En el marco de una investigación impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico de la Región 3 del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a cargo del fiscal Iván Raposo, se llevaron adelante seis órdenes de allanamiento simultáneas en las localidades de Villada y Firmat, obteniéndose resultados positivos en relación a una causa por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico y Ley 23.737.

Los procedimientos fueron realizados este jueves 8 de mayo por personal de la D.U.O.F. Venado Tuerto, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, 3ra Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, interviniendo el Juzgado Penal a cargo de la Dra. Marinucci.

Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en las localidades de Villada y Firmat, donde fueron detenidas siete personas mayores de edad, sindicadas como integrantes de maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo.

Durante los operativos se secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana, elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación de interés para la causa, un vehículo y armas de fuego.

En total, se incautaron aproximadamente 100 gramos de cocaína y más de 600 gramos de marihuana, con un aforo estimado para cocaína de $1.960.000 y de marihuana por $683.000.

Asimismo, entre los elementos secuestrados se destacan:

- Un arma de fuego tipo pistolón.- Municiones de distintos calibres.- Una camioneta Fiat Toro.- Equipos informáticos y dispositivos electrónicos.- Plantas y derivados de cannabis.

La investigación tuvo su origen en el ámbito de la Justicia Federal; no obstante, al determinarse que los hechos investigados correspondían a competencia provincial en materia de microtráfico, las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación, continuándose las tareas investigativas y de campo desde el mes de marzo del corriente año.

Por disposición judicial, los detenidos quedaron alojados en dependencias policiales de la Policía de Santa Fe, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El fiscal Iván Raposo, titular de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Región 3, destacó “la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas investigativas y el MPA para desarticular puntos de venta de estupefacientes que afectan directamente a las comunidades locales”.

Danilo Chiapello

Desde la madrugada de este martes, la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas fueron escenario de un amplio despliegue policial con 33 allanamientos en simultáneo, en el marco de diversas investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.

Los procedimientos, coordinados por la fiscal Urquiza y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dejaron hasta el momento un saldo provisorio de varias personas a disposición de la Justicia, entre ellas una decena de detenidos —hombres y mujeres—, además del secuestro de armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos.

Las irrupciones se concretaron en distintos puntos estratégicos de la capital provincial y alrededores. Entre los barrios intervenidos se encuentran Los Jesuitas, Loyola Norte, Loyola Sur, La Loma, San Agustin, Coronel Dorrego y Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Nelson.

Las medidas judiciales responden a múltiples causas en trámite, que abarcan desde Homicidio, microtráfico de drogas hasta abuso de armas y amenazas calificadas. Fuentes del procedimiento indicaron que la investigación llevaba varios meses y que los allanamientos fueron ordenados en simultáneo para evitar fugas o entorpecimiento de pruebas.

En cada uno de los domicilios se desplegaron grupos tácticos de la PDI, con apoyo de unidades especiales de la Unidad Regional I, lo que permitió asegurar los perímetros y ejecutar las órdenes con rapidez y precisión.

Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego de distinto calibre, teléfonos celulares, motocicletas, automóviles y camionetas, además de cantidades no precisadas de marihuana y cocaína.

También se secuestraron sumas de dinero en pesos y dólares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las causas investigadas.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y se espera que en las próximas horas se definan sus situaciones procesales, en una causa que permanece en pleno desarrollo y no descarta nuevas medidas.

El Gobierno de Santa Fe anunció que se registró una disminución histórica de homicidios dolosos durante el primer trimestre del año 2026 en toda la provincia. De acuerdo a los números oficiales, el período enero-febrero-marzo culminó con un descenso de más del 70 % de los homicidios dolosos en relación a los años de mayor violencia, como 2023 y 2020 -35 de este año, contra 121 y 124 respectivamente-.

Desde la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, afirmó que la cantidad de homicidios dolosos, en comparación con el mejor año de la actual gestión de gobierno -que fue el trimestre inicial de 2025-, cayó más del 40 % -35 este año, contra 61 del año pasado-. “Si comparamos con 2014 que teníamos el registro más alto (135 homicidios) estamos hablando de 100 homicidios menos en tres meses”, sumó el funcionario.  

En cuanto al departamento Rosario, el primer trimestre del 2026 cerró con 23 homicidios, mientras que en 2023 fueron 81 y en 2025 sucedieron 38 homicidios. En La Capital, en tanto, en los primeros tres meses del presente año se registraron 7 homicidios dolosos (15 en 2025, 19 en 2023, 37 en 2020 y 45 en 2014); mientras que solo ocurrieron 5 homicidios dolosos en el resto de la provincia en este 2026. 

Las cifras que se desprenden de los informes representan el valor más bajo desde que hay un registro, dato que se destaca aún más a la luz de la historia reciente, con años que culminaron con más de 400 crímenes, como 2022.

“Si comparamos las cifras con los años de mayor circulación de violencia, el descenso supera en todos los casos el 70 % en cuanto a la caída; y si tomamos el mejor registro que teníamos hasta el momento (2025), el descenso oscila el 40 %”, destacó Santantino, al tiempo que valoró los datos “objetivos en relación a la transparencia en la construcción de las estadísticas y que no tienen precedentes en cuanto a la caída en la tasa de homicidios tan significativa como la que estamos viviendo en la provincia”.

Además, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, analizó los componentes asociados a la violencia altamente lesiva, remarcando que “aún en la caída generalizada, histórica y sin precedentes en materia de homicidios dolosos, se observa la presencia de las armas de fuego como principal elemento o medio empleado para llevar adelante este tipo de hechos”.

En el departamento Rosario la presencia de armas de fuego en los homicidios dolosos es del 82,6 %, mientras que a nivel provincial representan el 77,1 % contra un 14,3 % en arma blanca, y en el departamento La Capital todos los hechos vinculados a homicidios dolosos fueron cometidos con arma de fuego.

Las autoridades del área consideran clave la continuidad del plan de seguridad que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, utilizando los datos objetivos que el sistema provee para mejorar los indicadores que miden la violencia lesiva, que incluyó además una fuerte inversión en patrulleros, camionetas, motos y equipamiento para la Policía y el Servicio Penitenciario.

