de Venado Tuerto, a través de su portal web, abrió la inscripción para participar de la audiencia pública donde se definirá el porcentaje de aumento en las tarifas de la Cooperativa de Obras Sanitarias. 

Así, desde el Municipio informan que, “a partir de este jueves 4 de enero, y hasta las 23.59 del viernes 12 de enero inclusive permanecerá habilitado el registro para participar de la audiencia pública de actualización tarifaria solicitada por la Cooperativa de Obras Sanitarias, convocada para el martes 16 de enero, a las 20, en la Casa Museo Cayetano Silva (Maipú 966)”.

La inscripción debe hacerse en la página web venadotuerto.gob.ar/audienciaspublicas/

En dicha página puede accederse al decreto de convocatoria (321/23) y al informe técnico elevado por la Cooperativa de Obras Sanitarias que sustenta el llamado a audiencia pública, a efectuarse en los términos de la ordenanza 4859/2016 y decretos reglamentarios.

Las audiencias públicas son un medio ciudadano para participar en las decisiones relacionadas con las prestatarias de servicios públicos concesionados, donde se exponen distintos puntos de vista, opiniones, estudios, conocimientos e informaciones sobre el tema a tratar.

El martes 16 de enero, a las 20, en la Casa Museo Cayetano Silva (Maipú 966), se realizará la Audiencia Pública (decreto 407/22) solicitada por la Cooperativa Limitada de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto, en los términos de la ordenanza Nº 4859/2016 y sus Decretos Reglamentarios 084/18 y 162/18.

La inscripción para aquellos que quieran participar deberá hacerse online en la página web venadotuerto.gob.ar ; el registro de participantes estará habilitado desde el jueves 4 de enero y hasta las 23.59 del viernes 12 de enero inclusive.

En dicha página también se podrá acceder al informe técnico presentando por la Cooperativa de Obras Sanitarias que sustenta el llamado a audiencia pública de actualización tarifaria.

Conforme el decreto 321/23 del Departamento Ejecutivo Municipal, se designa presidente de la audiencia pública al secretario de Legal y Técnica, Dr. Mariano De Mattia, o quien designare en su reemplazo.

En medio de la incertidumbre que plantea el cambio del gobierno nacional sobre el futuro de la Administración General de Puertos y el Ente de Control de la Vía Navegable del Paraná (Ecovina), la Cámara de Diputados de Santa Fe realizó una audiencia pública a instancias de Ariel Bermúdez, sobre el futuro del canal navegable troncal del Paraná.

"Necesitamos hacer acuerdos para que esta hidrovía siga en funcionamiento. Es un río muy generoso en dimensiones y en caudales, que brinda condiciones excepcionales para utilizarlo como vía navegables" en casi el 90 % de su extensión en condiciones naturales, y con demanda de obras de dragado en algunos pasos críticos. Así lo expuso Marta Paris, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL.

Tras reseñar 40 años de trabajo y más de 100 informes, la decana señaló el trabajo presentado a la intervenida AGP -hoy a cargo de la administración de la Vía Navegable Troncal- que servirá para establecer los "términos de referencia" de la tarea que deberá llevar adelante la futura administración, sea por manos estatales o mediante concesión privada.

Juan Carlos Vilanova, de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, reseñó que en la actualidad hay 12 grandes puertos privados y otros 40 donde operan las Pymes santafesinas, en un escenario "no completamente explotado" para el transporte de cabotaje. Reseñó además que la bajante del río supuso un sobrecosto de US$300 millones de dólares por pérdidas en fletes.

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, se expresó adherente del "sistema privado pero no de la deserción del Estado" y reclamó fuertemente la presencia de más seguridad, que debe ejercer Prefectura. Además calificó como "vergonzoso" el sistema de accesos a los grandes puertos del sur santafesino, cuestionó las razones por las que 90% de las barcazas operan bajo bandera paraguaya y denunció que el impacto ambiental que a la ciudad le genera la actividad portuaria, a la ciudad no le reditúa "cero pesos".

El santafesino Carlos Arese, director del Ente de Administración del Puerto de Santa Fe, resaltó la "costosísima" tarea del dragado al canal de acceso a la estación fluvial local, pero reclamó la definitiva extensión de la Vía Navegable troncal hasta el kilómetro 586 (originalmente terminaba dos kilómetros antes) para aliviar costos en el futuro. También resaltó el echo de que están operativos los muelles de combustibes, cerealero y de contenedores. Además pidió una "política provincial" ante la diversidad de los puertos de Santa Fe, Rosario, Villa Constitución y Reconquista

Abel De Manuele, presidente del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina), reconoció que "no llegamos a cumplir el objetivo" para poner en marcha una administración federal en la vía navegable que compromete las riberas de 7 provincias. Señaló además un punto recurrente en la audiencia: no hay un estudio de impacto ambiental, desde 1995.

En línea con los propietarios de puertos, el referente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo Sesé, de la Bolsa de Comercio de Rosario, respaldó el criterio de llevar de 34 a 42 pies el calado desde el océano hasta Timbúes, para permitir mayores -o totales- cargas en los buques y mejorar el rédito de exportadores y productores. "Desde 2006 no hay una mejora significativa", advirtió el especialista, que señaló el impacto que tal mejora tendría en "inversiones y puestos de trabajo".

Reconquista

El interventor del puerto de Reconquista, Martín Deltín, ratificó que es operable esa estación fluvial con "dos canales de acceso magníficos", más allá de algunas tareas de mantenimiento indispensables en pasos críticos. "Hay 1600 kilómetros de rutas que llevan carga a los puertos de Rosario", dijo el funcionario, para quien intermediar desde Reconquista por la vía navegable supone un ahorro económico y una gran mejora en la huella de carbono de la cadena logística agroindustrial. Los puertos de cabotaje desde Santa Fe hacia el norte fueron tema de especial interés en varios expositores de la audiencia.

El presidente de la Cámara baja santafesina, Pablo Farías, celebró la audiencia como medio para "lograr consensos a partir de visiones distintas" en una materia que es de relevancia "estratégica" para la provincia pero que involucra intereses sociales y económicos de varias regiones y localidades, incluso más allá de la ribera.

