"Un país con equilibrio fiscal no debería tener un riesgo país de cuatro dígitos, a menos que se piense que ese equilibrio no es sostenible o que, por falta de acceso al crédito, el soberano no podrá cumplir con el servicio de deuda". La advertencia de Daniel Artana en el último informe de coyuntura de Fiel sugiere que hay menos riesgo fiscal que político en el año que enfrenta la Argentina, y que eso es lo que observarán los inversores internacionales -y locales- antes de definir si "entierran" dólares en la economía real del país.

Como ejemplo, Artana señala que el gas en boca de pozo o el transporte "no cubren costos" y que es indispensable a la salud del modelo de Milei "no profundizar desequilibrios de precios relativos con objetivos electorales" porque sería una mala señal para los detentores del equilibrio fiscal como soporte del superávit financiero pero, sobre todo, de la sostenibilidad del modelo libertario.

Según el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET), "en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) que, en promedio, cubren el 53% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 47% restante". ¿El gobierno hará el ajuste equivalente a 0,5 punto porcentual del PBI según propone el presupuesto 2025?

Para tener una idea del impacto socioeconómico del escenario, ese informe refleja que la canasta de servicios públicos del Amba (boletos, tarifas de electricidad, gas y agua) costó $134.414 en octubre. Es cierto que son datos de capital y Gran Buenos Aires, donde el gobierno aún se hace cargo del 32% del costo del colectivo; pero en todo caso son datos que impactan en las cuentas presupuestarias nacionales que financia todo el país en asistencia al sector socio-geográfico de mayor impacto electoral de la Argentina.

Luis Caputo ha dejado en claro que por el lado de la recaudación, se desprenderá de lo que queda del Riesgo País y no modificará el esquema de retenciones, que ya deja "en rojo" al 70% de productores de soja de la zona núcleo, que alquilan campos para producir. Si no hay más ingresos, la variable a corregir será necesariamente por el lado del gasto. El análisis de UBA-Conicet ratifica que los subsidios se redujeron 38% año contra año en octubre.

José Luis Bour (Fiel) apuntó que "el ajuste fiscal estará incompleto si la economía convive con un tipo de cambio real que se aprecia 10% por año (computando la inflación internacional), y allí sí se requiere que el gasto público consolidado siga disminuyendo algunos puntos en relación con el PBI para que –junto con una agresiva desregulación y apertura económica- las empresas ganen competitividad.

"Una estrategia de largo aliento -expuso el especialista- que converja a una economía abierta y desregulada, con un gasto público que caiga al entorno del 26 o 25% del PBI, con una tasa de inflación de un dígito y un tipo de cambio unificado y libre, requiere pasar por un periodo de transición en el que todos estos objetivos se van logrando con mucho esfuerzo y quizás a destiempo.

"Es decir, la economía seguirá un sendero en desequilibrio por bastante tiempo, con precios relativos que deberían adaptarse con cierta rapidez a la productividad vigente más que a la productividad potencial que se puede lograr dentro de dos o tres años con 'otra empresa' que sea bien diferente de la que creció en una economía cerrada y súper-regulada", advirtió. En otras palabras: no más ayudas sectoriales y traumas en el horizonte inmediato para algunos sectores de la economía.

Artana reconoció que ayudó que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso; estimó que un 60% del blanqueo líquido de US$20.085 millones se mantendrán depositados; 20% serán encajes (que engrosarán el maquillaje contable de las reservas) "pero el 40% restante se puede prestar básicamente a exportadores. Estos habitualmente liquidan las divisas que reciben para hacerse de pesos y eso puede explicar, al menos, parte de la compra de dólares del mes de octubre" por parte de la autoridad monetaria.

El contador público, asesor de pymes urbanas y rurales, y analista de temas económicos, José Toledo, se explayó ante Sur24 y En la Tecla (Canal 12) sobre las consecuencias económicas inminentes de la histórica sequía que se ensañó, La Niña mediante, con gran parte del país, y en particular con esta zona núcleo.

“Los acontecimientos están anticipando unos meses muy complicados en el marco de esta sequía, sin dudas una de las más graves en el último medio siglo, que afectará muy gravemente a nuestra región, y cuyos devastadores efectos pagaremos todos: los productores agropecuarios, con cosechas frustradas; el Estado, con menores ingresos por impuestos y retenciones; y la comunidad en general, que, tenga o no tenga relación directa con el campo, sufrirá las consecuencias de la disminución del movimiento económico”, comentó el analista. Y amplió: “Estimo que ese fenómeno se sentirá en mayor medida desde abril, cuando inicien las cosechas, porque las lluvias que se esperaban en estos días nunca llegaron y el milagro no tendría lugar para nosotros”.

