Los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina, imputaron este martes al senador por el departamento San Lorenzo, el justicialista Armando Traferri y lo acusaron de liderar una organización criminal que, entre otras cosas, le brindaba "cobertura" a Leonardo Peiti, conocido empresario del juego clandestino, del que habría percibido al menos 200 mil dólares.

Tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, son algunas de las pesadas acusaciones -contenidas en más de 300 páginas- que recayeron sobre el otrora influyente dirigente peronista, quien tenía previsto comenzar a esgrimir su defensa este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

Para los fiscales, Traferri "cooperó a la organización de juegos de azar aprovechando las influencias como senador por Santa Fe infiltró al Ministerio Público de la Acusación".

La del martes, además, fue la primera audiencia judicial a la que asiste el senador sanlorencino (en su cuarto mandato y protegido por fueros propios de su cargo) tras cuatro años en que se negó a declarar ante Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los primeros fiscales que lo apuntaron.

En diciembre de 2020 Traferri se negó a declarar y logró el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara para rechazar un pedido de desafuero de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a los que el por entonces titular del bloque del PJ consideraba parciales.

Una y otra vez, desde su banca, Traferri acusó a viva voz al ex ministro de Seguridad y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, de promover por "razones políticas" esa causa. Sostenía que los fiscales eran parciales y finalmente fueron apartados de la investigación.

Tras tres años, el 18 de octubre de 2023, con el mismo Senado de mayoría justicialista, se votó a favor de que Traferri pueda ser interrogado e imputado. Se aclaró entonces que no podrá ser detenido aún si así lo pidieran los fiscales: un paso de ese tipo requeriría (eventualmente) de un nuevo pronunciamiento del Senado.

Desde que el legislador quedó en condiciones de declarar y así poder defenderse ante fiscales que considera que no serán parciales la cita se demoró. Tanto que en tres oportunidades, durante 2024 reclamó formalmente a través de sus abogados poder saber de qué se lo acusa y así armar su defensa.

Cambiaron los fiscales acusadores pero no el tenor de las imputaciones formuladas antes de la pandemia, en 2020.

Tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, son algunas de las pesadas acusaciones -contenidas en más de 300 páginas- que recayeron sobre el otrora influyente dirigente peronista, quien tenía previsto comenzar a esgrimir su defensa este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

Miércoles y jueves, continuarán las audiencias que preside la jueza Eleonora Verón, quien debe resolver si acepta o no la calificación legal contra Traferri, quien este miércoles debía defenderse de los hechos que le imputan.

Son los fiscales quienes imputan a Traferri. El sistema acusatorio, deja clara que la facultad de imputar es del fiscal, y lo hace precisamente en una audiencia imputativa, como la que se desarrolló el martes.

En dos de sus puntos claves, se explicita que "la Investigación penal preparatoria (I.P.P.) es la etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores. Tiene por finalidad preparar la acusación, determinando la prueba relevante que se producirá en el juicio. El responsable de la investigación penal preparatoria es el Fiscal, y actúa bajo el control de un Juez que debe garantizar la regularidad de su intervención".

Y también que "la Audiencia imputativa refiere al momento en que el Fiscal le informa a una persona (imputado) que es señalada como posible autora o partícipe de un delito determinado, posibilitándole ejercer su derecho de defensa. Esta audiencia se realiza ante un Juez."

Cuando la Cámara de Diputados complete el trámite legislativo que este jueves comenzó en el Senado, las comunas y las municipalidades de segunda categoría (todas menos Santa Fe y Rosario) podrán usar para gastos corrientes recursos de asignación específica dispuestos por la Ley 12.385 Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados.

La media sanción del cuerpo de 19 bancas se llevó a cabo por unanimidad con la finalidad de aliviar cuanto antes las cuentas de los gobiernos de pueblos y ciudades del interior provincial, mediante una ley de excepción que la Legislatura santafesina vota cada año en la última década.

En esta oportunidad llamó la atención lo temprano de la media sanción de la norma, apenas en la quinta sesión ordinaria de 2024. En otras ocasiones la idea de permitir que no se hagan obras, sino que se paguen sueldos o a proveedores en lugar de ejecutarse infraestructura urbana o comprar equipos y maquinaria vial se solía otorgar, a manera de salvavidas, más cerca del cierre de los ejercicios fiscales anuales.

El proyecto de ley llegó al recinto desde la oposición pero de inmediato fue firmado por la totalidad de los senadores provinciales al sumarse el oficialismo con sus firmas al expediente. El asunto ingresó en la primera sesión ordinaria a principios de mayo y sencillamente la Cámara esperó el momento político más adecuado para darle media sanción, con suficiente antelación para que Diputados tenga toda la segunda mitad del año legislativo para completar el trámite de una norma que piden jefes comunales e intendentes que claman por fondos.

Ante cada crisis económica surgen motivos para que una norma que buscaba que haya más obras y equipos en pueblos y ciudades medianas tenga su excepción y pague sueldos o gastos con proveedores. En 2024 la cuestión comenzó a debatirse en la primera sesión ordinaria y logró media sanción en la quinta, este jueves 27 de junio. Crédito: Gentileza Cámara de Senadores

El autor de la iniciativa, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), subrayó que la (pronta) media sanción es una respuesta posible desde la Cámara alta "a la dura situación económica que enfrentan las municipalidades y las comunas, también afectadas por la grave crisis a nivel nacional".

En nombre del bloque justicialista que preside, Pirola destacó que "además de las altas tasas de inflación en estos primeros meses del año, se suman las decisiones de política económica del gobierno nacional que, con sus medidas de ajuste y recorte del gasto público, repercuten negativamente sobre la recaudación tributaria", con lo que también caen "los fondos coparticipables para nuestra provincia y para los municipios y las comunas".

"El sector industrial se cae a pedazos, las Pymes sufren un panorama grave y con ellos caen las condiciones para que la recaudación pueda cubrir, coparticipación mediante, los gastos corrientes de las administraciones", indicó.

En el momento en que se trataron los expedientes con pedidos de tratamiento preferencial avanzaron con media sanción varios proyectos de Ley. Uno que modifica los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 12.256 para la lucha contra el abigeato y que crea un Programa de Coordinación y Seguridad Rural, presentado por Pirola; y lo mismo, un proyecto de su par justicialista Armando Traferri (San Lorenzo) que modifica los límites jurisdiccionales de los distritos Puerto General San Martín y Aldao, departamento San Lorenzo. Ambos asuntos pasaron a Diputados, que como con Obras Menores, formará parte de su agenda.

En otro orden, obtuvo sanción definitiva un proyecto de Ley presentado por la exdiputada María Laura Corgniali que fue tratado sobre tablas, por el cual se donan a la Comuna de Arroyo Ceibal, departamento General Obligado, cinco lotes de terreno ubicados en dicha localidad, con el cargo específico para cada inmueble para la construcción de un polideportivo comunal, una plaza a denominar General San Martín, un cementerio y un predio de maestranza y edificio comunal, con un salón de usos múltiples.

En el mismo día en el que el senador Traferri ingresó un proyecto de ley, obtuvo un sobre tablas y logró media sanción una norma que dispone que "para el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, que realizan los alumnos de 4º grado de nivel primario de los distintos establecimientos escolares de la Provincia, sea tomada por un veterano de la Guerra de Malvinas, o por un grupo de ellos". La idea contó con el inmediato respaldo de los restantes representantes de los departamentos que apuraron la votación y la pasaron a Diputados.

La próxima mayoría en la Cámara de Senadores, compuesta por los legisladores radicales electos más los que renovarán su mandato, debatieron los nombres de las autoridades del Cuerpo y del bloque del oficialismo, que se descuenta que tendrá un interbloque aún mayor de 13 integrantes más el de un justicialista que fue electo por el partido Unite.

El presidente del Comité Provincial del radicalismo santafesino, Felipe Michlig (San Cristóbal), uno de los hacedores del llamado frente de frentes de Unidos para Cambiar Santa Fe, será el presidente provisional de la Cámara alta. En tanto Rodrigo Borla (San Justo) será el nuevo jefe del bloque radical mayoritario.

Ambos lugares son los de mayor interés para el sector de 13 bancas (más una de Unite) que dominarán el hemiciclo de 19.

En la bancada minoritaria del justicialismo Rubén Pirola (Las Colonias) asumirá como titular. Como se sabe, ha dado un paso al costado Armando Traferri (San Lorenzo) para dedicar todas sus energías a defender su caso ante la justicia.

Las novedades para la Legislatura que iniciará sus mandatos en diciembre tienen cambios definidos también en términos del uso del espacio disponible: el de las oficinas dentro del Palacio. En el ala del Senado, más cercana a la calle 4 de Enero, el histórico despacho del bloque Juan Domingo Perón (el más confortable) será en poco tiempo del radicalismo. Y viceversa.

Felipe Michlig (San Cristóbal) será el presidente provisional de la Cámara alta. Crédito: Mauricio Garín

En cambio, con las oficinas particulares de los senadores se buscan acuerdos para no afectar a quienes ya se encentran desde mandatos anteriores en una banca y se estima que no habrá mayores inconvenientes al respecto.

En cuanto a la distribución de otros lugares de poder, más trascendentes para el proceso de formación de las leyes, a la hora de discutir la composición de las comisiones el radicalismo opina bastará con cambiar los actuales rótulos “PJ” por otro que diga “UCR”. Es decir, respetar el criterio de mayorías y minorías que se ha impuesto en tantas décadas de convivencia. Así serán para los radicales, claro, la mayoría de los integrantes en cada una de las comisiones permanentes del Senado, así como sus presidentes (hoy en manos en buena medida del justicialismo).

De todas ellas, dos son las más trascendentes: el filtro final de toda norma que ha pasado por comisiones (que no fue votada sobre tablas”) es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, hoy en manos de Joaquín Gramajo (9 de Julio). El radicalismo la quiere para su jefe de bancada, el también abogado, Borla. Por otra parte, el senador justicialista electo por Unite antes mencionado se sumaría a un interbloque poderoso que para el oficialismo tendría 14 votos asegurados.

