Después del "7 a 0" que asestó el Senado nacional al gobierno de Javier Milei el 22 de agosto, cuando convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, además de rechazar los decretos sobre el INTA, INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos e institutos culturales, se espera otro revés para el oficialismo este jueves.

Para las 11 está convocada la sesión ordinaria de la Cámara alta en la que figura, como primer tema, el rechazo al veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, es decir, por la totalidad de los representantes territoriales.

La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada de Diputados el 20 de agosto, y el gobierno nacional publicó el veto total el 12 de septiembre, luego de anticipar una convocatoria a una mesa federal con gobernadores "afines" de cara a la etapa que se abrió tras la derrota electoral en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron el viernes en Río Cuarto

Menos de una semana después, el tema vuelve al Senado, esta vez con la intención opositora de reunir los dos tercios que permitan rechazar el veto. Si se logra este objetivo, el asunto deberá cosechar la misma proporción de votos en Diputados para que la ley quede vigente.

Como se dijo, el presidente Milei vetó en su totalidad la Ley 27.794, que disponía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyeran de manera automática entre las provincias bajo el mismo esquema que la coparticipación federal. La decisión fue oficializada a través del decreto 652 el 12 de septiembre, el mismo día en que los gobernadores de Provincias Unidas se reunían en Río Cuarto (Córdoba) para plantarse como alternativa "al mileismo y al kirchnerismo".

Allí los mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Jujuy (Chubut estuvo presente de manera remota y Santa Cruz no llegó a asistir a la cita) y el ex gobernador Juan Schiaretti cuestionaron la decisión del oficialismo de retacear estos fondos y adelantaron que iban a insistir con la ley.

En los argumentos del veto, se expresa que el proyecto sancionado por el Congreso "altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y priva al Estado nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros".

SE plasma allí que el Gobierno defiende el carácter extraordinario de los ATN, creados por la Ley 23.548, al señalar que "constituyen un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas", como la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 o las recientes emergencias hídricas, económicas y alimentarias que afectaron a distintas jurisdicciones en 2024 y 2025. Precisamente, en los últimos días, cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, recibieron ATN. En el caso del territorio gobernado por Maximiliano Pullaro, para atender la emergencia por las lluvias.

En ese sentido, el decreto aclara que los ATN no forman parte de la masa coparticipable sino que son un fondo "complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales".

La Casa Rosada sostuvo que "lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, el carácter no automático de tales fondos responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación".

Entre los argumentos más fuertes, se advirtió que "el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales".

El texto también alude a la necesidad de un debate más amplio sobre el sistema de coparticipación, e invoca el Pacto de Mayo (firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán por la mayoría de los gobernadores). Allí, argumenta, se incluyó como una de sus cláusulas centrales la rediscusión integral del régimen de coparticipación federal de impuestos.

Finalmente, el Gobierno justificó la medida como un acto de responsabilidad institucional: "Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias".

Por ahora todo es expectativa en el Congreso, que este miércoles tenía una agenda cargadísima con el rechazo a dos vetos y el jueves, podría rechazar otra disposición presidencial.

El gobierno nacional transfirió el pasado viernes $ 12.500 millones a cuatro provincias por Aportes del Tesoro Nacional. Lo hizo como gesto político tras haber vetado la ley promovida por los gobernadores para hacer de ese concepto un fondo de coparticipación automática.

Las provincias que recibieron fondos fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por igual cifra y Chaco por $ 2.500 millones.

En el caso santafesino, el fondo fue requerido por la Casa Gris por las anormales precipitaciones del 30 de agosto pasado. María Teresa fue la localidad más afectada, con registros de precipitación que superaron los 340 milímetros, lo que provocó el ingreso de agua en numerosas viviendas.

María Teresa es la localidad que sufrió el mayor impacto por la acumulación de agua durante la última tormenta de Santa Rosa.

Arteaga, La Chispa y Christophersen también registraron acumulados extremos de lluvia, superando los 270 milímetros en pocas horas. El Carcarañá desbordó su cauce y generó el corte total de la Ruta Nacional N° 9.