CPN José Toledo, analista económico.

“Nosotros, como región, reconocemos el campo como el motor económico, y de su suerte depende en cierta medida la del conjunto de la comunidad. La economía es muy interdependiente y compleja, y cuando uno de sus motores falla, como el campo en esta última campaña, el impacto se va encadenando en todas las actividades, en un efecto dominó. Y así como las cosas fueron positivas durante varios años en el sector agropecuario, ahora el escenario cambió. Siempre decimos que esta zona era una isla a nivel país, pero hoy está a la vista que esa isla, literalmente, se secó, y esa seca nos va a golpear”, alertó.

Más adelante, Toledo consideró que “eso que nosotros vamos a sentir con fuerza en la región, también se va a propagar a nivel macro, afectando el Producto Bruto Interno (PBI) -se proyecta una merma de 14 mil millones de dólares en exportaciones agrícolas- y menguando el ingreso de dólares, un bien que se hará aún más escaso en el país”. En este sentido, pronosticó más dificultades para la importación de insumos, como también “la elevación de las tasas de los plazos fijos en pesos para que los ahorristas no se vuelquen masivamente al dólar, cuya escasez podría ser interpretada, lógicamente, como un augurio de futuras escaladas”.

Con respecto a la evolución de la divisa estadounidense, a pesar del salto de 8 pesos de este martes 17, que estableció otro récord en el mercado paralelo, Toledo no se mostró demasiado inquieto y recordó que en los inicios de 2022 el dólar costaba unos 200 pesos y cerró el año en 370, siendo que el Indec estimó una inflación anual de casi el 95%. “Hasta ahora, el dólar ni siquiera aumentó en sintonía con la inflación, e incluso hubo brechas bastante mayores entre el dólar oficial y el paralelo, que, por otra parte -acotó-, representa un mercado pequeño y muchas veces contaminado de intereses políticos”. Y especificó: “Distintos son el dólar MEP o el contado con liquidación, que son los usados por las empresas, y recién ahora ascienden para acompañar la inflación”.

“Sin dudas que el valor del dólar seguirá en alza, pero al ritmo de la inflación, que este año seguramente terminará por encima del 60% que estima el gobierno nacional”, observó el histórico columnista económico de FM100, recordando que “el que compró dólar blue a comienzos de 2022, al final del año no sólo perdió contra la inflación, sino también contra el plazo fijo en pesos”.

“Hasta el momento, el gobierno sigue con el mismo ritmo de devaluación, sobre todo para que no se estire la brecha entre el oficial y el dólar MEP y el contado con liquidación. Y continúan las tasas positivas, sumado a que el mayor tomador de créditos en el sistema financiero es el propio Estado nacional, generando condiciones que vuelve inviable para el ciudadano común contraer un crédito”, redondeó el asesor de empresas.

Para colmo, “el hecho de comenzar a transitar un año electoral complejiza la situación, porque ningún gobierno sostiene, con comicios presidenciales a la vista, los ajustes racionales que la realidad económica exige a gritos, al mismo tiempo que las autoridades centran sus preocupaciones en estirar el plazo de los vencimientos externos, sin asumir sus propias responsabilidades, eludiendo costos políticos, en busca de que esas deudas asfixien al próximo gobierno, aunque el perjuicio sea, en realidad, para toda la ciudadanía”, dijo Toledo. Y proyectó: “Según mi perspectiva, la inercia del gasto público actual continuará durante 2023 y, como contrapartida, habrá ingresos menguados por los efectos de la sequía en la producción agropecuaria”.

Paradójicamente, el analista señaló que hoy Argentina tiene “el menor riesgo país de los últimos cinco años”, y al mismo tiempo, la Bolsa subió en lo que va de 2022, el 24% en dólares, llegando al mismo nivel de 2019. Y puntualizó también que las acciones de YPF subieron un 260% en dólares en los últimos seis meses. “Entonces -profundizó-, por un lado, se proyecta un panorama oscuro y, por otro, los mercados están viendo algo que nosotros no observamos, y es probable que se trate de un cambio de rumbo político a partir de fin de año, aunque hoy ni siquiera hay candidatos en pugna”.

Referentes del Partido Socialista del sur provincial se reunieron en Santa Isabel para realizar un balance y cierre de año. El encuentro, encabezado por la diputada Rosana Bellatti, fue oportuno para repasar la realidad política de las localidades, renovar compromisos y proyectar nuevos desafíos de cara al próximo calendario electoral. 