La otra comisión que se mira con atención, la de Presupuesto y Hacienda, recaería sobre el contador socialista que asumirá la representación por La Capital, Francisco “Paco” Garibaldi, hoy concejal.

En cuanto el Senado de la Provincia de Santa Fe le quitó los fueros (con los que se había blindado en 2020), el senador Armando Traferri interpuso por medio de sus abogados defensores un recurso de queja para que se aparte de su caso a los dos fiscales acusadores: Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, porque han "faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación", según el legislador.

El representante por San Lorenzo pidió una audiencia pública para mostrar las pruebas contra ambos, a la que se permita el acceso a los periodistas. Traferri ha dicho, luego de lograr su reelección por el 42% de los votos, que irá "hasta las últimas consencuencias" para evitar que "la libertad de los ciudadanos no esté en manos de estos fiscales".

Durante la exposición que brindó en el recinto de la Cámara alta, cuando les pidió a sus pares de todas las bancadas que reviertan su resolución y lo autoricen a presentarse ante la justicia y ser imputado (no puede ser encarcelado) sostuvo que en estos tres años logró reunir pruebas que le permiten no solo defenderse sino acusar a sus acusadores. Ese será finalmente el primer paso de su estrategia legal.

Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray presentaron un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que solicita el apartamiento del caso Traferri para esos fiscales. (Como se sabe, Matías Edery está hoy bajo un proceso disciplinario en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que votó el avocamiento tras la inhibición de la Auditoría del MPA, y todavía no se sabe si la diputada Lorena Uleldin, cuyo mandato termina en la primera semana de diciembre, aceptará o no ser su acusadora).

Edery es cuestionado por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca por sus vínculos y el intercambio de información con Mariana Ortigalal, presa por ser parte de la banda Los Monos, en una causa por extorsiones y balaceras. Un primer dato al respecto: Moreno Socca fueron apartados por la fiscal regional Iribarren por haber hecha pública ante la prensa la identidad de Ortigala, una testigo protegida en otra causa (contra el clan rival de los Alvarado). Y una segunda acotación nada al márgen: Edery, y también Schiappa Pietra, escucharon el apellido Ortigala en varias oportunidades como parte de las extorsiones a Luis Peiti, un capitalista del juego clandestino, que tanto era exprimido en pagos mensuales por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal. Pese a esas acusaciones de 2020 no hubo una línea de investigación en la llamada causa del juego ilegal por la que ahora podrá ser por fin imputado Traferri al ser levantadas sus inmunidades.

En su banca, el 21 de septiembre, dijo que durante el actual gobierno provincial de su partido "la organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad (Marcelo Sain) designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos", abundó.

Y enumeró: "Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe", afirmó.

Traferri sostiene esos argumentos desde que comenzó el caso en su contra, desde una posición incómoda porque optó por el privilegio como legislador de no someterse a juicio. Ahora lo afrontará desde el banquillo de los acusados, tras los comicios provinciales y la crisis que muestra el MPA de Rosario precisamente con Edery en el centro de las miradas. De todos modos, hace ya un año en que el senador sintió que la taba comenzaba a darse vuelta: desde noviembre de 2022 Traferri es considerado por la fiscales de la ciudad de Santa Fe como víctima de espionaje, en la causa Sain.

Lo mismo les sucedió a otros dirigentes políticos y personalidades públicas que fueron "perfilados", como el hoy gobernador electo Maximiliano Pullaro, funcionarios del propio gobierno como Héctor "Pirucho" Acuña, empresarios, periodistas como el fallecido por esos días (de un infarto) Mauricio Marona, y empresarios de medios, como el titular de Arcadia y principal accionista de El Litoral, Nahuel Caputto.

Ahora aquellas declaraciones públicas de Traferri están avaladas por el caso Sain e incluso por un audio del propio ex ministro y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del MPA (en una polémica licencia) en la que "como compañero" les reprocha a los fiscales Edery y Schiappa Pietra no tener suficientes pruebas contra el por entonces jefe del bloque Juan Domingo Perón en el Senado.

El escrito que tiene en sus manos Iribarren (que debió ir a Acuerdos a dar explicaciones sobre la crisis entre sus subordinados días atrás) afirma que las acciones de los fiscales "responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra". Les endilga "una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar" a funcionarios del MPA.

El pedido de apartamiento dice que los fiscales no fueron objetivos que carecieron de "buena fe, lealtad, y legalidad". Y advierte que "del relato fáctico que forma el corpus de este escrito se desprenden hechos con apariencia de delito". En ese contexto, agrega: "detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain".

Entre las pruebas ofrecidas hay "testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de 'llevarse puesto' al senador". Ese testigo citado por la defensa afirma: "Hubo mucho interés el último año con todo lo que pasaba en Traferri. Había mucho interés en encontrar algo que lo perjudique"

De las relaciones probadas entre integrantes del MPA y Sain queda claro para el escrito que se excedían largamente los vínculos institucionales. "La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él".

"Los funcionarios del Ministerio de Seguridad solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso".

Finalmente, el tercero de los apartados, llamado "El sumario de Cotichini", desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el Espionaje Ilegal. En esta causa, justamente, Traferri es querellante y como se ha dicho, víctima.

Casi tres años después, el Senado de Santa Fe dio vuelta su resolución sobre los fueros del senador Armando Traferri. Sobre tablas, sin discursos y con un texto que fue distribuido a la prensa, los miembros de todas las bancadas aceptaron el pedido del representante por el departamento San Lorenzo, recientemente reelecto, y ahora será sometido a proceso en la justicia, acusado de mantener vínculos con un empresario del juego ilegal.

El texto lleva las firmas de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y -como aquella resolución en contrario de diciembre de 2020- se trata de una decisión política.

Entre aquellos argumentos contra el legislador y la actual crisis de la Fiscalía Regional de Rosario del Ministerio Público de la Acusación, hay pruebas que Traferri ha podido reunir -bajo el privilegio constitucional de no haber podido ser imputado- en estos años. Y que, según ha sostenido en numerosas oportunidades desde su banca el sanlorencino, pueden mostrar además de su inocencia (por la inconsistencia de las pruebas en su contra) la existencia de un esquema persecutorio, que también incluyó a periodistas, editores de medios, empresarios y dirigentes políticos (entre ellos el gobernador electo, Maximiliano Pullaro e incluso del propio oficialismo que ocuparon lugares en la función pública).

Por si fuera poco la causa de abusos de autoridad del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain (por la existencia de carpetas sobre esas figuras públicas), en el último mes se sumó la acusación que pesa sobre uno de los fiscales que lo acusaron: Matías Edery.

En definitiva la resolución indica que el se autoriza al senador "a ser sometido únicamente al proceso penal dentro de la Carpeta Judicial CUIJ 21-08438216-4 y por los hechos descriptos en la Nota Oficial 42524NO, continuando vigentes las demás inmunidades -de opinión y de arresto-, debiendo el citado continuar ejerciendo el cargo para el cual fue electo (Artículo 51 de la Constitución Provincial)".

La minuta fue votada junto a otras resoluciones que solo el secretario legislativo leyó por su número, con lo que los cronistas parlamentarios debieron luego reconstruir el momento en que había sido tomada la decisión del desafuero. Traferri pidió la autorización para enfrentar el caso en su contra el pasado 21 de septiembre, y casi un mes después se votó sin disidencias. Cabe destacar que Traferri no asistió a la sesión de este jueves 19 de octubre ya que se encuentra fuera del país, por motivos familiares.

En la sesión en la que anunció su pedido de desafuero, ahora concretado, dijo que "hace casi tres años que sufro una persecución política-judicial, en el marco de lo que fue y es uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial: funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar a quienes no hacían lo que ellos querían o dictaminaban. Y en mi caso particular, para desprestigiarme a través de operaciones en medios de comunicación. Me dedicaron muchísimos artículos periodísticos, horas de radio y televisión. Pero no les sirvió de nada. La opinión pública le ganó a la opinión publicada", afirmó en un discurso que leyó en el recinto sin salirse de lo escrito.

Recordó que en los últimos años presentó "pruebas de las numerosas irregularidades cometidas por los fiscales en el marco de ese proceso" que en idéntico número el propio Traferri hizo saber a la opinión pública.

"En un primer momento, me puse a disposición de los fiscales para aclarar lo que entendía que podía ser algún malentendido o error. Pero fueron ellos quienes no quisieron tomarme testimonio. Con el correr de los días fui notando que había algo más detrás de la acusación. Pero no lograba realmente entender hasta dónde llegaba la trama", describió.

Más adelante, aseguró: "Con el estallido en la provincia de lo que se conoce como causa de Espionaje Ilegal pude finalmente empezar a atar cabos y comprender de manera cabal la estructura y las motivaciones detrás de las imputaciones en mi contra. De hecho, el fiscal que lleva causa del Espionaje confirmó mi condición de víctima, por lo que pude acceder a la gran cantidad de evidencia que demuestra el sistema de inteligencia ilegal montado en nuestra provincia, algo inédito en democracia y que debería llamarnos a todos a una profunda reflexión respecto del futuro institucional de Santa Fe".

"Ya con toda esa información sentía que estaba preparado para contar mi verdad. Pero se acercaba en nuestra provincia de Santa Fe un proceso eleccionario. Siempre he sido muy respetuoso de la vida democrática, por lo que tomé la decisión de no adoptar ninguna medida que pudiera interferir con ella", indicó para justificar su demora en afrontar el proceso.

Adelantó que buscará "poner en evidencia a aquellos que deberían habernos estado cuidando y, en cambio, estaban destinando su tiempo, recursos humanos y hasta dinero de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para espiar a dirigentes políticos, a armar causas y carpetazos para disciplinar".

"De la evidencia recogida, surge que en la provincia de Santa Fe se montó un aparato de espionaje ilegal, una asociación ilícita con roles bien definidos que involucró a funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. Este verdadero grupo de tareas me tenía entre sus objetivos. Pero también a otros dirigentes. Incluso el hoy gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, era uno de los blancos de esta asociación, según se desprende de las pruebas", advirtió.

