Las oficinas de la dependencia nacional de Anses  ya funcionan en su nueva sede en Firmat, ubicada en la ex Biblioteca de barrio La Patria, sobre Buenos Aires y Ezequiel Zurita. El nuevo espacio permite brindar una atención más cómoda y adecuada para los vecinos, garantizando además la continuidad de este importante servicio en la ciudad. En ese marco, la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini, recorrió las instalaciones y dialogó con autoridades, trabajadores y vecinos.

La puesta en funcionamiento de la sede de la dependencia nacional fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el Gobierno del intendente Leonel Maximino, que desde el primer momento trabajó para preservar este servicio esencial para la ciudad y la región. Además, el Municipio, con fondos propios realizó la inversión para poner en condiciones el local, colaboró con el traslado del mobiliario de a las nuevas oficinas para que la atención pudiera reanudarse en el menor tiempo posible. Como así también con la cesión de un nuevo espacio y el traslado de la Biblioteca Barrio La Patria.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir articulando acciones con los distintos organismos del Estado para acercar servicios de calidad a la comunidad y brindar mejores condiciones de atención a todos los firmatenses.

La economía urbana argentina no logra salir de una etapa de estancamiento que golpea fuertemente a los trabajadores formales. Aunque a primera vista la tasa de desempleo no refleja la gravedad de la situación, las cifras evidencian la crisis.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se registró la destrucción de unos 255.000 empleos asalariados formales en empresas privadas. El desempleo no se dispara porque la población se ve forzada a insertarse en ocupaciones de baja calidad, estimándose que en el mismo período se sumaron unos 450.000 empleos informales, ya sea como asalariados o cuentapropistas no registrados en el Monotributo.

Según reportes del FMI (Staff Report) y análisis del IARAF/ASAP, las jubilaciones y pensiones representarían este año cerca del 46% del gasto primario (casi la mitad), frente al 36,6% en 2023. Esto refleja un cambio estructural: mayor peso previsional por movilidad, envejecimiento poblacional y contracción de otros rubros (subsidios, obra pública).

El gobierno espera que la reforma laboral flexibilice el ingreso de nuevos trabajadores al mercado formal. Mientras tanto, el deterioro no solo disminuye los ingresos en el presente, sino que tiene un impacto directo y devastador en el sistema previsional a mediano y largo plazo, sobre el cual hace foco un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Ante la decisión del gobierno central de no renovar las moratorias previsionales impulsadas por el kirchnerismo, que agudizaron la quiebra del sistema, el acceso a una prestación se ha vuelto sumamente restrictivo para quienes no cuentan con los aportes completos.

Las proyecciones indican que para el año en curso, las nuevas altas jubilatorias experimentarán una caída del 45% en comparación con los números de 2024.

Mientras que las jubilaciones contributivas (aquellas con 30 años de aportes) se mantienen estables en alrededor de 110.000 altas anuales, la cantidad de personas que logran jubilarse sin los aportes suficientes se reducirá de forma drástica.

Para el centro de estudios que dirige Jorge Colina, incluso aquellos que sí logran jubilarse aportando, lo hacen cada vez más bajo la figura del Monotributo, lo que también los condena a percibir el haber mínimo.

Argentina se encuentra amenazada por un doble flanco: la insostenibilidad del sistema de reparto debido a la caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, combinada con la precarización crónica del empleo.

Frente a esta grave perspectiva previsional -y social-, Idesa destaca que es urgente dinamizar la generación de empleos de calidad para aliviar el presente y rescatar las jubilaciones del futuro. Para ello, se proponen tres ejes de acción ineludibles:

Implementar la modernización laboral: Resulta imperioso no solo sancionar, sino instrumentar activamente la ley de modernización laboral, completando aquellos puntos clave que aún no han sido abordados.

Ejecutar una reforma tributaria disruptiva: No es suficiente con reducir impuestos gradualmente a medida que baja el gasto público. Se requieren medidas de fondo, como la creación de un "Súper IVA" que tenga la capacidad de absorber el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre las ventas.

Avanzar con una reforma previsional estructural: Es necesario establecer una nueva regla general en la que el monto de la jubilación sea directamente proporcional a los años de aportes realizados y a la expectativa de vida del beneficiario.

Esta reforma debe incluir la eliminación de los regímenes especiales y la creación de un "complemento solidario" para asistir a aquellas personas que alcancen la edad de retiro sin los años de aporte necesarios.

Idesa plantea la necesidad de un complemento solidario, propuesta enmarcada dentro de la reforma previsional. Consiste en una herramienta de asistencia destinada específicamente a aquellas personas que llegan a la edad de retiro con pocos años aportados al sistema.

Esta iniciativa surge de la propuesta de establecer una nueva regla general para el sistema jubilatorio, en la cual el monto de la jubilación sea directamente proporcional a los aportes efectivamente realizados y a la expectativa de vida del beneficiario.

En este esquema, que también incluye la eliminación de los regímenes especiales, el complemento solidario actuaría como una red de contención económica para quienes, debido a la alta informalidad laboral, no lograron acumular los requisitos mínimos de aportes durante su trayectoria de trabajo.

La eliminación de regímenes especiales es parte de la propuesta de Idesa. Esta medida forma parte de la iniciativa de establecer una nueva regla general para todo el sistema, en la cual el monto de la jubilación pase a ser estrictamente proporcional a los aportes realizados durante la vida laboral y a la expectativa de vida del beneficiario.