Tras señalar la necesidad de obras con "preservación" medioambiental, Farías apuntó a la relevancia de la vía navegable por donde se exporta 75% de la producción agroindustrial del país". El titular de la Cámara Baja explicó que la audiencia y los trabajos que los especialistas dejaron en el encuentro, serán "material de base"! tanto para legislación provincial como para la gestión de "lo que viene en la vía navegable troncal".

Por su parte Juan Carlos Venecia -moderador de la audiencia- recordó que desde la audiencia en Chaco en 2011 -cuando se extendió el contrato a Hidrovía SA hasta 2021- "no hemos avanzado por fuera de los marcos" que hoy tiene la Vía Navegable Troncal., por lo que destacó el rol de la audiencia para el protagonismo santafesino en las definiciones por venir.

Contrapunto gremial

Edgardo Arrieta, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, reclamó no dejar en el olvido la gestión pública en Vías Navegables y apuntó a las tensiones inmobiliarias que en ocasiones afronta al actividad portuaria. Pidió rutas de acceso e infraestructura para los camiones y reclamó por e lugar de los trabajadores en la VNT.

César Aybar, del Sindicato Unidos Petroleros Argentinos de Rosario, se manifestó en cambio en línea con el intendente de San Lorenzo, en favor de la actividad privada en los puertos y la vía navegable, sin omitir las responsabilidades del Estado en materia de control.

En la sesión desarrollada este miércoles, el Concejo municipal venadense autorizó un incremento en las tarifas de los servicios de la Cooperativa de Obras Sanitarias, que será del 33 por ciento repartidos en tres tramos, dando inicio este mes de octubre. 

El pedido había ingresado al Concejo a finales de agosto pasado, pero recién este miércoles y este miércoles obtuvo la autorización de los ediles. 

La suba, que será del 18 por ciento en octubre, 8 por ciento en noviembre y un 7 por ciento en diciembre, corresponde a la actualización tarifaria para los servicios de agua potable y cloacas que había quedado pendiente del periodo 2021-2022, y ahora restará una nueva audiencia para una nueva evaluación tarifaria, ya que el ejercicio 2022-2023, que cerro en el mes de julio, arrojó un desfasaje que ronda el 120 por ciento.  

“Este nuevo incremento corresponde a lo que había quedado pendiente de lo acordado en la audiencia pública realizada en enero, pero con los números actualizados a enero del 2022”, informó a Sur24 el representante del Concejo municipal en el Consejo de Administración de la COS, el edil Pablo Rada.

Además, ratifico que “ahora deben hacer un nuevo llamado de audiencia pública, antes de fin de año, para explicar los números del periodo que va de julio de 2022 a julio de 2023 y a partir de ahí va a salir un nuevo número, que seguramente superara el 120 por ciento y eso es lo que comenzara a reclamar la COS”.  

Por otro lado, en la sesión de este miércoles también ingresó un pedido de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto para la realización de una audiencia pública con la intención de incrementar el precio del Valor Agregado de Distribución (VAD).

“La Cooperativa Eléctrica realizó un pedido de audiencia pública, que se va a realizar el 31 de octubre en la Casa Museo Cayetano Silva”, comentó Rada. 

Cabe destacar que, como establece la ordenanza, para participar en dicha audiencia, el Gobierno de Venado Tuerto abrirá un registro a través de su página web, que estará disponible entre el 18 y el 26 de octubre. La audiencia pública a celebrarse en la Casa Museo Cayetano Silva estará presidida por el secretario de Legal y Técnico del Municipio venadense, Mariano A. De Mattia.

(Por Luis Rodrigo) – La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, confirmó a la Empresa Provincial de la Energía su propuesta de actualización tarifaria a partir del 1 de marzo de 2023. Lo hizo tras la celebración de una audiencia pública donde fue debatido el tema y aunque le dio luz verde de manera integral al pedido -tal como hizo en 2022- le puso condiciones a cumplir durante el año. Las más destacadas refieren a la baja de las llamadas “pérdidas no técnicas”, es decir, al hurto de la energía entre clientes regulares y al uso de ese servicio en los barrios más pobres. Básicamente, exige como mínimo 10% más de inspecciones donde se puede pagar el servicio y más acciones para extender la regularización del servicio con tarifas sociales.

Sin embargo, la propia empresa estatal en la presentación pública de su pedido estimó que, para los hogares con ingresos medios, según la segmentación para los subsidios nacionales a la energía mayorista, registrados como Nivel 3, tendrá aumentos del 47 al 57%. De todos modos, en aquellos hogares que no superen los 400 kW-h bimestrales sus tarifas serán un 20% más bajas que para el Nivel 1, de mayor poder adquisitivo que no recibe subsidios nacionales.

En tanto, para la aplicación de la suba de la EPE en el nivel 2, el de los ingresos más bajos según la segmentación hecha a nivel nacional, que en parte coincide con las tarifas sociales y los descuentos a jubilados en el servicio eléctrico de la provincia, se imponen desde la Casa Gris más medidas que tiendan suavizar el tarifazo. Deja la aplicación de las subas para luego de 60 días de concluidas las “etapas” de aumentos previstos a nivel nacional en el valor del kW-h en generación y transporte. La suba de la EPE impacta solo sobre el Valor Agregado de Distribución, el VAD que históricamente es un tercio de la tarifa y debe poder cubrir los costos de la distribución y las inversiones para su ampliación.

De acuerdo con lo informado por la EPE, de no actualizar sus tarifas, necesitaría un aporte de $37.279 millones del Estado provincial “sin considerar la paritaria 2023 que se encuentra en su fase inicial de discusión”, para cubrir los incrementos de los insumos eléctricos que en muchos casos están atados al valor del dólar y de la mano de obra.

Para evitar ese desequilibrio (o que lo deba cubrir el sector público o un nuevo endeudamiento con Cammesa) se lleva a cabo el aumento.

La resolución del ministerio reproduce parte de la información de base con la que la distribuidora sostuvo su pedido de aumento. Allí se muestra en un cuadro que, para marzo de 2023, respecto de diciembre de 2019 (cuando comenzó la gestión), la tarifa residencial promedio habrá aumentado un 300% frente al 378% que registra el IPEC en la paritaria proyectada para los empleados públicos provinciales. Cabe acotar que además de tratarse de una comparación parcial (la evolución de los salarios en general no ha sido la del sector público), el cálculo no incluye el eventual 20% extra de aumento en las tarifas que podrá aprobarse si la inflación se dispara en 2023. El mismo gráfico indica que el aumento de la tarifa industrial y comercial en promedio, durante el gobierno de Omar Perotti, es de 358%.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat impuso entre las condiciones a la EPE para aplicar sus aumentos mejorar los índices de las llamadas “pérdidas no técnicas”, un eufemismo que habla del robo de energía en barrios que no pueden o tienen enormes dificultades para pagar las tarifas regulares y en otros que sí podrían hacerlo.

