El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) implementará un plan de retiro voluntario para su personal de planta permanente, aprobado por su Consejo Directivo, que podría afectar a casi mil trabajadores en todo el país. Esta iniciativa forma parte de la política de reducción del gasto público y reorganización estatal impulsada por la administración de Javier Milei.

El Gobierno nacional ha puesto en marcha un nuevo plan de retiro voluntario dirigido a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que se enmarca en la política de ajuste y reorganización de organismos públicos impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. La iniciativa, aprobada por el Consejo Directivo del organismo, entró en vigencia esta semana con un plazo inicial que se extiende hasta el 31 de mayo.

Esta disposición está dirigida exclusivamente al personal de planta permanente y prevé compensaciones económicas calculadas según la antigüedad y los salarios actualizados de los empleados que opten por adherirse al esquema. Según la resolución oficial, el régimen podría prorrogarse por única vez durante quince días adicionales, si así lo decide el propio Consejo Directivo.

Este programa se suma a otras iniciativas similares implementadas recientemente en diversas áreas de la administración pública nacional, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), donde el Poder Ejecutivo también avanzó con mecanismos de desvinculación voluntaria.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el sistema se fundamenta en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, que contempla el retiro voluntario como una causa válida para la finalización de la relación laboral.

El cálculo de las compensaciones tomará como referencia los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Oficialmente se detalló que el incremento salarial considerado para la liquidación asciende al 10,3% sobre la base salarial utilizada para el esquema.

En paralelo, el Gobierno estima que alrededor del 20% de la planta del organismo podría adherirse al programa. Esta proyección implicaría la desvinculación de aproximadamente 950 trabajadores, de un total de entre 5.700 y 5.800 empleados distribuidos en todo el país.

El costo estimado para afrontar las compensaciones supera los 101 mil millones de pesos, según cálculos internos del organismo citados en documentación oficial y reportes especializados. La Dirección General de Administración del INTA será la encargada de analizar y resolver las solicitudes de adhesión al régimen. Asimismo, la normativa establece que el acceso al beneficio no será automático, ya que cada caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes.

En otras experiencias recientes dentro del Estado nacional, como la implementada en Anses, los programas de retiro voluntario incluyeron restricciones para quienes mantuvieran litigios judiciales abiertos, estuvieran próximos a jubilarse o tuvieran sanciones administrativas pendientes.

La implementación del retiro voluntario se produce en medio del plan de “modernización” que el Gobierno impulsa sobre el INTA desde fines de 2025. Ese proceso incluye la reducción de estructuras administrativas, la revisión de gastos y la venta de inmuebles considerados subutilizados por la administración nacional.

Uno de los casos que generó mayor repercusión fue la venta de un edificio histórico del organismo, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La operación derivó en cuestionamientos de sectores gremiales y de trabajadores, luego de que trascendiera que los fondos obtenidos por la subasta habrían sido destinados al Tesoro Nacional y no directamente al instituto, como se había anunciado inicialmente.

En este contexto, gremios vinculados al INTA han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la reducción de personal sobre las tareas de investigación, extensión rural y asistencia técnica que el organismo desarrolla en diversas regiones del país. Cabe recordar que el instituto posee una vasta presencia territorial mediante estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas en todas las provincias argentinas.

Desde el Gobierno sostienen que las medidas buscan ordenar el funcionamiento administrativo y reducir gastos operativos dentro de la estructura estatal. En esa línea, la administración nacional considera que existen áreas sobredimensionadas y propiedades con costos de mantenimiento elevados.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en mayo. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional, en un contexto de alta inflación y cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.

El anuncio se formalizó mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se detallan los alcances, condiciones y beneficiarios de esta asistencia económica que será liquidada junto con los haberes del mes próximo.

El bono extraordinario está dirigido a un amplio universo de beneficiarios del sistema previsional argentino. Según lo establecido en la normativa, alcanzará a jubilados y pensionados del sistema contributivo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y personas que perciben pensiones no contributivas, como las otorgadas por invalidez o a madres de siete hijos o más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será el organismo encargado de implementar el pago, que se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El monto máximo del bono será de $70.000, aunque no todos los beneficiarios recibirán esa cifra completa. En el caso de quienes perciben el haber mínimo, el bono se abonará en su totalidad. En cambio, para aquellos que cobran por encima del mínimo, el monto será variable y se ajustará hasta alcanzar un tope determinado por la normativa.

Este esquema busca focalizar la ayuda en los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional, priorizando a quienes más han visto afectada su capacidad de compra en los últimos meses.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que la medida responde a la necesidad de mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En particular, se hace referencia a los problemas que generó la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, que no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios.

En ese sentido, se recuerda que desde julio de 2024 se implementó un nuevo mecanismo de actualización de haberes, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con ajustes mensuales. Sin embargo, el bono se presenta como una herramienta adicional para compensar los desfasajes acumulados.

El texto oficial subraya que esta asistencia económica ya se viene otorgando de manera sostenida desde comienzos de 2024, como parte de una política destinada a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores recursos.

El decreto establece una serie de condiciones para acceder al bono. En primer lugar, los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se realice la liquidación, es decir, en mayo de 2026.

Además, se aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, lo que implica que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para el cálculo de otros conceptos. Tampoco se integrará al haber mensual, sino que se trata de un pago extraordinario.

En el caso de las pensiones compartidas, donde existen varios copartícipes, el beneficio será considerado como correspondiente a un único titular, independientemente de la cantidad de personas que perciban la prestación.

El Gobierno nacional oficializó la apertura de la inscripción para el programa de asistencia “Vouchers Educativos” correspondiente al ciclo 2026 y, en paralelo, introdujo modificaciones en su reglamento general. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La decisión establece que las familias interesadas podrán anotarse hasta el 30 de abril, en el marco de una política que busca acompañar el pago de cuotas en instituciones educativas de gestión privada que reciben aporte estatal.

El programa de vouchers educativos fue creado en 2024 como una prestación temporaria destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de financiamiento estatal.

Entre los requisitos principales se establece que el ingreso familiar no debe superar el equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, un criterio que delimita el universo de beneficiarios en función de su situación socioeconómica.

La asistencia consiste en un aporte económico destinado a aliviar el costo de las cuotas escolares. Si bien la normativa no detalla en este punto los montos actualizados, el programa se encuadra dentro de una estrategia más amplia de acompañamiento a familias que optan por la educación privada con subsidio estatal.

