La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar de baja la habilitación de P. L. Rivero y Cía. S.A., un laboratorio con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras constatar que la firma no había completado el retiro del mercado de distintos productos alcanzados por medidas sanitarias.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 6489/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Además de cancelar la habilitación, el organismo dispuso iniciar un sumario sanitario contra la empresa y quien ejerza su dirección técnica e instruyó a la Coordinación de Asuntos Judiciales para avanzar con una denuncia penal.

Según los antecedentes incluidos en la resolución, P. L. Rivero y Cía. había quedado alcanzada durante 2025 y 2026 por distintas medidas regulatorias relacionadas con medicamentos de su titularidad, productos elaborados mediante terceros y órdenes de recupero.

Uno de los puntos centrales para la nueva decisión fue el informe elaborado por el Departamento de Vigilancia Post-Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El documento indicó que la empresa no había concluido los retiros de mercado ordenados y que el porcentaje de unidades recuperadas era del 0% en todos los trámites en curso mencionados en el expediente.

Esto significa que, al momento del informe, no se había acreditado la recuperación de las unidades que debían ser retiradas de los distintos eslabones de la cadena de comercialización.

El organismo consideró que esta situación representaba un riesgo para la salud de potenciales pacientes y un riesgo sanitario para la población.

Entre los antecedentes figura una medida adoptada en 2025 que había prohibido el uso, la comercialización y la distribución de dos lotes de una solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%, en presentación de 500 mililitros. Los lotes involucrados eran el 70413108 y el 70416108, ambos con vencimiento en diciembre de 2027.

También se habían dispuesto medidas sobre otros productos vinculados con la empresa. Entre ellos aparece Danferane I.V., un medicamento inyectable que contiene trimetoprima y sulfametoxazol, para el cual se había ordenado el retiro de los lotes alcanzados por la medida sanitaria.

Otro de los antecedentes corresponde a Hessico, una solución inyectable de hidroxietilalmidón al 6%. En este caso, la resolución menciona el lote 29116, con vencimiento en agosto de 2027, que había quedado alcanzado por una prohibición de comercialización y distribución.

La documentación oficial también incluye productos de P. L. Rivero elaborados en instalaciones de otras compañías. En uno de los casos, ANMAT había prohibido el uso, la comercialización y la distribución de lotes fabricados en Laboratorios Solkotal S.A. y ordenado su recupero.

A partir de los incumplimientos detectados, ANMAT resolvió cancelar la habilitación de P. L. Rivero y Cía. como establecimiento autorizado para desarrollar las actividades que tenía registradas.

La empresa había sido habilitada como elaboradora de especialidades medicinales y contaba también con autorización para determinadas operaciones de importación y exportación.

La habilitación comprendía, entre otras actividades, la elaboración de medicamentos inyectables de pequeño y gran volumen con esterilización terminal por calor húmedo, soluciones no estériles y bolsas para recolección de sangre.

La resolución también dispone la apertura de un sumario sanitario contra la firma y su director técnico, debido a los incumplimientos que surgen del expediente.

Pero la medida no se limita al ámbito administrativo. ANMAT instruyó a su área de Asuntos Judiciales para que formule una denuncia penal, siguiendo las recomendaciones realizadas por el INAME.

La disposición cita el artículo 239 del Código Penal, referido a la resistencia o desobediencia de disposiciones emanadas de una autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Al mismo tiempo, la autoridad sanitaria deberá avanzar en una estrategia para completar los retiros que todavía permanecen pendientes. El expediente señala que los productos alcanzados por las medidas sanitarias podrían continuar en diferentes puntos de la cadena de comercialización debido a que no fueron recuperados.

Para abordar esa situación, ANMAT encomendó al INAME y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud la elaboración de una estrategia destinada a concretar los recuperos pendientes.

El organismo también señaló que existen alternativas terapéuticas para los productos involucrados, de acuerdo con la información disponible en el Vademécum Nacional de Medicamentos.

La resolución establece además que la situación deberá ser comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las agencias regulatorias internacionales correspondientes.

De esta manera, la decisión de ANMAT tiene dos objetivos inmediatos: sancionar administrativamente a la empresa por los incumplimientos detectados y avanzar con las medidas necesarias para retirar del circuito aquellos productos que ya habían sido alcanzados por prohibiciones o disposiciones de recupero.

La medida fue formalizada este jueves 8 de octubre mediante la Disposición 6489/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de tres productos que eran ofrecidos con distintas indicaciones vinculadas a la salud.

La medida fue publicada este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial mediante la Disposición 6457/2026 y alcanza al “Super calcio cubano”, el “Suplemento nutritivo 0.44” y el “Ungüento de árnica + coca”.

La decisión se tomó luego de actuaciones iniciadas a partir de dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

En esas presentaciones se había informado sobre la comercialización de los tres productos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según el organismo, los productos no se encuentran inscriptos ante la ANMAT y tampoco se identificó un establecimiento responsable que estuviera habilitado por la Administración. Por ese motivo, la autoridad sanitaria consideró que representan un riesgo para la salud de quienes pudieran adquirirlos o utilizarlos.

La disposición identifica de manera específica los productos alcanzados por la medida y también reproduce parte de la información que figuraba en sus respectivos rótulos.

El primero es “Super calcio cubano”, que se presentaba como una “vitamina para calcificar los huesos” y decía estar reforzado con cartílago de tiburón. Según el rótulo relevado por la ANMAT, se promocionaba a base de plantas, raíces y frutas cubanas y enumeraba entre sus componentes vitamina E, calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, guanábana, anona, pruciana, porciana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón.

El producto indicaba, además, que podía utilizarse como fortalecedor de huesos y dientes y mencionaba entre sus indicaciones la artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída del cabello, agotamiento físico, Parkinson y dolores musculares. El rótulo señalaba uso en adultos y niños y consignaba un supuesto “Registro sanitario P210809”.

El segundo producto alcanzado por la prohibición es “Suplemento nutritivo 0.44”, que en su etiqueta mencionaba calcio, vitamina B12 y vitamina E.

También se promocionaba para distintas afecciones y síntomas, entre ellos gota, reumatismo, decaimiento general, rotura de huesos, lumbago, artritis, parálisis facial, calambres, empañamiento de la vista, caída del cabello, mareos, dolor de huesos, hinchazón, agotamiento y dolor de cabeza.

El rótulo de este segundo producto también enumeraba otros ingredientes, como palo huasca, carqueja, vitaminas C, D, E y B12, calcio, zinc, magnesio y cartílago de tiburón. Asimismo, indicaba que podía ser utilizado por adultos y niños.

El tercer producto es “Ungüento de árnica + coca”, que era ofrecido en la vía pública, específicamente en una estación de tren de Quilmes, de acuerdo con la denuncia recibida por el organismo. La imagen del envase incorporada al expediente mostraba la denominación “Ungüento de árnica + coca” y la leyenda “Nueva fórmula con aceite de cannabidol”. También indicaba “Ind. Uruguaya” y un contenido neto de 190 gramos.

Uno de los puntos centrales de la disposición es que, pese a las indicaciones que figuraban en los envases, no surgían de los rótulos los datos de registro ante la ANMAT ni los correspondientes al elaborador. El organismo señaló además que los productos indicaban distintos países de origen: Cuba, Perú y Uruguay, respectivamente.

La ANMAT explicó que se trata de productos de los cuales se desconocen las condiciones de fabricación y su composición real. Además, fueron elaborados por un establecimiento que no se encuentra habilitado por la autoridad sanitaria y eran dispensados fuera de un establecimiento habilitado para esa finalidad.

A partir de esas circunstancias, el organismo consideró que los productos revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes. También verificó que ninguno de los tres estaba inscripto ante la ANMAT y que no había podido identificarse un establecimiento responsable habilitado por la Administración.

Por eso, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país, con el objetivo de proteger a eventuales compradores y usuarios frente a productos cuyas condiciones de manufactura se desconocen.

La Disposición 6457/2026 establece de manera expresa que queda prohibido el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los tres productos identificados por la ANMAT.

La medida alcanza al “Super calcio cubano” con el rótulo que consignaba “Registro sanitario P210809”, al “Suplemento nutritivo 0.44” identificado con los datos de Lucover productos naturales y su distribución por L.i.p. & Hnos SA, y al “Ungüento de árnica + coca”, con la leyenda sobre su nueva fórmula y aceite de cannabidol.

La prohibición se fundamenta específicamente en que los productos carecen de registro ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

La resolución también dispone que la medida sea comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y a los organismos correspondientes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización de distintos productos médicos luego de detectar irregularidades durante procedimientos de fiscalización. Las medidas alcanzan a una punta de Shaver de la marca Smith&Nephew y a diversos insumos vinculados con la firma Biosimil S.R.L.

Según las disposiciones citadas en el informe, las actuaciones se originaron a partir de inspecciones y denuncias que permitieron detectar productos cuya procedencia, registro sanitario o condiciones de almacenamiento no podían ser acreditados de acuerdo con las exigencias vigentes.

Una de las medidas alcanzó a una punta de Shaver identificada como Smith&Nephew, un instrumento utilizado en procedimientos artroscópicos, entre ellos intervenciones sobre distintas articulaciones.

El producto fue encontrado durante una fiscalización realizada en un establecimiento de la firma Promedik S.R.L., habilitado como ortopedia y ubicado en la ciudad de Corrientes. Los inspectores localizaron el dispositivo dentro de uno de los depósitos del establecimiento, junto con otros productos médicos y sin una identificación específica.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, la unidad no contaba con datos correspondientes a un importador responsable en la Argentina ni con información que permitiera acreditar su registro sanitario.