Al eliminar estos regímenes "de privilegio o diferenciales", el sistema buscaría equilibrarse introduciendo a la par un "complemento solidario" destinado a asistir únicamente a aquellas personas que alcancen la edad de retiro con pocos años aportados

Luego de que la ANSES comunicara que la ex presidenta Cristina Kirchner comenzará a percibir una pensión mensual bruta de 15.683.154,06 a partir de agosto, el Gobierno nacional dispuso que implementará dos descuentos sobre dicho total, en virtud de una medida cautelar emitida por la Justicia.

El Gobierno decidió que dejará de abonarle a la ex presidenta "el pago del adicional por zona austral".

Recientemente, el organismo previsional informó a la Justicia que restablecerá provisoriamente uno de los beneficios que Cristina Kirchner gozó hasta noviembre de 2024, los cuales habían sido suspendidos tras su condena en la causa Vialidad.

A raíz de esta situación, a Cristina Kirchner se le estaban haciendo deducciones por las contribuciones a la obra social e impuesto a las ganancias.

Producto de esta decisión judicial, el Gobierno decidió que dejará de abonarle a la ex presidenta "el pago del adicional por zona austral", con el argumento de que ella se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal.

Además, se le descontará una suma mensual de $3.136.630,81 hasta alcanzar un total de $660.052.338,87, monto que se considera que fue percibido indebidamente durante años.

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner recibió dos asignaciones bajo la Ley 24.018, que regula los beneficios de expresidentes y exvicepresidentes.

Una de estas asignaciones correspondía a su jubilación como ex presidenta, y la otra era una pensión por la muerte de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Ambos ingresos fueron suspendidos luego de que ella fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En cuanto a los argumentos del Gobierno y la prolongada disputa en la Corte, la ANSES informó que cumplirá con la medida cautelar que dispone el restablecimiento del beneficio, pero ratificó que sigue en curso el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar dar vuelta esa decisión.

El organismo sostiene que Cristina Kirchner no debería recibir un régimen previsional privilegiado dada su condena firme por delitos contra la administración pública.

En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente su apelación ante la Corte Suprema para anular la medida cautelar.

El Gobierno asegura que intentará todos los caminos judiciales para evitar que la expresidenta reciba una asignación excepcional, considerando que la Ley 24.018 reconoce este régimen como un reconocimiento al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", condiciones que consideran incompatibles con su condena firme por corrupción.

El ministerio de Economía de la Nación se atrasó un mes en el pago de cuotas por distintos acuerdos con las provincias, por deudas previsionales. En junio la Casa Rosada no pagó la cuota prevista en convenios parciales surgidos tras los juicios tramitados, en distintos momentos y oportunidades, por Santa Fe, Córdoba y La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pago postergado coincide nada casualmente con la obligación salarial del pago del medio aguinaldo de junio. Y con los montos en cuestión, desde el Palacio de Hacienda se cumple ahora en julio con la cuota correspondiente a ese mes.

En pocas palabras, la administración central del país se ha financiado (al menos en parte) para sus pagos corrientes de junio con los pagos que debía efectuar en tiempo y forma según lo convenido.

Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín

El asunto no tendría más repercusiones que las propias de una anécdota, si no fuera porque a las provincias en cuestión les cae entonces el costo de la financiación. Sobre todo en aquellas que para sus desembolsos constantes y presupuestados requieren de alguna ayuda extra.

El tema del atraso no causó desvelos en la Casa Gris santafesina, y aparentemente tampoco en la sede gubernamental de Córdoba, pero sí fue hecho público -con impacto- en La Pampa.

Este 8 de julio, Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda pampeano, informó que el gobierno nacional no transfirió la cuota correspondiente al acuerdo firmado ante la Corte Suprema de Justicia.

La cuota es parte del convenio firmado a fines de 2025.

En Pampa Diario se reproducen declaraciones del funcionario, que forma parte del gabinete del gobernador justicialista Sergio Ziliotto, quien destacó que se hizo "por nota un reclamo formal" la semana pasada y también advirtió que "sigue cayendo la recaudación".

La cuota es parte del convenio firmado a fines de 2025 en el marco del reclamo judicial por la deuda previsional que la ANSES mantiene con la provincia. (La misma situación en que se encuentran las provincias de Santa Fe y Córdoba).

Lo firmado entre funcionarios pampeanos y nacionales "establece un pago inicial de $2.500 millones y luego 12 cuotas mensuales de $5.000 millones, a partir de enero de 2026, para comenzar a cancelar la deuda previsional que la ANSES mantiene con la provincia. El acuerdo fue posteriormente ratificado por la Cámara de Diputados de La Pampa", añade la información.

Bisterfeld habló de "números que realmente son muy preocupantes" y describió: “La coparticipación cayó un 8,5% y el IVA disminuyó por noveno mes consecutivo, lo que es un fiel reflejo de la caída de la actividad económica”

"Si comparamos con el año pasado, la caída de recursos durante el primer semestre es de casi 30.000 millones de pesos. Pero si la comparación es con 2023, que fue el último año normal —recordemos que cuando asumió Milei hubo una devaluación del 114%, lo que impactó fuertemente en la actividad económica—, la caída alcanza casi los 100.000 millones de pesos en el semestre", mensuró.

En el mismo tren de comparaciones entre lo que sucede en esa provincia y la situación santafesina vale la pena observar otra diferencia: "esto ha impactado en la construcción de obra pública", admitió el ministro de economía pampeano.

Reconoció que "hoy el nivel de obra pública que tiene el Gobierno de La Pampa no es el histórico ni el deseable, pero lamentablemente es el que financieramente se puede afrontar con recursos propios". Más adelante subrayó que no se paralizaron las obras ya iniciadas.

El funcionario pampeano además comentó que ha debido echar mano al fondo anticíclico que, "prácticamente ha desaparecido debido a la enorme deuda que la Nación mantiene con La Pampa, que ronda los 400.000 millones de pesos".

