Efectivos de la División Antidrogas Rosario incautaron diez armas de fuego durante un operativo realizado en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

"El procedimiento tiene relación con el mega operativo iniciado a fines de octubre del corriente año en la ciudad de Rosario vinculado al comercio ilegal de armas de fuego. Las investigaciones se iniciaron a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad y avalada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Gastón Ávila, donde se había identificado a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencias de armas entre el 2020 y 2024", detalló la Policía Federal en un comunicado.

Las actuaciones pudieron determinar que los sujetos sospechosos -que no tenían gran poder adquisitivo- adquirían armamento de manera irregular y luego lo vendían a grupos de delincuentes que actuaban en la zona.

En consecuencia, la Policía Federal Argentina junto con la colaboración de personal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), concretó la detención de 8 personas y el secuestró 122 armas ilegales, muchas de ellas involucradas en hechos delictivos (entre ellas un fusil ruso AK 47), luego de efectuar 32 allanamientos en Rosario, Roldán y Villa Gobernador Gálvez. Además, se secuestraron gran cantidad de municiones junto con varias credenciales de legítimo usuario civil y tarjetas de registro de consumo de municiones.

Todo se desarrolla en el marco del "Plan Bandera", implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir los delitos en el sur de la provincia de Santa Fe.

Con las pruebas obtenidas luego de diversas medidas y por orden de la Fiscalía de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (a cargo de la Dra. Carla Cerliani), policías federales realizaron ahora un allanamiento en un domicilio ubicado en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Durante el operativo fue detenida una mujer argentina de 34 años. Asimismo se secuestraron nueve pistolas, un revólver y tarjetas de legítimo usuario civil y de registro de consumo de municiones.

La arrestada junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por "delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegítima de armas de fuego calificada, tenencia ilegítima de armas de guerra, adquisición y suministro fraudulento de armas de fuego".

El MPA firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) para abordar las investigaciones vinculadas con los mercados ilegales de armas de fuego.

El convenio, que apunta a desactivar los circuitos ilegales de armas, fue rubricado ayer en Buenos Aires. Lo firmaron la Fiscal General, María Cecilia Vranicich; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANMac, Juan Pablo Allan.

"El MPA va a comenzar no solo a investigar fraccionadamente aquellos delitos que se realizan con armas de fuego, sino también profundizar estratégica y focalizadamente el mercado ilegal de armas", sostuvo Vranicich.

"Con este acuerdo generaremos instancias de colaboración interinstitucional y de intercambio de información para trabajar sobre la problemática de las violencias altamente lesivas que involucran la utilización de armas de fuego", sostuvo Vranicich.

La titular del MPA precisó que "el trabajo coordinado se dará a partir del registro de evidencia balística y su sistematización y análisis en causas de relevancia o en balaceras recurrentes".

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

En la reunión también estuvo presente la secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti. Por el ministerio de Seguridad de la Nación, además participaron el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el titular de la Dirección Nacional de Prevención del delito, Germán Pugnaloni; y el titular de la Unidad Gabinete de asesores, Carlos Manfroni.

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

Mario Cáffaro El Litoral Dos comisiones de la Cámara de Diputados se reunirán este lunes con la presidenta del Colegio de Jueces de Rosario, Bibiana Alonso, para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo que tiene como objetivo evitar la excarcelación de personas detenidas por la portación ilegal de armas de fuego. Se trata de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Derechos y Garantías que tratan en forma conjunta ese expediente al que se le adicionó otro propio de la cámara iniciado por Oscar Martínez (100% Santafesino). La convocatoria a la reunión del lunes, en la ciudad de Rosario, fue firmada por los presidentes de ambas comisiones, los socialistas Joaquín Blanco y Lionella Cattalini bajo la figura de ‘jornada de intercambio presencial’. Será la segunda reunión de ambas comisiones por el tema, en la anterior ocasión fueron los interlocutores el fiscal general, Jorge Baclini y la mayoría de los fiscales regionales. “El mensaje del Poder Ejecutivo es inconstitucional” le dijo a El Litoral el radical Maximiliano Pullaro quien reveló que el objetivo de las comisiones es trabajar en base al proyecto de Martínez que apunta  reforzar la figura de la peligrosidad procesal del detenido con un arma ilegal. Baclini y los fiscales también sugirieron ir la reforma propuesta por el legislador y no la del Poder Ejecutivo. En tanto, ministros de la Corte Suprema de Justicia advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la reforma presentada por el Ejecutivo que apunta a modificar los artículos 219 y 220 del Código Procesal Penal, el primero refiere a las medidas cautelares no privativas de la libertad y el segundo a la procedencia de la prisión preventiva. El de Martínez ingresó en septiembre del año pasado y es para modificar el artículo 221 que refiere a la peligrosidad procesal. En la convocatoria a Extraordinarias están los dos temas habilitados y todo parece indicar que Diputados irá por el proyecto del miembro de su cuerpo y no por lo enviado por el Ejecutivo. Por otra parte, diputados socialistas y radicales parecen coincidir en que si conceden las emergencias en Seguridad y en el Servicio Penitenciario será una sola medida de excepción debido a que ahora el sistema penitenciario volvió a la órbita del Ministerio de Seguridad. “Parece lo más lógico” dijo el socialista Blanco. “Hay una sola Dirección General de Administración y por lo tanto debe ser una sola norma” acotó Pullaro. No obstante, el ex ministro de Seguridad considera que debe haber una reunión con el ministro del área, Jorge Lagna, para que precise para qué y por cuánto tiempo necesita estas facultades especiales. “No interpelar, sino tener intercambio de información” aclaró Pullaro quien recordó que la gestión de Omar Perotti tuvo emergencia en los primeros meses “y terminó haciendo licitaciones a medida” en referencia a la fallida compra de armas y a la concretada compra de motos para la policía. Pullaro no duda en afirmar que el pliego para la compra de motos fue hecha a medida de una empresa “hasta el peso exacto de los rodados incluyeron en el pliego” para cuestionar también la calidad de lo adquirido por el precio pagado. El radical aclara que “Lagna no es Sain” pero insiste en que toda emergencia debe tener una comisión legislativa de control para que “no haya manos libres”. Durante su etapa de ministro, Pullaro tuvo 8 meses de emergencia y no propició la renovación por no compartir el uso de esa herramienta para administrar. Armas y emergencias están en primer lugar en la agenda de Diputados para la semana de Extraordinarias a la espera de que el Senado vote el Presupuesto 2022 y la Tributaria respectiva para lo cual hay conversaciones entre ambos cuerpos para que los cambios que realice la Cámara Alta tengan sugerencias y aval de la Baja para llegar antes de Navidad con la norma aprobada.

