Por muy amplia mayoría de votos afirmativos que superaron los 50 apoyos en los tres casos y apenas un puñado de expresiones en contra (siempre fueron más las abstenciones que los rechazos), la Asamblea Legislativa aceptó los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Luis Maciel.

Sin sorpresas, los tres propuestos consiguieron los apoyos del oficialismo que domina las dos cámaras y, según el caso, también cosecharon respaldos de bloque opositores del Justicialismo y hasta de las bancadas celestes, más allá de que fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo consideraciones generales adversas sobre el proceso y las formas para el tratamiento de los pliegos.

Cabe subrayar que no hubo, en el debate legislativo de este jueves 26, ninguna objeción sobre las calidades democráticas e idoneidad de los propuestos y que, en cambio, se discutió y mucho si era o no el momento de que llegaran tres pliegos y por qué dos de ellos correspondieron a candidatos a ministros y no a ministras de la Corte para posibilitar la paridad entre los y las integrantes de la Corte.

Jorgelina Mabel Genghini. Foto: Gentileza

Fue en pocas palabras, un debate sobre género y número, como en los accidentes gramaticales de los sustantivos y artículos en el castellano. Sobre todo las diputadas opositoras se anotaron para lamentar la oportunidad perdida de darle a la cabeza del Poder Judicial al menos una ministra más, mientras que en la cuestión del número se discutió si correspondía o no votar a tres nuevos miembros

Entre los cuestionamientos a la ausencia de paridad y las renuncias a medias, se habló de ministras en minoría ante ministros de la Corte aún tras su renovación. Se repasaron edades y fechas para las dimisiones y se expusieron antecedentes recientes y lo que indica la doctrina. Esos condimentos marcaron las polémicas. En la mayoría de los casos casi sin referencias a las personas que jurarán a fin de año en la Corte y ya han sido designadas.

En definitiva, son miembros de la Corte aún sin asumir la abogada rosarina Genghini, que es radical e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y vocal del Consejo de la Magistratura; el juez del fuero federal Alurralde, que se ha destacado por su labor en casos sobre narcotráfico, en el norte de la provincia; y el actual secretario administrativo del Senado provincial, Maciel, un esperancino cercano al sector del ex vicegobernador Carlos Fascendini. La mayoría radical en esa cámara perderá a uno de sus hombres de mayor confianza en la gestión de la Cámara, pero ganará otro correligionario en el máximo tribunal. Es una fuerte señal del partido al que pertenecen los dos tercios de las 19 bancas.

Como se puede ver, se ha buscado llevar nombres del sur, el norte y el centro del mapa de la bota, con perfiles asociados al ámbito de los colegios profesionales, a la propia justicia y al partidario. En ese orden.

Aldo Alurralde. Foto: Gentileza

Cabe recordar que durante el proceso de impugnaciones abierto a la ciudadanía ninguno de los pliegos tuvo objeciones y que en medio de la Audiencia Pública del jueves 25 solo un ciudadano se expresó sobre su desagrado respecto de la actuación del juez federal Aldurralde por haber desestimado una denuncia sobre ocupaciones ilegales de un predio que pertenece al Estado nacional, en la ciudad de Santa Fe. En nombre de la Comisión de Padres Pro Edificio Escolar 211, Roberto Antonio Campos lamentó que se haya desechado la presentación de esa institución. Y también que el magistrado no haya aceptado dialogar con quienes rechazan a los ocupantes ilegales de terrenos donde alguna vez la Dirección Nacional de Vialidad iba a construir la fallida Circunvalación Norte.

Esa solo crítica hubo sobre las personas de los propuestos, en una jornada marcada por dos polémicas: cuando se renueve la Corte tendrá solo dos ministras y cinco ministros por lo que no habrá paridad de género; y lo mismo sobre si es procedente o no cubrir vacantes para cargos cuyas renuncias aún se han formalizado.

Las exposiciones más interesantes en ese sentido provinieron de Alejo Molina, presidente del Colegio de Abogados de Rosario y de dos ex convencionales reformadores de La Libertad Avanza: Froilán Ravena y Marcos Peyrano que consideran que no es procedente lo sucedido, que nunca el Poder Ejecutivo Provincial debió enviar tres pliegos, sino solo uno. Y así lo dejaron planteado en su recurso judicial.

Su punto de vista se apoya en que solo uno de los actuales ministros de la Corte ha firmado su dimisión (con la aceptación del Ejecutivo) y otros dos integrantes solo lo manifestado públicamente. En el caso del Dr. Eduardo Spuler, está documentada su salida para el 1ro de septiembre. Pero solo han hecho declaraciones periodísticas al respecto, los doctores Rafaél Gutiérrez y Roberto Falistocco. Ambos dijeron que renunciarán a fin de año.

En cambio, y aquí entran a tallar los números, para el gobierno provincial y el oficialismo en la Legislatura está claro que procede aprobar a sus sucesores porque los tres nombrados tienen más de 75 años.

Diego Maciel. Foto: Gentileza

El Artículo 124 de la Constitución de Santa Fe dice textualmente: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general, los jueces y los demás procuradores son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado”.

Durante unos pocos minutos, pasadas las 13 la sesión de la Asamblea Legislativa obtuvo el quórum reglamentario para comenzar formalmente la reunión de ambas cámaras, con escaso margen.

Al recinto se demoraron en entrar una parte de los diputados y senadores del peronismo, en un juego con el número de los presentes, para ver qué sucedía con los 36 que como mínimo necesitaba Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cuando esa cantidad se superó sin dificultades, se produjo un ingreso masivo de los diputados del justicialismo que luego optaron por la abstención. Quienes desde el peronismo votaron a favor de los pliegos ya habían ocupado sus lugares

Sobre 69 votos posibles de 50 diputados y 19 senadores, todos los propuestos cosecharon más de medio centenar de respaldos.

El pliego de Diego Maciel como ministro de la Corte recibió 52 votos a favor, 5 en contra del bloque de Amalia Granata y otras bancadas celestes unipersonales. Se produjeron 9 abstenciones de una parte del peronismo en Diputados y de la izquierda de esa cámara representada por el de Frente para la Soberanía. Este último sector optó por pedir la autorización para no pronunciarse en los tres casos.

Todos los senadores de cada una de las tres bancadas respaldaron la nominación de su secretario administrativo, al igual que en los otros dos casos.

La nominación de Jorgelina Genghini contó con 51 votos afirmativos, 5 votos negativos ya señalados y 10 abstenciones.

En cambio, el juez federal Aldo Aldurralde sumó 56 respaldos (también logró respaldos celestes) además de las bancadas radical, socialista y del Pro de Unidos, y de buena parte del justicialismo. Hubo solo un voto en contra de Natalia Armas Belavi, del bloque unipersonal Vida y Famila, y nueve abstenciones.

El mundo del boxeo vuelve a ponerse en vilo: quedó confirmada la fecha y la sede para la esperada pelea de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., dos de los nombres más icónicos en la historia del deporte.

El combate está programado, en principio, para el 25 de abril de 2026 y se llevará a cabo en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. La elección del escenario no es casual y carga con un fuerte simbolismo histórico para el pugilismo mundial.

Mike Tyson. Crédito: Reuters.