Ante la consulta de los fiscalizadores, la persona inspeccionada manifestó que había adquirido el producto a través de Mercado Libre y que no disponía de documentación que respaldara su procedencia.

A partir de esa situación, el insumo quedó preventivamente inhibido. Posteriormente, ANMAT consultó a Valmi S.R.L., empresa que figura como titular del registro sanitario correspondiente a las puntas de devastado artroscópico de la marca Smith&Nephew.

La empresa señaló que, tras una revisión visual, consideraba que el producto era original. Sin embargo, indicó que no había importado unidades correspondientes al lote identificado como 51054817.

Para el organismo sanitario, esa circunstancia implicaba que el dispositivo habría ingresado al país sin contar con las autorizaciones correspondientes. Además, ANMAT señaló que no podía determinar en qué condiciones había sido almacenado ni garantizar su funcionamiento y seguridad.

Por ese motivo, la autoridad sanitaria estableció la prohibición de uso, distribución y comercialización del producto en todo el territorio nacional.

La segunda medida estuvo relacionada con Biosimil S.R.L. y se inició a partir de una denuncia que advertía sobre el funcionamiento de un depósito de la empresa.

Según el expediente, el depósito habilitado de la firma permanecía cerrado y parte de la mercadería habría sido trasladada a una oficina ubicada en la calle Nicaragua al 5900, en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando los inspectores de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud concurrieron al lugar, encontraron oficinas administrativas y dos ambientes donde se almacenaban productos de uso médico.

La profesional que se encontraba en el establecimiento y había sido propuesta como nueva directora técnica explicó que ese domicilio no contaba con habilitación sanitaria. Según indicó, el traslado del stock se había realizado de manera transitoria debido a trabajos de ampliación y reorganización en la sede habilitada de la avenida Santa Fe.

ANMAT constató que Biosimil contaba con un certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente hasta noviembre de 2027. Sin embargo, el organismo indicó que las modificaciones realizadas en el establecimiento habilitado no habían sido comunicadas y que las actividades vinculadas con productos médicos se habrían desarrollado desde un domicilio que no contaba con autorización sanitaria.

Durante la inspección fueron encontradas 30 unidades de un dispositivo médico de aspiración de VR Medical y otras 19 unidades de una variante del mismo producto, además de insumos Simex destinados al drenaje de heridas y 14 implantes de la firma Medicon, entre otros elementos.

En el caso de los implantes Medicon, los inspectores no encontraron información que identificara al importador responsable ni datos correspondientes al registro sanitario. La profesional que recibió a los inspectores señaló que esos productos pertenecían a un socio de Biosimil, que no formaban parte del inventario de la empresa y que no existía documentación sobre su procedencia.

La Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT estableció que los implantes figuraban registrados a nombre de Grupo MG S.R.L. La empresa, según consta en las actuaciones, manifestó que no había importado esos productos. También fue consultada Medical Implant's SA, anterior titular del registro de esa familia de implantes, que tampoco los reconoció como propios.

Ante las irregularidades detectadas, ANMAT inició un sumario sanitario contra Biosimil S.R.L. y contra quien resulte ser su director técnico. Además, dispuso la suspensión del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación N.º 394-2022-R hasta que la empresa regularice las situaciones observadas durante las inspecciones.

La disposición también contempla la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos para avanzar con la denuncia correspondiente.

Las medidas forman parte de las acciones de fiscalización que realiza ANMAT sobre productos médicos y establecimientos vinculados con su fabricación, importación, almacenamiento y comercialización. El organismo ya adoptó durante septiembre otras prohibiciones sobre insumos médicos cuando no pudo garantizarse su trazabilidad o las condiciones exigidas por la normativa sanitaria.

En este caso, las prohibiciones y actuaciones se fundamentaron en la imposibilidad de acreditar adecuadamente la procedencia y las condiciones en las que determinados productos habían sido almacenados o incorporados a los circuitos de comercialización.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de productos de limpieza y desinfección de la marca B&T Química que no se encuentren debidamente registrados.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica.

La intervención del organismo se originó a partir de tareas de fiscalización y una denuncia relacionada con la comercialización de productos de la marca sin la inscripción sanitaria correspondiente. Durante las actuaciones, ANMAT detectó que los artículos eran promocionados y ofrecidos a través de internet, redes sociales y sitios de venta digital.

Según la disposición, la medida comprende los productos de B&T Química que sean identificados como limpiadores, desinfectantes y otros productos domisanitarios que no cuenten con el registro correspondiente.

Entre los artículos que habían sido detectados durante la investigación se encontraban productos destinados a la limpieza y desinfección, además de aromatizantes. La prohibición alcanza todos los lotes de los productos comprendidos mientras no se encuentren debidamente inscriptos.

Los productos domisanitarios son aquellos destinados, entre otros usos, a la limpieza, lavado, higienización, desinfección o desinfestación del hogar y otros espacios. ANMAT incluye este tipo de artículos dentro de los productos de uso doméstico que se encuentran bajo su regulación.

La investigación permitió establecer inicialmente que los productos comercializados por la firma no figuraban inscriptos ante la autoridad sanitaria. También se constató que no se encontraba identificado un establecimiento responsable habilitado por ANMAT para esos productos.

Durante el proceso administrativo, la empresa informó que había iniciado acciones destinadas a regularizar la situación. De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la medida, posteriormente se inscribieron determinados productos de riesgo 1, correspondientes a limpiadores y suavizantes. Sin embargo, la prohibición alcanza a aquellos artículos que continúan sin la correspondiente inscripción sanitaria.

La disposición también contempla la comercialización a través de medios digitales. Por eso, la restricción no se limita a los comercios físicos: también comprende la oferta de los productos alcanzados mediante páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Uno de los puntos centrales de la medida es la falta de información sanitaria suficiente sobre los productos que estaban siendo comercializados sin inscripción.

Según los fundamentos de la disposición, cuando un producto domisanitario no cuenta con el registro correspondiente, no pueden verificarse adecuadamente las condiciones en las que fue elaborado ni su formulación. En ese contexto, el organismo señaló que no podía garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.

El registro sanitario permite que la autoridad competente cuente con información sobre los productos y pueda fiscalizar las condiciones exigidas por la normativa para su elaboración y comercialización. La propia ANMAT incluye a los productos de uso doméstico dentro de las categorías que regula y controla.

Por este motivo, el organismo resolvió adoptar una medida precautoria hasta que los productos involucrados puedan encontrarse debidamente regularizados.

La Disposición 6173/2026 establece la prohibición en todo el territorio nacional y extiende su alcance a las plataformas de venta electrónica. Además de impedir su uso, comercialización y distribución, la medida alcanza la publicidad de los productos comprendidos.

En paralelo, ANMAT dispuso la apertura de un sumario sanitario a B&T Química S.R.L., con el objetivo de determinar los presuntos incumplimientos de la normativa que regula la elaboración, inscripción y comercialización de productos domisanitarios.

La medida se suma a otras intervenciones recientes de la autoridad sanitaria sobre productos de limpieza comercializados sin los registros correspondientes. En los últimos meses, ANMAT informó prohibiciones sobre distintas marcas de domisanitarios luego de detectar productos ofrecidos sin inscripción sanitaria o sin establecimientos responsables habilitados.

Para los consumidores, el dato central de esta disposición es que los productos de B&T Química comprendidos por la prohibición no deben utilizarse, comercializarse, distribuirse ni publicitarse mientras no cuenten con la inscripción sanitaria correspondiente.

La medida permanecerá vigente respecto de los productos alcanzados hasta que se regularice su situación ante la autoridad sanitaria.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición preventiva de las actividades de dos laboratorios y prohibió la circulación de todos los productos elaborados o comercializados por ambas empresas en el territorio nacional.

Las medidas fueron adoptadas luego de detectar distintos incumplimientos durante las tareas de fiscalización y quedaron formalizadas mediante las disposiciones 5865/2026 y 5870/2026, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Una de las empresas involucradas es Laboratorio Trifarma S.R.L., que funciona en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La otra es Ugal Farmacéutica S.A., con establecimiento en Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Aunque las situaciones detectadas en cada establecimiento son diferentes, en ambos casos la autoridad sanitaria resolvió aplicar medidas preventivas sobre las actividades y los productos de las firmas.

En el caso de Trifarma, las actuaciones de ANMAT comenzaron a partir de una comunicación del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Según consta en la disposición oficial, la autoridad sanitaria provincial había informado el cierre preventivo del establecimiento y la prohibición de elaboración y comercialización de productos de farmacopea de la empresa.

El motivo central señalado por el organismo fue que Trifarma no contaba con un director técnico designado. A esto se sumaron incumplimientos relacionados con el registro de sus productos.

Para ANMAT, esas condiciones determinan que los productos elaborados o comercializados por la firma sean considerados ilegítimos dentro del marco de la normativa sanitaria vigente. Por ese motivo, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo recomendó avanzar con una medida que no se limitara al establecimiento, sino que también alcanzara a los productos de la empresa.

La Disposición 5865/2026 estableció así la inhibición preventiva de las actividades productivas, de control de calidad, comercialización y distribución de Trifarma. Además, prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de todos los productos elaborados o comercializados por la compañía.

La medida tiene alcance nacional pese a que el establecimiento señalado está ubicado en Rosario, en Bolivia 586 Bis. De esta manera, la disposición no se limita a la jurisdicción santafesina y alcanza a cualquier producto de la firma que pudiera encontrarse en circulación en otras provincias.

