El gobierno nacional estableció este viernes dos medidas puntuales en lo que respecta al ámbito de la discapacidad con una publicación en el Boletín Oficial.

En primera instancia, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional establecida por el artículo 1° del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023.

La emergencia en discapacidad incluye la intervención en la generación, análisis y sistematización de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica asociada al uso, manipulación y circulación de sustancias y productos químicos sujetos a control.

“Colaborar desde el punto de vista técnico-sanitario con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL en la elaboración y ejecución de estrategias integrales e intersectoriales para la prevención y combate del narcotráfico, incluyendo el intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de mecanismos de trazabilidad y control”, agrega el Decreto 942/2025.

El documento en cuestión cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; su jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el resto de ministros del gabinete.

El texto también indica que entre sus facultades estará “entender en el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

La Agencia Nacional de Discapacidad se incorpora, desde este viernes 2 de enero de 2026, en el marco de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al organigrama de aplicación del Ministerio de Salud. La medida también fue incluida en el Decreto 942/2025.

Por este motivo, los compromisos y obligaciones asumidos por la ANDIS estarán a cargo de Salud, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus respectivos cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa correspondiente, garantizándose la continuidad en la prestación de los servicios brindados.

Decreto 942/2025 by El Litoral

Por Juan Pablo Peralta |Periodista acreditado en Casa Rosada.

En la última conferencia de prensa del año, el jefe de Gabinete y vocero Manuel Adorni hizo un balance de la gestión de La Libertad Avanza este último año en la que destacó, en primer lugar, la aprobación del Presupuesto 2026, al expresar que por primera vez la Argentina va a tener una Ley de Leyes "que respete la regla fiscal".

A ese respecto criticó los bloqueos de la oposición que, según explicó, llevaron al gobierno de Javier Milei a tener que prorrogar la previsión de gastos que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El funcionario también destacó que el Congreso haya avalado la iniciativa denominada, Inocencia Fiscal, que va dirigida a que los argentinos ‘saquen sus dólares del colchón’. En ese contexto, apuntó a lo que calificó de ‘políticas del Estado depredador’, que obligó a los argentinos a entrar en la informalidad y a proteger sus ahorros.

“Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo, tus dólares, tu decisión”, arrojó como slogan. Al inicio de la rueda de prensa ante los acreditados en Casa Rosada, el ministro coordinador salió a desmentir que el titular del Poder Ejecutivo Nacional se vaya a aumentar su sueldo, como sí se hará con el resto del funcionariado.

El anuncio más importante que hizo Adorni fue que la Agencia Nacional de Discapacidad deja de cumplir funciones y pasa a la órbita del Ministerio de Salud que preside Mario Lugones. Ahora será una secretaría que estará a cargo del doctor Alejandro Vilches, actual interventor del organismo.

La ANDIS, creada en la gestión de Mauricio Macri, funcionaba de manera descentralizada, y como consignó Adorni, “fruto de la autonomía administrativa que gozaba”, propició, “toneladas de capas burocráticas; descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, aseveró, para añadir que, “esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

Asimismo, el mandamás de la Jefatura, expuso que, “al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades y se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. Por último, se esforzó por dejar en claro que no se va a cortar ninguna de sus prestaciones.

Siguiendo con el análisis de políticas que se desarrollaron en este 2025 desde el PEN, Adorni destacó el hecho de que no haya más piquetes. “Sin protocolo volvemos al caos y el Gobierno no va a dar un paso atrás”, manifestó. “Con este gobierno impera la ley y el orden”, destacó enfáticamente. Otro tema en el que hizo foco fue en las deudas que la provincia de Buenos Aires tiene con los hospitales que se solventan con fondos de la Nación y del territorio que gobierna Axel Kicillof, a la vez que dio a conocer obras fronterizas que se realizará con inversión privada dejando un canon al país.

En la conferencia, el ministro comunicó que se prorrogó el decreto que elimina la pauta oficial y le pidió al gobernador bonaerense que haga lo mismo.