Kinshasa fue la sede del mítico “Rumble in the Jungle” en 1974, cuando Muhammad Ali derrotó a George Foreman en una de las peleas más legendarias de todos los tiempos. Volver a colocar un evento de esta magnitud en suelo africano representa un guiño a esa historia dorada del boxeo y un intento por recrear una atmósfera épica.

La organización apunta a que la pelea trascienda lo deportivo y se convierta en un espectáculo global, con fuerte impacto turístico y mediático. África, en ese contexto, aparece como un escenario estratégico para ampliar el alcance internacional del evento.

A diferencia de un combate profesional tradicional, el enfrentamiento entre Tyson y Mayweather será una exhibición. Esto implica que no afectará los récords oficiales de ninguno de los dos, aunque la expectativa del público es comparable a la de una pelea titular.

Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados y uno de los noqueadores más temidos de la historia, regresó al ring en los últimos años en eventos especiales que despertaron enorme interés. Por su parte, Mayweather mantiene su invicto profesional de 50 victorias y ha sabido convertir las exhibiciones en verdaderos fenómenos comerciales desde su retiro oficial.

El cruce entre ambos enfrenta estilos y épocas distintas: la potencia explosiva de Tyson contra la técnica defensiva y la inteligencia táctica de Mayweather. Aunque el carácter sea exhibición, el morbo deportivo está garantizado.

Floyd Mayweather. Crédito: Reuters.

El anuncio generó entusiasmo inmediato entre fanáticos del boxeo y seguidores del deporte espectáculo. Sin embargo, también abrió el debate entre los puristas, que cuestionan el valor competitivo de este tipo de combates.

Más allá de las críticas, la pelea promete cifras millonarias en derechos de transmisión y una audiencia global que seguirá cada detalle del evento. La combinación de dos leyendas en un escenario histórico configura un producto irresistible para el mercado internacional.

Si se mantiene la fecha prevista, el 25 de abril de 2026 marcará el reencuentro simbólico de dos gigantes del ring. Tyson y Mayweather volverán a ponerse los guantes, esta vez no por un título, sino por el espectáculo y el legado, en una noche que ya se perfila como uno de los grandes hitos deportivos del año.

Este martes se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra un hombre sindicado como responsable por cometer estafas con viviendas modulares. En tanto, el fiscal Emiliano Ehret le atribuyó a A.M.P. de 27 años los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y estafas reiteradas, en 24 oportunidades en calidad de coautor, todo en concurso real.

“El hombre no se encontraba en el país, por eso cuando reingresa a la Argentina fue detenido. La gente pagaba y nunca se daban inicio a las obras, ni tampoco les daban una solución sobre los reclamos que se hacían sobre las mismas”, expresó el fiscal Emiliano Ehret, en diálogo con Mirador Provincial.

Por lo tanto, la jueza de primera instancia, Dra. Minetti, tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 16 de febrero de 2026. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

Estafas en la provincia

Se le atribuye a A.M.P. junto a A.M.B., y D.A.B. (ya imputados), y otras personas haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la comisión de estafas inmobiliarias, en forma habitual y continua, en el ámbito territorial de las localidades de Casilda, Venado Tuerto, San Justo, Bombal, Armstrong, Rosario y Gobernador Crespo de la provincia de Santa Fe, en el período temporal comprendido, al menos, entre el 26/05/20 y el 28/07/25.

Modus operandi

Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recursos y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas mencionado, con plena representación de las características de la actividad que desarrollarían, asumieron distintos roles con variables niveles de responsabilidad, realizando cada uno los aportes y acciones, en forma grupal o individual, necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo; con alternancias temporales en las que se verificó mayor o menor actividad pero que no interrumpieron la permanencia de la asociación; usufructuando las ganancias derivadas de la misma.

La actividad que la asociación ilícita efectivamente llevó adelante consistió en la captación de clientes de viviendas modulares, bajo la fachada de la S.R.L. “El Techo Moderno” (nombre de fantasía Emprender Viviendas), la cual era presentada como una empresa sólida y confiable, que ya había cumplido decenas de contratos, disimulando de este modo su verdadera intención de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obligaba, generando así la disposición patrimonial y el posterior perjuicio económico de las víctimas contratantes que el incumplimiento acarrearía.

Dentro de esta organización, D.A.B. y A.M.B. (ya imputados) ocuparon el rol de jefes, con plena autoridad de decisión y acción, teniendo por misión la organización y dirección de las actividades llevadas adelante por la empresa, como así también, la gestión de los recursos económicos. Por su parte, A.M.P. y otras personas en su carácter de miembros, llevaron adelante distintas tareas que contribuían al funcionamiento de la empresa bajo el control y dirección de los jefes. A.M.P. realizaba tareas administrativas tales como cobranzas y emisión de recibos. En el marco del esquema descrito se atribuye a la asociación ilícita en general y a cada uno de sus miembros en particular, por haber actuado en conjunto, con pleno dominio y de acuerdo a la distribución de roles ya referida.

De esta manera la empresa el Techo Moderno S.R.L. -nombre de fantasía Emprender Viviendas- celebraban contratos para la construcción de diversas viviendas, a través de su representante. Los imputados, simulaban un propósito serio de contratar, exhibiendo solvencia y experiencia en el rubro cuando, pretendiendo aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a las de las víctimas, oculta la intención de incumplir las propias obligaciones contractuales. Las víctimas realizaban disposiciones patrimoniales en conceptos de señas, avance de obras y pago de cuotas, sin recibir contraprestación alguna, a pesar de haber realizado con los diferentes miembros de la asociación los correspondientes reclamos formales e informales.

Antecedentes 

En 2023, la firma Techo Moderno SRL había sido denunciada penalmente por varias familias en la ciudad de Rosario por estafa en la construcción de viviendas modulares, no sólo de esa ciudad sino de varias localidades de la provincia de Santa Fe.

Nicolás Maduro ingresó este lunes al juzgado para su primera audiencia en Estados Unidos, después de su captura y traslado a Nueva York. La escena fue la que suele reservarse para casos de alto voltaje político: tribunal federal en Manhattan, fuerte custodia y cámaras aguardando. Ante el juez Alvin K. Hellerstein, el líder venezolano negó las acusaciones. “Soy inocente, no soy culpable”, dijo en la sala.

En la calle, la polarización también tuvo su propia audiencia. Multitudes se congregaron frente al tribunal con dos bandos visibles: quienes celebraron la captura y quienes reclamaron por su liberación, con banderas venezolanas y carteles contrapuestos.

Los cánticos y consignas se mezclaron con pedidos por presos políticos y mensajes de apoyo a Trump. El clima fue de protesta sostenida, sin que se reportaran incidentes mayores en ese tramo del centro de Manhattan.

Afuera del tribunal hubo manifestantes a favor y en contra de su captura. Foto: Reuters

La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro encabezó redes vinculadas al narcotráfico y delitos con armas, en un expediente que incluye cargos graves y una trama de colaboración con organizaciones criminales. La imputación podría derivar en penas muy altas si prospera.

El caso también anticipa una disputa jurídica: se espera discusión sobre el alcance de la jurisdicción y eventuales planteos de inmunidad, en un proceso que Washington enmarca como “aplicación de la ley”.

Afuera del tribunal hubo manifestantes a favor y en contra de su captura. Foto: Reuters

La audiencia se produce mientras la captura sigue generando repercusiones diplomáticas. El operativo que lo sacó de Venezuela disparó condenas y pedidos de debate en organismos internacionales, con foco en la legalidad de la intervención y sus consecuencias.