ANMAT también determinó que deberá iniciarse un sumario sanitario para determinar las presuntas infracciones y las normas que podrían haberse incumplido. Ese procedimiento deberá individualizar las responsabilidades correspondientes y garantizar el derecho de defensa de la empresa.

La situación de Ugal Farmacéutica fue analizada a partir de una inspección realizada por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). En ese procedimiento, los inspectores encontraron incumplimientos vinculados con las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

La empresa, ubicada en Larrea 1261, Ramos Mejía, está habilitada para elaborar especialidades medicinales en determinadas formas farmacéuticas, entre ellas soluciones parenterales de pequeño y gran volumen con esterilización terminal. Sin embargo, durante la inspección fueron identificadas deficiencias calificadas como críticas y mayores en diferentes áreas de funcionamiento.

El relevamiento incluyó observaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad, el personal, las instalaciones, los equipos, la documentación, los procesos productivos y los controles de calidad. También fueron señaladas dificultades en las condiciones de determinadas áreas de trabajo y en los sistemas de climatización y ventilación.

Otro de los puntos observados estuvo relacionado con el monitoreo ambiental, la documentación y la integridad de los datos utilizados en los procesos de fabricación. A su vez, ANMAT indicó que no existían pruebas suficientes para acreditar la validación de determinados procesos.

La inspección también detectó deficiencias en el control de actividades tercerizadas y problemas vinculados con la trazabilidad de los lotes producidos. Según el organismo, estas situaciones dificultan reconstruir de manera confiable el recorrido de los productos y establecer responsabilidades ante eventuales inconvenientes.

A partir de las observaciones, el INAME emitió una Carta de Advertencia y concluyó que, bajo esas condiciones, no podía garantizarse el cumplimiento de los requisitos necesarios para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos fabricados por la empresa.

Por ese motivo, ANMAT resolvió inhibir preventivamente las actividades productivas, de control de calidad y comercialización de Ugal Farmacéutica. También prohibió en todo el territorio nacional el uso, comercialización y distribución de todos los productos elaborados o comercializados por la firma.

Al igual que en el caso de Trifarma, la autoridad sanitaria dispuso además iniciar un sumario contra la empresa y su dirección técnica. El procedimiento deberá avanzar con la identificación de las presuntas infracciones y de la normativa aplicable.

Las dos disposiciones establecen además los mecanismos administrativos y judiciales que pueden utilizar las empresas para cuestionar las medidas. Las firmas cuentan con plazos para presentar recursos de reconsideración o de alzada y también pueden recurrir a la Justicia en los términos establecidos por la normativa vigente.

De esta manera, las prohibiciones dispuestas por ANMAT son medidas sanitarias preventivas que permanecen vigentes mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes y se determina la situación de cada establecimiento y de sus productos.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos.

El magistrado las consideró, de manera preliminar, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa investiga el fentanilo producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculado hasta el momento con 90 muertes.

La resolución estableció un embargo de $500.000 millones para cada una y la inhibición general de sus bienes. La cifra fue calculada considerando las posibles indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes y la dimensión económica del expediente.

Ambas continuarán en libertad, pero tendrán prohibido salir del país, deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal y entregar sus documentos de viaje. Tampoco podrán contactar a personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas el 4 de agosto por pedido del Ministerio Público Fiscal. Recuperaron la libertad después de prestar declaración indagatoria y abonar cauciones de $75 millones cada una

Kreplak sostuvo que las irregularidades de los laboratorios eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y que los organismos disponían de herramientas para impedir que las empresas continuaran funcionando en esas condiciones.

La resolución atribuyó a Mantecón Fumadó demoras frente a las advertencias de las áreas técnicas. Entre ellas mencionó que el proyecto de una carta destinada a limitar la actividad de HLB Pharma permaneció paralizado durante más de cuatro meses.

Respecto de Bisio, el juez señaló que mantenía autoridad sobre el INAME y contaba con facultades para actuar ante posibles omisiones. También indicó que firmó la prohibición de uso y comercialización del lote 31.202 el 12 de mayo de 2025.

El expediente contabiliza 134 personas afectadas: 90 fallecieron, al menos dos sufrieron lesiones gravísimas y otras 41 presentaron lesiones graves. Además, se registraron 47 querellas dentro de la investigación.

Con estas dos medidas, la causa suma 15 procesados. Los otros 13 están vinculados con la dirección, producción y control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: tres permanecen detenidos, tres cumplen prisión domiciliaria y siete transitan el proceso en libertad.

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, ampliará este lunes su declaración ante la Justicia federal en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. La presentación se realizará ante el juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata.

Bisio ya había comparecido ante el magistrado y, en aquella oportunidad, presentó un escrito y se abstuvo de responder preguntas. Ahora volverá a declarar mientras la investigación judicial avanza sobre las circunstancias que permitieron la producción y distribución de los lotes cuestionados y sobre las responsabilidades que podrían corresponder a los distintos actores involucrados.

La causa tiene como eje a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y analiza la fabricación y distribución de fentanilo que terminó contaminado con bacterias multirresistentes. Según la información incorporada al expediente, los lotes identificados con los números 31.202 y 31.244 fueron distribuidos en distintos hospitales del país y posteriormente se confirmó que estaban contaminados con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

El caso provocó casi un centenar de muertes, de acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas y otros medios que siguen la investigación. La pesquisa busca establecer cómo se produjo la contaminación, qué controles fueron realizados antes de que el medicamento llegara a los centros de salud y si existieron omisiones o incumplimientos que permitieron que los lotes fueran distribuidos.

Uno de los puntos que adquirió relevancia durante la investigación fueron las inspecciones realizadas previamente por la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Según los elementos mencionados en el expediente, durante esos controles se habían detectado fallas consideradas críticas, pero esas observaciones no tuvieron un seguimiento que derivara en el cierre de las plantas o en la interrupción de sus actividades.

De acuerdo con la reconstrucción difundida en el marco de la causa, los laboratorios continuaron funcionando pese a esas observaciones. El momento señalado como clave fue el 18 de diciembre de 2024, cuando fueron fabricados los lotes que posteriormente resultaron contaminados. Las partidas comenzaron a distribuirse a distintos puntos del país en enero de 2025.

La investigación judicial procura determinar, entre otros aspectos, qué ocurrió durante ese período y cuál fue el recorrido de los medicamentos desde su elaboración hasta su llegada a los hospitales.

Bisio recuperó su libertad junto con Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME, luego de que ambas pagaran una caución de 75 millones de pesos cada una. La ex titular de la ANMAT había sido detenida en Olivos, mientras que Mantecón Fumado se presentó voluntariamente en una dependencia policial acompañada por su abogado.

Las detenciones fueron dispuestas por el juez Kreplak a partir de un pedido de los fiscales federales. Los investigadores caracterizaron el expediente como un caso de “criminalidad compleja” y señalaron la existencia de un supuesto “conglomerado empresarial organizado”, según la información difundida sobre la causa.

El expediente también tiene entre sus principales investigados al empresario Ariel García Furfaro, señalado como propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., además de su madre y otros integrantes vinculados con las compañías. El 20 de agosto se cumplió un año de las primeras detenciones relacionadas con el denominado clan García Furfaro, una etapa que marcó un punto de inflexión en la investigación.

La nueva declaración de Bisio se produce mientras la Justicia intenta reconstruir la cadena de decisiones que precedió a la distribución de los lotes contaminados. En particular, el foco está puesto en los controles realizados sobre las empresas, las observaciones efectuadas por los organismos sanitarios y las medidas que se adoptaron —o no— después de esas inspecciones.

La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales que puedan surgir de esas actuaciones y establecer si las fallas detectadas tuvieron relación con la posterior circulación del fentanilo contaminado.

Por ahora, la causa continúa en etapa de investigación y la ampliación de la declaración de la ex funcionaria constituye una nueva instancia para incorporar información al expediente. Su testimonio será analizado junto con los documentos, peritajes y demás elementos reunidos por la Justicia para reconstruir lo ocurrido con los medicamentos fabricados a fines de 2024 y distribuidos desde comienzos de 2025.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión preventiva de una droguería radicada en la provincia de Córdoba luego de constatar una serie de irregularidades vinculadas con los procedimientos de distribución y control de medicamentos.

La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y forma parte de las acciones de fiscalización que el organismo realiza sobre la cadena de comercialización de productos para la salud.

Según informó el organismo nacional, las observaciones surgieron a partir de una inspección en la que se detectaron incumplimientos relacionados con las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, un conjunto de normas destinadas a garantizar que los productos mantengan su calidad, seguridad y trazabilidad desde su elaboración hasta su llegada a farmacias, hospitales y otros establecimientos habilitados.

De acuerdo con la resolución oficial, las irregularidades abarcaron distintos aspectos vinculados a la documentación, los procedimientos operativos, los registros de distribución y los mecanismos de control exigidos por la normativa vigente.

A partir de esos hallazgos, las áreas técnicas de ANMAT consideraron necesario aplicar una medida preventiva para impedir que la firma continúe realizando tránsito interjurisdiccional de medicamentos mientras se evalúa el cumplimiento de las exigencias regulatorias.

La suspensión alcanza específicamente a la actividad de distribución entre distintas jurisdicciones del país. Esto significa que la empresa no podrá desarrollar esa operatoria hasta que demuestre ante el organismo que corrigió las deficiencias señaladas y que cumple con los estándares requeridos para este tipo de actividad.

Al mismo tiempo, ANMAT inició un sumario sanitario para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder tanto a la empresa como a su dirección técnica. El procedimiento permitirá analizar en detalle las observaciones realizadas durante la inspección y evaluar si existieron infracciones a la normativa sanitaria nacional.