Vinculado al tema del ANDIS, El Litoral consultó al jefe del gabinete sobre qué decisión tomará la gestión central acerca de lo que Milei intentó derogar en el proyecto de previsiones presupuestarias, nos referimos a la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Oficiando de portavoz gubernamental, como seguramente seguirá haciendo, Adorni expuso que son dos cosas distintas: transparentar el ente y sus partidas.

Pero dejó en claro que, “siempre vamos a cumplir con la ley, nunca nos apartamos de la ley, no lo vamos a hacer ahora tampoco. Después veremos los mecanismos, cómo son las implicancias y de qué manera lo hacemos, pero vamos a cumplir con la ley siempre”, reiteró.

En otro orden de cosas, y volviendo a la PBA, este diario le preguntó al vocero y titular de la JGM qué posición tiene la Casa de Gobierno en cuanto a lo que tiene pensado ejecutar en 2026 el kicillofismo, que es volver al formato de las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores y concejales, algo que bloqueó María Eugenia Vidal cuando estuvo a cargo del Ejecutivo provincial. Adorni puntualizó: “Nosotros con la perpetuidad en el poder estamos en contra y vamos a estar en contra siempre.

Después lo que haga la provincia de Buenos Aires con su Poder Ejecutivo, en este caso el municipal, es un tema de la provincia que tendrán que discutir sus ciudadanos, y que en tal caso, lo harán a través de sus legisladores, pero es un tema que nos excede. Nosotros, de hecho, estamos completamente en contra de la perpetuidad en el poder, de que una persona esté eternamente en el poder hasta el día de su muerte”, concluyó.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Spagnuolo habría dicho que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputan y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente.

Así lo indicó su abogado Mauricio D’Alessandro al salir de los tribunales. “Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado.

"No tememos para nada. Es todo circo", aseguró una importante fuente del gobierno ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, en la previa de la declaración del exfuncionario.

Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Asimismo, por los pasillos de Balcarce 50 tildaron a Spagnuolo de "cuentapropista" y hasta lo referencian con insultos.

Además, precisaron que ni Karina Milei ni Lule Menem fueron mencionados en esta epata del proceso. “No hay nada que ocultar. Repito lo mismo una vez más: que la justicia haga lo que tenga que hacer. No hay nada”, sostuvo una importante voz involucrada.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados como posible nexo entre ANDIS y proveedores privados.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

El fiscal también convocó a declarar a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

El pasado martes, Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo, se negó a declarar en la causa que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, a través de ANDIS. Se espera que algo similar ocurra con el extitular del organismo.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, indica la citación judicial.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria este viernes en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia.

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, indicó el fiscal federal Franco Picardi.

Además, llamó a indagatoria a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete,Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

"ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", agregó el fiscal.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios donde supuestamente Spagnuolo aseguraba que había coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados.

Esa situación derivó luego en su salida del cargo y un sinfín de idas y vueltas sobre la veracidad de los audios, difundidos por un medio de comunicación.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron al gobierno nacional en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado días atrás que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

Diputados analizaron este martes distintas iniciativas que apuntan a investigar políticamente el escándalo sobre el presunto pedido de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que revelaron los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública; y de Discapacidad, que presiden los diputados de Unión por la Patria Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, respectivamente.

A la reunión solo solo asistieron los representantes de los distintos bloques de la oposición. En tanto que, tal como estaba previsto, faltaron a la citación el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP) recordó que, además de producir leyes, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

En la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, el diputado opositor explicó que como “la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no ”va a quedar más alternativa que en la próxima sesión” se mocione un emplazamiento.

Lugones y el interventor de la Andis faltaron a Diputados.

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, también de UxP, resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre presuntas coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “los acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos”.

“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos”, lamentó. Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar” porque están desfinanciados.

En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.

Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, titulares de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. Foto: HCDN.

“Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original”, cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.