En Arroyo Seco, siempre por la lluvia, hubo inundaciones significativas debido a los 320 milímetros caídos y el desborde de los arroyos Seco y Frías.

María Teresa es la localidad que sufrió el mayor impacto por la acumulación de agua durante la última tormenta de Santa Rosa.

Desde la administración Pullaro señalaron que los fondos recibidos cubren la mitad del costo de los daños por los cuales se solicitó la asistencia extraordinaria del gobierno central, que es depositaria -pero no "dueña"- de los ATN.

Los Aportes del Tesoro Nacional están regulados principalmente por la Ley 23.548, que establece el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias.

En ella se establece que el equivalente al 1% del total a repartir, queda a discreción del PEN para auxiliar a las provincias en casos de emergencia o desequilibrios financieros.

Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen este viernes en Río Cuarto, Córdoba. Allí se encuentran el anfitrión Martín Llaryora, y Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por ese espacio en la provincia mediterránea, junto con el santafesino Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Por cuestiones de agenda, no fueron de la partida el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal.

Con el telón de fondo de la convocatoria a la creación de una Mesa Federal para impulsar el diálogo con los gobernadores, aunque no llegaron invitaciones formales aún y se materializaron encuentros solo con tres, y el veto total a la ley que fijaba pautas de distribución para los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), se espera un pronunciamiento de los integrantes de este nuevo espacio político. Provincias Unidas se presenta como una alternativa entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo en las intermedias legislativas de octubre pero, más a largo plazo, para las generales de 2027.

Encuentro de Provincias Unidas, con Pullaro invitado y con Llaryora como anfitrión.

“Desde este grupo va a salir un presidente. No me imagino que la Argentina vuelva atrás”, declaró semanas atrás el santafesino Pullaro en relación con esta agrupación de gobernadores, a la que se sumó recientemente el correntino Valdés.

Los cuatro gobernadores, junto a Schiaretti, mantuvieron a primera hora un encuentro con la Mesa de Enlace provincial, del que participaron representantes del mismo organismo a nivel nacional. Al mediodía tenían prevista una conferencia de prensa en la que se esperan definiciones sobre las políticas nacionales, incluido el veto a la ley que impulsaron todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA y un reclamo por la eliminación de las retenciones en un claro apoyo a la producción y el campo.

A las 12.17 dio inicio la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación. Pedida por varios presidentes de bloques, entre ellos de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el encuentro se anticipa como una verdadera pulseada con el gobierno nacional, ya que en el temario figuran varios de los temas incómodos para la administración central.

Entre ellos, se pondrán a consideración cuatro vetos presidenciales, entre ellos el aplicado a la declaración de la emergencia en Bahía Blanca (afectada por el trágico temporal del 7 de marzo) que ya fue ratificada por el Senado. De quedar firme la ley en la Cámara baja, sería el primer veto que se rechaza a Javier Milei.

Los otros tres refieren a la ley de emergencia en Discapacidad (que se trataría en primer término). Sobre este tema hay versiones de un anuncio oficial sobre asignación de fondos al sector que viene reclamando recortes y desfinanciamiento y marchará al Congreso para seguir de cerca el debate. Los otros dos vetos a considerar son el aumento a jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Esta última es la que tiene menos chances de prosperar pero se mantiene en el temario y ya se sabe que los resultados se confirman con los votos.

De todos modos, el gobierno ya anticipó, a través del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, que no tiene recursos para afrontar el costo económico de revertir los vetos.

También los dos proyectos de ley impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA están incorporados al temario para este miércoles: se trata de la distribución de los ATN y modificación del reparto del impuesto a los Combustibles Líquidos.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: HCDN

Todo indica que la convocatoria a la comisión investigadora del caso $Libra estará presente en el debate. Días atrás, se logró dictamen para avanzar en su conformación y dirimir una cuestión central que mantuvo trabado su funcionamiento: la elección de autoridades, luego del empate entre oposición y oficialismo en su conformación. La propuesta acordada por mayoría dispone que si esa situación se sostiene, la presidencia deberá corresponder al bloque con mayoría en la Cámara, a la vez que otorga un nuevo plazo, hasta noviembre, para que se expida el grupo de investigación.