Las medidas de control sobre droguerías y distribuidoras forman parte de un esquema regulatorio que busca asegurar que los medicamentos lleguen a los pacientes en condiciones adecuadas de conservación, almacenamiento y transporte.

Las Buenas Prácticas de Distribución establecen requisitos específicos para cada etapa del proceso logístico. Entre otros puntos, contemplan sistemas de registro, procedimientos documentados, capacitación del personal, condiciones de almacenamiento y mecanismos que permitan reconstruir el recorrido de cada producto dentro de la cadena comercial.

La trazabilidad constituye uno de los pilares de ese sistema. Gracias a estos controles es posible identificar el origen de los medicamentos, conocer por qué establecimientos pasaron y actuar rápidamente ante eventuales problemas de calidad o seguridad.

Desde ANMAT señalaron que las medidas preventivas tienen como finalidad proteger la salud pública y garantizar que únicamente operen aquellas empresas que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la legislación vigente.

La decisión se inscribe además en una serie de acciones que el organismo viene desarrollando para reforzar los controles sobre establecimientos vinculados a la distribución de medicamentos y especialidades medicinales.

En distintos procedimientos recientes se revisaron habilitaciones, certificados y condiciones operativas de empresas del sector con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Por el momento, la suspensión tiene carácter preventivo y permanecerá vigente hasta que la droguería acredite ante las autoridades sanitarias la adecuación de sus procesos a los estándares exigidos. Mientras tanto, el expediente administrativo continuará su curso para determinar el alcance de las irregularidades detectadas y las eventuales sanciones que pudieran corresponder.

(*) Por Dr. Carlos Alberto Díaz 

Hay momentos en la vida de las instituciones en que el diagnóstico ya no alcanza. Se puede seguir describiendo el deterioro con la precisión de un informe técnico, se pueden alinear cifras, comparar sistemas, citar la literatura, y aun así quedarse corto frente a lo que realmente está pasando: esta no es una crisis más del sistema de salud argentino. Es el cierre de una época. La época del aseguramiento social solidario, la del «todos cubiertos, todos iguales», se está terminando ante nuestros ojos, en silencio, sin que nadie la haya decretado, sin que nadie se haga cargo.

Quienes trabajamos en el interior del sistema —en la gestión, en la clínica, en la provisión, en la prestación, en la auditoría, en las redes, en la docencia— lo sentimos en el cuerpo antes que en los números. Se vacía en una letanía dolorosa y generadora de muertes evitables. No de un día para el otro, sino con la lentitud de lo que se drena por una fisura que nadie quiere ver. Y como en todo fin de época, hay ganadores y hay perdedores. Conviene decirlo sin eufemismos, empezando por quienes más tienen que perder: los pacientes. Tengo la sensación de la parábola de la rana hervida. No podremos salvarnos.

La verdad incómoda que este editorial no va a esquivar es la siguiente: hoy, en la Argentina, tener un prepago —o una obra social de las que todavía funcionan como tales— es tener acceso a un buen servicio de salud. No tenerlo es entrar en una fila. Esa fila tiene nombre: lista de espera visible y oculta. Y esa lista de espera tiene consecuencias clínicas concretas, no administrativas: más infartos que llegan tarde al balón, más accidentes cerebrovasculares sin ventana terapéutica, más insuficiencias renales que debieron prevenirse, más cirugías que se posponen hasta que el paciente empeora.

El sistema no lo va a anunciar en un comunicado. Simplemente va a ocurrir, prestación por prestación, turno por turno. Y la respuesta institucional frente a eso, hay que decirlo también, va a ser la de siempre: nada. Ninguna épica, ninguna reforma de fondo, solo la administración silenciosa de la escasez.

La pregunta que el sistema evita: Si el acceso a un buen resultado clínico depende cada vez más de la cobertura que uno puede pagarse, ¿en qué sentido seguimos llamando «sistema de salud» a lo que en los hechos ya funciona como un mercado segmentado por capacidad de pago?

El presupuesto público, mientras tanto, no es un colchón infinito: depende de la recaudación fiscal, que cae en la misma proporción en que cae la actividad económica.

El círculo se cierra sobre sí mismo: menos empleo formal, menos aportes, menos recaudación fiscal, menos presupuesto público, más gasto de bolsillo, más pacientes sin cobertura efectiva. Cada eslabón empuja al siguiente hacia abajo.

Hay un capítulo dentro de esta ecuación que merece mención aparte, porque agrava por sí solo el desfinanciamiento de las obras sociales: la incorporación obligatoria de los monotributistas al sistema.

El aporte que un monotributista destina a su cobertura de salud ronda hoy los 19.750 pesos, apenas el veintidós por ciento de lo que cuesta financiar el Programa Médico Obligatorio.

La propia Confederación General del Trabajo lo ha planteado en estos términos en su diagnóstico sobre la situación de las obras sociales, señalando que el aporte de los monotributistas es varias veces inferior al costo real del PMO y que, además, quienes ingresan por esta vía suelen presentar una carga de enfermedad igual o mayor a la de los afiliados que aportan por relación de dependencia (CGT, 2026).

El resultado no es un detalle contable: cada monotributista que se suma al padrón sin que su aporte cubra el costo de su propia cobertura empuja hacia abajo la cápita media del conjunto de la obra social, obligándola a financiar esa diferencia con lo que aportan los afiliados formales.

Es, en los hechos, otra forma en que la solidaridad del sistema se transforma en subsidio cruzado no reconocido, silencioso y creciente.

El PAMI no es una anomalía aislada: es el síntoma más visible de un mal estructural, porque concentra en un solo organismo todas las tensiones del resto del sistema.

Déficit crónico, dificultad creciente para sostener prestaciones, una población beneficiaria que envejece y demanda más justo cuando el financiamiento demanda menos.

No hay indicios de que esa tensión se resuelva sola, ni de que exista hoy una decisión política de resolverla de fondo.

A esta ecuación financiera ya insostenible se le suma un factor que la agrava sistemáticamente: el costo de los medicamentos.

Cada vez se usan más fármacos, y los que sustituyen a los anteriores son, sistemáticamente, más costosos.

El estándar internacional de veinte años de protección de patente (ADPIC/TRIPS) ya es, de por sí, un plazo largo frente a la necesidad de acceso; en la práctica argentina, además, el tiempo efectivo de exclusividad se ha extendido en los últimos años en lugar de acortarse (CAEME, 2024), postergando el ingreso de genéricos que aliviarían la presión sobre el gasto.

Y cuando la Argentina intenta correr ese límite, aunque sea un poco, la respuesta de los intereses comerciales globales —con Estados Unidos a la cabeza— no es la negociación: es la presión.

Los criterios de patentabilidad relativamente restrictivos que el país adoptó para limitar extensiones monopólicas abusivas y favorecer el acceso a genéricos están hoy bajo una presión internacional creciente para alinearse con estándares más favorables a las corporaciones multinacionales (Fundación Soberanía Sanitaria, 2026).

El acuerdo comercial reciente entre la Argentina y Estados Unidos exige, entre otras cosas, extender los plazos de exclusividad de datos y habilitar prórrogas adicionales sobre los veinte años estándar de patente, lo que retrasa aún más el acceso a genéricos y sostiene precios altos (Asociación Acceso Justo al Medicamento, 2026; Díaz, 2026b).

Se recupera la posición ganada y se vuelve a presionar. No tenemos, hoy, poder de negociación real frente a esa dinámica.

Y sin ese poder, cada actualización del vademécum es, en los hechos, una transferencia de recursos desde un sistema que ya no tiene margen hacia una industria que no está dispuesta a cederlo.

Conviene ser justos en el diagnóstico: la salud en la Argentina, en términos absolutos, es buena.

El problema no es la ausencia de capacidad técnica ni de recursos humanos formados. El problema es que los resultados que obtenemos son sistemáticamente inferiores a los que el gasto debería producir.

Se gasta más de lo que se obtiene.

Esto no es una particularidad local: la Organización Mundial de la Salud estima, de manera global, que entre el veinte y el cuarenta por ciento del gasto sanitario se desaprovecha por ineficiencia, concentrado en recursos humanos mal asignados, uso irracional de medicamentos y fallas operativas en los servicios (OMS, 2010).

Hay sectores del sistema argentino que se ubican en el extremo superior de ese rango, con más del treinta por ciento de ineficiencia (Díaz, 2025), un número que no es un margen de error contable sino una fuga estructural de recursos que, si se corrigiera, cambiaría por completo la conversación sobre financiamiento.

Es un error de diagnóstico —y un error político— hablar de «la» crisis del sistema de salud argentino, en singular.

No hay una sola crisis: hay varias, simultáneas, que involucran a instituciones distintas y que rara vez se miran en conjunto.

La ANMAT y su capacidad regulatoria.La evaluación de tecnología sanitaria, todavía incipiente frente a la velocidad de la innovación.Los laboratorios, entre la presión de precios y la de patentes.Las sociedades científicas, que deberían fijar estándares y muchas veces llegan tarde.La logística de insumos, con dificultades reales para distribuir recursos y mantener operativos a los efectores en todo el territorio.

Cada una de estas crisis, por separado, sería gestionable.

Juntas, y sin coordinación entre los ministerios y organismos que las administran, son la razón por la que ninguna reforma parcial alcanza.

Los efectores del sistema —hospitales, clínicas, sanatorios— arrastran un endeudamiento que en muchos casos supera las dos décadas.

No es un problema de coyuntura: es estructural, y regularizarlo exigiría una reestructuración profunda de la matriz de costos que el sistema, tal como está financiado hoy, no tiene con qué costear.

