En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios. 

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Planteo formal

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios. La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes. El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

Detalles del fallo

El fallo, al que accedió Sur24, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa. En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad. La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

La fiscal Mayra Vuletic presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación a una sentencia de segunda instancia que declaró la prescripción de la “Megaestafa inmobiliaria 2” cometidas en el departamento General López. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la provincia deberá definir si admite el planteo.

El fallo cuestionado fue dispuesto por el camarista Tomás Orso e implicó el sobreseimiento de cuatro acusados por 31 estafas consumadas, 23 tentativas del mismo delito y cinco hechos de falsificación ideológica. Tres de las personas a las que se les atribuyeron las actividades delictivas, cuyas iniciales son Antonio Di Benedetto, Raúl Jaime y Marcelo Sava, ya fueron condenadas en 2022 por ilícitos similares investigados en otro legajo, lo cual fue confirmado por la Alzada. En cuanto al cuarto hombre involucrado, sus iniciales son RN.

Vuletic afirmó que “la sentencia que recurrimos perjudicó a decenas de víctimas y atentó contra el sentido de Justicia, lo cual generó un verdadero estado de impunidad”. Al respecto, manifestó que “lo resuelto afecta claramente derechos y garantías constitucionales”.

Audiencias imputativas

La fiscal informó que “el fallo recurrido deja sin efecto la acusación, que había sido admitida en noviembre pasado”. Explicó que “el camarista consideró que al haber pasado seis años desde el inicio de la investigación sin que se haya realizado un juicio, la causa prescribió”, y remarcó que “esa interpretación es contraria a la ley vigente, ya que no contempla que en marzo de 2021 se hizo la audiencia imputativa y el año pasado se amplió la atribución delictiva”.

“Al no considerar las imputaciones como actos interruptivos de la prescripción, el magistrado de la Alzada anuló la importancia y el alcance que tienen dentro del proceso penal y cercenó arbitrariamente la actividad de la Fiscalía”, aseveró Vuletic.

Por otro lado, la funcionaria del MPA mencionó que “la postura del juez Orso contradice la posición de otros camaristas de Venado Tuerto que, de acuerdo con precedentes provinciales y nacionales significativos, intervinieron en otros legajos y le dieron un sentido contrario a la misma norma”.

En tanto, recordó que “las personas que fueron sobreseídas estaban acusadas por formar parte de una asociación ilícita mediante la cual se apoderaron e intentaron apropiarse de terrenos ajenos con el fin de defraudar a terceros de buena fe a los que les vendieron esos inmuebles mediante operaciones apócrifas”.

Condenas previas

En el marco de la primera investigación de la Megaestafa cometida en Venado Tuerto y en localidades aledañas, hubo 18 personas condenadas. El fiscal que estuvo a cargo de las diligencias de ese caso es el actual Fiscal Regional, Matías Merlo.

Antonio Di Benedetto recibió una pena a 12 años de prisión, fue inhabilitado por 10 años para ejercer su profesión de abogado y debió pagar una multa. La pena se le impuso como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica.

A su vez, Raúl Jaime fue condenado a 10 años de prisión y multado por integrar una asociación ilícita, y ser coautor de estafa y uso de documento falso, así como coautor, partícipe necesario e instigador de falsedad ideológica.

Finalmente, a Marcelo Sava se le impuso un año y seis meses de prisión efectiva y una multa por ser miembro de una asociación ilícita; y como coautor de tentativa de estafa y falsedad ideológica.

El juez de la Cámara Penal, Tomás Orso ofreció detalles sobre su reciente fallo que determinó la prescripción de la acción penal en el caso conocido como Megaestafa 2, un proceso de gran repercusión pública que involucra a Antonio Di Benedetto y otros imputados. Orso destacó que las decisiones judiciales deben ser fundamentadas exclusivamente en el derecho y los hechos, sin ser influenciadas por presiones externas, y argumentó que en este caso, el plazo legal para que se avance en la causa ya había vencido.

El magistrado comenzó explicando que la ley establece plazos específicos para la prescripción de los delitos, en este caso las estafas imputadas a Di Benedetto, cuya acción penal tiene un tiempo de seis años para ser procesada. “Si no hay actividad procesal en ese tiempo, el caso se considera prescripto. En este caso, pasaron más de seis años desde la comisión de los hechos y la acusación se formuló mucho después del plazo legal”, afirmó Orso.

El juez también hizo un recorrido sobre la historia del caso, mencionando que la Megaestafa 2 es una extensión de una causa anterior, la Megaestafa Inmobiliaria, en la que Di Benedetto ya había sido condenado a 12 años de prisión. Orso señaló que su intervención en esta causa no fue para beneficiar ni perjudicar a las partes, sino para aplicar lo que el derecho establece en función de los plazos y las circunstancias del caso.

Orso se refirió también a las críticas que recibió, particularmente las de Matías Merlo, fiscal que estuvo a cargo del caso, y Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, quienes calificaron su decisión como “locura jurídica” o “arbitrariedad”. En respuesta, el juez de Cámara destacó que su fallo se basó en su propia interpretación del derecho y que su criterio ya había sido expresado en otros casos previos. “Este no es un criterio nuevo, lo he sostenido en causas anteriores. Los jueces debemos ser coherentes con nuestras decisiones, y si no hay cambios en la ley ni en las circunstancias, no podemos modificarlas arbitrariamente”, planteó.

Seguidamente, abordó el tema de la presión pública y política. “Somos conscientes de que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas, y los jueces debemos estar preparados para ser interpelados. Sin embargo, estas presiones no deben influir en la aplicación de la ley. Un juez que no soporta esta presión no debería ser juez”, afirmó con firmeza. Según Orso, la independencia judicial es esencial para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo.

En cuanto a las repercusiones del fallo para las víctimas de la Megaestafa 2, Orso explicó que, aunque la acción penal esté prescrita, las víctimas pueden recurrir a la vía civil para defender sus derechos patrimoniales. “El proceso penal tiene como objetivo investigar y sancionar a los responsables, pero en cuanto a los daños económicos, las víctimas pueden buscar resarcimiento en el ámbito civil”, aclaró.

