El Gobierno nacional anunció un aumento para los prestadores de discapacidad, con subas que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. La decisión se conoció tras semanas de protestas y reclamos por la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y aún sin aplicación plena.

La medida fue acordada en el marco de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, donde participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. También estuvo presente un representante del Comité Asesor de la Andis, Daniel Lipani, quien votó en contra del esquema de aumentos.

Fuentes del Gobierno confirmaron que el incremento se aplicará en tres tramos consecutivos: 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo. En tanto, el resto de las prestaciones tendrá subas del 12%, 8,25% y 7% respectivamente.

El aumento total acumulado será del 34,53% en el primer grupo y del 29,73% en el segundo. Según voceros oficiales, la actualización se ubicará por encima de la inflación proyectada para el año y busca “garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

El incremento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Foto: Reuters

El anuncio llega después de una serie de manifestaciones en distintos puntos del país. Organizaciones sindicales, sociales y sanitarias exigieron al Ejecutivo la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada a comienzos del año. También reclamaron la actualización del nomenclador nacional, congelado desde diciembre de 2024, cuando se había otorgado un incremento del 0,5%.

“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud, que coordina junto a Andis el seguimiento de las prestaciones.

El incremento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aprobó una partida presupuestaria adicional para cubrir los aumentos previstos. Según se informó, el refuerzo financiero corresponde al último trimestre del año y fue gestionado de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios de Salud.

Sin embargo, el sector privado y las entidades que nuclean a los prestadores expresaron su disconformidad. Daniel Lipani, representante de los prestadores en el Directorio, presentó una moción alternativa para aplicar un aumento del 70% desde octubre. La propuesta fue rechazada. “El ajuste otorgado no cubre los costos reales de funcionamiento ni la inflación acumulada”, sostuvo.

El último aumento generalizado en el nomenclador nacional había sido en diciembre de 2024 Foto: Manuel Fabatía

El último aumento generalizado en el nomenclador nacional había sido en diciembre de 2024, con un 0,5%. Desde entonces, los prestadores advirtieron sobre un deterioro sostenido en los aranceles, que derivó en la suspensión de servicios, cierres de centros de día y demoras en los pagos.

“Hubo prestadores que no pudieron afrontar sueldos ni alquileres, y otros que dejaron de atender por falta de cobertura. Este ajuste llega tarde y no resuelve el problema estructural”, indicaron desde una red de instituciones bonaerenses.

El nuevo incremento alcanza a los rubros de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros. Los valores se aplicarán sobre el nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles de todo el sistema.

Fuentes del Gobierno confirmaron que la medida se enmarca en un esquema de revisión trimestral, aunque no se establecieron nuevos mecanismos automáticos de actualización. “El objetivo es sostener el funcionamiento del sistema mientras se avanza en una reforma integral del financiamiento”, indicaron desde Andis.

El aumento llega también en un contexto político particular: tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el Gobierno busca ordenar las cuentas públicas y mostrar capacidad de respuesta ante reclamos sensibles. No obstante, los prestadores sostienen que el monto otorgado “no compensa la pérdida acumulada ni garantiza la sostenibilidad de los servicios”.

La Cámara de Diputados convocó a dos sesiones para este miércoles para interpelar a los ministros Luis Caputo y Mario Lugones y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, impulsadas por la oposición, aunque hay pocas expectativas que asistan los funcionarios.

La citación formal fue comunicada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, en base a las resoluciones aprobadas en la última deliberación del cuerpo

En la última sesión realizada la semana pasada, a instancias de la oposición se aprobó un pedido de interpelación a Caputo para este miércoles a las 12 explique los acuerdos que están alcanzando con el Tesoro de Estados Unidos denominados Swap.

En tanto, la interpelación a Lugones y Karina Milei fue solicitada en otra sesión a las 14 esta vinculada con los audios atribuidos al ex titular de Andis Diego Spagnuolo, sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos para los discapacitados.

De todos modos para realizar las dos sesiones, la oposición tiene que reunir quórum de 129 diputados para habilitar la reunión en el pleno del cuerpo legislativo, lo que hasta hoy había dudas debido a la campaña electoral.

No será la primera vez que la oposición reclama la presencia de Caputo en el recinto de sesiones ya que también lo había citado en abril por la criptomoneda $Libra junto al ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, pero solo asistió este último.

De hecho, Caputo no concurrió ni a presentar el proyecto de Presupuesto en el 2024 y ni este año, y se resiste a concurrir al Congreso, debido a que si bien la Constitución Nacional permite las interpelaciones, no existen sanciones para los funcionarios que no concurran.

En ese caso la alternativa de la oposición es impulsar un pedido de juicio político por mal desempeño de las funciones, pero esa comisión ni siquiera tiene presidente, desde el titular de la Cámara baja, Martín Menem, desconoció el acta en la cual se designaba a Marcela Pagano.

