La Cámara Federal de Casación Penal declaró la constitucionalidad del juicio en ausencia en la causa por el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y habilitó que el proceso avance sin la presencia física de los imputados que permanecen prófugos.

El tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial, y declaró la legitimidad de un mecanismo inédito hasta ahora en el país. Con ello, dejó habilitado el camino constitucional, aunque para que el juicio se lleve a cabo antes se deben confirmar los procesamientos dictados por el juez Daniel Rafecas, que fueron apelados.

La AMIA (que también actúa como querellante en la causa) celebró la decisión de Casación y consideró que la confirmación de la validez constitucional del juicio en ausencia abre una vía concreta para avanzar contra los acusados que permanecen fuera del país.

La entidad sostuvo que el pronunciamiento representa un paso relevante después de más de tres décadas sin juzgamiento y remarcó que la permanencia de los imputados en el exterior no puede impedir el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia. También reclamó que el expediente avance con celeridad hacia la instancia de juicio oral y público.

En concreto, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa oficial que cuestionaba la constitucionalidad del régimen sancionado en febrero de 2025, en buena medida con la mira puesta en este caso en particular.

La discusión llegó a Casación a partir de un planteo de la defensa oficial, ejercida por el defensor Enrique Comellas, a partir de lo que podría ocurrir si alguno de los acusados fuera condenado en ausencia y posteriormente se presentara ante la Justicia argentina.

La defensa sostuvo que la legislación no garantizaba adecuadamente el derecho a un nuevo juicio con presencia del imputado y que, en determinadas circunstancias, quien fuera condenado en ausencia podría quedar privado de esa posibilidad.

Su argumento era que la ley reconoce la posibilidad de solicitar un nuevo juicio solamente en determinados supuestos: fundamentalmente, cuando el condenado demuestra que no conocía la existencia del proceso o que, pese a conocerlo, no pudo presentarse debido a un impedimento grave y legítimo.

Según la posición expuesta ante Casación, la intervención de un defensor técnico no necesariamente sustituye el derecho del imputado a participar personalmente en la construcción de su defensa, particularmente cuando se desconoce cuál sería su propia versión de los hechos.

La Cámara rechazó el planteo por considerar que la situación invocada por la defensa todavía no existe.

Uno de los fundamentos centrales del fallo fue precisamente que el planteo resultaba “prematuro y conjetural”. La sentencia explica que todavía no existe una condena dictada en ausencia ni se produjo la posterior presentación de ninguno de los acusados para reclamar un nuevo juicio.

“Ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida. Resolver ahora esa cuestión importaría emitir una declaración acerca de una controversia eventual, cuya configuración depende de hechos futuros e inciertos”, sostiene el pronunciamiento.

Con lo cual el planteo no inhabilita la realización del juicio, pero sí deja abierto el debate a futuro. Esto es porque, finalmente, los jueces no determinaron qué ocurriría si efectivamente un condenado en ausencia aparece después del juicio, y comparece ante la Justicia para impugnarlo.

En cualquier caso, los camaristas subrayaron que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta de carácter excepcional y requiere demostrar una incompatibilidad concreta entre la norma y la Constitución.

El voto de Barroetaveña incorporó otro elemento relevante: la obligación internacional asumida por el Estado argentino de avanzar en la investigación y esclarecimiento del atentado. El camarista vinculó la decisión con los antecedentes internacionales que responsabilizaron al Estado argentino por las falencias de la investigación.

En ese contexto, afirmó: “La categoría aberrante de delitos que se juzga requiere también respuestas excepcionales, que exceden los límites concebidos hasta ahora, y justifica una nueva interpretación de las garantías del proceso penal”.

Para Carlos Mahiques, el fallo también representa la concreción de una posición que ya había expresado públicamente dentro de la propia causa AMIA.