Las propias entidades que agrupan a estos efectores —CADIME, ADECRA+CEDIM y CONFECLISA, reunidas en CONAES— vienen advirtiendo desde hace años sobre esta situación, señalando que sus ingresos dependen de aranceles cristalizados y de condiciones financieras que les son impuestas, sin que sean ellas mismas formadoras de precios ni intermediarias económicas (CONAES, 2026).

La solución obvia —que de ahora en más los efectores paguen puntualmente todas sus obligaciones impositivas y no generen deuda nueva hacia adelante— es correcta como principio y casi inaplicable como política, si no se resuelve primero la brecha entre lo que el sistema recauda y lo que el sistema necesita gastar para funcionar sin acumular pasivos.

Si nada de esto se corrige, el destino más probable del sistema no es el colapso súbito, sino algo más lento y en cierto modo más preocupante: una concentración caníbal.

Las obras sociales tal como las conocimos —con historia, identidad, arraigo sectorial— van a desaparecer, absorbidas unas por otras o simplemente vaciadas de afiliados y de sentido, sin que existan estructuras institucionales, empresas o figuras jurídicas preparadas para sustituirlas.

Y cuando eso ocurra, los afiliados de las obras sociales que desaparezcan no van a tener adónde ir, porque no hay planificado ningún mecanismo de reasignación.

La cobertura no se transforma: simplemente deja de estar, para quien no pueda pagarla por otra vía.

La prestación pública puede mejorar. De eso no tengo dudas.

Pero no va a mejorar solo con presupuesto, ni solo con una nueva ley, ni con un decreto que reordene competencias entre la Nación y las provincias.

Lo primero que hay que aceptar —y esta es, quizás, la frase más difícil de todo este editorial— es que se necesita un cambio.

No un ajuste, no una reforma cosmética, no una readecuación de aranceles: un cambio cultural en la forma en que el sistema entiende su propia función.

Mientras sigamos discutiendo el financiamiento sin discutir el modelo de atención, la eficiencia sin discutir la gobernanza, y la cobertura sin discutir qué estamos dispuestos a garantizar como sociedad, vamos a seguir gestionando la agonía de una época en lugar de construir la que viene.

La salud, en la Argentina, se está vaciando de contenidos, de espíritu, de vocación.

No porque falten profesionales dispuestos a ejercerla con vocación —los hay, y son mayoría—, sino porque el sistema que los rodea ya no les ofrece el marco institucional, financiero y regulatorio para que esa vocación se traduzca en resultados.

Ese es, en definitiva, el verdadero fin de época: no el de una obra social o un prestador en particular, sino el de una forma de entender la salud como derecho garantizado que, sin una decisión política y social explícita de sostenerla, se convierte silenciosamente en un privilegio de cartera.

El aviso ya está dado.

Lo que sigue depende de si, como sistema, aceptamos que hace falta cambiar, o si preferimos seguir administrando, prestación por prestación, la desaparición de lo que alguna vez quisimos construir.

(*) Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad ISALUD

El acceso a la información sobre medicamentos en Argentina comenzará a cambiar de manera progresiva.

A partir de una nueva disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, todos los remedios deberán incorporar un código QR o Data Matrix en sus envases para que pacientes y profesionales de la salud puedan consultar prospectos e información actualizada desde el celular.

La medida fue oficializada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica mediante la Disposición 2891/2026 y alcanza a todas las especialidades medicinales, independientemente de su origen o condición de venta.

Es decir, abarcará tanto medicamentos de venta libre como aquellos que requieren receta médica.

Abarcará tanto medicamentos de venta libre como aquellos que requieren receta médica.

Según explicó el organismo, el objetivo es modernizar el acceso a la información sanitaria, evitar la circulación de prospectos desactualizados y fortalecer la seguridad de los pacientes en el uso de medicamentos.

La decisión se enmarca en el avance de herramientas digitales aplicadas a la salud y busca mejorar la trazabilidad de los productos farmacéuticos en toda la cadena de distribución.

De acuerdo con la normativa, cada medicamento tendrá que incorporar un código bidimensional impreso o adherido mediante etiquetas con tecnología antifraude en el envase secundario, aunque las empresas también podrán incluirlo en el envase primario si así lo desean.

Al escanearlo desde un teléfono móvil, los usuarios accederán directamente al prospecto vigente aprobado por ANMAT y a la información destinada tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

La disposición aclara además que los códigos no podrán redirigir a contenidos promocionales ni publicitarios. Toda la información disponible deberá estar exclusivamente vinculada al medicamento y mantenerse actualizada en tiempo real.

Escaneando el QR se accederán a la información destinada tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

En los fundamentos de la resolución, el organismo sanitario sostuvo que la experiencia acumulada durante los últimos años y la evolución tecnológica hicieron necesario ampliar el alcance de la normativa previa. Hasta ahora, la obligatoriedad de estos códigos estaba limitada a determinados medicamentos de origen sintético o semisintético.

La nueva reglamentación deroga una disposición emitida en 2025 y extiende el sistema a todas las especialidades medicinales comercializadas en el país.

Otro punto importante es que los laboratorios seguirán teniendo la posibilidad de mantener el prospecto impreso dentro de la caja. Es decir, el código QR podrá coexistir con la versión en papel.

La Anmat estableció un plazo de seis meses para que los titulares de registros generen la totalidad de los códigos QR o Data Matrix correspondientes a cada medicamento.

En paralelo, la incorporación física en los envases será progresiva para permitir el agotamiento del stock existente y evitar inconvenientes en la comercialización.

Además, la disposición determina que los códigos deberán ajustarse a estándares internacionales de trazabilidad, como el sistema GS1, utilizado globalmente para identificar productos de manera única y garantizar su seguimiento a lo largo de toda la cadena de suministro.

El organismo remarcó que los laboratorios serán responsables de garantizar el correcto funcionamiento de los códigos, la disponibilidad permanente de la información y la actualización de los contenidos digitales vinculados.

También deberán asegurar que los códigos estén ubicados en sectores visibles de los envases y cuenten con el tamaño y contraste adecuados para facilitar su lectura.

Al mismo tiempo, el nuevo esquema permitirá actualizar información de manera inmediata ante cambios regulatorios o advertencias sanitarias, sin necesidad de esperar nuevas impresiones de envases y prospectos.

La disposición entrará en vigencia desde este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial, aunque la adaptación total del sistema demandará varios meses hasta que los nuevos códigos comiencen a verse masivamente en farmacias y medicamentos de uso cotidiano.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza tras detectar irregularidades en su registro y control. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todo el territorio nacional.

La medida fue adoptada por el organismo luego de tareas de fiscalización que evidenciaron que los productos involucrados carecían de inscripción sanitaria, un requisito indispensable para garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Según se detalló en la Disposición 2406/2026, la prohibición alcanza a distintos artículos de limpieza de la marca LOMIR, entre ellos soluciones de hipoclorito de sodio, limpiavidrios multiuso y desinfectantes de superficies.

La ANMAT también dispuso la instrucción de sumarios sanitarios a las firmas involucradas y la comunicación de la medida a autoridades sanitarias y organismos de defensa del consumidor, con el objetivo de evitar la circulación de estos productos en el mercado.

El eje de la decisión radica en la falta de registro sanitario de los productos, lo que implica que no fueron evaluados por el organismo en términos de composición, eficacia ni seguridad.

Desde el organismo se advierte que este tipo de situaciones representa un riesgo potencial para los usuarios, ya que no se puede garantizar que los productos cumplan con los estándares mínimos exigidos. Además, la ausencia de información confiable sobre su origen o elaboración impide verificar su trazabilidad.

En este caso, los artículos alcanzados incluían productos de uso cotidiano, como desinfectantes y limpiadores para superficies o piscinas, lo que amplifica el impacto de la medida debido a su uso extendido en hogares y espacios públicos.

Las autoridades remarcaron que la comercialización de productos sin autorización constituye una infracción a la normativa vigente y puede derivar en sanciones para las empresas responsables.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a irregularidades detectadas durante tareas de fiscalización, principalmente vinculadas a la falta de registro sanitario.

La decisión del organismo sanitario nacional vuelve a poner en foco los controles sobre los productos de uso cotidiano que circulan en el mercado. En este caso, se trata de artículos de limpieza —como desinfectantes, limpiavidrios y productos para piscinas— que no contaban con la debida autorización para su comercialización.

Según se detalla en la disposición oficial, las irregularidades fueron detectadas a partir de inspecciones realizadas en establecimientos donde se elaboraban o distribuían estos productos. Como consecuencia, la ANMAT no solo ordenó su retiro inmediato del mercado, sino que además inició sumarios sanitarios contra las firmas responsables.

El eje de la medida radica en la falta de inscripción sanitaria de los productos involucrados. Esto implica que no habían sido evaluados por la autoridad competente en aspectos clave como su composición, seguridad o eficacia.

Entre los artículos alcanzados por la disposición 2406/2026, figuran: “Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR”, “Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR” y “Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar”.

De acuerdo con lo informado, estos productos eran elaborados y comercializados por Química El Regreso S.R.L., ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, donde se constató la existencia de mercadería sin registro durante un procedimiento de inspección.

El hecho de que un producto domisanitario no esté registrado implica que no cumple con las normativas vigentes, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública. En este sentido, desde el organismo remarcan que la ausencia de control impide garantizar condiciones básicas de calidad y seguridad.

Además, la ANMAT dispuso comunicar la medida a autoridades sanitarias de todo el país y a organismos de defensa del consumidor, con el objetivo de reforzar los controles y evitar la comercialización de estos productos en distintos puntos del territorio.