La implementación del programa queda a cargo de la Secretaría de Educación, que además tiene la facultad de dictar normas complementarias, celebrar convenios y ajustar los aspectos operativos necesarios para su ejecución.

En este sentido, la resolución también confirma la intervención de distintas áreas técnicas y de control, como auditorías internas y dependencias administrativas, que participaron en la validación del nuevo esquema.

Para realizar el proceso, primero se debe estar estar registrado en MiArgentina

Registro en la plataforma: Ingresá al sitio oficial de Vouchers Educativos (voucherseducativos.educacion.gob.ar). Si no tenés usuario, deberás crear uno utilizando tu CUIL y una contraseña segura.

Carga de datos del responsable: Completá el formulario con la información del adulto que solicita la prestación. Es vital verificar que el CBU cargado en Mi Argentina coincida con el declarado aquí.

Encuesta socioeconómica: Respondé las preguntas sobre la situación laboral y habitacional del grupo familiar

Datos de los menores: Ingresá el CUIL de cada hijo en edad escolar. El sistema cruzará datos automáticamente con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Selección del colegio: Buscá tu institución en el listado oficial por nombre o número de DIEGEP (en el caso de PBA). Recordá que el colegio debe tener al menos el 75% de subsidio para que la solicitud sea válida.

Por último, hacé clic en “Finalizar la inscripción”.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la modificación del reglamento general del programa, aprobado originalmente en 2024 y ya actualizado en distintas oportunidades.

El texto oficial señala que estos cambios responden a la necesidad de adecuar el funcionamiento del programa a la convocatoria 2026, aunque los detalles específicos de las modificaciones se incluyen en un anexo que acompaña la normativa.

Desde el punto de vista administrativo, la actualización del reglamento busca ajustar los procedimientos de inscripción, evaluación y asignación del beneficio, así como los mecanismos de control y seguimiento.

La convocatoria formalizada ahora habilita el proceso de inscripción para este año, en línea con la continuidad de una política que el Gobierno mantiene desde su creación. La medida se enmarca en las facultades otorgadas a la Secretaría de Educación por la normativa vigente que regula la estructura del Ministerio de Capital Humano.

Asimismo, el texto deja constancia de que la decisión fue tomada con intervención de los servicios jurídicos correspondientes y áreas técnicas del Estado, en cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

El Gobierno nacional formalizó un nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en abril de 2026. La medida fue oficializada a través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y responde a la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el marco del esquema de movilidad vigente.

Según lo dispuesto por la Resolución 74/2026, el incremento de los haberes previsionales será del 2,9%, en línea con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a febrero.

Con este ajuste, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $380.319,31, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.559.188,80.

La actualización forma parte del nuevo esquema de movilidad que establece aumentos mensuales atados a la evolución de los precios, reemplazando el sistema anterior de incrementos trimestrales.

Este mecanismo fue implementado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la fórmula vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Desde el organismo previsional indicaron que el objetivo de este esquema es acompañar el ritmo de la inflación y evitar el deterioro del poder adquisitivo de los beneficiarios, aunque en la práctica el impacto depende de la evolución de los precios en los meses siguientes.

La resolución también establece nuevos valores para otras prestaciones clave del sistema previsional. En ese sentido, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $173.978,72, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $304.255,45 a partir de abril.

Además, se actualizaron las bases imponibles que se utilizan para calcular los aportes al sistema. La base mínima será de $128.091,45, mientras que la máxima se ubicará en $4.162.912,57.

Estos valores son relevantes tanto para trabajadores en actividad como para quienes se encuentran en proceso de jubilarse, ya que impactan directamente en el cálculo de los haberes futuros.

Por otra parte, la normativa también contempla la actualización de las remuneraciones de aquellos afiliados que cesen en su actividad laboral a partir del 31 de marzo de 2026 o que inicien su trámite jubilatorio desde abril, aplicando índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

El actual sistema de movilidad previsional establece que los haberes se actualicen mensualmente de acuerdo con la variación del IPC nacional publicado por el INDEC. Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 y representa un cambio significativo respecto de los ajustes anteriores.

La lógica detrás de esta fórmula es que los ingresos de jubilados y pensionados acompañen, con menor rezago, la evolución de los precios. Sin embargo, especialistas advierten que, en contextos de alta inflación, los aumentos pueden quedar por detrás de las necesidades reales si los incrementos se calculan sobre índices pasados.

En este escenario, el aumento del 2,9% para abril refleja la desaceleración inflacionaria observada en febrero, aunque su impacto en el bolsillo dependerá de la evolución de los precios en marzo y abril, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este viernes 27 de marzo, luego de los feriados del lunes y martes, en una semana corta.

Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Cómo siguen los pagos:

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Cómo siguen los pagos:

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril

Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:

El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario para la Asignación por Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a acompañar a las familias frente a los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo.

La decisión establece que se otorgará, por única vez, un monto adicional que completará la suma necesaria para que cada beneficiario reciba al menos $85.000 por hijo escolarizado. En caso de que la asignación ya alcance o supere esa cifra, no corresponderá el pago del refuerzo.

La Asignación por Ayuda Escolar Anual forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley 24.714. Está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, del Seguro de Desempleo, monotributistas y también a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

El objetivo de esta prestación es contribuir con los gastos derivados del comienzo de clases en los niveles inicial, primario y secundario, así como en establecimientos de educación diferencial, tanto de gestión estatal como privada.

El nuevo decreto establece que el refuerzo será equivalente a la diferencia entre el monto que resulte de la asignación y la suma de $85.000. Es decir, si el beneficio determinado para un titular fuera menor a ese valor, el Estado completará el monto hasta alcanzar esa cifra.

Por ejemplo, si la asignación calculada fuera de $70.000, el refuerzo será de $15.000. En cambio, si el monto ya es igual o superior a $85.000, no habrá pago adicional.

La medida tiene carácter extraordinario y se aplicará únicamente en marzo de 2026, junto con el pago masivo de la Ayuda Escolar.

En los considerandos del decreto se señala que el Estado nacional tiene como uno de sus objetivos principales la protección de la ciudadanía mediante políticas públicas que garanticen las prestaciones de la seguridad social.

El texto oficial subraya que el inicio del ciclo lectivo representa un impacto económico significativo para las familias, debido a los gastos en útiles escolares, indumentaria, materiales y otros elementos necesarios para la escolaridad.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo consideró pertinente otorgar un refuerzo adicional para fortalecer el acompañamiento estatal y asegurar que el monto percibido no sea inferior al establecido en años anteriores.

Asimismo, se dispuso que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) serán los encargados de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación del decreto.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, por su parte, realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida.

