La semana que viene, el pleno de 69 convencionales reformadores votará cambios profundos en el Poder Judicial de Santa Fe e incluso en el denominado servicio de justicia de la provincia que, desde 2025, tendrá nuevos órganos con reconocimiento constitucional para la acusación y la defensa.

La Comisión Redactora, en conjunto con la de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, modificó aspectos sustanciales de los dictámenes de mayoría que habían acordado los bloques del oficialismo en la última.

Gracias a esos cambios, ahora existen mayores chances de que además de Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente de la Esperanza, al texto modificado también lo voten convencionales de Más para Santa Fe y Activemos, ambos del peronismo.

El debate constitucional en Santa Fe avanza hacia una reforma histórica del Poder Judicial.

En general se trata de las últimas intervenciones posibles antes de su tratamiento por el plenario, que van en una sola dirección: dar más independencia a quienes forman parte del llamado “servicio de justicia”.

Esta última denominación es solo sociológica y no formará parte del nuevo texto constitucional, que hablará del Poder Judicial tal como se lo conoce hasta ahora, pero con un procurador general y procuradores que no tendrán dependencia de la Corte.

Fuera del Poder Judicial y como “órgano independiente” con autonomía funcional y autarquía económica se creará un Ministerio Público que reunirá a dos actores principales actuales del fuero penal: acusación y defensa.

El Ministerio Público de la Acusación y su par de la Defensa van a conducir el MP, pero sus miembros como ahora, podrán ser destituidos con intervención de legisladores.

Hoy es la Legislatura quien tiene en su poder la remoción de fiscales y defensores. Esa instancia cambia por un jury que se formará ante cada caso particular con magistrados, docentes de universidades nacionales santafesinas (UNL y UNR) y un representante del órgano al que pertenezca el encartado. La mayoría será de legisladores de ambas cámaras “con representación de la minoría”.

En el futuro, contra lo que ha sucedido desde siempre en Santa Fe, el Poder Ejecutivo tendrá una menor discrecionalidad o arbitrariedad en el proceso previo al envío de pliegos de la Casa Gris a la Legislatura.

Hoy solo decretos de autolimitación de sucesivos gobernadores han permitido que se celebren concursos para que luego cada mandatario eleve pliegos con los propuestos a la Asamblea Legislativa.

En adelante, ese mecanismo seguirá igual, pero habrá un Consejo Asesor (su nombre era aún materia de debate) de carácter “técnico” y formado para cada caso con los actores del sistema de justicia, bajo la órbita del Ejecutivo.

La reforma introduce un jury especial para la remoción de fiscales y defensores.

Al mencionado Consejo se le dan más facultades que las que contaba en la versión inicial del dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial. Ahora sus propuestas tendrán carácter “vinculante”, palabra que se logró agregar al despacho de Unidos luego de no pocas reuniones puertas adentro del oficialismo y con su principal contraparte opositora, los bloques del peronismo representados por Más para Santa Fe y Activemos.

Los cambios en la dirección mencionada (dar más independencia a ese órgano técnico y así al proceso de selección de jueces, fiscales y defensores) crea mejores condiciones para que haya más votos que los necesarios para su aprobación.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, criticó hoy a quienes “intentan socavar” la independencia del Poder Judicial, durante un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales.

El juez Gallo Tagle fue uno de los oradores que tuvo el acto convocado en las escalinatas del Palacio de Tribunales por la Asociación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

“No pasa una semana en que no tengamos que expresarnos sobre distintos ataques” a la independencia judicial, por parte quienes “intentan socavarla” y muestran, de esa manera, “su escasa vocación republicana”, pronuncio Gallo Tagle.

En ese contexto, prometió: “no nos van a vencer en esta lucha. (…) No somos instrumentos partidistas de personas ni de interés alguno”. El presidente de la corporación de jueces y fiscales denunció que quienes “atacan a la independencia judicial” muestran “su vocación de cambiar el sistema democrático y republicano por uno autoritario”.

El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, prometió: “Desde las instituciones de la abogacía vamos a defender a los jueces de todo atropello, de toda descalificación, de todo deterioro”.

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“Basta de hostigamiento, basta de acoso público, basta de deslegitimar su función, deslegitimando a los jueces se está ocasionando un daño enorme a una Institución básica de la República”, insistió.

El ex camarista federal y ministro de Justicia sostuvo que “Argentina tiene que fortalecer su funcionamiento institucional, hay que renovar los compromisos y las reglas básicas de toda democracia liberal: el respeto a la ley, la independencia de poderes, la independencia de la Justicia”.

A su turno, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (también llamado “Colegio de la Calle Montevideo”, el ala más conservadora de la abogacía porteña), Albergo Garay, cuestionó el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que discurre en la Cámara de Diputados.

“El juicio político no está hecho para discrepar con el contenido de las sentencias, sino para aquellos que se apartan de la República, de la división de poderes y de lo que la ley marca”, exclamó. Sobre la actuación de la Comisión de Juicio Político de Diputados, reclamó que “·este atropello actual debe ser enérgicamente repudiado”.

Por su parte, Julio Piumato, el histórico secretario general de la UEJN, cerró el acto reclamando una acentuación de la autarquía del Poder Judicial a partir de la actualización de los fondos para su correcto funcionamiento.

“Si estuviéramos en el sector privado, la mayoría de los edificios del Poder Judicial estarían clausurados”, advirtió sobre las falencias estructurales de las sedes de los distintos tribunales. Piumato también reivindicó la independencia judicial pero con un sentido específico: como garante de los derechos de los trabajadores.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, volvió a hablar en un acto público para proclamar que un “buen juez” es aquel que “aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

En la celebración de los 95 años de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Rosatti consiguió mostrar una foto de unidad de la Corte, pese a las evidentes diferencias que hay en su interior.

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Del acto participaron todos los jueces del alto tribunal, incluido Ricardo Lorenzetti, quien se sentó junto a Rosatti, de quien lo separan diferencias internas y personales.

Rosatti destacó que la celebración de la Asociación encuentra al Poder judicial “unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”.

“La independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”, proclamó.

Rosatti prometió a los más de 200 asistentes al acto, y a través de ellos al resto de los integrantes del Poder Judicial: “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó. La respuesta fue: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

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“En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”, concluyó.

Al acto de la Asociación asistieron también representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el histórico gremio de los judiciales que encabeza Julio Piumato.