La prohibición de estos productos de limpieza se inscribe en una serie de medidas recientes adoptadas por la ANMAT frente a irregularidades detectadas en distintos rubros, desde cosméticos hasta insumos médicos.

En los últimos meses, el organismo avanzó con múltiples disposiciones que ordenaron el retiro de productos sin registro o con fallas en su trazabilidad. En todos los casos, el denominador común fue la falta de cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Este tipo de controles se intensificó especialmente en el comercio digital, donde muchas veces se detecta la venta de productos sin autorización. La ANMAT advierte que la comercialización en plataformas online sin verificación oficial amplifica el riesgo para los consumidores.

En ese contexto, la autoridad sanitaria insiste en la importancia de que los usuarios verifiquen que los productos cuenten con la correspondiente inscripción antes de adquirirlos. Esto se puede corroborar a través de etiquetas, rótulos y registros oficiales.

Por otra parte, las sanciones no solo alcanzan a los productos, sino también a las empresas responsables. Los sumarios sanitarios pueden derivar en multas, clausuras o inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión preventiva de una empresa vinculada a productos médicos y, en paralelo, la prohibición del uso de determinados lotes de medicamentos importados, tras detectar incumplimientos en las condiciones exigidas por la normativa vigente.

La medida, que fue oficializada en las últimas horas, se enmarca en las tareas de fiscalización que lleva adelante el organismo nacional y apunta a garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los productos que se comercializan en el país.

Según se desprende de las actuaciones oficiales, la decisión de la ANMAT se originó a partir de inspecciones técnicas en las que se detectaron múltiples fallas en los procedimientos operativos de la firma involucrada.

Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran deficiencias en el transporte de medicamentos, problemas en el control de temperatura y en la cadena de frío, así como inconsistencias en la documentación y en la trazabilidad de los productos.

También se observaron falencias en la verificación de proveedores y en los registros vinculados a clientes, lo que contraviene las exigencias de las Buenas Prácticas de Distribución que deben cumplir todas las empresas del sector.

A partir de estos hallazgos, el organismo resolvió suspender el tránsito interjurisdiccional de medicamentos de la firma, una medida que implica que la empresa no podrá trasladar productos entre distintas provincias hasta tanto regularice su situación.

Además, se inició un sumario sanitario para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones adicionales, en línea con los procedimientos habituales en este tipo de casos.

En paralelo a la suspensión de la empresa, la ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de determinados lotes de medicamentos importados, al considerar que no se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su utilización segura.

Este tipo de medidas preventivas se adoptan cuando existen dudas sobre la calidad, eficacia o seguridad de los productos, ya sea por problemas en su origen, en su almacenamiento o en su cadena de distribución.

En ese sentido, el organismo enfatizó que la decisión tiene como objetivo principal proteger la salud de la población, evitando la circulación de productos que no cumplan con los estándares sanitarios exigidos.

Las restricciones rigen en todo el territorio nacional y alcanzan tanto a establecimientos de salud como a farmacias y distribuidores, que deberán abstenerse de utilizar o comercializar los lotes involucrados.

El caso se suma a una serie de acciones recientes impulsadas por la ANMAT en el marco de sus tareas de control y vigilancia sanitaria. En los últimos meses, el organismo ha dispuesto distintas prohibiciones, retiros del mercado y suspensiones de empresas ante la detección de irregularidades, en una política orientada a reforzar los estándares de calidad y seguridad.

Asimismo, las inspecciones periódicas y los controles documentales forman parte de un sistema de fiscalización que busca garantizar que los medicamentos y productos médicos que llegan a los pacientes cumplan con las condiciones adecuadas desde su fabricación hasta su distribución.

En este contexto, desde la ANMAT recordaron la importancia de que todos los actores del sistema sanitario —laboratorios, droguerías, distribuidores y farmacias— respeten las normativas vigentes, ya que cualquier desviación puede implicar riesgos para la salud pública.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la suspensión preventiva de la habilitación de la empresa Global Pharma Group S.A., una distribuidora de medicamentos que operaba a nivel interjurisdiccional, tras detectar múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD).

La medida, que se publico en el Boletin Oficial, implica que la firma no podrá continuar con el tránsito de especialidades medicinales entre distintas provincias hasta que demuestre haber corregido las irregularidades observadas. Además, se inició un sumario sanitario tanto contra la empresa como contra su directora técnica, en el marco de la Ley Nacional de Medicamentos N° 16.463.

La inspección, realizada en febrero de 2026, dejó al descubierto una serie de deficiencias graves que, según el organismo, comprometen la calidad, seguridad e integridad de los medicamentos.

Entre las principales irregularidades se destacan problemas en las condiciones edilicias e higiénicas. Los inspectores detectaron la presencia de suciedad acumulada, manchas de humedad, pintura deteriorada y hasta aberturas que permitían el ingreso de plagas en áreas sensibles como recepción y expedición.

Sin embargo, uno de los puntos más críticos estuvo vinculado al manejo de la temperatura, un aspecto clave en la conservación de muchos fármacos. Durante la auditoría se registraron valores extremadamente altos —superiores a los 32°C tanto en depósitos como en heladeras— sin que existieran registros, alertas ni investigaciones internas que explicaran estos desvíos.

A esto se suma que los sistemas de alarma no funcionaban correctamente y que la empresa no contaba con un mapeo térmico del depósito, una herramienta obligatoria para identificar zonas críticas y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento.

Pero las fallas no terminaron allí. En simulaciones de despacho de productos refrigerados, se detectaron temperaturas por debajo de los 2°C, llegando incluso a valores negativos, lo que también puede dañar medicamentos sensibles.

Otro de los aspectos que motivó la sanción fue la imposibilidad de garantizar la trazabilidad de los medicamentos, es decir, la capacidad de reconstruir su recorrido desde el origen hasta el destino final.

Según el informe oficial, el sistema informático de la empresa no permitía rastrear productos por número de lote ni gestionar adecuadamente el stock. Además, se emitieron facturas y remitos con información incompleta, omitiendo datos esenciales como la monodroga, el laboratorio fabricante, el vencimiento o el número de lote.

También se detectaron incumplimientos en el Sistema Nacional de Trazabilidad, ya que no se consignaban códigos obligatorios como el GTIN seriado ni los datos de destino (GLN/CUFE), lo que rompe la cadena de control exigida por la normativa vigente.

Estas falencias no sólo afectan a la empresa, sino que también impactan en otros actores del sistema de salud, como farmacias, clínicas y droguerías, que dependen de información precisa para garantizar la seguridad del paciente.

Las Buenas Prácticas de Distribución, establecidas por la normativa nacional, fijan estándares estrictos para el almacenamiento, transporte y control de medicamentos.

En el caso de la cadena de frío, por ejemplo, se exige que las empresas cuenten con sistemas de monitoreo continuo, alarmas efectivas, procedimientos documentados y estudios de mapeo térmico que permitan validar las condiciones de los depósitos.

Además, toda desviación de temperatura debe ser registrada, investigada y corregida mediante acciones preventivas y correctivas. También es obligatorio que existan protocolos claros para el transporte, el mantenimiento de equipos y la gestión de contingencias.

La trazabilidad, por su parte, es un pilar fundamental del sistema sanitario, ya que permite retirar rápidamente productos defectuosos del mercado y evitar falsificaciones o desvíos ilegales.

A través de una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, la ANMAT formalizó la prohibición de diversos productos que representan un riesgo para la salud pública. Las medidas alcanzan desde una línea completa de cosméticos y un repelente de insectos con rotulado apócrifo, hasta un medicamento inyectable y tecnología médica sin registro sanitario.

Mediante la Disposición 1465/2026, el organismo prohibió el uso y comercialización de 21 productos de la marca "ANZA". La investigación comenzó tras detectar la oferta de estos artículos en plataformas digitales.

Al consultar las bases de datos, se constató que ni los productos contaban con inscripción sanitaria ni la empresa QUÍMICA ANZA S.A.S. poseía habilitación para el rubro cosmético, ni a nivel nacional ni en la provincia de Córdoba.

Entre los productos prohibidos se encuentran cremas faciales, aceites corporales, tónicos, bloqueadores solares, serums y un repelente de mosquitos denominado "DEFENCE". Al tratarse de productos ilegítimos, la autoridad sanitaria advirtió que es imposible garantizar su seguridad, eficacia o la calidad de sus ingredientes.

En el marco de la vigilancia post-comercialización, la Disposición 1476/2026 prohibió un producto rotulado como "Repelente de insectos" marca "OFF!" con inscripciones íntegramente en idioma chino.

El artículo fue detectado en un local comercial de la provincia de Buenos Aires. Tras consultar a la firma titular de la marca en Argentina, S.C. Johnson & Son, la empresa confirmó que no participó en la elaboración ni importación de dicha unidad.

Al desconocerse su origen y composición, la ANMAT decidió retirarlo de circulación preventivamente para evitar posibles efectos adversos en los usuarios.

Por otra parte, la Disposición 1497/2026 ordenó a la firma P.L. RIVERO y CIA S.A. el recupero inmediato de todos los lotes del medicamento DANFERANE I.V. (Trimetoprima + Sulfametoxazol).

La medida se tomó luego de verificar que la empresa utilizaba un elaborador alternativo no autorizado en el Certificado de Inscripción. Ante la falta de documentación respaldatoria sobre los procesos de fabricación de estos lotes, el organismo consideró que existe un riesgo sanitario, ya que no se pueden establecer los estándares de calidad y seguridad necesarios para un producto de uso delicado.