Asimismo se subraya la importancia del “régimen de detenidos de alto perfil”, que permitió detener la metodología de ordenar asesinatos desde dentro de las cárceles. Para este objetivo es clave el avance de las obras de infraestructura carcelaria, que permitirá contar este año con 1.152 plazas nuevas para “presos de alto perfil” en El Infierno, unidad penitenciaria que se está construyendo en Piñero, al lado de la UP 11.

Por último, en los balances se destacan el tiempo de respuesta de la Central de Emergencia 911, que continúa bajando considerablemente, lo que permite mejorar y reforzar diariamente la presencia policial en las calles. Todas las medidas de este plan fueron encomendadas desde el inicio de gestión por el gobernador Maximiliano Pullaro y puestas en práctica por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Tres allanamientos realizados en Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Los detalles del procedimiento fueron brindados este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la base de las TOE. Participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Gobierno de Santa Fe, Virginia Villar; el fiscal regional, Matías Merlo; el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti; y el jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti.

Bertolotti explicó que el primer allanamiento se realizó el lunes alrededor de las 17 en el barrio 7 de Septiembre, en la ciudad de Rosario. Allí se requisó un departamento donde se secuestraron numerosos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

“Se incautaron más de 10 millones de pesos argentinos y 550 dólares”, precisó el jefe de la Ciope, quien agregó que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses.

Los otros dos allanamientos se realizaron el martes por la mañana en las localidades de Ibarlucea y Roldán, donde se logró el hallazgo de armamento de gran calibre oculto bajo tierra.

Según explicó Bertolotti, los investigadores tenían indicios de que uno de los lugares allanados en Roldán podría ser utilizado por organizaciones criminales como depósito o lugar de resguardo de armas. “Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego. El funcionario señaló que esta modalidad ya fue detectada en otros operativos vinculados a organizaciones criminales.

“Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, explicó.

Entre el armamento secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40, además de armas de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También fueron incautados dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. Bertolotti remarcó que se trata de armamento de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos. Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, sostuvo que el resultado de los operativos es producto de un trabajo sostenido en materia de análisis e inteligencia criminal.

“Esta investigación es el resultado de un trabajo de inteligencia que forma parte de la priorización de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia”, afirmó.

La funcionaria explicó que la Ciope, junto con analistas de inteligencia y la Dirección de Información Patrimonial, integra el sistema provincial de inteligencia criminal que trabaja en la detección de situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad pública.

El fiscal regional Matías Merlo también destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas especializadas de la policía provincial.

“Se pudo obtener información sobre la existencia de material balístico en distintos puntos del Gran Rosario y avanzar en los procedimientos que permitieron hallarlo”, indicó.

Merlo agregó que el armamento secuestrado estaría vinculado a diferentes organizaciones criminales que actualmente son investigadas por la Justicia provincial. “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó.

Finalmente, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti, confirmó que hay tres personas detenidas y que se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta ahora a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, brindó una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de un operativo que incluyó una decena de allanamientos realizados este miércoles en domicilios los barrios Transporte y Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe, en los que se detuvo a cuatro personas y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.

Durante la rueda de prensa, realizada en la sede ministerial y acompañado por la jefa de Distrito de la Policía de Investigaciones (PDI), Lilia Britos, el funcionario explicó que la investigación está vinculada a delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y robos calificados reiterados ocurridos en distintas localidades de la provincia, y que todas estas causas están relacionadas.

“El resultado de los allanamientos es altamente positivo, con el secuestro de material que va a servir para la continuidad de la investigación”, aseguró Galfrascoli, quien mencionó que se trata de “una investigación compleja” en la que vieron involucradas las “las unidades fiscales de Rosario, Esperanza y Santa Fe (del Ministerio Público de la Acusación -MPA-), y cuatro equipos de la Policía de Investigaciones” (PDI).

En ese sentido, indicó que “las causas están relacionadas con hechos ocurridos en Laguna Paiva, Esperanza, Santa Fe y Rosario”, y recordó que días atrás hubo otros procedimientos que, a su vez, “dieron lugar a estos allanamientos que tienen que ver con una investigación realizada de antemano por nuestra policía, y que se fue concatenando con otras investigaciones que las unidades policiales de PDI de distintos lugares estaban llevando adelante”. Asimismo, hizo mención a que los allanamientos realizados en Santa Fe “implican presuntivamente que el eje territorial de esta organización ilícita” se encuentra en la capital provincial.

Finalmente, Galfrascoli destacó que con estos procedimientos “hemos sacado de circulación de la ciudad de Santa Fe una cantidad importante de armas de fuego, material estupefaciente, y también lo relacionado con el juego ilegal ligado a los animales de riña, que genera un importante movimiento clandestino de dinero y violencia”, en tanto que hay cuatro personas detenidas “que ya están a disposición de la Justicia”.

La investigación dio inicio el 21 de enero pasado cuando, a partir de una iniciativa de oficio de la PDI, se detectó a una persona que se exhibía en redes sociales portando distintas armas de fuego y grandes sumas de dinero. Se lo identificó, se obtuvieron registros de las publicaciones en redes sociales, y se pudo conocer que esta persona junto a otros estaba involucrado en reiterados hechos de robo en Rosario y Esperanza, por lo que la investigación se fue concatenando con otras que ya estaban en marcha.

Estas tareas permitieron ubicar el domicilio del imputado así como su dinámica de desplazamiento y otros lugares de permanencia y ocultamiento de los elementos de interés para investigación.

Durante los allanamientos se secuestró vestimenta utilizada en los robos cometidos en Esperanza; varios gallos de riña; 152 gramos de cocaína; una caja fuerte; una balanza electrónica con vestigios de cocaína; varios teléfonos celulares; un revólver calibre 22; seis cartuchos del mismo calibre; dos escopetas calibre 12/70; y varios cartuchos calibre 12/70 y AT.

También se halló documentación en formato papel, motocicletas, elementos de uso en motociclismo y prendas de vestir; en tanto que en uno de los allanamientos, efectuado en una propiedad ubicada en calle Europa al 8300, se encontraron dos granadas (lo que motivó la presencia de la Brigada de Explosivos), un pistola 9 mm, una carabina, y varios cartuchos de diferentes calibres.