Además, indicó que su decisión no implica que las víctimas queden desprotegidas. De hecho, destacó que es importante que las víctimas no confundan el ámbito penal con el civil, pues ambas vías tienen sus propios mecanismos para proteger sus derechos.

Finalmente, Orso hizo una reflexión sobre el sistema judicial y la importancia de mantener su integridad frente a las críticas. “El sistema de justicia está basado en un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos, y en mi caso, no puedo apartarme de esas reglas, incluso si las decisiones no son populares o generan malestar en algunos sectores”, concluyó.

El juez también mencionó que su fallo podría ser revisado por instancias superiores, como la Corte Provincial o incluso la Corte Suprema Nacional, y que está dispuesto a aceptar la revisión de su decisión. Sin embargo, subrayó que, en su opinión, la prescripción estaba correctamente aplicada en este caso, y que las críticas deberían estar dirigidas al sistema en su conjunto, no a las decisiones individuales de los jueces.

El fiscal Regional Matías Merlo criticó con dureza al juez de Cámara Tomás Orso por determinar la prescripción de la causa contra Antonio Di Benedetto en el marco de la “Megaestafa Inmobiliaria 2”.

El fallo se conoció en las primeras horas del lunes 7 de julio e implicó el sobreseimiento del reconocido abogado penalista venadenses en 31 hechos de estafas, 23 en grado de tentativa y 5 hechos de falsedad ideológica. El camarista considera que al haber pasado seis años desde el inicio de la investigación (pena máxima en expectativa para el acusado), sin que se haya realizado la acusación que desemboque en un juicio, la causa prescribió. 

“El doctor Orso interpretó la ley de una forma errada, no justificada y no apegada a derecho. No le da un acto interruptivo de la prescripción de la acción al llamado a audiencia imputativa y al no estar legislado el Código de determinada manera, sostiene que esto lo favorece al imputado Di Benedetto”, señaló Matías Merlo.

Sin embargo, “se contradice su posición con los dos camaristas de Venado Tuerto que a la misma norma le dieron sentido contrario. Orso mantiene una posición individual en contra de toda la corriente del derecho que opina diferente”, agregó.

Repercusiones del fallo

El fallo de Cámara generó un sinnúmero de repercusiones en el ambiente judicial, político y en las redes sociales en Venado Tuerto y la región.

Se trata de una de las causas más importantes de la historia de la ciudad, donde se estima que el número de estafas en su conjunto supera ampliamente los 100 millones de dólares.

Di Benedetto y un grupo de personas cercanas (en su mayoría condenados con penas bajas y de ejecución condicional) se apropiaron de más de 60 inmuebles entre campos y terrenos de Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

La investigación tuvo un primer juicio, donde el abogado penalista fue sentenciado a cumplir 12 años de cárcel, al ser encontrado culpable de 29 estafas por las cuales, junto a sus adláteres se quedaron con campos y terrenos.

En tanto, en la “segunda temporada” del juicio, se sumaron 31 nuevos hechos, que prescribieron tras el fallo de Tomás Orso.

“Esto lo único que hace es generar impunidad y favorecer a una persona que ya ha sido condenada a 12 años por hechos similares. De esta manera inclina la balanza de la justicia para el imputado y no para el lado de las víctimas”, destacó el fiscal regional.

En consecuencia, “al fallo le falta sentido común: si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, es un perro. Y acá es lo mismo. Una resolución más de las que toma el doctor Orso, donde siempre se inclina la balanza, nunca para el lado de la aplicación certera de la ley, sino para interpretaciones ambiguas en beneficio de los imputados”, añadió el fiscal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación adelantaron que van a interponer un “recurso de inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, “al considerar que tenemos los argumentos sólidos y ajustados a derecho. El objetivo es que se haga la interpretación adecuada”, adelantó Matías Merlo. 

En tanto, si las partes damnificadas no iniciaron acciones legales en la Justicia Civil, los 31 terrenos quedarán en manos de Antonio Di Benedetto y sus secuaces.

“Los jueces cuando resuelven se tienen que hacer cargo de cuáles son las consecuencias de sus fallos. El fallo de Orso tiene un sentido perjudicial para las víctimas y para el sentido de justicia, y lo que hace es generar impunidad”, finalizó el fiscal. 

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuestionó con dureza el fallo del juez de Cámara Tomás Orso, que declaró prescripta la acción penal contra Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”. La decisión judicial implica el cierre del proceso por otros 31 hechos de estafa, 23 tentativas y 5 falsedades ideológicas, dejando sin posibilidad de recuperar sus bienes a las decenas de familias afectadas.

“Así como mostramos las caras de los delincuentes que cometen delitos en los barrios, también mostramos con nombre y apellido a los jueces que dictan fallos a favor de los delincuentes. En este caso, el juez Tomás Orso decidió beneficiar a Antonio Di Benedetto, un delincuente de guante blanco”, lanzó Chiarella.

El mandatario venadense calificó la decisión como una “locura jurídica” y sostuvo que se trató de un fallo “injustificado” que deja a las víctimas “sin esperanza de justicia y reparación”. Además, manifestó su expectativa en que la Corte Suprema de Justicia de la provincia “revise esta decisión y permita a las familias recuperar sus bienes”.

Desde el Ministerio Público de la Acusación también se elevó un fuerte rechazo al fallo. El fiscal regional de Venado Tuerto y actual interventor de la Fiscalía Regional de Rosario, Matías Merlo, anticipó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

Orso revocó una resolución previa del juez Mauricio Clavero, que había declarado admisible la acusación fiscal y habilitado el juicio oral. El juez de Cámara consideró que los hechos estaban prescriptos por el tiempo transcurrido, interpretación que Merlo calificó de incompatible con la jurisprudencia vigente en Santa Fe.

Di Benedetto cumple actualmente una condena de 12 años en la Unidad Penitenciaria de Piñero por su rol como jefe de la organización responsable de la primera megaestafa inmobiliaria, que provocó un perjuicio estimado en 20 millones de dólares. La causa actual representaba la segunda etapa de ese entramado delictivo.

El recurso de inconstitucionalidad será presentado en los próximos días por la fiscal Mayra Vuletic. Tiene un plazo de diez días para formalizar el planteo ante la Corte Suprema de Santa Fe, que será ahora la encargada de definir si la causa puede reabrirse o si el fallo de Orso queda firme.