El pago de la Ayuda Escolar Anual se realiza habitualmente en marzo, coincidiendo con el inicio de clases en la mayoría de las jurisdicciones del país. Para muchos hogares, representa un ingreso clave en un mes de alta demanda de gastos.

La decisión de fijar un piso de $85.000 busca dar previsibilidad y reforzar el ingreso en un momento del año particularmente sensible desde el punto de vista económico.

El beneficio se otorga por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de alumnos con discapacidad, no hay límite de edad siempre que asistan a instituciones donde se imparta educación diferencial.

Desde el Gobierno señalaron que la medida forma parte de una política de sostenimiento de las prestaciones sociales vigentes, en el marco del régimen de asignaciones familiares.

Con la entrada en vigencia del decreto a partir de su publicación en el Boletín Oficial, queda formalizado el esquema de pago para marzo de 2026. Ahora resta que ANSES informe el cronograma detallado de acreditación, como ocurre habitualmente según la terminación del DNI de los titulares.

De esta manera, la Ayuda Escolar 2026 incorporará un refuerzo excepcional que garantizará un monto mínimo por beneficiario, en un contexto donde el acompañamiento estatal resulta clave para muchas familias argentinas al momento de afrontar el comienzo del año escolar.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.

La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados "caso por caso" y en forma "difusa".

El nuevo texto deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los tres actuales integrantes de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

Y establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.

El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que "el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida.

El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

En realidad, la norma viene a fijar algo que, en alguna medida, ya ocurría en los hechos. La jurisprudencia de la Corte no opera como una imposición para los tribunales inferiores, pero sí como un parámetro orientativo, en la medida en que permite conocer de antemano cuál será la resolución de la causa cuando llegue a la instancia final.

En función de ello, contradecir el criterio ya establecido por el Máximo Tribunal implica arriesgarse a un prácticamente seguro rechazo, siempre y cuando las circunstancias entre un caso y el precedente sean coincidentes o equiparables, y no existan argumentos diferenciados en el abordaje.

Sería una suerte de versión autóctona del Stare decisis (en latín, "mantenerse firme en lo decidido") del derecho anglosajón que obliga a los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos anteriores, especialmente los de tribunales superiores. Esto garantiza la predictibilidad, consistencia y equidad en el sistema legal.

Claro que esto que ahora impulsa el oficialismo no se corresponde con el comportamiento tradicional del propio Estado que, tal como expresara en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sistemáticamente apela todas las sentencias favorables a jubilados de Anses, aún a sabiendas de que se topará con un rechazo, y más como una maniobra dilatoria.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

“El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, sostuvo oportunamente el magistrado. Y añadió: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo. Funciona así”.

En una entrevista con El Litoral, Rosatti recordó en su momento que la obligatoriedad de los criterios de la Corte estaba en la Constitución de 1949. “La Corte unificaba la interpretación en temas constitucionales, y operaba como una especie de casación”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que actualmente “en esto no hay unanimidad. Un sector de la doctrina, e incluso de la judicatura, reivindica la independencia de criterio de los jueces. Eso se advierte como una especie de garantía. Para otros el sistema tiene que funcionar integrado, si es un sistema. De todos modos, en el caso de la Argentina la cuestión está muy dispersa”.

En otra entrevista, al ser consultado sobre la eventual inclusión de una cláusula que establezca que los fallos de la Corte sean de cumplimiento obligatorio, afirmó: “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”.

Y agregó que, si el máximo tribunal avalara esa norma, “ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”.

Otro integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fijó postura en una de sus obras (“Teoría de la decisión judicial”), donde se refiere a la obligación que tienen todos los tribunales de adecuar sus pronunciamientos a situaciones idénticas a las que se hubiesen presentado con anterioridad en la justicia.

En ese sentido, la sitúa como el segundo de los tres controles que debe hacer el juez, luego de considerar la norma ajustable al caso: jerarquía normativa, resoluciones dictadas con anterioridad, consecuencias del pronunciamiento.

Entre quienes se expresaron ahora sobre ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA, para quien la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Archivo El Litoral.

“El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó, en declaraciones publicadas por Infobae.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, también de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales.

La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los haberes jubilatorios y prestaciones previsionales que regirá desde marzo de 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que establece los nuevos montos mínimos y máximos del sistema en base a la movilidad mensual vinculada a la inflación.

Según la Resolución 38/2026, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.600,88 a partir de marzo.

El incremento responde a la aplicación del esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de manera mensual de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El cálculo toma como referencia el dato de inflación correspondiente a enero de 2026, que determinó una movilidad del 2,88%. Este mecanismo deriva del decreto que modificó la fórmula previsional y estableció actualizaciones mensuales basadas en la evolución de los precios.

En paralelo, la normativa fijó el nuevo haber máximo del sistema previsional, que ascenderá a $2.487.063,95. De esta manera, se actualizan los límites del sistema en línea con el mismo criterio aplicado al haber mínimo.

La resolución también establece nuevos valores para las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para el cálculo de aportes y contribuciones.

Desde marzo, la base mínima será de $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Estos parámetros impactan tanto en trabajadores activos como en futuros beneficiarios del sistema.

Además de jubilaciones y pensiones contributivas, la medida actualiza otras prestaciones centrales del sistema previsional argentino. Entre ellas, la Prestación Básica Universal (PBU), que se fijó en $169.075,53 desde marzo.

También se estableció el nuevo valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que alcanzará los $295.680,70. Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La resolución detalla además criterios para la actualización de remuneraciones utilizadas en el cálculo de nuevos beneficios. En particular, se establecieron índices de actualización para trabajadores que cesen en su actividad desde fines de febrero de 2026 o que soliciten su jubilación a partir de marzo.

Estos índices, definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, se aplicarán para actualizar salarios históricos y determinar el haber inicial de nuevos jubilados, un aspecto clave en la determinación de los montos futuros.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ajustará a partir de marzo los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que arrojó una suba del 2,9%.

Este porcentaje se trasladará de forma automática a los ingresos previsionales y sociales, en virtud del sistema de movilidad mensual que desde 2024 reemplazó a la fórmula trimestral anterior.

El mecanismo de actualización que rige desde abril de 2024 determina que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan cada mes según la inflación de dos meses antes.

En el caso de marzo de 2026, el dato que define los incrementos es el IPC de enero, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró un 2,9% de variación mensual.

