“No podemos naturalizar estas amenazas”, sostuvo el fiscal federal Fernando Arrigo, a la hora de opinar sobre los mensajes intimidatorios prometiendo “balas y granadas para todos” que apuntaron al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, al fiscal Javier Arzubi Calvo, como así también al senador Lisandro Enrico, al intendente Leonel Chiarella y a la fiscal provincial Susana Pepino.

Grave amenaza de muerte contra el senador Enrico y el juez federal Cuello Murúa

Arrigo, de larga trayectoria judicial ha estado al frente de investigaciones relevantes y casos que ocuparon horas y horas de radio y televisión. Entre ellos, se destaca que fue el fiscal de “La Tragedia de 11”, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en donde murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.

Por estos días Arrigo está en Venado Tuerto, ya que es el fiscal de la causa en la que son juzgados por venta de estupefacientes cinco personas, entre ellas Matías A., quien nuevamente es el sindicado como autor de las amenazas a las autoridades políticas y judiciales.

El contundente mensaje decía: “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del juzgado federal Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”.

La Asociación de Magistrados le pidió al gobierno que garantice la seguridad de jueces y fiscales amenazados

Al respecto, Fernando Arrigo sostuvo que “eso está siendo motivo de investigación por parte de la justicia, en aras de analizar responsabilidades y pruebas para dar con las posibles personas que hayan intervenido en el hecho ilícito”.

Y en este marco, agregó que “como reflexión general creo que esto no se puede naturalizar. Distintas ciudades de países del mundo que han desarrollados estas etapas, una vez naturalizadas se produce un desorden a nivel institucional y de violencia, que esperemos no llegar nunca”.

Por último, sostuvo que “en la jurisdicción están sucediendo un montón de eventos, y debemos hacer el máximo esfuerzo para evitar que suba la escalada de violencia y descontrol que está habiendo”.

Este miércoles, el senador provincial Lisandro Enrico se expresó en sus redes sociales luego de que junto al intendente Leo Chiarella, jueces y fiscales, fueran blanco de amenazas por parte de sujetos privados de su libertad. El legislador, dejó en claro que son “momentos difíciles para todos”.

A través de un posteo en Facebook, el senador aseguró que “nunca miramos para otro lado ante la delincuencia” y que “siempre hemos tenido que tomar decisiones difíciles para luchar contra los que nos roban la paz en la sociedad”.

Enrico, recordó que en estos últimos días se reiteraron amenazas graves por parte de “violentos que están siendo juzgados por sus delitos” y que “más allá de que las amenazas las dirijan contra los que tenemos responsabilidades públicas en un cargo, en definitiva, es un agravio contra toda la sociedad”.

Los presos no pueden seguir comunicados organizan do delitos desde las cárceles, promoviendo amenazas, balaceras y venta de droga. Necesitamos un mayor compromiso y control en los servicios penitenciarios.

Grave amenaza de muerte contra el senador Enrico y el juez federal Cuello Murúa

Ante esto, fue contundente: “Queda un solo camino y es redoblar el esfuerzo y la lucha contra las mafias”.

El senador departamental, aclaró luego que los “violentos y los delincuentes no nos pueden ganar la calle y los barrios” y que “seguiremos trabajando y luchando por los valores, por las convicciones que nos inspiraron y nos impulsaron siempre”.

La publicación, rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y respaldo de quienes los siguen en sus perfiles oficiales.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se comunicó con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tras las amenazas sufridas por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y el fiscal Javier Arzubi Calvo. El mensaje intimidatorio, enviado supuestamente desde el penal de Rawson, también alcanzaba al senador Lisandro Enrico, al intendente Leonel Chiarella y a la fiscal Susana Pepino.

En tanto, dese el Gobierno Nacional se comprometieron a intensificar la seguridad de los funcionarios judiciales en los juzgados de Venado Tuerto, Rafaela, Rosario y Santa Fe, teniendo en cuenta el avance de las organizaciones narcocriminales en estos últimos años.

Grave amenaza de muerte contra el senador Enrico y el juez federal Cuello Murúa

Meter miedo

Todo indica que la amenaza fue enviada a Enrico por Matías M. un sujeto con frondoso prontuario que actualmente está detenido en la provincia de Chubut y que por estos días está sentado en el banquillo de los acusados en el marco de un juicio oral y público que se está llevando adelante en los tribunales venadenses.

