La Superintendencia de Seguros de la Nación a través de la Resolución Sintetizada 217/2024, introdujo cambios significativos en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, particularmente en lo que respecta a las coberturas de seguros para automóviles.

La resolución establece una nueva redacción para la cláusula CG-CO 4.1 del inciso a.1) del Anexo del Punto 23.6 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Esta cláusula se centra en los gastos de traslado y estadía del vehículo asegurado en caso de daños, incendio, robo o hurto. Los cambios más relevantes son los siguientes:

Gastos de traslado: Se incluye la cobertura de gastos normales, necesarios y razonables para el traslado del vehículo asegurado al lugar más cercano para su inspección, reparación o puesta a disposición del asegurado.

Gastos de estadía: También se cubren los gastos de estadía del vehículo asegurado en garaje, taller, local o depósito mientras espera su reparación o puesta a disposición del asegurado.

Exclusiones: La cláusula aclara que no se cubrirán gastos de traslado, remolque, asistencia y estadía relacionados con problemas mecánicos, eléctricos, pinchaduras, falta de combustible, entre otros, que no estén relacionados con accidentes, incendios, robos o hurtos.

La resolución elimina la cláusula “CA-CO 15.1. Servicio de Remolques” del inciso a.1) del Anexo del Punto 23.6 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Esto significa que el servicio de remolque ya no será parte de las coberturas obligatorias de seguro para automóviles.

La resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Las aseguradoras deberán ajustarse a los nuevos cambios en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigor de la resolución.

Los cambios podrían afectar a los titulares de pólizas de seguro de automóviles, quienes deberán revisar sus coberturas para comprender cómo estos cambios pueden influir en sus situaciones particulares. Es recomendable que consulten con sus aseguradoras para recibir orientación sobre cómo proceder bajo las nuevas regulaciones.

La Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de esta resolución, busca actualizar y mejorar las políticas de seguros de automóviles para ofrecer mejores servicios a los asegurados, adaptando las coberturas a las necesidades y circunstancias actuales.

Según los especialistas, esta es una decisión que debería haberse tomado hace bastante tiempo, ya que los servicios de auxilio mecánico y el servicio de remolque no forman parte del objeto de seguro y alteran el principio básico por el cual las primas deben destinarse al suficiente cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su permanente capacidad económica y financiera.

Desde hace muchos años, las compañías se han visto obligadas a destinar parte sustancial de la recaudación de las primas a brindar un servicio que además de muy costoso, tercerizado, lo que termina generando problemas de otra índole a una aseguradora, que termina distrayendo recursos y tiempo a atender temas que no le son propios, exponiéndose además a un desgaste de imagen con sus clientes.

Resolución Sintetizada by El Litoral

En medio de un contexto económico desafiante en Argentina, las compañías de seguros enfrentan una serie de dificultades que impactan tanto en su funcionamiento interno como en la prestación de servicios a los asegurados. Para arrojar luz sobre esta situación, desde Sur24 mantuvimos una entrevista exclusiva con Luis Jorge Ferro, gerente general de Cooperación Seguros, una de las aseguradoras más importantes del país.

En la conversación, Ferro destacó varios puntos clave que reflejan la realidad actual del mercado asegurador argentino. En primer lugar, señaló que la situación económica ha llevado a una tendencia preocupante de recortar gastos por parte de los asegurados, siendo el seguro de vehículos uno de los primeros rubros afectados. Esto se refleja en una disminución de la cobertura, con un traslado de los seguros más costosos, como el “todo riesgo”, a opciones más económicas, como el “tercero completo”.

“Cuando pasan estas situaciones económicas como la que se está viviendo hoy, en general la gente el primer recorte que puede hacer es en el seguro, porque los otros son servicios esenciales que sí o sí los tienen que abonar, como obra social, luz, gas, etc. Nosotros notamos que Argentina, cada 10 años, viene teniendo estos problemas. Siempre hay una pequeña caída en los vehículos, sea por cambio en la cobertura o porque la gente prefiere cambiar la unidad a otras más pequeñas, pero lo que estamos viviendo en estos tiempos es algo que no lo vivimos antes y esto se traduce en una enorme complejidad”, destacó Ferro.