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe resolvió participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en el ámbito de la gestión pública y fiscal de la República Argentina. La decisión se tomó contrarreloj, a pocas horas de que venciera el plazo límite de la prórroga dispuesta por la Casa Rosada.

El REOR fue creado a fines de 2024 (mediante el Decreto N° 969/24) con el propósito de compensar y extinguir deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional y las distintas provincias incluida CABA.

Santa Fe había decidido no participar, en principio, por entender que el Estado nacional era deudor de la provincia e ingresar al sistema significaría habilitar al gobierno nacional pagos en bonos o en especies de esa deuda. Ahora, el gobierno provincial adhirió tras ser incluido por el presidente Javier Milei entre las provincias receptoras de anticipos financieros para el presente ejercicio.

Para Santa Fe, la adhesión al REOR le puede permitir tomar los hasta $400.000.000.000 de anticipo financiero e incluirlo en el sistema. En principio, el objetivo es solicitar un primer anticipo de $300.000.000.000 y en caso de ser necesario en el segundo semestre la cifra restante.

Pablo Olivares encabezará la negociación con Nación por el esquema de compensaciones. Foto: Manuel Fabatia.

En las próximas horas el gobernador Pullaro firmará un decreto delegando en el ministro de Economía, Pablo Olivares, la negociación con el gobierno nacional del régimen de compensación.

El Decreto N° 969 del 30 de octubre de 2024 creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o CABA con el objetivo de facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y ordenar la relación fiscal interjurisdiccional, permitiendo que las provincias y la Nación limpien deudas mutuas de diversa índole. "Se busca resolver administrativamente reclamos económicos históricos para evitar o cerrar juicios entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones", se había señalado en Casa Rosada cuando se dictó el instructivo.

Además de las compensaciones netas de partidas presupuestarias, el decreto contempló la incorporación de bienes inmuebles del Estado Nacional para ser utilizados como parte de pago en estas operaciones. En este sentido, según pudo saber El Litoral, Santa Fe ya tiene un listado de bienes inmuebles que aceptaría recibir del Estado nacional en compensación de deudas.

La autoridad encargada de tramitar estos acuerdos y auditar los saldos es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Santa Fe tiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deuda previsional, hoy suspendido por 180 días, debido a las negociaciones llevadas adelante con Anses y que desembocaron en el pago mensual a cuenta mientras avanzan las conversaciones de reconocimiento sobre el déficit previsional santafesino. A propósito de esto ya hubo avances sobre el cruce de números del ejercicio 2020.

Santa Fe podrá gestionar anticipos financieros por hasta $400.000 millones.

Fueron 18 las jurisdicciones que adhirieron en primera instancia al régimen y firmaron sus respectivas cartas de intención o convenios. Entre Ríos fue la primera en suscribir el entendimiento a través de su gobernador Rogelio Frigerio.

Luego, el gobierno nacional amplió en 60 días hábiles el plazo de sumarse al programa debido a que ni Santa Fe, ni Córdoba, ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, ni La Rioja y Formosa habían dado el ok.

El tema de sumarse o no al régimen fue motivo de charlas varias de gobernadores en encuentro bilaterales o de reuniones en conjunto. Fueron varios los mandatarios que aconsejaron a Pullaro no dejar de lado la posibilidad de buscar un entendimiento con Nación e incluso tener la posibilidad de sumarse a los anticipos financieros.

El decreto 474 del pasado 17 de junio. firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

La Provincia también analiza recibir inmuebles nacionales como parte de compensación.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

Vale señalar que al momento del decreto, Entre Ríos ya había tenido un anticipo financiero del Estado Nacional.

Durante la última sesión, en la Cámara de Diputados fue votado un pedido de informes motorizado por el justicialista Walter Agosto donde solicita "informe si la provincia ha adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y en su caso mediante qué acto administrativo y remita los instrumentos a través de los cuales ha formalizado dicha adhesión".

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado durante julio de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos y compensar el impacto que tuvieron las modificaciones previas en la fórmula de movilidad jubilatoria. El bono se suma a los haberes mensuales y tendrá carácter extraordinario.

La normativa establece que el beneficio alcanzará a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales abonadas por Anses.

El decreto dispone que quienes perciban ingresos equivalentes o inferiores a una jubilación mínima recibirán el monto completo de $70.000. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo previsional accederán a un bono proporcional, cuyo valor será el necesario para completar el equivalente a una jubilación mínima más el refuerzo extraordinario.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca focalizar la ayuda en quienes tienen menores ingresos dentro del sistema previsional. Además, se aclaró que el beneficio será liquidado por titular y que, en el caso de las pensiones compartidas, se considerará a todos los copartícipes como un único beneficiario a los efectos del cobro del bono.

Para acceder al refuerzo, los beneficios deberán encontrarse vigentes al momento de la liquidación correspondiente al mes de julio. El bono no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios y será depositado junto con los haberes habituales.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que desde julio de 2024 los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Según el texto oficial, esa modificación buscó evitar el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente al aumento sostenido de los precios.

El Gobierno sostuvo además que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 generó un desfase entre la evolución de los haberes y la inflación, situación que, según la argumentación oficial, afectó especialmente a los jubilados de menores ingresos.

Por ese motivo, indicó que desde comienzos de 2024 se implementaron distintos bonos y ayudas extraordinarias para complementar los ingresos previsionales.

En ese marco, el decreto señala que el bono de julio de 2026 constituye una compensación destinada a sostener el poder de compra de las prestaciones más bajas del sistema. La medida se financiará mediante adecuaciones presupuestarias que serán realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Otro aspecto destacado es que el refuerzo tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no estará sujeto a descuentos ni será computado para el cálculo de otros conceptos previsionales o asistenciales. Asimismo, Anses quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, control y pago del beneficio.

