En Firmat, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados por el 911 a un domicilio de calle Las Heras al 400, luego de recibir un llamado que alertaba sobre ruidos molestos, música alta y disturbios. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la moradora de la vivienda, quien explicó que estaba celebrando su cumpleaños. La mayoría de los presentes acató la solicitud de retirarse, pero un hombre permaneció en el lugar e inició insultos contra los policías.

Al intentar retirarlo, el sujeto empujó a los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado al hospital para su revisión médica, y posteriormente a sede policial. Por disposición de la fiscal en turno, quedó imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

En paralelo, en Venado Tuerto, el Comando Radioeléctrico intervino en un evento de rock al aire libre en calle Casey, donde se reportaron disturbios protagonizados por personas bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. Al arribar, los uniformados constataron la situación y, al intentar dialogar con uno de los implicados, este desobedeció las órdenes policiales, insultó al personal y mostró intenciones de agredirlos. Ante esta conducta, los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado a la comisaría. La Fiscalía dispuso la notificación de la causa y que permanezca detenido hasta la audiencia imputativa.

Durante este sábado 14 de marzo se llevó adelante un amplio operativo de la Fiscalía Regional N° 3 de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, que coordinó con la Policía Federal Argentina la realización de ocho allanamientos simultáneos en la ciudad. La investigación, que se extendió durante meses, surgió tras tareas de vigilancia que permitieron observar un flujo constante de personas entrando y saliendo rápidamente de los domicilios, maniobra típica conocida como “pasamanos”, vinculada a la comercialización de estupefacientes.

En el transcurso de los procedimientos, se logró la detención de cuatro personas, identificadas por sus iniciales y domicilios: N.V. en calle Jauretche, M.S. en calle Matheu, S.M. en calle Antártida Argentina, y A.D. también en calle Matheu. En las distintas residencias se secuestraron marihuana y cocaína en diversas cantidades, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuadernos de anotaciones, tubos de acero, rifles de aire comprimido y dinero en efectivo, que en algunos casos superaba los $225.000. Todos los elementos hallados, según informaron las autoridades, hacen presumir que las sustancias estaban destinadas a la venta ilegal de drogas.

La Fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición del juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto, y que se realizaron los exámenes médicos correspondientes según lo establecido por el Código Procesal Penal. Además, se dispuso su traslado a la Oficina de Gestión Judicial para la realización de la audiencia imputativa, cuyo horario y fecha se comunicarán con antelación.

En diálogo con la “Antes que Nada” (LT29), el fiscal Damián Casullo detalló la mecánica que derivó en la imputación y prisión preventiva sin plazos de dos hombres y dos mujeres, quienes fueron detenidos por una serie de robos en locales comerciales y una vivienda de Venado Tuerto.

Según la investigación, los acusados provenían de Buenos Aires y actuaban de manera reiterada. “Todo indica que esta mecánica delictiva se repitió por lo menos en cuatro oportunidades utilizando un mismo vehículo”, explicó Casullo, quien además señaló que la mujer que conducía el automóvil fue parte constante en los hechos, mientras que los acompañantes varían.

Uno de los episodios más graves fue el ataque a una vivienda en calle 26 de Abril, barrio Rivadavia, que fue blanco de robos en marzo y mayo. “El vehículo es el mismo, la femenina que lo conduce también, pero en el primer hecho todavía tenemos tres masculinos sin identificar”, sostuvo el fiscal.

La banda también está acusada de al menos dos robos a comercios de venta de teléfonos móviles, cometidos con apenas 72 horas de diferencia, el 5 y el 8 de mayo. Este patrón de comportamiento llamó la atención de la fiscalía. “Aparentemente habían encontrado un terreno fértil para su actividad delictiva”, afirmó Casullo.

En el momento de la detención, ocurrida el 28 de mayo en Pergamino, la Policía contaba con información precisa sobre el vehículo. “Se logró irradiar las características del auto, del dominio y de los posibles ocupantes”, indicó el fiscal.