La Casa Gris reconoce lo hecho por la EPE en 2022, donde se avanzó en la baja de un punto en ese campo sensible tanto para los que no cumplen con el pago del servicio, como para los que abonan sus boletas sin cometer fraudes eléctricos.

La ministra Silvina Frana le ordena al directorio de la distribuidora encabezado por Mauricio Caussi “continuar con las acciones del Plan de Gestión Comercial tendientes a sostener la reducción de las pérdidas no técnicas para el año 2023 previendo incrementar las inspecciones de fraude en un 10% y la energía de pérdidas en un 15% respecto de lo realizado en 2022, y en los índices de cobranza en valores superiores al 91%, incorporando para ello mecanismos para la gestión y reclamación en todos los distritos judiciales de la provincia”.

El párrafo incluye varias metas. Mantener el ritmo de baja en el total de kilovatios que la EPE compra y no factura, que en 2022 fue de 1%. Incrementar fuertemente el control y la persecución judicial de los morosos.

La resolución que autoriza a aumentar las tarifas dispone “convocar a la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos a participar de la mesa de Energía conformada por la EPE, y FISFE a fin de estudiar y proponer nuevos esquemas para contratación de potencia, a partir de los avances obtenidos en el Proyecto de Telemedición de Grandes Usuarios”.

El párrafo es una respuesta concreta a las duras críticas que desde ese sector se formularon a la gestión de la EPE en materia tarifaria, con comparaciones entre las tarifas santafesinas y de otras distribuidoras.

La audiencia pública convocada por el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat para discutir las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía dejó planteado un interesante debate sobre el nivel de inversiones realizadas por la compañía en 2022 y por las previstas para 2023.

La ausencia de un ente de control en el sector eléctrico provincial (a diferencia de lo que ocurre con los servicios sanitarios) deja abiertos los interrogantes al respecto, porque cada parte presenta los datos bajo su punto de vista.

Así, unos minutos después de la celebración de la audiencia el presidente del Directorio de la Epe, Mauricio Caussi dijo a la prensa que está en “su nivel histórico más alto” el nivel de inversiones. Pareció responder a las duras críticas que desde la oposición le formularon a la gestión tres mujeres: las diputadas Clara García del socialismo y Agustina Donnet de Participación e Igualdad; y la ex secretaria de la Energía del último gobierno del Frente Progresista, Verónica Geese.

El tema no fue obviado en la exposición técnica que realizó el gerente ejecutivo de la empresa Jorge Tarchini. Buena parte de su intervención buscó demostrar que se habían cumplido sino todos, casi todos los objetivos ordenados por la Casa Gris, con la firma de la ministra Silvina Frana cuando el año pasado le autorizó a la distribuidora una “actualización tarifaria” (1), que ahora se vuelve a reclamar.

En el caso de la meta de inversión hubo una suerte de autocrítica o al menos el expositor de la distribuidora admitió que hubo “problemas con la macroeconomía nacional e internacional”, una obligada “redeterminación de precios” y particularmente en la realidad santafesina con proveedores habituales: “empresas pyme que sufrieron dificultades” durante 2022.

En concreto, señaló que la Epe debió rescindir contratos por obras y trabajos por 616,4 millones. Y también que se debieron renegociar contratos de compras de materiales y equipos por otros 731,9 millones. Ambas dificultades, expuestas en color rojo en los gráficos de la Epe, comprometen más de una quinta parte del total comprometido el año pasado, de 6.550 millones.

El informe muestra que se ejecutó el 77,5% de lo planeado (la cifra más alta de 2018 en adelante), y que pese a los costos dolarizados de parte de los insumos eléctricos se pudo comprar casi todo lo previsto: 95,5%; pero también que se pudo hacer apenas parte de lo que se había diseñado, sólo el 66,9%, producto de los contratos rescindidos mencionados en materia de trabajos tercerizados.

EPE: para la oposición la suba pedida superará en 20 puntos a la inflación

El gerente dijo que porque la empresa se ató a la previsión inflacionaria del Presupuesto Nacional, el monto total previsto en la Ley de Presupuesto 2023 de Santa Fe es de 9 mil millones para 2023, aunque la realidad (dos meses después) ya indica que se necesitarán no menos de 14 mil millones para poder llevar a cabo el plan de trabajos previstos.

El ítem inversiones futuras fue una de las críticas neurálgicas de la diputada García. Advirtió que cuesta creer que se pueda “cuadruplicar e incluso más” el ritmo de los trabajos de 2022 al corriente, si se tiene en cuenta lo realmente ejecutado hasta aquí. Recordó que “la meta de inversión de 21 mil millones”, planteada al inicio de la gestión, “hasta ahora no ha sido cumplida”.

Además, la diputada socialista señaló: “La página de transparencia de la Epe está atrasada, tiene datos a septiembre de 2022 y están sin respuestas 6 pedidos de informes aprobados por unanimidad en la Cámara”. Reclamó el debido “respeto institucional” como presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de los diputados provinciales.

Para desmentir el informe oficial sobre los inconvenientes del servicio mencionó que hoy son públicas las quejas por “los golpes de energía a vecinos de Vera que les destruyeron electrodomésticos, de una cooperativa de agua potable del Departamento Iriondo a la que le quemaron tres motores, de industriales de Venado Tuerto y los productores de todo el departamento General López que necesitan más potencia” y remató: “la gente necesita mejoras”.

Antes, Geese había advertido que en el sector eléctrico son lentos los procesos para la recuperación de la inversión y sostuvo que buena parte de lo que la infraestructura de la Epe hoy soporta (ante el record de la demanda) se debe a “lo hecho por las gestiones anteriores”. Con el mismo razonamiento mostró su “preocupación” por la empresa que encontrará “el 11 de diciembre” el próximo gobierno.

Lamentó que se haya “optado por una gestión que ha hecho una empresa más centralizada”. Habló de una “flexibilidad perdida, con menos posibilidades de decisión en los territorios, y en las sucursales para dar respuestas a los usuarios”.