Finalmente, la Disposición 1498/2026 prohibió la comercialización de bolsas de ostomía y tests de hemoglobina fecal encontrados en una distribuidora de la ciudad de Mendoza. Se trata de los productos VELA PORT OSTOMY e INSURE ONE, de origen estadounidense.

Los elementos fueron hallados en un sector de "muestras", pero carecían de responsable titular en el país y de registro sanitario. El inspeccionado admitió haberlos traído de congresos en el exterior, lo que vulnera las normas de importación y trazabilidad de tecnología médica en Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso en las últimas horas la prohibición y retiro del mercado argentino de diversos equipos de aparatología estética, productos cosméticos, medicamentos y artículos médicos que se comercializaban sin contar con la autorización sanitaria correspondiente.

Las medidas alcanzan dispositivos utilizados para tratamientos de radiofrecuencia y HIFU, cremas cicatrizantes, bloqueadores solares, productos antiinflamatorios de uso tópico y una preparación medicinal elaborada con nitrato de plata y nitrato de potasio.

Mediante la disposición 792/2026, el organismo incluyó a los equipos médicos Dermofrax Dermotherap y Dermohifu-7D-FEM Dermotherap. La decisión se adoptó luego de comprobar que la firma Dermoequipos SRL fabricaba y distribuía estos dispositivos sin la debida habilitación sanitaria.

La investigación se inició tras detectar la oferta de tecnología HIFU en redes sociales, donde también se identificaron equipos presentados como prototipos de radiofrecuencia que carecían de registro y cuya documentación comercial no permitía establecer su trazabilidad.

Durante una inspección en la sede de la empresa, ubicada en el barrio porteño de Colegiales, se constató que los equipos no estaban autorizados para su uso ni comercialización. Ante esta situación, la ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario contra la firma y su Director Técnico, además de exigir el retiro de todas las publicaciones vinculadas a estos productos.

En el ámbito de los productos cosméticos, la disposición 793/2026 prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución —incluida la venta en plataformas digitales— de las cremas “Rucrem curativa”, “Rucrem bloqueador solar RB FPS 80” y “ATO-FLEX FORTE”, elaboradas por el Laboratorio Ruefenacht en Campo Quijano.

La medida se adoptó tras una consulta de la Dirección de Farmacia provincial, que verificó que la firma no estaba habilitada para el rubro cosmético y que el legajo utilizado en el rotulado de los productos correspondía a un registro usurpado.

Además, los cosméticos no figuraban en la base de datos de la ANMAT y no fue posible determinar el establecimiento responsable de su elaboración, por lo que se desconoce su eficacia, seguridad y la conformidad de sus ingredientes con la normativa vigente. La prohibición alcanza a todos los lotes, presentaciones y fechas de vencimiento.

En la misma edición del Boletín Oficial se publicó la disposición 802/2026, que prohibió la venta del producto Verrugol, elaborado por el Laboratorio Fiorano. El organismo determinó que, por su composición y acción farmacológica, podría tratarse de una especialidad medicinal, aunque ni el laboratorio ni el producto cuentan con autorización sanitaria.

La investigación estableció además que la marca no figura en la Farmacopea Argentina ni en el listado de productos aprobados. Por este motivo, se dispuso su prohibición preventiva hasta que se regularice la situación y se garantice la seguridad de los usuarios.

Otras disposiciones incluyeron productos médicos de uso clínico, equipos electrónicos de diagnóstico y artículos domisanitarios, retirados tras detectar irregularidades en calidad, registro y comercialización.

Entre ellos, la disposición 807/2026 prohibió la Sonda para Succión PM-201-13, modelo SK-29P, marca BIOEQUIP, fabricada por BIOPLAS S.R.L., luego de recibir reportes sobre la presencia de contaminantes en envases primarios de determinados lotes.

Una inspección en la planta de Ramos Mejía reveló un estado inoperativo del área de producción, fallas en la trazabilidad y problemas en la distribución de los lotes 89/24, 126/24 y 89/25. La ANMAT ordenó un sumario sanitario por presuntas infracciones a las normas de buenas prácticas de fabricación y tecnovigilancia.

Mediante la disposición 795/2026, se prohibió en todo el país el uso y comercialización de al menos cinco lotes del Electrocardiógrafo Contec modelo ECG300G, importado con registro vencido, en infracción a los requisitos de habilitación.

En tanto, la disposición 779/2026 apartó del mercado todos los lotes del producto Specimen Trap 40 cc, utilizado para muestras estériles, comercializado por La Comercial Médica S.A. de Río Gallegos, al carecer de registro sanitario, responsable importador y fecha de vencimiento.

Finalmente, la disposición 778/2026 prohibió la comercialización y publicidad del desinfectante para piscinas nataclor OXY POOL, tras constatarse que se vendía con un rótulo distinto al aprobado, con indicaciones de uso y composición no autorizadas.

También se verificó que algunos lotes fueron fabricados antes de obtener el registro correspondiente. La firma Aguas S.R.L. deberá afrontar un sumario sanitario por el incumplimiento de la normativa vigente. Todas las disposiciones fueron comunicadas a las autoridades sanitarias de todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de determinadas bombas de infusión de las marcas Plum A+TM y Plum360TM, luego de que la empresa titular informara el extravío de varias unidades. La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 259/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según consta en el texto oficial, la medida se originó a partir de una notificación realizada por la firma ICU Medical Argentina S.R.L., habilitada como importadora de productos médicos bajo el Legajo N° 2028. La empresa comunicó el extravío de equipos identificados con números de serie específicos y presentó la correspondiente denuncia ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La disposición detalla que la prohibición alcanza a las siguientes unidades:

Bomba de infusión Plum A+TM (PM 2028-22), números de serie: 18314614, 18313908, 18311337, 18313170, 18312661, 18302456 y 18301723.

Bomba de infusión Plum360TM (PM 2028-45), número de serie: 20852391.

Se trata de productos médicos clasificados como de riesgo III, es decir, dispositivos que cumplen funciones críticas en la atención sanitaria y cuyo uso indebido o en condiciones no verificadas puede implicar riesgos significativos para los pacientes.

De acuerdo con la documentación oficial, la bomba Plum A+TM está indicada para proporcionar infusiones por vía parenteral, enteral o epidural, mientras que la Plum360TM se utiliza para terapias parenterales, enterales y epidurales, además de la administración de sangre o productos sanguíneos.

Al tratarse de equipos destinados a la administración controlada de medicamentos y fluidos en pacientes, su trazabilidad y estado técnico resultan fundamentales para garantizar la seguridad en hospitales, clínicas y otros establecimientos de salud.

La ANMAT fundamentó la decisión en la necesidad de “proteger a eventuales adquirentes y usuarios” de los productos involucrados, dado que se trata de unidades individualizadas cuyo estado y condición se desconocen tras su extravío

En este sentido, el organismo resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional. La disposición establece en su artículo 1° la prohibición expresa sobre los equipos mencionados y ordena en el artículo 2° su publicación en el Boletín Oficial, así como la comunicación a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Además, se dio intervención a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y a la Coordinación de Sumarios, en el marco de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorias, normativa que regula las competencias del organismo.

La disposición lleva la firma del administrador nacional, Luis Eduardo Fontana, y fue publicada con fecha 13 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial

Las bombas de infusión son dispositivos ampliamente utilizados en unidades de terapia intensiva, servicios de oncología, neonatología y en internaciones generales, donde permiten administrar fármacos, soluciones y hemoderivados de manera controlada y precisa.

Al ser equipos electrónicos programables, requieren controles técnicos, mantenimiento periódico y verificación de su correcto funcionamiento. Cuando una unidad se extravía y pierde su circuito formal de distribución y control, las autoridades sanitarias no pueden garantizar que se conserve en condiciones adecuadas ni que no haya sido manipulada.

Por eso, ante la pérdida de dispositivos de riesgo III, la normativa prevé la adopción de medidas preventivas como la prohibición de uso, incluso cuando no se hayan reportado incidentes. El objetivo es evitar que esos equipos reaparezcan en el mercado informal o sean utilizados sin las garantías correspondientes.

Desde el punto de vista sanitario, la decisión apunta a reducir cualquier posibilidad de daño derivado de un funcionamiento defectuoso, calibración incorrecta o alteración de componentes internos.

La disposición no implica un retiro general del mercado de las líneas Plum A+TM o Plum360TM, sino que se limita estrictamente a las unidades cuyos números de serie fueron detallados. Es decir, otros equipos de la misma marca y modelo que no coincidan con esos identificadores pueden continuar en uso, siempre que cuenten con la documentación y habilitación correspondientes.

En caso de que alguna institución o profesional detecte la presencia de una de las bombas incluidas en la prohibición, deberá abstenerse de utilizarla y dar aviso a la autoridad sanitaria competente.

La publicación oficial también ordena la comunicación a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de reforzar la difusión de la medida y facilitar su cumplimiento en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso en los últimos días una serie de prohibiciones que afectan a distintos productos médicos, domisanitarios y cosméticos que se encontraban en circulación sin los registros correspondientes o cuyo origen y condiciones de fabricación no pudieron ser acreditados.

Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y tienen alcance en todo el territorio nacional.

Las medidas apuntan a resguardar la salud de la población, ya que se trata de productos que podrían representar un riesgo sanitario por no cumplir con la normativa vigente, por desconocerse su trazabilidad o por haber sido comercializados fuera de los canales habilitados.

Una de las disposiciones más relevantes corresponde a la prohibición del uso, comercialización y distribución de un concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, identificado con el número de serie 0022092.

Según informó la ANMAT, el equipo fue sustraído de una camioneta durante un recorrido de retiro de unidades de oxigenoterapia utilizadas por pacientes domiciliarios.