Con la declaración de “no culpable”, la causa entra en su etapa formal. El calendario judicial fijará próximas audiencias y definiciones sobre defensa y condiciones de detención, mientras la calle y la política mantienen el caso como una noticia en desarrollo.

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras confirmarse el peor desenlace en la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta. La joven de 22 años, que había sido reportada como desaparecida el 3 de octubre, fue hallada el martes 7 sin vida, con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en un aljibe ubicado en un descampado en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Ante el trágico hecho, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas emitió un comunicado urgente para denunciar la grave situación. La organización lamentó que el caso sea la “representación más cruda de la violencia machista que vivimos a diario y de la indiferencia de un gobierno que nos abandona”.

En respuesta al dolor y la indignación, la Multisectorial ha convocado a una concentración masiva bajo la consigna de emergencia y el hartazgo ante la pérdida de vidas. La movilización tendrá lugar este miércoles 8 de octubre, a las 18.30, frente a Tribunales, en calle Laprida, entre Santa Fe y Córdoba, en Paraná.

“Porque estamos en emergencia, porque nuestras vidas peligran cada vez más, porque no queremos seguir contando pibas muertas, porque estamos hartas, porque esto se tiene que terminar”, clama el llamado a la acción, instando a la ciudadanía a unirse para exigir justicia por Daiana y medidas concretas contra la violencia de género.

El martes finalizó la audiencia de imputación formal e indagatoria del hombre de 55 años, Gustavo Norberto Brondino, apodado “Pino”, detenido en el marco de la investigación por la desaparición de Daiana. El acusado, oriundo de la misma localidad, se enfrentó a cargos por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. Sin embargo, tras ser imputado por la fiscal Emilce Reynoso, titular de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el detenido decidió abstenerse de declarar, tal como lo recomendó su abogado defensor.

Además, se supo que el sospechoso intentó quitarse la vida, pero fue impedido por una persona que evitó que se pegara un tiro.

(Por Juliano Salierni) - El primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe comenzó este lunes en los tribunales provinciales, bajo un importante operativo de seguridad, que involucró la custodia de las 36 personas que fueron citadas a comparecer para la audiencia de selección del tribunal popular.

Cerca del mediodía, las partes se pusieron de acuerdo en quiénes serán los doce jurados -6 mujeres y 6 hombres-, además de dos suplentes por género, que durante lunes y martes, deberán seguir el debate para luego emitir una declaración de “culpable” o “no culpable” sobre Iván Oscar Carrizo, acusado por el homicidio de Lautaro Isaac Leandro, ocurrido hace casi tres años en la capital provincial.

El debate se realiza bajo la conducción de la jueza Rosana Carrara. Foto: Flavio Raina

El proceso, que comenzó puntual a las 9 de la mañana, tuvo como escenario la Sala Nº 1 del subsuelo de tribunales, donde la jueza Rosana Carrara estuvo a cargo de la dirección.

En cuanto a las partes, las componen los fiscales de Homicidios del MPA, Estanislao Giavedoni y Gonzalo Iglesias; los abogados querellantes, Sebastián Gervasoni e Hilda América Knaeblein; y la abogada del Servicio Público de la Defensa, la Dra. Virginia Balanda.

Previo a los alegatos de apertura previstos para después del mediodía, los actores del proceso realizaron preguntas a los potenciales jurados, como un primer método de depuración de la lista.

El fiscal Estanislao Giavedoni realizó preguntas a los postulantes del jurado. Foto: Flavio Raina

El fiscal Giavedoni rompió el hielo con una consulta abierta: “Qué piensan del hecho de participar como jurados?”. Las preguntas tienen la misión de ir conociendo a los ciudadanos seleccionados, su forma de razonar ante determinadas situaciones, sus preconceptos, creencias y con ello fortalezas y debilidades a la hora de tener que resolver sobre el caso.

Luego requirió a los presentes si sabían que se trataba de un juicio por “homicidio” y quiso saber qué pensaban al respecto. “Sentir la palabra muerte, personalmente me estremece el alma”, dijo una mujer que aseguró que no obstante ello “no me impediría ser jurado”.

El fiscal Giavedoni se interesó por saber si alguna vez realizaron compras pactando puntos de encuentro, a lo que varios de los presentes reconocieron haber vendido o comprado por ese método.

Una mujer identificada con el código F17 dijo ser de San Jorge y que una vez vendió un pool a un comprador de la provincia de Córdoba.

El público pudo seguir el juicio en una sala "espejo", en el segundo piso de tribunales. Foto: Flavio Raina

La candidata F22 recordó que “hace un año y medio vendí un auto”, lo que “nos generaba nerviosismo y temor”. Contó que “fuimos acompañados, por supuesto” y que “salió todo bien”.

La pregunta tiene pertinencia dado que así se comenzó a pergeñar el crimen de “Lato”, el joven de Villa Fiorito que el 18 de septiembre de 2022 llegó a Santa Fe, a comprar una moto Honda Tornado, que le ofrecieron a la venta por la red social Facebook.

También hubo preguntas acerca de si conocían el caso, cómo se enteraron y la forma en que se informan habitualmente los candidatos. Pero sin dudas lo que quedó como una marca común a muchos de los presentes es el vínculo de los santafesinos con la violencia urbana.

“¿Alguien alguna vez escuchó tiros, cómo describirían ese sonido?”, lanzó el fiscal al grupo, que comenzó a soltarse en sus respuestas.

“Vivo cerca de las vías y había un período en que se escuchaban (tiros)”, dijo F3. “Siempre escucho los tiros, lo primero que hago es ver que no haya nadie afuera o tirarnos al suelo”, agregó F1. Cuando se escuchan tiros “lo primero que uno hace es resguardar a la familia; en el barrio donde yo vivo se escuchan tiros”, apuntó otro.

Sin dudas el relato más estremecedor fue el de una docente que aunque dijo no conocer de armas, afirmó que “he vivido situaciones de balaceras. Me tocó tirarme al piso con chicos de uno y dos años en una guardería. La única sensación es la de querer resguardo”, sostuvo.

Y el fiscal redobló la apuesta al preguntar si alguien alguna vez fue víctima de un robo o testigo. A lo que las intervenciones se sucedieron con historias directas de potenciales jurados heridos de bala o con allegados que sufrieron ataques armados.

En la misma línea, la defensora Balanda preguntó si alguno de los presentes tenía personas cercanas fallecidas por muertes violentas y las respuestas no se hicieron esperar.

“Yo tenía un primo que lo mataron de un tiro en la cabeza”, expresó M17; al igual que una mujer, identificada como F5, quien también sufrió una situación traumática similar, pero prefirió no ahondar en ello en público.

Es decir que más allá de la heterogeneidad en su composición socio-cultural y etaria (hay jubilados, estudiantes, docentes, etc.), surge a la vista como particularidad que la mayoría de los postulantes cuentan con un vínculo cercano con la violencia urbana, la cual padecen como ciudadanos.

(Por Juliano Salierno) - El viernes 22 de agosto está prevista la realización de audiencia preliminar en una causa que investiga el accionar de empresarios de nacionales y extranjeros vinculados al juego clandestino online, que en mayo de 2024 fueron denunciados por el Gobierno de Santa Fe.