"La organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos", abundó. Y enumeró: "Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe", destacó.

En ese momento dijo que tomaba la decisión de renunciar a los privilegios de las inmunidades parlamentarias por su familia y por su buen nombre, por quienes lo reeligieron y porque en San Lorenzo para su cargo "la opinión pública le ganó a la opinión publicada".

"Estoy convencido -cerró- de que ha llegado la hora de demostrar en la Justicia que las acusaciones en mi contra han sido parte de un armado para desprestigiarme y perjudicarme. Es mi convicción ir hasta las últimas consecuencias para demostrar mi inocencia y también para desenmascarar este aparato de espionaje ilegal y armado de causas. Porque nuestra provincia merece que eso nunca más vuelva a ocurrir".

(Por Luis Rodrigo) - No es solo una cuestión de nombres, el peronismo santafesino que ha tenido una mayoría casi permanente en el Senado de la Provincia de Santa Fe, ahora ve que será minoría, además de oposición a partir de diciembre. Se trata básicamente de aceptar los desafíos que implica la nueva etapa que dejará a la oposición peronista con solo cinco integrantes. El oficialismo poseerá 13 bancas y habrá un bloque unipersonal de un justicialista electo por Unite, Joaquín Gramajo, que durante las elecciones apoyó a Pullaro y Clara García, para gobernador y para la lista de diputados provinciales.

La novedad más fuerte de esta semana en los pasillos del Palacio Legislativo que Armando Traferri, histórico jefe de la bancada Juan Domingo Perón, dejará ese lugar para dedicarse sobre todo a enfrentar la acusación judicial en su contra por supuestos vínculos con el juego ilegal. La decisión obedece a esa circunstancia y a que el sanlorencino ha entendido que la política debe renovarse. Ha dicho que quiere dedicar, además de la tarea legislativa, todas sus energías a limpiar su nombre y apellido. Y a señalar a quienes "me persiguieron sin pruebas". Apunta alto.

Cualquier observador antento puede adivinar que para el cargo de conducción política del peronismo en el Senado, opositor y en minoría, quien reune lo necesario es el senador por Las Colonias Rubén Pirola. El presidente provisional de la Cámara se muestra siempre dispuesto a sumar y a buscar consensos y de hecho ha tomado parte en todas las últimas negociaciones importantes a nivel legislativo. Pero todavía el tema no está cerrado, solo es por ahora una cuestión en estudio. A nivel del futuro bloque unificado y en términos personales. Está claro que quien sea la voz de la oposición en una de las dos Cámaras tendrá un lugar relevante a partir del 11 de diciembre. Sin poder como para imponer temas en la agenda legislativa (ni de trabárselos para una negociación desde una posición de fuerza con el gobierno de Maximiliano Pullaro) para el peronismo del Senado será clave su presencia pública, su discurso y el rebote de sus posiciones en la prensa.

Para fortalecerse, el peronismo del Senado hará lo que debió hacer en 2019 cuando otro justicialista iniciaba su gobierno provincial: unirse. (Fue desde la Casa Gris que se impulsó la ruptura de los doce, en seis y seis). Tras los guarismos de la elección del 10 de septiembre, todo indica que habrá solo un bloque del PJ, de cinco. Solo entre 1983 y 1987 el radicalismo tuvo (como ahora) la mayoría.

Es conveniente repasar los perfiles de los senadores del PJ que lograron ser reelectos. Hoy están en el bloque Lealtad su presidente Alcides Calvo (Castellanos), que participa activamente de la mesa de conversaciones en la comisión de transición por el oficialismo saliente. Y en esa bancada está también Eduardo Rosconi (Caseros). El primero va por su séptimo mandato, el segundo por el sexto. Ambos lograron guarismos cómodos para renovar la banca, y fueron los más votados en esos departamentos.

Lo dicho, Traferri, que lleva cinco mandatos intercalados y consiguió un sexto en unos comicios donde "la opinión pública le ganó a la opinión publicada" según sostuvo al anunciar que ahora sí irá a la justicia, sin fueros. Desde que Ricardo Spinozzi dejó el Senado, la presidencia del PJ santafesino y se pasó al PRO, el de San Lorenzo tomó las riendas que ahora considera que debe soltar.

Osvaldo Sosa, de Vera, contará con su tercer mandato. Asumió en junio de 2016 tras la muerte del senador Hugo Pucheta. Pirola iniciará en diciembre su quinta representación y en los cuatro mandatos fue elegido por sus pares de todos los bloques presidente provisional del Senado, un cargo que distingue a un legislador. Es uno de los vicepresidentes del Partido Justicialista y quien tiene más chances de ser el nuevo jefe de bloque para asumir -también- un lugar más relevante en el peronismo provincial.

A horas de que se conocieran las acusaciones judiciales contra el fiscal Matías Eddery, el senador por San Lorenzo Armando Traferri anunció que iniciará acciones legales contra ese funcionario del Ministerio Público de la Acusación, además de dejar de escudarse en sus fueros como legislador.

El representante del justicialismo siempre sostuvo que de tener condiciones para un proceso justo se presentará a declarar en la causa en su contra, vinculada con el juego clandestino.

Eddery es uno de los acusadores a Traferri. El restante es el fiscal a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, Luis Schiappa Pietra.

Desde que una declaración de un capitalista del juego ilegal lo mencionó, Traferri sostiene que es víctima de una persecución política que había sido planeada en la Casa Gris y que tuvo ramificaciones en el Ministerio de Seguridad en tiempos de Marcelo Sain, cuando también estaba a cargo (bajo licencia sin goce de sueldo) del Organismo de Investigaciones del MPA.

En un breve paso por la Sala de Periodistas acreditados en el Senado, antes de la sesión, el dirigente que logró su reelección dijo "voy a ir por todo y por todos". Consideró que con la legitimidad de los votos de sus conciudadanos de San Lorenzo y las últimas novedades judiciales contra Eddery llegó la hora de contar su verdad.

El senador fue acusado de recibir coimas para favorecer un negocio impulsado por Leonardo Peiti, para que en Santa Fe se permita el juego virtual.

Traferri no aceptó declarar en calidad de imputado, aunque antes concurrió a una audiencia con ambos fiscales que lo impusieron de las sospechas en su contra.

Cuando Eddery y Schiappa Pietra intentaron imputarlo se dirigieron a la Cámara de Senadores para pedir su desafuero. En diciembre de 2020, el cuerpo respaldó al jefe del bloque Juan Domingo Perón por una mayoría calificada y desde entonces la causa en su contra no pudo avanzar. Mientras, solo hubo medidas que favorecieron a los demás acusados, empezando por el propio Peiti que dejó pronto atrás su condición de detenido.

Para Traferri fue decisivo el momento en que otros fiscales lo incluyeron en una extensa lista de empresarios, periodistas, dirigentes políticos del propio gobierno y de la oposición y editores de medios de comunicación fueron el blanco de unas tareas similares a las del espionaje. Con ese nombre se conoció popularmente la causa que, en rigor, nunca tuvo esa carátula. Para el senador, la taba comenzó a darse vuelta en noviembre de 2022.

Por los delitos de abuso de autoridad, peculado y malversación de caudales públicos está acusado el ex ministro Sain que justamente esta semana debió pedir en una audiencia permiso para asistir a una actividad académica en Méjico. "Como afortunadamente no doy clases en un pueblito, sino en la Universidad Nacional de Quilmes es común que me llamen del exterior", dijo con tono altanero en la reunión con los fiscales que le concedieron la salida a ese destino. Allí también se quejó: "este proceso me daña".

Ahora le tocará también responder a los cuestionamientos que puedan surgir de las acusaciones que planea hacerle Traferri. Más aún, el senador dijo que irá incluso por "calumnias e injurias" contra quienes "me difamaron" y apuntó contra otros legisladores y hasta periodistas. Habrá que ver si en su denuncia, Traferri llega hasta los altos niveles de los que siempre habló al explicar por qué había sido acusado y optó por no declarar amparado en sus fueros.

Las declaraciones del senador son casi un desafío a quienes lo habían querido sentar en el banquillo de los acusados.

Como la Cámara alta ha votado una resolución que impide que el senador Armando Traferri sea imputado según el pedido que oportunamente firmaron los fiscales Eddery y Schiappa Pietra, corresponde ahora que otro decisorio de igual rango la revierta.

En la sesión de este jueves se formalizó por nota el pedido del senador por San Lorenzo, lo que se giró a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Esta deberá dictaminar y luego (eventualmente) recomendar al pleno del cuerpo una decisión.

Lo más importante de todos modos es la decisión política del senador Traferri de enfrentar a la justicia sin fueros.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) manifestó “su más enérgico repudio al accionar del senador provincial Armando Traferri, quien ayer (por el miércoles) intentó agredir al Fiscal Luis Schiappa Pietra en inmediaciones del edificio de los Tribunales de Rosario, luego del acto de apertura del año judicial”.

“Esta violenta conducta -agregó el organismo mediante un comunicado- constituye un intento más del legislador de amedrentar y condicionar la tarea investigativa de los y las fiscales. Asimismo, es de una gravedad institucional inusitada y, sin dudas, atenta contra la independencia y la objetividad de la tarea del MPA”.

“Además de los riesgos propios de las funciones de los y las fiscales, conductas como las que desplegó el senador santafesino no hacen más que aumentar esos peligros, al tiempo que dan cuenta de su desprecio por las instituciones republicanas. Por lo tanto, repudiar hechos de esta naturaleza es un imperativo ético de todos los poderes del Estado que deben velar por una cordial relación interinstitucional”, enfatizó.

El MPA también hizo en el mismo parte de prensa un expreso pedido al Poder Ejecutivo provincial “para que arbitre las medidas de seguridad apropiadas”.

El argumento utilizado por Casal para aconsejar a la Corte nacional actuar en ese sentido es que no hay coincidencia en los fundamentos de los votos expresados por los cinco ministros que conformaron la mayoría: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, con disidencia del actual presidente del tribunal, Daniel Erbetta.