Al ser interceptados, los cuatro implicados tenían en su poder dos armas de fuego —una de ellas de guerra— y una importante cantidad de teléfonos celulares, algunos aún en sus cajas y otros envueltos en bolsas. “Nada dijeron los imputados sobre estos elementos, pero todo hace presumir que están vinculados a los ilícitos investigados”, agregó.

Casullo también destacó los obstáculos procesales que representa el accionar de bandas que cruzan límites provinciales. “Tenemos los límites interprovinciales muy cerca. Para una detención en Arias, Córdoba, hay que pedir autorización mediante exhorto al juez de La Carlota. Esto demora, pero forma parte de las garantías del proceso penal”, explicó.

Finalmente, valoró la labor conjunta que permitió esclarecer los hechos y detener a los implicados. “Gracias al esfuerzo de todos logramos, por lo menos, neutralizar esta actividad”, concluyó.

El titular de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo, formalizó ate martes la investigación contra Diego Oscar Gorosito y Lucía Valdatta, por el transporte de más de 3 kilos de marihuana, entre las ciudades santafesinas de Rosario y Venado Tuerto.

En la audiencia multipropósito, realizada ante el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz bajo los alcances del Código Procesal Penal Federal (CPPF), el fiscal Arzubi Calvo junto con la fiscal coadyuvante Virginia Sosa expusieron las evidencias del caso y consideraron a Gorosito autor y a Valdatta, partícipe necesaria del delito de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad transporte.

En relación a Gorosito los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se disponga su prisión preventiva, mientras que, en relación a Valdatta, propusieron que se le impongan medidas de coerción de menor intensidad, que consisten en la promesa de someterse al procedimiento, el deber de presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente a su domicilio y la prohibición de salir del país.

El juez Rodríguez Da Cruz dio por formalizada la investigación, ordenó la prisión preventiva de Gorosito por el término de 60 días y convalidó la propuesta del MPF respecto a Valdatta.

En la tarde del 11 de enero pasado, personal del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Funes de la Gendarmería Nacional que realizaba un control vial sobre la Ruta Provincial 14, a metros de su intersección con la Ruta Nacional 33, detuvo un automóvil Fiat Cronos que conducía Gorosito en compañía de Valdatta, que iba desde Rosario hacia la ciudad de Venado Tuerto, y que intentó esquivar el operativo.

Al solicitársele los papeles del vehículo, Gorosito refirió que no los tenía. Al abrir el baúl, para controlar si tenía los elementos de seguridad, los gendarmes advirtieron un fuerte olor a marihuana. Por ello, revisaron el automóvil y encontraron, a simple vista, en el asiento trasero del auto, una bolsa de tela en cuyo interior encontraron 5 ladrillos de marihuana y una bolsa más pequeña con 315,8 gramos de esa sustancia.

En virtud de ello, y a instancia del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Carlos Vera Barros autorizó el allanamiento de la vivienda de los imputados, ubicada en Venado Tuerto, donde se secuestró un teléfono celular.

En horas del mediodía de este miércoles, en los Tribunales de Venado Tuerto, se imputó por “homicidio simple en grado de tentativa” al presunto agresor de Moncho Álvarez, el joven de Venado Tuerto que protagonizó el video “Colgala viral”, quien aún se encuentra internado con un grave cuadro en el Hospital regional Dr. Gutiérrez. A su vez, se dispuso la prisión preventiva ordinaria y sin plazo. 

La fiscal que lleva adelante la investigación, Mayra Vuletic, presentó las pruebas recolectadas hasta el momento que apuntan contra el imputado, quien permanecerá en prisión mientras avanza la causa. 

Según expuso la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, las importantes lesiones que sufrió Álvarez, fractura de cráneo con hemorragias, fueron provocadas por dos botellazos con envases de vidrio. El primero ya lo habría dejado inconsciente y el segundo terminó agravando el cuadro.