El Gobierno nacional confirmó este viernes el pago de un nuevo bono extraordinario previsional destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales administradas por la ANSES. La medida fue oficializada mediante el Decreto 399/2026 publicado en el Boletín Oficial y establece un refuerzo económico de hasta $70.000 que se abonará durante el mes de junio.

La decisión busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo. Según detalla la norma, el beneficio alcanzará principalmente a quienes perciben jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De acuerdo al decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicado oficialmente este 29 de mayo, el bono extraordinario previsional tendrá un monto máximo de $70.000 y será abonado junto con los haberes de junio.

El texto oficial señala que el refuerzo está dirigido a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.

Titulares de la PUAM.

Personas que cobran pensiones graciables pagadas por ANSES.

La medida también incluye a beneficiarios de antiguos regímenes previsionales nacionales y cajas transferidas a la Nación.

Según se especifica en el decreto, quienes perciban ingresos equivalentes al haber mínimo jubilatorio recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos cuyos haberes superen la jubilación mínima cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

Es decir, el bono será variable y decreciente según el nivel de ingresos de cada beneficiario. De esta manera, se busca focalizar la ayuda en quienes tienen menores recursos dentro del sistema previsional.

Otro punto importante es que el bono tendrá carácter “no remunerativo”, por lo que no sufrirá descuentos ni será tenido en cuenta para otros conceptos de cálculo previsional.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la decisión apunta a “mantener el poder adquisitivo” de las prestaciones previsionales y compensar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

El texto oficial recuerda que durante los últimos años fue necesario otorgar bonos extraordinarios de manera mensual para sostener los ingresos de jubilados y pensionados de menores recursos.

Además, el Gobierno cuestionó la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente desde 2021, al considerar que “no contemplaba adecuadamente la variación de precios” y generaba un desfase entre la inflación y la actualización de haberes.

En ese sentido, el decreto menciona que desde julio de 2024 las jubilaciones comenzaron a actualizarse mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tras los cambios implementados mediante el Decreto 274/2024.

A pesar de esa modificación, el Ejecutivo sostuvo que todavía resulta necesario continuar otorgando ayudas complementarias para jubilados de menores ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de implementar la medida y dictar las normas complementarias necesarias para garantizar el pago del beneficio.

El decreto también aclara que, en el caso de las pensiones compartidas entre varios copartícipes, el beneficio será considerado como correspondiente a un único titular a los fines del cobro del bono extraordinario.

Con esta nueva asistencia económica, el Gobierno intenta sostener el ingreso real de millones de jubilados y pensionados en medio de un escenario económico todavía marcado por la suba de precios y la caída del consumo.

Este jueves, el Tesoro provincial recibió el pago de la primera de las doce cuotas comprometidas por ANSES en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.

Se trata de un partida de $10.000.000.000 correspondiente a mayo, de acuerdo al convenio firmado oportunamente por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello y que fuera ratificado por la Legislatura santafesina.

En tanto, trascendió que comenzaron a intercambiar información entre ANSES y la Caja de Jubilaciones de la provincia a instancias de la Secretaría de Seguridad Social para calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025.

El giro de la primera cuota fue confirmada a El Litoral por fuentes del equipo económico y también de ANSES.

El convenio firmado por Pullaro y Pettovello y convalidado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de ANSES; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.

El convenio entre las partes fue aprobado, por unanimidad en el Senado, mientras que en Diputados ya que el interbloque justicialista de Juntos Avancemos que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.

La Municipalidad de Firmat anuncia oficialmente que se ha logrado el objetivo prioritario trazado desde el primer momento: la oficina de ANSES se queda en la ciudad. Tras un intenso proceso de trabajo, ya se encuentra firmado el contrato correspondiente y, en cuanto el organismo nacional lo disponga, las dependencias dejarán el trailer y se mudarán a su nuevo edificio (la ex Biblioteca del Barrio La Patria, en Ezequiel Zurita y Buenos Aires) para continuar brindando atención a todos los vecinos.

Este trascendental logro es el resultado directo de las incansables gestiones institucionales llevadas adelante por el Gobierno Municipal. Desde el primer día en que se planteó la situación, la administración local asumió el compromiso inquebrantable de defender este espacio de atención pública, entendiendo el valor estratégico e indispensable que significan sus prestaciones para Firmat y toda la región.

"Pasó lo que nos propusimos desde el primer día: que ANSES se quede en Firmat", destacó el intendente Municipal Leonel Maximino.

Con la firma del contrato, se garantiza la permanencia en el territorio de un servicio clave, evitando el desarraigo de los trámites de la seguridad social y facilitando el acceso directo a los derechos de los ciudadanos.

A través de este logro, el Gobierno de la ciudad “reafirma su premisa de gestión en la articulación de los diferentes órganos del estado, demostrando una vez más que trabajando unidos podemos lograr todo lo que nos propongamos”, destacaron.

La Municipalidad de Firmat anunció oficialmente que se ha logrado el objetivo prioritario trazado desde el primer momento: la oficina de Anses se queda en la ciudad. 

“Tras un intenso proceso de trabajo, ya se encuentra firmado el contrato correspondiente y, en cuanto el organismo nacional lo disponga, las dependencias dejarán el trailer y se mudarán a su nuevo edificio (la ex Biblioteca del Barrio La Patria, en Ezequiel Zurita y Buenos Aires) para continuar brindando atención a todos los vecinos”, expresaron desde el gobierno local.