La iniciativa se aprobó para interpelar a Caputo con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención. El autor del proyecto, Itai Hagman (UxP), reclamó su presencia porque "lo que están haciendo es entregando la gestión del país a funcionarios de organismos y de una potencia extranjera”.

Señaló que "no sabemos qué están negociando ni a cambio de qué. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible que el ministro Caputo después de 22 meses de estar al frente de la cartera económica de nuestro país venga a esta cámara de Diptuados a ser interpelado por este cuerpo”, apuntó.

El referente del Frente Patria Grande le reclamó al ministro de Economía que “explique con lujo de detalle en qué consiste la asistencia financiera y qué están pidiendo los Estados Unidos a cambio de este salvataje financiero y político”.

En el caso de las interpelaciones de Karina Milei y Lugones se aprobó a mano alzada en la madrugada del miércoles para que explique la supuesta denuncia de Spagnuolo.

En la ocasión, el diputado peronista Pablo Yedlin, señaló que “hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas y no lo hemos conseguido”.

En el caso de Karina Milei, el oficialismo dice que no corresponde porque no es una ministra pero desde la oposición señalan que tiene rango ministerial.

Mauro L. Muñoz

Proyectos para visibilizar el espectro autista y favorecer la accesibilidad en transporte estuvieron sobre la mesa de la comisión de Discapacidad de Diputados. Sin embargo, acaparó toda la atención la promulgación de la Emergencia en Discapacidad y el funcionamiento de ANDIS, actualmente intervenida por Alejandro Vilches tras las denuncias de corrupción por las que el gobierno desplazó a su extitular, Diego Spagnuolo.

La cita parlamentaria tuvo lugar este martes, tan solo horas después de que el Congreso comunicara formalmente al Poder Ejecutivo la sanción definitiva de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que se impuso el último jueves en el Senado por insistencia dejando firme el rechazo al veto presidencial.

En medio del cimbronazo político que significó el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional evalúa todavía si judicializa o no la norma, tal como lo había anticipado Javier Milei. Por el momento, la oposición exige que sea aplicada de inmediato ya que aseguran no existe sustento judicial para demorarla, por lo que se deberían destinar las partidas implicadas.

“La ley ya es ley y tienen que ponerla en marcha rápidamente”, sostuvo el presidente de la comisión, Daniel Arroyo (UxP), al abrir la reunión, señalando que el primer paso es la reasignación de partidas presupuestarias a la ANDIS. "El Jefe de Gabinete debe hacer lo que básicamente hace todos los días ya que no hay presupuesto, sacando de una partida presupuestaria y poniendo en otra", apuntó.

Con la firma de Victoria Villarruel, el Senado comunicó al Ejecutivo el rechazo al veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad.

El segundo paso, en palabras de Arroyo, es retrotraer el nomenclador de prestaciones a valores previos a la devaluación: "Es muy sencillo, es ir para atrás a diciembre del 2023 con el nomenclador, antes que tuviéramos 120% de inflación. Claramente, va a reordenar un nomenclador que hoy está trabado, afectando a familias y personas con discapacidad que no están pudiendo acceder a traslados, medicamentos, terapias, y complicando el funcionando de hogares y centros de día".

Arroyo advirtió, a su vez, que la puesta en marcha de la norma no impide que continúen las cuestionadas auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, pero sí advirtió que obliga a focalizarlas en casos con problemas detectados y no en un proceso masivo que aseguran terminó afectando a miles de personas con discapacidad por irregularidades en la citación.

En ese sentido, indicó como tercer y último punto de la Emergencia en Discapacidad respecto a que se tome como lenguaje la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad, destinado a que "ningún gobierno, ni este, ni los próximos veinte, puedan maltratar a las personas con discapacidad de sus familias, imperando el respeto en términos prácticos".

En la reunión se pasaron a la firma una serie de iniciativas de distintos bloques que apuntaron, principalmente, al funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre ellas, declaraciones como el de Victoria Tolosa Paz (UxP) y proyectos de resolución como el impulsado por el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) que apuntan a que se restituyan las pensiones no contributivas suspendidas por las auditorías.

En ese sentido, Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

Durante la reunión, la Comisión avaló diversas iniciativas que apuntan a la ANDIS. Foto: HCDN.

Por otra parte, se pasó a la firma el proyecto de resolución del tucumano Roberto Sánchez (UCR) solicitando informes sobre las contrataciones irregulares de la ANDIS, en línea con las denuncias judiciales por retornos en la compra de medicamentos. Y también otra iniciativa de Eduardo Valdés (UxP) para exigir explicaciones sobre el destino de los recursos ahorrados con las bajas de pensiones.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a reestructurar la conducción de la ANDIS, establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UxP), informó que se aceptaron cambios sobre el texto original, por lo que la propuesta será acompañada por otros bloques opositores y quedó a la firma con modificaciones técnicas. “Elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”, señaló el legislador.

