La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe rechazó los recursos de queja presentados por la querella y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dejó firme la absolución de Juan Alfredo “Fredy” Dabove.

De este modo, el máximo tribunal provincial ratificó la sentencia dictada el 21 de marzo de 2025 por la Cámara Penal de Venado Tuerto que absolvió al músico y docente en un fallo unánime, revocando la condena de primera instancia a 11 años de prisión por abuso sexual.  

 “La querella y el MPA interpusieron un recurso extraordinario contra la sentencia absolutoria de la Cámara, que fue declarado inadmisible. Luego recurrieron en queja ante la Corte Suprema provincial, y ese planteo también fue desestimado”, detalló el abogado defensor Arsenio Domínguez.

El recorrido judicial

Dabove había sido condenado en primera instancia a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. La sentencia se conoció el 19 de julio de 2024.

El 9 de agosto recuperó la libertad bajo reglas de conducta y tras abonar una caución fijada en 60.000 dólares.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2025, la Cámara Penal de Venado Tuerto —integrada por los jueces Daniel José Curik, Javier Francisco Beltramone y Juan Pablo Lavini Rosset— resolvió absolverlo y dejar sin efecto todas las medidas cautelares vigentes.

Tras esa resolución, el MPA y la querella intentaron llevar el caso a una nueva revisión ante la Corte provincial, instancia que ahora quedó cerrada con el rechazo de los recursos.

Las vías que restan

De acuerdo a lo indicado por la defensa, la única alternativa que podría quedar abierta es la interposición de un recurso extraordinario federal, que debe plantearse primero ante la Corte santafesina y, en caso de ser denegado, habilitaría una eventual queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Domínguez sostuvo que en la sentencia absolutoria no existieron vulneraciones de garantías constitucionales, por lo que consideró improbable que el caso prospere en esa instancia.

Reincorporación y salarios caídos

Con el fallo de la Corte provincial, Dabove quedó habilitado a solicitar formalmente su restitución en los cargos que ocupaba antes de la condena en primera instancia: como docente de nivel secundario en el Taller de Nazareth y en el área de Cultura de la Municipalidad de Venado Tuerto.

El trámite se iniciará la próxima semana. Además, la defensa adelantó que reclamarán el pago de los salarios caídos correspondientes al período en el que el docente estuvo apartado de sus funciones.

En una audiencia que se llevará adelante en la mañana del miércoles en los tribunales venadenses, el abogado Arsenio Domínguez solicitará que recupere la libertad Pedro Ortiz y Hontoria, el ex Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado culpable de cuatro hechos de abuso sexual contra niñas que cursaban 6° y 7° grado.

En tanto, la fiscalía, representada por Florencia Schiappa Pietra, se opondrá a planteo, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor.

El religioso recibió una dura sentencia el 30 de julio de este año por parte de un tribunal integrado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero. En esa misma jornada, en una audiencia cautelar, se definió la prisión preventiva, teniendo en cuenta principalmente el peligro de fuga, ante la falta de arraigo del hermano Pedro.

El ex Director se retiró esposado de los tribunales, saliendo por calle Castelli. Luego fue trasladado a sede policial, y más tarde a la Alcaidía departamental de Melincué.

Arsenio Domínguez presentó una doble apelación: por un lado, a la condena, y por el otro, a la prisión preventiva.

Será el Juez de Cámara, Juan Pablo Lavini Rosset, quien deberá resolver al respecto y determinar si le otorga la libertad al religioso o si aplica una morigeración, como puede ser la prisión domiciliaria.

Posición de la querella

Ana María Regidor, representante legal de una de las víctimas, marcó su oposición a que Ortiz y Hontoria recupere la libertad o acceda a la prisión domiciliaria.

“Considero que debe continuar detenido por los argumentos que plantemos nosotros cuando pedimos la prisión preventiva y por lo que resolvió el tribunal con absoluta fundamentación. Entendemos que la tutela judicial efectiva de las víctimas, no puede estar garantiza con otra medida menos gravosa que la prisión efectiva”, precisó Regidor.

Es decir, “cuando se llega a un juicio y se logra una condena de semejante gravedad, como la que recayó en este juicio, se debe establecer la prisión preventiva, no solo por la gravedad de la condena, sino también por los peligros procesales que fueron acreditados, como la falta de arraigo", finalizó la abogada. 

Finalmente se postergó la audiencia de apelación en el marco de la causa contra Juan Alfredo “Fredy” Dabove, condenado en primera instancia como autor responsable de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo cuando cursaba aproximadamente la edad de 5 años.

La decisión se basa en cuestiones de salud que está atravesando el abogado defensor, Arsenio Domínguez. En consecuencia, desde el poder judicial aceptaron posponer la jornada hasta el 15 de enero. 

El reconocido músico y profesor venadense había sido condenado el 19 de julio de 2024 en primera instancia a 11 años de prisión.

El tribunal, que emitió un fallo unánime, estuvo integrado por Silvina Marinucci (presidenta), Leandro Martín y Roberto Benjamín Revori.

Además, estableció la prisión preventiva ordinaria en la Alcaidía de Melincué. Posteriormente el condenado prescindió de la Defensora Pública para contratar al penalista Arsenio Domínguez, quien apeló la decisión del tribunal. De esta manera, el músico el 9 de agosto recuperó la libertad, bajo reglas de conductas y una caución que fue fijada en 60.000 dólares.

Y si bien la audiencia estaba fijada para la mañana del martes 17 de diciembre, se postergó al 15 de enero, y será el tribunal de la Cámara de Apelaciones quien revise el caso y defina si ratifica la condena, morigera la pena o lo absuelve. 

El 17 de diciembre se llevará adelante la audiencia de apelación en el marco del juicio contra Juan Alfredo “Fredy” Dabove, quien fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. 

La sentencia contra el profesor de música se había dado a conocer el 19 de julio. En tanto, el 9 de agosto recuperó la libertad, bajo estrictitas reglas de conductas y una caución que fue fijada en 60.000 dólares.

El defensor de Dabove es el reconocido abogado penalista Arsenio Domínguez. En tanto, Mayra Vuletic representa al Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Blanc Codina a la querella, mientras que el tribunal estará integrado por los jueces Daniel Curik, Juan Pablo Lavini Rosset y Javier Beltramone. 

Fuentes del consultadas por Sur24 indicaron que “ese mismo día (17 de diciembre) no se va a conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones, ya que en la audiencia se harán una serie importante de planteos. Con lo cual, lo más factible es que lo informen por escrito a comienzos de febrero”.

Historia del caso

El 19 de julio de 2024 el Poder Judicial condenó en primera instancia a 11 años de prisión a Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46), acusado de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. 

El tribunal, que tuvo un fallo unánime, estuvo integrado por Silvina Marinucci (presidenta), Leandro Martín y Roberto Benjamín Revori.

En esa misma jornada, tras el cuarto intermedio, el tribunal hizo lugar a la solicitud de prisión preventiva ordinaria solicitada por la querella y la fiscalía, y en consecuencia Dabove fue trasladado a la Alcaidía de Melincué. El fundamento de la medida se basó en el riesgo de fuga y, además, el incumplimiento de las reglas de conductas establecidas en su tiempo por el Juzgado de Familia, dado que el sujeto había sido filmado en inmediaciones del colegio venadense al que concurría su hijo -hoy reside junto a su madre en Teodelina-, a pesar de que se le había prohibido ese acercamiento.