Hay más temas en agenda: el cambio del huso horario que impulsa el mendocino Julio Cobos y la modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, sobre actualización de montos por el delito de evasión que viene liderando el cordobés Oscar Agost Carreño.

Para el mediodía ya habrá sesionado la comisión de Labor Parlamentaria que reúne a los jefes de bloques con el presidente de la Cámara Martín Menem para organizar la agenda de la sesión.

Todo esto ocurre horas después de que el Senado lograra dictamen para llevar a su propio recinto las emergencias para la salud pediátrica y el financiamiento universitario. Y al tercer día del cierre de listas para las legislativas de octubre que dejó a varios desairados en el camino y legisladores y legisladoras, como la PRO María Eugenia Vidal, que ya avisaron que no ocuparán ningún cargo público desde el 10 de diciembre.

Por ahora, las adhesiones y rechazos que cosecharán cada uno de los proyectos, la mayoría muy incómodos para el gobierno de Javier Milei, son una verdadera incógnita. Habrá que esperar a que transcurra buena parte de la jornada (se anticipa una sesión larga) para conocer el resultado. Una buena concurrencia de manifestantes, entre ellos jubilados y personas con discapacidad, lo hará en inmediaciones del Congreso.

Los efectos de la última sesión de Diputados, además de los proyectos con media sanción (universidades y Garrahan) y el rechazo a cinco decretos presidenciales, aplican también a la activación de una serie de temas que venían siendo postergados en las respectivas comisiones.

Mediante una serie de emplazamientos votados en el recinto, se activó una agenda de reuniones para este martes y miércoles que se nutre precisamente con esos temas, la mayoría de ellos incómodos para el oficialismo.

El cronograma abarca a seis comisiones que, pese a la "semana corta" por el asueto del viernes y los rigores de los términos electorales, tendrán plena actividad durante estas 48 horas. En todos los casos, el interés de los partidos de la oposición estuvo dirigido a la producción de dictámenes que puedan ser incluidos en la próxima sesión, que seguramente tendrá lugar la semana que viene.

Intensa agenda legislativa para la semana.

La primera reunión fue convocada para este martes a las 17, con la confluencia de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la diputada del Pro Silvia Lospennato.

Es la única de las convocatorias que no incluye a Presupuesto y Hacienda, y fue convocada a los efectos de considerar el expediente presentado por un grupo de diputados de buena parte de la oposición, encabezados por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para tratar un proyecto que destrabe la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, mediante la elección de sus autoridades y pautas de funcionamiento. El emplazamiento en este caso se consiguió con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.

La actividad en materia de comisiones emplazadas fijó su siguiente escala este miércoles a las 10.30, con un plenario de Acción Social y Salud Pública, comisión que encabeza el tucumano Pablo Yedlin, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert.

El tema apuntado en este caso fue el proyecto que crea el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral. Este proyecto impulsado por el diputado Facundo Manes cuenta ya con dictamen de la Comisión de Salud, y atiende la situación mental de aquellas personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

A través del mismo se establece la creación de un "Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA)", orientado fundamentalmente a la prevención, la investigación básica y aplicada, la detección temprana, la atención, tratamiento y cuidados adecuados de las personas con estas patologías, así como la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas.

Para las 12 fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda solamente para cumplir con el emplazamiento correspondiente a la modificación de la Ley 11.672, complementaria permanente de Presupuesto, que es una de las iniciativas impulsadas por los gobernadores y en este caso tiene que ver con el reparto de ATN.

A las 14, las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que encabeza Daniel Gollán (UP) y la de Presupuesto, fueron citadas para tratar un proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sector científico. Se trata de un tema que tiene dictamen de la primera comisión citada desde hace más de un año.

Finalmente a las 16, la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía y Combustibles, que preside la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, para tratar una iniciativa referida al impuesto a los combustibles, que establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.

La oposición mantiene su agenda de temas.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto aludió a la cuestión de los decretos del Ejecutivo en uso de facultades delegadas que fueron rechazados en la última sesión, y salió al cruce de la interpretación oficial de que conservan vigencia.