Cabe señalar que Policía Científica logró secuestrar del lugar estas botellas utilizadas para cometer el hecho, las cuales que fueron enviadas a analizar al laboratorio de genética, convirtiéndose en una prueba significativa.

En cuanto a la imputación, la fiscal dejó en claro que es provisoria, ya que la víctima está peleando por su vida y aún no se sabe cuál será el resultado de esta grave agresión, siendo un aspecto valorado por la Justicia para determinar la prisión preventiva sin plazo. 

Durante la audiencia de este miércoles, se les dio lugar a los familiares de la víctima para que puedan hablar frente al juez. Así, la madre y la hermana de Álvarez fueron las encargadas de expresarse, tal como lo establece el artículo 80 del Código Procesal Penal y la Ley de Víctimas. 

Tal como estaba previsto, en horas del mediodía de este miércoles se llevó a cabo la audiencia imputativa contra el jefe del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto, Evers Iriarte, por el delito de “peculado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Si bien se determinó que quede en libertad, no podrá seguir ocupando el cargo ni continuar en la fuerza de seguridad mientras avanza la investigación.

Durante la extensa audiencia que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto, se expusieron las pruebas y elementos detectados para demostrar el hecho. “La conducta que se le reprocha es la utilización del recurso humano del Estado sin dar cumplimiento con las reglamentaciones vigentes, convirtiéndose en adicionales en negro”, explicó el fiscal que entiende en la causa, Eduardo Lago, agregando que no se trata de un delito menor, porque “brindaba servicios adicionales con el personal que debía estar patrullando las calles venadenses, más aún al tratarse de una fuerza que cuenta con una disponibilidad acotada de efectivos”.

A esta situación se le suma el manejo discrecional de los fondos, donde, en varias oportunidades los efectivos cobraran por ese “servicio extra” y otras no. “Este accionar irregular se continuará investigando para tener con exactitud datos de como era el proceder”, explicó Lago, resaltando que hay más de 30 actas probatorias que fueron presentadas en la audiencia de este miércoles.

En cuanto a la pena que se establece por estos delitos, Lago consideró que son “relativamente bajas”, más aún sabiendo que el jefe del Comando Radioeléctrico no contaba con antecedentes. Esto motivó al juez a determinar la libertad, aunque con reglas de conducta (entre ellas ser separado de las fuerzas de seguridad) y una caución, monto de dinero que se cubre con un inmueble o un vehículo.

Evers Iriarte fue detenido en el marco de una investigación relacionada con el manejo discrecional de los adicionales policiales.

Todo habría comenzado con una inspección de rutina realizada por personal de la Agencia de Control Policial, ex Asuntos Internos.

La investigación apunta principalmente al manejo de los fondos del Servicio de Policía Adicional relacionados con un local nocturno de diversión. Iriarte sería imputado por enviar al boliche personal de servicio y no de franco, y posteriormente cobrar dichos adicionales en “negro” y manejarlos discrecionalmente.

El procedimiento marca que los fondos por adicionales deben ser depositados en una cuenta del Ministerio de Seguridad en Jefatura departamental y posteriormente ser girado a los agentes que prestaron servicios.

Este lunes, en los tribunales de Venado Tuerto, se llevó a cabo la audiencia donde se imputó al marido de Stella Eidner, joven asesinada el jueves pasado a metros de su domicilio, en Chile y Cerrito, por Homicidio calificado, agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género. A su vez, el juez Eduardo Bianchini le dictó la prisión preventiva sin plazo, es decir que continuará detenido mientras avanza la investigación.

La audiencia comenzó pasadas las 10.30, tan como estaba previsto y contó con la presencia del fiscal Iván Raposo, quien expuso las diferentes pruebas que se lograron obtener, entre ellas las imágenes de cámaras de seguridad, tanto en las inmediaciones de la escena del crimen como de la empresa donde se encontraron vestimentas (buzo, jean, gorra y cuellera) y el cuchillo que habría sido utilizado para asesinar a Stella, y del propio acusado junto a la defensora pública María Cecilia Tosco.