Este trascendental logro “es el resultado directo de las incansables gestiones institucionales llevadas adelante por el Gobierno Municipal. Desde el primer día en que se planteó la situación, la administración local asumió el compromiso inquebrantable de defender este espacio de atención pública, entendiendo el valor estratégico e indispensable que significan sus prestaciones para Firmat y toda la región”, ampliaron.

"Pasó lo que nos propusimos desde el primer día: que Anses se quede en Firmat", destacó el intendente Municipal Leonel Maximino.Con la firma del contrato, se garantiza la permanencia en el territorio de un servicio clave, evitando el desarraigo de los trámites de la seguridad social y facilitando el acceso directo a los derechos de los ciudadanos.A través de este logro, “el gobierno local reafirma su premisa de gestión en la articulación de los diferentes órganos del estado, demostrando una vez más que trabajando unidos podemos lograr todo lo que nos propongamos”.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La suba será del 2,58% y se definió a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta actualización, también se modificarán los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otros beneficios sociales que paga el organismo previsional.

La nueva movilidad comenzará a regir desde junio y se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El incremento responde al esquema de actualización mensual vigente desde 2024, que toma como referencia la inflación publicada por el Indec.

Según las estimaciones difundidas tras conocerse el IPC de abril, la AUH pasará a ubicarse en $144.960 por hijo. Sin embargo, como ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación, el pago mensual directo será de $115.968.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto ascenderá a $472.007, mientras que el valor percibido mensualmente será de $377.605 tras aplicarse la retención correspondiente.

El aumento también impactará sobre el SUAF, que perciben trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos alcanzados por asignaciones familiares. Para el primer rango de ingresos, la asignación por hijo quedará en aproximadamente $72.488 desde junio.

Además, se actualizarán otros beneficios vinculados al sistema de asignaciones familiares:

Asignación por hijo con discapacidad: $236.013.

Prenatal: $72.488.

Asignación por nacimiento: $84.495.

Pago único por adopción: $505.168.

Asignación por matrimonio: $126.513.

Asignación por cónyuge: $17.588.

Junto con los montos, ANSES también modificará los topes de ingresos permitidos para acceder al SUAF. De acuerdo con las proyecciones difundidas, el límite individual rondará los $2,97 millones, mientras que el tope del grupo familiar superará los $5,94 millones.

La actualización de junio se determinó luego de que el Indec informara que la inflación de abril fue del 2,6%. Sin embargo, ANSES tomará el valor técnico exacto con dos decimales, lo que finalmente arroja un incremento de 2,58%.

El actual sistema de movilidad mensual se aplica a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El mecanismo fue implementado a través del Decreto 274/2024 y establece que los aumentos se calculen utilizando el índice inflacionario publicado dos meses antes.

Además de AUH y SUAF, el incremento alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En junio también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año para jubilados y pensionados. A su vez, el Gobierno mantendría el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.

Especialistas en temas previsionales señalaron que el nuevo esquema busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones frente a la inflación, aunque remarcan que el impacto real depende de la evolución de precios y de la continuidad de los bonos complementarios.

Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar fechas de cobro, montos y liquidaciones a través de la plataforma Mi ANSES y de los canales oficiales del organismo. También recomendaron mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras o inconvenientes en las acreditaciones.

La oficialización de los nuevos valores se concretará en los próximos días mediante resoluciones que serán publicadas en el Boletín Oficial. Allí quedarán confirmados los montos definitivos y las escalas actualizadas que comenzarán a pagarse durante junio.

Las jubilaciones y pensiones del sistema general de Anses tendrán en junio un nuevo incremento mensual. La actualización será del 2,58%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, informado por el Indec.

Con este reajuste, el haber mínimo quedará en $403.318 brutos, mientras que el haber máximo será de $2.713.948. Una vez descontado el aporte correspondiente al PAMI, los montos de bolsillo serán de aproximadamente $391.218 para quienes perciben la mínima y de $2.563.211 para quienes cobran el haber máximo.

Para los jubilados y pensionados que cobran el ingreso básico, al haber mensual se sumará el bono de $70.000 que el Gobierno viene otorgando cada mes. Con ese refuerzo, el ingreso mínimo quedará en $473.318 brutos y en $461.218 netos.

Sin embargo, el bono no se actualiza por inflación y permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Además, su pago depende de una decisión mensual del Poder Ejecutivo, por lo que no forma parte del esquema automático de movilidad.

Por esa razón, si el refuerzo vuelve a pagarse por el mismo monto en junio, la mejora real para quienes cobran la mínima no será del 2,58%, sino del 2,19%, ya que una parte del ingreso total permanece sin actualización.

El sexto mes del año tendrá un componente adicional para los beneficiarios previsionales: el pago del medio aguinaldo. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el ingreso total de junio llegará a $674.977 brutos y a $656.828 de bolsillo, luego del descuento del aporte al PAMI.

Para quienes perciben el haber máximo, el total con aguinaldo será de $4.070.922 brutos y de $3.844.816 netos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará en junio a $322.654. Con el bono de $70.000, el monto será de $392.654, y con el medio aguinaldo alcanzará los $553.982 brutos.

En tanto, las pensiones no contributivas por discapacidad quedarán en $282.323. Sumadas al bono y al aguinaldo, el ingreso total de junio será de $493.484.

El aumento del 2,58% también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones familiares que cobran trabajadores registrados y monotributistas. La AUH será de $144.931 por hijo menor de 18 años y de $471.914 por hijo con discapacidad.

El esquema vigente establece actualizaciones mensuales de los haberes previsionales según la inflación medida por el Indec. En el primer semestre, el incremento nominal de las jubilaciones, sin contar el bono, será del 18,3%, un porcentaje que se ubica en línea con la inflación estimada para el mismo período.