Por un lado, rechazó la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional y destacó que, durante la aprobación de la Ley Bases y las facultades delegadas, el Congreso fijó límites para la labor del ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. "Por ejemplo, el INTI, el INTA o el Banco Genético no estaba dentro de los organismos que podían ser disueltos o modificados", sentenció.

Por el otro, advirtió que "el Poder Ejecutivo debía informar al Congreso todos los meses los avances que se tomaron respecto al tema de las delegaciones. Nunca lo hizo". Y añadió: "Además el Congreso tiene atribución de revisar si la delegación que otorgó la hizo dentro de los marcos razonables. Tiene que haber siempre un criterio de razonabilidad"

El presidente Javier Milei brindará este jueves a las 21 una declaración por cadena nacional, en la que se referirá a los proyectos aprobados por la oposición en la Cámara de Diputados y a los vetos que ya firmó, así como a otros que anticipa contra nuevas leyes que considera contrarias al equilibrio fiscal.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Hoy a las 21 horas hay una cadena nacional que brindará el Presidente de la Nación, precisamente haciendo alusión a los vetos y a lo ocurrido en el Congreso”, afirmó.

El miércoles, el oficialismo sufrió una fuerte derrota política en la Cámara baja, donde perdió 12 votaciones consecutivas. Entre las medidas que obtuvieron media sanción están los aumentos para universidades nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y la derogación de decretos clave sobre organismos como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y los institutos culturales.

El oficialismo sufrió una dura derrota en Diputados con 12 votaciones perdidas. Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Además, los bloques opositores lograron emplazar a comisiones para tratar los proyectos de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de beneficios para combustibles, impulsados por todos los gobernadores y ya aprobados por el Senado.

Aunque el Poder Ejecutivo anticipó que vetará todas esas iniciativas, el resultado parlamentario dejó al oficialismo en una posición delicada. Si las cámaras legislativas alcanzan los dos tercios, los vetos pueden ser rechazados y las leyes quedarían firmes.

Con ese objetivo, la oposición ya planea convocar a una nueva sesión para el 20 de agosto. La intención es aprobar definitivamente los proyectos de los gobernadores y, si consiguen los votos necesarios, avanzar con el rechazo a los vetos presidenciales de la ley de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

Las leyes en cuestión fueron vetadas por Milei en las últimas semanas, lo que generó un fuerte repudio de asociaciones civiles, organizaciones sociales y hasta sectores moderados del Congreso.

Guillermo Francos ratificó que el Gobierno vetará todo lo que afecte el equilibrio fiscal.

En paralelo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo la línea dura del oficialismo. “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, ratificó, reconociendo la derrota parlamentaria pero manteniendo firme la estrategia del Ejecutivo.

Francos fue más allá y desafió al Congreso en relación con los decretos de facultades delegadas que el Senado y Diputados buscan derogar. “Va a tener algún impacto, pero no demasiado. Ya están firmados e instrumentados”, afirmó. Y agregó: “Sacamos personal, reordenamos organismos y concentramos la decisión del gasto en los ministerios”.

Con este escenario, la cadena nacional de esta noche será clave para conocer cómo el Presidente buscará reordenar su relación con el Congreso y defender los ejes de su programa económico.

Gabriel Rossini

El gobierno nacional distribuyó los primeros cinco meses del año solo el 22 por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), unos 80.500 millones de pesos sobre un total de 365.809 millones, a 13 provincias argentinas; de acuerdo con la información suministrada por el ministerio de Economía de la Nación.

Destrabar la distribución de los ATN más redistribuir el Impuesto a los Combustibles (ITC), fueron los temas principales de la reunión que este lunes mantuvieron 22 gobernadores más el jefe del gobierno porteño en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quienes denunciaron la falta de respuestas del gobierno nacional y acordaron elaborar un proyecto de ley para terminar con esta situación.

De las 13 provincias que más fondos recibieron, Neuquén es la más beneficiada con el 18,6% del total distribuido, seguida de Buenos Aires (12,4%), Salta (11,8%) y Santa Fe (11,2%), acumulando estas cuatro provincias el 54% del total, difundió el portal Santa Fe en Números.