De acuerdo con esa suba, el haber mínimo jubilatorio básico quedará en $369.560,34 a partir de marzo. Este valor surge de aplicar el 2,9% sobre el monto vigente en febrero. La cifra representa el ingreso básico que perciben quienes reúnen los requisitos mínimos del sistema contributivo.

Además, el Gobierno mantiene un refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos. Este bono, que puede llegar a $70.000, no forma parte del haber regular y se paga de manera extraordinaria, sin incorporarse a la base de cálculo de futuros aumentos.

Si se confirma su continuidad en marzo, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de hasta $441.572,40 sumando bono y haber básico.

El incremento por IPC también alcanza otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que suele representar un porcentaje cercano al 80% del haber mínimo, se ubicará en $295.648,43; con bono, el ingreso total potencial sería de $367.652,36.

Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ajustarán a cerca de $258.677,18 y con el refuerzo podrían rondar $330.705,03.

También se actualizan otras prestaciones que pagan la Anses. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $132.796,38 por hijo; la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) ascenderá a $125.336,48 por hijo (con un 80% mensual y el 20% restante pagado tras la presentación de la documentación correspondiente). La asignación familiar por hijo para el primer rango de ingresos se elevará a $66.401,26.

Este esquema de movilidad mensual vigente busca acercar los ingresos previsionales y sociales a la evolución de los precios, con el objetivo de reducir el desfasaje que podía producirse con actualizaciones trimestrales. Desde su implementación, las jubilaciones y pensiones han recibido una serie de incrementos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero anteriores.

El ajuste de marzo no sólo modifica el haber mínimo, sino que también repercute en una amplia gama de beneficios que reciben millones de personas en el país. Para los jubilados y pensionados de mayores ingresos, el incremento también será automático del 2,9%, manteniendo la proporción con la inflación registrada en enero.

Quienes perciben prestaciones más altas —por ejemplo, jubilaciones superiores al mínimo o determinadas pensiones especiales— verán la misma proporción de aumento, aunque sin la posibilidad de acceder al refuerzo extraordinario que se otorga principalmente a los haberes más bajos.

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, el ajuste automático busca proveer una actualización que, en términos fiscales, acompañe la dinámica de precios.

Para muchos beneficiarios, este movimiento significa una mejora nominal de sus ingresos, aunque todavía dependerá del comportamiento de la inflación futura y de eventuales políticas adicionales que adopte el Gobierno nacional.

El cronograma oficial de pago de los haberes de marzo, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, generalmente se organiza por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según la práctica habitual de la Anses, las jubilaciones mínimas se abonan en la segunda semana del mes, mientras que los haberes de mayor magnitud se completan en la tercera semana, aunque los detalles concretos suelen confirmarse pocos días antes del inicio de los pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó la resolución 21 del corriente año que establece los nuevos haberes mínimos y máximos a pagar desde febrero a los pasivos nacionales. Así el haber mínimo quedó establecido en $359.254,35 y el máximo en $2.417.441,63.

En tanto, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia publicó el resumen correspondiente a diciembre donde informa que la jubilación mínima abonada ese mes fue de $515.970,44; la máxima en $10.319.408,78 y el promedio abonado a los 81.402 jubilados fue $1.742.043.

Son datos a diciembre y la diferencia de la mínima nacional y provincial en términos porcentuales es del 43% que se reduce al 20% ya que en días más, Anses, confirmará la extensión del bono de $70.000 que viene acompañando a los beneficiarios con el haber mínimo que son la gran mayoría en el sistema nacional.

En la provincia rige la emergencia previsional que, entre otras cosas, dispuso que los aumentos a pasivos se trasladan dos meses después del cobro de activos y los haberes más altos de la pirámide realizan un aporte extra al sostenimiento de la Caja de Jubilaciones.

Anses ha dejado de aportar a la mayoría de las cajas previsionales desde hace varios años pese al acuerdo firmado oportunamente cuando 13 provincias resolvieron no transferir sus sistemas previsionales al nacional. En el caso de Santa Fe, el reclamo está instalado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los haberes nacionales a pagar desde el lunes próximo, ya febrero, tendrán un aumento del 2,85% que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2025, publicado por el INDEC. Es decir, se sigue aplicando la fórmula de actualización mensual por inflación.

En Santa Fe, el gobierno cerró a diciembre la paritaria con los distintos gremios estatales y en días más empezará la ronda del nuevo año para fijar los aumentos salariales para activos que luego -con demora de dos meses- se aplicarán a los pasivos de cada sector.

En Anses, un 65% de los beneficiarios cobra el haber mínimo y el bono de $ 70.000. Ampliando el grupo para incluir a quienes cobran apenas un poco más que el mínimo (pero siguen recibiendo el bono proporcional para alcanzar el tope de asistencia), el porcentaje sube a casi el 75% u 80% de todo el universo previsional nacional.

Este alto porcentaje de jubilaciones mínimas se explica porque de los casi 6 millones de jubilados nacionales, cerca de 5 millones accedieron al beneficio a través de moratorias previsionales, es decir personas que no tenían los 30 años de aportes completos.

En las cajas provinciales -el caso Santa Fe y otros estados- donde suele haber más variedad de escalas según el sueldo que se tenía en actividad, en el sistema nacional se ha producido el llamado achatamiento de la pirámide.

El efecto del bono de $70.000 (y otros anteriores) que lo perciben los que ganan la mínima, con el tiempo, los que aportaron toda su vida y ganaban un poco más quedaron pegados al monto del que menos aportó. Expertos en el sistema previsional marcan que hoy, casi dos de cada tres jubilados cobren exactamente lo mismo, el mínimo más el bono.

En cambio, en el caso de Santa Fe, el haber mínimo es cobrado por el 2,21% del universo de pasivos. Se trata de 2.231 personas, siendo 1.155 las jubilaciones mínimas y 1.176 las pensiones mínimas.

Volviendo a Anses, el aumento del 2,85% se aplica sobre los haberes del SIPA (jubilados y pensionados del sistema general); la PBU (Prestación Básica Universal); PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor); montos mínimos y máximos de los haberes y las bases imponibles (topes para los aportes de los trabajadores en actividad).

Así el haber mínimo jubilatorio desde febrero será $359.254,35; el máximo de $2.417.441,63; PUAM $287.403,48 y la PBU $164.342,47.

Docentes, administración central y policías marcan los principales sectores del Estado santafesino con beneficios previsionales, de acuerdo al informe de la propia Caja de Jubilaciones de la provincia.

En diciembre, la Caja pagó a 105.597 beneficiarios y desembolsó $164.557.289.081.