Este martes, personal policial de la Comisaría 7ª de Teodelina llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas y tenencia indebida de arma de fuego, logrando el secuestro de un arma y la aprehensión de un hombre.La intervención se originó a partir de la denuncia realizada por una mujer de 49 años, quien manifestó haber sido víctima de reiteradas situaciones de violencia y amenazas por parte de su pareja, indicando además que el mismo poseía un arma de fuego en el domicilio que compartían, ubicado en calle C. Gaggieri al 900.

Ante la gravedad de lo expuesto, y por disposición del fiscal en turno,el personal policial realizó un allanamiento en la vivienda, el cualarrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de un arma defuego calibre .22, junto a varias municiones de distintos calibres, y ala aprehensión del masculino.Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede policial, dondefue notificado de la causa por amenazas y tenencia indebida de arma de fuego.

Un vecino de Chovet denunció que un hombre ingresó a su terreno y disparó un arma de fuego contra sus perros. A partir de esta situación, ocurrida el 8 de julio, se inició una investigación con intervención de la Fiscalía, que derivó en un allanamiento en un domicilio de calle Juan Bradas.

El procedimiento se llevó a cabo este martes y arrojó resultado positivo. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron varias armas de fuego, cuyo calibre y cantidad no fueron detallados oficialmente.

Por disposición de la Fiscalía, el sospechoso fue trasladado a sede policial, donde se le formó causa por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Las actuaciones continúan en el marco de la investigación.

Desde la Unidad Regional se agradeció la colaboración del personal de la Comisaría 4ta de Firmat, que participó en el operativo.

Este lunes, personal de la Comisaría 2da de Venado Tuerto realizó un allanamiento en un domicilio del barrio La Cheltonia, en el marco de una causa por amenazas.

Durante el procedimiento, se secuestraron varias armas de fuego ymuniciones. Interviene Fiscalía correspondiente.La investigación continúa.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 103/2025 que modifica la Ley N° 25.938, autorizando a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a reutilizar armas decomisadas. Esta medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reducir gastos en la adquisición de nuevo armamento.

El Decreto 103/2025, publicado el 17 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial, establece que las armas incautadas en procedimientos judiciales, que se encuentren en condiciones óptimas, serán remitidas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Esta entidad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, determinará si el armamento será destruido o entregado a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo.

Según el decreto, la reutilización de estas armas tiene como finalidad incrementar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad y evitar gastos innecesarios en la compra de nuevo armamento. Esta acción se enmarca en un contexto de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos estatales.

El decreto enfatiza la necesidad de una trazabilidad óptima de las armas para evitar su malversación o extravío. La ANMAC será la encargada de supervisar el proceso, asegurando que las armas destinadas a las fuerzas de seguridad cumplan con los estándares requeridos y que se mantenga un registro detallado de su asignación y uso.

Esta modificación legal representa un cambio significativo en la gestión de armamento decomisado en Argentina. Mientras el gobierno destaca los beneficios en términos de seguridad y economía, será fundamental monitorear la implementación de la medida para garantizar su eficacia y transparencia.

El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 1081/2024, dispuso modificar la reglamentación de la Ley N° 20.429, reduciendo de 21 a 18 años la edad mínima necesaria para ser considerado "legítimo usuario" de armas en Argentina. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, alinea las normativas vigentes sobre mayoría de edad con el Código Civil y Comercial de la Nación.

La normativa original de la Ley N° 20.429 establecía que las personas debían ser mayores de 21 años para adquirir, usar o portar armas de uso civil. Sin embargo, desde la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, la mayoría de edad en el país se fija a los 18 años. Esto generó inconsistencias legales que ahora se corrigen con la nueva disposición.

El decreto tiene como objetivo armonizar las leyes que regulan el acceso a armas con el actual marco normativo del país. Según lo expuesto en los fundamentos de la medida, la edad de 21 años había sido establecida bajo un régimen anterior, que ya no corresponde con el criterio vigente para considerar a una persona mayor de edad.

"El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, establece en su artículo 25 que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años", señala el documento oficial. En consecuencia, se consideró necesario ajustar el artículo 55 del Decreto 395/75, que reglamenta la Ley N° 20.429, para adecuarlo a esta realidad jurídica.

Con esta modificación, los ciudadanos mayores de 18 años podrán obtener la condición de "legítimos usuarios" de armas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

El término "legítimo usuario" refiere a aquellas personas habilitadas legalmente para adquirir, poseer y portar armas de fuego. Este estatus requiere cumplir con ciertos requisitos, como acreditar antecedentes penales, aprobar exámenes psicológicos y físicos, y demostrar conocimientos sobre el manejo responsable de armas.

La ANMAC, organismo descentralizado que funciona bajo el Ministerio de Seguridad, es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estos requisitos. Aunque la edad mínima se ha reducido a 18 años, las demás exigencias para obtener la habilitación como legítimo usuario permanecen inalteradas.

Claudia Cabrera

La sesión del 7 de agosto marcará el regreso de la actividad legislativa tras el receso invernal en la que se abordarán diversos proyectos. Uno de los principales focos de atención será la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, enviada al Congreso el pasado 15 de mayo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con Nicolás Posse, exjefe de Gabinete, y el presidente Javier Milei. Diputados oficializó la realización de la sesión especial para el mediodía del 7 tras el pedido de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.

“En Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular: este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad antes de presentar el proyecto. Según la cartera, establecer un registro claro y transparente permitirá a los ciudadanos poseer armas de manera legal mientras se continúa combatiendo el uso ilegal.

También agregaron que “se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares” sumado la propuesta de “prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en la entrega de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivice”.

Según el texto del proyecto, los usuarios que renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no necesitarán demostrar nuevamente su idoneidad en el manejo de armas, simplificando así el proceso administrativo. También se contempla extender el PEVAF hasta el 31 de diciembre de 2027, permitiendo a los ciudadanos entregar voluntariamente armas no autorizadas sin enfrentar consecuencias legales y a cambio de incentivos económicos, como cupones canjeables por efectivo. Estas armas son posteriormente destruidas desde la implementación de la política en 2007.

Ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre el proyecto, señalando que podría facilitar la regularización de armas ilegales en lugar de reducir su circulación. Natasa Loizou, exfuncionaria de la ANMAC, cuestionó en entrevistas el proyecto, argumentando que podría permitir a individuos con armas ilegales regularizar su situación sin enfrentar las consecuencias legales correspondientes, lo que podría contravenir las leyes de penalización vigentes.

Aunque Bullrich argumentó que en Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular, el dato es incorrecto ya que esa no es la cantidad de armas, sino la cantidad de usuarios que están en una situación irregular (con su licencia vencida, por ejemplo).

Por su parte, Loizou aclaró: “Muchas de esas personas tienen más de un arma, así que el número podría ser mucho más alto. Lo que se debe hacer es promover la regularización de la condición de Legítimo Usuario de esas personas, cosa que no estamos viendo que promueva la Agencia, ni en acciones administrativas ni en acciones judiciales”.

Lo que preocupa del proyecto, según lo analizado por Loizou, radica en la redacción específicamente en el artículo 3. Allí se propone una amnistía penal para quienes posean armas de "uso civil" o "uso condicional" sin autorización legal, permitiéndoles regularizar su situación ante las autoridades. Esto significaría que personas previamente involucradas en delitos con armas de fuego podrían ser eximidas de responsabilidad penal, contraviniendo disposiciones del Código Penal argentino que imponen penas significativas para estos casos.

La discusión sobre la portación de armas se intensificó tras el intento de homicidio de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, el Congreso extendió el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta diciembre de 2023, en un esfuerzo destinado a reducir el número de armas en circulación mediante incentivos económicos para su entrega voluntaria.

Las estadísticas sobre armas en Argentina revelan que, en 2022, existían 1.060.910 usuarios legítimos, lo que marca un aumento del 2,3 % respecto a 2021. Sin embargo, el 75 % de estos usuarios tenían su credencial vencida, según datos oficiales obtenidos por el medio Chequeado.

La falta de control sobre el mercado negro y la baja tasa de renovación de credenciales de tenencia indican que una gran cantidad de armas siguen circulando sin la debida regulación. Mientras tanto, la tasa de muertes relacionadas con armas de fuego asciende a 8 por día en todo el país.

El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación presentaron este lunes el nuevo esquema de trabajo del Observatorio de Seguridad Pública y el nuevo espacio digital para el acceso de la ciudadanía a los datos estadísticos sobre delitos complejos en el territorio provincial.

Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, remarcó que “la existencia del Observatorio de Seguridad Pública no se trata de una decisión exclusiva de un gobierno, sino el encuentro de dos poderes del Estado que tienen capacidad institucional. En conjunto con el Ministerio Público de la Acusación lo hacemos para generar información de calidad, ponerla a disposición con la mayor transparencia de cara a la ciudadanía y poder sostenerlo como política pública”.

Consultado sobre las estadísticas de homicidios que se presentaron en el informe cuatrimestral de 2024, el funcionario explicó que “lo primero que podemos decir es que hay una clara baja en términos de indicadores de violencia altamente lesiva, que en el orden provincial oscila el 50 %, mientras que en el departamento Rosario cayeron los homicidios en un 60 %”.

En ese sentido, Santantino argumentó que “esto se debe a dos fenómenos: por un lado, la caída en la cantidad de heridos de armas de fuego y, al mismo tiempo, un cambio en la composición de los homicidios. Disminuyó la tenencia de armas de fuego, bajó considerablemente la participación de los varones, se redujeron los homicidios en la vía pública y la cantidad de homicidios en contexto de criminalidad, delito organizado y economías ilegales. Estos son indicadores que nos permiten mejorar el diagnóstico para tomar mejores decisiones”.

No obstante, Santantino advirtió que más allá de las estadísticas, “los homicidios y la circulación de violencia en tramas tan complejas como las que vivimos en la ciudad de Rosario, tienen un montón de factores asociados. Desde el gobierno de Santa Fe asumimos el compromiso de ir a fondo contra las mafias, de retomar el control de las cárceles, de mejorar la operatividad policial y de trabajar en conjunto con el MPA en las investigaciones criminales complejas”.

Por su parte Augusto Montero, director de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación, señaló que “aunque los indicadores que observamos son alentadores, tenemos que seguir trabajando con la misma cautela para abordar esta problemática. Seguiremos desarrollando esta información pública y monitoreando las tendencias junto al gobierno provincial”.

“Nos parece importante manejarnos con cautela -insistió el funcionario del MPA-. Estamos hablando de un cuatrimestre y tenemos motivos para valorar estos indicadores que marcan no sólo un retroceso de la violencia, sino también nos permite advertir una modificación de la violencia. Hay una serie de indicadores positivos, que en la medida que se mantengan nos van a facilitar la búsqueda de explicaciones. Seguramente hay un conjunto de elementos a tener en cuenta, relacionados a instancias que se llevan adelante en diversos poderes del Estado”, concluyó Montero.

El MPA firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) para abordar las investigaciones vinculadas con los mercados ilegales de armas de fuego.

El convenio, que apunta a desactivar los circuitos ilegales de armas, fue rubricado ayer en Buenos Aires. Lo firmaron la Fiscal General, María Cecilia Vranicich; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANMac, Juan Pablo Allan.

"El MPA va a comenzar no solo a investigar fraccionadamente aquellos delitos que se realizan con armas de fuego, sino también profundizar estratégica y focalizadamente el mercado ilegal de armas", sostuvo Vranicich.

"Con este acuerdo generaremos instancias de colaboración interinstitucional y de intercambio de información para trabajar sobre la problemática de las violencias altamente lesivas que involucran la utilización de armas de fuego", sostuvo Vranicich.

La titular del MPA precisó que "el trabajo coordinado se dará a partir del registro de evidencia balística y su sistematización y análisis en causas de relevancia o en balaceras recurrentes".