Mientras tanto, la Justicia provincial deberá resolver un nuevo planteo, esta vez de la defensa de los acusados, que pretende una morigeración de las cautelares reales: el equivalente a 1,3 millones de dólares en cripctoactivos.

Las partes aguardan la resolución del camarista Fabio Mudry. Foto: El Litoral

La discusión se produjo el viernes pasado, en una audiencia llevada a cabo en la Sala 5 de los Tribunales de Santa Fe, que estuvo presidida por el camarista penal Fabio Mudry, quien informó a las partes que dará a conocer la resolución a la brevedad y por escrito.

“Fue una apelación horizontal porque en primera instancia (el juez Pablo) Spekuljak nos dio parcialmente la razón sobre los embargos, pero la Fiscalía apeló y en Cámara le reconoció el total del embargo”, informó el abogado Ignacio Alfonso Garrone, que representa a la imputada Justina García de la Peña (37).

“Nos agraviamos y presentamos un recurso horizontal para pedir que revoquen la resolución del anterior camarista (Sebastián Creus) y se rechacen los embargos o los establezca al límite que lo había dispuesto Spekuljak”, amplió el profesional.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, quien explicó que el foco del debate giró en torno a “las cautelares reales”, es decir “sobre los bienes de los imputados”.

Desde la Fiscalía “pedimos que se mantenga el embargo sobre criptoactivos y dinero depositado en determinadas cuentas, para asegurar el posible decomiso” en un futuro juicio.

El Dr. Arietti destacó que el juez Mudry “después de escuchar a todos, propuso resolver por escrito en el plazo de ley, debido a la complejidad del asunto” a lo que “las partes estuvimos de acuerdo”.

“Solicitamos que se confirme la resolución del Dr. Creus en la cual se restablecieron las cautelares reales sobre las personas sometidas a proceso”, dijo el Dr. José Ignacio Mohamad, en representación de Casino Santa Fe, que es querellante en la causa junto con Fiscalía de Estado de la provincia.

Asimismo, reclamó que “se ratifique la competencia de los tribunales provinciales en la investigación de este tramo del proceso” y recordó que “el 22 de agosto tenemos la audiencia preliminar, que va a ser el paso más importante”, previo a un futuro debate oral.

La causa tiene como querellantes a Fiscalía de Estado y Casino Santa Fe. Foto: Agencia

También estuvieron presentes los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener por el resto de los imputados: Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo.

Por la Fiscalía de Estado de la provincia actuaron las abogadas Paola Landa y Valeria Níttoli y el fiscal adjunto Leandro Mega.

El 18 de junio, el camarista Sebastián Creus revocó parcialmente una resolución de primera instancia que habilitaba a las empresas investigadas a volver a administrar importantes flujos de dinero producto del juego clandestino.

Dicha resolución permitió mantener inmovilizadas las cuentas en criptomonedas en las que se acumulan alrededor de 1,3 millones de dólares, que se presume, provienen de lo recaudado en plataformas digitales de juego no autorizado.

La Cámara revirtió una decisión anterior, cuando el 31 de marzo el juez del Colegio de Jueces penales de primera instancia, Pablo Spekuljak, liberó el levantamiento de los activos digitales de las distintas plataformas de criptomonedas que están siendo investigadas, a cambio de un mínimo depósito en dólares (U$S 70.000) a la Aprad.

El caso que se investiga comenzó con la denuncia de los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y de Educación, José Goity y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, presentada ante el MPA el 22 de mayo de 2024.

Las autoridades pidieron recaudos legales contra 273 páginas de juego ilegal, lista que fue ampliada el 19 de junio del año pasado alcanzando los 385 sitios de apuestas online ilegales.

La causa que impulsa el fiscal Agustín Nigro, tiene a siete personas individualizadas -dos de ellas de nacionalidad brasilera- y las empresas Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión, a través de las cuales operaba la organización.

Por último, el delito por el cual se los persigue se encuentra tipificado en el 301 bis del Código Penal, el cual refiere a la "organización de juego de azar sin autorización” y para el cual se prevén penas de 3 a 6 años de prisión.

Esta semana se desarrolla la cuarta etapa de trabajo de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, con encuentros que apuntan a fortalecer la participación ciudadana y el diálogo institucional.

Este lunes, a las 10, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana recibirá a quienes solicitaron audiencia en el recinto de la Cámara de Diputados.

El martes, desde las 10, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías continuará con las audiencias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A las 17, la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales recibirá a representantes de los colegios de abogados de Santa Fe, Rafaela y Reconquista, así como de universidades, al procurador de la Corte y al Sindicato de Trabajadores Judiciales.

El miércoles, a partir de las 14, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías cerrará su ronda de audiencias de participación ciudadana. En tanto, el jueves será el turno de la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, que escuchará a ciudadanos y organizaciones interesadas en aportar su visión sobre los temas en discusión.

Finalmente, el viernes a las 10, la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial realizará la segunda audiencia pública en la Casa del Bicentenario de Reconquista, seguida de una reunión de trabajo.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió este jueves que podría aceptar obra pública y hasta bienes del Estado de la Nación, como parte de pago de la deuda que Anses mantiene con la provincia. A 24 horas de participar de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir con el organismo previsional nacional el monto que se le debe cancelar a Santa Fe, el mandatario concedió que si se demuestra voluntad de pago, la provincia podría aceptar distintas variables, excepto "papeles".

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no -aclaró Pullaro consultado por la prensa-. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal porque eso genera problemas para todos. No cederemos ni un solo centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo. Y lo voy a discutir con la Legislatura también... Pero no cederemos ni un solo centavo. Vamos a ser flexibles en el modo de pago, si hay voluntad de pago", planteó.

El mandatario provincial habló en Santa Fe, tras la reunión en la Corte nacional. Foto: Fernando Nicola

Respecto de la indefinición del gobierno central respecto de una prórroga en la baja de las retenciones -el plazo de la disposición vigente vence el próximo 30 de junio-, Pullaro advirtió que sería "un error" no extender la medida. "Sería un error; implicaría no mirar al interior productivo. Todo lo que genera el campo queda en las ciudades de este interior. Los gringos no se llevan la plata al exterior ni la invierten en criptomoneda; invierten todo lo que ganan en tecnología para poder producir más. Invierten en ladrillos en las ciudades… Por lo tanto, estoy convencido de que si esta política no cambia, la Nación se equivocará y cometerá un error grave".

"Necesitamos que se eliminen las retenciones pero, además, que tengamos una políticas donde cuidamos a la industria. La apertura de nuestro país tiene que ser inteligente y oportuna; es un error del gobierno nacional", sentenció.

Por último, el mandatario aludió a la inversión que está realizando la provincia en materia de obra pública. "El año pasado la provincia invirtió 500 millones de dólares en obra pública con presupuesto propio. Este año invertiremos también con recursos propios que surgen de achiques y de ser más eficientes con el mano de los fondos, otros 1.500 millones de dólares. La semana pasada, tuvimos la ley que nos permite un endeudamiento que también lo vamos a destinar a obra pública. Y si cobramos la deuda de 800 mil o 1 billón 200 mil millones de pesos que le reclamamos a Anses, lo vamos a poner en obra pública", aseveró.

