(Por Ornella Pazzi) - Condenaron a los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, por haber liderado una organización criminal que defraudó al Estado provincial entre enero de 2015 y febrero de 2016.

El veredicto fue dado a conocer por la presidenta del tribunal de juicio, Celeste Minniti, y contó con la firma del resto de los integrantes, los Dres. Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert. Consideraron a los condenados autores de los delitos de "asociación ilícita en carácter de jefes" y coautores de "defraudación agravada por ser cometida contra la administración pública".

Los magistrados impusieron la pena de 6 años y 6 meses de prisión a los exjefes, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años y el pago de una multa de $90.000. Además, el tribunal rechazó el pedido de imposición de prisión preventiva, así como la solicitud de que ambos condenados abonaran una reparación económica al Estado.

El veredicto incluye prisión, multa y una inhabilitación especial. Foto: Guillermo Di Salvatore

La causa llegó a juicio de mano de los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA. Representaron a Grau y Odriozola las defensoras públicas Ileana Echaniz y Virginia Balanda, respectivamente.

La investigación inició en 2016 tras una presentación realizada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que por entonces estaba al frente del Ministerio de Seguridad y se había anoticiado de la situación irregular a través de una nota anónima.

El veredicto llegó nueve años después del inicio del proceso judicial, que en su derrotero logró la firma de nueve acuerdos de juicios abreviados en los que el resto de las personas acusadas de haber integrado la banda criminal decidieron reconocer su culpabilidad. Seis de ellos declararon como “arrepentidos” en el debate oral y público.

Grau y Odriozola llegaron a juicio acusados de haber usado su potestad jerárquica para disponer los medios, habilitar el ámbito y consentir las actividades ilícitas desplegadas por una asociación ilícita que defraudó al Estado a través de la falsa reparación de móviles policiales y la inexistente compra de repuestos.

La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían, burlando los procedimientos administrativos. Los acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima.

Según la fiscalía, Grau y Odriozola coordinaron acciones con Facundo José Testi, identificado como organizador de la banda, y sus miembros, y determinaron el reparto de las ganancias ilegítimamente obtenidas.

La mecánica descripta por los fiscales detalla que particulares emitían facturas por trabajos y repuestos inexistentes, las cuales eran presentadas a un habilitado. Éste emitía órdenes de pago mediante cheques, que requerían la firma del jefe provincial de la policía y la confirmación del departamento de Logística.

Los exjefes policiales contaron con la asistencia de la defensa pública. Foto: Guillermo Di Salvatore

El habilitado y el jefe de Logística coordinaban con Testi, quien diagramaba con talleristas y comerciantes la elaboración de facturas, el cobro de cheques y la distribución del dinero. Una vez cobrados los cheques, los particulares entregaban parte del efectivo al habilitado, quien a su vez se lo daba al jefe provincial.

Era la máxima autoridad policial quien decidía luego el reparto del dinero entre sus subalternos. Finalmente, el habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas con las facturas falsas, y el jefe provincial debía dar su conformidad para finalizar el trámite.

La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, y el subsecretario de Legal y Técnica de la cartera, Juan Pablo Gutiérrez, brindaron este jueves una conferencia de prensa con el objeto de brindar precisiones sobre los 11 trabajadores del Hospital Iturraspe de la ciudad capital que fueron cesanteados por irregularidades graves cometidas en la gestión de fondos públicos, a partir de una investigación administrativa llevada adelante, además de una causa judicial abierta.El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Ciancio fundamenta la decisión basándose en los artículos 50 inciso c), 53 incisos g) y h) y 58 de la Ley Nº 8525, que regula el funcionamiento de la administración pública (ver aparte).En la oportunidad, Ciancio enfatizó que “quienes roban no pueden ser empleados del Estado. Desde el inicio de nuestra gestión tomamos este tema como prioritario y encontramos empleados del hospital Iturraspe que habían sido trasladados por la gestión de gobierno anterior, por lo cual, por medio de una resolución decidimos que estos agentes debían ser suspendidos e investigados. Transcurridos seis meses tomamos la decisión de que 11 involucrados sean cesanteados”, explicó la ministra al tiempo que aclaró que “durante el transcurso de la investigación no han percibido sus haberes”.“Gracias al impecable trabajo de la Subsecretaría Legal y Técnica y de Fiscalía de Estado se llevó a cabo este proceso con la transparencia que ameritaba y pudimos arribar a este resultado final. Para que quede claro: esto fue un robo a las arcas del Estado -y a los demás empleados del efector- en un monto superior a los 38 millones de pesos que, actualizado al día de hoy, estaría superando los 100 millones de pesos. La investigación continúa abierta por si surgen nuevas derivaciones del caso”, añadió la funcionaria.Luego, la ministra de Salud indicó que por cuestiones de salud, “una de las personas investigadas no pudo asistir a la correspondiente instancia de defensa, lo cual no implica que quede desafectada del proceso de la investigación; otra, al recibir el depósito de los fondos de manera irregular, denunció el hecho a la administración del efector; y está el caso de una reemplazante que tampoco está dentro de las personas cesanteadas”, mencionó.  En ese marco, Ciancio destacó “el compromiso de la dirección y del personal del Hospital Iturraspe, que permitieron que se siguiese trabajando normalmente y prestando los servicios necesarios a los usuarios”. Y recordó que “el gobernador Pullaro me instruyó que trabajemos fuertemente en el sistema de recupero de los hospitales, no solamente en lo que refiere a posibles irregularidades cometidas, sino a asegurar que los fondos vuelvan a los trabajadores”.

Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez, brindó detalles técnicos del proceso de investigación y sus posibles derivaciones. “La operatoria utilizada por estos empleados se inició a partir de un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores. Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía. Esta modalidad comenzó a partir de 2020”, consignó.Respecto de cómo prosigue el curso administrativo y legal del proceso, el funcionario aclaró que los involucrados en el delito “pueden recurrir el decreto firmado por el gobernador y la ministra, y se agota la vía administrativa. También pueden iniciar acciones legales y presentar los recursos que consideren necesarios; en este caso, la Provincia se defenderá en función de lo que ya fue probado en lo administrativo y penal, donde el Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la causa. Además, estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron  trabajadores a los que les correspondía ese dinero. Este fue un caso de asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, concluyó Gutiérrez.

El juez federal Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal N°4 de Rosario, dispuso el procesamiento de las cinco personas, dos de ellas con prisión preventiva, que fueron detenidas en la ciudad de Casilda por la Policía Federal acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. Esta red que operaba en el sur santafesino, habría montado unas 150 usinas de comprobantes falsos, emitiendo alrededor de 40 mil comprobantes electrónicos entre enero de 2018 y mayo de este año.

Se estima que esta actividad generó aproximadamente 10 mil millones de pesos en facturación y 2 mil millones de pesos en créditos fiscales fraudulentos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, la medida judicial incluye un embargo sobre los bienes de los acusados por un valor de 7 millones de pesos.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el director interino de la Dirección Regional Rosario de la Dirección General Impositiva de la AFIP ante la Unidad Fiscal de Rosario. Se presentaron ampliaciones de la denuncia que revelaron un aumento en la facturación apócrifa y en el crédito fiscal IVA.

El trabajo de la Unidad Fiscal permitió identificar las direcciones IP asociadas a los comprobantes electrónicos, individualizar a los autores y determinar los roles que cada uno desempeñaba dentro de la organización criminal. Como resultado, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Federal N°4 el allanamiento de los diez domicilios en cuestión.

Finalmente, el juzgado a cargo de Bailaque dictó el procesamiento de Marcelo F., Gabriel A., Guillermo P., Santiago R. y Martín S. por su participación en una asociación ilícita fiscal que realizaba actividades ilícitas de manera sistemática y reiterada mediante “empresas papel”, es decir, firmas creadas para la maniobra fraudulenta.

Personal de la Policía Federal de Venado Tuerto, llevó a cabo este miércoles la detención de dos mujeres sobre las cuales pesaba una orden de captura por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.

Según informaron desde las fuerzas de seguridad, la división Unidad Operativa de Policía Federal de Venado Tuerto, implantó una estricta vigilancia en las inmediaciones de los domicilios de las mujeres V.H y N.L, las cuales se encontraban imputadas como parte de una asociación ilícita encabezada por Mauro Nahuel Novelino, dedicada a la comisión de distintos delitos; entre ellos, comercio de estupefacientes, coacciones agravadas, acopio de armas, piezas y municiones, tenencias ilegítimas de armas, tendientes principalmente a obtener financiamiento y control del tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y otras ciudades.

Una vez que las femeninas salieron de su domicilio, fueron interceptadas e identificadas por el personal policial. Comprobada su identidad, se procedió a la detención y traslados al local de la unidad para, posteriormente, ser trasladadas al complejo penitenciario Federal de Ezeiza. donde quedaran alojadas a disposición de la secretaría Penal del Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Tal como estaba previsto, en horas del mediodía de este miércoles, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia para dar a conocer la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, por la denominada causa de la megaestafa inmobiliaria.  

En esta instancia, el tribunal de magistrados que estuvo constituido por Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Gabriela Sansó, leyeron de manera virtual el fallo que ratifica lo establecido en primera instancia, con la salvedad de algunas de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda, sin embargo las condenas previstas no se modificaron.   