Más allá de los expedientes vinculados a la ANDIS, la comisión avanzó en proyectos de concientización y accesibilidad, como la creación del "Programa Banco Azul" y la modificación del símbolo de discapacidad en automotores, en línea con estándares internacionales.

En la reunión se avanzó también en proyectos para visibilizar el TEA y de accesibilidad en automotores para personas con discapacidad. Foto: HCDN.

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto promover la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. La diputada Eugenia Alianiello (UxP), como autora de la iniciativa, explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Más adelante, Jorge Chica (UxP) explicó el proyecto de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”

Por otra parte, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mauro L. Muñoz

“Mirá al pelotudo de Adorni. Le dijimos: en la radiografía del perro, esa pensión no se otorgó. Ahora lo tenemos que andar explicando", se lo escucha decir a Diego Spagnuolo en una nueva grabación que fue filtrada este miércoles en distintos medios nacionales, con más mensajes comprometedores para el gobierno nacional.

El audio atribuido al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se suma a la tanda de conversaciones difundida durante la semana pasada que decantaron en su despido y la investigación judicial por un supuesto esquema de corrupción en que implica a Karina Milei, Eduardo y Martín Menem con la droguería Suizo Argentina, mediante la compra de medicamentos.

La grabación con testimonios sobre el vocero presidencial no implicaría, en principio, una relación con el caso de las coimas. Pero sí lo ubica a Manuel Adorni como protagonista de la justificación en los recortes en pensiones de discapacidad, que derivaron en un masivo proceso de auditoría, múltiples reclamos y en una ley sancionada por el Congreso que luego tuvo que ser vetada por el presidente Javier Milei por ir en contra del programa económico.

Este nuevo audio vuelve a poner en evidencia la crisis institucional del gobierno y, en particular, expone las tensiones políticas internas, con desautorización pública entre funcionarios y una estrategia comunicacional del gobierno que profundiza la desconfianza pública.

Spagnuolo se refiere al caso presentado por el portavoz presidencial en la conferencia de prensa del pasado 19 de julio de 2024, en la que Manuel Adorni difundió una imagen insólita: una radiografía que mostraba la cola de un perro. La utilizó para respaldar supuestos casos de pensiones por discapacidad fraudulentas.

Sin embargo, según el audio que se adjudica a Spagnuolo, esa pensión no solo que nunca fue otorgada sino que había sido comunicado previamente, dando a entender la deliberada intención de Adorni en exponer esa situación de forma malintencionada.

“El pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información y dijimos: la radiografía del perro, esa pensión no se otorgó. ¿Y va qué dice? ‘Esa pensión se otorgó’. Y nosotros tenemos que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque hoy están todos diciendo que no se otorgó. ‘Flaco, te pasamos toda la información clarita, esa pensión no se otorgó’”, es el mensaje completo que se escucha decir a Spagnuolo.

Tras la exposición del episodio, asociaciones de personas con discapacidad y familiares repudiaron el uso de ese caso como argumento para recortes. Uno de ellos fue el Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos, quien denunció que se trató de una estrategia del gobierno para justificar recortes a pensiones mediante un caso fabricado.

Manuel Adorni junto a Diego Spagnuolo.

Incluso, en aquel momento, el anterior titular de Andis, Fernando Galarraga, salió a desmentir esa versión públicamente: “El expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, nunca cobró ni cobra una pensión entregada durante nuestra gestión”, sostuvo el exfuncionario, que adjuntó el expediente 2022-108550205-APN-CFM#ANDIS correspondiente a este caso.

Con ese caso como presentación, y en base a la Resolución 187 que calificaba de “imbéciles” e “idiotas” a las personas con discapacidad, comenzaría luego el proceso de auditorías sobre la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral dirigido por la Agencia Nacional de Discapacidad que conducía Diego Spagnuolo.

La crisis en el sector de Discapacidad fue uno de los que más rechazo generó y derivó en proyectos de ley.

Los efectos de aquel hecho se extienden hasta el día de hoy, con freno en las pensiones por discapacidad a personas que en muchos casos es uno de los únicos ingresos con los que cuentan y que afecta por añadidura a los prestadores que merman en ingresos e instituciones que atraviesan un ahogo económico cada vez más crítico.

La divulgación de nuevos audios adjudicados a Spagnuolo también vuelven a poner en el centro de la escena a Karina Milei, con insultos a su persona por los bajos sueldos de la administración pública.

"Hay otra cosa que es tremenda: yo en enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando $2.800.000 porque me subieron un límite a los aportes y ahora viene Ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra en blanco. Pero tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social... No te cierra. Y arriba mío cobra más un ministro y el presidente. Yo tengo rango de secretario de Estado", se lo escucha decir al funcionario eyectado de su puesto al frente del organismo hace una semana.

Luego se lo escucha decir, "estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y sacar un mango", sobre lo que agrega: "quiero ser muy preciso con esto, no confundir: es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente, para que funcione. Tuvimos que sacar las horas extra, pero, al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje de ida y vuelta al laburo, y en la comida".