El objetivo de los gobernadores es que el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y las provincias "de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria", en un contexto de el "marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno nacional como de las provincias" producto de la caída de la recaudación por la menor actividad económica.

Los gobernadores de las provincias, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, volvieron a encontrarse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tuvieron un encuentro con representantes del Gobierno nacional y redactaron un proyecto de ley elaborado en forma consensuada para redistribuir el Impuesto a los Combustibles (ITC) y destrabar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), luego de denunciar la falta de respuestas por parte de la Casa Rosada.

En el encuentro de este lunes hubo representación de 22 de los 24 distritos. Los únicos ausentes fueron Formosa y Corrientes.

Pullaro viajó al encuentro con el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Ante la falta de acuerdo entre la Casa Rosada y las provincias, los mandatarios resolvieron dar otro paso como es presentar un proyecto de ley en el Congreso para que los recursos del ITC vuelvan a las provincias. El planteo de los gobernadores es modificar la distribución de impuesto eliminando los fondos fiduciarios (muchos ya eliminados por este gobierno) y asignando todo lo que tiene como destino esos fondos fiduciarios a distribuir entre las provincias.

El ITC nació en abril de 2005 cuando el Congreso dictó Ley N° 26.028 que creó el impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil con afectación específica al desarrollo de proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes; a compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor, al transporte de cargas por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga.

Para su instrumentación fueron creándose fidecomisos para afectar los fondos, muchos de los cuales fueron derogados por este gobierno a partir de la sanción de la llamada Ley Bases.

Ayer, al finalizar la cumbre en el CFI, los dirigentes presentes firmaron un documento anticipando que el proyecto de ley contemplará la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el ITC "para que tanto Nación como las 24 provincias jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina".

En el mismo sentido, incluirán que el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y las provincias "de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria", teniendo en cuenta el "marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno nacional como de las provincias".

El texto que se presentará en el Congreso aclara que la iniciativa "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis".

Semanas atrás, los distritos le habían presentado una iniciativa similar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a dar una respuesta para el siguiente encuentro. Ayer llevaron la contraoferta su número dos, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, los mandatarios consideraron que la contestación "tuvo gusto a poco".

En concreto, las provincias ahora buscarán que un 48% del impuesto a los combustibles líquidos sea administrado por Nación mientras que el 52% restantes quede en manos de las jurisdicciones. La idea, tal como aclara el comunicado final, es que los montos se distribuyan a través del índice de coparticipación federal.

Los gobernadores crearon una comisión que tendrá a cargo la redacción del proyecto que, en principio, contará con el visto bueno de los 24 dirigentes de todo el país. Será una puerta de entrada para negociar más que un fin en sí

Terminado el encuentro en el CFI, los gobernadores se cuidaron de deslizar posturas personales y buscaron dar una señal de peso con el comunicado conjunto. De hecho, no hubo voceros que manifestaran ante los medios los menesteres de la reunión.

En la Casa Rosada se limitaron a bajarle el tono al encuentro y apenas ponderaron que se desarrolló en buenos términos, al tiempo que pusieron el énfasis sobre la voluntad de diálogo entre la partes. En cambio, sí admitieron que sostendrán las conversaciones en diversas mesas de trabajo, donde los distritos llevarán sus inquietudes.

La reunión de este lunes es la continuidad de la que tuvo lugar el pasado 3 de junio, cuando los jefes provinciales pusieron sobre la mesa un pliego de reclamos transversales a Nación. El resultado de dicho encuentro fue un pedido de audiencia con Javier Milei, que, si bien no se concretó, si derivó en una reunión de un puñado de gobernadores con Guillermo Francos.