En este marco, Raposo solicitó que el imputado continúe detenido, mientras que Tosco pidió que se le permita continuar trabajando durante el día y regrese por la noche a la comisaría. Esta última solicitud fue denegada por el juez, quien determinó la prisión preventiva sin plazo, es decir que permanecerá privado de su libertad. 

La instancia judicial fue seguida atentamente por unas 30 personas, entre familiares y amigos, que ingresaron a la sala de los tribunales. A su vez, fuera del edificio, sobre calle Chacabuco se desarrolló una manifestación en reclamo de “justicia” y bajo el lema “Ni una menos”. 

Según adelantó el fiscal, la imputación que se le hizo al acusado, Homicidio calificado y agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género, prevé una pena de prisión perpetua. De todos modos, aún quedan algunas medidas a llevar adelante dentro de la investigación, como análisis de ADN, el peritaje de los celulares y nuevas imágenes que pueden surgir de otras cámaras.   Lo que está claro para Raposo es que el hecho fue planificado previamente por la pareja de Stella.

Cobertura periodística y fotos: Mauro Dalmazzo

Tal como anticipó Sur24, sobre el mediodía de este miércoles, en los Tribunales de Venado Tuerto se llevó a cabo la audiencia imputativa contra el jefe de la Unidad Regional VIII de Policía Francisco Fernández, quien está acusado de quedarse con unos 400 mil pesos que pertenecían a Federico Tracanelli, el joven de 31 años que falleció este domingo a raíz de una accidente de tránsito que se registró en Ruta Nacional 8, en inmediaciones del Parque Industrial La Victoria.

La imputación que recayó sobre el jefe de la fuerza de seguridad fue “hurto calamitoso” y este jueves se realizará la audiencia cautelar para determinar si permanecerá detenido mientras avanza la investigación que está a cargo del Fiscal Eduardo Lago. Cabe señalar que el juez que entiende en la causa es Leandro Martín, mientras que la defensa es representada por Silvia Couselo.

Una importante cantidad de testigos prestaron declaración, coincidiendo en que Fernández tomó el dinero que estaba en la escena del siniestro y se lo llevó. En algunos casos se mencionó que el propio jefe de la UR VIII había manifestado que se debía quedar con los billetes para poder contarlos e incluirlo en la causa, algo que al parecer no sucedió.

A su vez, la familia del joven fallecido aseguró que Federico llevaba en su poder una suma de 400 mil pesos, incluso que los transportaba en el interior de su campera.

El avance en la investigación derivó en la detención de Francisco Fernández, quien, al parecer, estuvo de casualidad en la escena del accidente que se produjo en la noche del domingo último en Ruta Nacional 8 en el kilómetro 362. El jefe de la Unidad Regional se hizo presente en el lugar y, según relatan los testigos, se apoderó de un bolso que contenía en su interior unos 400 mil pesos. Al parecer, el dinero era propiedad de Federico Tracaneli, el joven de 31 años oriundo de María Teresa, que se movilizaba en una motocicleta e impactó contra un Renault Logan, lamentablemente perdiendo la vida en el acto.

Fotos y cobertura periodística: Mauro Dalmazzo. 

La causa llamada de “espionaje ilegal” tendrá su audiencia imputativa el próximo 29 de noviembre. Desde el Ministerio Público de la Acusación enviaron citaciones a 8 ex funcionarios de Seguridad de la Provincia, entre ellos el ex ministro Marcelo Sain.

La investigación fiscal deriva del hallazgo de “carpetas” y distinto tipo de archivos con información recopilada de manera indebida en el ámbito del Ministerio, sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas, que fueron obtenidas luego de un allanamiento a las oficinas de esa cartera en Rosario y Santa Fe.