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

En la reunión también estuvo presente la secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti. Por el ministerio de Seguridad de la Nación, además participaron el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el titular de la Dirección Nacional de Prevención del delito, Germán Pugnaloni; y el titular de la Unidad Gabinete de asesores, Carlos Manfroni.

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

Fue como resultado de operativos vehiculares, uno realizado por la Unidad Operativa Regional 6 de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial y el otro por la Sección Nº 26 de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas".

Por un lado, agentes de seguridad vial estaban realizando un procedimiento en Ruta Nacional N° 98 y Ruta Nacional N° 95, altura ciudad de Tostado, cuando detuvieron la marcha de una Toyota Hilux con dos ocupantes.

Luego de identificar a ambos hombres, los uniformados realizaron una requisa vehicular y hallaron una escopeta calibre 12 que pertenecería al acompañante, la cual secuestraron por no contar con la documentación correspondiente.

Por su parte, policías rurales llevaron a cabo un operativo similar pero en el distrito Barros Pazos del Dpto. Gral. Obligado. Los efectivos detuvieron la marcha de una moto Corven 110cc conducida por un hombre. Seguidamente, realizaron una requisa personal e incautaron una escopeta calibre 14, cartuchos, un cuchillo y demás elementos.

Cabe destacar que en ambos casos, los efectivos dieron conocimiento al Fiscal de turno y notificaron a los hombres por tenencia indebida de arma de fuego.

Fue como resultado de procedimientos concretados en las últimas horas en la ciudad de Rosario, Arroyo Seco y Villa Gdor. Gálvez, en cumplimiento de patrullajes preventivos dispuestos por la Jefatura de Policía. Un revólver calibre 44, otro calibre 32, una pistola calibre 9 mm. y una escopeta calibre 16, fueron los armamentos secuestrados.

Durante el transcurso de la jornada de ayer, efectivos de la Dirección General Policía de Acción Táctica, como así también de los Comando Radioeléctrico de Rosario, Villa Gdor. Gálvez y Arroyo Seco (los tres integrantes de la Unidad Regional II - Depto. Rosario), lograron secuestrar cuatro armas de fuego, entre otros elementos, tras intervenciones concretadas en el ámbito del Departamento Rosario.

El primer procedimiento fue realizado ayer a primeras horas de la mañana, en calle Colón al 3700, de la ciudad cabecera departamental, donde numerarios del CRE rosarino junto a personal de la DGPAT aprehendieron a un hombre de 54 años de edad, e incautaron la referida pistola con municiones intactas en su interior.

En continuidad con los hechos, horas más tarde y en la misma urbe rosarina, uniformados del citado CRE procedieron al secuestro de un revólver calibre 44, numerosas municiones varias en cajas, cargadores de pistolas, piezas de un rifle calibre 22, tres autos requeridos judicialmente por estar vinculados a diversas causas de robo, autopartes, celulares y demás objetos incautados, tras una intervención en Pasaje 1676 al 9300. Cabe mencionar que trasladaron a un hombre de 51 años de edad y a una mujer de 34.

Posteriormente, agentes del CRE de Arroyo Seco hicieron lo propio en adyacencias de calle Urquiza al 500, donde secuestraron la citada escopeta con cartuchos intactos. Asimismo, aprehendieron a un hombre de 65 años de edad.

Finalmente, ya en la noche, uniformados del CRE de Villa Gdor. Gálvez incautaron el restante revólver mencionado, desde las inmediaciones de calle Opicci y Pasaje 4, de esa ciudad.

Por último, cabe mencionar que en todas las intervenciones, los actuantes comunicaron las novedades a los órganos judiciales competentes.

En horas del mediodía de este martes, personal de Comisaría 6ta cumplimentó una orden de allanamiento dispuesta por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto para un domicilio ubicado en calle 65, entre calles 42 y 44, donde demoraron a un joven que habría efectuado disparos con un arma de fuego. El violento episodio se registró en la jornada del sábado en la ciudad de Villa Cañás y al parecer está relacionado con problemas interpersonales entre dos hombres. El violento episodio, según detalló esta mañana Sur24, al parecer estuvo relacionado con problemas interpersonales entre dos hombres.

La víctima, José B. de 38 años, radicó la denuncia en sede de la Comisaría 6° y precisó que tuvo un problema con Jeremías L. a quien le fue a hacer una compra durante el fin de semana. Al parecer el agresor a los pocos minutos pasó frente a su domicilio en una motocicleta de 150 cc y lo amenazó diciéndole “te voy a cagar a tiros”, y efectuó un disparo impactando en la casilla. 

Moto secuestrada

El el lugar del allanamiento, los uniformados secuestraron una moto marca Honda Titán 150 cc. de interés para la causa que podría ser la utilizada para cometer el delito. El rodado y el implicado fueron trasladados a sede policial.

El Magistrado interviniente dispuso que le formen causa por Abuso de Arma y que permanezca en calidad de Detenido a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

Un hombre fue asesinado a tiros en una calle de barrio Las Flores, ubicado en la zona sur de Rosario. El cuerpo, todavía no identificado, tenía impactos de bala en la espalda y el cráneo. Es el crimen número 161 en lo que va del año.

El cadáver fue encontrado por personal policial en inmediaciones de España y Lirio, al noroeste de barrio Las Flores luego de recibir varios llamados al 911 denunciando la presencia de una persona, al parecer sin vida, en ese sector.

Rosario: asesinaron a un adolescente en barrio Ludueña

Personal médico acudió al lugar y constató el fallecimiento de la víctima. En una primera inspección al cuerpo se constaron al menos 6 heridas de arma de fuego, 3 de ellas en el cráneo.

A centímetros del cuerpo se hallaron más de media docena de vainas servidas, que fueron enviadas a peritar.

Noticia en desarrollo.

Personal policial secuestró 5 armas de fuego, una réplica y demás elementos como resultado de diversos procedimientos concretados, los cuales tuvieron lugar en las ciudades de Santa Fe y Rosario y en la localidad de Arteaga.

En calle Padre Catena al 4000 los agentes del Comando Radioeléctrico procedieron a la identificación de dos hombres de 41 y 42 años que se encontraban en el interior de un automóvil Honda Civic. Seguidamente realizaron una requisa de rutina y secuestraron un revólver calibre 32 largo y otro calibre 38. Trasladaron el procedimiento a la Comisaría 6ta por razones de jurisdicción.