Las provincias se quejan por la baja de los fondos que la Nación sí debe transferirle de manera automática por vía de la coparticipación. Una estimación del CFI advierte de que esos fondos tendrían una variación de -4% para final del año. El porcentaje de coparticipación es un recurso muy importante para las provincias ya que implica en muchos casos más del 50% de los recursos y sobre la caída varias provincias culpan a la Nación. Consideran que la baja de esos ingresos es consecuencia de algunas medidas desregulatorias que adoptó la gestión libertaria, como los cambios en los impuestos internos para celulares y otros dispositivos, así como la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

Además Nación dejó de lado programas que debieron ser asumidos por las propias provincias. No obstante, las provincias exhiben un panorama fiscal bajo control, tras un ajuste significativo en 2024 que permitió a 21 de los 24 distritos alcanzar superávit primario. Se estima que hubo una contracción del 15% del gasto en términos reales durante el año pasado.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó en la red X los alcances de la reunión de mandatarios en el CFI. "Acordamos la presentación de un proyecto de ley para coparticipar directamente recursos que nos pertenecen, sin afectar las finanzas nacionales, pero en defensa de nuestros intereses federales. Son fondos que se encuentran atrapados en fideicomisos, y que la nación no los está distribuyendo, y que son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones", informó.

También el bonaerense Axel Kiciloff informó sobre el proyecto para garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables que les pertenecen a las provincias. "Un trabajo conjunto muy importante para consolidar el federalismo y defender los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo y que significan más salud, más educación, más infraestructura y más derechos para mejorar su futuro", señaló en X.

En tanto, el chubutense Ignacio Torres escribió que "seguimos impulsando una reforma fiscal que termine con el esquema distorsivo, regresivo y profundamente injusto que durante años ahogó a las economías regionales y castigó a la producción y al empleo". Dijo que con funcionarios nacionales se habló "para avanzar en la eliminación de todos los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Además, propusimos suprimir los Aportes del Tesoro Nacional y redistribuir ese 1% de la masa coparticipable federal según el coeficiente que le corresponde a cada provincia. Estamos hablando de derechos y obligaciones: porque sin un federalismo real, no hay futuro posible. Y porque ya es hora de que desaparezcan esas herramientas, funcionales a la casta política, que fueron utilizadas durante tantos años con la lógica del látigo y la chequera", marcó.

El tucumano Osvaldo Jaldo señaló que firmaron el proyecto de ley que "permitirá que cada provincia pueda decidir cómo y dónde invertir, según sus propias necesidades". También establece la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aplicando criterios objetivos de urgencia y desbalance fiscal, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la Nación. Los presentes coincidimos en que se trata de una herramienta concreta para devolverle autonomía a los gobiernos provinciales".

El tucumano se ocupó de agradecer especialmente al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, "por su disposición al diálogo institucional, ya que es fundamental que Nación y provincias podamos trabajar con responsabilidad y respeto mutuo".

El gobierno provincial destinará el Aporte No Reintegrable del Tesoro nacional (ATN) a mejorar la situación de caminos y otras infraestructuras dañadas por las lluvias de los últimos meses al norte santafesino.

Una parte importante del monto de cinco millones de pesos será adjudicado a la ciudad de Vera que padeció lluvias superiores a los 400 milímetros en muy pocas horas. "El objetivo será recuperar calles anegadas y ejecutar obras en tres alcantarillas de la ruta nacional 11 que obstruyen la salida de agua de esa ciudad", anticipó el gobernador Maximiliano Pullaro a El Litoral.

El resto de los fondos serán destinados a reparar caminos dañados en los departamentos norteños pero también para reponer columnas del tendido eléctrico que fueron afectadas.

El gobierno provincial, mediante el decreto 1151, aceptó los fondos transferidos por el gobierno nacional. "Acéptase la contribución sin reintegro realizada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación con cargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, artículo 3º Inciso d) y artículo 5º de la Ley Nacional Nº 23548", arranca.

"Por la suma total de $ 5.000.000.000,00, para ser destinada a la emergencia climática que atraviesan distintas zonas de la Provincia de Santa Fe, de conformidad a la Resolución Nº 230/25 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación", señala el artículo inicial del instrumento santafesino.

Más adelante, se autoriza a la Tesorería General de la Provincia a transferir los fondos que se encuentran depositados en la Cuenta Bancaria Nº 17972/04: "Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Afectados" a la Cuenta Nº 9001/04: "Rentas Generales". Por otra parte, delega en el ministro de Gobierno e Innovación Pública la facultad de asignar los fondos aceptados.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública realizará las acciones de seguimiento y monitoreo de obras, trabajos y erogaciones que se efectúen en atención de la emergencia.