De todos modos, el refuerzo de $70.000 vuelve a quedar en el centro del debate: representa una parte clave del ingreso de quienes cobran la mínima, pero al no actualizarse automáticamente, pierde peso frente al avance de los precios.

Desde el municipio de Firmat vuelven a hacer público un reclamo que llevan desde el año pasado cuando Anses dejó de tener una sede inmueble en la ciudad.

 Tras innumerables gestiones e incluso instancias de intimación, la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini, contó que el municipio recibió el pasado viernes un correo electrónico oficial donde el organismo nacional confirma que hará uso del inmueble municipal ofrecido hace más de 24 meses.

Sin embargo, para que esta mudanza sea efectiva, el municipio advierte que falta un paso administrativo crucial: la firma del comodato. Este documento es el que permitirá formalizar la situación legal y habilitar que las oficinas se instalen en la ex Biblioteca de Barrio La Patria , un espacio que ya ha sido acondicionado íntegramente con recursos municipales.

En este sentido, Pellegrini enfatizó la urgencia de agilizar este trámite para que los vecinos de Firmat y la región dejen de ser atendidos a la intemperie, habiendo ya sufrido las altas temperaturas del verano y enfrentando ahora el inicio del frío. El objetivo central del reclamo es que las autoridades nacionales concreten la firma del convenio a la brevedad, garantizando así un ámbito de atención de calidad y con las comodidades que la comunidad merece.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en mayo. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional, en un contexto de alta inflación y cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.

El anuncio se formalizó mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se detallan los alcances, condiciones y beneficiarios de esta asistencia económica que será liquidada junto con los haberes del mes próximo.

El bono extraordinario está dirigido a un amplio universo de beneficiarios del sistema previsional argentino. Según lo establecido en la normativa, alcanzará a jubilados y pensionados del sistema contributivo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y personas que perciben pensiones no contributivas, como las otorgadas por invalidez o a madres de siete hijos o más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será el organismo encargado de implementar el pago, que se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El monto máximo del bono será de $70.000, aunque no todos los beneficiarios recibirán esa cifra completa. En el caso de quienes perciben el haber mínimo, el bono se abonará en su totalidad. En cambio, para aquellos que cobran por encima del mínimo, el monto será variable y se ajustará hasta alcanzar un tope determinado por la normativa.

Este esquema busca focalizar la ayuda en los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional, priorizando a quienes más han visto afectada su capacidad de compra en los últimos meses.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que la medida responde a la necesidad de mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En particular, se hace referencia a los problemas que generó la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, que no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios.

En ese sentido, se recuerda que desde julio de 2024 se implementó un nuevo mecanismo de actualización de haberes, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con ajustes mensuales. Sin embargo, el bono se presenta como una herramienta adicional para compensar los desfasajes acumulados.

El texto oficial subraya que esta asistencia económica ya se viene otorgando de manera sostenida desde comienzos de 2024, como parte de una política destinada a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores recursos.

El decreto establece una serie de condiciones para acceder al bono. En primer lugar, los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se realice la liquidación, es decir, en mayo de 2026.

Además, se aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, lo que implica que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para el cálculo de otros conceptos. Tampoco se integrará al haber mensual, sino que se trata de un pago extraordinario.

En el caso de las pensiones compartidas, donde existen varios copartícipes, el beneficio será considerado como correspondiente a un único titular, independientemente de la cantidad de personas que perciban la prestación.

El Gobierno nacional oficializó la apertura de la inscripción para el programa de asistencia “Vouchers Educativos” correspondiente al ciclo 2026 y, en paralelo, introdujo modificaciones en su reglamento general. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La decisión establece que las familias interesadas podrán anotarse hasta el 30 de abril, en el marco de una política que busca acompañar el pago de cuotas en instituciones educativas de gestión privada que reciben aporte estatal.

El programa de vouchers educativos fue creado en 2024 como una prestación temporaria destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de financiamiento estatal.

Entre los requisitos principales se establece que el ingreso familiar no debe superar el equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, un criterio que delimita el universo de beneficiarios en función de su situación socioeconómica.

La asistencia consiste en un aporte económico destinado a aliviar el costo de las cuotas escolares. Si bien la normativa no detalla en este punto los montos actualizados, el programa se encuadra dentro de una estrategia más amplia de acompañamiento a familias que optan por la educación privada con subsidio estatal.

La implementación del programa queda a cargo de la Secretaría de Educación, que además tiene la facultad de dictar normas complementarias, celebrar convenios y ajustar los aspectos operativos necesarios para su ejecución.

En este sentido, la resolución también confirma la intervención de distintas áreas técnicas y de control, como auditorías internas y dependencias administrativas, que participaron en la validación del nuevo esquema.

Para realizar el proceso, primero se debe estar estar registrado en MiArgentina

Registro en la plataforma: Ingresá al sitio oficial de Vouchers Educativos (voucherseducativos.educacion.gob.ar). Si no tenés usuario, deberás crear uno utilizando tu CUIL y una contraseña segura.

Carga de datos del responsable: Completá el formulario con la información del adulto que solicita la prestación. Es vital verificar que el CBU cargado en Mi Argentina coincida con el declarado aquí.

Encuesta socioeconómica: Respondé las preguntas sobre la situación laboral y habitacional del grupo familiar

Datos de los menores: Ingresá el CUIL de cada hijo en edad escolar. El sistema cruzará datos automáticamente con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Selección del colegio: Buscá tu institución en el listado oficial por nombre o número de DIEGEP (en el caso de PBA). Recordá que el colegio debe tener al menos el 75% de subsidio para que la solicitud sea válida.