“Esperamos que los jueces de la Corte reviertan esta decisión y hagan lo que la sociedad espera: justicia para las víctimas y castigo para quienes estafan a la gente trabajadora”, cerró Chiarella.

El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Tomás Orso, resolvió absolver a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2” al declarar prescripta la acción penal en su contra. La medida deja sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa respecto a la prescripción de los delitos.

La resolución fue adoptada tras un extenso trámite judicial que comenzó con la imputación de Di Benedetto por múltiples hechos de estafa y falsedad ideológica supuestamente cometidos entre 2015 y 2017. La acusación original se formalizó en 2021 y una reimputación se realizó en marzo de 2024, momento en el que la defensa presentó un recurso solicitando que se declare la prescripción de la acción penal.

La posición de la defensa

Durante la audiencia de apelación, el Dr. Lucio Rossini, abogado defensor del imputado, sostuvo que los hechos imputados ocurrieron como máximo hasta mediados de 2017, por lo que el plazo de prescripción —de seis años para los delitos atribuidos— vencía en julio de 2023. Rossini afirmó que los cargos formulados en 2024 se hicieron fuera de ese plazo, pues constituyen nuevas imputaciones que no interrumpen la prescripción de los delitos atribuidos.

La postura de la fiscalía

Por su parte, la fiscal Dra. Vuletic argumentó que los hechos fueron imputados por primera vez en 2021, y que la acusación presentada en 2024 no constituía una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos, por lo que correspondía considerar que la acción penal seguía vigente.

Fundamentos del fallo

En su fallo, el juez Orso precisó que las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 2015 y febrero de 2018, y que el requerimiento acusatorio —primer acto interruptivo de la prescripción— se presentó recién en mayo de 2024. Al haber transcurrido más de seis años desde los hechos, el magistrado consideró que el plazo de prescripción se encontraba agotado para cualquiera de los delitos imputados, conforme a los artículos 59.3 y 62.2 del Código Penal.

Por ello, dispuso declarar prescripta la acción penal y absolver a Di Benedetto en relación a los cargos atribuidos, dejando sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa.

Contexto de la causa

Di Benedetto había sido señalado como presunto autor de múltiples maniobras de estafa y falsificación de documentos en operaciones inmobiliarias, que habrían causado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades cercanas. La causa, conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, se inició con denuncias presentadas en 2016 y motivó años de investigación.

Los abogados de Antonio Di Benedetto apelaron la Resolución de la Audiencia Preliminar del juez en lo penal Mauricio Clavero, planteando que el combo de 31 denuncias en el marco de la Megaestafa 2, prescribieron. 

De esta manera, será la Cámara de Apelaciones la que tendrá que resolver al respecto, y determinar si hay o no una “segunda parte” del juicio contra el reconocido abogado venadense que está detenido en la cárcel de Piñero desde noviembre de 2023.

En la audiencia preliminar que se llevó adelante el 28 de noviembre de este año el juez Mauricio Clavero confirmó la admisibilidad de las pruebas presentadas por la fiscal Mayra Vuletic, y rechazó los planteos de la defensa en relación a la prescripción de la causa.

Finalmente, Lucio y Ángelo Rossini decidieron apelar esa decisión y ahora Di Benedetto podría ser absuelto por la prescripción de los hechos.

Desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidieron una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

En tanto, fuentes de la investigación indicaron a Sur24 que hay otras personas involucradas que aceptaron la culpabilidad y fueron condenadas en procedimientos abreviados.

En esta oportunidad se trata de terrenos ubicados en su totalidad en Venado Tuerto. En la mayor parte de los casos con importantes deudas ante el municipio y la provincia. Y otros tantos, pertenecientes a personas fallecidas. 

Primera parte

Di Benedetto, había sido sentenciado en octubre de 2022, y posteriormente a fines de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo penal de la ciudad de Rosario ratificó lo establecido en primera instancia, con la salvedad de una de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda. Sin embargo, las condenas previstas no se modificaron, confirmando los 12 años de prisión a Di Benedetto, 10 años a Raúl Jaime y reduciendo la pena a un año y seis meses a Marcelo Sava. 

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2016.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

El tribunal presidido por el juez Leandro Martín, no dio lugar al hábeas corpus presentado por la defensa de Antonio Di Benedetto, solicitando mejores condiciones de detención para el condenado en la causa conocida como “Megaestafa inmobiliaria” o, en caso contrario, brindar la prisión domiciliaria.  

Esta estrategia judicial llega luego del rechazo, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, del pedido de morigeración de pena para que Di Benedetto pueda continuar cumpliendo la condena de 12 años de prisión en su domicilio, aludiendo un deterioro en el estado de salud a partir de las precarias condiciones de alojamiento en el penal de Piñero.

En esta oportunidad, el recurso utilizado por la defensa fue el del hábeas corpus, fundamentado en un agravamiento de las condiciones de detención que derivó en una desmejora en la salud del interno. Sin embargo, para los jueces no se evidencian cambios en dichas condiciones, desde que comenzó a cumplir la condena hasta la actualidad. 

Incluso, según expusieron los magistrados, a medida que se fueron solicitando mejoras puntuales, desde la unidad carcelaria las fueron cumplimentando. Incluso, desde el Servicio Penitenciario se acreditó la atención que se le brinda, la medicación que recibe, las comidas que se le administra y hasta el ofrecimiento de ser cambiado de celda, sin embargo, por elección propia se quedó en la actual que comparte con otras dos personas en el Pabellón de Oración.

A su vez, se recordó que el pedido de prisión domiciliaria ya había sido resuelto oportunamente, tanto por el tribunal como por el juez de Cámara Tomás Orso. 

En una extensa audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este viernes en Venado Tuerto, el Tribunal integrado por los jueces Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle, volvieron a negar la prisión domiciliada para Antonio Di Benedetto, condenado a 12 de cárcel en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria, y deberá continuar con el cumplimiento de la condena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Cabe recordar que este es el segundo pedido que presenta la defensa a cargo de Ángelo Rossini, fundamentado su solicitud en problemas de salud, efectos psicológicos y la avanzada edad. Incluso, se planteó el cumplimiento de este beneficio en una vivienda ubicada en Av. Santa Fe 853 de Venado Tuerto, donde su hijo cumpliría el rol de tutor o garante. Además, se ofreció una fianza de 170 mil dólares.