En la distribución por sectores, docentes tienen 42.284 beneficiarios (37.959 jubilados y 4326 pensiones). Le sigue la administración central con 22.924 pasivos (17.930 y 4.994) y el podio lo completa la policía con 16.373 (9.965 y 6.408).

El sector con menos pasivos es la Caja de Previsión Social con 118 beneficiarios.

La resolución de Anses, además define los límites sobre los cuales se calculan los aportes y las nuevas jubilaciones.

Bases Imponibles (Aportes): Mínima: $120.996,78 (Sueldo mínimo sobre el que se aportan cargas sociales) y Máxima: $3.932.339,08 (Sueldo tope sobre el cual se retienen aportes).

Para el cálculo del haber inicial para aquellos que se jubilan a partir del 1° de febrero de 2026, los sueldos de los últimos 10 años que se usan para calcular la jubilación se actualizarán mediante un índice específico (aprobado por la Disposición N° 29/2025) para que no pierdan valor frente a la inflación al momento de hacer el cálculo inicial

“Los jubilados no nos callamos, seguimos alzando la voz, pero en esta oportunidad a través de las redes.” Este es el lema de los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto, quienes durante los meses de enero y febrero optarán por una modalidad virtual para visibilizar sus reclamos, ante las altas temperaturas y los riesgos para la salud de los adultos mayores. En palabras de Silvia Vázquez, una de las voceras del grupo: "La modalidad virtual nos permite continuar con nuestra lucha de una manera más segura, sin exponernos al calor intenso, que para los jubilados puede ser peligroso. Pero la lucha sigue y sabemos que la comunidad está con nosotros. A veces no es fácil, pero encontramos una forma de hacer escuchar nuestras voces, incluso desde la comodidad de casa".

Lo que comenzó como una necesidad de adaptarse a las circunstancias actuales, como el intenso calor de la temporada estival, se convirtió en una estrategia efectiva para mantener la visibilidad del reclamo. "A pesar de todo, no queremos dejar de reclamar. Y las redes sociales son una excelente plataforma para llegar a más personas", comenta, destacando el hecho de que la interacción virtual posibilita un alcance mucho mayor, incluso fuera de la ciudad.

La campaña virtual tiene como lema: "Los jubilados no nos callamos, seguimos alzando la voz" y busca unirse al esfuerzo colectivo mediante un simple clic. Silvia explica que "no es solo un 'me gusta' o un compartir. Es un acto simbólico que dice: 'estoy del lado de los jubilados, estoy apoyando esta lucha'. Es un pequeño gesto, pero significa mucho". A través de sus publicaciones en redes sociales, los jubilados también están invitando a la comunidad a reflexionar sobre la situación actual: “¿Y vos, Estado, de qué lado estás?”

En marzo, los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto tienen planificado retomar las movilizaciones en las plazas de la ciudad, como lo hicieron durante 2025. "Vamos a seguir luchando en las calles, como siempre lo hemos hecho. Pero por ahora, enero y febrero van a ser nuestros meses de visibilidad virtual", asegura Silvia, confiando en que las redes continúen siendo un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

A pesar de algunos obstáculos, como la falta de familiaridad de muchos con las tecnologías, los Jubilados Autoconvocados lograron que varios ciudadanos se sumen a la cruzada. Vázquez agrega: "Sabemos que no todos manejan las redes de la misma manera, pero lo importante es que todos se pueden sumar. A veces, con un simple mensaje de whatsapp podemos llegar a otros que quizás sí saben cómo compartir nuestras publicaciones en sus redes. Y eso es lo que necesitamos: que todos se sumen, incluso si es con pequeños gestos".

"La respuesta es más positiva de lo que pensábamos", comenta Silvia. "Al principio, pensábamos que la gente no se iba a comprometer, pero hemos recibido apoyo no solo de Venado Tuerto, sino también de lugares insólitos como El Bolsón, donde muchos de nuestros vecinos se mudaron y nos muestran su apoyo a pesar de las dificultades que están atravesando en el sur del país. Esta es una muestra de solidaridad que nos emociona".

Este llamado a la participación también destaca la importancia de la solidaridad en la comunidad: "Nuestro vecino está mejor cuando todos estamos mejor. Venado Tuerto tiene que ser una ciudad de todos, donde nadie se quede atrás. Si mi vecino está mejor, yo también estaré mejor. Todos debemos ser parte de la solución, no solo los jubilados", explica la dirigente, quien invita tanto a los jóvenes como a las personas en actividad laboral a sumarse al reclamo, no solo por la mejora de los jubilados, sino también por el bienestar de la comunidad en su conjunto.

En cuanto a la situación económica, los jubilados continúan señalando que los montos de las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir ni lo más básico. "Es una verdadera vergüenza que un jubilado tenga que vivir con 349.000 pesos, o 419.000 si tiene el bono. Ese dinero no alcanza ni siquiera para pagar un alquiler, y mucho menos para tener una vida digna", denuncia, resaltando que el aumento de los precios y los costos de los medicamentos agravan aún más la situación.

Además de los problemas económicos, los jubilados enfrentan obstáculos en el acceso a la salud y otros servicios. "A los jubilados no solo se les recortan las jubilaciones, también les recortan los medicamentos. El sistema se vuelve cada vez más burocrático y difícil de acceder. Los turnos médicos se sacan con meses de anticipación y, en algunos casos, las medicinas ni siquiera son reconocidas por el sistema", explica Silvia, quien narra cómo ella misma sufrió dificultades con la obtención de medicamentos esenciales para su salud.

En cuanto a la atención en las oficinas de PAMI y Anses, Silvia Vázquez menciona que "si bien hubo algunas mejoras, la burocracia sigue siendo un problema. A veces, el personal tiene toda la voluntad de ayudar, pero se ve frenado por los procedimientos que no hacen más que alargar los trámites. Los jubilados necesitamos soluciones rápidas, no más obstáculos".

La referente de los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto también destacó la existencia de grupos similares en todo el país, como los Jubilados de la Quinta de Olivos, quienes desde hace tiempo realizan una protesta semanal frente a la residencia presidencial. "Ellos se convocan todos los miércoles en la Quinta de Olivos a las 18 horas, y lo hacen de forma pacífica, invitando a todos a tocar la bocina en apoyo. Es un ejemplo de resistencia y solidaridad que nos inspira", comenta, a la vez que destaca el esfuerzo constante de estos jubilados que, a pesar de la falta de recursos, siguen luchando por lo que consideran sus derechos. "Nos identificamos con ellos, porque nuestra lucha es la misma: pedir por una jubilación digna y por un futuro mejor para nuestros hijos y nietos".