En abril de 2024, cuando integraba la Cámara Federal de Casación Penal que revisó la causa por el encubrimiento del atentado, Mahiques había planteado la necesidad de que el Congreso estableciera un mecanismo que permitiera juzgar en ausencia hechos de esta naturaleza.

En aquella oportunidad sostuvo que frente a delitos terroristas de semejante gravedad el Estado debía adoptar procedimientos capaces de evitar la impunidad.

“A esta altura del análisis, no caben dudas de que el derecho de las víctimas a conocer la verdad no se trata solamente del deber del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales, sino de una cuestión de estricta justicia”, resaltaron los camaristas.

El camino hasta el actual escenario tiene varios hitos.

El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 (en pleno desarrollo de la Convención Reformadora de la Constitución Nacional, en Santa Fe) y dejó 85 muertos y 151 heridos.

La investigación original estuvo marcada por graves irregularidades. En el proceso posterior por el encubrimiento fueron condenados distintos funcionarios y operadores judiciales, mientras que la Justicia estableció responsabilidades por las maniobras destinadas a desviar la investigación.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas por el encubrimiento y produjo además una definición particularmente relevante: consideró al atentado como un crimen de lesa humanidad.

Ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Memoria y Justicia - AMIA”, en la que responsabilizó al Estado argentino por las deficiencias en la investigación y ordenó remover los obstáculos que habían impedido esclarecer plenamente el atentado.

El fallo internacional es uno de los antecedentes considerados por los camaristas para fundamentar la necesidad de que el proceso pueda avanzar. El siguiente paso fue legislativo.

En febrero de 2025 el Congreso sancionó la Ley 27.784, promulgada en marzo, que incorporó al Código Procesal Penal de la Nación el régimen de juicio en ausencia.

La norma establece que el mecanismo puede utilizarse para delitos comprendidos por el Estatuto de Roma -entre ellos genocidio y crímenes de lesa humanidad- y por determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo.

Pero además, el acusado debe haber sido declarado rebelde, conocer la existencia del proceso y no presentarse, y deben haberse realizado intentos razonables para lograr su comparecencia. La ley contempla, entre otros supuestos, que hayan transcurrido cuatro meses desde una orden de captura nacional o internacional sin que el imputado haya podido ser localizado.

La norma también garantiza una defensa técnica: si el acusado no tiene abogado, se le designa un defensor oficial. Además, el juicio debe ser registrado íntegramente en forma audiovisual y las grabaciones y pruebas deben conservarse durante 100 años.

Con ese nuevo marco legal, el juez federal Rafecas dictó este mismo lunes 21 el procesamiento de siete ciudadanos iraníes y uno libanés, a quienes atribuyó distintos niveles de participación en la planificación y ejecución del atentado. La resolución supera las 600 páginas.

Entre los procesados se encuentran ex funcionarios de alto nivel del gobierno iraní y miembros de Hezbollah.

Estos procesamientos todavía deben atravesar la revisión correspondiente. La defensa oficial puede recurrirlos y el fiscal Sebastián Basso también puede impugnar las decisiones de falta de mérito respecto de otros acusados.

Si los procesamientos quedan firmes, Rafecas estará en condiciones de avanzar hacia la elevación de la causa a juicio oral. En tal caso, deberá intervenir un Tribunal Oral Federal, a cuyo cargo estará la tarea de organizar un juicio que, por primera vez en la Argentina, podría desarrollarse sin la presencia física de los principales acusados; cosa que podría darse entre 2027 y 2028.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, encabezó este lunes una reunión con especialistas en prevención del terrorismo y el extremismo violento en América Latina organizado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), donde lamentó que aun no se haya podido condenar a los responsables del atentado a la AMIA y destacó la necesidad de “cruzar información con otros países para dar lucha contra” este tipo de eventos. “Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Argentina tuvo dos impactos severos: el 17 de marzo de 1992, en la Embajada de Israel, y el 18 de julio de 1994, en AMIA. No se puede dar nuevamente, para eso hay que estudiar, preparase, cruzar información con todos los países que estamos decididos a dar la lucha contra esto”, aseveró Fernández en diálogo con Télam.