Apelación

Tras la sentencia, Dabove prescindió de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Couselo, y contrató al reconocido penalista Arsenio Domínguez, quien inmediatamente presentó una apelación para que el músico recupere la libertad.

De esta manera, el 6 de agosto la Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió otorgar dicho beneficio a Dabove. El fallo estuvo a cargo del juez Tomás Orso quien consideró que los riesgos de fuga existentes eran neutralizables.  Además, se basó en que “la sentencia no está firme” contra el profesor de música venadense. 

Al día siguiente los jueces Silvina Marinucci, Aldo Baravalle y Leandro Martín, establecieron el monto de la fianza y reglas de conducta para que “Fredy” recupere la libertad. 

Los magistrados definieron una caución de 60 mil dólares (57.300.000 pesos). Además de fijar dirección en Venado Tuerto, se estableció que Dabove va a estar al cuidado de dos personas: su actual pareja y su ex suegra, quienes deberán hacer un informe semanal con datos sobre su vida cotidiana. También deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría, no podrá salir del país y no deberá ingresar a la ciudad de Teodelina, donde actualmente está radicado su hijo y la madre.

Desde la defensa, se propuso, para cubrir el monto de la caución, una caja de ahorros en dólares por 33.400 y un lote de 2.500 metros cuadrados, valuado en 35.000 dólares.

Ahora el 17 de diciembre Domínguez realizará una serie de planteos con el objetivo de revertir el fallo condenatorio que pesa contra su defendido. 

En las próximas horas, Juan Alfredo “Fredy” Dabove recuperará su libertad luego de permanecer 21 días detenido en la Alcaidía de Melincué, dando cumplimiento así a lo establecido por el juez de Cámara Tomás Orso, tras la audiencia de apelación que se llevó a cabo el pasado martes en los Tribunales de Venado Tuerto, donde se fijó una caución de 60 mil dólares y reglas de conducta que deberá cumplir hasta que se defina su situación procesal con la segunda instancia judicial que, según se estima, podría ser antes de fin de año. 

Por cuestiones administrativas –debían presentar el embargo de un terreno de 2.500 metros cuadrados y de una cuenta bancaria de 34.000 dólares que fueron presentados como fianza-, su liberación se terminó demorando, de todos modos, la defensa avanzó con dichos trámites y, a más tardar, este viernes al mediodía, el profesor podría regresar a su casa, donde estará bajo la tutela de su pareja y de su exsuegra (abuela de su hija mayor). 

Cabe recordar que, dentro de las reglas de conducta que se le dictaron, las tutoras deberán presentar un informe semanal y además no sólo no podrá salir del país, sino que no podrá ingresar a Teodelina, donde vive su expareja y denunciante, junto con sus hijos menores de edad. A su vez, deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría para firmar e informar su permanencia en Venado Tuerto. 

En este marco, Javier Dabove, hermano de Fredy, recordó que “según la Constitución Nacional somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, en primera instancia, donde se dio un debate con mucha polémica, con muchas críticas en la valoración de las pruebas, recibe una condena (11 años de prisión) que no es firme. Es decir, que aún es inocente y tiene derechos a una apelación y a esperar esa audiencia en libertad”. Y añadió: “Fredy tiene un arraigo afectivo, amoroso, laboral, en la ciudad de Venado Tuerto y tiene todo su derecho a continuar con esta vida”. 

Asimismo, y en referencia a la caución que se estableció, sostuvo que “no es que un culpable queda libre por plata, sino que es un monto de dinero que se contrapone al riesgo de fuga, esa es la función específica, que forma parte del proceso judicial, un derecho que tiene en este caso Fredy para esperar el proceso en libertad porque no hay una condena firme”. 

“Lo que se va a discutir en la apelación de la condena, es la valoración de los dichos, de los hechos, de la prueba, en definitiva”, indicó. Allí jueces de Cámara evaluarán lo actuado y harán su propia interpretación que puede derivar en una reafirmación de la pena o en la absolución.

Javier Dabove también aclaró que, tanto el imputado como su familia y círculo íntimo, nunca expuso la identidad de los menores, con el objetivo de protegerlos. “Sin embargo, la madre, en reiteradas oportunidades y en diferentes medios los mencionó y expuso públicamente. Nosotros ni siquiera nombramos el apellido de la familia materna”, exclamó. 

Seguidamente, habló de “toda una realidad, que incluso hablaron los propios testigos, de obstrucción del vínculo de los menores con la familia paterna, previo a las denuncias, arrancando a los niños la posibilidad de tener contacto con sus abuelos, hermana, tíos”. Y agregó: “Posterior a las denuncias, la Justicia ordenó la revinculación con la hermana mayor, pero no fueron llevado a ese encuentro con la hermana. Hay una vulneración de los derechos, no sólo de esos niños sino también de la hermana adolescente en ese momento”.   

Seguidamente, preguntó: “¿Realmente esos niños no querían vincularse con esa hermana, con su padre, con su familia y amigos? Es muy llamativo”.

El hermano de Fredy también habló de falsas denuncias y disparó: “La falsa denuncia es un problema para todos y todas. Le puede pasar a cualquier persona, además de afectar el funcionamiento de la justicia. Pensemos en todos los recursos y logística que se pone a trabajar detrás de una denuncia falsa. Este es un tema que habría que trabajarlo, hablarlo porque afecta a todas y todos”. 

En una audiencia celebrada este miércoles en los tribunales de Venado Tuerto, los jueves Silvina Marinucci, Aldo Baravalle y Leandro Martín, establecieron el monto de la fianza y reglas de conducta que deberá cumplimentar Juan Alfredo “Fredy” Dabove para poder recuperar la libertad, tal como lo estableció el juez de cámara Tomás Orso el martes último. 

De este modo, el profesor condenado en primera instancia a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, quedaría libre hasta que se haya una condena firme. 

Durante esta jornada, el tribunal definió una caución de 60 mil dólares (57.300.000 pesos). Además de fijar dirección en Venado Tuerto, se estableció que Dabove va a estar al cuidado de dos personas: su actual pareja y su ex suegra, quienes deberán hacer un informe semanal con datos sobre su vida cotidiana. También Dabove deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría, no podrá salir del país y no podrá ingresar a la ciudad de Teodelina, donde actualmente está radicado su hijo y la madre.

Desde la defensa, se propuso, para cubrir el monto de la caución, una caja de ahorros en dólares por uds 33.400 y un lote de 2.500 metros cuadrados, valuado en 35.000 dólares. Esta oferta fue aceptada por el tribunal, aunque deberán ingresar un oficio, tanto al banco donde está la cuenta como al Registro de la Propiedad, para informar sobre el embargo. Sin embargo, al tratarse de trámites administrativos que pueden demorar entre 15 y 20 días, se dispuso que con los documentos de la presentación del trámite alcanzaría para otorgar la libertad. 

Es así que, entre jueves y viernes, Dabove podría recuperar la libertad.

Por otro lado, el abogado defensor, Arsenio Domínguez remarcó que ya está hecha la presentación de la apelación al fallo. “El expediente tiene que subir a la Cámara, donde quedará a disposición de las partes durante 10 días, tal como lo establece el Código Procesal Penal y después se fijará la audiencia para debatir el recurso. Creemos que será antes de fin de año”, enfatizó. 

