Se oficializó el protocolo de Orden Público del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich. El mismo se presentó este viernes mediante Resolución 943/2023 del Boletín Oficial.

Bullrich, advirtió al respecto este jueves que "si se toma la calle va a haber consecuencias", al presentar "un protocolo para el mantenimiento del orden público" que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene "una decisión tomada" de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte".

"Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.

En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales "van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación" y que "si se corta la vía principal, se libera la vía principal" sin importar que exista "una vía alternativa".

"Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos", añadió, y resaltó que "se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados".

La funcionaria agregó que "se va a trabajar" en las estaciones de tren y ante aquellas personas que "vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad".

"En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela", destacó.

También planteó que "se va a crear un registro de las organizaciones que participan" en cortes de la vía pública, y remarcó que "enviará la factura" a las organizaciones o individuos responsables por todos "los costos vinculados a los operativos de seguridad".

"El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo", sostuvo.

Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que "hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas" y que el propósito de las nuevas normas es "cumplir la ley".

"Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas", afirmó.

El legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, anunció el lanzamiento de un “movimiento antipiquetero”, una organización que nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que ocurren a diario.

La iniciativa, conlleva la creación de una página web donde se convocará a los interesados a inscribirse para colaborar con una serie de actividades destinadas, según dicen, a “frenar los cortes de calles”. Además, abrieron cuentas en Twitter y en Instagram para desde allí también colaborar “con una movilización que no sea en las calles, sino promoviendo la participación para enfrentar este drama cotidiano que es no poder circular libremente”.

Según relató el legislador del espacio de Javier Milei, “hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen”.

El plan de acción del movimiento, según explica en su página web, “no es el de una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital”. Allí se anunciarán los piquetes que se realizarán (se estiman alrededor de 700 por año en CABA), el costo que tienen para los ciudadanos y un registro de los mismos, además de la realización de denuncias a organizaciones delictivas.

MAPA es un movimiento para todos los que estamos cansados de que los piquetes no nos permitan transitar libremente.

Tenemos un plan para hacer lo que los políticos no hacen. Sumate a nuestro equipo en https://t.co/GbxUKdtrFM y decile basta a los atropellos

— Movimiento Antipiquetero Argentino (@antipiquetero) March 29, 2022

“Esta agrupación nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren”, explicaron los promotores de la iniciativa a A24.

Como sustento del reclamo contra los piquetes y los cortes de calle, la organización explica que se basa en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 194 del Código Penal, el cual apunta contra aquellos que no respeten la libertad de circulación de terceros.

Según explica en su presentación, esta agrupación nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren.

Los 10 puntos del movimiento antipiquetero son:

Adherimos al liberalismo y por ende al principio de la no violencia y al respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo.

En nuestra defensa de la libertad, entendemos que el derecho a manifestarse es legal y moralmente válido si, y solo si, no ven afectados los derechos de terceros.

Los derechos básicos de todo individuo son el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad. La privación de cualquiera de ellos representa una falta grave contra la comunidad.

Nuestra Constitución y nuestro marco legal es claro con respecto a que la privación del derecho al libre tránsito es un delito, y no comprender esto es ir en contra de la Ley y la Constitución Nacional.

Habiendo infinitos modos de manifestación y formas de expresar demandas, afectar derechos de terceros es inaceptable, y debe caer sobre cada individuo todo el peso de la Ley.

Por sobre la responsabilidad de los individuos en la violación al derecho a la libertad, comprendemos que es aún mayor la de organizaciones cuyo fin único es el de perturbar y generar caos para beneficio privado.

La utilización de individuos a cambio de dinero u otros bienes para engrosar manifestaciones debe ser condenada tanto social como legalmente.

Uno de los delitos más graves que puede cometer un individuo es la utilización y puesta en peligro de menores, perjudicando a terceros para un beneficio privado.

El Estado en sus distintos niveles no puede seguir fomentando la privación de la libertad realizada por piqueteros. Ni piqueteros ni sus asociaciones deben recibir subsidio o ayuda alguna.

El Movimiento Anti Piquetero Argentino ratifica su rechazo a la violencia, a la violación de las libertades y a cualquier otra forma de fascismo camuflado de manifestación legíti