“Estamos convencidos de que podemos cubrir de la mejor manera y actuar en el momento que fuera oportuno, si tuvieramos que hacerlo, pero sigamos trabajando fuertemente para mejorar cada día más”, subrayó el ministro.

A un día de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, Fernández aseguró que “no dejaremos de lamentar y padecer cada vez que recordemos. Nunca le dimos la espalda y trabajamos fuertemente para que las cosas salgan lo mejor posible pero es inaceptable que despues de casi 30 años no hayamos podido condenar a los responsables”.

Además, el ministro se refirió a la situación en Jujuy, donde fue designado interventor del Partido Justicialista local, y señaló que haber aprobado la reforma de la constitución provincial en tan poco tiempo es “subestimar al pueblo, no prestarle atención ni la importancia que tiene que tener”.

La reunión de especialistas contó con la participación del director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano y comisionado para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Mundial, Claudio Epelman, quien destacó este “espacio de encuentro para interncambiar información, prácticas y metodologías de trabajo para abordar este flagelo que en Argentina muy bien conocemos y hemos sido víctimas”.

Respecto al aniversario del atentado a la AMIA, Epelman manifestó “tristeza y amargura ante la imposibilidad de que como país no hayamos podido llevar a la justicia a los responsables”.

“En la medida de que no sean alcanzados por la ley quienes causaron este atentado, nada puede impedir que vuelva a suceder. Es extremandamente importante que podamos decir que hicimos justicia para que las víctimas puedan descansar en paz”, indicó el director ejecutivo del congreso.

También señaló la “permanente necesidad de mantener los avances y progresos para que como país estemos a la altura de las circunstancias y que el Estado nos garantice seguridad a todos los ciudadanos”.

“Hay que trabajar coordinamente para solucionar estos problemas. Es la primera obligación del Estado; si no hay seguridad, no hay inversion y no hay desarrollo”, aseguró.

Sobre el atentado a la AMIA, indicó que “es una herida abierta en toda América Latina porque lo que ha sucedido sigue siendo el acto terrorista más grande y grave en la región”, y subrayó: “No puede quedar impune”.

Consultado sobre las declaraciones del saliente ministro de Industria y Comercio de su país, que expresó querer levantar un muro en la frontera entre Argentina y Paraguay, Riera -que asumirá como ministro de Interior en agosto- se manifestó “más amigo de los puentes que de los muros”.

“Hay que controlar y hacer políticas complementarias, hay que conseguir que nuestras economías funcionen complementariamente. Hay que sumar expriencias con Argentina y generar un marco de absoluta confianza”, completó.

En representación argentina estuvieron en el Congreso la coordinadora de Investigación contra Terrorismo del Ministerio de Seguridad, Valeria Kowalewsky; el secretario de coordinación institucional del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Olima Espel; el director nacional de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el 2do jefe del departamento de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal, Guillermo Alejandro Diaz; el juez federal de Eldorado, Miguel Angel Guerrero; y el abogado de la causa AMIA, Miguel Bronfman.

De Estados Unidos concurrieron la Secretaria Ejecutiva Adjunta del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE OEA), Violanda Botet; y la Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Emanuele Ottolenghi.

Por Brasil asistieron el juez federal Friedmann Anderson Wendpap; el subsecretario de Inteligencia e Integración de la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais, Christian Vienne de Azevedo; el Agente Especial da Policía Federal, Flavio Rodrigues, y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli.

También participaron Enrique Riera Escudero, senador nacional por Paraguay; Mariana Moura, directora general de Información e Inteligencia Policial de Uruguay; Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros de Chile; Emiliano Ramón Rolón Fernández, fiscal general del Estado de Paraguay; Julio Torres, jefe del departamento de Seguridad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y Andrés Cáceres, de la dirección nacional de Inteligencia de Colombia.