Los procedimientos tuvieron lugar a fines de noviembre del año pasado, pero el equipo de fiscales, integrado inicialmente por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (ésta última ahora jubilada) se tomó todos estos meses para evaluar el caudal de información obtenido y volcarlo en lo que será la acusación formal. En las últimas semanas trascendieron registros de audio que estaban en teléfonos celulares de ex funcionarios que fueron secuestrados en aquella operación, en los cuales Sain mencionaba a distintas personalidades e incluso actuales funcionarios de gobierno.

A partir de las audiencias imputativas se podrá conocer concretamente cuál es la acusación que los fiscales producirán contra Sain, Nadia Schujman, Pablo Álvarez, Milagros Bernard, Débora Cotichini y Diego Rodríguez. Se llevará a cabo una audiencia para cada uno de ellos de manera sucesiva en la jornada indicada, podrían ser virtuales y hasta aquí no serán públicas. En caso de que se solicite la prisión preventiva de alguno de los imputados, luego será el momento de la audiencia de medidas cautelares, esta vez ante el juez de la causa y de manera pública.

Ignacio Hintermeister El Litoral Los ex directivos de Vicentin denunciados penalmente por supuesta estafa, se presentarán este martes a primera hora en Rosario a la audiencia imputativa convocada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno. Son 10 ex integrantes del directorio de la firma hoy concursada; en la lista estaba además el fallecido Sergio Nardelli. A ellos se suman dos miembros de la comisión investigadora y tres accionistas de Vicentin. Alberto Macua, ex vicepresidente; Máximo Padoan, ex director y Omar Scarell, actual presidente del directorio -al momento del concurso, síndico titular, miembro de la comisión fiscalizadora- mantuvieron contacto con medios santafesinos a los que ratificaron que “estamos a derecho” y que todos serán representados por los abogados Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca. “De las medidas cautelares que involucraban a más de 30 personas y 15 compañías, (embargos en cuentas bancarias, no innovar sobre tenencias accionarias) la mayoría fueron levantadas”, recordaron. También señalaron que “en el sistema penal santafesino la investigación está a cargo del fiscal y sin los presuntos responsables de los delitos investigados”, por lo que se excusaron en adelantar respuestas hasta no verificar cuáles son las acusaciones y las pruebas. Gustavo Feldman, abogado de una de las querellas (productores y Commodities SA del grupo Grassi) fue quien presentó la denuncia original, a la que se sumaron otros acreedores granarios y los bancos internacionales, que poseen acreencias por U$ S 573 millones. Vicentin defaulteó una deuda que fue verificada y contabilizada en unos U$ S 1573 millones en el marco concursal. Los directivos se expresaron con respeto a la independencia judicial cuando se les preguntó si insistían con la existencia de una causa persecutoria. Pero señalaron la “coincidencia” con un informe que también este martes producirá la comisión investigadora de Diputados sobre el caso de la emblemática empresa con sede en el norte santafesino. “Estábamos intentando una salida mediante la venta a Renova que nos daba una caja de U$ S 320 millones de dólares y ofrecíamos una quita de 50% y alternativa, cuando el 8 de junio de 2020 sale el DNU intentando la intervención y expropiación, proceso que se agudizó con la intervenci´n de la provincia”, recordó Scarell. “Eso nos frenó y demoró alternativas. Recién pudimos hablar con Viterra, Aca y Molinos Agro en mayo de 2021”, para elaborar la propuesta a los acreedores que aún se está negociando y que todavía no fue presentada al juez del concurso, Fabián Lorenzini. Sobre los efectos potenciales de la imputación penal sobre la causa del concurso, señalaron que “pueden tener ningún o mucho efecto. La comisión de Diputados presenta mañana un nuevo informe sobre el concurso. “No decimos que haya persecución. La imputativa es un trámite más dentro del proceso penal, pero que puede ser utilizado para agrandarlo y magnificarlo, para complicar la salida privada. Puede ser. Saquen sus conclusiones”. Si bien reconocieron que los bancos internacionales son querellantes en la denuncia penal, advirtieron que al mismo tiempo podrían acordar en el marco del concurso sin perjuicio de lo que suceda en el juzgado rosarino. Evaluaron que “de una quiebra saldrían perdidosos los trabajadores y los acreedores Los accionistas de Vicentin han resignado 90% de la tenencia accionaria y han dado el control de esa tenencia”.