Por último, hacé clic en “Finalizar la inscripción”.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la modificación del reglamento general del programa, aprobado originalmente en 2024 y ya actualizado en distintas oportunidades.

El texto oficial señala que estos cambios responden a la necesidad de adecuar el funcionamiento del programa a la convocatoria 2026, aunque los detalles específicos de las modificaciones se incluyen en un anexo que acompaña la normativa.

Desde el punto de vista administrativo, la actualización del reglamento busca ajustar los procedimientos de inscripción, evaluación y asignación del beneficio, así como los mecanismos de control y seguimiento.

La convocatoria formalizada ahora habilita el proceso de inscripción para este año, en línea con la continuidad de una política que el Gobierno mantiene desde su creación. La medida se enmarca en las facultades otorgadas a la Secretaría de Educación por la normativa vigente que regula la estructura del Ministerio de Capital Humano.

Asimismo, el texto deja constancia de que la decisión fue tomada con intervención de los servicios jurídicos correspondientes y áreas técnicas del Estado, en cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

El Gobierno nacional formalizó un nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en abril de 2026. La medida fue oficializada a través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y responde a la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el marco del esquema de movilidad vigente.

Según lo dispuesto por la Resolución 74/2026, el incremento de los haberes previsionales será del 2,9%, en línea con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a febrero.

Con este ajuste, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $380.319,31, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.559.188,80.

La actualización forma parte del nuevo esquema de movilidad que establece aumentos mensuales atados a la evolución de los precios, reemplazando el sistema anterior de incrementos trimestrales.

Este mecanismo fue implementado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la fórmula vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Desde el organismo previsional indicaron que el objetivo de este esquema es acompañar el ritmo de la inflación y evitar el deterioro del poder adquisitivo de los beneficiarios, aunque en la práctica el impacto depende de la evolución de los precios en los meses siguientes.

La resolución también establece nuevos valores para otras prestaciones clave del sistema previsional. En ese sentido, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $173.978,72, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $304.255,45 a partir de abril.

Además, se actualizaron las bases imponibles que se utilizan para calcular los aportes al sistema. La base mínima será de $128.091,45, mientras que la máxima se ubicará en $4.162.912,57.

Estos valores son relevantes tanto para trabajadores en actividad como para quienes se encuentran en proceso de jubilarse, ya que impactan directamente en el cálculo de los haberes futuros.

Por otra parte, la normativa también contempla la actualización de las remuneraciones de aquellos afiliados que cesen en su actividad laboral a partir del 31 de marzo de 2026 o que inicien su trámite jubilatorio desde abril, aplicando índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

El actual sistema de movilidad previsional establece que los haberes se actualicen mensualmente de acuerdo con la variación del IPC nacional publicado por el INDEC. Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 y representa un cambio significativo respecto de los ajustes anteriores.

La lógica detrás de esta fórmula es que los ingresos de jubilados y pensionados acompañen, con menor rezago, la evolución de los precios. Sin embargo, especialistas advierten que, en contextos de alta inflación, los aumentos pueden quedar por detrás de las necesidades reales si los incrementos se calculan sobre índices pasados.

En este escenario, el aumento del 2,9% para abril refleja la desaceleración inflacionaria observada en febrero, aunque su impacto en el bolsillo dependerá de la evolución de los precios en marzo y abril, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este viernes 27 de marzo, luego de los feriados del lunes y martes, en una semana corta.

Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Cómo siguen los pagos:

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Cómo siguen los pagos:

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril

Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:

El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario para la Asignación por Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a acompañar a las familias frente a los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo.

La decisión establece que se otorgará, por única vez, un monto adicional que completará la suma necesaria para que cada beneficiario reciba al menos $85.000 por hijo escolarizado. En caso de que la asignación ya alcance o supere esa cifra, no corresponderá el pago del refuerzo.

La Asignación por Ayuda Escolar Anual forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley 24.714. Está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, del Seguro de Desempleo, monotributistas y también a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

El objetivo de esta prestación es contribuir con los gastos derivados del comienzo de clases en los niveles inicial, primario y secundario, así como en establecimientos de educación diferencial, tanto de gestión estatal como privada.

El nuevo decreto establece que el refuerzo será equivalente a la diferencia entre el monto que resulte de la asignación y la suma de $85.000. Es decir, si el beneficio determinado para un titular fuera menor a ese valor, el Estado completará el monto hasta alcanzar esa cifra.

Por ejemplo, si la asignación calculada fuera de $70.000, el refuerzo será de $15.000. En cambio, si el monto ya es igual o superior a $85.000, no habrá pago adicional.

La medida tiene carácter extraordinario y se aplicará únicamente en marzo de 2026, junto con el pago masivo de la Ayuda Escolar.

En los considerandos del decreto se señala que el Estado nacional tiene como uno de sus objetivos principales la protección de la ciudadanía mediante políticas públicas que garanticen las prestaciones de la seguridad social.

El texto oficial subraya que el inicio del ciclo lectivo representa un impacto económico significativo para las familias, debido a los gastos en útiles escolares, indumentaria, materiales y otros elementos necesarios para la escolaridad.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo consideró pertinente otorgar un refuerzo adicional para fortalecer el acompañamiento estatal y asegurar que el monto percibido no sea inferior al establecido en años anteriores.

Asimismo, se dispuso que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) serán los encargados de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación del decreto.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, por su parte, realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida.

El pago de la Ayuda Escolar Anual se realiza habitualmente en marzo, coincidiendo con el inicio de clases en la mayoría de las jurisdicciones del país. Para muchos hogares, representa un ingreso clave en un mes de alta demanda de gastos.