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

La Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió otorgar la libertad a Juan Alfredo “Fredy” Dabove bajo unas reglas de conductas que se determinarán en la tarde de este martes o durante la jornada del miércoles. 

El fallo estuvo a cargo del juez Tomás Orso quien consideró que los riesgos de fuga existentes eran neutralizables con una serie de reglas de conductas.  

En tanto, se basó principalmente en que “la sentencia no está firme” contra el profesor de música venadense, quien fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión acusado de haber abusado sexualmente de su hijo menor de edad y al mismo tiempo se dispuso una prisión preventiva ordinaria, siendo alojado en la Alcaidía de Melincué. 

Audiencia de apelación

La audiencia comenzó minutos después de las 7:30 horas del martes y el primero en hacer uso de la palabra fue el abogado defensor Arsenio Domínguez. Aseguró que la “prisión preventiva fue una decisión apresurada del tribunal” y que se estaban violando “todos los derechos constitucionales y las convenciones internacionales al no estar firme la sentencia”.

Potenció la caución, con un terreno valuado en 20 millones. Y hasta planteó la posibilidad de que a Dabove se le coloque una tobillera electrónica. 

Además, desestimó los supuestos incumplimientos de las normas de conducta por parte de su imputado, asegurando que en su momento “fueron desestimados por la fiscalía” y que “a los dos años caducaron”.

Por su parte, la querella, representada por Ignacio Blanc Codina, insistió en la necesidad de que el imputado continúe privado de su libertad. Aseguró que los hijos le tienen terror a Fredy, que no cumplió en su momento una serie de normas de conductas, y que en consecuencia “existe peligro de fuga”. Además leyó un mensaje escrito por el niño quien le pidió al “juez tener una vida en paz”. 

En tanto, la representante del Ministerio Público de la Acusación fue la fiscal Mayra Vuletic, quien solicitó que Dabove continúe tras las rejas con el objetivo de “garantizar la integridad psicofísica de la víctima”, y agregando que existe riesgo de fuga.

Fallo judicial

“Después de escuchar a las partes consideré que lo más adecuado es que transite el proceso en estado de libertad con una serie de reglas de conductas, controles y una caución que se deberá fijar en una nueva audiencia a realizarse hoy o mañana. Con lo cual transitará el proceso en libertad hasta que adquiera firmeza la condena, si es que ello ocurre, o sea revocada”, explicó el juez Tomás Orso.

A la hora de fundamentar la decisión, el magistrado entendió “que se podía asegurar el peligro procesal, un peligro de fuga por la condena a 11 años de prisión, a través de una serie de reglas de conducta y una caución para que ello no ocurra”. 

Por último, sostuvo que “consideré que hay riesgo de fuga, pero que es neutralizable con una serie de reglas de conductas”.

El abogado que asumió la defensa de Juan Alfredo “Fredy” Dabove, condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, Arsenio Domínguez, informó que este viernes presentarán la apelación a este fallo de primera instancia, resuelto por el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Benjamín Révori.  

A su vez, confirmó que el martes 6 de agosto, a las 7.15, se llevará a cabo una audiencia oral y pública en los tribunales venadenses con el objetivo de “tratar la cautelar de prisión preventiva”, decisión que también había sido recurrida por la anterior defensora, la Dra. Silvia Cousello. “Allí se confirmará o revocará esta medida dictada por el tribunal actuante en la causa principal”, explicó el letrado en diálogo con VerTv.

Según recordó Domínguez “a Dabove se lo acusa de violación con acceso carnal, que habría sido cometido con un palo, que no se conoce la estructura o dimensiones ya que no fue hallado, o una rama con pinche, que lo asimila a una planta de rosas”, agregando que hay una acusación alternativa subsidiaria que dice que “para el caso de no ser probada esa violación con penetración, que se lo condene por abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la guarda; y en algún tramo de la investigación se lo había intimado por corrupción de menores. Es decir que hay distintos tipos de calificaciones, lo que, a mi opinión, debilita la pieza acusatoria, porque si estuviera tan claro el delito, no hace falta las acusaciones alternativas”, expresó. 

También remarcó que la acusación la hace la madre de los menores, denuncia que se formula en marzo del 2020, hace más de 4 años atrás. 

Luego de todo el proceso y la investigación preparatoria, se llegó al juicio que terminó el pasado 19 de julio, con la condena de primera instancia a 11 años de prisión. “Lo que estamos pidiendo ahora es que se revoque el fallo y se lo declare libre de culpa y cargo porque, a priori, consideramos que no hay elementos incriminantes para semejante acusación”, enfatizó. 

Uno de las pruebas que la defensa considera clave, es el examen del médico forense, que “no vio ningún tipo de hematoma, escoriación, ni fisura, es decir ninguna irregularidad en la zona anal del menor, por lo tanto, nos llama la atención que en este tipo de delitos la prueba clave es el informe del médico forense”, planteó. 

Según el informe del médico forense, el pequeño tenía una pequeña congestión, pero “se puede obedecer a otra causa; no pudo aseverar que haya sufrido algún tipo de penetración. En nuestra opinión, debe prevalecer el informe médico a cualquier pericia psicológica o lo que pueda manifestar el menor en la Cámara Gesell, porque si está diciendo una cosa que la realidad demuestra que no se configura, no puede ser causal para condenar a una persona”.

Además, exclamó: “Según se estableció en la acusación, los casos se habrían producido cuando el menor tenía entre tres y cuatro años, algo que nos llama la atención, porque introducir o penetrar a un menor con un palo o una rama con espina tiene que producir daños en su cuerpo” .

Domínguez también criticó el rol de los psicólogos, ya que “son de parte y está en juego la imparcialidad”. A su vez marcó que dichos profesionales, “en vez de escuchar primero a los menores y formular un diagnóstico, escucharon la versión de su mamá; de ese modo lo que hacen es predisponerse para seguir ese camino”, aseveró.

Seguidamente, hizo referencia al rol de la Cámara Gesell: “Creo que hay que formularle muchas críticas. Primero, porque en el proceso acusatorio, quienes deben interrogar a los testigos son las partes; aquí la que interroga es una psicóloga, mientras que los abogados y los peritos tenemos que estar detrás del vidrio, es decir que no tenemos ningún tipo de participación, más allá de alguna pregunta que se le pueda trasladar. Vemos que los psicólogos van induciendo o llevando al menor, a través de preguntas sugestivas, lo cual está prohibido, a que diga lo que el señor fiscal necesita en un caso; va direccionando el interrogatorio. Segundo, que el entrevistador debe ser designado por el juzgado, no por el fiscal, porque los peritos que toman la Cámara Gesell son funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, o sea que responde a una de las partes”. 

Por última, disparó: “Cómo puede ser que un psicólogo, en una entrevista de 20 minutos pueda determinar si es creíble o no lo que dice un menor”. 

Lo más cercano será el martes con la apelación de la cautelar, donde se determinará si Dabove continuará en prisión o en libertad, y luego se avanzará en la apelación del fallo, lo cual demorará un tiempo. “El expediente tiene que ingresar a la Cámara donde permanecerá 10 días hábiles, para luego designar el tribunal y poner la fecha de audiencia. Es decir que pude demorar un par de meses”, adelantó.

Por último, el abogado señaló que en caso de que la Cámara confirme la prisión preventiva, elevarán el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y si se revoca la decisión del tribunal de primera instancia, tampoco será inmediato, ya que se deberán imponer normas de conducta y fijar caución, pero “sabiendo que debe acatar lo que su superior ha dicho”.