A pesar de los desafíos, los Jubilados Autoconvocados siguen adelante, convencidos de que solo a través de la lucha se pueden conseguir mejoras. "Este no es un reclamo solo para nosotros, es un reclamo para todas las generaciones que están por venir. Si no luchamos ahora, ¿qué legado vamos a dejarle a nuestros hijos y nietos?", se pregunta Silvia, quien además reafirma que su lucha es "apartidaria, pero profundamente política y social. No estamos pidiendo privilegios, sino que estamos exigiendo los derechos que nos corresponden como ciudadanos".

En este contexto, la red de apoyo entre jubilados y la comunidad continúa creciendo. "Sabemos que no estamos solos en esta lucha. Hemos logrado que nuestra causa llegue a Salta, Jujuy, Mendoza y otras provincias. Esta es una red de apoyo y acompañamiento que se está expandiendo día a día", asegura Silvia con optimismo. La lucha por una vida digna sigue siendo el eje de su movimiento, y la promesa es clara: "Seguiremos en las calles, seguiremos reclamando. No nos vamos a rendir, porque sabemos que nuestras conquistas siempre llegaron con lucha".

La remisión de fondos nacionales para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia es el principal condicionante que esgrime la gestión de Maximiliano Pullaro para activar de manera efectiva el diálogo político con el gobierno central, que gestiona el acompañamiento de los gobernadores a su programa de reformas.

Más allá de cuestiones de concepto (que la modernización laboral ponga el foco en la situación de las pymes) y de otros planteos (como la reactivación de la obra pública), el tema previsional es el que más afecta a las cuentas santafesinas, incluso por encima de los cambios en materia impositiva que pudieran suponer alguna caída de recursos.

Pullaro, que todavía no participó de la ronda de conversaciones del ministro del Interior Diego Santilli, argumentó que no servía “sacarse la foto” si no hay respuestas concretas. “No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”, sostuvo.

Entre esas deudas, la principal es la que atañe a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, vinculada a los fondos que debería transferir la Ansés. Pullaro precisó que el monto adeudado supera el billón de pesos, una cifra equivalente “a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial”.

“Este reclamo no es nuevo. Viene de los pactos fiscales firmados hace muchos años, cuando la provincia cedió impuestos coparticipables con el compromiso de que la Nación cubriera parte del déficit previsional”, explicó, y recordó que el planteo ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia.

La deuda con la Caja de Jubilaciones se originó en los años 90, cuando la Nación reformó el sistema previsional y se comprometió a compensar a las provincias que no transfirieran sus cajas. Santa Fe fue una de ellas y sostiene que el incumplimiento es sostenido.

Pullaro asumió sabiendo que el déficit previsional era el principal condicionante de su gestión. Por eso, la primera reforma que impulsó fue la de emergencia previsional, que generó fuertes tensiones con gremios y protestas en la Legislatura, y no fue más que un paliativo.

En paralelo, la provincia llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los intentos de conciliación no prosperaron y el conflicto sigue abierto.

En concreto, se trata de dos demandas. Una apunta a que se restituya el adelanto automático que está previsto en la ley para compensar el déficit mensual, y que el gobierno nacional suspendió mediante un DNU. A tal efecto, Santa Fe presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe expedirse al respecto.

La otra es el juicio por la deuda acumulada, que se inició durante la gestión de Omar Perotti y que, con algunas correcciones, siguió impulsando el actual gobierno provincial.

En ambos casos, se corrió traslado a la Nación, que dio su respuesta a las demandas, y ahora quedaron en instancia de decisión del Alto Tribunal. En este último, lo que se espera es que fije el calendario de audiencias y producción de pruebas.

En el interín, hubo una oferta del gobierno nacional, poco después de que se hubiese llegado a un acuerdo con la provincia de Córdoba por el mismo concepto.

El gobernador había adelantado que el ofrecimiento de la Nación “es insuficiente, en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés. Nosotros tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina”.

“Si no nos hacen un mejor ofrecimiento, tendrá que resolver la Corte una medida de resolución inmediata porque el flujo no nos lo pueden cortar”, anticipó Pullaro. “Después -añadió- discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan”.

En otro momento, aclaró que la voluntad de “no resignar un solo centavo de lo que corresponde a Santa Fe”, tiene como correlato la flexibilidad a la hora de acordar los medios de pago.

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal. No cederemos ni un centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo”, completó.

En tanto, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien participó de la fallida audiencia de conciliación junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina, precisó que “propusieron empezar a recomponer con 2.000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi 2 billones de pesos”, detalló.

“Cuando dijimos que no, subieron a 5.000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba. El gobernador ya había anticipado que no iba aceptar eso”, concluyó.

Pullaro resumió todos estos puntos posteriormente en una entrevista con distintos medios nacionales. “Santa Fe tiene un tema que le pesa mucho: la deuda que tiene Nación con la provincia. En los pactos fiscales que se fueron firmando, había un compromiso de que Nación, con los impuestos que las provincias les cedimos para sostener el Anses, sostenían una parte del déficit de las cajas de jubilaciones.

“Nosotros hicimos nuestra parte corrigiendo ese déficit, a razón de $20 mil millones por mes aproximadamente. Hoy tenemos una deuda de más de $1 billón y, según algunas estimaciones, cerca de $2 billones que le debe Nación a Santa Fe”, añadió.

En línea con las premisas del Gobierno nacional, sostuvo que “somos una de las provincias que más achicó el Estado. Tenemos cerca de 6.000 empleados públicos menos en dos años, bajamos 40% el costo de la obra pública, mostramos que se puede gestionar con eficiencia. Hoy se debate el costo de los medicamentos; nosotros pagamos los medicamentos un 82% menos en precio de lista. Ahorramos $184.000 millones solo en medicamentos.

“Ese esfuerzo que hacemos hoy, que indudablemente trae tensiones dentro de la provincia, y que la provincia lo hace para generar desarrollo en infraestructura y para cumplir con la sociedad -mejor educación, salud y seguridad- es con esfuerzo propio. No es justo que Nación no nos de lo que nos debe”, completó.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este viernes el aumento de 2,47% en el haber mínimo de las jubilaciones, que así alcanza un valor de $349.299,32.

A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.

Capital Humano aclaró que quienes cobren por encima de la mínima recibirán el bono hasta completar la suma de $419.299,32.

El comunicado de Capital Humano.

Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $279.439,46.