La decisión de fijar un piso de $85.000 busca dar previsibilidad y reforzar el ingreso en un momento del año particularmente sensible desde el punto de vista económico.

El beneficio se otorga por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de alumnos con discapacidad, no hay límite de edad siempre que asistan a instituciones donde se imparta educación diferencial.

Desde el Gobierno señalaron que la medida forma parte de una política de sostenimiento de las prestaciones sociales vigentes, en el marco del régimen de asignaciones familiares.

Con la entrada en vigencia del decreto a partir de su publicación en el Boletín Oficial, queda formalizado el esquema de pago para marzo de 2026. Ahora resta que ANSES informe el cronograma detallado de acreditación, como ocurre habitualmente según la terminación del DNI de los titulares.

De esta manera, la Ayuda Escolar 2026 incorporará un refuerzo excepcional que garantizará un monto mínimo por beneficiario, en un contexto donde el acompañamiento estatal resulta clave para muchas familias argentinas al momento de afrontar el comienzo del año escolar.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.

La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados "caso por caso" y en forma "difusa".

El nuevo texto deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los tres actuales integrantes de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

Y establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.

El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que "el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida.

El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

En realidad, la norma viene a fijar algo que, en alguna medida, ya ocurría en los hechos. La jurisprudencia de la Corte no opera como una imposición para los tribunales inferiores, pero sí como un parámetro orientativo, en la medida en que permite conocer de antemano cuál será la resolución de la causa cuando llegue a la instancia final.

En función de ello, contradecir el criterio ya establecido por el Máximo Tribunal implica arriesgarse a un prácticamente seguro rechazo, siempre y cuando las circunstancias entre un caso y el precedente sean coincidentes o equiparables, y no existan argumentos diferenciados en el abordaje.

Sería una suerte de versión autóctona del Stare decisis (en latín, "mantenerse firme en lo decidido") del derecho anglosajón que obliga a los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos anteriores, especialmente los de tribunales superiores. Esto garantiza la predictibilidad, consistencia y equidad en el sistema legal.

Claro que esto que ahora impulsa el oficialismo no se corresponde con el comportamiento tradicional del propio Estado que, tal como expresara en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sistemáticamente apela todas las sentencias favorables a jubilados de Anses, aún a sabiendas de que se topará con un rechazo, y más como una maniobra dilatoria.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

“El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, sostuvo oportunamente el magistrado. Y añadió: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo. Funciona así”.

En una entrevista con El Litoral, Rosatti recordó en su momento que la obligatoriedad de los criterios de la Corte estaba en la Constitución de 1949. “La Corte unificaba la interpretación en temas constitucionales, y operaba como una especie de casación”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que actualmente “en esto no hay unanimidad. Un sector de la doctrina, e incluso de la judicatura, reivindica la independencia de criterio de los jueces. Eso se advierte como una especie de garantía. Para otros el sistema tiene que funcionar integrado, si es un sistema. De todos modos, en el caso de la Argentina la cuestión está muy dispersa”.

En otra entrevista, al ser consultado sobre la eventual inclusión de una cláusula que establezca que los fallos de la Corte sean de cumplimiento obligatorio, afirmó: “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”.

Y agregó que, si el máximo tribunal avalara esa norma, “ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”.

Otro integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fijó postura en una de sus obras (“Teoría de la decisión judicial”), donde se refiere a la obligación que tienen todos los tribunales de adecuar sus pronunciamientos a situaciones idénticas a las que se hubiesen presentado con anterioridad en la justicia.

En ese sentido, la sitúa como el segundo de los tres controles que debe hacer el juez, luego de considerar la norma ajustable al caso: jerarquía normativa, resoluciones dictadas con anterioridad, consecuencias del pronunciamiento.

Entre quienes se expresaron ahora sobre ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA, para quien la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Archivo El Litoral.

“El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó, en declaraciones publicadas por Infobae.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, también de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales.

La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los haberes jubilatorios y prestaciones previsionales que regirá desde marzo de 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que establece los nuevos montos mínimos y máximos del sistema en base a la movilidad mensual vinculada a la inflación.

Según la Resolución 38/2026, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.600,88 a partir de marzo.

El incremento responde a la aplicación del esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de manera mensual de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El cálculo toma como referencia el dato de inflación correspondiente a enero de 2026, que determinó una movilidad del 2,88%. Este mecanismo deriva del decreto que modificó la fórmula previsional y estableció actualizaciones mensuales basadas en la evolución de los precios.

En paralelo, la normativa fijó el nuevo haber máximo del sistema previsional, que ascenderá a $2.487.063,95. De esta manera, se actualizan los límites del sistema en línea con el mismo criterio aplicado al haber mínimo.

La resolución también establece nuevos valores para las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para el cálculo de aportes y contribuciones.

Desde marzo, la base mínima será de $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Estos parámetros impactan tanto en trabajadores activos como en futuros beneficiarios del sistema.

Además de jubilaciones y pensiones contributivas, la medida actualiza otras prestaciones centrales del sistema previsional argentino. Entre ellas, la Prestación Básica Universal (PBU), que se fijó en $169.075,53 desde marzo.

También se estableció el nuevo valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que alcanzará los $295.680,70. Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La resolución detalla además criterios para la actualización de remuneraciones utilizadas en el cálculo de nuevos beneficios. En particular, se establecieron índices de actualización para trabajadores que cesen en su actividad desde fines de febrero de 2026 o que soliciten su jubilación a partir de marzo.

Estos índices, definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, se aplicarán para actualizar salarios históricos y determinar el haber inicial de nuevos jubilados, un aspecto clave en la determinación de los montos futuros.