El exministro de Desarrollo Social sostuvo que “si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona”, pero sin embargo la ANDIS decidió “no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper” para verificar si en el medio no hubo cambios de domicilio en la población de beneficiarios.

“Un 40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso. Pusieron en desesperación a la mayoría de las personas”, reprochó, y le advirtió al Gobierno que una vez que el Senado rechace el veto a la ley de emergencia en Discapacidad no será “opcional” el cumplimiento de la norma y debe “ponerse en marcha de inmediato”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con el presidente Javier Milei “la corrupción avanza” y habló de una “enorme estafa” del Gobierno a las personas con discapacidad.

“Estamos hablando de un Gobierno que dijo que venía a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros, utilizando los mismos métodos de la casta que tanto denunciaban: coimas, sobreprecios. Está claro que son recontra casta”, denunció la referente de Izquierda Socialista.

Y añadió: ““¿No era que el que las hace las paga? ¿Eso es para algunos y otros no? ¿Para Karina la cajera no cuenta que el que las hace las paga? ¿Para el clan Menem tampoco? Porque la verdad que sacarle la plata a los discapacitados para que se la quede el ‘Triángulo de Hierro’ del Gobierno es algo absolutamente repudiable”.

Durante el encuentro, expusieron Johana Tricarico, mamá de un paciente del Hospital Garrahan, quien pidió “por una ley de emergencia pediátrica", y Jonatan Rondan, militante por discapacidad. Foto: HCDN.

Para De Mendieta, “la ruta del dinero de Karina Milei es la punta del iceberg o el primer capítulo de una temporada que va a tener un montón de capítulos”.

En tanto, Juan Marino, de UxP, señaló que "lo que se destapó es que había una red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem que se estaba robando plata en medicamentos para personas en discapacidad en un contexto en que venimos de derrotar el veto a la ley de Discapacidad”, reconstruyó el legislador opositor.

El diputado de UxP denunció el “espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo con nuevos casos que surgen todos los días” y que “no por casualidad todos terminan en Karina y los Menem”.

“Habíamos tenido la estafa Libra, el contrato entre Banco Nación y Tech Security, las valijas que pasaron sin control de la aduana por Aeroparque, la venta de candidaturas, el pedido del retornos a cambio de cargos en Anses y el Pami, la versión de que quizás Milei habría cobrado coimas por la participación en el evento de la Iglesia portal del cielo en el Chaco, y ahora surge lo de la obra social de la UATRE y la lista sigue”, enumeró.

A la vez, Marino señaló que en paralelo a las coimas, los programas de la ANDIS, como el “Incluir Salud”, están “paralizados”. “Todos los días nos llegan denuncias de familias y personas con discapacidad que no están recibiendo su medicación, su tratamiento y los subsidios para el transporte”, alertó.

Tanto el diputado Pablo Yedlin como su par Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, informaron que, la próxima semana, se reunirán ambas comisiones para avanzar con los proyectos vinculados a distintos Pedidos de informes relacionados a esta temática. Foto: HCDN.

Por último, Marino le pidió a sus pares que se sumen a un “proceso colectivo” para “depurar democráticamente la ANDIS, que no sea rehén de la red de corrupción de Karina y los Menem y que se ejecuten todos los programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.

Esteban Paulón, de Encuentro Federal, consideró que “estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral” y denunció “un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder”.

“Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. Faltan auditorías a las baldosas. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación”, cuestionó.

El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema “por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente es un peo menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan”.

“Más allá de que reconocer la pronta y certera acción de la Justicia en este caso, que casi no le ha dado tiempo a cubrirse a quienes están involucrados en este escándalo, aquí también tenemos que determinar las responsabilidades políticas”, consideró.

“¿Por qué el Gobierno tiene que dar explicaciones urgentes? Porque Karina es Javier. El propio presidente ha dicho uqe él es indivisible de su hermana, que no hay proyecto político sin su hermana. Y si sobre su hermana hay un estado de sospecha lo que aquí está en juego la institucionalidad y la credibilidad de la palabra presidencial”, concluyó Paulón.