El producto, cuyo titular es la firma Air Liquide Argentina S.A., se encuentra inscripto como producto médico de riesgo clase II, destinado a brindar oxígeno suplementario a personas que requieren terapia respiratoria, aunque no está diseñado como equipo de soporte vital.

Desde el organismo nacional se advirtió que, al tratarse de una unidad individualizada cuyo estado actual se desconoce, no puede garantizarse su correcto funcionamiento ni su seguridad. Por ese motivo, se resolvió prohibir su utilización en todo el país para evitar eventuales daños a pacientes que puedan entrar en contacto con el equipo.

Otra de las resoluciones alcanza a un producto de uso cotidiano: una lavandina común comercializada bajo la marca “Val Chemical”, elaborada por la Compañía de Poliproductos Baigó S.A. La investigación determinó que el producto no contaba con registro ante la ANMAT, requisito obligatorio para este tipo de domisanitarios.

Si bien la empresa posee habilitación nacional para el rubro, reconoció haber elaborado el producto sin registrarlo y declaró que no lo había comercializado. Sin embargo, durante el proceso de verificación se detectó la falta de 60 unidades correspondientes a un lote informado, sin que la firma pudiera precisar su destino.

Ante esta situación, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización y la distribución de todos los lotes del producto hasta que regularice su situación y, además, iniciar un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por presuntos incumplimientos a la normativa vigente

Las prohibiciones también alcanzan a una amplia gama de productos domisanitarios para la limpieza y el cuidado de automóviles y motocicletas, que se comercializaban principalmente a través de redes sociales y plataformas de venta digital.

Las marcas involucradas son Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil. De acuerdo con la ANMAT, ninguno de estos productos —con excepción de uno puntual— se encontraba debidamente registrado, ni contaba con identificación clara de los establecimientos responsables.

El organismo nacional resolvió prohibir el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de estos productos en todo el país y en plataformas de venta electrónica, hasta tanto se cumpla con la normativa sanitaria. La medida busca prevenir riesgos asociados a productos de origen desconocido y sin controles de calidad adecuados.

Finalmente, la ANMAT dispuso la prohibición total de una serie de productos cosméticos para el cabello comercializados bajo la marca “LG - La Gefa Cosmética VIP”, los cuales se ofrecían por canales electrónicos sin ningún tipo de inscripción sanitaria.

Entre los productos alcanzados se encuentran shampoos, mascarillas, sérums, tónicos capilares y tratamientos de alisado. El organismo alertó especialmente sobre estos últimos, ya que podrían contener formol (formaldehído), una sustancia cuyo uso como alisante está prohibido por los riesgos severos que implica para la salud.

La exposición al formol puede generar desde irritaciones y dermatitis alérgicas hasta efectos más graves asociados a la inhalación de vapores tóxicos, con potencial carcinogénico. Por ese motivo, la ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización, publicidad y venta online de todos los productos de esta marca en cualquiera de sus presentaciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de una amplia variedad de productos cosméticos para el cabello y de un alcohol sanitizante para manos, tras detectar serias irregularidades en su rotulado, falta de inscripción sanitaria y potenciales riesgos para la salud.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y alcanzan tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online.

Una de las disposiciones más extensas dictadas por ANMAT apunta contra la marca “Diamonds Professional”, cuyos productos capilares se encontraban a la venta sin contar con la correspondiente inscripción sanitaria obligatoria.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició luego de que el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal detectara la comercialización de numerosos artículos sin datos de registro en sus rótulos, un requisito indispensable para garantizar su seguridad y calidad.

El listado incluye shampoos, acondicionadores, tratamientos capilares, alisados, baños de crema, matizadores, aceites, protectores térmicos y productos de nutrición capilar, entre otros.

En total, se trata de más de medio centenar de cosméticos ofrecidos bajo distintas denominaciones, todos pertenecientes a la misma marca y comercializados sin autorización de la autoridad sanitaria nacional.

Desde ANMAT explicaron que, al consultar la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, no se encontró ningún producto que coincidiera con los datos identificatorios presentes en los envases. Esto implica que se desconoce el origen real de los productos, el establecimiento elaborador y los ingredientes utilizados en su formulación.

La situación resulta especialmente preocupante en el caso de los productos alisadores para el cabello. La disposición advierte que este tipo de cosméticos, cuando se comercializan sin control sanitario, podrían contener formol o formaldehído, una sustancia cuyo uso como activo alisante está prohibido debido a sus efectos nocivos.

La exposición a los vapores de formol puede provocar irritación ocular y respiratoria, ardor en la piel, tos, lagrimeo y, en casos de exposición crónica, aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades más graves, incluyendo determinados tipos de cáncer.

Ante este escenario, la ANMAT resolvió prohibir de manera total el uso, la publicidad, la venta y la distribución de todos los productos de la marca Diamonds Professional, en cualquiera de sus presentaciones, lotes o fechas de vencimiento.

Además, se ordenó dar de baja las publicaciones de venta detectadas en sitios web y plataformas de comercio electrónico, algunas de las cuales ofrecían envíos a todo el país.

En una disposición separada, el organismo sanitario también prohibió un producto cosmético identificado como “Alcohol sanitizante para manos y piel, listo para usar, sin acción terapéutica”, marca G-I-G, presentado en envases de cinco litros.

En este caso, la medida se adoptó luego de una denuncia por sospecha de irregularidades realizada por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

La investigación permitió constatar que algunas unidades del producto se encontraban en circulación sin datos esenciales como el número de lote y la fecha de vencimiento, información clave para asegurar la trazabilidad y la vida útil del producto.

Si bien el alcohol había estado originalmente inscripto ante la ANMAT, se verificó que su elaboración había cesado en 2022 y que su vida útil era de dos años, por lo que cualquier unidad disponible actualmente estaría fuera de plazo.

Además, durante una inspección, el establecimiento que figuraba como elaborador informó que no había producido ese alcohol en el período correspondiente, lo que llevó a concluir que el producto en circulación utilizaba de manera indebida un legajo de habilitación sanitaria, declarando datos falsos en su rotulado.

Por otra parte, una inspección al domicilio de la empresa titular de la inscripción no logró dar con responsables de la firma.

Frente a estas irregularidades, la ANMAT determinó que se trataba de un producto ilegítimo, del cual no se podía garantizar ni su eficacia ni su seguridad, y resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercializar medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires a una droguería con sede en el conurbano bonaerense, tras detectar irregularidades en la distribución de estos productos en otra jurisdicción del país.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo resguardar la seguridad sanitaria y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de circulación y comercialización de medicamentos

Según detalla la normativa, las actuaciones se iniciaron luego de que fiscalizadores de la ANMAT tomaran conocimiento de la comercialización de medicamentos por parte de la firma Dental y Mediquil SA, domiciliada en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, fuera del ámbito provincial para el cual se encontraba habilitada.

La situación fue constatada durante una inspección realizada en un establecimiento veterinario ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se verificó la existencia de facturas emitidas por la mencionada droguería a favor de esa empresa. En ese procedimiento, la veterinaria inspeccionada reconoció que Dental y Mediquil SA era su único proveedor de medicamentos.

A partir de esta información, se confirmó que la droguería había realizado tránsito interjurisdiccional de medicamentos sin contar con la habilitación exigida por la normativa nacional, un requisito indispensable para poder distribuir productos farmacéuticos fuera de la provincia donde se encuentra registrada.

La ANMAT señaló que Dental y Mediquil SA no estaba habilitada —ni lo está actualmente— para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos, tal como lo establece la Disposición ANMAT N° 7038/15. Además, recordó que la firma ya había sido objeto de una medida similar en el pasado.

En efecto, mediante una disposición emitida en 2016, el organismo nacional ya había prohibido a esta droguería la comercialización de medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires, iniciándose en ese momento las correspondientes acciones sumariales.

En el marco de las nuevas actuaciones, y ante la falta de habilitación nacional, la ANMAT solicitó la intervención del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para realizar una inspección en el establecimiento de la empresa.

Durante ese procedimiento, llevado a cabo en el domicilio de la calle Carabelas al 16, en Bernal, la firma reconoció como propia y original la documentación comercial observada durante la inspección previa.

Asimismo, la empresa aclaró que la dirección de Lavalle 67, en Quilmes, que figuraba en los membretes de las facturas, correspondía a su domicilio fiscal.

Del análisis de la documentación y de las inspecciones realizadas, la ANMAT concluyó que la firma incurrió en una infracción a diversas normas sanitarias, entre ellas el artículo 2° de la Ley N° 16.463 (Ley de Medicamentos), el artículo 3° del Decreto 1299/97 y los artículos 1° y 2° de la Disposición ANMAT N° 7038/15.

Estos marcos normativos regulan de manera estricta la elaboración, distribución y comercialización de medicamentos en el país, con el objetivo de asegurar su calidad, trazabilidad y seguridad para la población.

Desde el Departamento de Control de Mercado del organismo se consideró demostrada la distribución interjurisdiccional de medicamentos, lo que habilitó la intervención y competencia de la ANMAT en el caso.

Como consecuencia de estas irregularidades, la Disposición 68/2026 establece tres medidas centrales. En primer lugar, prohíbe a Dental y Mediquil SA la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires, hasta tanto obtenga la habilitación correspondiente para el tránsito interjurisdiccional.

En segundo término, se instruyó un sumario sanitario tanto a la firma como a su director técnico, Leandro Aníbal Pannunzio, por las presuntas infracciones a la normativa vigente.

Finalmente, se dispuso dar intervención y notificación a las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del resto de las jurisdicciones, además de ordenar la publicación de la medida en el Boletín Oficial para su difusión pública