“Estamos en una etapa decisiva. A partir del 25 de septiembre estamos discutiendo con los acreedores granarios y comerciales, los bancos internacionales y los locales, las propuestas hilvanadas por los interesados estratégicos que son Viterra, Molinos y ACA”, explicó Macua. La propuesta todavía no fue formalmente presentada al expediente que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini. “Estamos informando la propuesta y discutiendo los términos económicos; los bancos internacionales pidieron los términos legales y se les ha presentado un resumen ejecutivo”. Scarell ratificó que “la compañía trabaja a full” y sin deudas concursales, que llegará a la propuesta en sede judicial con una caja de 70 millones de dólares y que servirían para los pagos iniciales a más de 1100 acreedores pequeños, según el objetivo planteado. Reconoció que mientras intentan convencer a los bancos, la imputativa llega “en un momento inoportuno, pero estamos dispuestos a presentarnos sin riesgos de fuga ni entorpecimiento de la causa. “La auditoría forense que ordenó el juez del concurso insumió más de 11 mil horas de trabajo que pagó la empresa. Mal podría decirse que podríamos entorpecer la investigación”. Consultados si la auditoría forense detectó balances que ocultaron pasivos previo al “estrés financiero” de la empresa, Macua señaló que “el querellante puede decir cualquier cosa basándose incluso en artículos periodísticos. “Tenemos denuncias en Paraguay sobre contrabando, que se replicaron en un juzgado federal de Comodoro Py y las pasaron al juzgado federal de Reconquista. El querellante no tiene ninguna obligación de probar nada; simplemente hace la acusación”. En cuanto a la auditoría forense, expuso que “no hay acusaciones, simplemente presunciones, cálculos. Lo del Banco Nación lo mismo”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron respecto a la investigación en la que está imputado el fiscal adjunto suspendido de Venado Tuerto, Dr. Mauro Blanco, y por quien hoy se realizaron –de forma remota– dos audiencias en los tribunales de Venado Tuerto.

A primera hora de la mañana -detallaron- se llevó a cabo la audiencia imputativa, y luego la de medidas cautelares que finalizó en horas de la tarde-noche.

El fiscal a cargo de la investigación es Leandro Mai, de la Unidad Fiscal Reconquista. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) es Adrián Godoy de Venado Tuerto.

“En primer lugar, realizamos la imputación de nueve hechos ilícitos”, informó Mai. En tal sentido, Mai se refirió a las calificaciones legales atribuidas y dijo que “se le endilgó la autoría de enriquecimiento ilícito de funcionario público;omisión de insertar datos en la declaración jurada; omisión de denunciar; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (dos hechos); incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal”.

El funcionario del MPA agregó que “luego se debatió acerca de la legalidad de la detención del imputado”, indicó Mai. “Si bien los abogados defensores plantearon objeciones, el juez resolvió declarar legal la detención”, agregó.

“Finalmente, pedimos la prisión preventiva sin plazo y el magistrado resolvió imponer la prisión preventiva domiciliaria”, aclaró el fiscal. “El magistrado fundamentó su decisión en cuestiones familiares, puntualmente, refirió a la existencia de jóvenes a cargo del imputado”, señaló Mai.

“Por otra parte, el magistrado consideró que había evidencias suficientes en cuatro de los nueve hechos ilícitos atribuidos: el de enriquecimiento ilícito; uno de los cohechos pasivos agravados; la violación de secreto y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”

El fiscal del MPA también indicó que “se ordenó la inscripción de los bienes del imputado como litigiosos”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]