Sabrina Selva, de UxP, le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en Discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.

Leandro Santoro (UP) consideró que la auditoría que hicieron para analizar las pensiones a discapacitados es "corrupta porque en lugar de buscar quienes habían sido las personas que no calificaban para recibir las pensiones, tomaron la decisión de mandar un telegrama diciéndoles a las personas con discapacidad que si querían seguir cobrando la pensión tenian que hacerse preentes en la agencia”.

E indicó que “usaron una base de datos desactualizada porque tenían un solo fin político: llevar adelante un ajuste cruel, insensible”.

“Para colmo de males ellos fundamentan políticamente este ajuste brutal diciendo que lo hacen para luchar contra la corrupción. Y hace una semana nos vinimos a enterar que en realidad mientras ellos ajustaban a las personas con discapacidad, estaban robando en las compras y contrataciones con empresas privadas que vendían medicamentos a la agencia”, siguió el diputado de Unión por la Patria.

Por la UCR estuvo la diputada Natalia Sarapura, quien repudió “la situación de corrupción y el hecho de que hasta este momento (desde el Gobierno) no hayan retrocedido en las decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad”.

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este lunes.

Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.

En las primeros audios, Spagnuolo hablaba de recaudación ilegal ligada a medicamentos, señalando a la hermana del presidente Javier Milei, la secretaria de presidencia, Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, con vínculos con la droguería Suizo Argentina.

En los audios revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.

"Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo", agrega el señalamiento contra la titular de Capital Humano.

Karina Milei reapareció este domingo en un acto partidario.

También deja entrever una crítica sobre Pettovello relacionada a la interna que vive el gobierno entre las distintas facciones libertarias: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".

En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete con menciones a la excanciller Diana Mondino: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".

Asimismo, en un irónico, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades: "Javier desentendido de todo", se lo escucha decir.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.

El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la secretaria General Karina Milei; y titular del cuerpo de Diputados, Martín Menem.

Por otra parte, en la tarde de este lunes, Jonathan Kovalivker, el socio mayoritario de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y entregó su celular, que venía siendo requerido desde el viernes en el marco de la investigación.

Los hermanos Kovalivker están bajo investigación. Así lo determinó el fiscal federal Franco Picardi cuando abrió la causa penal por presuntos hechos de corrupción. Más específicamente: un posible entramado de coimas del que habrían participado funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

El juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado este mismo viernes.

El ex titular de ANDIS fue localizado por la Policía este viernes en horas del mediodía en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, más específicamente en un auto Volkswagen Nivus.

En la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina.

Por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo. También se le secuestró una computadora y documentación.

En la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, durante la mañana fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto y en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue la primer voz oficial en hablar sobre la denuncia contra Spagnuolo por presuntas coimas en la cartera de discapacidad y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".

Intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene "ninguna relación" con él (a quien se refirió como 'español'), pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

Francos se desligó del caso Spagnuolo.

En diálogo con el periodista Luis Majul, Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho "no tiene ningún valor" para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: "No sé si la grabación está editada, cortada", especulando con que pudo registrarse en un lugar público.

Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.

El ex presidente Alberto Fernández utilizó este viernes la letra de un tango para hacer referencia de manera irónica a los presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei.

“Y al que mete los deditos en el tarro….”, escribió el ex mandatario en redes sociales al referirse al supuesto pago de sobornos, que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

El posteo del ex jefe de Estado está acompañado de un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez, canción que usó Fernández para ironizar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno libertario.