Por su parte, la fiscal que entiende en la causa, Mayra Vuletic, se opuso a este planteo y que, en todo caso, el Tribual solicite a la Unidad Penitenciaria que refuerce la atención médica. 

Según remarcó Vuletic, en la víspera a la audiencia, solicitó informes a la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde está alojado Di Benedetto, sobre la atención que recibe, dando como respuesta que se le brinda ese acompañamiento cada vez que lo requiere. 

Luego de un cuarto intermedio, en horas cercanas al mediodía, el Tribunal dio a conocer la resolución, negando el beneficio de la prisión domiciliaria. Los jueces consideraron que las circunstancias de salud del imputado no se modificaron o agravaron en este tiempo, y que el informe médico de la junta forense estableció que no podían corroborarse las patologías aducidas por la defensa. Lo que sí se detectó un efecto psicológico o emocional, pero sostuvieron que son propios del encierro en una cárcel. 

En el fallo, los magistrados dispusieron que se mantenga la atención médica, psicológica y psiquiátrica, y una dieta adecuada, además de las condiciones ya descriptas en la anterior resolución al primer pedido de prisión domiciliaria. 

Es notable cómo los climas de época pueden mutar en corto plazo, modificando el sentido común de la sociedad en los más diversos campos, como la seguridad pública, donde el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, entre otros, asumió la centralidad de una cruzada contra la delincuencia en sus distintas variantes, al igual que Maximiliano Pullaro en la provincia, cosa que en los últimos años se volvió políticamente correcta y electoralmente rentable. Así, la difusión de los rostros de los delincuentes es una elocuente demostración de cuánto se corrió la línea en el curso de unos pocos años. En este sentido, este martes, el primer mandatario local volvió a denunciar a través de sus redes sociales a Maximiliano Ríos, alias "Wacho Maxi", “delincuente, integrante de una banda narco que fue detenido con drogas, más de medio millón de pesos y municiones en su auto”, precisó Chiarella con lujo de detalles. Y cerrando su posteo, acompañado con la fotografía de Ríos, remarcó: “Los delincuentes con nombre y apellido, y mostrando la cara de quiénes son. Esperamos que los jueces lo dejen preso”.

Aún hoy se recuerda el momento en que Chiarella, a comienzos de marzo último, no solo citó con nombre y apellido, como ya lo había hecho un año antes, a los hampones locales más peligrosos en medio del acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, sino que esta vez también enarboló sus retratos. Y esa escena se erigió en uno de los puntos altos de los nuevos tiempos, hasta que el líder boina blanca superó su propia marca compartiendo en redes sociales las imágenes de un robo cometido en plena calle a fines de mayo último -capturada por la Central de Videovigilancia-, y después fue aún más allá, justificando la exhibición de la cara de los implicados bajo el argumento de que “los vecinos deben saber quiénes son las personas que delinquen" y "para saber de quiénes nos tenemos que cuidar". Y acotó: "Muchas veces se comunica un delito poniendo sólo las iniciales o tapando la cara, pero la verdad es que la gente tiene que saber quiénes son los delincuentes, de quiénes nos tenemos que cuidar, porque le hacen mucho daño a nuestra ciudad". 

Esa misma noche inaugural en la sede legislativa de Sarmiento y Alem, donde ratificó la seguridad pública como una política de Estado municipal (no es casual que en su primera expedición oficial al exterior expusiera en Ecuador sobre sus estrategias locales en el seminario "Seguridad frente a grupos de delincuencia organizada", impulsado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el vicepresidente de la UCR santafesina dejó boquiabierto al colmado recinto cuando apuntó a los jueces que “dictan fallos que contribuyen a la inseguridad de nuestra ciudad”, y luego arremetió contra los magistrados Révori y Orso (los citó con nombre y apellido) y los integrantes del Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario “por dictar fallos que generan impunidad, que liberan presos y narcos”. 

A continuación, exhibiendo su fotografía, repudió a los bandidos de “saco y corbata”, en alusión al abogado penalista Antonio Di Benedetto, condenado como jefe de la asociación ilícita que gestó la resonante Megaestafa Inmobiliaria.

Estas filosas expresiones del jefe del Departamento Ejecutivo, que hubieran desatado debates acalorados tiempo atrás, hoy son tomadas con naturalidad por la gente, que en su amplia mayoría agradece esa actitud; en tanto, la oposición local, si bien discrepa, evita confrontar, no tanto por su debilidad ni por el poderío arrasador del intendente -reelecto hace unos meses con el 82% de los votos-, sino porque la considera una batalla perdida, al menos en esta época.

Según algunos analistas avezados en la problemática, la sociedad en general se corrió a la derecha; para otros, son las circunstancias históricas las que establecieron una agenda de derecha; y también tercian los que se despegan de clivajes ideológicos y ponen el eje en la insatisfacción ciudadana en todas las áreas, no con la democracia como sistema de gobierno, sino con sus decepcionantes resultados. En la provincia de Santa Fe, tanto Pullaro como Chiarella, emergentes de la añosa Unión Cívica Radical -partido tradicional si los hay-, interpretaron el hartazgo mayoritario de la ciudadanía en el plano de la seguridad pública (ellos “la vieron”) y se enrolaron en estilos más rigurosos y menos condescendientes respecto de la delincuencia común y el crimen organizado.

Muy distinto era el escenario 10 o 15 años atrás, cuando la entonces concejala de raigambre justicialista Liliana Rostom, luego de ser funcionaria de varios gobiernos peronistas (en la Secretaría de Servicios Públicos con Roberto Scott de 1995 a 2007, y en la Secretaría de Espacios Públicos con José Freyre de 2007 a 2009), impulsó sucesivos proyectos en el Concejo Municipal entre 2009 y 2021 (el primer mandato en el PJ y los restantes en el vecinalista Nuevo Horizonte), en el mismo sentido que hoy lo ejecuta el intendente Chiarella, aunque con suerte opuesta.

