Derechos de exportación y brecha cambiaria han sido en los últimos años los principales factores,además de la caída en los rindes, que volvieron mucho más pesados los alquileres para los agricultores arrendatarios, al mismo tiempo que han restado rentabilidad a los inversores inmobiliarios en el sur santafesino.

A esta conclusión arribaron los técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario Bruno Ferrari y Julio Calzada, al evaluar el peso del alquiler para los productores de la zona núcleo luego de tres años de sequía.

Para el productor agrícola en los departamentos Caseros, Constitución y General López, los alquileres se encarecen no sólo por el incremento en quintales de soja, sino también a causa de la caída de los rendimientos. Mientras que, por el lado del inversor en tierra agrícola para arrendar, no se logra percibir una rentabilidad extraordinaria a pesar de los precios internacionales altos que rigieron en los últimos años y el cobro de alquileres más altos en quintales. 

"Esto sucede debido a que el sector agrícola cuenta con dos factores clave que juegan totalmente en contra del margen de rentabilidad -tanto del arrendador como el arrendatario- que son los derechos de exportación y la brecha cambiaria", afirmaron. 

El trabajo indica que a partir de la campaña 2019/20, el rendimiento medio de la soja de primera en la pregón "no paró de caer hasta el piso histórico de la campaña actual 2022/23", de manera tal que la brecha entre rendimientos efectivos y potenciales se amplió en sobremanera. 

Los datos de la Secretaría de Agricultura muestran que en la campaña 2022/23 el área sembrada de soja en la zona fue de 1,07 millones de hectáreas (sumando Junín, San Nicolás y Pergamino en Buenos Aires), de las cuales 714.282 hectáreas registran tenencia de terceros. Es decir, el 66% del área es trabajada por productores arrendatarios en la zona de referencia.

Desde la óptica del productor, el peso de los arrendamientos en quintales por hectárea vienen creciendo desde la campaña 2016/17. Asimismo, en el contexto de la sequía histórica 2022/23, el mercado terminó fijando arrendamientos al alza y hoy se estiman en 19 qq/ha con posibilidad de encontrar valores en torno a 20 qq/ha. "La inestabilidad macroeconómica sumado a las mejores expectativas de 2024, llevaron a que los valores de arriendo se mantuvieran firmes en guarismos altos para el ciclo 2023/24, lo cual no se condice con la débil situación financiera de los productores derivada de una sequía sin precedentes", alertan los técnicos.

Por otra parte, destacan que para el arrendador el alquiler en dólares -oficiales- por hectárea se incrementó fuertemente los últimos años, producto del salto en el precio de la soja a nivel internacional y, en menor medida, por el aumento de los quintales de soja cobrados por hectárea. "El contexto de una brecha cambiaria cada vez más amplia no permitió al propietario captar buena parte de esa suba de precios medidos en dólares", aclaran. 

Por otro lado, al analizar el peso del alquiler en el Valor Bruto de Producción de soja de primera en base a los rendimientos medios obtenidos y los precios a cosecha por campaña, se tiene una tendencia creciente desde el ciclo 2019/20 ante el aumento en quintales del alquiler y la presión que fue generando los menores rendimientos obtenidos. De esta manera, en la campaña 2022/23 se alcanzó una situación inédita en la historia reciente, ya que el valor de la producción obtenida en soja de primera para los departamentos analizados no alcanzó para cubrir el alquiler. De cara a la campaña 2023/24, se espera que el alquiler reduzca su peso, pero el guarismo final dependerá de los rendimientos que efectivamente se logren obtener.

Por último, para el inversor en campos para arrendamiento, en base a un alquiler en dólar "billete" de cada año en particular, la rentabilidad final dependió del precio al cual se compró la hectárea. Al respecto, Ferrari y Calzada utilizaron un rango de precio de la hectárea entre 14.000-15.883 dólares, siendo valores de mercado que rigieron entre la campaña 2012/13 y 2022/23.

"De esta forma, se puede arribar a la conclusión que los inversores que compraron campos agrícolas para arrendar en la región núcleo más productiva de Argentina, obtuvieron una rentabilidad bruta teórica anual de entre 1,56% y 3,1% para el período bajo análisis".

Productores lecheros santafesinos, junto a varias entidades con las que conformaron una Mesa de Coordinación de Producciones Específicas, solicitaron una audiencia al ministro de Economía, Sergio Massa, para plantearle el impacto que tiene en la gestión de las empresas agropecuarias el incremento de las cotizaciones agrícolas, particularmente en los arrendamientos que pagan muchos empresarios del sector.

En una nota -también dirigida al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; al secretario de la Unidad de Coordinación Federal Operativa Agropecuaria, Jorge Solmi; y al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini-, la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MeProLSaFe), la Confederación General de la Producción, la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires y la Sociedad Rural de Córdoba mencionan que la guerra en el Este europeo y el llamado dólar soja “han desequilibrado no solo a nuestras actividades productivas”. Y especificaron que “afectan con creces el incremento de los valores de arrendamientos rurales que estamos pagando”.

En la carta, rubricada en Arrecifes, donde los firmantes realizaron una asamblea, las entidades recuerdan que la problemática fue planteada a Solmi, tras lo cual acordaron presentar “alternativas de solución” para “poner en equilibrio a las distintas actividades agropecuarias en general como así también, para la competencia por el uso de la tierra”.

El objetivo ulterior, dicen, es “ofrecer productos a los consumidores acorde a los salarios actuales, disminuir la inflación, incrementar ocupación de mano de obra formal, producción y exportaciones, compatibilizando los intereses de los productores, procesadores, consumidores, en consonancia con lo que entendemos son los Objetivos de la Política Económica del Gobierno Nacional”.

Al respecto, la presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Victoria Moncada, detalló que “el incremento del precio internacional de los cereales, que tuvo como origen la invasión rusa a Ucrania, se vio impactado por la medida del dólar soja”. A raíz de esto, se produjo “un desequilibrio” no sólo en la administración cotidiana de las empresas “sino, específicamente, en el valor de los arrendamientos rurales, es decir, en obligaciones preexistentes que tienen los productores”.

La dirigente sostuvo que más del 50% de la producción se realiza en campos alquilados. Y señaló una contradicción, ya que el mismo decreto que creó el PIE (Programa de Incremento Exportador) establece además un fondo para “atender a programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores de las economías regionales, que hoy se encuentran afectados por la medida”.

También remarcó que la enmienda que hizo el gobierno sobre la imposibilidad de aplicar el dólar soja en arrendamientos es inviable, ya que los contratos están establecidos a valor de pizarra. Y por ello consideraron “una herramienta fundamental” la aplicación de la “Teoría del esfuerzo compartido” para interpretar los contratos de alquiler y poder mantener la ejecución de los contratos. “Debemos tener en cuenta que los contratos están hechos para cumplirse de buena fe, y es a eso a lo que debemos apelar”, sostuvo, y dijo que hoy un arrendador está exigiendo “el pago del contrato a valor dólar soja a quien no gana en dólar soja”. Y si bien el contrato es preexistente, cuando el arrendatario acredite la imposibilidad de cumplir “no deberá pagar en dólar soja”. Y si bien no hay intención de judicializar estos conflictos, Moncada indicó que se busca “frenar la escalada de conflictividad, poniendo a disposición de los productores que atraviesen esta situación el Centro Judicial de Mediación de la Sociedad Rural de Córdoba.