El próximo martes 6 de agosto la Cámara de Apelaciones definirá si Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46) continuará en prisión preventiva ordinaria, accederá al beneficio de una domiciliaria o en su defecto, será liberado.

El músico y profesor venadense fue condenado a 11 años acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra su hijo menor de edad, en una sentencia que se dio a conocer el viernes 19 de julio. 

Tras la lectura del fallo, Dabove decidió prescindir de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Cousello, para contratar al reconocido penalista Arsenio Domínguez. El abogado la semana pasada presentó la apelación a la prisión preventiva ordinaria sin plazo impuesta a Juan Alfredo, solicitando la inmediata liberación o en su defecto la prisión domiciliaria.

La audiencia se llevará adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco desde las 7:15 horas, y será el juez Tomás Orso quien deba resolver al respecto.

Historia del caso

Se trata de un caso donde la denuncia fue radicada en el año 2019, y que, por cuestiones ligadas en su momento a la pandemia, el proceso judicial sufrió importantes demoras.

En un comienzo la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien realizó la requisitoria de elevación a juicio solicitando una condena de 10 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En tanto, en el juicio fue Damián Casullo el representante del Ministerio Público de la Acusación. 

Por el lado de la querella, Ignacio Blanc Codina representó al niño, pidiendo 14 años de prisión, aseverando que las pruebas contra el profesor de música “son contundentes”.

Finalmente, el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Roberto Benjamín Révori, en forma unánime sentenció a 11 años de prisión a Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar, resolvió la prisión preventiva ordinaria del acusado, basados principalmente en el riesgo de fuga y en el incumplimiento de ciertas normas de conducta por parte de Dabove durante el proceso.

El abogado penalista Arsenio Domínguez solicitó la libertad de Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46), quien se encuentra detenido en la Alcaidía de Melincué sentenciado en primera instancia por haber abusado sexualmente de su hijo menor de edad.

El letrado, realizó la presentación en la jornada del miércoles, y al mismo tiempo planteó como alternativa la posibilidad de una prisión domiciliaria.

Domínguez se transformó en el nuevo representante legal de Dabove hace pocos días, luego de que los familiares del condenado prescindieran de los servicios de la Defensora Pública Silva Cousello.

En tanto, el abogado adelantó a Sur24 que la semana entrante realizará la presentación correspondiente para apelar la condena a 11 años de prisión que recayó sobre Juan Alfredo el último viernes.

Se trata de un caso donde la denuncia fue radicada en el año 2019, y que, por cuestiones ligadas en su momento a la pandemia, el proceso judicial sufrió importantes demoras.

En un comienzo la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien realizó la requisitoria de elevación a juicio solicitando una condena de 10 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En tanto, en el juicio fue Damián Casullo el representante del Ministerio Público de la Acusación. 

Por el lado de la querella, Ignacio Blanc Codina representó al niño, pidiendo 14 años de prisión, aseverando que las pruebas contra el profesor de música “son contundentes”.

Finalmente, el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Roberto Benjamín Révori, en forma unánime sentenció a 11 años de prisión a Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar resolvió la prisión preventiva ordinaria del acusado, basados principalmente en el riesgo de fuga y en el incumplimiento de ciertas normas de conducta por parte de Dabove durante el proceso.

Ahora resta saber cuándo se llevará adelante la audiencia en donde el juez de la Cámara de Apelaciones definirá si accede o no al pedido realizado por Arsenio Domínguez. 

Javier Dabove defendió la inocencia de su hermano Fredy quien fue sentenciado a 11 años de prisión acusado de abusar sexualmente de su hijo cuando tenía entre cuatro y cinco años. Las declaraciones fueron en el marco de una conferencia de prensa que se llevó adelante en la mañana de este martes en Venado Tuerto.

Javier aseguró que se “trató de una falsa de denuncia”, presentada hace cinco años y que desde ese momento a esta parte no hubo “una sola persona” que haya contado que atravesó un momento de abuso o acoso con Fredy, quien está detenido actualmente en Melincué. 

Aseguró que apelarán la decisión del tribunal, pero que prescindieron de la Defensora Pública, Silvina Couselo, y contrataron al abogado penalista Arsenio Domínguez.

Historia del caso

La denuncia contra Fredy Dabove por abuso sexual fue presentada por su ex pareja en el año 2019. A lo largo del juicio, que comenzó hace poco más de un mes, se presentaron una serie de testigos convocados por las partes, como así también informes.

Desde la querella, el abogado Ignacio Blanc Codina considera que la “Cámara Gesell realizada sobre la víctima es contundente”. En tanto, desde la parte del acusado indican que el perito forense presentó un informe en donde asegura que no hay lesión anal en el niño.

En este contexto se llegó al último viernes, donde un tribunal presidido por Silvina Marinucci, acompañada de los jueces Roberto Benjamín Révori y Leandro Martín, por unanimidad decidieron condenar a 11 años de prisión a Juan Alfredo Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar, definieron la prisión preventiva ordinaria. 

Nueva instancia

Javier, el hermano de Fredy, aseguró que van a apelar la decisión del tribunal, y que para ello decidieron contratar los servicios de Arsenio Domínguez.

“Mi hermano está siendo falsamente acusado de abuso sexual infantil. Nosotros no quisimos convocar a los medios para cuidar a los niños, mientras que la familia de parte de la madre sí lo hizo. Con lo cual la exposición que tuvieron no es nuestra responsabilidad”, aseguró Javier.

En este marco, agregó que “por decisión judicial Fredy tuvo que concurrir a terapia y su psicóloga informó que no es perverso, que no es pedófilo, y que está atravesando hace años una situación de revictimización”.

En estos últimos cinco años “ninguna persona del sur de Santa Fe se presentó a decir ‘a mí me pasó lo mismo’”, aseguró Javier, mencionando a renglón seguido que “declararon más de 20 personas, referentes de instituciones y políticos, del arte, la salud y la cultura, quienes coincidieron en que nunca se enteraron de una acusación similar a la que atraviesa ahora”.

En cuanto al resultado de la Cámara Gesell, expresó que “fue puesta en duda y criticada por falencias técnicas. El hecho por el que se lo acusa fue construido a través de fragmentos de relatos en donde se evidencian contradicciones e incongruencias”. 

Sostuvo que se trató de “una relación altamente conflictiva de un hombre con una mujer, una relación tóxica”, y que desde el poder judicial “decidieron no investigarla ni hacerle una pericia psicológica”.  Le pidió al periodismo que “investigue lo que hay de fondo”. 

En una audiencia de apelación que se llevará adelante el próximo 24 de julio en los tribunales de Venado Tuerto, Arsenio Domínguez, abogado defensor del ex Director del Colegio Sagrado Corazón (Pedro Ortiz y Hontoria), solicitará que dos de las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el religioso se tramiten en la justicia cordobesa.

La fundamentación del planteo se basa en que dos de los hechos imputados al “Hermano” se habrían registrado en la pileta de un hotel en Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un viaje de estudio. 

En tanto, los restantes, habrían ocurrido en las instalaciones del establecimiento educativo ubicado en Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre.

El planteo inicial fue rechazo por la Jueza Paula Borrello, mientras que en esta oportunidad el magistrado de la Cámara será Juan Pablo Lavini Rosset. 