Por su parte, uniformados de la Policía de Acción Táctica fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 a calle Florencio Fernández al 6200 debido a un hombre armado, aparentemente amenazando a otra persona en vía pública. Con los recaudos pertinentes se dirigieron al lugar y aprehendieron a un joven de 21 años, a quien le secuestraron un arma de fuego calibre 38.

En un patrullaje de rutina por Ceferino Namuncura al 2700, efectivos del CRE observaron a un sujeto en una moto Keller intentando evadir la presencia policial y darse a la fuga. Razón por la cual, los agentes lo interceptaron y procedieron a la aprehensión, al secuestrarle una réplica de arma de fuego y una ganzúa de fabricación casera. Cabe mencionar que la moto en la que estaba presentaba pedido de secuestro de fecha 28/06/23.

Otro procedimiento fue realizado en calle Chiclana al 1000, cuando los numerarios acudieron hasta por un aviso de una persona herida. Una vez en el lugar, incautaron un revólver calibre 32 la que habría sido utilizada en la agresión e identificaron al presunto agresor, a quien pusieron a disposición de la justicia.

Finalmente, personal de la Dirección General de Seguridad Rural al estar llevando a cabo tareas preventivas, identificó a dos hombres que se encontraban realizando la actividad de caza en zona rural, secuestrándole a uno de ellos una escopeta por carecer de la documentación correspondiente, un arma blanca, cartuchos y la moto en la que circulaban.

Aunque las políticas empleadas en el control de delito han sido puestas en análisis en los últimos años, sobre todo por los niveles de violencia que se detectan en la provincia de Santa Fe, con fuertes críticas para el despliegue policial, el desarrollo profesional santafesino permite arribar a avances centrales en el control de las fuerzas de seguridad.

Una startup tecnológica de Santa Fe -que incluso ha estado integrando en sus etapas iniciales el Parque Tecnológico Litoral Centro- desarrolló un innovador método que podría revolucionar la trazabilidad del uso de armas tanto para civiles como para agentes de fuerzas públicas. El dispositivo, denominado Safe Gun System (SGS), ha despertado el interés de Bersa, la principal fábrica privada de armas en Argentina, que abastece de armamento a la policía del país y la región.

El sistema, creado por la empresa Tacuar Lab (T Lab), liderada por el santafesino Fabián Molinengo, se inserta en el arma durante su fabricación y permite un seguimiento en tiempo real desde un dispositivo remoto. Además, funciona como una “caja negra”, registrando información como el tiempo en que el arma permanece en su funda, el momento en que se la descubre y hasta el instante en que se acciona el gatillo. También puede detectar si un agente entrega su arma reglamentaria para cometer un delito durante sus días libres.

El sistema ha obtenido una patente en Estados Unidos, lo cual es destacable considerando la rigurosidad en materia de control de seguridad pública que tiene aquel país. Tacuar Lab ha mantenido reuniones con marcas reconocidas en la industria, como Glock, Beretta y Smith & Wesson, líder mundial en el mercado de armas.

“Se puede contabilizar el tiempo que un arma permanece en su funda, en qué momento se la descubre y hasta el instante en que se acciona el gatillo. Además, por caso, en ocasión de que un agente entregue su arma reglamentaria en sus días franco para ser usada en al comisión de un delito, el sistema podrá exponer dicha maniobra ilegal”, precisó Molinengo, quien además de haber trabajado en el proyecto vinculada al armante ha participado activamente en otros sistemas vinculados al seguimiento y monitoreo. De hecho lleva su firma el desarrollo de una caravana electrónica que permite una base de datos en tiempo real del ganado vacuno.

El Safe Gun System tiene tres usos principales. En primer lugar, funciona como una “caja negra” que registra acciones relevantes para el análisis forense en eventos de disparo. En segundo lugar, controla el almacenamiento y movimiento de las armas en los arsenales, monitoreando ingresos, egresos y disposición de las mismas. Por último, está preparado para comunicar eventos críticos en tiempo real, cumpliendo con los estándares de calidad y confiabilidad requeridos por las fuerzas del orden.

La empresa busca establecer acuerdos con fabricantes de armas, como Bersa, para ofrecer el sistema de monitoreo como un servicio adicional al cliente al adquirir el armamento. Esto permitiría a Tacuar Lab obtener regalías que beneficiarían al equipo santafesino proveedor de la tecnología.

“Estamos muy emocionados ya que tanto el desarrollo de las caravanas para el ganado, como el sistema de monitoreo de armas, pudo ser patentado en los Estados Unidos, con lo celosos que son en materia de mecanismos para el control de la seguridad pública”, resaltó.

El sistema se presentó ante el organismo internacional de registro de patentes PCT (Patents Cooperation Treaty) y pasó el filtro del evaluador, quien al compararla con otras patentes existentes le atribuyó “capacidad inventiva” y aprobó su publicación tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Si bien también están en conversaciones con los ministerios de Seguridad de diversas provincias, el enfoque principal de la empresa es trabajar directamente con los fabricantes que proveen armamento a las fuerzas de seguridad. El interés de Bersa, que suministra armas al 80% de las fuerzas de seguridad en Argentina, representa un importante avance en esa dirección.

Una startup tecnológica de Santa Fe -que incluso ha estado integrando en sus etapas iniciales el Parque Tecnológico Litoral Centro- desarrolló un innovador método que podría revolucionar la trazabilidad del uso de armas tanto para civiles como para agentes de fuerzas públicas. El dispositivo, denominado Safe Gun System (SGS), ha despertado el interés de Bersa, la principal fábrica privada de armas en Argentina, que abastece de armamento a la policía del país y la región.