En el marco de una investigación penal preparatoria, los representantes del Ministerio Público de la Acusación citaron a Traferri a audiencia imputativa. El senador se negó invocando sus fueros, y el desafuero solicitado por los fiscales fue rechazado por el Senado, manteniendo la inmunidad de Traferri.

La investigación sobre Traferri todavía tiene puertas abiertas

A partir de allí se inició el camino judicial. Los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal y del artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en cuanto establecen la inmunidad de proceso de los legisladores provinciales, con un alcance mayor del que asiste a los legisladores nacionales (que sí pueden ser procesados e incluso juzgados, aunque no encarcelados) y en violación del principio de igualdad y de los tratados internacionales.

A principios de 2021 la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los fiscales e impidió que se cite a audiencia a Traferri. Meses después, el camarista José Luis Mascali dio la razón a los fiscales: desconoció la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador es inconstitucional. Y autorizó la audiencia imputativa.

El 22 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con mayoría de cinco de sus seis integrantes y abundante fundamentación, validó la constitucionalidad plena de los fueros legislativos al rechazar la resolución de Mascali. Pero los fiscales apelaron ante la Corte nacional, y es en este punto en que se produce el dictamen de Casal.

Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales

El procurador de la Corte considera que al revisar la decisión de Mascali, por la cual se autorizaba citar a audiencia a Traferri, “dos jueces del tribunal superior (Gutiérrez y Spuler) se pronunciaron sin más por la validez del régimen de inmunidades, tal como se encuentra previsto en el orden local, por considerar que no excedía el margen bajo el cual la Constitución Nacional garantiza a cada provincia el ejercicio de su autonomía. Sin contradecir ese aserto, otros dos jueces (Falistocco y Netri), en cambio, lo vincularon a una interpretación determinada de las normas locales según la cual —y al contrario de lo que postuló la cámara— la inmunidad de proceso relativa que rige en la provincia no impedía citar al legislador a la audiencia imputativa, sino que era la inmunidad de arresto la que en todo caso podía impedir la celebración de esa audiencia en el caso de que el legislador se negare a concurrir voluntariamente. Finalmente, la restante opinión que concurrió a la mayoría (Gastaldi), afirmó que el fallo debía revocarse por apartarse de las constancias de la causa que indicaban que, de hecho, el órgano acusador no sólo citó al legislador para formularle cargos, sino que el acto se cumplió”.

El procurador interino señaló que “de esta forma, no se puede asegurar que exista una clara y explícita mayoría de fundamentos concordantes, y ello también se evidencia en la dificultad de la parte impugnante para identificar cada uno de los fundamentos individuales que confluyeron en la decisión y someterlos a su crítica, con el riesgo que ello supone de que sea una parte interesada la que le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo”.

Casal abundó citando criterios fijados por la propia Corte nacional, en el sentido de que “los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve”.

“Atento lo expuesto –concluye Casal- y en vista de los antecedentes antes narrados, estimo que la resolución recurrida no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta, por lo que opino que corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva”, indicó.

Cabe subrayar que la opinión de Casal no opera más que como una recomendación hacia la Corte nacional, y será el cuerpo el que deba resolver en el sentido propuesto o de otra manera, sin que tampoco tenga plazos perentorios para hacerlo.

(Por Luis Rodrigo) – El plato final de la agotadora sesión de la Asamblea Legislativa santafesina fue sin dudas el más sabroso desde el punto de vista de los cronistas parlamentarios, aunque ya para entonces en su mayoría habían desistido de la cobertura presencial y pasaron a la modalidad remota. Era la hora de la cena.

El tratamiento del pliego del fiscal, ahora titular y antes adjunto, Matías Eddery produjo un tenso cruce entre dos senadores del bloque del NES por una parte y de tres diputados de bloques del peronismo kirchnerista y de la izquierda clasista, así como por un radical díscolo, por otra.

En una vereda estuvo el senador que preside el bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri y el presidente de la Comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo, de una intensa labor durante toda la jornada que con una sesión conjunta de ambas cámaras se inició a las 13 horas de un súper jueves que además de los pliegos de los fiscales incluyó otros para jueces penales y de otros fueros, para jueces comunitarios de pequeñas causas, para dos directores del Enress y un vocal del Tribunal de Cuentas. En total fueron considerados 82 propuestos por el Ejecutivo. La Casa Gris logró la aprobación de casi todos: solo se rechazaron 3 para jueces comunitarios (de 36 elevados) y se pospuso el tratamiento de un cuarto porque la justicia no comunicó a tiempo -con las debidas formalidades del caso- un fallo de segunda instancia que habilitaba el tratamiento ante un recurso de amparo. Fue por whatsapp y no por mesa de entradas, ni siquiera llegó por un medio más formal, como un e-mal.

Fue una sólida mayoría la que decidió aprobar todos los pliegos de los fiscales y lo mismo ocurrió con el que fue tratado en último lugar, el de Eddery. En esa votación hubo sólo cinco abstenciones, en todos los casos de senadores justicialistas del NES, que encabeza Traferri. El sanlorencino dijo que se había definido internamente no rechazar el pliego porque se entendía que el principio de inocencia debía ser considerado pese a las tres denuncias judiciales contra el fiscal que detalló el titular de la bancada Juan Domingo Perón.

El momento de mayor tensión sucedió en el cruce entre Traferri y el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade. El primero sostuvo que Eddery se prestó a una maniobra política en su contra ordenada por el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain para vincularlo con la causa sobre el juego ilegal. El segundo aseguró que según la declaración del llamado zar del juego de Rosario, Leonardo Peiti, el legislador recibió “una coima de 200 mil dólares” que luego iba a ser usada para financiar “la campaña del entonces candidato a gobernador Omar Perotti”.

El senador mostró por primera vez la caratula con una foto suya de la carpeta en la que fue “perfilado” por Sain. Y explicó que cuenta con esa copia porque fue declarado por una investigación de fiscales del MPA como víctima en la causa de espionaje. Allí están sus datos personales, todos los datos filiatorios de sus familiares y los números de las cuentas bancarias de cada uno de sus seres queridos. Dijo que no pensaba mostrarlo, pero al parecer las acusaciones de Del Frade lo hicieron cambiar de opinión y que en definitiva puede mostrar esa documentación “porque en mi caso no hay nada que ocultar”.

El ex periodista dijo que habrá además que investigar “los vínculos” entre las fuerzas de la policía de San Lorenzo y el senador y abundó en referencias a los subsidios institucionales que se entregan en la Cámara alta, al recordar una vieja denuncia del ex concejal rosarino Carlos Boasso.

Le salió al cruce Gramajo y le reclamó a viva voz que Del Frade diga “por sí o por no”, si no había ya recibido toda la información respecto de esas ayudas que no se entregan en efectivo sino por una cuenta bancaria a las instituciones, mediante resoluciones que vota la Cámara. Del Frade aprovechó entonces la intervención del representante por 9 de Julio para darle la razón y marcar una diferencia con Traferri al decir que el norteño sí había pedido ser investigado y se había despojado de sus fueros para que haya un fallo absolutorio que finalmente se produjo.

Traferri aseguró que Del Frade en el fondo a quien defendía era Sain y que lo hacía porque “piensa como Sain” el ex ministro de Seguridad que también era al mismo tiempo titular del Organismo de Investigaciones del MPA. Nadie habló sobre el significado político de esa expresión.

En otro tono, sin el mismo nivel de enfrentamiento, hablaron en favor de las cualidades como fiscal de Eddery los diputados Fabián Palo Oliver (UCR-Frente Progresista) y Matilde Bruera de Lealtad kirchnerista.

La confirmación de que el senador Armando Traferri (PJ-NES San Lorenzo) fue víctima de espionaje ilegal generó un verdadero cimbronazo en buena parte de la dirigencia política provincial. No tanto por las tareas de inteligencia clandestina, de las cuales ya circulaban en los medios de comunicación y teléfonos muchas pruebas, sino porque la víctima es uno de los dirigentes más importantes de la provincia, quien venía denunciando esta situación hace al menos dos años.

Fue el propio Traferri quien en la sesión del Senado del último jueves hizo uso de la palabra y, en una exposición de poco más de 10 minutos, les contó a sus pares que su asesor legal había recibido la confirmación de parte del fiscal Ezequiel Hernández de que “reviste carácter de víctima en la CUIJ 21-08689330-1, donde se investiga la violación de secretos por parte de la Ps Débora Cotichini, a raíz de una presentación de la Auditoría General de Gestión”.

La investigación por espionaje ilegal en la provincia comenzó en abril de 2021, poco después de que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fuera echado del Ministerio de Seguridad. Fue luego de que se notaran movimientos sospechosos dentro de una oficina del Organismo de Investigaciones, que de la noche a la mañana apareció vacía. Eso motivó las actuaciones de la Auditoría General de Gestión del propio MPA, a cargo de María Eugenia Vranicich, quien luego de meses de investigación, de recabar evidencia y secuestrar dispositivos móviles, formalizó la denuncia contra Cotichini, ex jefa de Inteligencia de zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y mano derecha de Sain, quien aún era director del OI, ya que no había renunciado a ese puesto para asumir en la cartera de seguridad.

Por ese entonces, ya circulaban audios en los que Cotichini solicitaba a otros empleados del MPA que convirtieran archivos de audio para pasarle a Sain por fuera de los canales legales. Y también daban cuenta de que organizaba información de diferente tipo para filtrar a la prensa, en evidente contravención a toda la normativa sobre el manejo de esa información

A partir de los allanamientos, los fiscales a cargo de la causa Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (esta última se jubiló) pudieron recabar una gran cantidad de evidencias. En lo que refiere puntualmente al senador sanlorencino, fuentes con acceso a la causa admitieron que existen pruebas de conversaciones entre Cotichini y otros funcionarios del MPA respecto de la decisión de interceptar conversaciones que Traferri mantenía con personas allegadas, de manera ilegal. En uno de los documentos, Cotichini dice textualmente: “Qué raro que Pipi hable así. No sospecha que lo escuchamos”.