De esta manera, se dilata el inicio del juicio oral y público contra el “Hermano Pedro”, sobre quien pesa un pedido de 16 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual contra niñas que cursaban 6° y 7° grado en los años 2018 y 2019.

Mientras tanto, el religioso continúa con su vida en Buenos Aires, donde debe cumplir con ciertas normas de conductas, entre ellas, no tener niños ni jóvenes a cargo, y presentarse periódicamente en la comisaría más cercana. Además, la imposibilidad de salir del país, algo que intentó en el último año con pedidos especiales para viajar a España, donde radica su familia.   

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner las mallas delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

En el año 2021 “pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven contó que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre de ese año imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo. Fue en ese momento que renunció y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

El 15 de julio de 2022 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple”.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el fiscal Horacio Pueyrredón.

Graciela, la mamá de la alumna, sostuvo una entrevista con Sur24 que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Esta situación desembocó “en que decidamos cambiarla de escuela. Y terminó 7° grado en otra institución”, relató la mamá.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el religioso. 

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala, pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones (del cuadernillo), la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

El 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Como en el resto de la provincia, en Venado Tuerto y todo el sur-sur santafesino también impactó la decisión de la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, de intervenir la sede rosarina de la institución judicial, designando para ese delicado rol al jefe del Ministerio Público de la Acusación venadense, Matías Merlo -quien se ocupará de ambos cargos-, por un plazo de seis meses prorrogables y con el cometido de “restaurar la cohesión interna institucional, reordenar los circuitos y procesos de trabajo de fiscales y empleados, y unificar el registro de la información”.

Aunque menos conocido en las grandes urbes de la provincia de Santa Fe, Merlo acredita largos años de fructífero trabajo en el departamento General López y sus adyacencias, en primer lugar, en la Unidad Fiscal de Melincué, y luego como fiscal regional de Venado Tuerto, responsabilidad que asumió en diciembre de 2020 en reemplazo de Alejandro Sinópoli, siendo confirmado en el alto cargo en abril del 2023 por la Asamblea Legislativa y por un plazo de seis años. 

El funcionario debió enfrentar varios hechos de notorio impacto social, como amenazas a autoridades municipales y provinciales, entre ellos al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; al entonces senador departamental Lisandro Enrico (actual ministro de Obras Públicas provincial) y fiscales; también intervino en casos de balaceras y hasta en un homicidio por encargo. Sin embargo, el trabajo coordinado con las fuerzas federales le permitió resolver exitosamente varios de ellos. 

En el plano institucional, Merlo gestionó la apertura de una Fiscalía en la ciudad de Firmat, que fue inaugurada en abril del año pasado, más allá de que su titular ya venía trabajando en el área. Además, se ocupó de fortalecer el área de investigaciones y la tramitación de juicios.

Luego, en 2018, fue el encargado de llevar adelante la investigación conocida como Megaestafa Inmobiliaria, que terminó con varias personas condenadas, entre ellas el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como jefe de la asociación ilícita, y Raúl Jaime, quien operaba de gestor.

También tuvo a su cargo otras actuaciones de fuste, con juicios históricos, como el de la trata de personas en la localidad de Melincué. 

Asimismo, el fiscal Matías Merlo intervino en la investigación que llevó a la cárcel al “Rey del Juego”, Leonardo Peyti, y que puso en jaque los cimientos del MPA de Rosario con la recordada destitución de dos fiscales.

La presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul, destacó que “el doctor Matías Merlo se caracteriza por ser muy trabajador, estudioso y, sobre todo, lo considero una buena persona. La verdad es que se trata de un funcionario con el que da gusto trabajar y con quien hemos logrado, en nuestra jurisdicción, una relación institucional madura”.

“El fiscal Matías Merlo es un excelente funcionario, perseverante, comprometido y muy dedicado a su función, con lo cual considero que tiene sobrados méritos para asumir una responsabilidad tan importante, aunque en principio sea provisoria -por seis meses-, como interventor del Ministerio Público de la Acusación de Rosario”, sintetizó el abogado penalista Arsenio Domínguez, de amplia trayectoria profesional en el sur-sur santafesino. 

Sobre las características del jefe de los fiscales regionales, Matías Merlo, el abogado venadense José María Cónzoli, siempre consultado por los medios locales y regionales en virtud de su actividad en organismos de defensa del consumidor, aseguró que “el fiscal general, siempre destacado por su eficiencia y honestidad, está trabajando mucho, como lo hizo desde sus inicios y, más allá de su desempeño en la región, también se hizo cargo de causas muy pesadas a nivel provincial, como volverá a hacerlo en los próximos meses a partir de esta oportuna designación en el MPA de Rosario”. 

Por su parte, la abogada Ana María Regidor se expidió sobre las cualidades profesionales de Merlo, “a quien conozco desde sus inicios en la Unidad Fiscal de Melincué, y luego como fiscal regional de esta Circunscripción, y como profesional independiente de la abogacía puedo decir que siempre fue un fiscal de enorme capacidad de trabajo y gran apertura al diálogo, siempre ejerciendo su labor en relación con la responsabilidad del cargo. Con el doctor Merlo hemos tenido coincidencias y disidencias en cuestiones jurídicas y de política criminal, pero siempre en un marco de absoluta respeto”, apreció la penalista.

El abogado Ignacio Blanc Codina, consultado sobre la figura del fiscal regional, sostuvo: “Lo primero que destaco es su capacidad de trabajo y de resolución de temas y, en segundo lugar, es digno de reconocer la humildad que conservó al convertirse en fiscal regional, puesto que hay funcionarios que suelen marearse cuando alcanzan ciertas jerarquías y, claramente, no el caso de Matías Merlo”. Y añadió: “También es valorable que siempre está a disposición, atendiendo el teléfono, incluso estando de vacaciones”, dimensionó el penalista.

Dr. Arsenio Domínguez.

Todo comenzó con una nota periodística emitida en un programa de televisión regional, donde el abogado Arsenio Domínguez criticó el desempeño y falta de conocimiento de muchos de sus colegas para postular a concursos del Poder Judicial. Esta reflexión es en el marco de su calidad de exmiembro evaluador para elegir nuevas autoridades provinciales y regionales del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensoría General.

Sus palabras, vertidas en el envío periodístico En la Tecla

Presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, Andrea Majul.

(Canal 12 de Venado Tuerto y TDC de Firmat), generaron la rápida respuesta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, que preside Andrea Majul, desde donde mediante un comunicado expresaron “su enérgico rechazo a las expresiones del Dr. Arsenio Domínguez”, remarcando que “sus dichos lesionan a los operadores jurídicos que ejercen libremente la abogacía, como a los colegas funcionarios públicos. Su crítica genérica, sin individualizar a quien/es se refiere, constituyen una práctica temeraria que lesiona el buen funcionamiento de las instituciones, y la entendemos como sólo su opinión, aunque tenemos el deber institucional de manifestarnos, expresando nuestra negativa”.

El abogado venadense también declaró que “la calidad de la Justicia se ve muy resentida porque hay jueces o fiscales que no tienen los conocimientos y la experiencia que debieran para ocupar esos cargos. También es cierto que hay casos de jueces o fiscales que cumplen muy bien su función, como, por ejemplo, el fiscal general de nuestra zona, Matías Merlo”.