En marzo de 2010, quien era flamante edila oficialista sorprendió con un proyecto que solicitaba a la Cámara de Apelaciones en lo Penal que “se informe periódicamente, en forma mensual, sobre el estado procesal de las investigaciones por presuntos hechos delictivos de los que resulte la intervención tanto de armas de fuego, como de otras armas propias e impropias, según los casos”, y el otro requerimiento, que suscitó un impacto mediático provincial y nacional, sugería que los medios de prensa pudieran publicar las fotografías de los delincuentes condenados por episodios de robo con uso de armas de fuego o armas blancas. 

Sobre ese propósito, Rostom simplificaba: “La gente podrá advertir a la persona con antecedentes de delitos graves” y avisó sobre la conveniencia, como ahora alega Chiarella, de que “la sociedad conozca las caras de las personas procesadas y condenadas con el objetivo de trabajar en prevención”. 

Sin embargo, en esa época no la respaldaron ni sus pares de bloque ni sus adversarios políticos, y surgieron las primeras trifulcas con el intendente Freyre que aceleraron su búsqueda de un nuevo horizonte.

Más adelante, en 2016, ya en Nuevo Horizonte, planteó desde su banca, también mediante un proyecto de resolución, la necesidad de “publicar en todos los organismos y establecimientos públicos los rostros de aquellos delincuentes que se encuentren prófugos y/o evadidos de la Justicia, a los fines de otorgar protección al ciudadano y cumplir con la prevención del delito”. 

Del sucinto repaso se desprende que los planteos de Chiarella en seguridad pública son mucho más osados que los defendidos años atrás por la concejal, uno de los cuales se refería a la divulgación de fotos de condenados, mientras que hoy circulan los rostros de malhechores sin condena judicial firme.

En casi todos sus proyectos, Rostom sufrió un marcado aislamiento en el Concejo Municipal, donde, más allá del apoyo ciudadano que reflejaban las encuestas -desnudaban un cansancio que casi nadie vio a tiempo-, la dirigencia tradicional seguía considerando políticamente incorrecta la convalidación de procedimientos más próximos a la mano dura o, al menos, más lejos de un garantismo que, en los hechos, tributó a un falso progresismo. 

Son contrastes circunscriptos a una ciudad del sur-sur provincial, de menos de 100 mil habitantes, pero que dimensiona fielmente la contundente mutación del clima de época.

Desde el poder judicial rechazaron nuevamente los bienes presentados por Raúl Jaime para acceder a la prisión domiciliaria. El gestor rosarino está condenado a 10 años de prisión por ser un importante engranaje en el marco de la Megaestafa inmobiliaria, por la cual también se encuentra detenido bajo una sentencia de 12 años de cárcel el abogado penalista Antonio Di Benedetto.

Ambos ahora, enfrentan una segunda parte del juicio, sindicados de haberse apropiado ilegalmente de 31 terrenos en la ciudad de Venado Tuerto. 

La audiencia se llevó adelante en la jornada del lunes y el tribunal estuvo integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal. En tanto, Silvia Cousello se desempeñó como defensora pública, mientras que la fiscal Mayra Vuletic representó al Ministerio Público de la Acusación.

Historia reciente

El 21 de febrero el juez de Segunda Instancia, Tomás Orso, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al gestor rosarino, quien adujo la necesidad de cuidar a su mujer que atraviesa un delicado estado de salud y no cuenta con ningún familiar cercano para que se pueda hacer cargo de su cuidado.

Posteriormente un tribunal presidido por Leandro Martín fijó una caución de 142.000 dólares para que Jaime acceda a dicho beneficio, monto que no pudo alcanzar con los bienes presentados.

En tanto, en la jornada de ayer lunes la defensa intentó llegar a ese número poniendo disposición para alcanzar la base de la caución siete automóviles y una vivienda que legalmente está declarada bien de familia, con lo cual se encuentra impedido de ser gravada con un embargo o una hipoteca. 

De esta manera, el gestor continuará detenido en la Alcaidía de Melincué, y dentro de 90 días contará con la posibilidad de solicitar una nueva audiencia. 

Megaestafa 2

Hace diez días el fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

El fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

En tanto, fuentes de la investigación indicaron a Sur24 que hay otras personas involucradas que aceptaron la culpabilidad y fueron condenadas en procedimientos abreviados.

En esta oportunidad se trata de terrenos ubicados en su totalidad en Venado Tuerto. En la mayor parte de los casos con importantes deudas ante el municipio y la provincia. Y otros tantos, pertenecientes a personas fallecidas. 

Primera parte

Di Benedetto, había sido sentenciado en octubre de 2022, y posteriormente a fines de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo penal de la ciudad de Rosario ratificó lo establecido en primera instancia, con la salvedad de una de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda. Sin embargo, las condenas previstas no se modificaron, confirmando los 12 años de prisión a Di Benedetto (alojado desde el 8 de noviembre en el penal de Piñero), 10 años a Raúl Jaime y reduciendo la pena a un año y seis meses a Marcelo Sava. 

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2016.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

En una extensa audiencia que se llevó a cabo en horas de la mañana de este viernes, en los tribunales venadenses, los jueces Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Antonio Di Benedetto, quien fue condenado en la causa conocida como Megaestafa inmobiliaria, a 12 años de cárcel por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

En el primer tramo de la jornada, que comenzó pasadas las 8 tal como estaba previsto, la defensa del reconocido abogado local integrada por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, presentaron las fundamentaciones de la solicitud, que hacen referencia a problemas de salud que atraviesa interno y que podrían agravarse en prisión, incluso exhibieron una serie de informes médicos que hacían referencia a sus afecciones. 

Sin embargo, en su resolución, los jueces consideraron que su cuadro puede ser tratado en un establecimiento carcelario, con la recomendación que se aloje en un pabellón acorde a su edad. Incluso, se autorizó a una junta médica de la que participarán los profesionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para evaluar su evolución. 

Finalizada la audiencia, la fiscal Mayra Vuletic, quien relevó a Matías Merlo que está como interventor en el MPA de Rosario, se mostró conforme porque “se hizo lugar a todo el pedido de la Fiscalía”, con el agregado de que sea alojado en un lugar más propicio a su edad y condición, siempre dentro de un establecimiento carcelario.  