La línea argumentativa que se sostiene en el entorno de Traferri es que se armaban causas contra personas ligadas al senador, para poder escucharlos y así registrar sus intercambios con él. Y aluden a recurrentes conversaciones entre Sain y miembros de su equipo de trabajo con funcionarios del MPA, con especial familiaridad en el caso de Edery y Schiappa Pietra. De hecho, en uno de los audios se la escucha a Nadia Schujman, parte del equipo, decir en relación a un pedido para avanzar en la llamativa reapertura reapertura de una causa (luego vuelta a cerrar por falta de mérito): “Genial. Sí, (hablá) con Matías. Porque Marita está de vacaciones y el Chapa (por Schiappa Pietra) está de fiscal Regional. Si querés avanzar y hablar con Matías, hablalo. Si no, el viernes yo lo veo a Mati. Pero hagámoslo con ellos. Vos sabés que Matías nos dice a todo que sí, pero que hay que perseguirlo”.

El encono personal de Sain contra Traferri también parece quedar en evidencia en los chats recuperados por los investigadores de los celulares de los ex integrantes del Ministerio de Seguridad. En una conversación datada el 14 de agosto del año pasado Sain se burla junto a Germán Montenegro (entonces su segundo) de la supuesta muerte de Traferri. Y manifiestan el deseo de una imputación previa al eventual deceso del senador.

En su intervención durante la última sesión del Senado, el dirigente del NES afirmó sentirse “dolido” por la persecución y el espionaje ilegal. Y advirtió sobre “la degradación institucional que sufrió nuestra provincia, porque se violaron derechos fundamentales de muchas personas”. El pedido de su asesor legal para sumarlo como querellante a la causa promete más novedades sobre este escándalo en el futuro cercano.

Con una exposición apoyada en proyecciones de un power point de 17 carillas, el senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) manifestó fuertes acusaciones contra los fiscales

Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que pretenden imputarlo por presuntas vinculaciones con negocios del juego ilegal, en una causa en el que ya han logrado la excarcelación tanto los ex fiscales sorprendidos por cobrar coimas (Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal) como quien las pagó: Leonardo Peiti.

Según el jefe del bloque del Nuevo Espacio Santafesino los fiscales ocultaron al juez en su acusación la descripción que de la ruta del dinero a cambio de protección hizo Peiti quien “nunca me acusó” de “haber cobrado ni un peso”.

Unanimidad

La sesión se dedicó en su parte más interesante a la manifestación de Traferri. Y es importante destacar que por unanimidad se votó una moción que alteró el orden de la reunión a los fines de que el sanlorencino contara con un auditorio atento según lo acordado entre los jefes de los bloques.

Antes, sobre las 19 bancas del recinto ya se había dejado una suerte de ayuda memoria titulada “Ruta de un fraude judicial” referida al caso en su contra. Una línea de tiempo, con fechas y hechos (sostuvo que tiene todas las pruebas) que explican porqué según su opinión se justifica no haber aceptado comparecer ante los integrantes del MPA que desean imputarlo. No solo los acusa de imparcialidad, también sostiene que los fiscales “atropellaron la ley” al investigarlo, al “espiar” sus llamadas telefónicas, el estado de sus cuentas bancarias y al cambiar exprofeso las declaraciones de los testigos, con recortes injustificados (que en ediciones anteriores se han publicado).

Antecedentes

Como se sabe, los fiscales apenas lograron cuatro votos a favor de la chance de que se le retiren los fueros a Traferri y -en lugar del archivo de la causa- buscaron por vía de presentaciones judiciales que se declare inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal que los obliga a pasar al archivo esa causa. El periplo en tribunales terminó con un fallo de la Corte que se opuso a esa pretensión basado en el texto constitucional.

Los puntos sobre los que expuso Traferri son conocidos, porque uno a uno ha ido mostrándolos en forma de manifestaciones en su banca o en declaraciones periodísticas y también en denuncias formales ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que hasta ahora no ha hecho avances sobre sus quejas contra los fiscales. La diferencia es que ahora las mostró sin tecnicismos, en un lenguaje llano.

El cuadernillo tiene como principal virtud la síntesis: se inicia el 4 de diciembre de 2020 y concluye el 5 de abril de 2022 (fue el 18 de diciembre de aquel año que los senadores negaron por una mayoría muy contundente el desafuero). Casualidad o no, de aquellos cuatro votos en contra de Traferri, esta vez, en la sesión de este jueves 21 estuvo solo uno de esos pares.

Tras el discurso, Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) como presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa pidió que la Cámara a través de su presidencia lleve esas manifestaciones a la bicameral.

La declaración de un narcotraficante

La última página del manifiesto de Traferri, que no es epílogo, es la más interesante por novedosa. Contiene nuevos elementos ajenos al expediente en contra de Traferri. Se trata de la declaración de un narcotraficante preso que sostiene que trabajó al mismo tiempo como informante de la policía santafesina y del fiscal Edery.

El senador habló de la ampliación de una declaración indagatoria de Ramón Alberto “Willy” Velázquez, preso desde hace once meses por narcotráfico, quien ante la justicia federal dijo ser “un informante” de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, Matías Edery y Aquiles Balbi, de la ciudades de Rosario y San Lorenzo.

El mismo delincuente asegura que trabajó para la Agencia de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad de la provincia, hasta ser detenido en abril de 2021.Cuatro meses después amplió su declaración judicial y aportó más nombres de personas presuntamente vinculadas a esas actividades ilegales, la mayoría ya en prisión y agregó que cumplía una suerte de doble rol, tanto para la organización dedicada al narcotráfico como para colaborar con información con policías y fiscales provinciales.

Obviamente, de ser reales esas afirmaciones, los integrantes del MPA y los efectivos policiales debieron dejar la debida constancia (ante la justicia) de un procedimiento de esa naturaleza.

La declaración del indagado por los tribunales federales contiene detalles sobre cómo supuestamente se reunió con Edery, a través de qué contactos llegó a ese fiscal y qué obtenía a cambio de pasar información, siempre según el relato del narcotraficante. Dijo que sus contactos con uniformados e integrantes del MPA comenzó en 2020. En cualquier caso, su suerte se terminó en abril de 2021, es decir, el mes siguiente de la salida de Marcelo Sain del ministerio de Seguridad.

La versión taquigráfica que circula fuera del ámbito judicial contiene nombres como los de Medrano, Godoy, los Cantero y alguien a quien llama “Pato”. Aparentemente, ese sería el apodo de Marcos Jeremías Mc Caddon, también preso por trafico de drogas. En una escucha telefónica, al hablar con un tercero, Mc Caddon se ufana de haber coimeado a un fiscal por «hacerse el boludo” y menciona a Balbi. Velázquez aseguró que inicialmente fue informante de la Policía Federal y más adelante de ambos fiscales.

Según el detenido fueron policías de la Agencia de Inteligencia Criminal quienes le consiguieron el contacto con Edery. “Le dije (a Edery) lo que la Policía me estaba haciendo, que si yo no les pagaba una coima le iban a pasar un mail a él en el teléfono. En ese momento, él me dice que hacía una hora el Chino Paz le había pasado un mail donde me acusaba del homicidio. Él me pregunta si sabía lo que estaba pasando en San Lorenzo. Le dije que no. Le pregunté si él quería información, que yo se la podía conseguir. Me dijo que sí, que toda la información que consiguiera se la pasara a Fernando”, uno de los policías de la AIC con que se había contactado, cuenta Velázquez ante la Justicia Federal.

“TENGO DOCUMENTADO LO QUE DIGO”

“Todo lo que presenté está documentado. No se trata de cuestiones subjetivas, o con más de una interpretación, especulaciones o conjeturas”, advirtió el senador Armando Traferri. “Están en las versiones taquigráficas los textuales del fiscal Edery y del fiscal General Baclini diciendo que si no me quitaban los fueros no iban a poder intervenir mis líneas telefónicas ni levantar mi secreto bancario y fiscal, y luego están las constancias de que mi tráfico de datos fue espiado de manera ilegal y que solicitaron y obtuvieron mi información bancaria desde el año 2013”.

“Están las leyes que estipulan claramente cómo deben implementarse las escalas penales y que la reducción de la pena no procede respecto de las multas. Y después tienen el procedimiento abreviado a Ponce Asahad, en el que los fiscales aplican dos veces la reducción de la pena para que pueda salir en libertad rápidamente y no le cobran al menos 400 mil dólares de multa. Está libre y gozando de su dinero mal habido. Esto es ilegal y por ello los fiscales no pueden dar una explicación convincente al respecto. Ni hablar de que aplicaron la ley del arrepentido en una provincia que no la tiene reglamentada y lo hicieron en el marco de un procedimiento abreviado, lo cual no tiene ningún sustento legal”, dijo el jefe del bloque del Nes.

“Y también -siguió- están las transcripciones que hicieron los fiscales, contrastadas con los audios de las declaraciones y las escuchas, donde queda claro que falsificaron y adulteraron pruebas para intentar vincularme con algún delito. Algunos de los senadores que están acá se dieron cuenta de esta situación durante la sesión en que trataron mi desafuero y se lo hicieron saber a los fiscales”. Esas afirmaciones constan en la Comisión de Acuerdos, que puede aborcarse a su análisis.

(Por Emerio Agretti-Ivana Fux) – El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia fue contundente y categórico al momento de rechazar la declaración de inconstitucionalidad que el camarista José Luis Mascali formuló con respecto al art. 51 de la Constitución Provincial y el art. 27 del Código Procesal Penal, que son los que impiden citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri en el marco de una causa sobre narcotráfico, sin que antes haya sido despojado de sus fueros. Sin embargo, está lejos de clausurar la investigación como tal, y hay numerosas vías por las que el procedimiento puede seguir adelante, e incluso con la declaración de Traferri.

De hecho, el Ministerio Público de la Acusación analiza distintas vías: la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nuevo pedido de desafuero, e incluso la posibilidad de volver a citar Traferri aún asistido por sus fueros.