Siguiendo el descargo contra Karina Milei, en el tercer audio se escucha: "Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados". El exfuncionario daba a entender que su área no era la única afectada por el robo.

“Yo no hago más quilombo. Pero como estaba denunciando todo esto… No puedo. Estaba denunciando que nosotros le íbamos a pedir guita a los que estamos denunciando”, continuaba su alocución el exfuncionario.

El gobernador Maximiliano Pullaro fue consultado este miércoles por la investigación sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que comenzó tras la filtración de audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. “Esperamos que se esclarezca rápidamente”, dijo el gobernador al ser consultado sobre el tema por medios de comunicación en su llegada -junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia- al Congreso Internacional del Maíz que se lleva adelante este miércoles y jueves en el Salón Metropolitano de Rosario.

“No hay corrupción buena, corrupción mala o corrupción de un lado o del otro”, prosiguió el gobernador santafesino quien aseguró: “A la corrupción hay que condenarla siempre”.

En ese sentido, Pullaro remarcó que “Argentina nos da la oportunidad de administrarla bien, continuar por el camino de las cosas que se han hecho correctamente, fundamentalmente la baja en los niveles de inflación; ahora tenemos que apuntar al desarrollo”, por lo que reclamó “mirar al interior productivo, la infraestructura que hace falta y de qué manera podemos producir más”. 

El gobernador apuntó también a que “no podemos lograr equilibrio fiscal solamente con ajuste. Hay que ser más sensatos”, y volvió a reclamar por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia: “Están muy mal, hay siniestros viales con fallecidos todos los meses y eso debe ser atendido”, a lo que agregó que esa falta de obras también “impacta en los costos de la logística ya que hace que un camión no pueda llegar a los puertos en el tiempo estimado”; por eso pidió una vez más que “si no van a administrar las rutas nacionales como corresponde, se las transfieran a la Provincia que tiene un sistema honesto y austero para administrar lo público”.

De igual manera, Scaglia manifestó entender “el orden fiscal y estamos de acuerdo”, aseguró, pero recalcó que a la par “hay que tener una agenda de desarrollo y para nosotros esa agenda es capitalista, de mercado, productiva y de infraestructura”, porque aseguró que si no existe, “no podés pensar que Argentina querés hacia el futuro, que empresas y productores vas a tener, y así a la oportunidad la vamos a perder”. 

Por ello, Scaglia subrayó la importancia “desde Santa Fe de defender la bandera de trabajar mucho, tener una economía ordenada e invertir en infraestructura y mejorar”.

(Por Mauro Muñoz) - La tensión entre el gobierno nacional y el colectivo de personas con discapacidad escaló luego de un fuerte comunicado oficial rechazando la ley de Emergencia en Discapacidad. La respuesta no se hizo esperar: organizaciones acusaron a la Agencia Nacional de Discapacidad de "ajustar contra los más vulnerables".

El cruce ocurrió luego de que un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitiera dictamen de mayoría para la declaración de la Emergencia hasta fines de 2027; iniciativa que apunta también a garantizar y aumentar pensiones no contributivas y actualizar el nomenclador de prestaciones.

Además, el proyecto dedica un apartado al abordaje sobre el "maltrato institucional" del Ejecutivo, referido a la publicación de la Resolución 187, donde se incluye un baremo para evaluar la invalidez laboral con terminología obsoleta y peyorativa como "idiota", "estúpido", "retrasado mental".

A través de un comunicado, la Andis expresó su "enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad" por considerarlo una "iniciativa regresiva" que "apela a un modelo asistencialista que ya fracasó".

El organismo, encabezada por Diego Spagnuolo, sostuvo que la propuesta "desatiende los estándares internacionales" y "posterga la verdadera inclusión". "Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social", expresó.

Diego Spagnuolo encabeza la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la gestión libertaria.

Además, cuestionó la viabilidad financiera de la norma al considerar que "multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían". En ese sentido, apuntó contra la gestión anterior por haber "flexibilizado los criterios de otorgamiento" de pensiones y "desfinanciado el sistema".

Al mismo tiempo, defendió las políticas que se llevan adelante actualmente. "Este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan", aseguró.

Múltiples organizaciones, nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad, publicaron una dura carta dirigida a Spagnuolo en la que acusa a su gestión de tener un "profundo desconocimiento de la situación que atraviesan las personas con discapacidad" y reclamaron medidas urgentes para el sector.

La organización cuestionó que el gobierno hable de inclusión sin garantizar las condiciones materiales mínimas. "No parece representar un motivo de preocupación, según su declaración, que hogares o residencias para personas sin red familiar estén en riesgo de cierre por desfinanciamiento. Ni que la medicación imprescindible no llegue a quienes dependen de ella para vivir con dignidad", enfatizaron.

Las organizaciones denuncian que la Resolución 187 retorna al modelo médico de la discapacidad, con terminología obsoleta y peyorativa.