En el audiovisual se muestran diferentes titulares de portales noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el Libragate y otros presuntos hechos de corrupción en el gobierno libertario. Además, se cuestiona a la prensa afín al Presidente.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes un duro mensaje contra el presidente Javier Milei, a través de su cuenta de X, donde denunció un presunto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El posteo, titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, vincula directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Hernán “Lule” Menem con retornos ilegales por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Cristina Kirchner recordó que la “doctrina Vialidad” fue utilizada en su condena por la obra pública y sostuvo que, aplicando el mismo criterio, Milei debería afrontar responsabilidades penales por su presunta inacción ante las irregularidades denunciadas.

En su mensaje, la ex presidenta precisó: “Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”.

El posteo se difundió luego de que salieran a la luz audios de Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde afirmaba haber informado al Presidente sobre la existencia del supuesto esquema de corrupción.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, señaló Fernández de Kirchner, remarcando la presunta falta de acción del mandatario.

Según la ex mandataria, una de las droguerías involucradas en la operatoria es La Suizo Argentino S.A., cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por Cristina Kirchner con el ex presidente Mauricio Macri.

Cristina Kirchner destacó que el esquema no solo compromete a funcionarios actuales, sino que también mantiene conexiones con antiguos responsables del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte del circuito de retornos ilegales.

“Todo tiene que ver con todo”, enfatizó la ex presidenta, aludiendo a la continuidad de prácticas irregulares en distintos gobiernos. Con este mensaje, buscó mostrar que la presunta corrupción no es un hecho aislado, sino parte de una red más amplia que involucra actores actuales y pasados.

La denuncia se centra también en la transparencia del Estado, cuestionando la falta de control y los posibles encubrimientos por parte de las autoridades. Cristina Kirchner subrayó la gravedad de la situación en términos legales y políticos.

En el cierre de su mensaje, la ex presidenta no dejó de lado al Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”.

“Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, sostuvo, cuestionando su imparcialidad y capacidad de investigar de manera independiente los hechos denunciados.

Las acusaciones de Cristina Kirchner ya generan repercusión nacional, y se espera que tanto legisladores como actores judiciales respondan ante la controversia. El mensaje publicado en X también provocó un amplio debate en medios y redes sobre la responsabilidad del Ejecutivo y la transparencia en la gestión de fondos públicos.

El Ejecutivo nacional resolvió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en medio de un escándalo por presuntas maniobras de corrupción. La medida fue anunciada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también confirmó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como interventor del organismo.

La decisión llega tras la difusión de audios atribuidos al entonces director de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se denuncian supuestos pedidos de coimas y manejos irregulares con laboratorios y proveedores. En los audios, el exfuncionario hacía referencia a una estructura de recaudación que involucraría incluso a la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado.

La intervención fue dispuesta por el presidente Javier Milei con el objetivo de iniciar una auditoría integral del organismo y revisar el otorgamiento de pensiones por invalidez. Desde Casa Rosada aseguraron que buscan terminar con la "intervención política" dentro de la agencia y garantizar una administración transparente y profesional.

Alejandro Vilches, médico de larga trayectoria en gestión sanitaria en el ámbito público y privado, será el encargado de conducir la normalización del organismo. El flamante interventor ya ocupó cargos relevantes en la estructura sanitaria del país, entre ellos la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Su principal tarea será auditar el sistema de pensiones no contributivas y revisar los mecanismos de contratación y compras dentro de la agencia.

La crisis en la ANDIS se produjo en una jornada complicada para el Gobierno. En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con apoyo de la oposición, lo que constituye un duro revés legislativo para el oficialismo.

Ahora, el texto pasará al Senado, donde se definirá si queda firme el veto de Milei o si se sanciona la ley a pesar de la objeción presidencial.

Desde el Gobierno sostienen que la intervención busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y evitar que intereses políticos o económicos interfieran en una política pública sensible. Sin embargo, la medida también fue leída como una jugada para descomprimir la presión política tras la difusión de los polémicos audios.

Con esta decisión, el Gobierno intenta retomar el control de un área clave del Estado y marcar distancia respecto de las prácticas irregulares que se le adjudican a la anterior gestión del organismo. La gestión de Vilches se perfila como una etapa de auditoría y revisión profunda, en un contexto marcado por la tensión política y la exigencia de mayor transparencia.