Opinó que “hay una gran diferencia de modelo de gestión” y que hoy “se concentra el poder en unas pocas personas, con más influencia de las decisiones políticas y menos de los cuadros técnicos”. Culpó a ese modelo de “la menor capacidad de respuesta al usuario y una menor cantidad de obras”. Afirmó que “recuperar la empresa significará un enorme esfuerzo”.

Agustina Donnet celebró que no haya sido citada la audiencia pública en los primeros días de enero, “como hicieron el año pasado” lo que hizo “mermar la participación”. Reclamó el carácter “vinculante” de esa instancia hoy consultiva y dijo que Santa Fe debería ya tener una ley actualizada para un marco regulatorio que “reconozca como un derecho humano” el acceso a la energía y que garantice que la distribución siga en manos del Estado, así como la creación de un ente de control independiente.

Señaló que “la Epe hoy parece apuntar más a la recaudación que a la prestación de un servicio de calidad” y subrayó que en una provincia con los recursos de Santa Fe “la inversión no puede caer”, ni quedar presa de las tarifas. Dijo que “la competitividad y la recuperación económica del sistema productivo de la provincia necesita más de la Epe”.

“Si el servicio eléctrico depende solamente del aumento tarifario es bochornoso”, destacó.

(1) La Resolución 80 de 2022 fijó además de una escala de aumentos durante el año una suerte de “cláusula gatillo” vinculada a la inflación que se hizo efectiva. Pero también le fijó objetivos a cumplir a la compañía estatal.

Los clientes futuros

Claudio Bulacio, el gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, mostró como un hecho inexorable que las tarifas deban ser actualizadas, en un contexto en el que otros oradores habían elogiado (desde el oficialismo o por la propia Epe) el primer año y medio de congelamiento de las boletas de la luz en la actual gestión.

Bulacio habló por una entidad de la que la Epe es parte y dijo que “lamentablemente la economía nos obliga a revisar el VAD” y que “congelar tarifas impacta negativamente en la cantidad y duración de cortes. Los ingresos deben adecuarse a los costos”, resumió.

En su mensaje final, cuando se extinguían sus cinco minutos, recomendó “pensar en todos los usuarios, pero también en los clientes futuros” a la hora de prever inversiones.

“La Epe es una de las distribuidoras del país más avanzadas en cada una de sus políticas de modernización”, describió.

Los aumentos de las tarifas que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pide en la audiencia pública de este viernes 17 de febrero para los clientes residenciales hablan de “un promedio del 44,8%”, y no ya del 39% que había dejado trascender. En rigor, la segunda cifra corresponde a un cálculo técnico que tiene presentes a las grandes y las pequeñas demandas. Ahora está claro que para los hogares no será así. Y bajo ese casi 45%, en los cuadros que la EPE mostró para el debate, aparecen otras cifras. Con extremos que van del 30% al 63%.

Curiosamente, el impacto será mayor en los sectores que gozan de una tarifa social subsidiada respecto de los que tienen que pagar la tarifa plena o de los que reciben una ayuda estatal menor. En los términos técnicos que impuso la segmentación tarifaria nacional, habrá más aumentos para el nivel 2 que para el 3 y el 1.

La explicación es que, en el caso de Santa Fe, los subsidios nacionales a la energía eléctrica en el mercado mayorista que benefician a los clientes regulares menos pudientes (mediante la segmentación) se sumaron a las tarifas sociales que la EPE ya tenía. Ambas medidas, de la Casa Rosada y la Casa Gris hicieron que durante 2022 un cliente residencial con doble subsidio (nacional y provincial) pagara un 75% menos que otro que tiene subsidios parciales (en la franja media de la escala de ingresos).

Ahora, con los nuevos cuadros propuestos que revisará la Casa Gris, esa diferencia será del 25% en lo que respecta al VAD, el Valor Agregado de Distribución, es decir, al tercio de la tarifa con que se queda la EPE. Los otros dos son para el precio del insumo (los megavatios que se compran a las generadoras y su transporte) y para las cargas impositivas.

La segmentación nacional identifica a los clientes residenciales de nivel medio con el tercer nivel. La sigla es N3. En cambio, N1 es para quienes tienen bienes o altos ingresos que los excluyen de cualquier subsidio estatal nacional (los sectores de mayores recursos o quienes no se anotaron). El N2 corresponde a los usuarios más vulnerables, que reciben la tajada mayor de la ayuda estatal.

El N2, de los usuarios más pobres, es ampliamente mayoritario según los datos oficiales de la Epe, pero no todos son alcanzados por tarifas sociales de la empresa provincial.

En el N3, fácilmente identificable con la clase media que pidió al Estado Nacional mantener el subsidio, verá una amplia dispersión del impacto tarifario de la EPE. Si sale tal como se lo ha pedido, irá de 44,9% al 57,9%. (Ver cuadro adjunto).

Del debate de los oradores y las exposiciones a cargo de la empresa pueden sacarse algunas conclusiones. La primera es que será clave la decisión a cargo de la ministra Silvina Frana de convalidar o no el aumento tarifario tal como se lo ha previsto, con una suerte de “cláusula gatillo” por si se dispara la inflación, que ya operó en septiembre de 2022, con un tope idéntico al de ese año: 20% más.

Así, en lugar de 44,8% a partir de marzo de 2023 habría que añadir otro peldaño de 20 puntos más que, según uno de los participantes de la audiencia pública, podría llegar al 89,6% “para los dos segmentos con menor poder adquisitivo”, es decir los niveles 3 (medio) y 2 (el más vulnerable), de acuerdo con los cálculos que expuso Antonio Salinas, titular de la oficina del Consumidor de Rosario.

Los dirigentes de la oposición que participaron del debate sumaron además las subas nacionales producto de la quita de subsidios que busca la Segmentación Tarifa y calcularon que el impacto final en la boleta de la luz al cabo de 2023 será unos 20 puntos superior a la inflación. Todos dieron por descontado que habrá un reajuste en septiembre 2023 si se aprueba sin cambios lo pedido por la EPE.

El presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, pidió que la demanda adopte un “consumo inteligente” que evite gastar kw innecesariamente, en un “contexto de déficit que nos ha tocado transitar” en distintos aspectos del sector energético en general, a lo largo de su gestión. Antes agradeció la relación directa y permanente que mantuvo con los periodistas y los medios de comunicación en estos primeros tres años.