“El fallo no es bueno, no estamos de acuerdo, aunque naturalmente lo respetamos. Pero no nos satisface, y en función de ello se va a estar analizando la interposición de un recurso exraordinario ante la Corte nacional”, sostuvo el titular del MPA, Jorge Baclini, al dia siguiente del pronunciamiento del Alto Tribunal.

“Pensamos que el criterio que planteó la mayoría es limitativo y demasiado restrictivo en una visión histórica, que no se adecua a la realidad actual y al estándar de la normativa nacional y las otras provincias. Creemos que el principio de igualdad ante la ley es supremo y está por encima de otras normas. Lo preferible, lo deseable, es que todas la personas podamos ser sometidas a proceso”, añadió.

Baclini se excusó de formular un análisis en detalle sobre el fallo como tal, dado que es muy reciente y extenso (suma 123 páginas). Pero tomando en cuenta las posiciones de los ministros, hizo notar que el resultado “no es un es un 5 a 1 estrictamente, hay coincidencias en distintos votos. Los del doctor Gutiérrez y el doctor Spuler validan la posición del senador, el del Dr. Erbetta está en la posición opuesta, y los otros tres votos (Falistocco, Netri, Gastaldi) tienen alguna coincidencia en que alguna actividad se podría realizar, como el llamado a declaración, sin pedido de desafuero”.

A partir de allí, consideró que “algunos entienden que esto queda en la potestad de la persona imputada (si acepta o no que este acto se realice), otros que la manfestacion que hizo al presentarse en su oportunidad ya daría por cumplido este paso, al decir que no queríaa declarar. Es un análisis que va a tener que hacer llegado el momento el camarista a quien se le asigne el dictado de la nueva resolución”, tal como ordena el fallo de la Corte tras dejar sin efecto la decisión de Mascali. En tanto, Baclini apuntó que “la investigacion de los fiscales en general sigue. En lo particular está detenida en que no se ha celebrado el acto de la declaracion imputativia del senador, pero el resto de las acciones de la investigacion siguen su curso”. Y en ese marco, no descartó la posibilidad de insistir ante el Senado con un nuevo pedido de desafuero para Traferri, dado que “han surgido nuevos elementos, nuevas evidencias que dan pie a los fiscales para que lo hagan”.

El Litoral La Corte Suprema de Justicia de la provincia, con mayoría de cinco de sus seis integrantes, validó la constitucionalidad plena de los fueros legislativos al rechazar una resolución del camarista penal rosarino José Luis Mascali quien había habilitado a dos fiscales de Rosario a citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri (PJ – San Lorenzo) como organizador de una red de juego ilegal en la provincia La decisión que se conoció a primera hora de la tarde de este martes y lleva la firma del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez junto con la de los ministros Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler mientras que Daniel Erbetta se pronunció por respaldar la decisión del camarista rosarino. La resolución de la Corte declara “procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada” y en segundo término ordena “remitir los autos al tribunal que corresponda a los efectos de que dicte nueva sentencia”. Es decir, otro camarista será el encargado de dictar la nueva sentencia. De todas maneras, solo son tres los ministros que indican que se debe clausurar la persecución penal; otros dos entienden que debe proseguirse y un sexto voto entiende que debe proseguirse aunque ya se cumplió esa etapa. La Corte debió intervenir en este incidencia de la causa por una red de juego clandestino donde los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery entienden que el senador Traferri integraba esa organización junto a Luis Peiti -ya confeso y acordó la sentencia en juicio abreviado- así como el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y el fiscal destitutido Gustavo Ponce Asahad quien también acordó un abreviado. En diciembre de 2020, los fiscales rosarinos pidieron el desafuero de Traferri para imputarlo como integrante de la organización. A principios de 2021 la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los fiscales para citar a Traferri a audiencia imputativa sin que los senadores hubieran levantado los fueros de su colega. Meses después, el camarista Mascali dio la razón a los fiscales: desconoció la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador es inconstitucional. Ante eso Traferri fue citado a audiencia imputativa el 23 de agosto pasado, pero no concurrió. Según dijeron sus defensores, como el fallo de Mascali estaba apelado, la Corte Suprema debía dirimir el caso. El expediente en la Corte tiene como cabeza el pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia solicitado por los dos fiscales. El fallo de 121 páginas responde tres cuestiones: ¿es admisible el recurso interpuesto?; en su caso, ¿es procedente?, y en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. El ministro Falistocco tuvo el primer voto. Los seis ministros coincidieron en admitir el recurso, aunque con disidencias parciales en los votos. Es Falistocco el primero en votar que en el caso de los fueros “la interpretación que aquí se propone siempre estará condicionada -por los efectos de la inmunidad de arresto- a la voluntad de los actores políticos: ya sea del legislador – de comparecer o no-; sea del cuerpo legislativo al analizar si correspondiere en el caso el pedido de desafuero o no; y de la soberanía popular en los próximos comicios de renovación de mandato del funcionario”. Es así que considera que corresponde revocar la decisión del juez Mascali y remitir los autos al tribunal que corresponda a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento “conforme a la doctrina constitucional que expreso en mi voto, en el sentido de la validez constitucional del artículo 51 de la Constitución provincial y de la aplicabilidad en el caso del artículo 27, segundo párrafo, del Código Procesal Penal”. Con otros argumentos, a la misma conclusión llegó Netri. En cambio, Erbetta entiende que “cuando la cuestión consiste en dirimir la esencia y razón última de la inmunidad de proceso, no puede menos que señalarse la discusión en orden a la posibilidad de que esta Corte, como máxima autoridad del Poder Judicial de Santa Fe, revise la validez constitucional de una de las normas instituidas por el poder constituyente en el máximo estatuto provincial. Más allá de las opiniones, estimo que dicha posibilidad puede ser admitida, como recurso extremo y excepcional”. En su extenso voto negativo, Erbetta concluye que “ninguna de las alegaciones del presentante en su impugnación (por Traferri) logra descalificar constitucionalmente a la sentencia en cuanto dispuso la inaplicabilidad al caso de los artículos 51 de la Constitución provincial y 27 del Código Procesal Penal que regulan la inmunidad de proceso. Por tanto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y habilitar el llamado a audiencia imputativa del senador Traferri y, eventualmente, la continuación del proceso penal”. También usan argumentos particulares para rechazar el llamado a imputativa los ministros Gastaldi, Spuler y Gutiérrez. El presidente empieza su voto señalando que ” se impone señalar que de acuerdo a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ejercicio del elevado control de constitucionalidad debe imponer la mayor mesura, pues la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional -por gozar las leyes de presunción de legitimidad- y, por tanto, dicha atribución debe ejercerse con sobriedad, prudencia y únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable”. Sobre la resolución que corresponde dictar, Falistocco dijo que “corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponda a los efectos de que dicte nueva sentencia. Los ministros Netri y Erbetta -quien deja a salvo su postura en disidencia-, la ministra Gastaldi, el presidente Gutiérrez y el ministro Spuler dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por Falistocco y así votaron”.

El artículo 51 señala: Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna  manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido. La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo”.

Emerio Agretti El Litoral La Asamblea Anual Ordinaria de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país, que sesionó esta semana en Santa Fe, emitió un fuerte comunicado contra “los pedidos de enjuiciamientos que resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política”. Aunque no está ilustrado con nombres propios, quedó claro que la referencia apuntaba al senador Armando Traferri, quien recientemente cuestionó (incluso en el recinto) a los fiscales que lo investigan por supuesta vinculación al juego clandestino. El propio fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, informó a los participantes de la asamblea sobre las circunstancias del caso y dejó sentado el absoluto respaldo a lo actuado por los fiscales. La otra referencia remite al caso de Entre Ríos, donde la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fue denunciada por el abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, investigado por enriquecimiento ilícito. “Deseamos reiterar la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe a partir de haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes, en manos de un poder político ajeno al organismo de la acusación”, señala el documento, que alude a la ley (convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia) por la cual la Legislatura se arroga esta potestad. Para los fiscales y procuradores nacionales eso es “inadmisible”. El pronunciamiento también entiende “necesario y vital convocar a la prudencia y recato a todos aquellos que, ostentando representación política de importancia, pretenden descargar la responsabilidad que les incumbe en razón de su función en orden a la seguridad ciudadana, en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales”. Además, consideran necesario “advertir que el cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa, genera un desprestigio institucional injustificado, que conduce a un descreimiento social y al favorecimiento del libre accionar de las mafias delictivas”. Luego señalan que “resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas. La corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de los fiscales”. “La cuestión se agrava cuando los pedidos de enjuiciamientos resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política, como sucede en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo”, indicaron.

El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, fue elegido por sus pares de todo el país como presidente del Consejo Federal de Política Criminal, cargo que ocupará por los próximos dos años. La elección se llevó a cabo este jueves, en la Asamblea del órgano. El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina seguirá presidido por el Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé. De esta forma, con renovadas autoridades, ambos órganos comienzan un nuevo período. En este sentido Crespo destacó que “cada nuevo encuentro de los integrantes de ambos Consejos tienen como objetivo la consolidación de un espacio de intercambio y gestión unificada que permita fortalecer los Ministerios Públicos de todo el país, en el marco del trascendente rol institucional que el Poder Judicial tiene en nuestra República”. En el mismo sentido afirmó que “además de fijar criterios federales comunes relativos a la política criminal, es de extrema importancia la labor realizada en la gestión, obtención y administración de fondos que impactan directamente en las investigaciones penales a través de la adquisición de equipamiento de última tecnología distribuido en laboratorios de investigación forense ubicados en todo el territorio nacional”.