El mandatario resaltó que "tenemos un retraso en la provincia en materia de infraestructura de 8 mil millones de dólares y pretendemos en cuatro años cubrir unos 5 mil millones de ese total para acercarnos a ese desafío de los 8 mil. Con ese monto, vamos a tener mejores rutas, mejor sistema energético, agilizaremos la logística y seremos más eficientes en la provincia para poder generar más trabajo y crecimiento", concluyó.

Veintitrés de veinticuatro gobernadores de distintos espacios políticos resolvieron solicitar una audiencia al titular del Poder Ejecutivo para analizar la situación fiscal, la relación del gobierno central con las provincias e incluso iniciar el debate de una posible reforma fiscal. La decisión surgió al término del encuentro realizado en la sede porteña del CFI y del cual participó Maximiliano Pullaro representando a la provincia.

El objetivo central del encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) era analizar las herramientas de financiamiento para hacer frente a proyectos de infraestructura ante las restricciones del presidente Milei. La reunión comenzó con un punteo de temas donde los gobernadores, en su mayoría, fueron asistidos por sus ministros de Economía. En el caso de Santa Fe, estuvo Pablo Olivares. No obstante gran parte de la reunión fue a solas entre mandatarios con el titular del CFI y sin asesores ni ministros.

A solas, los mandatarios fueron planteando sus diferentes situaciones donde algunos gobernadores admitieron tener serias dificultades para pagar la primera parte del aguinaldo. Esa no es la situación de Santa Fe donde el propio Olivares indicó la semana pasada ante Diputados que la proyección a fin de año garantiza el pago de salarios y obras en ejecución.

Pero gran parte de la reunión la demandó la falta de transferencia de recursos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a las provincias. "La Nación se está quedando, de manera ilegal, de recursos que corresponden a las provincias y tiene afectación específica" dijeron participantes en estricto off the record. También hubo quejas por la falta de transferencia de ATN a provincias, situación que tampoco alcanza a Santa Fe que tuvo dos transferencias en lo que va del año.

Otro tema no ajeno al análisis fue que los impuestos que tienen peor evolución en los últimos meses fueron los coparticipables. Además se empezó a poner sobre la mesa el Presupuesto 2026 que Nación debe enviar al Congreso en septiembre.

El intercambio fue presidido por el titular del CFI, Ignacio Lamothe, quien realizó una presentación técnica sobre el desarrollo de una infraestructura federal. El temario incluyó además la disertación sobre nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de obras públicas que se encuentran paralizadas.

El entrerriano Rogelio Frigerio condujo gran parte de la reunión buscando contemporizar la posición de los diferentes estados argentinos. Los gobernadores acordaron pedir una reunión al presidente integrando una comisión con representantes de los diferentes espacios políticos.

Al término del intercambio, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó: "El Gobierno plantea con vocación reformista una discusión de una reforma fiscal, que eso tiene una contraparte que somos los estados sub soberanos, las provincias, por eso la idea es reflotar de alguna manera el espíritu de cuerpo que tomó en su momento el Pacto de Mayo, y dar esa discusión en conjunto con el Gobierno Nacional".

"La idea es solicitar una audiencia, y que en esa audiencia veamos punto por punto hacia dónde queremos ir", remarcó el mandatario provincial, y añadió: "Vivimos en un país federal, en muchos casos ese federalismo que plantean las normas se ve reflejado mal en asimetrías educativas, sanitarias, sociales".

Asimismo, destacó la coincidencia entre los gobernadores presentes que ven una oportunidad para redefinir una matriz fiscal "que sea más justa, que le quite el pie encima a la producción y al trabajo", y les permita avanzar en la posibilidad de entrar en un esquema de alivio fiscal "inteligente".

"Lo que no podemos volver a hacer como país es atar con alambre sistemáticamente, votar las leyes menos malas, y caer en la de siempre. Tenemos impuestos transitorios que terminaron eternamente haciendo una matriz más regresiva, más distorsiva", criticó.

Entre los presentes se encontraban el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien sorprendió con su asistencia dado que no estila formar parte de las reuniones. Asistieron de manera presencial Sergio Zilliotto (La Pampa), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Poggi (San Luis). Completaron la lista Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Saenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfran (Formosa).

De manera virtual se unieron al intercambio Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalaqcua (Misiones).

Torres cuestionó además el incumplimiento de la Ley de Coparticipación, y propuso reformularla en sintonía con la Casa Rosada. "Hay un mandato constitucional que se viene incumpliendo hace mucho tiempo, que es la necesidad de una Ley de Coparticipación Federal, que como cualquier ley convenio también, necesita una mayoría calificada, y si no nos juntamos, y si no nos ponemos de acuerdo, es discutir en el aire", remarcó.

Según detalló, el pedido de audiencia será elevado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y alcanzará al mandatario para discutir la posibilidad de una reforma fiscal que incluya las necesidades de las provincias. Además, cuestionó el cronograma electoral que incluye elecciones cada dos años ya que considera que "desvirtúan" las discusiones profundas"

Kymco continúa generando espacios de cercanía con usuarios y fanáticos de las motos. En esta ocasión, junto a su concesionario oficial Resonancias, realizó una presentación exclusiva de sus productos en el local ubicado en Av. Eva Perón 7963, Rosario. Allí se exhibió el line up completo de la marca, con foco en la renovada X-Town 250 ABS y los nuevos cuatriciclos MXU 450 y MXU 700, incorporaciones clave en la expansión de su propuesta dentro del segmento ATV.La jornada, pensada para recibir a clientes actuales y potenciales, tuvo como objetivo brindar una experiencia directa con los vehículos, reafirmando el compromiso de la marca y del concesionario con el público local. Durante el encuentro, los invitados participaron de distintas propuestas orientadas al disfrute y la interacción con los modelos exhibidos, incluyendo espacios de asesoramiento y momentos pensados para agasajar a los presentes.Esta propuesta de cercanía con el público rosarino se extendió más allá del concesionario. En paralelo a la presentación en el local, Resonancias también participó activamente del Campeonato Nacional Argentino de Wakeboard, que se llevó a cabo en las instalaciones de Infinite Ride Cable Ski, un espacio de referencia para los deportes acuáticos en Rosario. Este evento, que reunió a destacados riders del país y fue transmitido en vivo a nivel nacional, representa un espacio estratégico para Kymco y su distribuidor oficial. 

“Estar presentes en este tipo de encuentros permite conectar con una audiencia apasionada por los deportes al aire libre y reforzar una identidad de marca asociada al espíritu deportivo, la libertad y la adrenalina, valores que también se reflejan en sus productos”, afirmó afirmó Ezequiel Yott, Gerente comercial de Kymco Argentina.Durante el campeonato, se exhibieron los cuatriciclos MXU, que despertaron gran interés entre los asistentes. El equipo de Resonancias aprovechó la ocasión para ofrecer asesoramiento personalizado sobre las prestaciones de estos modelos, destacando especialmente su versatilidad para el trabajo en entornos rurales y actividades off-road, donde los MXU se destacan por su robustez y rendimiento.