El ministerio de Seguridad anunció un aumento en el monto de la tarjeta Alimentaria para el Personal Policial (TAP), que alcanza a más de 15 mil agentes con tareas operacionales de cumplimiento efectivo. Con el pago del mes de diciembre, los agentes de la Policía de Santa Fe percibirán $6148. El programa asiste económicamente, de manera directa y complementaria al personal policial que cumple de manera efectiva tareas operacionales de prevención, investigación y de control policial.

El Comité Nacional del Partido Socialista aprobó, por unanimidad, un protocolo para abordar de manera integral las situaciones que se den entre afiliados y afiliadas, garantizando capacitación y formación interna, así como generar espacios libres de violencia. En la primera reunión presencial del Comité Ejecutivo desde el comienzo de la pandemia se abordó esta nueva herramienta elaborada íntegramente por las mujeres socialistas. La conducción partidaria está a cargo por primera vez en más de 120 años por una mujer: Mónica Fein, quien recientemente asumió su cargo como diputada nacional por Santa Fe. Durante el encuentro las mujeres socialistas expresaron, como también lo plasma el documento aprobado, que: “este protocolo lo hacemos con la intención de hacer visible las distintas manifestaciones de violencia que suceden en nuestro partido y generar una herramienta que contribuya a su prevención, sanción y erradicación. El objetivo es construir un Partido Socialista en Argentina libre de discriminación y violencia, promover un trato digno para todas las personas que lo integren”. Para Fein,  “es muy importante que nuestro partido dé este paso porque es una reivindicación, no solo de la responsabilidad que tenemos en nuestros espacios de militancia, por la historia de tantas mujeres que engrandecieron el PS. También es importante que este paso que dimos pueda dar el ejemplo para que muchos otros partidos y organizaciones sigan este camino y lo repliquen”. Entre los principales objetivos del trabajo se enumeran el de proveer herramientas para el abordaje integral de las situaciones de violencias por razones de género en el Partido Socialista, garantizar capacitación y formación y que todos los espacios de participación política partidaria sean ambientes libres de discriminación y violencia machista.

La diputada justicialista Matilde Bruera ingresó un pedido de informes para conocer la cantidad de denuncias recibidas, en la Agencia de Control Policial por hechos de acoso laboral, abuso sexual y violencia de género realizadas por mujeres policías durante el último año y estado de los trámites. La legisladora oficialista es acompañada en la firma por varias de sus pares, entre ellas Lucila De Ponti (PJ), Cesira Arcando (Fe), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) y las socialistas Gisel Mahmud, Lionella Cattalini y Erica Hynes. En los fundamentos, Bruera remite al informe sobre Censo Policial realizado por el Observatorio de Seguridad Pública donde se afirma que “una proporción muy pequeña de los acosos sexuales experimentados han sido denunciados, apenas una de cada diez de las mujeres policías que pasaron por estos eventos lo han hecho”. También destaca que con respeto al trato dado a la denuncia “las mujeres policías que han denunciado la experiencia de acoso sexual mayoritariamente no se encuentran satisfechas con el trato dado a esa denuncia”.