Tras el llamado a concurso preventivo de acreedores, la empresa Sancor evalúa la posibilidad de rematar más de 430 mil kilos de quesos como parte de una estrategia para hacer frente a sus compromisos financieros. Una parte significativa de estos productos se encuentra almacenada en su planta de Gálvez, en la provincia de Santa Fe.

El remate del stock apunta a obtener liquidez para abonar parte de la deuda que mantiene con el fondo inversor IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., uno de sus principales acreedores. Sin embargo, la situación de la histórica cooperativa láctea es mucho más compleja y se arrastra desde hace años, con múltiples factores que han afectado su viabilidad.

Sancor, que en su momento llegó a ser la empresa láctea más importante del país, comenzó a evidenciar problemas financieros a principios de los años 2000. Su estructura de costos, fuertemente condicionada por un modelo cooperativo con altos niveles de gasto, fue el primer síntoma de una crisis que se profundizó con el tiempo.

La falta de financiamiento adecuado, sumado a dificultades para competir en el mercado global, impactaron de lleno en la rentabilidad de la compañía. La caída en los niveles de producción, la pérdida de mercados externos y los problemas para afrontar el pago a proveedores y empleados derivaron en una situación insostenible.

Uno de los episodios clave fue en 2017, cuando la empresa atravesó una crisis profunda que la llevó a reducir su estructura y ceder parte de su negocio a Vicentín Lácteos, en un intento por aliviar sus finanzas. Sin embargo, los problemas persistieron y las soluciones fueron solo temporales.

Uno de los factores que han incidido en la difícil situación de la cooperativa es la fuerte presión del gremio lechero Atilra, que representa a los trabajadores del sector.

Desde hace años, la relación entre Sancor y Atilra ha estado marcada por conflictos salariales y reclamos sindicales que han derivado en paros y bloqueos en distintas plantas de producción. Si bien el sindicato ha defendido los derechos de los trabajadores en un contexto de incertidumbre laboral, también ha sido señalado por imponer costos adicionales a la empresa, como contribuciones obligatorias al gremio que han representado una carga financiera significativa.

En varias oportunidades, Atilra ha exigido recomposiciones salariales por encima de la capacidad de pago de Sancor, lo que ha agravado su crisis de liquidez. A esto se suman conflictos derivados de suspensiones y despidos, que han generado tensiones internas y afectado la operatividad de la compañía.

Durante las negociaciones para su reestructuración, el gremio también ha tenido un rol determinante en las decisiones que han condicionado el futuro de la empresa, exigiendo el mantenimiento de puestos de trabajo incluso cuando la producción no lograba sostenerse.

El remate de los quesos almacenados podría representar un alivio momentáneo para Sancor, pero no soluciona el problema estructural que enfrenta la compañía. En los últimos años, el sector lácteo ha experimentado una fuerte competencia, aumento de costos y dificultades para exportar, factores que han impactado en la viabilidad de la empresa.

Desde distintos sectores políticos y empresariales, se analizan posibles medidas para sostener la actividad de la cooperativa, que sigue siendo un actor clave en la industria láctea argentina. Mientras tanto, la empresa deberá continuar con su proceso de reestructuración y definir estrategias para garantizar su supervivencia en el mediano y largo plazo.

(Por Federico Aguer) - Un fiscal bonaerense imputó y llamó a indagatoria a cinco dirigentes del gremio lechero Atilra en Trenque Lauquen. La medida se basa en la presunta comisión del delito de "compulsión a la huelga", por lo que serán indagados a comienzos de junio. El fiscal de Trenque Lauquen, Martín Butti, argumentó que la "compulsión a la huelga", es un delito previsto entre los "Delitos contra la libertad de trabajo y asociación", que en el Código Penal contempla que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte de una huelga o boicot".

En diálogo con Campolitoral, Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa en cuestión, se mostró "con más esperanza, alegría y paz". Según expresó, "se va haciendo justicia, y se va sabiendo que no fue una huelga, como quiso hacer creer el sindicato; sino que fue un bloqueo extorsivo en donde se cometieron delitos, y ahora el juez tiene más elementos y pruebas de que hubo violencia en el bloqueo".