A modo de ejemplo, las estadísticas marcan que, en su compañía, se ha disminuido la cobertura contra todo riesgo “en un 5%, que, en la cartera de Cooperación Seguros, que tiene 300 mil vehículos asegurados, representa más o menos unas 1.500 unidades”, aunque subrayan que aquellos que antes podían pagar el todo riesgo, ahora disminuyen la cobertura a lo que se llama tercero completo. “Nosotros tenemos la suerte que nuestra zona de comercialización está en la Pampa Húmeda, donde tracciona el campo y el transporte de cereales y creo que a eso hace a que la pérdida no sea tan significativa”.

Además, Ferro mencionó el impacto directo de la inflación en el sector, especialmente en lo que respecta al aumento de los costos de los repuestos de vehículos, un fenómeno que dificulta el cálculo preciso de las primas de seguros y la reposición de vehículos dañados, lo que representa un desafío adicional para las aseguradoras y los asegurados.

En ese sentido, Ferro aseguró que, escuchando a economistas en la cámara empresaria de la que son parte, en el mes de abril “debería producirse una baja importante de la inflación, pero todo va a estar marcado en base a lo que vaya pasando en la economía del día a día. Nosotros tenemos un componente que sí nos preocupa, y es el tema de los repuestos de los vehículos, amén de haber aumentado por arriba de la inflación”, reflejando que hay algunos de ellos que han subido “un 300 o 400 por ciento, y en muchos casos no se consiguen en el mercado”.

“En nuestro taller tenemos unos 60 vehículos parados por falta de repuestos, y muchos de ellos son vehículos que se vendieron muchísimo en la Argentina. Sin embargo, no se pueden conseguir repuestos”, enfatizó. 

A esta complejidad se le suma la falta de precios orientativos de las piezas de los vehículos y la duplicación de los costos judiciales, lo que dificulta poder calcular técnicamente “lo que tenemos que cobrar en el seguro, eso se está haciendo medio imposible”. 

“Nosotros estamos facturando las póliza cuatrimestralmente, pero lamentablemente tendríamos que bajar esos tiempos de facturación y llevarlo a mensual, entonces yo cobro la prima que correspondiera por mes y además aumento la suma asegurada, para que el cliente no quede desprotegido, porque a una inflación del 25 o 30 por ciento, en un vehículo que vale uno o dos millones de pesos, si no vivimos aumentándole la suma asegurada y se lo roban, puede llegar a cobrar el 50 por ciento del valor real”, informó el gerente general de Cooperación Seguros.

Además, remarcó que, ante este escenario, tuvieron que armar un equipo que cada 60 días revisan “el 100 por ciento de la cartera, y además le pedimos a nuestros socios estratégicos, que son los productores de seguros, que no se confían tanto en los valores de la aseguradora, porque nosotros no conocemos al asegurado, por lo tanto existen algunos problemas con los combinados familiares, porque a lo mejor yo tengo un televisor asegurado en 150.000 pesos y reponerlo cuesta entre 500 y 600 mil pesos”.

En cuanto a las motocicletas, Ferro destacó la alta siniestralidad en este tipo de vehículos, especialmente durante el verano por su mayor uso, reflejando que “se venden más seguros cuando hay controles estrictos por parte de la Municipalidad, cosa que se esta dando en muchas ciudades, pero los problemas surgen cuando se relajan los controles, lo que lleva a una alta tasa de anulaciones de pólizas”, añadiendo que, igualmente, “se está tomando una mayor conciencia aseguradora de las motos”.

“Lo que se está haciendo es tratar de vender no solamente en una cobertura de responsabilidad civil, sino también de robo de la moto. Cada vez que hay un siniestro, nuestra filosofía es ir rápidamente a la atención del accidentado, pero en 50.000 motos aseguradas, los juicios que nosotros tenemos son muy pocos". 

En cuanto a las subas en las cuotas de los seguros, el dirigente analizó que “aumenta mucho porque las sumas aseguradas de los vehículos aumentan. Siempre las tasas de primas se fijan en función del valor asegurado. En este último tiempo, si uno toma los recientes 8 o 9 meses, estamos más o menos entre 150 y el 160 por ciento de incremento". 