(Por Mario Cáffaro) – María Cecilia Vranicich juró el jueves como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación siendo la tercera en ejercer el cargo luego de Julio De Olazábal y Jorge Baclini y se transformó así en la primera mujer en dirigir el organismo. Pero además como le gusta remarcar, convencida del sistema desde los últimos años de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario donde se formó y donde hoy es docente de procesal penal. “Siendo estudiante pensaba en este sistema. Empecé siendo ayudante-alumna de Procesal Penal en la UNR, en 1996. Me recibí en diciembre del 96 y en el 97 pasé a trabajar en la cátedra. La última bolilla de la carrera, de esa materia, era el proceso que queremos. Y éramos muy críticos en ese momento del proceso penal que tenía la provincia de Santa Fe que después en el caso Fraticelli fue declarado inconstitucional”.

Además de la cátedra, fue funcionaria del Ministerio de Justicia de la provincia a la hora de preparar las leyes orgánicas del nuevo sistema, leyes que demandaron mucho diálogo legislativo. Viene de ejercer durante los últimos seis años el cargo de Auditora General de Gestión por lo que en su cabeza tiene un mapa claro del funcionamiento del MPA. Cuando el Poder Ejecutivo abrió los concursos para los cargos de conducción se inscribió tanto para repetir en la Auditoría, para fiscal regional de Rosario y fiscal general. En los tres concursos integró las ternas seleccionadas por el jurado.

– ¿Con qué objetivos llega a este cargo de fiscal general por seis años?

– Mi plan de trabajo lo pensé muchísimo. Plantee, por un lado, los lineamientos, que es lo que tiene que hacer el fiscal general. Los lineamientos de persecución penal serán los priorizados. Si bien el fiscal general no tiene facultades para intervenir en investigaciones en particular, si es el encargado de decidir cuáles van a ser los delitos cuya investigación se van a priorizar. El primer lineamiento claramente que trabajé, en razón del contexto de violencia que estamos viviendo en la provincia y especialmente en los grandes centros urbanos, es trabajar aquellos delitos que están atravesados por lo que llamamos violencias altamente lesivas: homicidios, heridos de armas de fuego. Nosotros focalizamos mucho en los homicidios, como número, pero hay muchísimos heridos de armas de fuego, que también es un dato a trabajar y que está dentro de esta priorización a lo que llamamos delitos de violencias altamente lesivas. ¿Qué puede hacer y qué tiene que hacer la fiscalía general? Primero, bajar el lineamiento de que cada una de las regionales tiene que priorizar esto. ¿Cómo lo priorizamos? La impronta que yo le voy a dar es una fiscalía general acompañando a las regionales, a las cinco. Cuando hablamos de violencia altamente lesiva focalizamos el distrito capital y el distrito Rosario. Pero ya hay algunos casos, en algunas otras fiscalías regionales, caso Rafaela, de sicariato. Entiendo que se debe trabajar transversalmente la problemática con la Agencia de Delitos Complejos.

– El Organismo de Investigaciones depende del fiscal general pero está vacante su conducción. ¿Qué está previendo?

– El diagnóstico actual es que tiene una debilidad institucional importante. No tiene un director provincial, pero tampoco tiene personal propio del Ministerio Público de la Acusación. El personal que hoy tiene es personal en comisión, en servicio del Poder Ejecutivo. El procedimiento de designación fue modificado en la última ley. Antes era un concurso interno dentro del MPA. Ahora, es un concurso que le compete el Consejo de la Magistratura con acuerdo a la Legislatura. Es el mismo procedimiento que para la selección de Fiscal General. Falta de director y personal que no es propio, con lo cual el MPA no tiene ni siquiera incumbencia sobre lo disciplinario con respecto a ello. Hay personas que están contratadas. Uno de los objetivos de estos seis años es fortalecer al Organismo. De hecho, hoy el Organismo de Investigaciones tiene equipamiento que el fiscal anterior (Jorge Baclini) ha podido comprar, conseguir. Hay un cromatógrafo, hay aparatos muy importantes para realizar la extracción de la información dentro de los teléfonos celulares. No estamos haciendo rendir a pleno el equipamiento porque nos faltan personas para operarlo. Como aspiración de gestión es prioritario el OI porque es el órgano de apoyo para tener investigaciones propias, es el que investiga el delito complejo.

– Sí. Y en muchos casos que se va dilucidando con bandas que operan, que vienen desde afuera de la provincia. Fue en los casos de los golpes más grandes, más allá de la predación que hay permanentemente. En este caso, es un lineamiento que se va a sostener y que se tiene que sostener, pero está dentro de lo que es un poco ya la investigación generalista del fiscal. Ya hay equipos de fiscales que trabajan estos temas en las fiscalías regionales. Creo que sí hay que fortalecer lazos con la policía de investigaciones.

– ¿Va a mantener la Junta de Fiscales?

– Sí, sí, sí, claramente. Es importantísima. La Junta es un órgano de apoyo establecido en la ley. El principio de unidad de actuación, directrices, decisiones que se toman consensuadamente junto a la Junta de Fiscales. De hecho, esto ha sido una reforma legal de diciembre del 2017. Cuando se pasan las facultades disciplinarias a la Legislatura, también al fiscal general le quitan ciertas atribuciones y las pasa a tener la Junta de Fiscales. Por ejemplo, poder crear unidades interregionales. La Junta de Fiscales es un órgano de apoyo importante de gobierno y si el fiscal general dicta una instrucción de determinado lineamiento sobre algún eje, la Junta de Fiscales puede revocarla. Es un sistema de contrapesos absolutamente atendible en una institución democrática y republicana. A los controles internos no hay que tenerles miedo, al contrario.

– Fue Auditora de Control de Gestión, o sea tiene un mapa perfecto del cuerpo de fiscales…

– Sí, sí, y de las debilidades y fortalezas institucionales en general del desempeño. El desempeño individual de cada fiscal lo tiene cada fiscal regional y desde la Auditoría lo que se observa son desempeños de institutos a lo mejor particulares. Por ejemplo, en estos años se hizo un trabajo muy exhaustivo y riguroso sobre el control de detenciones domiciliarias, cómo funciona ese instituto. Sobre el final estábamos haciendo un monitoreo sobre abreviados. Toda la información del órgano va al fiscal general que es quien da los lineamientos.

– ¿Va a reclamar, como venía haciéndolo el fiscal saliente, que las facultades de sanción vuelvan al MPA?