Y en este punto, desde la entidad, arremeten: “Sorprende, además, su beneplácito hacia un funcionario en particular, desconociéndose las motivaciones que lo llevaron a tal afirmación. Este Directorio no coincide con la mirada sesgada y hacia el pasado de la profesión, formulada por el colega. Es nuestra función continuar bregando, día a día, por los derechos de la colegiatura en la selección de jueces y funcionarios públicos y por acercar a nuestra institución a la sociedad”.

Haciéndose eco de las mismas declaraciones, el Consejo Regional del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, manifestó en un comunicado del mismo tenor que “hace saber su rechazo a las declaraciones periodísticas formuladas por el ex presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, Dr. Arsenio Domínguez. Las descalificaciones genéricas que se vuelcan en dichas publicaciones -alejadas de la realidad- solo tienden a generar un clima de desconfianza en las instituciones y en los profesionales del Derecho en general y en nada contribuyen en orden a promover un necesario proceso de búsqueda de mejoras en nuestro sistema de justicia”.

Agregando: “Desde nuestro lugar de representación institucional, entendemos que el debate serio, honesto y fundado constituye la verdadera base para la construcción de un sistema que satisfaga plenamente las necesidades de justicia de nuestra sociedad”, firma Sergio Fenice, presidente del Consejo.

El abogado Arsenio Domínguez, cuestionado por la oposición por haber fijado domicilio en la dirección del estudio jurídico del secretario de Justicia Gabriel Somaglia, presentó este jueves su dimisión a integrar el jurado para el concurso de nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación.

Con la renuncia de Domínguez (ex presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción), ya son nueve las bajas que se producen en ese cuerpo y en el de evaluadores para el Servicio Provincial de Defensa, entre titulares y suplentes, y por distinto tipo de razones.

La lista incluye, también como titulares del jurado para fiscales, al juez Alejandro Slokar (presidente de la Cámara de Casación Penal) y a la jueza Ana María Figueroa (camarista de Rosario). A estas tres renuncias se suma, en ese mismo cuerpo, la excusación de Sandra Valenti (camarista penal de Santa Fe). Con lo cual el único miembro que queda de los titulares de ese jurado es Darío Vezzaro (docente universitario y ex fiscal General de la provincia de Córdoba).

En el jurado para defensores, renunciaron la académica Ángela Ledesma y la camarista penal Martha Feijoó. Por otra parte, el jurista mexicano Sergio García Ramírez nunca respondió a la convocatoria. Con lo cual, de los titulares siguen en pie el camarista Gustavo Salvador (que está recusado, pero aún sin resolución) y el abogado Rodolfo Zehnder. En tanto, presentaron sus renuncias como suplentes Danilo Kilibarda y la presidenta de la Cámara Federal de Rosario, Élida Vidal.

Esta instancia, considerando la decisión del gobierno provincial de salvar los inconvenientes y seguir adelante con el proceso, requerirá cubrir con los suplentes los puestos de los titulares, y luego sortear a nuevos integrantes del cuerpo en carácter de suplentes.

En la jornada de hoy jueves desde el poder judicial comienzan a peritar el celular del joven de San Eduardo acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 16. El objetivo es hacer un informe técnico sobre los mensajes y llamadas realizadas luego de los hechos denunciados la madrugada del domingo 24 de julio.

Al mismo tiempo desde tribunales lo autorizaron a realizar el viaje de estudio de quinto año con sus compañeros de nivel secundario.

En tanto, aún resta sumar una cantidad importante de evidencias en la causa, principalmente resultados de laboratorios y testimonios de amigos del joven que fue detenido.

El abogado Arsenio Domínguez está convencido de la inocencia de su defendido, dejando en claro que no existió tal abuso sexual.

La investigación

El hecho, que se encuentra en plena etapa investigativa, habría ocurrido en horas de la madrugada del domingo 24 de julio, en el local bailable Palo Alto cercano a la rotonda de ruta 8 y 33, cuando una menor de 16 años sostuvo que a la salida del lugar fue atacada sexualmente.

La denuncia en primera instancia fue radicada ya avanzada la mañana en Comisaría de la Mujer y luego se trasladó al Juzgado de Menores.

La adolescente, quien sostuvo no recordar nada, fue atendida en el Hospital Regional “Dr. Gutiérrez” donde se hicieron los exámenes correspondientes, arrojando 1.31 gramos de alcohol en sangre el control de rigor.

A las pocas horas del hecho, el juez de Menores, Javier Prado ordenó la detención del joven de 17 años, bajo la acusación de abuso sexual con acceso carnal.

La causa

El joven fue alojado en el IRAR de Rosario. El primer objetivo de la defensa era conseguir el trasladado a Venado Tuerto, cosa que ocurrió el 26 de agosto.

Mientras que el próximo paso fue solicitar su libertad, la cual la Cámara de Apelaciones concedió el 12 de septiembre.

El abogado Arsenio Domínguez planteó la inocencia de Carlos N., el contratista rural acusado de generar intencionalmente un incendio que derivó en la destrucción total de la Planta de Tratamiento de Residuos.

El siniestro se registró en la tarde del miércoles 7 de septiembre, generando una pérdida aproximada para el estado local de 150 millones de pesos.

En este contexto el jueves 8 un grupo de bomberos zapadores de la ciudad de Rosario realizó una serie de pericias técnicas en el lugar el hecho. Y a los pocos días enviaron un informe preliminar, en el cual sostienen que se trató de un incendio intencional.

Con esa información, desde fiscalía procedieron el miércoles 14 a la detención del contratista rural Carlos N. de 63 año, sospechado de haber querido generar un incendio controlado en un campo de cuatro hectáreas, el cual por las condiciones climáticas se salió de control y terminó afectando al predio municipal.

El último viernes se llevó adelante la audiencia imputativa en donde se le formó causa por Incendio doloso y Daño. Al mismo tiempo recuperó la libertad bajo reglas de conductas y una fianza de 200 millones de pesos.

Posición de la defensa

El reconocido abogado penalista Arsenio Domínguez se hizo cargo de la defensa del contratista rural.

“Estoy esperando poder leer el legajo en donde están todas las actuaciones labradas. Desde el punto de vista jurídico es un tema intrincado, nada sencillo, ya que hay cuestiones penales y civiles de por medio. Todo va de la mano de la acreditación de la autoría del hecho y la calificación”, señaló el letrado.

En tal sentido es necesario “definir si estamos ante un incendio doloso, con la intención de una persona de provocarlo. O si estamos ante un incendio culposo, donde el monto de pena es totalmente distinto. Estamos hablando de imprudencia, negligencia o impericia”, agregó.

La investigación avanza en el Ministerio Público de la Acusación. El estado local se presentará como querellante en la causa penal. Y por otro lado, recurrirá a la justicia Civil para demandar la reparación del daño, estimado en 150 millones de pesos.

Pero primero “hay que definir la autoría, quien inició este incendio. Y eso se verá con el tiempo, porque hasta ahora estamos con una medida cautelar, donde se ordenó la libertad bajo una caución. Esto recién empieza y es largo el camino”, expresó Domínguez.

En un principio “planteo que no tiene nada que ver con la imputación que se le formula al contratista rural. Tendrán que acreditar o probar la autoría, y eso corre por cuenta del señor fiscal o del querellante (la municipalidad y la empresa propietaria del campo lindante). No me consta que (Carlos N.) sea el autor”, añadió.