El fiscal Luis Schiappa Pietra, quien investiga la presunta participación del senador provincial Armando Traferri (San Lorenzo) en una red de juego clandestino, señaló que la acusación que realizó el legislador en contra suya y de su par Matías Edery por presunto “espionaje clandestino” forma parte de “una más de las tantas maniobras del senador para intervenir el normal desarrollo de una investigación penal”. Además, anunció que se avanza en un nuevo pedido de desafuero para el legislador. Este miércoles, en una denuncia que tiene 40 carillas, Traferri afirmó que los fiscales requirieron de manera ilegal los datos de tráfico de una línea de telefonía celular que el Senado le asignó durante al menos dos años. Para el fiscal interviniente, se trata de “un panfleto más”, y advirtió que la situación ya “excede lo razonablemente tolerable, hay un nivel de obstaculización del normal desarrollo de una investigación que debería ser advertido por todo el arco político y llamar a la reflexión”. Según el funcionario del MPA se necesita “un Ministerio Público con una definición clara y contundente de todo el espectro político de cómo vamos a transitar este tipo de investigaciones; esto se debiera traducir en una definición por parte del Senado de cuánto tiempo sostendrán los fueros del senador”. “Estamos reflexionando sobre un próximo pedido de desafuero, veremos que van a hacer en todo el espectro político”, adelantó el funcionario judicial. Por último, evaluó que “urge la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe que tiene en su despacho una definición central para lo que hoy es una coyuntura política muy importante, si podemos o no investigar corrupción por parte de un senador”.

Luis Rodrigo El Litoral Cuándo, dónde y con quiénes habló mediante su teléfono celular el senador Armando Traferri antes de que los fiscales intentaran ante el Senado de la provincia reclamar su desafuero, para imputarlo, en diciembre de 2020. A la forma como el Ministerio Público de la Acusación obtuvo esa información refiere -en buena medida- la denuncia que contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos presentó el legislador que preside el bloque Juan Domingo Perón en la Cámara alta. La otra mitad de la acusación quizá menos estridente pero más inquietante habla del acuerdo judicial avalado por un magistrado que benefició con la excarcelación al ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, que estaba preso por pedir coimas a un empresario del juego ilegal. El tema merece su propio desarrollo. El senador por San Lorenzo presentó esa denuncia -sobre hechos ocurridos hace casi un año- ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y pidió a sus cuatro pares senadores y ocho diputados que la componen el avocamiento, es decir, que estudien si hay o no elementos suficientes para un proceso (político) contra ambos fiscales por haber cometido lo que considera “faltas graves”. Buena parte de la nota de Traferri contra Edery y Schiappa Pietra habla de por qué el tema no fue llevado a la justicia (aunque hace la correspondiente reserva del caso) y describe el apoyo que la conducción del MPA ha dado a ambos, así como el “corporativo” respaldo de otros fiscales a la labor de los señalados por el senador. Una profusa lista de declaraciones públicas, acciones y documentos que respaldan a su entender su prevención para denunciar el caso ante la Legislatura y no en la auditoría del MPA. Uno de los apartados de la denuncia habla del “ilegal acceso a los datos de tráfico de la línea de celular que el H. Senado me asignó” y consigna el número que los cronistas parlamentarios conocen desde hace años. Dice que “puedo afirmar con certeza absoluta, que los denunciados, antes, durante y después del fallido pedido de desafuero, realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular y, a partir de esos datos ilegalmente obtenidos, establecieron mi localización al momento de las llamadas entrantes o salientes del dispositivo, a través de las celdas de antenas”. “Que ya antes de mi desafuero lo hicieron, lo deja entrever las mismas exposiciones efectuadas por los Sres. Fiscales ante la Comisión Legislativa. Esto, sin perjuicio del cacareo en el sentido contrario de lo que, como he señalado más arriba, se cansaron de pregonar. Sería algo así como el grito del tero, que no coincide con donde pone los huevos”. El texto de Traferri se inicia con una cita de una declaración del ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain: “Un poquito de seriedad institucional en la persecución penal no vendría mal en Santa Fe”. “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él-, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente”, advierte Traferri. “Desde ya que ningún juez de la provincia –al menos sin prevaricar-, hubiera autorizado alguna intervención sobre mis comunicaciones. De allí que ir por fuera del sistema, era la forma de obtenerla, y así lo hicieron. Eso es ilegal sin vueltas”, sostiene. La presentación resalta “la manifiesta ilegalidad con que actuaron y actúan los denunciados. Y, esta realidad, como ya lo adelanté al comienzo del escrito, no tiene que ver principalmente con mi persona –aunque sea el objeto directo de la vejación-; sino con una forma y modo de actuación, que afecta al sistema judicial y a la sociedad en general” y sigue: “si con un Senador –no por privilegio, sino por exposición pública-, se actúa de ese modo, esto puede significar que cualquier ciudadano de la provincia está bajo el peligro latente de investigaciones arbitrarias y fuera de toda legalidad. Es remontar el derecho a épocas bárbaras”, afirma. “En una franca violación a mis derechos constitucionales de privacidad e intimidad (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), obtuvieron los ‘datos de tráfico’ correspondientes al teléfono” mencionado y “sin el levantamiento de la inmunidad que me corresponde por mi rol de senador provincial”. Cita un informe técnico que “solicitó uno de mis letrados patrocinadores” a cargo del ingeniero Miguel Camino que concluye: “Se realizó un “SEGUIMIENTO/OBSERVACION/REGISTRO DE TRAFICO DE DATOS Y LLAMADAS” entre el 01/01/2015 al 31/12/2020, los cuales fueron solicitados en forma general sin un período específico y/o criterio de análisis puntual; Se utilizó el N° NOTA/OFICIO RO2990/21 en forma genérica para todas las prestatarias de Telecomunicaciones; se utilizó para pedido DaJuDeCo ref. Expte. Adm. N° AJUO3/2021 Nota DaJuDeCo N° 6248/2021 con fecha 29 de abril de 2021; al no haberse observado un “PROTOCOLO DE SEGURIDAD” para el resguardo de datos obtenidos de la línea en cuestión, se accedió indiscriminadamente a todos los movimientos del usuario de la línea”, sostiene.

Un exdiputado provincial de Santa Fe y asesor legislativo fue detenido hoy en nuestra ciudad y será imputado mañana en Rosario en la megacausa por juego clandestino que involucra a funcionarios judiciales y políticos, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se trata de Darío Scataglini, exdiputado del Partido Justicialista (PJ) y asesor de la bancada de esa fuerza política hasta el año pasado, cuando su nombre apareció mencionado en una llamada con el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti.

Voceros del caso indicaron que Scataglini fue detenido esta mañana en la ciudad de Santa Fe a pedido de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario, la que lleva adelante desde el año pasado una causa por una red provincial de juego clandestino.

El domicilio del exlegislador, ubicado en Pasaje Lassaga al 3500, fue allanado por las Tropas de Operaciones Especiales, que secuestraron “dispositivos de almacenamiento electrónico y celular del detenido”, confiaron las fuentes.

El nombre de Scataglini apareció en la causa en una escucha a un teléfono que utilizaba Peiti, acusado como líder de una red de juego clandestino en varias ciudades de Santa Fe.

De acuerdo con la investigación, Peiti había sido advertido de que su teléfono móvil estaba interferido por la Justicia.

El aviso se lo dieron el entonces fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y quien era su mano derecha y también fiscal, Gustavo Ponce Asahad (hoy ambos detenidos), de acuerdo con la investigación de sus colegas Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Serjal y Ponce están detenidos con prisión preventiva por el presunto cobro de coimas a Peiti para no perseguirlo por su actividad ilegal y, a la vez, brindarle información sobre pesquisas en su contra.

De acuerdo a información de la agencia Telam, La llamada que el exdiputado Scataglini hizo a Peiti en 2020 la atendió la secretaria del capitalista de juegos de azar, que en otras provincias posee explotaciones legales.

En esa conversación el exlegislador pidió hablar con “Leo”, como lo llaman a Peiti, lo que para los fiscales revela cierta familiaridad en el trato. Además, dijo que lo llamaba en nombre del senador provincial Armando Traferri, quien para los fiscales constituye la “pata política” de la asociación ilícita liderada por Peiti.

Traferri se negó a asistir a una audiencia imputativa y los fiscales pidieron su desafuero, que fue rechazado por el Senado a fines del año pasado. Un juez de segunda instancia declaró inconstitucional la “inmunidad de proceso” de los legisladores santafesinos, pero el caso fue elevado a la Corte, que debe resolver si Traferri puede ser imputado o no.

En tanto, voceros del caso dijeron que Scataglini será sometido mañana a una audiencia de imputación por las inconsistencias que surgen entres sus declaraciones en el caso y las evidencias recolectadas durante la investigación.

En la causa también está imputado un lugarteniente de la narcobanda “Los Monos”, Maximiliano “Cachete” Díaz, quien primero extorsionó a Peiti para cobrarle “seguridad” de sí mismo y luego se asoció al capitalista de juego clandestino en garitos ilegales, recordaron fuentes del caso.

La novia de Díaz y un excomisario que recaudaba el dinero de los garitos ya fueron condenados en el mismo expediente a través de juicios abreviados.

Luis Rodrigo El Litoral “La Corte no se va a apartar del marco constitucional, no tengo dudas de ello. Y estoy convencido que va a ratificar que es constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe”, sostuvo el senador Joaquín Gramajo respecto del “fallo ejemplar” que vaticinó apoyado en su lectura del derecho y la trayectoria de los pronunciamientos del máximo tribunal de Santa Fe. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales redobló la apuesta respecto de su predicción y pidió que su anticipo “conste en la versión taquigráfica”, algo que más allá de su declamada solicitud de todas formas iba a suceder. Así lo hizo constar también en las libretas de apuntes de los cronistas parlamentarios que pronto advirtieron que no estaban frente a un discurso de rutina Debe decirse que Gramajo no ha hablado con el diario del lunes para adelantarse a lo que cree que va a ocurrir, sino con la lectura de años y años de estas ediciones. Y que es su forma de entender el derecho la que lo lleva a asegurar que no puede ocurrir otra cosa que ese resultado. En la Corte, el tema recién está en manos del procurador Jorge Barraguirre, que tiene diez días para emitir su dictamen, que luego los seis ministros de la Corte podrán tomar o no.