Según el Foro, “resulta difícil comprender cómo pueden afirmar que esta emergencia es un invento o una construcción interesada”. También refutaron la idea de que el proyecto de ley contradiga el modelo social de la discapacidad. "Pareciera que entienden por 'vida independiente' dejar a las personas a su suerte, sin herramientas mínimas para ejercer sus derechos", criticaron.

En cuanto a la supuesta mejora en los valores prestacionales, el Foro cuestionó que “no se ha revertido la tendencia heredada”. “Si sumamos el 25% de inflación de diciembre 2023 a la de 2024, el total asciende a 173,3%. Por lo tanto, no hubo recuperación real”, indicaron.

Uno de los puntos más conflictivos gira en torno a la Resolución 187/2025, con la que el gobierno inició una auditoría masiva sobre las pensiones no contributivas. El documento, publicado en enero, provocó fuerte rechazo por parte de organizaciones, prestadores y personas con discapacidad por el enfoque adoptado y la terminología utilizada.

La Andis volvió a defender el procedimiento. En el comunicado afirmó que “comenzó a auditar pensiones mal otorgadas” como forma de ordenar el sistema y recuperar fondos. Sin embargo, desde el Foro alertan que "se están enviando cartas documento con una base de datos desfasada y sin garantías claras", generando "estado de desesperación en las familias".

Mientras se debatía el proyecto en el Congreso, afuera volvió a haber reclamos.

Asimismo, la Agencia denunció que "durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban".

En tanto, las organizaciones recordaron que más de 500.000 solicitudes de pensión se encuentran aún sin resolverse, mientras que en talleres protegidos se pagan apenas $28.000 mensuales desde hace más de un año. "Las respuestas se necesitan hoy. Si hay mucho para unos pocos, también tiene que haber para aquellos que sin esa ayuda no tienen un presente digno, ni un futuro posible", concluye el documento.

A su vez, exigieron que las auditorías sean "transparentes, con criterios adecuados al modelo social, comunicación clara y sin vulnerar derechos adquiridos". Y preguntan: “¿Qué sucederá si las pensiones fueron correctamente otorgadas? ¿Por qué aplicar solo el criterio de incapacidad laboral, cuando se reconocen las barreras estructurales que impiden acceder al empleo formal?”

En su sesión ordinaria de este miércoles al mediodía, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad dos importantes proyectos de resolución que buscan visibilizar y atender la delicada situación que atraviesan las personas con discapacidad en todo el país y, en particular, en la ciudad.

Ambas iniciativas, impulsada por el septeto oficialista Unidos, fueron consensuadas entre los distintos sectores y reflejan una preocupación compartida por la falta de respuestas concretas por parte de organismos nacionales, así como por las consecuencias que están generando los recientes procedimientos de revisión de pensiones no contributivas y el congelamiento de los aranceles que perciben los prestadores de servicios en discapacidad.

El primero de los proyectos aprobados en Sarmiento y Alem pone el foco en las auditorías iniciadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad. Las mismas comenzaron a aplicarse en este mes de abril y ya generaron múltiples inquietudes entre los usuarios del sistema en Venado Tuerto.

Según se detalla en los considerandos de la resolución, muchas personas recibieron cartas documento exigiendo la actualización de su información clínica, pero en numerosos casos estos documentos no pudieron ser entregados por errores en los domicilios registrados. Esta situación no solo ocasiona demoras, sino también una gran confusión entre los beneficiarios, quienes en muchos casos no cuentan con la orientación necesaria para cumplir con el procedimiento.

“Además del estrés que implica este tipo de revisión, muchas familias no tienen acceso a la documentación médica o desconocen cómo presentarla, y esto puede derivar en la pérdida del beneficio sin una causa justa”, señalaron los ediles durante el debate.

Frente a este escenario, el Concejo resolvió solicitar de manera formal a la delegación local de Anses de Lavalle y 25 de Mayo -a cargo de Javier Mellano- un informe pormenorizado que incluya la cantidad de beneficiarios auditados, los criterios de evaluación utilizados, el personal y los equipos técnicos responsables, los plazos establecidos y la modalidad de acompañamiento prevista. Asimismo, se remarcó que el propio Mellano había sido invitado previamente a brindar explicaciones ante el cuerpo deliberativo, pero no asistió.

La segunda resolución aprobada fue impulsada por la concejala del Partido Socialista (Unidos), Micaela Meinero, y plantea un respaldo explícito al proyecto de ley nacional que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

El texto hace un fuerte diagnóstico de la situación: "Las pensiones están en riesgo, los aranceles de los prestadores están completamente desactualizados, el empleo protegido no recibe respuestas y los servicios e instituciones esenciales para el colectivo de personas con discapacidad están al borde del colapso", resume.

De acuerdo a lo señalado, desde diciembre de 2024 no se realizaron actualizaciones en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, y la última suba fue de apenas un 0,5%. Esto deterioró notablemente las condiciones económicas de quienes trabajan en el área y afecta la calidad de las prestaciones.