Pero si “hay alguna responsabilidad o algún indicio de autoría, después vendrá la otra discusión: si estamos en presencia de un estrago doloso o un estrago culposo”, finalizó el abogado penalista.

El tribunal presidido por el Juez Juan Pablo Lavini Rosset, otorgó en el mediodía de este lunes, la libertad a Blas, el adolescente de 17 años de la localidad de San Eduardo que permanecía detenido tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 16 años, a la salida de un boliche venadense.

El abogado del joven, el Dr. Arsenio Domínguez, dio la noticia al aire de LT29, remarcando que “después de un arduo debate de tres horas 45, donde las partes expusieron sus argumentos, el juez Lavini Rosset dispuso la libertad”.

Blas, que ya se reencontró con su familia, estaba detenido desde el 25 de julio. En un primer momento fue alojado en el IRAR de Rosario y el viernes 26 de agosto había sido trasladado al Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas de Venado Tuerto. De acuerdo a lo informado por la defensa del menor, “la cautelar de privación de la libertad tiene sus límites y se exigen sobre todo tratándose de un menor donde la prisión debe ser lo menos posible, como lo dicen las convenciones del niño”, señaló Domínguez.

Y agregó que “al no haber peligro de fuga o estorpecimiento en la investigación se dispuso su libertad” y la liberación fue inmediata tras informarse el fallo.

El tribunal estuvo constituido por el fiscal de Cámara Fernando Palmolelli; el asesor de Menores Leandro Carozo; y abogado del niño Guillermo Benavidez.

Piden la libertad para el joven de San Eduardo acusado de abuso sexual

Una vez radicada la denuncia, la joven de 16 años fue trasladada al hospital en donde le realizaron distintos estudios. Según Arsenio Domínguez, abogado del adolescente de San Eduardo, “el análisis de sangre determinó que tenía a esa hora de la mañana 1,31 gramos de alcohol en sangre. Y por otro lado, no se constataron lesiones que indiquen la posibilidad de un abuso sexual”. El abogado defensor consideró en una nota anterior con Sur24 que “es prematuro hablar de un abuso sexual con acceso carnal. En mi opinión, no está probado, no está acreditado. Los dichos de la denunciante es que no recuerda lo que pasó debido a su estado de embriagues. El informe pericial arrojó que tenía en sangre 1,31 gramos de alcohol”. En el legajo “hasta ahora constan los dichos de las amigas de la denunciante. Por lo tanto, la denunciante relata lo que le dijeron sus amigas. Mencionan que el hecho ocurrió entre las 4 y las 6 de la mañana. Y la chica es llevada al hospital por su madre a las 9 horas. Aún falta la declaración del menor. Y no encuentro mayores evidencias para que esto se prolongue”, añadió. Domínguez sostiene que “en el informe pericial médico no se habla de abuso sexual y así figura en el legajo”. El letrado apunta a sumar testimonios de amigos que esa noche se encontraban en el boliche Palo Alto. Y sostiene que por el momento no existen aportes fílmicos por parte del propietario del local bailable.

Este lunes, el abogado defensor comentó que las pruebas solicitadas están en proceso pero se esperan los resultados. Y cuanto a los testimonios de los amigos de Blas, sostuvo que

El letrado sostuvo que por el momento no fueron tomados porque “optamos por seguir con el trámite de la libertad”.

“Ahora espero que Blas pueda terminar el secundaria (se encontraba cursando 5to año) ya que solo faltan dos meses, retome sus actividades deportivas y siga trabajando, como lo hacía en horario de tarde. Tendrá que seguir algunas medidas de conducta, pero retomará su vida normal y en su casa con sus padres”, destacó el letrado tras lo acontecido este 12 de septiembre.

El hecho denunciado habría ocurrido en horas de la madrugada del domingo 24 de julio, en el local bailable Palo Alto cercano a la rotonda de ruta 8 y 33, cuando una menor de 16 años sostuvo que a la salida del lugar fue atacada sexualmente. La denuncia en primera instancia fue radicada ya avanzada la mañana en Comisaría de la Mujer y luego se trasladó al Juzgado de Menores. La adolescente, quien sostuvo no recordar nada, fue atendida en el Hospital Regional “Dr. Gutiérrez” donde se hicieron las pruebas correspondientes y todavía se esperan resultados que serían claves. A las pocas horas del hecho, el juez de Menores, Javier Prado ordenó la detención del joven de 17 años, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal.

La Cámara de apelaciones deberá resolver el 12 de septiembre si le otorga la libertad al joven de San Eduardo acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 16 años a la salida de un boliche bailable. La noticia fue confirmada a Sur24 por el abogado Arsenio Domínguez, quien no duda de la inocencia de su defendido.

El tribunal es presidido por el Juez Juan Pablo Lavini Rosset, quien deberá analizar el planteo realizado y tomar una decisión.

El joven está detenido desde el 25 de julio. En un primer momento fue alojado en el IRAR de Rosario y el viernes 26 de agosto fue trasladado al Establecimiento Socioeducativo de puertas abiertas de Venado Tuerto.

La investigación

El hecho, que se encuentra en plena etapa investigativa, habría ocurrido en horas de la madrugada del domingo 24 de julio, en el local bailable Palo Alto cercano a la rotonda de ruta 8 y 33, cuando una menor de 16 años sostuvo que a la salida del lugar fue atacada sexualmente.

La denuncia en primera instancia fue radicada ya avanzada la mañana en Comisaría de la Mujer y luego se trasladó al Juzgado de Menores.

La adolescente, quien sostuvo no recordar nada, fue atendida en el Hospital Regional “Dr. Gutiérrez” donde se hicieron las pruebas correspondientes y todavía se esperan resultados que serían claves.

A las pocas horas del hecho, el juez de Menores, Javier Prado ordenó la detención del joven de 17 años, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal.

A la espera de resultados

Una vez radicada la denuncia, la joven de 16 años fue trasladada al hospital en donde le realizaron distintos estudios. Según Arsenio Domínguez, abogado del adolescente de San Eduardo, “el análisis de sangre determinó que tenía a esa hora de la mañana 1,31 gramos de alcohol en sangre. Y por otro lado, no se constataron lesiones que indiquen la posibilidad de un abuso sexual”.

El primer objetivo de la defensa era conseguir el trasladado del acusado a Venado Tuerto. Mientras que ahora, la meta es que se le otorgue la libertad, mientras dure el proceso o en su defecto la prisión domiciliaria.

“Queremos que pueda continuar con sus estudios en el colegio secundario de San Eduardo. Faltan tres meses para que termine el ciclo lectivo. Es abanderado, tiene muy buenas notas, integra el plantel de fútbol del Club Los Andes, es un joven muy querido y muy respetado en la población”, aseguró Arsenio Domínguez.

El Juez de Menores Javier Prado no otorgó la posibilidad de una prisión domiciliaria, “por eso es nuestro pedido de revocatoria. Presentamos un recurso de apelación y la Cámara tendrá que resolver al respecto. La cuestión de fondo, si hay responsabilidad penal o no, se va a ir dilucidando con el tiempo”, agregó el abogado.

Análisis de pruebas

El abogado defensor considera que “es prematuro hablar de un abuso sexual con acceso carnal. En mi opinión, no está probado, no está acreditado. Los dichos de la denunciante es que no recuerda lo que pasó debido a su estado de embriagues. El informe pericial arrojó que tenía en sangre 1,31 gramos de alcohol”.