“El espíritu de nuestro Ministerio es que las sanciones impuestas sean cumplidas del modo en que se han dispuestos, es decir, en este caso, en carácter efectivo”, había expresado previamente Vuletic.

En una audiencia que se llevará adelante este viernes 12 de abril, a partir de las 8:00, el tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal definirán si le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria al abogado Antonio Di Benedetto, letrado sentenciado en primera y segunda instancia a 12 años de cárcel, sindicado como el líder de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

La solicitud fue realizada por los abogados de Di Benedetto a mediados de marzo alegando problemas de salud del letrado. Por ese entonces, el fiscal de la causa era Matías Merlo, quien en la actualidad fue designado como interventor del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, por lo que ahora la nominada para llevar adelante la causa es la fiscal Mayra Vuletic. 

En ese sentido, la integrante del Ministerio Publico de la Acusación informó que, en la audiencia de morigeración de pena solicitada por los abogados de Di Benedetto, “analizaremos cuáles son los postulados que los defensores traen a debate”. 

En tanto que, sin ahondar en detalles de la estrategia de la Fiscalía, admitió que “el espíritu de nuestro Ministerio es que las sanciones impuestas sean cumplidas del modo en que se han dispuestos, es decir, en este caso, en carácter efectivo”, reiterando que en la audiencia “se analizará le pedido en virtud de lo que planteen los abogados defensores en respuesta a ello la Fiscalía elaborará su criterio”. 

Di Benedetto está representado por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, quienes mediante estudios médicos intentarán demostrar ante el tribunal que el abogado condenado atraviesa problemas de salud que se podrían agravar en caso de persistir esa condición de detenido. 

En el mes de febrero de 2023 desde el Poder judicial le habilitaron a Raúl Jaime la prisión domiciliaria, basados en que su mujer atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla. El gestor rosarino, es uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria y por el momento no pudo acceder a dicho beneficio ya que no logró reunir los 145.000 dólares fijados como caución. 

El gestor actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía de Melincué luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita.

El abogado Antonio Di Benedetto solicitó el beneficio de la prisión domiciliar fundamentando su planteo en problemas de salud. El letrado fue sentenciado en primera y segunda instancia a 12 años de cárcel, sindicado como el líder de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

De esta manera, en una audiencia que se llevará adelante el próximo 12 de abril, un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, será el que defina si le otorga el beneficio solicitado.

Antecedente cercano

En el mes de febrero de 2023 desde el Poder judicial le habilitaron a Raúl Jaime la prisión domiciliaria, basados en que su mujer atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla. El gestor rosarino, es uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria y por el momento no pudo acceder a dicho beneficio ya que no logró reunir los 145.000 dólares fijados como caución.  

El gestor actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía de Melincué luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita.

El mismo camino

Di Benedetto está representado por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, quienes mediante estudios médicos intentarán demostrar ante el tribunal que el abogado condenado atraviesa problemas de salud que se podrían agravar en caso de persistir esa condición de detenido. 

Actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial N° 11 de Piñero. 

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

Raúl Jaime, el Gestor de la Megaestafa Inmobiliaria, continuará en calidad de detenido al no poder justificar momentáneamente los 1450.000 dólares de caución que le exigieron desde el poder judicial para poder acceder a la prisión domiciliaria, independientemente de haber presentado tres automóviles y una vivienda.

La decisión fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, quienes además establecieron una serie de normas de conductas a cumplir una vez que acceda al beneficio de estar en su casa para poder cuidar a su mujer que padece graves problemas de salud.

El Gestor actualmente se encuentra detenido luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita junto a Antonio Di Benedetto (12 años de cárcel), entre otros, dedicada a apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos y campos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo. Y tras dos reveses judiciales, el juez Tomás Orso fue quien decidió otorgarle el acceso a la prisión domiciliaria. 

Por ahora no

La audiencia se llevó adelante en la jornada de ayer lunes en los tribunales venadenses. Y los magistrados consideraron que los automóviles ofrecidos para cubrir la caución deben ser tasados oficialmente. Al mismo tiempo la vivienda aportada por Jaime actualmente se encuentra inscripta como “bien de familia”, con lo cual van a tener que modificar esa condición legal y hacerla tasar por distintos corredores inmobiliarios.

Mientras esto no ocurra, el gestor continuará en calidad de detenido en la Alcaidía departamental de Melincué.

Resolución

El tribunal resolvió por unanimidad “disponer la constitución de caución real, por un monto de 145.250 u$s o 116.200.000 pesos, los que deberán afianzarse con bienes muebles registrables o inmuebles, hasta alcanzar ese monto, en base a tasaciones oficiales”.

Los bienes muebles o inmuebles “en cuestión deberán ser propiedad de Raúl Alberto Jaime o de terceras personas, que así lo autoricen, pero no podrán estar prendados o embargados. No deberán tener como antecedente registral juicios de escrituración o prescripción adquisitiva, o pertenecer al departamento General López, ni ser los bienes que se hayan establecido” en la Megaestafa inmobiliaria. 

Al mismo tiempo se dispone que el gestor deberá “residir en el domicilio de Pasaje Polonia 1.337 de la localidad de Rosario. Informar bimestralmente de la residencia de la Sra. Camacho en el domicilio en cuestión y de la subsistencia de la misma. A tales fines podrán solicitarse o practicarse por las partes los informes ambientales pertinentes”.

También se determinó que en “caso de traslado (al médico) de la Sra. Camacho será obligación del Sr. Jaime dar aviso de manera inmediata al tribunal”.

Por otro lado, establecieron la “prohibición de acercamiento y contacto con coimputados, víctimas y testigos”.

En tanto, “se deberá solicitar el monitoreo electrónico por tobillera, autorizando a las partes a realizar las gestiones pertinentes y hasta tanto se efectivice el control ordenado, se deberá realizar controles intempestivos en su domicilio de calle Pasaje Polonia 1337 de Rosario, de al menos cuatro veces a la semana, por parte de personal policial, sistema penitenciario o post-penitenciario”.

Por último, dejaron en claro que deberá “comparecer cada vez que sea citado por el tribunal. La prisión preventiva domiciliaria excluye cualquier posibilidad de salida del domicilio, debiendo en caso de necesidad de traslado de la Sra. Camacho quedar a cargo de terceras personas y del imputado hacerse con móvil policial previa solicitud con suficiente antelación”. 