– Entiendo que desde el Ministerio Público de la Acusación tenemos obligación de rendir cuentas y para eso articular muchos mecanismos de rendición de cuentas, uno es el disciplinario y debe ser mejorado el sistema que hoy existe. Fui auditora, autoridad de aplicación y he aplicado el sistema vigente, entiendo que en el momento fue el mejor sistema que pudimos tener con el contexto político institucional que tenía la provincia Creo que tiene que ser modificado, no a lo mejor exactamente de la misma forma que en el origen. Tenemos que usar la oportunidad para aprovechar y mejorar también la versión original. Sería importante ampliar el Tribunal de Disciplina, los miembros del Tribunal de Disciplina. En este caso hay algo que me preocupa, porque es atendible la preocupación de determinados fiscales o a lo mejor de la asociación de fiscales, el propio fiscal general saliente que así lo ha expuesto, que es el temor a una remoción injustificada o una remoción política con otro tipo de interés. A mí lo que me preocupa también son los marcos de impunidad que puede generar internamente y que yo no quiero en determinados desempeños fiscales que no están siendo adecuados. Porque a veces también esta lógica política que no termina de ser técnica habilita. Eso es, a mí también me alerta al otro, o sea, superar el otro.

– Está asumiendo en un momento casi de transición política en la provincia, nos guste o no, porque estamos ya casi en cierre de listas, iniciamos un proceso electoral, usted va a compartir todo el gobierno que viene y un pedazo del otro gobierno.

– Sí, sí, claro y eso supongo que motivará diálogo, habrá que ver cómo se motiva.

– En el dictamen de la Cámara de Diputados sobre Emergencia en Seguridad prevé incluso 250 cargos para el OI y 50 de auxiliares para el MPA. ¿Son necesarios?.

– Por lo que hablábamos antes. Esos cargos serían la base de lo que sería la creación de un organismo de investigación… sí, sí, sí, son muy necesarios.

Lo otro que dice de traspasar gestiones es importante. Ojalá me vaya bien en mi gestión y llegue a los seis años donde habrá tres gobiernos diferentes. En los seis años que fui auditora observé muchas cuestiones y concluí que no hay que tenerle miedo a la relación del MPA con los otros poderes del Estado, pero siempre respetando la incumbencia legal de cada uno: del Ejecutivo, del Legislativo y de los otros actores del Poder Judicial. O sea, la relación del MPA con el Poder Ejecutivo tiene que ser fluida. Estamos hablando, varias veces lo hemos repetido en esta entrevista, de la policía judicial. Entonces, yo entiendo que tiene que ser natural, fluido, pero siempre con objetividad, autonomía e independencia.

Rafaela

La jurisdicción regional 5, con cabecera en Rafaela, no tiene aún designado el fiscal regional debido a que fue rechazado el pliego de Orlando Toniolo. Ahora el Poder Ejecutivo propuso otro nombre, Carlos Vottero, cuya designación está en manos de la Legislatura. Mientras tanto, Vranicich firmó una resolución en la que designa al Fiscal Regional 1, Nessier, a cargo interinamente de la Fiscalía Regional 5.

– Hay toda una polémica abierta por abogados sobre los juicios abreviados. ¿Cuál es su postura?

– De hecho, en la entrevista en la Comisión de Acuerdos fue un tema.

– ¿Sirve?

– No solo sirve sino que hoy es la mayor respuesta que damos dentro de la institución punitiva. En la fiscalía estamos para investigar delitos y para lograr condenas, más allá de pacificar aquellos conflictos que se logre pacificar. Pero lo primero es la persecución penal, es una respuesta punitiva. Si tomamos todas las respuestas de condenas que surgieron a través de pedidos del MPA y que fueron tomadas por un juez, entre un 94% y un 96% son condenas que vienen de juicios abreviados. Es una herramienta que, si bien se ha puesto en crisis, pero creo que se ha puesto en crisis por determinados casos puntuales. Casos que incluso he tenido casos en la Auditoría, donde hay fiscales que han terminado sancionados por juicios abreviados mal acordados.

Pero en el juicio abreviado, si bien es el fiscal una de las partes que lo propone, es un acuerdo con un defensor. Entonces hay un control adversarial con un defensor que representa al imputado. El imputado tiene que asumir culpabilidad, pero un juez en audiencia lo valida. Los juicios abreviados también se dan en un marco de una audiencia pública que puede ser presenciada por la ciudadanía. Es el juez el que termina sentenciando ya que hace un control de legalidad y no solo legalidad de razonabilidad de lo que le están presentando. Lo primero que hace es preguntarle al futuro condenado, ¿usted entiende que está asumiendo la culpabilidad de este delito? Está controlado por muchos lados, porque si el fiscal cierra a seis años, lo controla un fiscal regional. Si lo cierra a ocho, el fiscal general. En mi plan de trabajo de auditora propuse un monitoreo, al azar, de abreviados cerrados con condenas menores a seis años.

– En la misma Asamblea Legislativa se dio un debate que se está instalando sobre la posibilidad de que el narcomenudeo sea jurisdicción provincial.

– Me preguntaron en Acuerdos, mi opinión fue que no tenía opinión y que ya era válido. Puntualmente el senador Enrico fue muy activo con eso, en la Asamblea, nos ha llamado tibios. Yo entiendo que cada uno tiene un rol determinado. Soy docente de procesal penal en la facultad, conozco claramente los pros y los contras y si tuviera una posición tomada no tendría ningún problema en decirlo, no lo tengo ni siquiera académicamente. Entiendo que tiene muchos pros y muchos contras. Entiendo también a los legisladores porque ellos tienen al ciudadano, al vecino que va y le dice tengo el bunker en la esquina, me pasan por la nariz y no podemos hacer nada. Pero más allá del marco legal, que exista o no exista, hoy ya hay un trabajo muy rico entre los fiscales provinciales y los fiscales federales. Puntualmente se está dando en la regional Rosario. Entonces me parece que con acuerdos institucionales de trabajo se pueden articular abordajes así. Si los legisladores toman la decisión de que en Santa Fe investigue el narcomenudeo vamos para adelante y vamos a poner lo mejor de las energías para que esto ocurra.