Cabe recordar que el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como líder de la banda que se dedicaba a la realización de operaciones fraudulentas de propiedades agropecuarias y otros inmuebles en Venado Tuerto y la región, recibió una condena de 12 años; mientras que para el gestor Raúl Jaime se determinó 10 años de prisión efectiva. El otro imputado, Marcelo Sava, que había recibido una pena de 3 años y 6 meses de prisión, en esta oportunidad se la redujeron a 1 año y 6 meses. 

El fiscal Matías Merlo fue quién encabezó la investigación adelantó que solicitará la prisión preventiva ordinaria para los acusados por “la gravedad de los hechos, además de la confirmación de segunda instancia”. Mientras tanto, el tribunal estableció la detención por un plazo de 48 horas hasta el día viernes cuando se desarrolle la audiencia.   

“Estamos muy conformes con la resolución, en virtud de que confirmó cada uno de los puntos discutidos en primera instancia y la gran cantidad de hechos que teníamos y expusimos en el juicio oral y público. De este modo se pone un broche a todo el trabajo de investigación que iniciamos en el año 2016, que fue arduo, con los recursos con los que contábamos en el Ministerio Público de la Acusación”, expresó finalizada la audiencia el fiscal Merlo. 

Merlo destacó a su vez las pruebas presentadas para que en la instancia de Apelación se confirme la condena a Antonio Di Benedetto por 28 acusaciones, además de ser jefe y organizador de una asociación ilícita; lo mismo que Raúl Jaime como gestor. “Este era el resultado lógico y esperable que se podía dar”, exclamó. 

Con esta proceso camino a cerrarse, el fiscal adelantó que antes de fin de año estarían en condiciones de presentar la acusación por los otros hechos ilícitos de la segunda etapa de la investigación.   

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo

El juez federal Ariel Lijo decidió enviar a juicio oral a la causa en la que se investiga a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo, que tiene 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos, informaron este lunes fuentes judiciales. Además, dispuso la clausura parcial de la investigación, tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano, rechazando los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas.

A través de un escrito con más de 400 páginas, en la elevación a juicio se les imputó a los acusados "haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual".

Además, se apuntó que "captaba personas mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el único objetivo de explotar a sus miembros y obtener un beneficio económico".

Y "construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes".

La organización contaba con la que participación de aproximadamente 179 alumnos, repartidos entre sus diversas sedes ubicadas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y en las ciudades de Las Vegas, Chicago y Nueva York, a quienes se le otorgaba un rango.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías, en las que cada número tenía un significado: 4) "el ser humano filosóficamente equilibrado"; 5) "el genio"; 6) "el santo" y 7) "el ángel".

En la cúspide estaba Juan Percowicz, a quien llamaban "el ángel", "maestro" o "papi", y sobre quien los testigos que declararon en la causa dijeron "llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo Dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos", según surge de la causa judicial.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Juan Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix, un monto que no pueden justificar de acuerdo con el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

En ese sentido, el escrito aseguró que se logró probar que los acusados "efectivamente formaban parte de una organización delictiva con rasgos de secta coercitiva".

También que "lograron montar una estructura económica basada principalmente en las ganancias obtenidas a partir de la explotación sexual de por lo menos siete alumnas, estructura que les permitía mantener sus abultados gastos, inversiones, compras y viajes".

Además, se verificó que la organización contaba, al menos, con tres ámbitos de captación y despersonalización de nuevos miembros: la "Clínica CMI Abasto", la empresa de coaching "BA Group" y las clases impartidas en el Café de la sede central.

La investigación seinició a raíz de la denuncia realizada por la Protex. en el marco de la Investigación Preliminar Nro. 3540/21, por el funcionamiento de una organización denominada Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), fundada en la década de los 80 y que funcionaba en el barrio porteño de Villa Crespo, contando también con sedes en los Estados Unidos.

Un hombre de 37 años identificado como Germán Edgardo Martínez fue condenado a cinco años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cometía entraderas en viviendas rurales. Los delitos fueron en establecimiento ubicados en los departamentos Las Colonias, La Capital, San Jerónimo e Iriondo entre septiembre de 2020 y agosto de 2021.

La Unidad Fiscal Esperanza de la Fiscalía Regional 1 estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena. En tal sentido, Martínez admitió expresamente su culpabilidad en los hechos ilícitos que le atribuyó el MPA.

En relación a las otras personas que integraban la organización delictiva, están en prisión preventiva y la Fiscalía avanza para lograr sus condenas.

“La asociación ilícita que el condenado lideraba tenía carácter permanente, estable y organizada y se apoderaba de bienes ajenos que después comercializaba”, planteó el MPA en la audiencia.

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Las entraderas fueron cometidas en establecimientos rurales de Cululú; Grütly; Santa Clara de Buena Vista y Colonia Pujol (departamento Las Colonias); Llambi Campbell y Manucho (ambas del departamento La Capital); Centeno (departamento San Jerónimo); Totoras y Bustinza (departamento Iriondo).