El fiscal Matías Merlo brindó más detalles sobre las amenazas a Chiarella, Enrico y Pepino

El texto del mensaje fue claro y similar en el contenido a uno enviado en diciembre de 2022: “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”.

Fiscal Pepino tras las amenazas: “Estoy con custodia las 24 horas” 

Posterior a la amenaza, los funcionarios recibieron mensajes de solidaridad y apoyo desde distintos puntos del país. Al mismo tiempo desde los “colegios” emitieron comunicados de prensa mostrando la preocupación por la escalada de violencia en el sur provincial.

En este contexto, todos coincidían en solicitarle al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de jueces y fiscales.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron en las últimas horas jueces y fiscales de Santa Fe que tienen causas contra el narcotráfico y le reclamó al gobierno local y al nacional que se garantice su seguridad.

“Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, sostuvieron a través de un comunicado el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.

El hecho que generó la alerta ocurrió el pasado jueves 9 de febrero a la noche cuando el senador provincial Lisandro Enrico, recibió una amenaza de muerte que incluyó al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; al fiscal federal, Javier Arzubi Calvo; a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino; y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

“Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía la amenaza que partió de un teléfono con característica de la ciudad de Trelew, en Chubut, y por lo que ya se inició una causa judicial.

El hecho ocurrió en un clima de violencia vinculada al narcotráfico que vive la ciudad de Rosario desde hace varios años y en el que esta semana el gobernador de la provincia, Omar Perotti, cambió al ministro de Seguridad.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, resalta con profunda preocupación los recurrentes actos intimidatorios de los que están resultando víctimas magistrados/as de la provincia de Santa Fe”, agregó la entidad.

En diálogo con Infobae, Gallo Tagle señaló que “situaciones de amenazas de muerte no pueden quedar impunes, un juez no puede llevar adelante sus funciones bajo amenaza inminente de muerte y sin un resguardo de su integridad física”. “Es preocupante que las amenazas se realizan desde institutos penitenciarios y hasta el momento no parece que estén tomando medidas al respecto”, agregó.

“El Poder Ejecutivo tanto Nacional como Provincial debe tomar cartas en el asunto y dar garantías de que se va a velar por la integridad de todos los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia que fueron amenazados. Debemos defender el respeto institucional para resguardar los derechos de las y los ciudadanos, condenar los delitos cometidos y frenar el avance de organizaciones criminales”, reclamó el titular de la AMFJN.

Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales y defensores oficiales repudiaron el hecho y se solidarizaron ante las amenazas. La lista Bordó expresó que “la maquinaria criminal que ha permeado, germinado y ramificado en la provincia de Santa Fe demuestra con singular claridad que nos dirigimos, en pendiente y sin estribos, al funesto estado de cosas que por décadas flageló a hermanas regiones centroamericanas y condicionó el bienestar general”. “Santa Fe cuenta con un Poder Judicial de la Nación y Ministerios Públicos honestos y comprometidos con su rol constitucional; pero para que ello pueda ser ejercido con eficiencia se requiere por parte de los poderes administradores la generación de condiciones adecuadas para su desempeño”, agregó.

Por su parte, la lista Celeste señaló que las amenazas “constituyen ataques inadmisibles e impropios de un Estado de derecho” y exhortó “de manera urgente y sin dilaciones a que las autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes, garanticen la debida protección y seguridad de todas y todos, para evitar de manera efectiva y definitiva la repetición de estos lamentables episodios que se han convertido en una práctica habitual”.

“No descansaremos hasta que las autoridades pertinentes adopten las medidas de resguardo necesarias para los colegas que sufren amenazas -propias de las mafias que nos pretenden atemorizar- o coacciones de cualquier especie, que les impiden trabajar con tranquilidad espiritual y resguardo físico”, sostuvo también “Compromiso Judicial”. Y agregó que “nuestra seguridad e independencia no son negociables y deben ser garantizadas de manera urgente, porque de eso depende que podamos tomar decisiones jurisdiccionales con libertad, libres de cualquier presión”.