Muy especialmente habló de los 3.900 trabajadores de la EPE en un día especial, a poco de la penosa noticia de que un operario perdiera la vida en busca de restablecer cuanto antes el servicio, en Rosario. Ese hecho enlutó la audiencia y todos los oradores se solidarizaron con sus deudos y compañeros de trabajo.

La intervención del titular de la empresa fue breve y describió los lineamientos políticos que recibió del gobernador para una empresa estatal que esté cerca de los problemas de los usuarios santafesinos y acompañe al sector productivo.

La EPE ha estimado que en 2023 necesitará cubrir erogaciones por 183.395 millones y que podrá recaudar con las tarifas actuales solo 150.116. Se trata de cubrir un déficit de 37.279 millones con boletas más caras.

El gerente general, Jorge Tarchini, desplegó los argumentos para enfrentar el debate y las fuertes críticas que tuvieron dos diputadas de la oposición: la socialista Clara García y su par Agustina Donnet, del bloque Igualdad. En menor medida, el tercer miembro de la Cámara baja que habló en la audiencia, Oscar Martínez, alcanzó a esbozar un pedido para que la suba de tarifas no supere la evolución de los salarios. Se extendió con gráficos que muestran que los haberes de los empleados estatales no han alcanzado a la inflación, pidió para ellos restablecerles la cláusula gatillo y cuando iba a exponer sus ideas de fondo sobre el debate se le había agotado el tiempo.

García y Donnet lanzaron dardos fuertes, pero con datos, que merecen un desarrollo particular y se expondrán en próximas publicaciones sobre inversiones y subsidios estatales, en cada caso. Lo mismo, las quejas del sector industrial que aporta el 41% de lo que recauda la compañía distribuidora y sufrirá un fuerte aumento.

Buena parte del discurso de la empresa a cargo del gerente apuntaron a demostrar que la EPE había hecho todos los esfuerzos para cumplir con lo ordenado por la ministra Frana, en su resolución 80 de 2022 de la audiencia pública anterior. Y desgranó cada ítem, con información detallada sobre lo hecho. Es un criterio saludable, que no siempre se observa en otras audiencias públicas.

En esa enumeración, dijo que hubo 4.341 millones de pesos del Tesoro santafesino para subsidiar las tarifas sociales de la EPE en sectores sociales vulnerables. Que en 2022 se vivió el primer invierno sin cortes graves en los barrios populares, donde siempre saltaban las protecciones de los transformadores por el mal uso de la energía eléctrica con sistemas de calefacción bajo condiciones de servicio muy precarias.

En otras palabras, explicó que haber convertido enganchados en clientes regulares con tarifas sociales había disminuido los cortes. Dijo que se hizo con casi 185 millones, que se subsidió además con 70 millones a clubes y con otros 42 a empresas recuperadas.

Destacó que 397 mil usuarios de la empresa estatal y otros más de 40 mil de las cooperativas de zonas vulnerables urbanas tienen esos beneficios. Y que se usaron 26 millones para compensar a cooperativas de agua potable, que pone el tesoro provincial y que también hubo ayudas para pequeñas áreas industriales de comunas.

“Pudimos cumplir con la meta de recuperación de un punto (-1%) de las Pérdidas No Técnicas”, es decir sobre el hurto de la energía en sectores que pueden pagar y la disminución de los enganchados en zonas excluidas, fue otro de sus anuncios más importantes. Y agregó en otro orden que “hoy la morosidad está como antes de la pandemia. Un nivel inferior al 9%”, indicó. Abundó en gráficos y datos sobre el aumento de costos dolarizados en materiales y otros en servicios y mano de obra también multiplicados por la inflación, que nadie refutó.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 78/23 de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, el subsecretario Legal del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Daniel Aimaretti y la subsecretaria de Gestión Territorial, Alejandra Varinia, presidieron este viernes la audiencia pública para el sector eléctrico provincial. De un total de 45 participantes, hicieron uso de la palabra 20 oradores.

La jornada comenzó con la exposición del presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, y del gerente ejecutivo, Jorge Tarchini. Explicaron las acciones vinculadas con calidad de servicio, el plan de obras electroenergéticas, la situación macroeconómica y los distintos proyectos que se están ejecutando.

En ese contexto, solicitaron una actualización promedio del 34,8 % del cuadro tarifario vigente, destinado a afrontar parcialmente el incremento de los costos operativos de la distribuidora eléctrica.

Además, las autoridades de la empresa argumentaron la necesidad de la adecuación de la tarifa para continuar con el proceso de mejora en la calidad del servicio, potenciando la oferta energética provincial. Los asistentes pudieron conocer e informarse en detalle de cuáles son los ingresos y egresos de la EPE.

En la oportunidad, Caussi consideró que “vamos a cerrar la gestión de Omar Perotti como gobernador con una tarifa eléctrica que aumentó por debajo de los salarios”.

Caussi dijo que “estamos convencidos de que la decisión tarifaria tiene que ser una decisión política que lea, que interprete el momento económico, el momento social. Tenemos que buscar un equilibrio: una tarifa que cuide el poder adquisitivo de la familia y que no sea funcional al proceso inflacionario, sino que contribuya a moderarlo, que le de competitividad al sector productivo, pero que también permita sostener el nivel de inversión de EPE”.

El titular de la EPE indicó que “también brindamos información sobre los avances logrados en los planteos formulados en la anterior audiencia pública por el Ministerio de Infraestructura”.

Posteriormente se escucharon a las y los siguientes oradores: Claudio Bulacio, Cristian Galindo, de la Defensoría del Pueblo, Verónica Geese, María Eugenia Martínez Fernández, Clara García, Antonio Salinas, Norma López, Ramón Pedro Soques, Ricardo Palleiro, Nicolás Campostrini, Leonardo Viotti, Rodrigo Müller, Valeria Vaccaro, Pablo Tosetto, Carlos Fabián Fiori, Agustina Donnet, Vicente Losada, Cristian Galindo, Oscar Martínez y Leandro Mangioli.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat recopilará y analizará toda la información aportada en esta Audiencia Pública para realizar un informe final y emitir la resolución correspondiente.