Y con utilización de los recursos por parte de los Municipios y Comunas a los que se les asignen los respectivos fondos, independientemente de las rendiciones de cuentas que correspondan en el marco de la Ley N° 12510.

Como se recordará entre la noche del lunes 26 y la madrugada del martes 27 de mayo una feroz tormenta azotó a la localidad norteña de Vera.

Registros oficiales apuntaron a que la caída de lluvia superó los 400 mm y provocó serios daños en el entorno urbano y rural de la zona.

A raíz de las anegaciones provocadas por la intensa lluvia, se evacuaron unas 120 personas y otras 25 fueron llevadas a un hospital.

La advertencia presidencial de que el ajuste llegaría con más fuerza a las provincias se terminó cumpliendo con creces. En las últimas semanas, dos golpes fuertes y sucesivos fueron asestados por el gobierno nacional: el retiro del Fondo Compensador del Transporte, destinado a subsidiar parte del servicio en el interior, y la negativa a prorrogar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que en distintas proporciones se utiliza para cubrir parte de los salarios del sector.

Además, se dejó de girar el 30% del impuesto PAIS que se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios, tema este último que ya venía siendo motivo de queja por parte de los mandatarios provinciales.

Para cada disposición, el Ejecutivo tiene su argumento formal; para la política la única interpretación que cabe es que se trata de una suerte de represalia luego del fracaso de la Ley Ómnibus en Diputados.

"Traidores" fue uno de los calificativos que destinó el propio presidente Javier Milei a mandatarios provinciales que plantearon en forma directa o a través de los representantes provinciales en la Cámara baja objeciones al mega proyecto de ley. Y no hubo distinciones: el adjetivo fue para todos, incluso para aquellos que mostraron desde el primer momento el ánimo de acompañar el despegue de la nueva gestión.

Ahora si parece haber matices en la mayor o menor permeabilidad del gobierno nacional a restablecer el diálogo.

Por caso, este lunes, en su primera visita al interior luego de resultar electo Presidente, Javier Milei compartió foto con el correntino Gustavo Valdés. Fue en el marco de una fugaz visita sin agenda oficial a la provincia mesopotámica para participar del décimo aniversario del Club de la Libertad. En el aeropuerto hubo apretón de manos y cordial abrazo e intercambio de palabras con Valdés, en presencia del chaqueño Leandro Zdero. Según trascendió, Corrientes recibió ATN por unos mil millones de pesos.

Otro es el tratamiento para la provincia de Salta, adonde viajó el ministro del Interior Guillermo Francos, junto a la vice Victoria Villarruel, que lo hizo previamente. En "la linda" se reunirá con los mandatarios massistas Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones); los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); y el radical Alberto Bernis, vice de Carlos Sadir (Jujuy).

Los encuentros del funcionario que es nexo entre el Ejecutivo nacional y los territorios provinciales no terminarán allí. Para la próxima semana está previsto que viaje a Mendoza en el marco de los festejos pro la vendimia. Allí será recibido por el gobernador de la UCR, Alfredo Cornejo.

Del otro lado, se abrieron distintas vías de reclamo que incluyen la instancia judicial. Es el caso de Ignacio Torres (Chubut), quien presentó una cautelar ante la Justicia Federal para exigir "el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros"; Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que instruyó a la Fiscalía de Estado que inicie acciones legales por el recorte de fondos; Ricardo Quintela (La Rioja), para plantear la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 y Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) que intimaron al gobierno nacional a no tomar ninguna medida inconsulta ante el vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en defensa de los recursos naturales que, recalcaron, "son potestad de las provincias".

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los blancos preferidos del presidente Milei en su descargo a través de las redes sociales y de sucesivas entrevistas, a la hora de buscar responsables por al caída de la "ley ómnibus".

Desde la provincia mediterránea se mantiene la tesitura de no responder agravios y esperar el diálogo.