En el legajo “hasta ahora constan los dichos de las amigas de la denunciante. Por lo tanto, la denunciante relata lo que le dijeron sus amigas. Mencionan que el hecho ocurrió entre las 4 y las 6 de la mañana. Y la chica es llevada al hospital por su madre a las 9 horas. Aún falta la declaración del menor. Y no encuentro mayores evidencias para que esto se prolongue”, añadió.

Domínguez sostiene que “en el informe pericial médico no se habla de abuso sexual y así figura en el legajo”.

El letrado apunta a sumar testimonios de amigos que esa noche se encontraban en el boliche Palo Alto. Y sostiene que por el momento no existen aportes fílmicos por parte del propietario del local bailable.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe convocó a concurso para renovar los cargos de Fiscal y Defensor General, fiscales y defensores regionales, y también al Auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La mayoría de los mandatos vencen en abril de 2023 y la decisión tiene como propósito obtener una selección debidamente anticipada para que la transición en la asunción de quienes resulten designados sea ordenada y  con suficiente antelación para garantizar la continuidad de la gestión en los respectivos órganos.

Los postulantes deberán presentar un plan de trabajo escrito y anónimo que luego deberán defender en una entrevista pública, en la cual se ponderarán además sus antecedentes.

Los interesados podrán inscribirse desde las 8.00 horas de este martes 6 de septiembre y tendrán tiempo de hacerlo hasta las 12.00 del lunes 19 de septiembre. Asimismo, deberán completar el formulario de inscripción en el sitio web del Consejo de la Magistratura: www.santafe.gov.ar > Gobierno, Justicia y Derechos Humanos > Secretaría de Justicia > Consejo de la Magistratura > Concurso  de Fiscales y Defensores > En inscripción

También deberán entregar en una carpeta en soporte papel la acreditación de sus antecedentes, en original y copia. Podrán hacerlo en la sede del Consejo de la Magistratura (calle Amenábar 2689, de la ciudad de Santa Fe, o en la Delegación Rosario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calle Santa Fe 1950 de esa ciudad). Se aclara que no se recibirán solicitudes luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la inscripción.

Quienes resulten seleccionados deberán ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo desarrollo del respectivo procedimiento ante el Consejo de la Magistratura.

El cuerpo evaluador seleccionado estará conformado por notables personalidades del mundo académico, de la magistratura, juristas y abogados que ejercen la materia penal. Se ha respetado la representatividad reglamentaria de docentes de universidades nacionales públicas, del Colegio de la Magistratura Provincial y abogados que integran la matrícula de los colegios locales, entre otros.

Jurados titulares: 

–Arsenio Domínguez: abogado egresado de la UNL. Ejerce la profesión en la rama de Derecho Procesal Penal; especializado en Derecho Tributario Penal Universidad Católica Argentina (UCA) 2003; presidente del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de la Provincia de Santa Fe durante el período 2002-2008; representante del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de la Provincia de Santa Fe ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

-Sandra Valenti: abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); especialista en Derecho Procesal Penal UNL; Jueza Penal integrante del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe; docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santa Fe.

-Ana María Figueroa: abogada egresada de la UNL; Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal; titular Ordinaria de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

-Alejandro Slokar: abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA); presidente de la Cámara Federal de Casación Penal; docente titular de la cátedra de Derecho Penal en la UBA y la Universidad de La Plata.

-Darío Vezzaro: abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); profesor en Derecho Penal II de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC y docente en la materia Derecho Penal Económico en la Carrera de Postgrado de Especialización en Derecho de los Negocios de la UNC; fiscal General de la Provincia de Córdoba en el período 2007-2012; director de la Diplomatura en Criminalística y Criminología aprobada por Res 547/2009, ciclo lectivo 2010; posee considerable experiencia internacional.

Jurados suplentes:

María Florencia Blotta: abogada en ejercicio de la profesión en la especialidad penal; profesora Derecho Procesal Penal en la UCA; invitada en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) en la Diplomatura Criminalística; profesora en la Escuela de Cadetes Análisis del Delito; especialización en Derecho Penal (UCA).

Aníbal Pineda: abogado egresado de la UNR; especialista en Derecho Penal (UNR); vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Sergio Alvira: abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; especialista en Derecho Procesal Penal (UNL); juez Penal de Segunda Instancia de la Circunscripción Judicial Nro. 5 de la Provincia de Santa Fe; docente de grado de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), sede Rafaela; docente en la Diplomatura en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), sedes Santa Fe y Posadas – Año 2020.

Aldo Alurralde: abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; especialización en Derecho Tributario (UNL); y master en Derecho Tributario (Universidad de Barcelona, España); juez Federal titular del Juzgado Federal de Reconquista; profesor de Derecho Tributario, Aduanero y Financiero en la UCSF, sedes Reconquista, Posadas y Santa Fe; profesor  de Obligaciones en la UCSF, sede Reconquista; y profesor de Posgrado en la UNR y UCSF.

Jurados titulares: 

Ángela Ledesma: abogada egresada en la Facultad de Derecho de la UBA; doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la UNC; jueza de Cámara Federal de Casación Penal; profesora titular por concurso de Elementos de Derecho Procesal Civil, Facultad de Derecho de la UBA; directora de la carrera de Especialización en Sistemas Procesales Orales, Facultad de Derecho UBA, 2020; se desempeñó como Asesora Académica en los Consejos de la Magistratura de las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Chubut; fue jurado del Consejo Nacional de la Magistratura y del Consejo de la Magistratura de CABA.

Gustavo Salvador: abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, especializado en Derecho Penal; juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Ciudad de Rosario; presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe; coordinador académico del Centro de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe; profesor de Posgrado de Especialización en la Magistratura y Especialización en Derecho Penal (UNR).

Rodolfo Zehnder: abogado egresado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; ejerce la profesión de abogado en la especialidad penal; docente de la UCSE, Sede Rafaela; fiscal de Primera Instancia de Distrito de los Tribunales de Rafaela 1994-2010; presidente del Colegio de Abogados de la 5° Circunscripción Judicial, Rafaela, 1990-1992.

Marta Feijoo: abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNR; posgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal; jueza de Cámara de Apelación Penal; docente de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Sergio García Ramírez: jurista mexicano; se desempeñó como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y presidente de la misma en el período 2004-2007; consejero del Instituto Federal Electoral de México 2011-2013; fue Procurador General y Secretario de Trabajo y Previsión Social de la República de México.

Jurados suplentes: 

Danilo Kilibarda: abogado penalista; Convencional Constituyente Provincial en 1962; diputado provincial durante el período 2003-2007; fue Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe; ex profesor de Derecho Penal de la UNL; fue presidente Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe.

Enrique Álvarez: abogado egresado de la UNL; juez de Cámara Penal de Santa Fe en el Distrito Judicial N°1 en la ciudad de Santa Fe; presidente del Colegio en Pleno de la Circunscripción Judicial N°1.

Gabriela Del Castillo: abogada egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; defensora General de la Procuración General de Venado Tuerto.

Carolina Hernández: abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNR; camarista en la Cámara Penal de Rosario; docente Facultad de Humanidades de la Cátedra Infancia y Adolescencia James Grant; ex docente de la UNR.

Élida Vidal: abogada; presidenta y jueza de la Cámara Federal de Rosario.