El proyecto de emergencia, impulsado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya cuenta con dictamen favorable en las comisiones de Salud y Discapacidad del Congreso Nacional. Además, este miércoles 23 de abril está previsto su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, paso clave para su avance legislativo.

Entre las medidas propuestas se incluyen la actualización mensual de los aranceles conforme al índice de inflación, la protección del financiamiento de las pensiones y programas de atención integral, y la participación activa de organizaciones del sector en el diseño de políticas públicas inclusivas.

Ambos proyectos fueron aprobados sin objeciones, reflejando un consenso legislativo local sobre la necesidad de actuar de forma urgente. “Estamos frente a una situación límite. No se trata solo de números o estadísticas, sino de personas que ven vulnerados sus derechos fundamentales”, expresó Meinero durante la sesión.

Por su parte, otros ediles remarcaron la importancia de acceder a información clara para poder cumplir el rol de control y acompañamiento que les compete como representantes de la ciudadanía. “El Estado debe ser garante de derechos, no una fuente adicional de angustia para quienes ya enfrentan condiciones difíciles”, concluyeron.

El martes, el Gobierno estableció los criterios para la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin vencimiento a través de la Resolución 1654/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de un documento público que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones establecidas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, según la explicación oficial. La tramitación es voluntaria y gratuita, y la evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde o no su emisión.

En marzo del año pasado, después de los persistentes reclamos de pacientes y familiares, y dos meses después de la creación del "Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad", el Gobierno de Alberto Fernández confirmó que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) comenzarían a expedirse sin vencimiento, pero que la implementación sería "progresiva, gradual y en etapas".

La medida se reglamento a través de la Resolución 1654/2024 publicada en el Boletín Oficial.

"El Certificado Único de Discapacidad se otorgará sin plazo temporal, manteniendo su vigencia y validez mientras se mantengan los criterios certificantes", según lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución 322/2023, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el entonces director ejecutivo de Andis, Fernando Gaston Galarraga.

Sin embargo, se dejó sin efecto esa normativa porque los lineamientos aplicables al proceso de certificación y acompañamiento de las personas con discapacidad no han sido cumplidos ni implementados en las etapas y plazos establecidos, lo que deriva en la inaplicabilidad y obsolescencia de dicho acto administrativo con la promulgación de la Ley N° 27.711.

Ante esta situación, la gestión actual ha llegado a la conclusión de que es necesario aprobar los criterios para emitir un Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin fecha de vencimiento en la evaluación y valoración de la discapacidad.

Existen tres puntos destacados entre los criterios para la emisión del CUD.

El primero de ellos contempla las “Renovaciones previas”, es decir, a “personas que al momento de la evaluación tengan emitidos previamente dos certificados de discapacidad, cuyo perfil de funcionamiento e impacto en la vida cotidiana se mantenga constante a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en el calificador de capacidad del componente Actividad y Participación (CIF)”.

El segundo, en tanto, menciona a la “Persona Mayor”, o sea, aquella que “al momento de la evaluación tengan más de 60 años y mantengan sus estructuras y funciones corporales en condiciones constantes durante al menos 5 años”.

Por último, refiere a quienes tiene “Necesidad de equipamiento permanente”. “Personas que al momento de la evaluación requieran de equipamiento y/o dispositivos de uso permanente para preservar las funciones vitales”, detalla el documento.

“En los casos mencionados se podrá solicitar la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando se produzca un cambio en el perfil de funcionamiento de la persona con discapacidad que impida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”, aclara el anexo.

Cualquier persona con una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral puede pedir el CUD. Esa alteración puede estar vinculada a distintas áreas:

Intelectual y Mental

Visual

Motor

Auditivo

Respiratorio

Cardiovascular

Renal urológico

Digestivo / Hepático

Cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos).

Traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros).

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento en los lugares permitido Acceso al Cupo Laboral en la Administración Pública.

Por Juan Cruz Zwiener

La auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad refleja que los derechos de las personas discapacitadas han sido vulnerados casi sistemáticamente en los últimos años, por ejemplo, con el otorgamiento de pensiones "truchas".

No solo el abuso de pensiones otorgadas por supuesta invalidez debido a discapacidades motoras ha producido un desfalco a las arcas del Estado nacional -tal cual lo describimos en nuestra nota anterior, publicada el 25 de julio pasado bajo el título "Burlando la discapacidad"-, que no es otra cosa que nuestro dinero, de los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Sino que, además, ese desfalco puede costarnos cerca de 2.000 millones de dólares al año, si las estimaciones sobre las pensiones "truchas" se confirma, a través de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin olvidar, por otra parte, que a esos millones hay que sumarles los erogados por las prestaciones terapéuticas a personas con discapacidad que nunca las recibieron.