"Tengo expectativas, espero que se bajen los decibeles y veo un cambio de actitud en el Gobierno. Estamos abiertos al diálogo y al consenso con el gobierno nacional. Queremos ayudar, pero para eso dependemos de que nos convoquen, sabiendo que ante cada cosa que afecte a Córdoba no me voy a quedar callado", decía el mandatario cordobés este fin de semana. Hasta el momento no se anunció ningún encuentro ni acercamiento por parte de Nación.

En ese contexto, el gobernador santafesino, llamativamente elegido como uno de los principales blancos de los disparos presidenciales, optó por evitar la confrontación directa: no tiene resuelto ningún tipo de acción judicial y también prima la idea, hecha extensiva a sus colaboradores, de no responder los ataques.

Pullaro participó el viernes pasado del encuentro virtual con sus pares de Juntos por el Cambio, en el que se mostró unidad de criterio entre los mandatarios, y se ratificó la predisposición para afrontar los conflictos por la vía del diálogo, si el gobierno nacional se decidiera por ella.

En todo caso, el santafesino apuesta a potenciar y exhibir el potencial productivo de la provincia, como una suerte de salida "hacia adelante" de la situación planteada por los recortes nacionales.

Así lo dejó en claro este lunes cuando recibió a diputados nacionales que representan a Santa Fe "enfocados en la importancia del diálogo y el consenso. Sabemos que ese es el camino que debemos desandar para que Argentina solucione los problemas que hoy tiene. Vamos a defender la producción y el trabajo de Santa Fe, porque queremos que nuestra provincia sea el motor del crecimiento del país", según expresó.

Ignacio Hintermeister El Litoral Después de las elecciones Primarias, entre el 13 de septiembre y el 12 de noviembre, Santa Fe recibió del gobierno nacional 884 millones de pesos en Ayudas del Tesoro Nacional. La Casa Gris y algunas jurisdicciones sub provinciales una suma similar -y algo más- a los $ 883 millones que habían recibido por el mismo concepto hasta el 30 de agosto de este año. Un informe de la consultora Aerarium en base a datos oficiales, revela cómo funcionó parte del “plan platita”, con recursos oficiales y con un sesgo marcado para el interés del oficialismo. Provincias como Córdoba (Schiaretti se enfrentó fuerte con Fernández), Corrientes, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todas bajo administración opositora), no recibieron un solo peso por ese concepto entre un comicio y el otro. En Cambio Gildo Insfrán y los suyos recibieron -siempre entre elecciones- $ 1020 millones ($ 288 en los 8 primeros meses); Catamarca $ 1.003 millones ($ 478 millones hasta agosto) y La Rioja $ 805 millones ($ 264 hasta antes de los comicios).

Se distribuyeron $ 14.867 millones del fondo de ATN con un fuerte sesgo político/partidario que buscó apuntalar el “Plan Platita”. La participación de la PBA -el núcleo duro del voto kirchnerista está en el conurbano bonaerense- se llevó el 31% de lo distribuido en el plazo mencionado. “Estos ATN se transfieren con la finalidad específica de nutrir de recursos a gobernadores e intendencias, las cuales fueron digitadas previamente por el ministerio del interior y buscando poder encarar el tramo final de la campaña con fondos frescos”. Cada voto que el oficialismo adicionó desde las Paso al comicio general, en Santa Fe, dividido por la cantidad de ATN distribuidos en el período, suponen un “costo” de $ 10.988 por sufragio sumado, calculó la consultora.

Al mes de octubre de 2021 la asistencia directa del Gobierno Nacional a los municipios fue de $ 50.548 millones, siendo el 90% de estos fondos destinados a gastos de capital. Los municipios de la PBA recibieron el 56% (+$ 24.582 millones) del total de transferencias de capital, muchos más atrás se encuentran las comunas de Córdoba (+$ 3.822 millones), Entre Ríos (+$ 2.614 millones), y Mendoza (+$ 1.949 millones) con el 8%, 5% y 4%, respectivamente. “En los meses electorales las transferencias prácticamente se duplicaron, pasando de niveles de $ 5.000 millones a casi 10.000 millones”, señala Aerarium. A jurisdicciones sub provinciales santafesinas llegaron $ 57 millones para gastos corrientes y $ 1.330 para gastos de capital.