(Por Luis Rodrigo) – La audiencia pública convocada para la discusión de las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) cuenta con 44 inscriptos, 20 de los cuales serán oradores, los demás simplemente participarán de la reunión que se celebrará en la Sala de Audiencias de la Casa de Gobierno, ubicada en el hall de acceso de la planta baja. Además, de los que este viernes 17 a partir de las 9 tomarán el micrófono, sólo 7 no hablaron en la misma instancia de 2022, cuando se aprobó el último aumento.

En cuanto al perfil de los oradores, el dato saliente es que en una provincia que tiene 19 diputados nacionales en el Congreso de la Nación y otros tres senadores nacionales; más 19 senadores provinciales y 50 diputados provinciales solo tres de estos últimos van a hablar sobre la cuestión.

Expondrán Clara García, del bloque Socialista, a quien se menciona como posible precandidata en las Paso a un cargo provincial; su par Agustina Donnet del bloque Igualdad, un espacio que comparte con un socialista disidente, Rubén Giustiniani.

Más allá de las especulaciones políticas propias de un año electoral se trata de tres miembros de la Cámara baja santafesina de alto perfil en los debates parlamentarios y en las instancias de participación que se les presentan o que incluso promueven por fuera del recinto.

Debe decirse que para las diputadas la experiencia de volver a hablar no es nueva. También lo hicieron en 2022 en la audiencia pública anterior. Quien revise la lista de oradores encontrará similitudes con la de 2023.

Si el orden de los factores altera el producto no lo dirá la audiencia pública. Como el año pasado la apertura del debate estará a cargo de la empresa distribuidora de energía eléctrica que quiere “actualizar” sus tarifas para cubrir sus costos bajo el concepto del Valor Agregado de Distribución, que históricamente significa un tercio de la composición de la boleta de la luz. Los otros dos son el precio del kw (o mejor del megavatio) en el nivel mayorista (que no se define en Santa Fe) y el peso de los impuestos, gravámenes, contribuciones y tasas varias que también tienen su parte: desde el alumbrado público a las imposiciones nacionales, provinciales y municipales.

Hablarán sólo tres concejales de todos los cuerpos deliberativos de ese nivel del Estado con que cuenta la provincia: la justicialista Norma López de Rosario, el radical Rodrigo Müller de Esperanza y su correligionario Leonardo Viotti de Rafaela. Un dato más: en Santa Fe existen más de 60 municipalidades de primera y de segunda categoría, que tienen concejos municipales.

Brindará su posición el ex intendente de Carcarañá, Ramón Pedro Soques, un militante del radicalismo, abogado, que es asesor de la Cámara de Diputados y manifiesta su apoyo a la candidatura a gobernador del diputado Maximiliano Pullaro.

A los voceros oficiales de la EPE se sumará Claudio Bulacio, el gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) de la que la EPE es parte.

Puede decirse lo mismo de otros expositores: Ricardo Paillero de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y del sindicato de Rosario. Otro dirigente gremial, Pablo Tosetto, miembro del secretariado de Luz y Fuerza de la ciudad Rafaela también tendrá la palabra.

Vinculados al sector, pero en el ámbito de las entidades sin fines de lucro, aportarán lo suyo dos habituales participantes de las audiencias de la EPE. Maimónides Joaquín Roquero de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas Regional Santa Fe, un dirigente de la cooperativa de Bigand y también Vicente Jorge Losada de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad Limitada (Fescoe), que pertenece a una entidad de ese tipo de San Gregorio. Del mismo modo, Leandro Mangioli Federación de Cooperativas y Comunas de Agua Potable de Santa Fe.

Habrá usuarios de a pie y también sus representantes de entidades que reivindican sus derechos. Hablarán Valeria Verónica Vaccaro de la Unión de Usuarios y Consumidores; Antonio Salinas, titular de la oficina del Consumidor de Rosario y militante de la agrupación Ciudad Futura; y Christian Galindo, presidente de la Red de Consumidores. Carlos Fabián Fiori de la fundación Emperador, que agrupa a familias con pacientes electrodependientes, también se ha anotado en la nómina.

El lunes 30 de enero, a las 20, en el Museo Regional Cayetano Alberto Silva, Maipú 966, se realizará la Audiencia Pública (decreto 001/23) solicitada por la Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Venado Tuerto (CEVT), con motivo del pedido de readecuación tarifaria. 

La inscripción para aquellos que quieran participar deberá hacerse online en: https://venadotuerto.gob.ar/audienciaspublicas/audiencia-publica-cevt/; el registro de participantes estará habilitado desde el martes 17 de enero y hasta las 23.59 del miércoles 25 de enero inclusive. 

Tarifas segmentadas: la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto asesora a sus socios

El decreto 001/23 de convocatoria designa presidente de la audiencia pública al secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Santiago Meardi, quien tendrá las facultades que le otorga el inc. c), art. 11 del decreto 084/18 y su modificatorio, 162/18.  

En dicha página también se podrá acceder al informe técnico presentando por la CEVT que sustenta el llamado a audiencia pública de actualización tarifaria, tal lo dispuesto por la ordenanza 4859/16 y sus decretos reglamentarios 084/18 y 162/18. 

(Por Luis Rodrigo) – El gobierno nacional aprovechará el verano para actualizar las tarifas del servicio de gas natural y así sostener “en condiciones operativas” a los sectores de la distribución y del transporte. Si se suman ambos pedidos de aumentos la suba será, como mínimo, mayor al 45% y podrá incluso superar el 55% en la provincia de Santa Fe según el cálculo que cabe hacer a partir de las intervenciones de las empresas en la audiencia pública celebrada este miércoles 4.

Una serie de variables complejas, que van desde la segmentación tarifaria hasta los consumos de cada tipo de cliente (residencial, comercial e industrial), pasando por el consumo en metros cúbicos y las penalizaciones o escalones por no ahorrar, influye en el impacto final de la actual revisión tarifaria.

En términos contractuales se trata de la tercera oportunidad en la que se aplica la figura del “ajuste transitorio” en medio de un proceso de renegociación tarifaria, que se inició tras el congelamiento de las boletas del servicio durante la pandemia. Esa discusión entre el gobierno nacional y las empresas distribuidoras del sector (entre ellas Litoral Gas) se inició en diciembre de 2019 junto con el congelador en que se pusieron las tarifas por la pandemia de Covid-19. Desde entonces hubo negociaciones que se han prorrogado por un año más.