Fabricio Trossero, abogado especializado en Derecho y Discapacidad y miembro activo de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), no escatimó críticas hacia el gobierno de Javier Milei y la reciente decisión -el lunes 4- de veto a la ley de emergencia en discapacidad. "Lo que está sucediendo es un golpe bajo a los más vulnerables de nuestra sociedad", afirmó, añadiendo que las personas con discapacidad son uno de los sectores más desprotegidos, y una medida de esta característica no hace más que intensificar su exclusión.

“Este veto a la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad demuestra una total insensibilidad ante una realidad que necesita medidas urgentes y adecuadas. No podemos seguir retrocediendo en derechos”, expresó con firmeza. Y reforzó: "Es una medida cruel, porque afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas con discapacidad motriz, como es mi caso, enfrentamos barreras todos los días para acceder a tratamientos, servicios de salud y hasta para llevar una vida digna. Este veto solo agrava esa situación", subrayó. Según el abogado, esta acción no solo afecta a los beneficiarios directos, sino también a los profesionales y servicios que brindan atención a las personas con discapacidad, quienes se ven afectados por los bajos aranceles y la falta de cobertura.

Más adelante, profundizó sobre cómo la sociedad trató históricamente a las personas con discapacidad. "Antes, éramos considerados ‘diferentes’. Con el tiempo, se nos comenzó a llamar ‘personas especiales’, lo que sigue siendo un error, ya que la discapacidad no nos hace ni especiales ni diferentes", señaló. Para el especialista, uno de los mayores avances fue la adopción, en 2008, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento que reconoce a las ‘personas con discapacidad’ como individuos con derechos y dignidad. “Hoy somos personas con discapacidad, no personas ‘especiales’. Y eso es lo que debe reconocerse, no solo a nivel legal, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros”, agregó.

Cabe señalar que la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estableció el Congreso de la Nación, busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. También, regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Trossero reflexionó sobre su voto en las elecciones presidenciales de 2023, donde por primera vez en su vida no lo hizo con el mismo convencimiento que en ocasiones anteriores. "Siempre fui una persona de principios y voté de acuerdo con mi ideología política, pero esta vez no encontré una propuesta que representara mis valores. En ese contexto, apoyé a Javier Milei, pero hoy, en función de varias de sus medidas, estoy desencantado con su gestión", expresó. Según evaluó, el veto presidencial y la falta de sensibilidad hacia las personas con discapacidad son una manifestación clara de que la Casa Rosada no prioriza a los más necesitados. 

La creciente problemática de acceso a la salud para las personas con discapacidad fue otro de los temas abordados por Trossero. En particular, destacó el aumento en la cantidad de amparos judiciales presentados por los pacientes para garantizar la cobertura de tratamientos médicos necesarios. "Lo que está ocurriendo con el sistema de salud es alarmante. Muchas personas se ven obligadas a recurrir a la Justicia para obtener lo que por derecho les corresponde. Los tratamientos se dilatan, las rehabilitaciones se demoran y, mientras tanto, las personas siguen sufriendo", explicó.

En este sentido, criticó el sistema de obras sociales y prepagas que, en muchos casos, no cumplen con la cobertura de tratamientos esenciales. "Las personas con discapacidad no solo luchan contra sus propias limitaciones físicas, sino que también tienen que enfrentarse a un sistema de salud que no está preparado para brindarles una atención adecuada", agregó.

Fabricio Trossero también dedicó un espacio a la crítica por las eliminaciones de pensiones no contributivas, decisión tomada por el Gobierno sin previo aviso ni evaluación adecuada. "Muchas personas realmente necesitan estas pensiones para subsistir, y hoy se ven despojadas de ellas sin que nadie les brinde una explicación clara. No se puede eliminar un beneficio tan importante sin una revisión detallada de cada caso", expresó. Aseguró que este tipo de medidas no solo es injusto, sino que también está mal implementado. "Las personas que reciben estas pensiones, en su mayoría, no tienen acceso a la información ni a los medios para comprender las cartas que les envía Anses. Sin la ayuda de un vecino, un familiar o de un profesional, se ven completamente desprotegidos", señaló.