Durante la visita del secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, que llegó este jueves a Venado Tuerto para refrendar sendos convenios con el intendente Leonel Chiarella, en el último tramo de la conferencia de prensa, el mandatario local realzó los méritos del funcionario provincial, que en su anterior paso por la administración santafesina, durante la gestión de Miguel Lifschitz, ocupó el rol de secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y fue una pieza clave para esclarecer y juzgar las andanzas delictivas de los protagonistas locales y regionales de la Megaestafa Inmobiliaria.

En busca de hacer justicia, Chiarella recordó que “si hoy Antonio Di Benedetto está en la cárcel, durmiendo todos los días en un calabozo, es porque hubo responsables de que eso suceda, como Matías Figueroa Escauriza; el gobernador Miguel Lifschitz; los fiscales y los jueces. Por eso, en nombre de todas los las víctimas, en nombre de la ciudadanía venadense, agradecemos ese enorme compromiso que tuviste durante todo este tiempo, porque incluso sin ser funcionario viniste a todas las audiencias, a la lectura de la sentencia, estuviste presente en cada una de las de las instancias, hasta lograr que estos delincuentes de guantes blancos estén donde se merecen, presos, como es el caso de Di Benedetto; gracias Matías, por ese compromiso, porque hoy los vecinos de nuestra ciudad saben que se hizo justicia y que para estos delincuentes se terminó la impunidad”, subrayó el mandatario local.

A su turno, Escauriza, quien ahora forma parte del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública provincial, dijo que “se trató de un trabajo conjunto, donde también la Municipalidad venadense acompañó todo este proceso, como también Leonel (Chiarella) desde sus épocas de concejal; el fiscal (Matías) Merlo, que tienen que valorarlo porque está muy preparado para lidiar con delitos tan complejos (…) En la audiencia del otro día, cuando le negó la prisión domiciliaria (a Di Benedetto), ratificó que tiene que estar preso como cualquier persona que cometió un delito, no debemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; no importa que lleguen en un BMW a la audiencia, eso no lo habilita a cumplir la pena en su casa, tiene que estar preso en un calabozo”.

En cuanto a la continuidad de las investigaciones, el funcionario provincial observó ante los medios que “el fiscal debe tener causas de otras denuncias que han presentado diferentes ciudadanos y que no se han podido llevar a juicio en esta causa que ya tuvo sentencia. No pude consultar el estado actual de situación, pero creo que hubo nuevas víctimas que denunciaron y, obviamente, cada denuncia tiene una causa particular”, estableció. 

Más adelante comentó que “estamos volviendo a crear la Unidad de Inteligencia Criminal dentro del Registro de la Propiedad, que se desmanteló en el gobierno de Omar Perotti, para ponerla a disposición de los fiscales en las causas de mayor complejidad. Sin la información del Registro de la Propiedad y del Registro Civil, los fiscales muchas veces no pueden avanzar y ahora lo que estamos haciendo en su apoyo es disponernos a trabajar en conjunto y brindar toda la información pública”. 

“También vamos a seguir trabajando en el recupero de bienes en poder de la delincuencia”, advirtió Matías Figueroa Escauriza, para lo cual las autoridades del área están organizando la Agencia de Bienes Decomisados (única en el país) y procediendo al reordenamiento administrativo. 

“Ya estamos manos a la obra y organizando la primera subasta de bienes decomisados para fines de febrero y primera quincena de marzo, para volver a subastar los bienes a los delincuentes de toda la provincia”, cerró el secretario.

El juez de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, Tomás Orso, definió que el abogado venadense Antonio Di Benedetto y el gestor Raúl Jaime, condenados a 12 y 10 años de prisión respectivamente en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria, continúen detenidos en la unidad penitenciaria de Las Flores, rechazando así el pedido de la defensa en la audiencia de apelación que se llevó días atrás en los Tribunales de Venado Tuerto.

Cabe recordar que los abogados de Di Benedetto, Ángelo y Lucio Rossini, habían solicitado la prisión domiciliaria para quien fuera condenado como jefe de una asociación ilícita que se apropiaba de manera irregular de campos e inmuebles, considerando que su defendido no representaba ningún peligro para el proceso y recordando que “siempre cumplió con todo lo determinado por la justicia” durante la investigación.

Otros puntos expuesto por la defensa fue la falta de antecedentes penales que tenía Di Benedetto, inexistencia de entorpecimientos probatorios y la edad. A su vez propusieron una caución por un valor de 170 mil dólares.

A su turno, el abogado defensor de Jaime, Alfredo Cotulli, pidió la domiciliaria para el gestor rosarino, sosteniendo que tampoco hubo por su parte entorpecimiento probatorio. Además se refirió a su avanzada edad e hizo hincapié en la grave enfermedad que padece la esposa.

Más allá de estas exposiciones, el juez Orso decidió no hacer lugar a los pedidos y, por lo pronto, Di Benedetto y Jaime seguirán en prisión efectiva en la unidad penitenciaria de Las Flores.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella destacó el accionar del fiscal regional Matías Merlo y su equipo, y de los jueces, tanto de primera instancia como de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, que condenaron a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “megaestafa inmobiliaria” y consideró que es “una buena noticia” que el abogado venadense “esté preso por ser el principal responsable de esta estafa, estableciendo que era el jefe y líder de la asociación ilícita que tanto daño causó a la ciudadanía”.

“Para nosotros es un paso concreto y muy importante el que se dio para que este delincuente de guantes blancos termine preso, tras las rejas. Estas sentencias terminan con la impunidad de esta banda delictiva, de traje y corbata, que le han robado a muchos vecinos y lastimado a muchísimas familias”, enfatizó el mandatario en diálogo con “A pesar de Todo” (LT29).

Para Chiarella también el mensaje que se le da a la sociedad con “un fallo histórico como este” es significativo porque “no era bueno para ninguno ver a este delincuente tomando café en el centro de la ciudad, deambulando por las calles como si nada pasara y con total impunidad, y hasta ejerciendo la profesión. Ahora eso cambió con una decisión judicial que nos devuelve la esperanza en la Justicia, que funciona y que personas que cometen estos delitos tan graves terminan tras las rejas”.