Durante la audiencia pública, Néstor Daniel Molinari, en representación de Litoral Gas, justificó el reclamo en que “los costos (de la compañía) acumulan una variación muy por encima de los ajustes tarifarios otorgados en 2021 y 2022”, recordó que en 2017 se había establecido un nuevo régimen tarifario que contemplaba actualizaciones semestrales (que solo se aplicaron hasta el año siguiente) y destacó que “Litoral Gas acumula significativos aumento de costos de operación y de inversión por efectos de la inflación”.

Explicó que “hay que sumar” a ese cuadro de atrasos tarifarios “que a partir del esquema de segmentación energética y el traslado a la factura de los usuarios del aumento del precio de gas se han generado aumentos tales en los costos de la licenciataria que no tienen su origen en la inflación, sino por impacto en el gas natural no contabilizado en gastos directos tales como incobrables y comisiones de cobranzas”, dijo.

Sostuvo que la suba solicitada significa, para un usuario residencial (R2 3 nivel 1) en el nivel de mayores ingresos pasar de abonar $4.354 mensuales a $5.854. Y para otro de ingresos medios (nivel 3) el impacto será de los actuales $3.541 a $5.077.

En rigor, a esas cifras deberán sumarse las nuevas tarifas del transporte del gas. De las exposiciones y las cifras proporcionadas por los directivos de las transportistas puede observarse que el impacto acarrea varios puntos más en los bolsillos de los usuarios.

En la audiencia pública sobre tarifas de distribución y transporte del servicio de gas natural, por Litoral Gas, Néstor Molinari explicó que segmentación tarifaria ha dejado al 68% de sus 753.524 clientes en los niveles 1 de altos ingresos (42% del total) y 3, de ingresos medios (26%). Con la mayor cobertura de subsidios estatales se encuentra el nivel 2, de menores ingresos (32%).

Tras recordar que la empresa inició sus actividades en diciembre de 1992 y que actúa en 7 partidos del norte de la Provincia de Buenos Aires y en la de Santa Fe como distribuidora indicó que el área de su concesión consta de 136 mil kilómetros cuadrados, que posee unos 2.100 km de cañerías de gas troncales y otros 11.300 km de distribución domiciliaria, con 214 estaciones de regulación que abastecen a 753 mil clientes, en 129 localidades. Allí viven 4 millones de personas y de ellas 2,8 millones están en el área cubierta por sus redes. A nivel nacional Litoral Gas posee el 8% de todos los clientes del servicio y su consumo representa el 11% del volumen total de gas distribuido.

El jueves 12 de enero, a las 20, en la sala Jorge Luis Borges del Centro Cultural Municipal, Belgrano 843, se realizará la Audiencia Pública (decreto 407/22) solicitada por la Cooperativa Limitada de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto, con motivo del pedido de actualización tarifaria tratado en el Concejo Municipal y sancionado por Ordenanza 5604/22, en el mes de noviembre del 2022.

La inscripción para aquellos que quieran participar deberá hacerse online en: https://venadotuerto.gob.ar/audienciaspublicas/audiencia-publica-cos-vt/; el registro de participantes estará habilitado desde este lunes 2 de enero y hasta las 23.59 del martes 10 de enero inclusive.

En dicha página también se podrá acceder al informe técnico presentando por la Cooperativa de Obras Sanitarias que sustenta el llamado a audiencia pública de actualización tarifaria, tal lo dispuesto por la ordenanza 4859/16 y sus decretos reglamentarios 084/18 y 162/18.

El Gobierno nacional convocó oficialmente para el 4 de enero próximo a una audiencia pública para definir los ajustes tarifarios del servicio de transporte y distribución de gas a nivel nacional, que se aplicarán a partir de febrero.

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 523/2022 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicada este martes en el Boletín Oficial. En la audiencia, que se realizará de manera virtual, se tratarán los “nuevos cuadros tarifarios de transición” que solicitarán las operadoras privadas.

Según lo dispuesto, el 4 de enero a partir de las 09:00 y desde la Ciudad de Buenos Aires, se debatirá sobre la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural, de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes y el traslado a tarifas del precio de gas.

El Gobierno Nacional prepara aumentos para el gas natural

Quienes estén interesados en participar de la audiencia tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre inclusive para inscribirse a través de la página web del Enargas. En tanto, las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán, a efectos de su pertinente publicidad, presentar ante el ente regulador -con fecha tope el 16 de diciembre- los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, “así como la información de sustento de los mismos que permita poner a conocimiento de la ciudadanía, usuarios y usuarias, el contenido propuesto para la adecuación transitoria de las tarifas bajo el Régimen Tarifario de Transición”, de acuerdo con la Resolución.

Los aumentos tarifarios a debatir incluyen a las transportadoras TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas, Ecogas y Redengas.

En la convocatoria, el Enargas recordó que el decreto 1020/20 estableció que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

El gobierno prepara un amplio blanqueo

En ese sentido, indicó: “El establecimiento de un régimen tarifario de transición aparece como conveniente y como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias, debiendo tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.

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Desde la Secretaría de Energía se convocó a una audiencia pública para evaluar los precios del gas natural respecto de la porción de precio que el Estado podrá tomar a su cargo

En la Resolución 771/2022, publicada en el Boletín Oficial este martes informa que la cita “se celebrará virtualmente el día 6 de diciembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 10:00 horas, desde la Plataforma ‘Webex’”.

“En consecuencia, sólo requerirán inscripción aquellos que se anoten en carácter de ‘oradores’ ya que quienes pretendan participar visualmente, podrían hacerlo vía streaming”, aclara la normativa.

De acuerdo al documento, podrá participar “toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés simple, difuso o de incidencia colectiva”.

La modalidad virtual, se expuso en los considerandos, se determinó “con el fin de garantizar una amplia participación federal de la ciudadanía de todo el territorio nacional” porque “la democratización del procedimiento participativo garantizando la igualdad de acceso”.

“Culminado el proceso de discusión pública, conforme lo dispone la normativa señalada, y de acuerdo con la resulta de la Audiencia Pública, la Secretaría de Energía dictará, en caso de corresponder, el acto administrativo que establezca el costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias”, se explicó oficialmente.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó el pasado viernes, a través de la Resolución 576/2022 publicada en el Boletín Oficial, a una audiencia pública para analizar la “adecuación transitoria de tarifas” de las concesionarias Edenor y Edesur, que se realizará el 23 de enero de 2023 de manera remota.