De esta manera, Kymco, junto a su red de concesionarios, sigue fortaleciendo su presencia en el mercado local. La marca, representada en Argentina por Grupo Corven, trabaja de manera estrecha con su cadena de retail para estar cada vez más cerca del consumidor final, compartiendo las últimas novedades, tendencias y lanzamientos. Esta relación con sus concesionarios no se basa únicamente en la venta de productos, sino en la construcción de alianzas a largo plazo, generando vínculos mutuamente beneficiosos tanto para la marca como para sus socios comerciales.

El proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona avanzó con nuevas instancias clave. Este miércoles, se realizará una audiencia en los tribunales de San Isidro, presidida por la jueza María Coello, donde se buscará definir la fecha del juicio por jurados que involucra a varios profesionales de la salud acusados en el caso.

La enfermera Dahiana Gisela Madrid, imputada por "homicidio con dolo eventual". En esta audiencia, la jueza Coello establecerá los plazos para el inicio del juicio por jurados, que podría comenzar a mediados de este año.

Este juicio se desarrollará luego del proceso ordinario en el que están acusados el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos responsables directos de la atención médica de Maradona en sus últimos días.

Además de Madrid, Luque y Cosachov, el proceso judicial involucra a otros profesionales de la salud:

Todos ellos enfrentan cargos por "homicidio con dolo eventual", acusados de negligencia en los cuidados brindados a Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 en una residencia de Tigre.

La jueza Coello citó a declarar a diversas personas del entorno de Maradona, entre ellas:

Sus testimonios serán clave para esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona y definir la responsabilidad de los acusados.

Inicialmente, el juicio estaba previsto para junio de 2024, pero sufrió varias postergaciones. La última reprogramación fijó el inicio para el 11 de marzo de 2025, decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro tras aceptar un pedido de las defensas de Luque, Cosachov y Díaz.

El juicio determinará la posible responsabilidad de los acusados en la muerte de Maradona, quien falleció a los 60 años debido a una insuficiencia cardíaca crónica pocos días después de someterse a una cirugía cerebral. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Desde el próximo viernes 1 de noviembre se pone en marcha en la provincia de Santa Fe el funcionamiento del instituto del Juicio por Jurados, en este caso en la circunscripción judicial N° 5 con cabecera en Rafaela.

En las últimas horas, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó una resolución -2958- solicitando la colaboración de dependencias, organismos y entidades para proceder a la depuración del listado principal de los ciudadanos sorteados para actuar como jurados.

Así, autorizó la publicación de los listados depurados por medios oficiales de comunicación, a fin de que cada ciudadano pueda conocer si ha sido sorteado, y en su caso, pueda denunciar las incompatibilidades que no hubieran sido informadas durante el proceso de depuración.

La convocatoria de los jurados sorteados debe contener la transcripción de las normas relativas a los requisitos, impedimentos e incompatibilidades para el desempeño de la función de jurado, las causales de excusación, las sanciones previstas para el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad y la fecha, hora y lugar exactos de inicio de la audiencia de selección de jurados y del juicio público, haciéndoles saber que deberán comunicar si cambian de domicilio o abandonan la jurisdicción.

Además en el acto de notificación se les explicará a los ciudadanos sorteados el significado de las tareas encomendadas, el cometido que le asigna la ley en razón de su carácter de carga pública y todo otro dato que estime de interés.

Ninguna persona será obligada a desempeñarse como jurado si no ha sido citada con cinco días de anticipación, por lo menos, a la fecha de la audiencia de selección de jurados, se aclaró.

Ser parte de un jurado es un derecho, pero también una carga pública. Corresponde a los argentinos, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, que tengan entre 18 y 75 años.

Los otros requisitos son saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a dos (2) años en la circunscripción judicial correspondiente.

No pueden serlo quienes carezcan de aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función; los fallidos no rehabilitados; los imputados en causa penal dolosa; los condenados por otros delitos (hasta un período variable después de cumplida la pena); los incluidos en el registro de alimentantes morosos; los que hayan servido como jurado durante los tres años inmediatamente anteriores a la designación. Además, hay incompatibilidad en el caso de funcionarios, profesionales del derecho y ministros de cultos.

Los jurados podrán excusarse por las mismas razones que los jueces (amistad, enemistad, parentesco, interés, etc.) o por causas graves, que serán evaluadas. Por negarse a ser jurado sin causal admitida por el juez, o por no cumplir con las obligaciones del cargo, el ciudadano puede ser castigado con una multa no menor al sueldo básico del juez.

Cabe acotar que en virtud de la resolución 2342, dictada el 18 de septiembre, se modificó la 1388 de fecha 22 de julio de 2024 que estableció el respectivo cronograma en busca de solucionar algunas cuestiones procedimentales. En consecuencia, el instituto que iba a comenzar en Rafaela el 1 de octubre se prorrogó para el 1 de noviembre. En el caso de Reconquista, la vigencia fue llevada del 1 de noviembre al 1 de diciembre. En tanto, las nuevas fechas son 1 de febrero de 2025 para Venado Tuerto; 1 de junio para Santa Fe; y 1 de octubre para Rosario.

Débora Cieri, madre de Martina, la primera de las cuatro menores que denunciaron al Hermano Pedro, exdirector del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto quien está imputado por “abuso sexual simple agravado por la guarda”, informó que este miércoles presentaron ante la justicia su oposición a la solicitud que hizo el religioso para poder viajar a España entre el 18 de diciembre próximo y el 7 de febrero del año 2024. En horas del mediodía se dio a conocer la fecha de la audiencia para dar a conocer la resolución de la jueza que entiende en la causa, Paula Borello, autorizando o no al acusado a salir del país, que será el 23 de noviembre a las 11.

Según relató Débora, se enteró del pedido de permiso para viaje a través de una notificación que recibieron el viernes 27 de octubre. “Esta no es la primera vez que ocurre, porque yo radiqué la denuncia en el mes de septiembre de 2021 y en diciembre de ese año, estando ya procesado, pasó exactamente lo mismo, solicitó autorización para viajar dos meses a España para ver a su familia. En ese momento, me llamaron del Juzgado para explicarme que como madre de la víctima tenía todo el derecho a oponerme, cosa que hice, pero a los dos o tres días le otorgaron igual el permiso para que se fuera de vacaciones”, recordó.

A diferencia de aquel momento, cuando la causa recién daba sus primeros pasos, la familia de la víctima decidió adelantase y no sólo manifestar su rechazo a este pedido por la vía judicial, sino también exponerlo públicamente en los medios de comunicación. “Más allá de que el proceso sea otro, haya más denunciantes, nuestro temor es que le otorguen este beneficio e incluso que no vuelva, aunque muestre y presente el pasaje de regreso”, exclamó.

Cieri, junto a familiares y amigos de las víctimas, están convocando también a una movilización que se llevará a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto el día de la audiencia, cuando la Justicia informe si habilitará o no a Pedro a viajar a España. “Tenemos que llenar la sala mostrando nuestra posición, por eso vamos a invitar a todos los que se quieran sumar, va a ser importante para nosotros”, enfatizó. Y añadió: “Si uno no mete presión no se logra nada. La experiencia en todos estos años me ha demostrado que siempre las de ganas las tiene el abusador y no las víctimas”.

“No estamos pidiendo nada de otro mundo, sino sentido común, que no le den el beneficio de salir del país a una persona que está imputada por abuso”, resaltó, indicando que en el mismo sentido, la fiscal Florencia Schiappa Pietra también se opuso a través de una presentación.