En términos financieros, Ferro reconoció las dificultades que enfrentan las aseguradoras para mantener reservas suficientes para cubrir siniestros, especialmente en un contexto de competencia que lleva a la reducción de precios de las primas. Esto se suma a la complejidad operativa de monitorear y ajustar las tarifas de esas primas en un entorno de alta inflación y aumento de los costos de repuestos y sumas aseguradas.

“Tenemos un descalce, porque hoy lo que nosotros podemos medianamente dimensionar son los precios de los vehículos, que cada 60 días lo revisamos, pero hay otros tipos de transporte, como taxis y remises, que ante la alta siniestralidad que tienen se hace imposible saber lo que realmente deberíamos cobrar”.

A este combo, se le suma el problema de las inversiones. En este aspecto, la Superintendencia de la Nación es la que da el marco regulatorio e impone a las compañías las normas, diciéndoles en que deben invertir su dinero. “No podemos invertir en cualquier cosa. En nuestro caso, como todo el mercado asegurador, estamos obligados a comprar títulos del Estado, que hoy están en el piso, entonces uno espera tener rentabilidad financiera para poder acomodar la parte de la pérdida técnica que uno tiene porque las primas hoy no alcanzan para poder afrontar la gran siniestralidad que se tiene, entonces se da este fenómeno que tenemos un resultado técnico del negocio negativo y un resultado financiero también negativo y estamos trabajando en cómo bajar los costos”.

En última instancia, Ferro expresó la esperanza de que, a medida que la economía argentina encuentre su rumbo, las condiciones para las aseguradoras mejoren. Mientras tanto, la prioridad principal sigue siendo cuidar de los asegurados y adaptarse a las condiciones económicas y operativas cambiantes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados invitó a directivos de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) a una reunión de trabajo sobre los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo que propicia la creación del sistema provincial de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios dentro del Ministerio de la Producción.

La reunión está pautada para este miércoles, al mediodía, en la delegación Rosario de la Cámara de Diputados y será encabezada por el socialista Joaquín Blanco quien preside esa comisión de trabajo. La decisión de invitar a las aseguradoras fue anunciada por los legisladores cuando recibieron a directivos de entidades agropecuarias para conocer también la opinión sobre los alcances del proyecto. “No conocemos estadísticas sobre seguro de riesgo agropecuario en la provincia y el mensaje del Poder Ejecutivo no las tiene” había advertido Blanco.

Desde Adira confirmaron que asistirán al encuentro Julián Alí (San Cristóbal), Santiago Cabral (La Segunda), Gustavo Mina (Sancor Seguros), Carlos Comas (La Segunda) y Julián García (Adira).

El mensaje del Ejecutivo fue derivado a tres comisiones: Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y ninguna ha emitido aún dictamen.

El ministerio de la Producción elaboró el proyecto que apunta a modificar la vigente ley de Emergencia Agropecuaria santafesina. El ministro Daniel Costamagna reiteró que la vigente ley otorga algún tipo de beneficio al dueño de la tierra que hoy tiene escasa participación en la producción agraria. La futura norma pretende contemplar la situación de emergencia -por lluvias, sequías, etc- del productor. El mensaje fue elaborado con la participación de entidades, facultades e institutos como el INTA. Fue aprobado -con algunas reformas- sobre fin de año por el Senado y su sanción es reclamada por el Ejecutivo. No obstante, en la Cámara de Diputados advierten que la ley no es para esta situación de sequía sino para el mediano y largo plazo.

Gran parte de la discusión de Diputados pasa por si agregar al texto la constitución de un fondo por parte del Estado provincial para apoyar a los productores en esta emergencia. Desde la oposición se calificó de mezquino el aporte del Tesoro provincial ante esta grave contingencia climática.

El objetivo del sistema de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios apunta a prevenir y reducir daños de emergencias y desastres agropecuarios causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos; analizar los riesgos que originan situaciones de emergencia y/o desastres agropecuarios en la provincia de Santa Fe, en el marco de un proceso de cambio climático; fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos de emergencias y desastres agropecuarios, reduciendo la vulnerabilidad de los sistemas productivos; promover el uso de herramientas que permitan mitigar los riesgos, entre ellas los seguros agropecuarios; asistir técnica, económica y financieramente a productores agropecuarios para la recuperación y recomposición productiva, ante situaciones de emergencias y desastres agropecuarios y fomentar el cuidado del ambiente, el uso racional y sustentable de los recursos naturales de la provincia y optimizar el potencial de los sistemas productivos.