El ajuste se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con el aumento, la jubilación mínima asciende a $349.299,32, y sumado al bono mensual de $70.000, el monto final a cobrar en enero por los jubilados llega a $419.299,32.

Calendario de enero para jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en enero

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer cómo será y cuándo iniciará el calendario de pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH para el primer mes del año 2026.

Las personas pueden consultar el recibo de haberes desde mi ANSES a partir de la fecha de inicio del calendario que a continuación se detalla por grupo, fecha y terminación del número de DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de enero.DNI terminados en 1: 12 de enero.DNI terminados en 2: 13 de enero.DNI terminados en 3: 14 de enero.DNI terminados en 4: 15 de enero.DNI terminados en 5: 16 de enero.DNI terminados en 6: 19 de enero.DNI terminados en 7: 20 de enero.DNI terminados en 8: 21 de enero.DNI terminados en 9: 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 09 de enero.DNI terminados en 1: 12 de enero.DNI terminados en 2: 13 de enero.DNI terminados en 3: 14 de enero.DNI terminados en 4: 15 de enero.DNI terminados en 5: 16 de enero.DNI terminados en 6: 19 de enero.DNI terminados en 7: 20 de enero.DNI terminados en 8: 21 de enero.DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 09 de enero.DNI terminados en 1: 12 de enero.DNI terminados en 2: 13 de enero.DNI terminados en 3: 14 de enero.DNI terminados en 4: 15 de enero.DNI terminados en 5: 16 de enero.DNI terminados en 6: 19 de enero.DNI terminados en 7: 20 de enero.DNI terminados en 8: 21 de enero.DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.

Antes de las fiestas de fin de año y en un contexto de mayor circulación de información sobre beneficios sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que el organismo no se comunica con los ciudadanos para solicitar datos personales, claves ni información bancaria, ya sea por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.

La alerta surge luego de detectarse nuevos intentos de estafa en distintas provincias del país, donde personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo con el argumento de gestionar supuestos beneficios económicos, bonos especiales o actualizaciones de datos necesarias para cobrar prestaciones.

Desde Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, remarcaron que ninguna gestión oficial requiere compartir datos sensibles fuera de los canales formales. Esto incluye números de DNI, claves de seguridad social, datos bancarios, CBU, alias, tarjetas o contraseñas.

En ese sentido, el organismo fue categórico al señalar que toda comunicación que no provenga del sitio web oficial, debe ser desestimada de inmediato, especialmente aquellas que redirigen a formularios externos, enlaces sospechosos o solicitan responder mensajes con información personal.

“ANSES nunca solicita datos personales ni bancarios por vías no oficiales”, reiteraron desde el organismo, al tiempo que recordaron que las notificaciones reales se realizan únicamente a través de los canales institucionales, como la plataforma Mi ANSES, comunicaciones presenciales en oficinas o avisos generales publicados en el sitio web.

Según la información difundida, los intentos de fraude suelen intensificarse en fechas sensibles como fin de año, cuando muchas familias esperan el cobro de prestaciones sociales, jubilaciones, asignaciones o refuerzos económicos.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales donde se promete el acceso a beneficios extraordinarios, bonos por las fiestas o supuestas actualizaciones obligatorias para no perder el cobro.

En estos contactos, los estafadores se presentan como empleados de ANSES y solicitan a las víctimas que “registren” o “confirmen” datos personales. Desde el organismo insistieron en que este tipo de pedidos son siempre falsos y buscan únicamente cometer fraudes.

Anses recomendó a la población no brindar ningún tipo de información personal, no ingresar a enlaces desconocidos y no responder mensajes sospechosos. Ante cualquier intento de estafa, el organismo solicita realizar la denuncia correspondiente para permitir la investigación y evitar que más personas resulten afectadas.

Los canales oficiales habilitados para efectuar denuncias son:

A través de la web: ingresando a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

De manera presencial: en la sede de Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la oficina de Anses más cercana al domicilio.

Por escrito: mediante el envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Telefónicamente: llamando a la línea gratuita 130.

Desde la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES indicaron que todas las denuncias son analizadas y dan lugar a las acciones administrativas y judiciales necesarias.

ANSES oficializó el calendario y recordó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025 para cobrar el 20% retenido durante el año. El organismo informó que el trámite se puede hacer por la plataforma Mi ANSES o de forma presencial en una oficina sin turno. La falta de presentación implica perder ese monto acumulado, aunque el 80% de la asignación se sigue pagando normalmente.

El ajuste de las prestaciones para diciembre se aplicó con un aumento del 2,34% según el Índice de Precios al Consumidor de octubre divulgado por el INDEC, y quedó reglamentado en las resoluciones 359/2025 y 361/2025. Con ese incremento, la AUH por hijo alcanza $122.492 de liquidación total; el 80% mensual equivale a $97.993,60 y el 20% retenido suma $24.498,40. ANSES detalló además los importes para hijos con discapacidad y montos para zonas desfavorables.

Además de asegurar el 20% acumulado, la presentación de la Libreta AUH habilita la percepción de la Ayuda Escolar Anual, un pago único de $85.000 por hijo en edad escolar. Diversos informes señalaron que muchas familias aún no reclaman ese extra. ANSES estableció que la ayuda se abona una vez que se verifica el certificado escolar y que la acreditación se efectúa dentro de los 60 días siguientes a la carga del formulario en el sistema.

El trámite digital requiere ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder al menú Hijos → Libreta AUH. Allí se puede consultar si faltan datos en salud, vacunas o educación y elegir “Generar Libreta” para descargar el formulario. El sistema genera la única libreta válida para la presentación y notifica cuando la carga queda registrada, según indicaciones oficiales de ANSES.

Una vez impresa, la libreta debe llevarse al centro de salud y/o a la escuela para que completen, firmen y sellen el formulario. ANSES exige que la imagen que se suba sea nítida, en formato JPG y menor a 3 MB, con las cuatro esquinas visibles. El organismo precisó que también es posible presentar la libreta de forma presencial en una oficina de ANSES sin turno.

Para pedir la Ayuda Escolar Anual, los titulares deben ingresar a Mi ANSES y cargar el Certificado Escolar correspondiente por cada hijo. ANSES señaló que el pago se procesa después de la verificación y que conviene chequear el calendario de pagos para confirmar fechas de cobro. Presentar la documentación antes del 31 de diciembre garantiza el cobro del 20% retenido y evita la pérdida de beneficios relacionados.