*Con información de Infobae *Foto de portada: juez federal Aurelio Cuello Murua; senador Lisandro Enrico; fiscal Javier Arzubi Calvo; intendente Leo Chiarella

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Juzgado Federal de Venado Tuerto denegó la solicitud de prisión domiciliaria de un recluso por mediar violencia de género hacia su madre. El detenido había solicitado ese beneficio aludiendo la necesidad de brindar cuidado y atención a su progenitora por los problemas de salud de esta última, pero su pedido fue rechazado al existir una prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento dispuesta por el Juzgado de Familia de Casilda, e incorporada a la causa federal por Javier Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

El imputado había presentado por quinta vez la solicitud de arresto domiciliario. En su último pedido, esbozó que su regreso al hogar familiar sería de gran ayuda para su madre dado su estado de salud. La mujer cuenta con un certificado de discapacidad vigente por artritis reumatoidea y además sufre de ansiedad y estrés crónico, por lo que se encuentra bajo tratamiento farmacológico con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Además, su grupo familiar es unipersonal, ya que perdió el vínculo hace veinte años con su otro hijo.

El 24 de septiembre pasado, el Juzgado de Familia de Casilda dispuso la exclusión del hogar del detenido y la prohibición de acercamiento hacia su madre hasta un radio de cien metros junto con el cese del hostigamiento hacia ella, medidas que continúan vigentes a la fecha. En ese decisorio, el juzgado argumentó que su retorno al hogar familiar “implicaría un serio riesgo para la integridad física y psicológica” de su madre. En su último pedido, su defensa arguyó que, de otorgársele el arresto domiciliario con permiso de salidas laborales para desempeñarse como ayudante de albañil, podría ser el sostén económico del hogar.

A la fecha, la madre del detenido cuenta con asistencia de la Comuna de Chabás, donde reside, que cubre sus necesidades básicas y le ha aportado una acompañante diaria que se encarga, entre otras cuestiones, de atender sus requerimientos de salud. De acuerdo a un informe elaborado por la comuna, con anterioridad a su detención, el peticionante no tenía vínculo con ella, y los intentos de revinculación fracasaron al resultar la mujer víctima de violencia de género por su propio hijo, lo cual motivó que el juzgado provincial competente dispusiera la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y el cese del hostigamiento.

El fiscal señaló que los derechos de la madre del imputado “no ceden ante las supuestas necesidades de su agresor”. “Lejos estarían de las políticas y los compromisos asumidos por la República Argentina ponderar con mayor o menor medida los derechos y la integridad física y psíquica” de la mujer, señaló el fiscal Arzubi Calvo. Al respecto, recordó que la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

El detenido se encuentra procesado con prisión preventiva como autor del delito de tráfico de estupefacientes, en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y cultivo y guarda de semillas para producir estupefacientes. En su más reciente pedido, el imputado también mencionó como agravante a la pandemia de Covid-19, sin presentar ninguna prueba o documentación al respecto que indicase que se encuentra dentro de alguno de los denominados grupos de riesgo.

La justicia federal había concedido al detenido el beneficio de arresto domiciliario en 2020. El 8 de octubre de ese año, personal policial se hizo presente en el hogar tras un llamado telefónico de una vecina que informó que momentos antes le habían disparado con un arma al hoy peticionante, por lo que había sido trasladado a una sala de emergencias. Posteriormente, la policía se entrevistó con la madre, quien espontáneamente expresó que, contra su voluntad, su hijo tenía plantas de marihuana en la vivienda, por lo que solicitó que se las llevasen. También afirmó que, a pesar de contar con prisión domiciliaria establecida por el juzgado federal, salía con frecuencia del hogar y la maltrataba y tenía actos violentos. De acuerdo a su versión, su hijo le habría amenazado con lastimarla si la denunciaba ante la policía.

En su decisión, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, destacó la incorporación de la prohibición de acercamiento, que continúan vigentes a la fecha. Para el magistrado, no sólo se constató una nueva presunta infracción a la ley 23.737 por parte del imputado, “sino que también se vislumbra una situación de violencia de género que, sin perjuicio de no resultar de competencia de este Juzgado, demanda actuar con debida diligencia a fin de prevenir la violencia contra” su madre. Por ese motivo, hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y denegó la solicitud de arresto domiciliario.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]