En la última sesión de Diputados, Blanco aclaró que esta ley “no viene a reparar las pérdidas de sequía” y le cuestionó el escaso aporte del gobierno provincial ante la situación agobiante que viven productores. Habló de un aporte de solo 700 millones que ni lo gestionan los productores. “El modelo de Santa Fe es de concentración de la tierra y ayuda insignificante” cuando los datos del Banco Central demuestran que hay cuentas oficiales millonarias depositadas en bancos.

En ese ámbito, Marcelo González (UCR) recordó que las entidades agropecuarias propician cambios al texto aprobado por el Senado; Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) instó a preguntar cómo ayudar al sector productivo cuando países vecinos lo subsidian. “En Argentina hay que llevar hasta el ADN del perro para conseguir el certificado de situación de desastre” exageró, para mostrarse partidario de trabajar en una norma sobre seguro multirriesgo para darle previsibilidad al productor.

Ricardo Olivera (PJ) se quejó de la falta de tratamiento en comisiones del proyecto de su bancada para ir a una progresividad en el impuesto inmobiliario “con alícuotas altas para campos con muchas hectáreas y la creación de un fondo para pequeños, medianos productores y economías familiares” y cuestionó los efectos de la reforma de la unidad económica agraria. Oscar Martínez (Frente Renovador) se hizo eco de expresiones del gobernador Perotti al señalar que cuando se apoya al productor, éste lo devuelve con más producción pero pidió sumar a otras entidades a la discusión y no quedarse únicamente en la mesa de Enlace. Mencionó a Metrolsafé, frutihortícolas, apicultores, etc.

Enseguida el radical Fabián Bastia subrayó que “la ley por sí sola no resuelve las consecuencias de la sequía. Es una cáscara, la sequía se soluciona con dinero; se requiere decisión política con la aplicación de normas que tiene el Ejecutivo en sus manos y que Nación aporte recursos”. Acotó que “el campo padece sequía y falta de política agropecuaria tanto en nación como en provincia. Las retenciones no vuelven y las medidas adoptadas por Economía son nefastas para reclamarle al gobierno que deje producir. Coincidió otro radical, Julián Galdeano, en hablar de ausencia de políticas agropecuarias tanto de gobierno nacional como provincial y recordó que el reclamo del sector es que los gobiernos “no le pongan el pie sobre la cabeza, que haya rutas transitables e impuestos razonables”.

Carsfe insistió en la necesidad de una nueva ley de emergencia, reconoce la iniciativa elaborada por el Ejecutivo provincial, pero aun así, entiende que el texto es mejorable. “Si bien es un proceso lento, es valioso el debate constructivo entre el Poder Ejecutivo, ambas cámaras del Poder Legislativo y los sectores alcanzados por la normativa”, dice la entidad en un comunicado. Más allá de la sanción de la ley, Carsfe pidió más aportes del gobierno “independientemente del debate del nuevo texto para asistir de manera efectiva a los productores con herramientas relevantes y significativas”.

El Poder Ejecutivo invitó para este jueves, a las 16, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, a la reunión de la Junta provincial de Seguridad que encabezará el gobernador Omar Perotti y esa es una de las causas por las cuales no habrá sesión en las Cámaras de Senadores y de Diputados, ámbitos que tienen representación en dicho ámbito.

Además de legisladores, la junta congrega a la Corte Suprema de Justicia, magistrados, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y las asociaciones de familiares de víctimas.

En el caso de la Cámara de Diputados son diez los representantes ya que a los ocho definidos por el decreto de creación del ámbito, se le suman el presidente del cuerpo, Pablo Farías, y Oscar Martínez como coordinador de las asociaciones de víctimas.

De esta manera, más allá de algunas reuniones de comisiones, el pleno de la Cámara de Diputados se reunirá el 9 de marzo donde además realizará el homenaje a la mujer.