La Fiscalía afirmó que “los integrantes de la organización criminal se distribuían tareas para realizar trabajos de inteligencia y marcar los inmuebles rurales en los que tenían previsto robar”. En tal sentido, se relató que “en grupos de tres o cuatro personas, luego iban en automóviles hasta las viviendas seleccionados e ingresaban por la fuerza”.

“En general, los atacantes amenazaban con armas de fuego a quienes estaban en las viviendas y los ataban de pies y manos para que no pudieran defenderse”, se expuso.

En cuanto a lo sustraído, se señaló que “la banda delictiva se apropió ilegítimamente de dinero, joyas, electrodomésticos, armas de fuego, alimentos y bebidas”.

Martínez fue condenado como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe. Asimismo, como coautor de los delitos de robo calificado (por haber sido en despoblado y en banda y por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada); robo calificado (por haber sido en despoblado y por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada) y robo agravado (por el uso de arma de fuego).

Además, al hombre de 37 años se le impuso la pena por la coautoría de hurto campestre y privación ilegítima de la libertad calificada (por haber sido cometida por medio de amenazas y violencia).

La condena fue resuelta por el juez Lisandro Aguirre en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La Defensa del condenado aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena a cinco años de prisión efectiva y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

La causa por presunto espionaje ilegal en la que se investiga al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tendrá el próximo miércoles un nuevo capítulo. Es que para ese día, a las 17 y en los Tribunales locales, se realizará una audiencia para discutir la competencia de la justicia provincial en la tramitación de la causa. Fue convocada por el juez Jorge Patrizi, a propósito de un planteo formulado tanto por el abogado defensor de Sain, Hernán Martínez; como por Juan Lewis, patrocinante de otros de los cinco imputados. Concretamente, solicitan “excepción de incompetencia, reclamando que se remitan las actuaciones a la justicia federal”.

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El mismo día en el que el ex ministro y siete de sus ex colaboradores eran imputados por integrar una asociación ilícita montada en el propio Ministerio de Seguridad, los letrados advertían que formularían un planteo de competencia por considerar que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por dicha asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje. También en el mismo día de la imputativa, el fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

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Tras la presentación formal del planteo de parte de las defensas, el juez Patrizi resolvió convocar a la audiencia del miércoles. Fueron citados para la ocasión abogados, imputados y querellantes. Lo que allí se resuelva será clave para la acción inmediata que tenían prevista los fiscales: la realización de la audiencia de medidas cautelares.

En los argumentos del escrito presentado ante Patrizi, las defensas califican a la acusación como “imprecisa, confusa y que describe hechos manifiestamente atípicos”. Según los abogados, de acuerdo al Artículo 116 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación”. Más adelante analizan el ámbito de la Ley 25.520 y advierten que en ella “se observan numerosas referencias al ámbito federal regulado”.

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Patrizi es el mismo magistrado que en febrero de este año había ordenado el levantamiento de la reserva de las actuaciones, y dispuso que dejasen de ser secretas. Así lo había solicitado la defensa de Sain. “La reserva o el secreto del sumario penal – argumentaba Patrizi en su resolución- tienen carácter excepcional y solamente pueden imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales o reglamentarias establecen; ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno. De lo expuesto – concluía-, no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse de los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.

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El fiscal Federal Diego Luciani inicio este lunes su alegato en la causa Obra Pública y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luciani, además, fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la “profusa prueba” producida durante el debate.

“Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”, disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.

Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su “amigo Lázaro Báez” como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas y Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente.

También integran la lista de juzgados: Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

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Fuentes vinculadas con la investigación informaron que con la detención de Florencia Álvarez, quien se presentó espontáneamente en la Fiscalía de Villa María, Cositorto y Batista son los únicos que se mantienen en calidad de prófugos que, según lo que se conoce públicamente, se encontrarían en el exterior.

Mientras tanto la fiscal Juliana Companys, a cargo de la investigación, continúa con la recepción de pruebas documentales y materiales, además de avanzar con las indagatorias, y una vez concluida con esa instancia resolver la situación procesal de cada uno, particularmente sobre la eventual responsabilidad penal y continuidad o no de la prisión preventiva.

La causa se conoció el 18 de febrero último luego de varios operativos de allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires, a partir de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en Generación Zoe con promesas de importantes dividendos en conceptos de intereses.

El presunto ilícito consistía en captar inversores que aportaban capital, que la organización mantenía cautivo, y mensualmente se pagaban rentabilidad de hasta alrededor del 20% mediante un sistema piramidal que se conoce como esquema ‘ponzi’.

Paralelamente a la causa que se instruye en Villa María, sede principal de Generación Zoe, el organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Sec. 28, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 51.