La mano y el codo El representante por 9 de Julio ha criticado con dureza el fallo del juez José Luis Mascali que, en segunda instancia en el fuero Penal de Rosario, declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la Constitución de Santa Fe y así derogó los llamados fueros absolutos, por los que la justicia no puede imputar ni indagar a un legislador sin la autorización de la Cámara que integra, votada por una mayoría calificada de los dos tercios de los presentes. Sostuvo que si cada juez puede interpretar a su gusto la Constitución, “¿quién sabe cuántas constituciones tendríamos en la provincia? Sería un caos”, aseguró. Y recordó que el propio texto constitucional fija el mecanismo para su reforma, mediante una ley con una mayoría especial difícil de alcanzar que fije sus plazos y alcances, y con la elección de diputados constituyentes mediante el sufragio popular. “No por fallos judiciales”. Gramajo dijo que al aceptar el mismo jueves en el que sesionó Mascali que su polémico fallo sea revisado por la Corte “no se va a poder seguir adelante con ese proceso inquisitivo que tenían los fiscales en relación a la causa del senador Traferri. Y no me quiero constituir en el abogado defensor de un par y de un amigo. Simplemente hablo basado en la ley y la Constitución, tal cual lo definimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese dictamen al que el fiscal (Matías) Edery calificó de ‘papelucho’ en los medios se condensaba nada más y nada menos que la letra y el espíritu del artículo 51 de la Constitución: aquello que habíamos votado por dos tercios y con dos abstenciones que rechazó el desafuero”. Luego explicó que los fueros “no son un derecho personalísimo de cada senador, sino una garantía constitucional que se le otorga al Poder Legislativo. Por eso es que cada Cámara debe resolver sobre el tema y no el legislador cuyo desafuero ha sido solicitado”. “Yo se los aseguro: la Corte va a ratificar el fallo de primera instancia de la Dra. Verón (que les ordenó a los fiscales archivar las actuaciones contra Traferri por haberse ya expedido el Senado sobre sus fueros), porque la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el máximo altar que tenemos para defender las cuestiones de derecho público provincial. Y va a demostrar a todos, a los que estuvimos imbuidos de considerar que había que defender los principios constitucionales y a los que de alguna manera miraron para un costado, que va a declarar constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y al mismo tiempo su correlato en el Código Procesal Penal en sus artículos 27 y 29″, contra los que habían ido los fiscales Edery y Schippa Pietra para no archivar el caso. “No hemos estado en defensa de un senador sino de la Constitución, somos legisladores que hemos jurado esta Constitución y la vamos a defender le guste o no le guste a los señores fiscales y al señor juez que tuvo que hoy borrar con el codo lo que había escrito con la mano, porque tuvo que conceder este recurso (ante la Corte)”, aseguró.

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, debía presentarse este lunes 23 de agosto a las 14 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en el marco de una audiencia imputativa por una causa en la cual iba a ser señalado como presunto jefe y organizador de una estructura ligada a la ruta del dinero del juego ilegal. Sin embargo, el legislador no se presentó. Su defensa solicitó la suspensión y dejar sin efecto la audiencia imputativa; mientras que la fiscalía pidió que se lo declare rebelde sin orden de detención y que la audiencia imputativa se lleve a cabo igual. Sin embargo, la jueza Eleonora Verón resolvió no hacer lugar al pedido de declaración de rebeldía y solicitar que se reprograme la audiencia en los mismos términos en los que se solicitó la original (prevista para este lunes), a la mayor brevedad posible. El nuevo abogado defensor del legislador, Oscar Romera (que reemplazó a José Luis Vázquez), dijo antes de la audiencia que no sabía si el senador iba a presentarse o no, pero pasado un tiempo prudencial del horario de convocatoria, sostuvo que fue él quien le dijo que no fuera. La decisión de la jueza Verón de reprogramar la audiencia, en los hechos, brinda un plazo mayor al camarista José Luis Mascali para que se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por Traferri. Cabe recordar que el magistrado dispone hasta este jueves para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 51 de la Carta Magna provincial que es el que define la cuestión de los fueros para los legisladores santafesinos. Por su parte, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra destacaron que el legislador no vino “demostrando una vez que no va a cumplir con las decisiones judiciales”.

La Cámara de Senadores sostiene que uno de sus miembros, el senador Armando Traferri, “no puede ser sometido a proceso penal” sin “la autorización de dos tercios” de sus integrantes presentes, tal como sostiene el artículo 51 de la Constitución Provincial.

A ese enunciado puede resumirse la posición del cuerpo deliberativo que rechaza el fallo del juez de cámara del fuero laboral, José Luis Mascali, quien ha declarado inconstitucional ese artículo de la Carta Magna santafesina y con ello habilitó en segunda instancia a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a enviarle una cédula judicial al legislador, a pesar de que la Cámara alta les había rechazado, en diciembre de 2020 el desafuero de Traferri.

El fallo del juez Mascali parte de la idea de que Santa Fe debería tener fueros para los legisladores idénticos a los que existen a nivel nacional, con los que diputados y senadores pueden ser indagados e imputados pero no detenidos.

El Senado ha expresado el respaldo a Traferri para que no acepte ser indagado ni imputado tras una nota que el propio jefe de la bancada del Nuevo Espacio Santafesino había ingresado a la Cámara. Allí les informó formalmente a sus pares lo que ya todos sabían: que por el fallo de Mascali había sido citado por los fiscales.

El tema fue lógicamente derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo dictamen fue elaborado por Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y firmado por siete de sus diez integrantes, todos del radicalismo y de esa línea del peronismo.

Al momento de ponerse a consideración del cuerpo ese documento (que seguramente formará parte de los antecedentes que presentará Traferri a la justicia) podrá decir sin medias tintas que fue votado de manera afirmativa por 12 de los 19 representantes. Y que 5 senadores de Lealtad presentes se abstuvieron.

En el ámbito legislativo importa lo que por escrito se aprueba, pero también lo que en el debate se dice para argumentar a favor o en contra de un asunto o proyecto. El Diario de Sesiones contiene a ambos, lo aprobado y lo dicho.

En el primer plano el documento que le dice a Traferri que “no corresponde” que sea citado, indagado y mucho menos imputado.

El dictamen recuerda que la Cámara ya votó mantener las inmunidades parlamentarias a Traferri y agrega copia del acta de aquella sesión. De inmediato pasa al artículo 51 de la Constitución Provincial y los artículos 27 y 29 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

“Huelga decir que trata de un acto propio y privativo de la apreciación y resolución del Poder Legislativo, no susceptible de revisión por ningún otro poder del Estado”, expresa el Senado.

Luego, dice que con su fallo el juez Mascali “desconoce un principio fundamental del derecho constitucional argentino (…) en cuanto las provincias pueden establecer legítimamente, para su organización institucional, soluciones diversas a las adoptadas por el Constituyente o el legislador nacional”.

Ese argumento se presenta acompañado de un extenso dictamen del constitucionalista Santiago Alfonso(h), cuyo aquilatado currículum con antecedentes de primer orden en el país y a nivel internacional fue leído en la sesión por Gramajo. Lo describió como “uno de los constitucionalistas más reconocidos de la Argentina”.

Advierte que todas las constituciones provinciales contienen disposiciones con más o menos protecciones especiales para los legisladores, porque su propósito es proteger la voluntad popular expresada en la representación legislativa “dentro del ámbito propio de la autonomía de los Estados Provinciales” dentro del marco que prevén los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional.

Sostiene que el fallo en segunda instancia “fácticamente opera a modo de una reforma de la Constitución Provincial, ahora por vía judicial, mediante la derogación para el caso particular del art. 51 de la misma” en oposición al único procedimiento que los senadores creen legítimo: el previsto en los arts. 114 y 115 de dicha carta.

Desde su banca, Gramajo insistió en explicar qué significa que pueda modificarse la Constitución por vía de fallos judiciales. Se preguntó qué pasaría si en Córdoba o Tucumán un juez dice que todas sus leyes no son constitucionales porque provienen de un sistema unicameral cuando la Constitución nacional establece la bicameralidad, y de modo más cercano, si un juez santafesino o mendocino dijera que debe habilitarse la reelección inmediata del gobernador, tal como existe la del presidente, con idéntico razonamiento al que ha guiado a Mascali.

Sin mencionar al peronismo en los ’90 y al dos veces gobernador Carlos Reutemann recordó que “se fue” a la Corte Nacional con el propósito de habilitarle la reelección al Lole con un resultado catastrófico para el PJ santafesino “de 9 a a cero”, que luego fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como conclusión el dictamen dice: “La resolución emanada del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la 2da Circunscripción Judicial, el día 5 de julio de 2021, es abiertamente contraria a las disposiciones constitucionales ya mencionadas; ha generado un innecesario conflicto de poderes. Que, como señala el ya citado Dr. Alfonso (h) Santiago en su dictamen, el art. 27, primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe es plenamente válido y legítimo”.

“Que en definitiva, tal resolución judicial no debe conmover lo resuelto legítimamente por esta Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en cuanto rechazó el pedido de desafuero del senador Armando Traferri”.

El senador provincial del PJ Armando Traferri fue citado a audiencia imputativa para el lunes 23 de agosto, a las 14, por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes lo acusan de ser “jefe-organizador de una estructura vinculada al juego ilegal y a la corrupción institucional en Santa Fe”, según la acusación que fue rechazada por el Senado santafesino al denegar el retiro de los fueros a ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Previamente, patrocinado por los abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, el legislador había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente decisión del camarista José Luis Mascali, que le dio luz verde a la audiencia.

Para el bloque de senadores del oficialismo lo aprobado por la mayoría de la Cámara “roza el conflicto de poderes” al “inmiscuir al Poder Legislativo en un juicio al que es ajeno”, y corresponde que se lleve a cabo “entre partes”.

Así lo expresó Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) quien se preoucupó en buena parte de su discurso de explicar que la bancada más cercana al gobierno provincial se abstiene porque en términos institucionales considera que no corresponde lo expresado por el dictamen, no respecto de las cuestiones personales que afectan a uno de los miembros de la Cámara.