Si la libreta no se entrega antes del plazo, ANSES advierte que se pierde el 20% acumulado del año y se corre el riesgo de quedar bloqueado para otros programas vinculados. Por ello, el organismo recomendó realizar la carga con tiempo y conservar la confirmación por correo que envía la plataforma cuando el trámite queda concluido.

Según reportes, muchas familias no inician el trámite pese a que la Ayuda Escolar Anual de $85.000 puede aliviar gastos de útiles, uniformes o transporte. Las fuentes periodísticas indicaron que la demora en la presentación explica en parte el bajo reclamo de ese beneficio, por lo tanto se aconseja completar el formulario cuanto antes.

El calendario de pagos de diciembre comienza el martes 9 y puede sufrir modificaciones por feriados, según la comunicación oficial de ANSES; la presentación dentro del plazo mantiene la percepción del 20% acumulado y la vigencia de la prestación para el año siguiente.

El martes 9 de diciembre ANSES comenzará a acreditar una nueva tanda de pagos para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, además de las asignaciones familiares y universales.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, los montos llegan con el incremento por movilidad del 2,34% y, en el caso de los haberes mínimos, se suma además un bono extraordinario de 70 mil pesos y el medio aguinaldo.

El calendario de pagos se pone en marcha en un mes clave para millones de beneficiarios, que esperan el aguinaldo y los refuerzos para afrontar los gastos de fin de año.

Como ocurre habitualmente, los pagos se ordenan según la terminación del DNI y se pueden consultar por distintos canales oficiales.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional

Los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 0 y 1 serán los primeros en cobrar. A partir del martes recibirán su haber mensual con el incremento del 2,34%, el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos, destinado a reforzar los ingresos de los sectores con mayor vulnerabilidad.

Este beneficio alcanza a quienes perciben las pensiones por vejez, por invalidez y madres de siete hijos o más, que se abonan a través del sistema de seguridad social. Desde ANSES remarcaron la importancia de que los titulares verifiquen su fecha de acreditación para evitar traslados innecesarios.

Se suma además un bono extraordinario de 70 mil pesos y el medio aguinaldo.

El mismo día también comenzarán a cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cuyos DNI finalizan en 0.

Además del aumento por movilidad y del medio aguinaldo, estos beneficiarios recibirán el bono de 70 mil pesos, que se incorporó como refuerzo para compensar el impacto de la inflación.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el martes será el turno de los titulares con documentos finalizados en 0.

Para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el calendario se extenderá para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.

ANSES recordó que los cronogramas se cumplen de manera estricta para garantizar el orden en los bancos y puntos de pago, y que cada prestación cuenta con una fecha asignada según la terminación del DNI.

El organismo explicó que la información actualizada sobre cada prestación puede consultarse por cuatro vías oficiales:

Sitio web de ANSES, en la opción Calendario de pagos.

Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social; luego, en Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

App Mi ANSES, sección Mis datos y luego Mis fechas de cobro.

Atención Virtual, con CUIL y clave, opción Cuándo y dónde cobro.

En un trabajo conjunto del Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano; el programa Santa Fe Acá y el Tren del Ministerio de Capital Humano de la Nación, el 4, 5, 9, 10 y 11 de diciembre se brindará atención, orientación y múltiples servicios para toda la comunidad en la Estación del Ferrocarril. La propuesta también cuenta con el acompañamiento de la senadora Leticia Di Gregorio.

El objetivo de esta acción conjunta es promover el acceso equitativo a derechos y políticas públicas, con un fuerte enfoque en salud, prevención, cultura y bienestar.

La actividad se desarrollará de 9 a 16, en la Estación del Ferrocarril, y los turnos se otorgarán al inicio de cada jornada, por orden de llegada.

Durante todas las jornadas, se ofrecerán atenciones y prestaciones en oftalmología y entrega de lentes para niños y niñas de hasta 13 años; mamografías y rayos X; fonoaudiología; salud mental, y vacunación.

A través del Renaper se podrán tramitar DNI, Pasaporte y partidas; se atenderán consultas de Anses y sobre Tarjeta Única, certificado de discapacidad y regularización dominial, entre otras prestaciones.

Además, habrá un Vagón cultural, un espacio de la Biblioteca Nacional y la del Congreso y Microcine. La Secretaría Educación ofrecerá su Programa de Lectura, y la Secretaría de Empleo, talleres y asesoramiento de programas, y se ofrecerá asistencia para la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El gobierno nacional encabezado por Javier Milei confirmó este viernes el inicio del proceso administrativo para que Cristina Fernández de Kirchner devuelva las sumas percibidas en concepto de jubilación como expresidenta y pensión como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, a través de un parte oficial en redes sociales, en el que además se etiquetó la cuenta del propio presidente. El organismo indicó que el trámite será gestionado por la ANSES.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, confirmó el inicio del trámite por redes sociales.

Según el comunicado, se busca recuperar "las sumas percibidas indebidamente" por Cristina Kirchner en el marco de la Ley 24.018, que regula asignaciones a exmandatarios. La devolución incluiría intereses y se realizará “conforme a derecho”.

Esta decisión se da luego de que la Justicia rechazara una medida cautelar presentada por la defensa de la exvicepresidenta para que se le restituyera anticipadamente la asignación mensual suspendida por ANSES.

El Gobierno estima que la expresidenta deberá reintegrar unos 1.000 millones de pesos. Foto: Reuters

De acuerdo a fuentes oficiales, el monto que el Estado nacional buscaría recuperar rondaría los 1.000 millones de pesos. La cifra incluye tanto la jubilación como la pensión, más los intereses acumulados desde la suspensión del beneficio.

La jueza federal Karina Alonso Candis fue quien resolvió no hacer lugar a la cautelar presentada por los abogados de Cristina, lo que abrió la puerta a que el Ejecutivo avance con esta nueva estrategia de reclamo.

El gobierno nacional estableció este miércoles los nuevos montos de las jubilaciones para noviembre en Argentina.

Fue mediante la Resolución 338/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el Boletín Oficial con valores actualizados para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El documento cuenta exclusivamente con la firma de Fernando Omar Bearzi, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Se fija el haber mínimo garantizado en $333.085,39 y el máximo en $2.241.349,35. Además, se determina la Prestación Básica Universal (PBU) en $152.371,37 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $266.468,31.

“Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de noviembre de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($333.085,39)”, indica la resolución.

El texto oficial agrega: “Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de noviembre de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($2.241.349,35)”.

La resolución también actualiza las bases imponibles mínima y máxima, afectando a los afiliados que cesen actividades a partir del 31 de octubre de 2025.

Resolución 338/2025 by El Litoral