“Los socialistas trabajamos todos los días para transformar la realidad. En algunas localidades somos gobierno y en otras formamos parte de la gestión ocupando lugares de responsabilidad, desarrollando obras y programas que vienen mejorando la vida de vecinos y vecinas en todo el territorio. Tenemos mucho para aportar, por eso este 2023 queremos seguir siendo protagonistas”, remarcó Bellatti. 

Bellatti reclamó al gobierno provincial por los recortes en salud

La referente del partido de la rosa en la región, destacó que la buena política se demuestra con hechos concretos, “y eso se puede ver en los municipios y comunas donde el socialismo es parte”. 

“Los gobiernos progresistas de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz son el ejemplo claro de lo que puede hacer un Estado presente. Tenemos equipos, ideas y experiencia en gestión. El año que viene vamos con todas las fuerzas a recuperar la provincia y seguir construyendo un futuro mejor para todos los santafesinos y las santafesinas”, agregó. 

Durante el encuentro, hubo fuertes críticas al gobierno provincial por el reparto arbitrario de fondos y la falta de acompañamiento a las gestiones locales en áreas sensibles como salud y seguridad. 

De la departamental socialista participaron dirigentes y referentes de Venado Tuerto, Firmat, Villa Cañás, Rufino, Wheelwright, Teodelina, Aarón Castellanos, Christophersen, San Francisco, Los Quirquinchos, Carmen y la localidad anfitriona. 

Lo ajustado del calendario será un factor a tener presente para que en Santa Fe se renueve la conducción de los órganos de la Acusación y de la Defensa de su fuero penal. Los nombres de los funcionarios judiciales que van a encabezar a los fiscales y a los defensores van a resultar de un proceso que tiene dos momentos marcados por lo técnico, lo jurídico y lo doctrinario en el primer caso, y por lo político y también lo partidario en el segundo. Se trata de que lo último no invada lo primero.

Un antecedente: el año pasado hubo concursos en los que 65 fiscales adjuntos se pusieron a prueba para poder aspirar a ser fiscales titulares, pero 32 reprobaron. Sin embargo, parte de los bochados luego ganó para ser candidatos a jueces… ¿Cuestión de jurados? Puede ser. Si los aplazos se explican por criterios técnicos sería terrible; en cambio, si se trató de diferencias doctrinarias sería entendible. Pero sería grave si fuese por color partidario. La discusión política está reservada al Ejecutivo y los legisladores.

Esta semana quedaron definidas las listas de los interesados en llegar a ser fiscal general y fiscales regionales del MPA y defensor general y defensores regionales del SPPDP. Los mandatos de los titulares del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y de sus fiscalías y defensorías regionales concluirán “fatalmente” en abril de 2023.

Esa expresión usó en una conferencia de prensa esta semana el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, que también buscó responder a los cuestionamientos sugeridos por una asociación de fiscales en un comunicado que reclama transparencia en los concursos. Unos días después, la oposición en pleno en la Legislatura hizo saber que le resultan creíbles esas preocupaciones. Y que de percibirse alguna arbitrariedad se sentirán libres de rechazar los pliegos que se les envíen. La foto fue contundente, con los bloques Socialista, de la UCR, de JxC, Creo y Vida y Familia. 35 en total, lo necesario para imponerse en una Asamblea Legislativa.

Somaglia había dicho cuando se le consultó sobre la falta de acuerdo político, de diálogo para que se cubran las vacantes pendientes en todo el Poder Judicial -además del debate que se viene por las jefaturas de fiscales y defensores-, que para el oficialismo no es fácil. Que solo cuenta con un 20% de las bancas. Y sin que se lo pidieran comparó las escasas designaciones durante su actual gestión con las que lograra, con idéntico cargo, en la segunda gobernación de Jorge Obeid cuando hubo consenso (y votos por la afirmativa o sanciones fictas) para nombrar más de cien magistrados.

Más allá de los números adversos en las Cámaras, Omar Perotti sabe que tiene por delante la tarea de dejar en condiciones plausibles al fuero penal, con sus autoridades designadas antes de que esa discusión se embarre con el proceso electoral de 2023. Ha hecho algo bien: “ningún funcionario político del Poder Ejecutivo se ha postulado”, destacó Somaglia. Al gobierno le falta aceptar que deberá dialogar y que tal vez sea necesario hacerlo ya mismo sobre los concursos.

Si para febrero o marzo del año próximo no se ha votado al fiscal general y a los fiscales regionales; al defensor general y a los defensores regionales, abril se verá ciertamente como una fatalidad. La desprolijidad de una ley de prórroga para subsanar algo así sería gravosa para las instituciones. Es el poder punitivo del Estado el que está en juego.