Este mecanismo de hacer dinero por prestadores "truchos", es una copia del sistema del dinero destinado a los comedores escolares que nunca llegó, o de los fondos destinados para construir casas o caminos que jamás se vieron materializados. El mecanismo de esta estafa esta originado en un Certificado Único de Discapacidad (CUD), que puede ser otorgado correctamente o en forma indebida. Por medio de ese CUD, la persona beneficiaria por la ley Nº 24701 tiene acceso a una cantidad de terapias y beneficios en salud física, psíquica y social muy importante, además del transporte que facilite el acceso a las citadas prestaciones (un vehículo con chofer hacia donde dispongan las terapias, sin límite prácticamente). (*)

Es ahí donde comienzan los abusos hacia el financiador, el Estado nacional y a cualquier obra social o prepaga. Uno de esos abusos puede consistir en facturar terapias que llegan hasta los 3 millones de pesos por mes en una internación por discapacidad, en la cual la persona portadora del CUD quizás jamás pisó una clínica. A ello se le suman los insumos que pueden sumarse a esas jugosas facturaciones que nunca se realizan, como equipamiento costosísimo para personas con discapacidad: sillas de ruedas, ortesis y prótesis importadas, cirugías y medicación, terapias ambulatorias y el supuesto transporte del paciente hacia las terapias.

Dentro de los abusos más comunes -sobre una persona que verdaderamente tiene una discapacidad- y una estafa -sobre una supuesta persona que está en tratamiento-, está el cambio de dirección en el DNI, que se hace para "alejarlo" del lugar de las terapias. Entonces, por un recorrido corto, cambian la dirección legal hacia otra dirección "más alejada" (de un pariente por ejemplo) y así los transportistas facturan más de lo debido. Lo mismo pasa con los prestadores de terapias que sobrecargan a las obras sociales con prestaciones, pero el paciente recibe menos de las autorizadas y facturadas. Esto puede ser inferido y auditado, ya que ha hecho mucho ruido que parte del denominado colectivo de Discapacidad se haya opuesto rotundamente al sistema de auditoría de las prestaciones de la Andis mediante el uso de tecnología de geolocalización.

Hace unos meses, la Andis quería implementar la geolocalización para tener un seguimiento de las personas con discapacidad que son beneficiadas por las prestaciones. Como en el "Caso Loan", donde se peritan los celulares para saber dónde estaba cada uno de los supuestos implicados en la desaparición del niño, en el ámbito de la Discapacidad podríamos saber si el paciente con su celular está, o no, próximo a sus lugares de terapia cuando los prestadores dicen que lo está, vía seguimiento del celular (como el sistema LoJack en los vehículos).

Esto haría más verosímil y tecnológico el control del presentismo a las terapias y al transporte de las personas, generando una confianza a los financiadores de las terapias, ya que sabrían quiénes son los prestadores que trabajan honestamente, además de generar un ahorro a las arcas del Estado nacional y las obras sociales, cajas profesionales y prepagas que brindan coberturas de salud indispensables para el bienestar del colectivo de Discapacidad, que honestamente las requiere.

Recordemos que, por el llamado Mecanismo Integrador, las prestaciones de salud de las obras sociales nacionales, todas las erogaciones (tratamientos, transporte e insumos) que abonan los distintos financiadores (obras sociales) se les reintegra en la Nación. Es decir que las obras sociales nacionales no tienen costo alguno sobre prestaciones de afiliados con CUD, y reciben el cheque de esas prestaciones. Lo que se pone en juego aquí es la reputación de esas obras sociales nacionales, porque si no auditan a los prestadores, son cómplices de una estafa al Estado nacional.

La pregunta que todos nos hacemos hoy en día es: ¿Vamos a seguir permitiendo que se despilfarre el dinero de los contribuyentes? Así jamás vamos a poder obtener la baja de impuestos y entonces la Justicia Social siempre será, meramente, el sostenimiento de bienes y servicios en forma gratuita a quienes "no tienen", en contra de aquellos que producen dinero mediante la venta de bienes o servicios y el Estado les cobra impuestos por ello. Porque, si de por sí financiar la Justicia Social impone un debate enorme, financiar las estafas de prestadores en salud es injusto y está penado por la ley.

¿Será quizás la Discapacidad otra parte del Estado que es apretada y expulsa pus? Solo con la intervención de la justicia lo sabremos, si es que se animan los fiscales y quienes tienen que actuar. O seguirán, como siempre, pagando justos por pecadores, como nos hemos -lamentablemente- acostumbrado los argentinos.

(*) Sancionada el 5 de noviembre de 1997, esta normativa es la que establece en todo el territorio argentino el llamado Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Fue promulgada el 2 de diciembre del mismo año.

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El Gobierno nacional, a través de la Resolución 186/2023, publicada en el Boletín Oficial, prorrogó por un año la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que vencen en 2023. También afecta a los certificados que vencían en 2022 y que ya habían sido extendidos.

Las dificultades que refiere el organismo son las decenas de pedidos de familiares y pacientes que, ya desde fines de 2022, vienen reclamando que no hubiera que renovar este documento, clave para la cobertura de un medicamento o para el derecho a viajar sin cargo en transporte público.

La campaña, impulsada en las redes sociales, apunta a las complicaciones en la renovación: los certificados suelen ser expedidos por dos años y los turnos con la Junta Médica Evaluadora pueden tener siete meses de demora, lo que obliga a comenzar la ronda de trámites casi apenas obtenido el CUD.

Certificado de discapacidad: implementan cambios para simplificar y optimizar el acceso

Se trata del primer paso de implementación del plan de mejora en la Certificación que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció el organismo.

La ANDIS instituyó el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: “Se trata de una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad”.

Por ello la mencionada agencia nacional consideró que con la oficialización de la prórroga de vencimiento de certificados fue “el primer paso efectivo hacia la implementación de este Plan que se está desarrollando, y se adopta ante las dificultades que se han experimentado en algunas jurisdicciones con el objetivo que ninguna de las prestaciones que derivan de la vigencia del CUD se vea interrumpida como el sistema de prestaciones básicas, gratuidad del servicio de transporte público, entre otras”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

En este marco, se Instruyó a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios para que se proceda a la implementación administrativa y operativa de la presente medida, y realice las acciones necesarias a tal efecto. “Asimismo, corresponde instruir a dicha Dirección Nacional a fin de propiciar la notificación del presente acto resolutivo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por intermedio de la Dirección Ejecutiva de esta AGENCIA, como así también a los organismos y jurisdicciones responsables de evaluar y certificar discapacidad”, se comunicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

En Argentina se estima que unos 5 millones de ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados.

Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.

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En el marco del debate sobre la nueva Ley de Discapacidad se desarrolló en la ciudad de Santa Fe un encuentro para dialogar y debatir los alcances de una normativa que esté a tono con las actualizaciones en la materia. De la misma participaron autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, funcionarios municipales y organismos de la sociedad civil. El evento, que tuvo lugar en el auditorio de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, estuvo organizado por el Movimiento de Personas con Discapacidad Visual “Mírame Bien” -movimiento santafesino de personas con discapacidad visual- junto a la Comisión Asesora Municipal de Discapacidad y la Subdirección de Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe.

?? El Defensor @jorgehenn recibió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, donde se le planteó las principales problemáticas que se reciben en la institución con el objetivo de resolver de manera ágil los casos que se presentan a diario. pic.twitter.com/gHy8cWCnqO

— Defensoría del Pueblo de Santa Fe (@defensoriaSF) April 11, 2022

Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), celebró esta iniciativa de recoger los aportes de todos los sectores de la sociedad para conseguir una Ley que incluya a todos. En esta línea, la ANDIS impulsa la Consulta Federal hacia una Nueva Ley de Discapacidad, a los fines de construir, participativamente, un proyecto de Ley Marco en la temática que sea plural, inclusivo y colaborativo para presentar durante el corriente año legislativo desde el Poder Ejecutivo Nacional. “Este proceso de gestación de una nueva Ley de Discapacidad representa un paso fundamental en el camino de la armonización legislativa en la materia y es, también, el saldo de una enorme deuda de la democracia en pos de la construcción de una sociedad que incluya a todos los ciudadanos”, expresaron desde la Agencia Nacional. En ese sentido, destacaron que la nueva Ley de Discapacidad contendrá una mirada con eje en derechos humanos y perspectiva de género, interseccional e intercultural. De esta manera, se busca avanzar hacia una nueva normativa que aborde la discapacidad desde un modelo social y una perspectiva de derechos, que entienda a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad en todas sus esferas y reconozca derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales.

La actual ley data de 1981 y ha quedado desactualizada de acuerdo con los estándares de la convención, cuyos postulados tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Dicha norma parte de una concepción de discapacidad anclada en lo médico, que entiende a la persona con discapacidad como sujeto de cuidado, y no como sujeto de derecho. La necesidad de construir una nueva ley radica en el sentido de reconocer a la persona con discapacidad antes que nada como persona, promoviendo diseños universales y herramientas de apoyo en lugar de entornos diferenciales que no fomentan la inclusión.

Entre el 21 de marzo y el 25 de mayo, se desarrollarán, para todos los interesados, la Consulta Federal Hacia una Nueva Ley de Discapacidad. El objetivo es que los interesados puedan brindar aportes para nutrir el debate de acuerdo con una serie de lineamientos conceptuales definidos. Esta consulta tiene carácter multimodal, es decir, que tendrá múltiples maneras de participación. Entre ellas se destacan consultas web y audiencias públicas regionales, como las que ya se realizaron en Neuquén, Córdoba, San Juan, San Miguel de Tucumán, Resistencia, CABA y Santa Fe. Los ejes temáticos bajo los cuales se desarrollan las Consultas Federales son: Educación, Trabajo, Salud, Protección Social, Participación Política, Accesibilidad, Vida autónoma e independiente.