Débora Cieri también contó que se está avanzando con la acusación y con ese paso establecer una fecha para el juicio oral y público. “Estamos en las últimas instancias, aunque entiendo que al ser una causa que está en constante movimiento, porque siempre están apareciendo más personas e información, no vamos a llegar a cumplimentar este paso en lo que resta del año y quedará para el 2024”, contó, señalando que lamentablemente hay sólo 4 denuncias, cuando “sabemos que hay muchos más casos, incluso se comunican con nosotros constantemente familiares de víctimas”, aunque estas no avanzan con las denuncias correspondientes “porque somos conscientes de que no es fácil tomar la decisión y someterse a un proceso judicial”.

En este sentido, exclamó: “Yo los entiendo a los padres, porque a mí también me pasó, pero lo que les digo que la única manera de que esto no siga sucediendo es haciendo la denuncia correspondiente. De todos modos, ese discurso muchas veces se me cae cuando vemos el accionar de la Justicia”.

Hablando de su hija y de las demás víctimas que denunciaron al Hermano Pedro, Débora consideró que situaciones como la que están viviendo en estos momentos con la posibilidad de que el victimario pueda salir del país, genera un impacto negativo muy grande en las menores que necesitan que se haga justicia para poder seguir adelante con sus vidas, cargando este dolor que llevarán por siempre, pero con la tranquilidad de que tendrá la pena que establecen las leyes.

“Lo que les ha pasado no tiene una cura, no hay un remedio para sanar, sino que es algo que quedará para siempre. Uno trata de estar y acompañar en el día a día, porque si bien hoy mi hija está muy bien, los cuidados son muchos y diarios”, detalló.

“En vez de estar esperando la fecha del juicio, las víctimas tienen que estar movilizándose, saliendo nuevamente a las calles, para que esta persona no se vaya de vacaciones”, completó.

En lo personal consideró que “es lo que me ha tocado, ser la encargada de poner la cara, la voz, algo que no es grato, pero lo tengo que hacer para que la gente sepa lo que sucede”, sentenció.

Por último, Cleri aseguró que fue “terrible” el modo que utilizó el imputado para solicitar el permiso de viaje, que fue con los pasajes ya comprados. “Sentí y siento que es una forma de mostrar poder, porque sabemos que no es una persona cualquiera, sino alguien que forma parte de una institución como es la Iglesia”, finalizó.

Este jueves se tuvo que interrumpir una de las audiencias, que se desarrollaba por el juicio contra el terrorista uzbeko que asesinó a cinco rosarinos en Nueva York, ante un escándalo provocado por uno de sus familiares. La reacción violenta fue ejecutada por uno de sus tíos quien al grito de “sucios bastardos de ISIS” golpeó una puerta de la sala del tribunal.

El terrorista Sayfullo Saipov.Foto: Archivo

Esta situación provocó que los miembros del jurado abandonaran la sala. Se realizó un impase de dos horas y se retomó el juicio. El tío de Saipov, quien podía declarar, ya no fue considerado por los abogados defensores para que de su testimonio y, además, se le prohibirá la entrada hasta que termine el juicio.

El magistrado le indicó al jurado que el estallido de ira del tío de Saipov no estaba dirigido a nadie de la sala y que durante sus deliberaciones no deben tener en cuenta nada de lo que suceda en la tribuna del recinto.

Quien sí declaró y fue contundente fue el padre del terrorista, Habibulloh Saipov, que declaró: “Cometió una terrible tragedia. Causó la muerte de ocho personas y heridas a muchas más y arruinó sus vidas; me siento muy mal por esto. Me gustaría disculparme delante de todos, de todas las víctimas”.

Hernán Ferruchi, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza, Diego Angelini y Ariel Erlij son los cinco amigos fallecidos de los ocho que habían viajado a Nueva York en octubre del 2017 por el 30° aniversario del fin del secundario en el Instituto Politécnico Superior General San Martín de Rosario.

Este caso no es uno más en la historia mundial de los atentados. Es que se trata del atentado terrorista más sangriento desde el perpetrado por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de los argentinos asesinados viajaron para estar presentes en las audiencias del juicio, entre ellos Ana Evans, la viuda de Hernán Mendoza quien estará junto a sus hijos y por su abogado, Juan Félix Marteau, experto en temas vinculados al combate del terrorismo.

Saipov declaró que quería colocar las banderas de ISIS en las partes delantera y trasera del camión, pero desistió de hacerlo porque no quería llamar la atención. Cuando fue interrogado por la policía dijo que quería una bandera del Estado Islámico en la habitación del hospital y afirmó además que se sentía bien por lo que había hecho. En su teléfono celular tenía videos distribuidos por ISIS y más de 3.800 fotografías relacionadas con el grupo terrorista.

El juicio, que viene durando varias semanas, transcurre en distintas audiencias en las que se analiza la responsabilidad de Saipov, donde el atacante fue baleado antes de que lo arrestaran. Si el jurado lo encuentra culpable, puede condenarlo a cadena perpetua o a ser ejecutado (para lo cual se requiere unanimidad).

El próximo 2 de febrero se conocerá el veredicto final del juicio por la muerte de Lucio Dupuy, el pequeño niño de 5 años torturado, abusado y golpeado en La Pampa. Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de ésta, Abigail Páez, son las acusadas de haber dado muerte al menor la noche del 26 de noviembre de 2021.

En la audiencia número 16, Espósito Valenti declaró y dio su versión de los hechos sobre la vida que llevaba el menor con ella. Lucio hacía meses que vivía con su madre y la pareja de ella en Santa Rosa, La Pampa, y desde su familia paterna era reclamado constantemente.

Magdalena declaró durante 40 minutos y contó que su hijo “llevaba una vida normal” y “era feliz” con ella, ya que mencionó en varias oportunidades que el menor le decía que quería estar con ella. Sin embargo, no mencionó nada sobre las condiciones en las que estaba el cuerpo de Lucio, el cual tenía heridas de larga data compatibles con una larga tortura según la autopsia del caso: estaba mordido, le habían quemado cigarrillos, lo habían golpeado y lo abusaron sexualmente.

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“Yo sólo quiero aclara que teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo”, dijo Espósito.

La madre de Lucio también habló sobre la relación que mantenía con Cristian, el padre del menor, y los abuelos del niño. “Yo nunca tuve problemas con Cristian más allá de que él me haya violentado física, psicológica y económicamente. Yo jamás lo odié, ni tuve un problema con él. Cuando terminamos nuestra relación lo tomé como que había terminado la relación y nada más. Es más, siempre le reclamé que él se preocupara por su hijo y se ocupara de su hijo, que cumpliera su rol como padre”, expresó.

“Con respecto a sus abuelos, lo mismo. Yo nunca tuve problemas con ellos ni se lo negué (a Lucio) a nadie. Jamás tuve ningún inconveniente con que lo vean ni nada de eso. Las veces que han venido para Santa Rosa siempre lo pudieron ver. Nunca puse ningún impedimento para que lo pudieran ver”. Luego agregó, que “si no tuvieron más contacto con él, fue porque no se interesaron”.

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Además aseguró que Cristian no cumplía su rol como padre con Lucio: “La responsabilidad era de los dos. Tanto mía como madre y el cómo padre. Porque no lo hice sola a Lucio. Lo hicimos entre los dos. Él se desentendió siempre. Lo único que hizo fue pasar en algún momento la pensión alimentaria, pero a mí me pareció siempre importante que el estuviera presente”.