En la misma se especifica que la adecuación se enmarca en el “proceso de renegociación de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las concesionarias”.

La Audiencia Pública comenzará a las 8:30 y su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital, con transmisión en simultáneo a través de una plataforma de streaming que será informada en la página web: argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenor-edesur-2023.

Los interesados podrán inscribirse en el Registro de Participantes, que estará habilitado desde las 0 del 6 de enero hasta las 23:59 del 20 del mismo mes, pudiéndose acceder a través de la misma página web.

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Leonel Chiarella.

Junto a los secretarios de Salud y Desarrollo Social, Marcelo Krenz, y de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, el mandatario expuso sobre el dispositivo de contención y seguimiento que puso en marcha el gobierno de Venado Tuerto durante la pandemia de Covid-19, entre otras acciones. 

Además de los representantes del Ejecutivo venadense, formaron parte de la audiencia pública en la Cámara baja las psicólogas Alicia Stolkiner, Celina Pochettino y Betsbe Caspani; los psicólogos Nahuel Castillo, Marcelo Rocha y Esteban Levin, y la doctora Ana Bloj. 

Marcelo Krenz.

“Creemos que este espacio puede aportar herramientas que sirvan como insumos para la tarea legislativa. El recinto posibilita la circulación de la palabra y la circulación de saberes legitimados públicamente. Frente a todas las fuerzas políticas, la salud mental se convierte en un necesario e inevitable debate público”, sostuvo la diputada Ciancio. 

Miriam Carabajal.

El intendente Chiarella valoró la iniciativa de la legisladora y agradeció la invitación a la audiencia pública: “Esta presentación que hicimos pone en valor el trabajo realizado por todo el equipo de salud, cultura y otras áreas de nuestro gobierno”. 

Cabe recordar que en octubre de 2020, en el contexto sociosanitario más complejo de la pandemia, Ciancio estuvo en Venado Tuerto para evaluar junto a las autoridades locales el funcionamiento del centro de aislamiento, las estrategias de seguimiento de casos y el trabajo interdisciplinario, destacando entonces “el esfuerzo” del gobierno municipal para afrontar la situación. 

El diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri estuvo presente en el Concejo Municipal de Rosario en la audiencia pública sobre la ley de humedales. El evento busca darle mayor impulso a una legislación que puede frenar la ola de incendios intencionales que se hicieron más intensivos desde enero de 2020 a hoy en toda la región del delta del Paraná.

Cleri habló con Mirador Provincial en el Palacio Vasallo. El legislador del Frente de Todos aseguró estar a favor de esta regla nacional para proteger las grandes zonas verdes. “Es una ley muy importante que se complementa con otra gran cantidad de acciones que se tienen que seguir desarrollando. En el mediano y largo plazo, con una ley de humedales vamos a contar con un inventario, conocer qué es lo que se está haciendo en el lugar”, afirmó. El diputado señaló que “además de evitar el ecocidio y cuidar nuestro ambiente, se tienen que seguir desarrollando buenas prácticas en donde tanto la Provincia de Entre Ríos como de Santa Fe más la creación de los parques nacionales permita que evite los incendios como una práctica ya vetusta para poder aumentar la frontera ganadera”. Cleri aseguró que los incendios se habían dado también con anterioridad a enero 2020, mes en el que comenzaron con mayor frecuencia e intensidad. “Con la bajante del río, al tener mayor superficie hubo mayor cantidad de superficie en donde se llevaron adelante estas quemas intencionales que terminaron perjudicando no sólo el ambiente, sino también la salud de los rosarinos y las rosarinas”, reflexionó.

El delta del Paraná abarca una superficie muy grande de un total de 1.750.000 hectáreas ubicadas en el suroeste de la provincia de Entre Ríos. Con la intensificación de las quemas pueden aparecer especuladores que aprovechen para intentar vender terrenos que no son aptos para edificar. El diputado Cleri ratificó que la legislación impulsada previene de estas acciones comerciales no permitidas. “La ley de humedales lo que hace es un inventario de lo que se está realizando en el lugar, pero también se complementa con otras leyes que ya están vigentes. La ley de manejo del fuego, la ley de prohibición de quemar. Hay cinco leyes anteriores a la ley de humedales que tienden a evitar estas quemas intencionales”, dijo el legislador. Aseguró también que lo que vendría a sumar la ley de humedales es el inventario para poder ordenar las actividades productivas para que se conozca que es lo que se está realizando en el humedal. “A la par de eso tiene que haber un trabajo mancomunado entre la Justicia, los poderes ejecutivos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, todos los gobiernos locales, como la Municipalidad de Rosario, que son costeros al delta del Paraná y la ciudad de Victoria”, opinó.

En relación a los tiempos para que esta iniciativa avance, Marcos Cleri afirmó: “El año pasado habíamos tenido un dictamen de consenso que no logró llegar al recinto. Tenemos ese dictamen que se está tratando de consensuar junto con las organizaciones civiles que están exponiendo en esta audiencia pública”. Muchas de ellas son ONG ecologistas. “También hay un proyecto que los distintos ministerios de Ambiente de las provincias consensuaron con el ministro Juan Cabanbié. Eso vamos a tratar de poner en valor y en unidad para que de aquí a fin de año podamos tener una sanción definitiva que es nuestro anhelo”, comentó. “¿Es muy importante la ley de humedales? Sí, pero también es importante continuar con el cuidado del ambiente y tener prácticas productivas sostenibles”, sostuvo.

Con respecto a las medidas una vez dictada la ley, el legislador dijo: “Lo primero que se tiene que hacer es un inventario. Hay una discusión sobre si el plazo del inventarío sería de dos o de cinco años. Luego de ese inventario desde dónde se toma, cuáles son los requisitos, qué es lo que se tiene que hacer. Hay una autoridad de aplicación. Tiene que complementar todas las leyes vigentes más el trabajo de cada uno de los ejecutivos que tienen que tender a cuidar nuestro ambiente y a tener prácticas productivas sostenibles”.

La audiencia de carácter público en el Palacio Vasallo reunió a representantes de distintos partidos. Además de Cleri y concejales locales, estuvo presente Mónica Fein, ex intendenta de la ciudad entre 2011 y 2019 y hoy diputada nacional. También asistieron los legisladores por Santa Fe Enrique Estévez y Eduardo Toniolli.