En la mañana de este sábado, la División Unidad Operativa Federal de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, realizó un allanamiento por Infracción a la Ley 23.737 (estupefaciente), en la localidad de María Teresa. 

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Italia al 700, donde se procedió a la detención de un sujeto mayor de edad, quien era investigado por venta de estupefaciente. 

Las pesquisas venían realizando tareas de recolección de pruebas y en la fecha el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, y a requerimiento de la fiscalía, a cargo de Andrés Montefeltro, emitió la orden de allanamiento. 

En la vivienda se secuestró gran cantidad de cogollos, semillas y plantas de marihuana, fraccionado listo para la venta, balanzas, dinero en efectivo, dinero de moneda estadounidense y un vehículo, quedando detenido un hombre mayor de edad, a disposición del magistrado.

El 8 de abril de este año personal de la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe detuvo la marcha de un remis en la Ruta nacional 33 a la altura de la ciudad de Firmat donde se trasladaba una mujer identificada como Natalí Analía O. quien entre sus pertenencias trasladaba un ladrillo de cocaína con un peso de 1 kilogramo que tenía como sello distintivo el logo turístico de Perú.

Ese ladrillo sometido a peritaje arrojó un aproximado de 90% de pureza.

En dicho procedimiento tomó intervención el Juzgado Federal de Venado y la Fiscalía Federal. Luego del trámite correspondiente, en el mes de junio la causa fue elevada a juicio y finalmente el 30 de noviembre Natalí Analía O. fue condenada a la pena de cuatro años y tres meses de prisión por el Tribunal Oral nº2 de Rosario.

Oportunamente, la Fiscalía Federal a cargo de los doctores Javier Arzubi Calvo y Andres Montefeltro había dispuesto una serie de medidas de prueba referidas al procedimiento, entre las que se destaca el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados a la imputada.

El análisis del contenido de los mismos permitió ascender en la escala de responsables, de esta forma se determinó que el enlace de la imputada para el traslado de la cocaína desde la ciudad de Rosario a Venado Tuerto y su posterior fraccionamiento y distribución era un detenido que se encuentra alojado en la cárcel de Coronda, cumpliendo condena por delitos vinculados a la ley 23.737, llamado José Miguel A., quien fue condenado oportunamente a la pena cinco años y seis meses de prisión (comprensiva de dos causas) y es oriundo de Venado Tuerto.

En el transcurso de los meses de marzo y abril del año 2023 desde dicha unidad realizaba los contactos necesarios para la logística en la adquisición y reventa de material estupefaciente, conforme se desprende del chat de la aplicación de WhatsApp que mantenía con Natalí O..

El último mensaje entre ambos se da en la madrugada 8 de abril cuanto Natalí O. luego de retirar la cocaína le señala “ya estoy en la ruta”. Minutos antes le había enviado una fotografía del ladrillo de cocaína con el logo turístico de Perú que resultó secuestrado.

En función del avance de la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, Secretaría del doctor Emiliano Cristaldi, el allanamiento de la celda de la unidad de detención que fue realizado con colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de santa Fe, la detención y la indagatoria del imputado.

En dicho registro no fueron hallados elementos de interés para la investigación disponiendo el juzgado recibirle declaración indagatoria por el comercio de material estupefaciente.

En la jornada del martes se realizó un procedimiento por venta de estupefaciente (Ley 23.737) en un domicilio de la localidad de Santa Isabel, donde su propietario comercializaba sustancias prohibidas a jóvenes de la zona.

La investigación se inició en el mes de agosto del año 2023, y s originó por una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, donde advertía que en un domicilio de la calle Italia al 1.000 de la localidad de Santa Isabel un masculino vendía drogas a las personas de la localidad y de la región. 

En tal sentido, la fiscalía actuante ordenó a la Brigada de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizar distintas tareas de investigación en forma encubiertas con el propósito de corroborar la denuncia en cuestión. 

Ello, llevo a que el personal involucrado procedió a realizar las distintas tareas investigativas con el fin de identificar al presunto vendedor y propietario de la vivienda allanada, que llevaron a concluir y ratificar los dichos denunciados, con el corolario que el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo Aurelio Cuello Murúa, dispuso, por lo informado por el fiscal Andrés Montefeltro, que personal de la Brigada de la División Unidad Operativa Venado Tuerto de la Policía Federal proceda a realizar el allanamiento. 

Es así que se logró la identificación del masculino investigado y el secuestro de estupefacientes, más precisamente clorhidrato de cocaína y picadura y cogollos de marihuana en estado para su comercialización y venta; como así también elementos utilizado para su pesaje, dinero en efectivo de baja denominación y aparatos telefónicos móviles (celulares). 

Finalizada la diligencia judicial, el juzgado interventor dispuso el trasladado del masculino a la sede de la Policía Federal Argentina, a fin de realizar ficha prontuarial de identificación y de no tener impedimento restrictivo de su libertad su posterior retiro de la dependencia quedando afectado a la causa.

En la jornada del jueves se realizaron tres allanamientos por infracción a la Ley 23.737, los cuales fueron solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier M. Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro, y ordenados por el juez Aurelio Cuello Murúa. 