También apeló a que este caso sirva de antecedente para que no bloqueen más empresas, "porque el problema no es para las empresas, sino para las fuentes de trabajo que se pierden". Y agregó que "hay muchos pueblos fantasma en el interior sobre todo, donde destruyen una empresa con la fuente de trabajo de todo un pueblo".

Según Bada Vázquez, la imputación "es una luz de esperanza para el crecimiento del trabajo digno en Argentina, para que los delitos contra la libertad de trabajo se castiguen, porque lo que necesitamos es que nos dejen trabajar en paz, para que se creen muchas fuentes más de trabajo, y que la mafia sindical no destruya las fuentes laborales".

Consultada respecto a la situación actual de la usina láctea, confirmó que sigue adelante. "Nosotros nunca cerramos las puertas; siempre resistimos, pese a que estuvimos muy mal, aguantamos varios meses de bloqueo, donde no nos dejaban vender ni entrar la leche, no podíamos trabajar. Un bloqueo es como un secuestro de la empresa. O sea, te secuestran la fábrica, y hasta que no pagás el rescate, no la liberan, y en una industria láctea esto tiene un agravante, que van los lunes pero las vacas dan la leche los 365 días del año dos veces por día, y ellos bloquean el lunes a la madrugada y ahí empieza la extorsión".

Por otro lado, analizó que el sindicato "nunca defendió a la gente que quería trabajar". Y opinó que "están ocupándose de sus privilegios, de no perder su status quo, pero nunca les importó ni la gente que quería ir a trabajar ni que se funda la fábrica". Lo calificó como "un ataque feroz: y si se funde Lácteos Vidal que se funda, no les importa, de hecho hay varios cadáveres de empresas fundidas". 

Yendo al potencial productivo de Argentina, sostuvo que el estancamiento de la lechería está muy relacionado con esta práctica sindical. "Lamentablemente nosotros, que tendríamos que ser la Francia de Sudamérica, dentro de poco vamos a producir menos leche que Uruguay, y gran parte de esto es culpa de un gremio feroz que ataca a las empresas, que no deja trabajar en paz, que no cuida las fuentes de trabajo, y que comete delitos como la compulsión a la huelga".

Además, explicó que hay varios imputados de alto nivel de Atilra, algunos de los cuales ya es la segunda imputación que tienen, "pero siguen en la misma, y en el medio han quedado varias empresas fundidas o lastimadas. Desalientan la contratación, la inversión, la producción, en detrimento de la generación de empleo". 

Finalmente, Bada Vázquez destacó que el compromiso cívico asumido junto a un grupo de colegas está rindiendo sus frutos. "Estoy en el Movimiento Empresario Antibloqueo (MEAB); un grupo de empresarios que desinteresadamente se unieron para defenderse en contra de los bloqueos y a raíz de eso, en un encuentro con Llanos, Lázzari y otros, formamos el Comité de Pymes Emprendedores y Productores (PEP), para avanzar hacia una modernización laboral y sindical que nos merecemos. 

Por último, en este punto en particular, hizo hincapié en el hecho que Argentina tiene las mismas leyes laborales del año 1974, cuando no había internet, ni teletrabajo, etc. "Y con ese marco llegamos a que la mitad de la población sea pobre, y que la mitad de los que tienen trabajo están en negro. Es urgente y necesario, por eso conformamos este grupo, con la intención que el país tenga una reforma laboral y sindical que le permita generar empleo para que nuestros hijos se queden a trabajar en Argentina y que se dejen de fundir las fábricas y la empresas. Porque sin empresas no hay trabajadores, necesitamos contar con elementos y herramientas para incentivara la creación de empleo, la inversión trae producción y eso hará que bajen los precios y se genere riqueza en una país tan fundido como este, que está fundido por la mafia sindical", expresó.     