Tal y como lo hizo Abigail Páez, Magdalena Espósito evitó hablar específicamente de las condiciones en las que llegó Lucio Dupuy al hospital. Además en ningún momento mostró arrepentimiento alguno.

Los dos jóvenes que fueron sobreseídos en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa y los padres de los ocho rugbiers que son sometidos a juicio declararán este lunes ante el Tribunal de Dolores en la tercera semana del debate y a días de cumplirse el tercer aniversario del homicidio.

Para la 11va. audiencia, prevista a partir de las 9 en los Tribunales de Dolores, ubicados en Belgrano 141, fueron citados ocho testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos jóvenes que veraneaban en Villa Gesell junto a los ahora ocho imputados, quienes en un primer momento también fueron detenidos y que, con el avance de la causa, quedaron sobreseídos por falta de pruebas en su contra.

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Los dos jóvenes que fueron sobreseídos, Guarino y Milanesi enfrentarán una declaración “muy delicada”, ya que al ser citados como testigos tienen la obligación de decir verdad y con sus dichos podrían incriminar a sus amigos o bien autoincriminarse, lo que obligaría al tribunal a suspender sus testimonios ya que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

“Tendrán que moverse en un margen muy fino, entre decir la verdad y no perjudicar a sus amigos y no caer en un falso testimonio”, especuló un vocero con acceso a la causa.

Otro testigo clave de la jornada será Tomás Ítalo Colazzo, amigo de los imputados y quien fue señalado como “sospechoso número 11” por el abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa como particulares damnificados.

“En el caso de Colazzo, también es una situación compleja, por las mismas razones que los dos jóvenes que fueron sobreseídos, a las que se suma que él nunca fue parte de la causa, nunca brindó declaración ni fue interrogado o intervino en el marco de una actuación judicial que puede ser exigente emocionalmente”, explicó a Télam el vocero judicial.

La lista de testigos incluye a Santino Franco Massagli, José Aníbal Leguiza y Juan Ignacio Neme Correa, tres amigos de Blas Cinalli, uno de los ocho imputados, con quienes intercambió mensajes escritos y de audio por la aplicación WhtasApp tras el hecho, entre ellos.

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Por último, declararán bajo juramento de decir la verdad ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 las madres de Máximo Thomsen y de Luciano y Ciro Pertossi.

Rosalía Zárate, madre de Thomsen, quien era funcionaria de la Municipalidad de Zárate y que renunció tras la imputación de su hijo, será el primer familiar de un imputado en declarar como testigo.

En tanto, María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli y tía de Luciano y Ciro Pertossi, será la otra madre en sentarse frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

Fuentes de la fiscalía informaron que los padres y madres de los acusados que brindarán testimonio entre lunes y martes son ‘testigos de concepto’, y que será la defensa -que los convocó a declarar- la que se encargará de demostrar en el juicio cual puede ser el valor de sus eventuales aportes respecto del hecho analizado en el fallo.

Según el artículo 234 del Código Penal Procesal bonaerense, los padres y madres no pueden declarar contra sus propios hijos, por lo que se cree que la parte acusatoria no les va formular preguntas durante el interrogatorio.

Está previsto que los padres de Fernando presencian las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales, como ocurrió durante las jornadas anteriores.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano, Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.

A tres años de su salida en libertad, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino declararán este lunes en el juicio que se le sigue a los 8 rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell. Hay alta expectativa por lo que pueden llegar a declarar en la jornada número 11 del juicio oral.

Hasta el final de la segunda semana del juicio, los testimonios de Milanesi y de Guarino se esperaban para la última de las audiencias pero tras una reorganización en el cronograma de testigos, el abogado de los acusados confirmó que iban a declarar el lunes 13 de enero.

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También lo harán T.I.C. (el denominado “rugbier número 11″, menor de edad al momento del hecho, que estuvo con los acusados esa noche pero jamás fue imputado), José Aníbal Leguiza, Santino Massagli (amigos de Blas Cinalli) y Juan Ignacio Neme Correa (amigo de los imputados).

Son las personas con las que los acusados mantuvieron contacto vía WhatsApp o telefónico luego del hecho. Santino Massagli fue el destinatario del mensaje: “Amigo, flasheamos, creo que matamos a uno”, escrito por Blas Cinalli.

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A diferencia de los ocho imputados finales, a los que dejó con prisión preventiva y acusados de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”; la fiscal de instrucción Verónica Zamboni solicitó que Milanesi y Guarino no continuaran detenidos, ya que no había evidencia suficiente para ubicarlos en el lugar y el momento de la agresión que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa. David Mancinelli, juez de garantías, validó la decisión.

Diez meses más tarde, el 16 de noviembre de 2020, Zamboni pidió su sobreseimiento.

Este lunes por la mañana, en el comienzo de la sexta jornada del juicio por el crimen de Fernando Baéz Sosa en Villa Gesell, los ocho rugbiers acusados se presentaron sin el barbijo y a cara descubierta.

Se trata de la primera vez que desvelan por completo su rostro. Se estima que puede ser una estrategia de la defensa ya que habían sido cuestionados por este motivo. No tomaría mucho relevancia este supuesto movimiento ya que en primera instancia se le solicitaba a todos los presentes en los tribunales de Dolores portar el tapabocas.

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La difusión de los rostros de Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blass Cinalli y Ayrton Viollaz, acusados de la muerte de Fernando, fue habilitada por la fiscalía.

El forense que realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, cuatro médicos, dos policías y funcionarios municipales y judiciales son los testigos se encuentran en la lista de personas que declaran este lunes.

Si bien en primer momento estaba programado que durante esta semana declaren más de 50 testigos, muchos de ellos no fueron notificados finalmente por las partes, por lo que se prevé que el número sea menor al pautado inicialmente.

El Gobierno nacional convocó oficialmente para el 4 de enero próximo a una audiencia pública para definir los ajustes tarifarios del servicio de transporte y distribución de gas a nivel nacional, que se aplicarán a partir de febrero.

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 523/2022 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicada este martes en el Boletín Oficial. En la audiencia, que se realizará de manera virtual, se tratarán los “nuevos cuadros tarifarios de transición” que solicitarán las operadoras privadas.

Según lo dispuesto, el 4 de enero a partir de las 09:00 y desde la Ciudad de Buenos Aires, se debatirá sobre la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural, de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes y el traslado a tarifas del precio de gas.

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Quienes estén interesados en participar de la audiencia tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre inclusive para inscribirse a través de la página web del Enargas. En tanto, las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán, a efectos de su pertinente publicidad, presentar ante el ente regulador -con fecha tope el 16 de diciembre- los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, “así como la información de sustento de los mismos que permita poner a conocimiento de la ciudadanía, usuarios y usuarias, el contenido propuesto para la adecuación transitoria de las tarifas bajo el Régimen Tarifario de Transición”, de acuerdo con la Resolución.

Los aumentos tarifarios a debatir incluyen a las transportadoras TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas, Ecogas y Redengas.

En la convocatoria, el Enargas recordó que el decreto 1020/20 estableció que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

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En ese sentido, indicó: “El establecimiento de un régimen tarifario de transición aparece como conveniente y como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias, debiendo tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.