Se trata de dos causas por comercio de estupefacientes, en donde las investigaciones desde su inicio fueron delegadas en la Fiscalía Federal. Las tareas de investigación y los allanamientos fueron realizados por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Venado Tuerto de la Gendarmería Nacional Argentina.

La causa correspondiente a la ciudad de Venado Tuerto se originó a partir de una denuncia realizada con imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal sobre un masculino que comercializaba estupefacientes en lugares públicos.

Las tareas de investigación permitieron la identificación del mismo y de su domicilio. En el allanamiento se procedió al secuestro de material estupefaciente (más de medio kilo de marihuana), semillas y plantines de marihuana, elementos de fraccionamiento y corte, balanzas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y documentación relacionada a la investigación.

Por su parte la investigación de Rufino permitió determinar que dos mujeres junto al hijo menor de edad de una de ellas comercializaban estupefacientes tanto en sus domicilios como en la modalidad de delivery.

En los allanamientos se secuestró material estupefaciente, teléfonos y otros elementos de interés.

Las personas quedaron detenidas a disposición del Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa y serán indagadas por el delito de comercio de estupefaciente.

Andrés Montefeltro fue designado como nuevo Fiscal Penal del Juzgado Federal de Venado Tuerto. La novedad se conoció luego de que el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal habilitó los veintisiete cargos de fiscal federal penal que fueron creados por el artículo 3° de la Ley N°27.715 de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Los citados cargos se distribuirán a partir del 1° de agosto, de manera provisoria, para coadyuvar con las y los fiscales existentes en la jurisdicción, hasta tanto se pongan en funcionamiento las Unidades y Sedes Fiscales Descentralizadas en ese territorio, de acuerdo con el diseño previsto en la Resolución PGN N°35/19 para la implementación del sistema acusatorio y se designen sus titulares mediante el trámite de los Concursos N°130 y N°131.

Por Decreto N°255/23 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.715 que, entre otras decisiones, dispuso la creación de veintisiete cargos de fiscal: quince para la ciudad de Rosario, siete para la de Santa Fe, uno para cada una de las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas de la provincia de Santa Fe; y otro para San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. También se crearon nueve cargos de defensor oficial y catorce de juez con competencia penal en la Jurisdicción Federal de Rosario.

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La implementación de la norma había quedado supeditada al otorgamiento del crédito presupuestario correspondiente. Así, el 1° de junio pasado, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante Resolución Administrativa N°435/23, la ampliación del presupuesto que incluyó los referidos cargos.

Decisión clave

La decisión del Procurador general de la Nación interino se inscribe dentro del conjunto de acciones que se vienen ejecutando para el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Ello, a fin de lograr condiciones propicias para la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, conforme lo estableció la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Federal de la Nación por Resoluciones Nº2/19 y N°1/20.

De este modo, y sobre la base a de exclusivos criterios de gestión estratégica de los recursos que se derivan de la política de persecución criminal del organismo, se decidió fortalecer la representación del Ministerio Público Fiscal desde la primera instancia. La decisión no sólo implica un refuerzo cuantitativo de estas dependencias, dado que los nuevos cargos de fiscal no tienen asignada actuación exclusiva ante una instancia específica, sino que, por el contrario, conforme al artículo 2 de la Ley Nº27.715, quienes sean designados pueden desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantías, revisión, de juicio y ejecución del distrito correspondiente a la ciudad donde estén asentados.

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En tal sentido, las nuevas vacantes se distribuirán para reforzar la actuación de las fiscalías federales que actúan ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás y la de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Asimismo, y como consecuencia de las pautas de reorganización funcional impartidas, se reasignaron auxiliares fiscales para las fiscalías generales ante los Tribunales Orales Federales y para las Unidades que actúan en causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Santa Fe y Rosario.

Además, y en línea con la permanente política del MPF para fortalecer las actividades de investigación referidas al fenómeno del crimen organizado en la jurisdicción, se reforzó con fiscales coadyuvantes las sedes regionales de las Procuradurías de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), para que, desde el propio territorio, coadyuven con sus titulares.

Por otra parte, se dispuso la puesta en funcionamiento, a partir del 15 de agosto, de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de San Lorenzo, a fin de concretar la decisión legislativa de otorgarle autonomía jurisdiccional a ese departamento. Ello, para posibilitar la intervención -de modo más directo- en las políticas de seguridad locales que tienen impacto a nivel federal, con una presencia concreta en la comunidad a la que se dirige, lo que facilita el acceso de las víctimas y la inmediación con los testigos, al tiempo que favorece el desarrollo de líneas de investigación que requieren conocimiento del territorio.

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Además, se dispuso que, para la designación de los fiscales coadyuvantes, debían considerarse las propuestas de las y los magistrados a cargo de las dependencias que fueron reforzadas, dado que serán las y los encargados de coordinar y distribuir las tareas.

Finalmente, la resolución subrayó que el nuevo marco deberá entenderse como un esquema de actuación flexible que se irá adaptando, de acuerdo con el desarrollo de la implementación, a las necesidades institucionales, a las contingencias propias de la actividad y a las decisiones de los demás actores del sistema de administración de justicia, a quienes se notificaron las medidas de modo de continuar promoviendo el trabajo coordinado que exige la grave realidad que atraviesa ese territorio.