El oriundo de Gödeken y venadense por adopción también se refirió a la situación de accesibilidad en Venado Tuerto, y si bien reconoció algunos avances, como la instalación de nuevas rampas para personas con discapacidad, señaló que todavía hay mucho por hacer para lograr una inclusión plena. "Las rampas deben ser funcionales y no solo cumplir una función estética. Aún tenemos que dar más pasos para que la ciudad sea verdaderamente accesible para todos", dijo. En este sentido, destacó el trabajo realizado en la reforma de la ordenanza de transporte urbano diferenciado, aunque aclaró que este es solo un primer paso. “Cada solución debe estar pensada específicamente para las necesidades de las personas con discapacidad. No hay un modelo único”, aclaró.

Finalmente, Trossero subrayó que su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad no es solo profesional, sino también profundamente personal. “Quiero que cada persona con discapacidad pueda tener acceso a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Mi lucha es por ellos, por su dignidad y por un futuro más inclusivo. No se trata solo de hacer cumplir las leyes, sino de que la sociedad valore a cada ser humano con respeto", concluyó.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado contundente, manifestando su postura ante el "desconcierto y desamparo" que sufren muchas personas con discapacidad y sus familias. El pronunciamiento de los obispos de este 30 de mayo, subraya la "dignidad infinita" e inalienable de cada persona humana, independientemente de su circunstancia o situación.En un contexto donde se debate la ley de emergencia en Discapacidad en el Congreso, la CEA expresó su preocupación por el acceso incierto y limitado a servicios esenciales como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad. 

Señalaron que el esfuerzo diario de las familias se realiza a menudo en soledad, sin suficiente reconocimiento social ni apoyo adecuado del Estado. Esta realidad, destacan, no es una estadística, sino que afecta a "niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena". 

Los obispos se mostraron sorprendidos por el "desconocimiento y desinterés" hacia la realidad de la discapacidad, enfatizando que debería ser una "prioridad ineludible de toda política pública". 

Y en un llamado directo, instaron a la reflexión a "quienes, desde el ámbito del Gobierno Nacional, deben apoyar con los recursos necesarios" para que el área de Discapacidad cumpla su tarea con responsabilidad y eficacia. 

El comunicado también hace una referencia implícita a ciertas actitudes y lenguajes, al señalar que frente al dolor y la angustia de las personas con discapacidad, deberían evitarse "actitudes y expresiones que lastiman, esos lenguajes despreciativos, por momentos no exentos de crueldad, que atentan seriamente contra aquella unidad que tanto necesitamos como pueblo". 

Esta observación se produce en medio de críticas desde variados sectores sobre el uso de términos ofensivos en resoluciones oficiales para referirse a personas con discapacidad o las manifestaciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien en un encuentro con Ian Moche, de 12 años, diagnosticado con autismo, y su mamá, Marlene Spesso dijo: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.

Y fue el propio Spagnuolo quien firmó una resolución en la que se modificaban los parámetros de la asignación de pensiones no contributivas por discapacidad. Y en ese documento se emplearon términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para referirse a las personas con discapacidad. 

En esta línea del conflicto, el pronunciamiento de la Iglesia se solidariza con el reclamo de organizaciones de discapacidad que han protestado a nivel nacional, solicitando una ley de emergencia que recomponga los aranceles congelados desde diciembre del año pasado, garantice pensiones y actualice las prestaciones. 

Mientras el proyecto de ley de emergencia espera en Diputados con expectativas de obtener media sanción (podría discutirse el próximo 4 de junio), también existe una gran preocupación sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la ley si es aprobada.