(Por Juan Manuel Fernández) - A última hora del viernes 22 de diciembre, una resolución del Ministerio de Capital Humano determinó la conciliación obligatoria entre Sancor y el gremio Atilra, medida que tendrá una duración de 15 días y pone en pausa el conflicto por el cual las plantas de la láctea permanecían inactivas desde el mes de octubre, cuando se inició un plan de lucha sindical. 

Con la firma de la flamante ministra Sandra Pettovello, la normativa establece entre los considerandos que las acciones sindicales impedían el normal desenvolvimiento de la empresa, motivo por el cual "resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado". 

De igual forma, el texto señala que "debe otorgarse especial consideración al interés general" y en función de ello "el objetivo primordial de dicho procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer término, garantizar la paz social".

Especial mención se hace, además, a que "resulta necesario que, en el marco del conflicto suscitado, se procure la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa y su proceso productivo".       

En su artículo 2°, la resolución 6/2023 de la cartera, que se publicó en el Boletín Oficial este martes 26 de diciembre, establece que se inicia el período de conciliación obligatoria entre las partes, por un lapso de 15 días "debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".  

Otra disposición que incluye el articulado de la norma es la intimación al gremio Atilra a "dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".  

Del mismo modo, se intima a Sancor a "abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical", así como "otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal".

El conflicto entre las partes se inició el 14 de octubre pasado, previo a un fin de semana largo, e implicó la paralización de todas las plantas de la láctea. Rápidamente se hizo visible en todo el país, ya que la imposibilidad de procesar un alto volumen de materia prima que se había acumulado en los depósitos los días previos devino en el derramamiento de unos 100.000 litros de leche el viernes 22. Sin embargo, la medida de fuerza no cesó y más tarde la cooperativa decidió el cierre definitivo de su planta en San Guillermo (departamento San Cristóbal), instalaciones que habían vuelto a funcionar en junio gracias a un acuerdo de trabajo a fason para una firma local.

Pese a todo, Atilra continuó por más de dos meses realizando asambleas de 6 horas y bloqueos en todos los turnos de trabajo, impidiendo la elaboración de productos para las góndolas.

Vale decir que, a partir del 29 de diciembre, cuando entre en vigor el DNU 70/2023 la capacidad de gremios como Atilra de frenar procesos productivos como estrategia sindical se verá considerablemente reducida. La modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, determina que "los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros". Por lo tanto, no serán válidas asambleas como las que vino realizando Atilra en Sancor que impedían el proceso de elaboración de productos.

Además, el DNU incorpora la penalización a los bloqueos de empresas, como se ha visto no sólo por parte de Atilra en reiteradas oportunidades. Uno de los casos más resonantes fue el de Lácteos Vidal en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. A partir de la nueva normativa, será considerado "injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento". La norma detalla que se aplicará "cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento, y cuando ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente".

Y un tercer aspecto del DNU, y para nada menor para el gremio de Atilra, es el que da por tierra con el pago forzoso de los "aportes solidarios" de trabajadores, aún si no estuvieran afiliados al gremio. "El pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo o que resulte de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo".

Tras dos días con las plantas paralizadas por una protesta del gremio de los trabajadores de la industria láctea (Atilra), esta madrugada Sancor debió tirar unos 100.000 litros de leche cruda que se acidificaron a causa de la espera para ser procesada.

A las 6 de este viernes 20 de octubre, la periodista rafaelina Elida Thiery estuvo presente y relató el momento en el que una cisterna de la láctea derrama en un estanque la materia prima. "Así se tiran 100.000 litros de leche que no se pueden procesar; está el sistema de recibo de la empresa, los silos de leche, y se empieza el descarte", dijo a cámara, mientras detrás suyo un grueso chorro blanco salía del camión para caer en una planta de tratamiento de residuos.

La imposibilidad de procesar la materia prima fue producto de una paralización de las plantas que inició el gremio, tras el último fin de semana largo, que se mantuvo por casi tres días.