Además remarcó que este tipo de sentencias sirven como una advertencia a quienes cometen delitos de esta naturaleza, “creyendo que nadie los toca por usar traje o tener una profesión, los que comúnmente se los conoce como peces gordos”, señaló.

El intendente venadense resaltó la decisión política que asumió el exgobernador Miguel Lifschitz a través del secretario del Registro de la Propiedad Matías Figueroa Escauriza de investigar este tipo de causas. “A partir de allí se inició la investigación que luego continuó la justicia, a través del fiscal Matías Merlo, con el claro objetivo de desentrañar toda una actividad ilícita que estaban llevando adelante estos delincuentes que se estaban quedando, ni más ni menos que con los terrenos de la gente, por un monto de 20 millones de dólares”, subrayó.

Chiarella a su vez, aseveró que Di Benedetto “es un abogado que está vinculado al narcotráfico, por eso, que esté preso, para nosotros es muy importante”, recordando que el letrado representaba a “Matías Álvarez, uno de los líderes de las bandas narcos que operan en nuestra ciudad, que hoy está preso en Marcos Paz, incluso con vínculos con la banda rosarina de los Alvarado, cuyo jefe quiso escaparse de la cárcel en helicóptero”.

A su vez, indicó que Di Benedetto “habría aportado contactos” para el desarrollo del plan de fuga de Alvarado, como el caso del piloto del helicóptero -hoy prófugo- quien sería una persona cercana a Di Benedetto, según relató el intendente. “No me quedan dudas que formaba parte de esta estructura delictiva”, sentenció.

Este viernes en la tarde se desarrolló en los tribunales venadenses otra instancia del juicio por la megaestafa inmobiliaria en el sur-sur santafesino donde el sindicado como jefe de la organización ilícita Antonio Di Benedetto, el gestor Raúl Jaime y Marcelo Sava debían enfrentar la audiencia cautelar tras conocerse a principio de semana la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario.

La audiencia a cargo de Leandro Martín como presidente del tribunal, Aldo Baravalle y Eduardo Bianchini comenzó en horas del mediodía y se extendió por casi cuatro horas donde la defensa de los imputados desarrollaron sus planteos, los que fueron analizados en un curto intermedio hasta las 19, cuando finalmente se dio a conocer la resolución de la prisión preventiva efectiva para Di Benedetto y Jaime, mientras que a Sava se le concedió la libertad con medidas de conducta.

Lo expuesto por la defensa

Antes de conocerse la resolución, los planteamientos de la defensa fueron escuchados por el tribunal para luego definir la continuidad de la prisión preventiva ordinaria.

Por parte de Antonio Di Benedetto, Angelo y Lucio Rossini pidieron la libertad de su defendido o la prisión preventiva domiciliaria con normas de conducta como no portar armas ni salir del departamento General López, presentarse todas las semanas ante la autoridad policial y aceptando que haya visitas sorpresas del poder judicial en su vivienda. Además, de la posibilidad de utilizar una tobillera electrónica.

Por parte de Raúl Jaime, la defensora pública Silvia Couselo solicitó la libertad del gestor o en su defecto la presión preventiva domiciliaria basándose en la necesidad de cuidar de su esposa que padece la enfermedad de Parkinson y tiene tres nietos a cargo tras el fallecimiento de su hijo en Brasil. Sumándole a su vez, normas de conductas a cumplir.

Marcelo Sava, libre

El otro imputado, Marcelo Sava se le había impuesto una condena de un año y seis meses de prisión y el pago de una multa por 2 millones que fue pactada con la entrega de un vehículo de mayor valor. En su caso, el fiscal de la investigación, Matías Merlo, no había pedido la prisión del acusado y bajo rígidas normas de conductas, el comerciante venadense quedó en libertad.

Condenas 

Cabe recordar, que para Di Benedetto, en segunda instancia se había confirmado la condena a 12 años de prisión como jefe y organizador de asociación ilícita, y por los delitos de estafa, tentativa de estafa, uso de documento falso, uso de documento público falso y falsedad ideológica. Además, se dispuso una inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por 10 años y el pago de un multa de 2.340.000 pesos.

En cuanto a Jaime, se había confirmado la condena a 10 años de prisión y el pago de una multa de 1.170.000 pesos. Los delitos por los que se le impuso la pena fueronasociación ilícita (en calidad de miembro), falsedad ideológica, falsedad ideológica de documento público, estafa, uso de documento público falso, tentativa de estafa en 11 legajos.

Por último, la Alzada había afirmado parcialmente la condena a Sava a un año y seis meses de prisión y el pago de una multa de 90.000 pesos por asociación ilícita (en calidad de miembro) tentativa de estafa y falsedad ideológica de documento público. Por su parte, fue declarado reincidente.

Primera instancia

El fiscal Merlo sostuvo en la apelación que “con cada condena a organizaciones de estos ilícitos a los que se denominan ‘delitos de guante blanco’, se afianzan el servicio de justicia y el rol institucional del MPA”.

“El fallo del Tribunal de Alza viene a cerrar un gran trabajo que se inició en 2016”, destacó el fiscal y agregó que “esas tareas investigativas permitieron llegar a una condena en el juicio oral y esta ratificación de segunda instancia”.

Por último, Merlo recordó que “la investigación tiene una segunda etapa” y concluyó que “estábamos esperando el fallo de segunda instancia referido a la primera parte, para poder avanzar y presentar la acusación por los otros hechos ilícitos”.

Otros 15 condenados

Además de Di Benedetto, Jaime y Sava, otras 15 personas que integraban la asociación ilícita y cometieron las estafas inmobiliarias fueron condenadas en juicios en los que se abreviaron los procedimientos.

Los otros condenados son Luis Eugenio Casadei, Danisa Elizabet Pintos, Fernando Luis Astigarraga, Luis Celio Restovich, Luis Alejandro Bentati, Alberto Enrique Long, María de los Ángeles Sarrias, Milena Gisele Fischer, Roberto Miguel Sainz, Ángel Emilio Moreale, Juan Carlos Rullo, Adriana Karina Torres, Francisca Del Carmen Uncos, José Luis Mir y Marcelo Ariel Rodríguez.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo