La aprobación del pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, por impulso del kirchnerismo en el Senado y mediante una votación que terminó siendo desempatada por la presidenta pro témpore del cuerpo, habilitó interrogantes sobre la procedencia del trámite, la manera en que se producirá la reinserción de la magistrada y los efectos que esto podría tener sobre los fallos que dispusieron llevar adelante el juicio oral en las causas Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán.

A esta altura, algunas pocas dudas comenzaron a quedar despejadas. Específicamente, la desvinculación de Florencia Kirchner de la causa por lavado de dinero en los hoteles de la familia en El Calafate, ya que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, decidió no apelar el sobreseimiento que resolvieron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Cuando los camaristas firmaron la resolución que se concentraba en las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero, y anularon la decisión de dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que habían sobreseído a todos los acusados a fines de 2021, fueron determinantes en la necesidad de que la inocencia o culpabilidad de los imputados, se resuelva en la instancia de debate.

La única excepción en aquel fallo fue Florencia Kirchner: Petrone y Barroetaveña no revocaron su sobreseimiento. Su edad fue un factor clave, y el rol de su hermano y la dinámica familiar también fueron tenidos en cuenta por los camaristas. Entendieron que no se le podía "exigir" una conducta distinta a la que tuvo en este caso y que, si existió un delito, lo decidieron "otras personas" que "mantenían con ella una relación asimétrica", de autoridad, porque eran sus padres y su hermano. El fiscal compartió el criterio de los magistrados y no apeló, por lo cual ésa cuestión está zanjada.

En cambio, no ocurrió lo mismo con la decisión de enviar a juicio oral a Cristina Fernández y Máximo Kirchner, decisión que la defensa pretende anular. Entre los argumentos, criticaron que la decisión haya salido con la firma de dos camaristas y sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, cesada en sus funciones por la Corte a principios de mes.

"La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada (Ana María Figueroa) a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa", manifestaron los abogados

Figueroa cumplió 75 años, la edad límite que establece la Constitución Nacional para su ejercicio como magistrada, el 9 de agosto.

La jueza Ana María Figueroa cumplió 75 años el pasado 9 de agosto.

La Corte Suprema, con el voto de sus cuatro integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), había resuelto dejar cesante a Figueroa el 6 de septiembre. Ahora, tras el extemporáneo trámite en el Senado, el Gobierno pretende que vuelva a su puesto, clave en las causas de Hotesur y Los Sauces y en la del Memorándum con Irán.

La jueza necesitaba el aval del presidente Alberto Fernández para continuar en la Cámara Federal de Casación por 5 años más. Luego de alguna demora que alentó especulaciones, el Ejecutivo lo firmó este martes por la noche. Con esa norma en la mano, y los fundamentos que la sustentan, la jueza debe reclamar ahora su restitución ante el Consejo de la Magistratura. Se entiende que eso habilitará una consulta con los jueces del fuero de Casación Penal, y eventualmente ante la Corte, que ya se expidió.

De todo este proceso resultará establecer si se trata de una nueva designación (y por lo tanto la magistrada deberá volver a prestar juramento), o de una extensión de sus funciones anteriores, que ya habían cesado. Y también si podrá volver a su antiguo puesto: la presidencia de la Cámara está ocupada ahora por Mariano Borinsky, y se tomaron medidas para cubrir el cargo. O si, finalmente, se considera que el trámite no se hizo de la manera correcta, considerando que se trata de una "ex jueza" (como ya dijo la Corte),.

De acuerdo al artículo 99, inciso 4, de la Carta Magna argentina, el Presidente tiene entre sus atribuciones designar jueces "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos". Allí también se especifica que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años". Y agrega: "Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

La votación en el Senado para que Figueroa continúe por cinco años más fue muy ajustada. Al oficialismo le costó conseguir quórum y una vez que lo logró hubo doble empate a la hora de votar. Terminó desempatando la legisladora santiagueña Claudia Ledesma Abdala (esposa del gobernador de esa provincia Gerardo Zamora) quien estaba a cargo de la presidencia provisional de la Cámara ya que Cristina Kirchner se había retirado del recinto.

Invocando esas circunstancias, y el texto literal de la Constitución, se presentó una denuncia contra los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad en Casación de Figueroa. La Fundación Apolo, con la firma de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Manuel Otegui, los denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la presentación de Apolo, los legisladores en cuestión "ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia", ya que buscan "retrotraer 'contra legem' la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta".

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini. Y se sumó al profuso entramado de planteos judiciales que atraviesan las causas en cuestión, y a los tres poderes del Estado junto con ellas.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, recusó a los cuatro jueces de la Corte Suprema en el marco de la reapertura de la causa por el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA.

El funcionario presentó un Recurso Extraordinario ante el máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Casación que anuló el sobreseimiento de todos los imputados, apartó a los jueces que lo habían dispuesto y ordenó la realización del juicio oral.

Zannini no estaba entre los originalmente denunciados por el difunto fiscal Alberto Nisman, pese a lo cual el fallecido juez Claudio Bonadio lo incluyó en la acusación, lo procesó y lo metió preso.

Zannini, a través de su abogado, Mariano Fragueiro Frías, también pidió la separación de la causa de los jueces de Casación –Diego Barroetaveña y Daniel Petrone- que ordenaron la reapertura del expediente.

"Los magistrados firmantes de la decisión impugnada demoraron la resolución del recurso por casi dos años, término en el que la tercera integrante del Tribunal (Ana María Figueroa) cumplió la edad en que, para permanecer en el ejercicio de su cargo, el Senado debe prorrogar su nombramiento", argumentó la defensa.

Zannini interpretó que Petrone y Barroetaveña "intencionadamente la excluyeron de la deliberación, privándola de emitir su voto en la resolución de este recurso".

Sobre los jueces de la Corte Suprema, la defensa del procurador del Tesoro consideró que no pueden intervenir en esta instancia porque prejuzgaron al ordenar el cese en funciones de la jueza Figueroa cuando estaba pendiente su reválida en el Senado.

.

La reforma del régimen del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, junto con la ley de Alquileres, concentra la mayor atención en la agenda de la sesión de este jueves del Senado nacional, a la vez que servirá para proporcionar el quórum necesario para que el cuerpo funcione, retaceado en anteriores intentos por la decisión de Juntos por el Cambio de no concurrir. Sin embargo, el debate que calentará la reunión se dará antes de que esos puntos lleguen al recinto, cuando se consideren pliegos para nombramientos judiciales, y en particular el de Ana María Figueroa.

Con número suficiente para sesionar, garantizado precisamente para que se pueda tratar una reforma impositiva con alto impacto para buena parte de la población, y con ello para la campaña presidencial de Sergio Massa, el kirchnerismo aprovechó para insistir con el tema que hasta ahora había impedido reunir el quórum, por la firme resistencia de la coalición opositora: la aprobación de pliegos judiciales. Y entre ellos, el de Figueroa en la Cámara de Casación Penal, a pesar de que ya cumplió los 75 años y la Corte Suprema estableció que está jubilada.

Para asegurarse el quórum hasta ahora esquivo, el kirchnerismo bajó el número de pliegos judiciales que se van a tratar, de 75 a 42. Y logró que concurran al recinto senadores de Unidad Federal, que votarán en contra de Figueroa, pero que permitirán que se pueda sesionar.

El caso de Figueroa, que forma parte del tribunal que ordenó llevar a cabo el juicio oral en causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y que habían sido mandados a archivar en instancias inferiores, como Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán, marcará el inicio mismo de la sesión, ya que el tratamiento de los pliegos está ubicado al principio del temario, y abrirá la discusión antes de tratar los proyectos económicos.

La polémica está servida no sólo por la afinidad con el kirchnerismo que la oposición atribuye a la magistrada, y que motiva el rechazo a su continuidad (y, como contrapartida, el interés en sostenerla), sino por el hecho de que, en caso de aprobarse su pliego, esto planteará una cuestión constitucional, por la extemporaneidad o no de la medida, y también un conflicto de poderes, por cuanto contradecirá abiertamente una disposición concreta de la Corte Suprema. La movida contará con el necesario aval del Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Alberto Fernández del decreto de designación.

Para el constitucionalista Félix Loingro, el oficialismo actúa “ignorando alevosamente lo dispuesto en la Ley Fundamental, y desobedeciendo a la resolución del Máximo Tribunal”, cuando “pretende otorgarle un acuerdo ‘post-cargo’, a la entonces jueza, que es a todas luces nulo e inconstitucional”.

Desde el Frente de Todos respondieron que es potestad del Senado esa decisión y que, mientras el pliego de la magistrada para que ejerza por 5 años más esté dentro del proceso de sesiones ordinarias, tiene validez. En ese marco, entienden que la decisión del máximo tribunal no es pertinente.

“La jueza Figueroa obtuvo dictamen de comisión y su pliego nunca fue impugnado ni recibió cuestionamientos, por lo que no hay razón para no tratarlo en el recinto”, afirmó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

Por su parte, Germán Garavano, ex ministro de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri, consideró la jugada de la vicepresidenta como parte de su defensa en las causas que la tienen como protagonista por hechos de corrupción cuando ejerció la primera magistratura.

“Es una estrategia de Cristina Kirchner para enfrentar a la Corte y al Poder Judicial”, dijo Garavano. “Esto va a generar un conflicto de poderes en la sala de la Cámara de Casación que revocó dos sentencias que la beneficiaban por lo que se inscribe en una línea de tratar de fortalecer su estrategia de defensa”, agregó.

Las sentencias a las que hizo alusión el ex funcionario son, precisamente, las que la Sala I de la Cámara de Casación dictó hace diez días en las causas Hotesur-Los Sauces, en la que Cristina Kirchner se encuentra acusada con su hijo Máximo de maniobras de lavado de dinero con los hoteles de su propiedad, y la firma del Memorándum con Irán. En ambos casos, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, una vez que Figueroa fue declarada jubilada por el máximo tribunal de justicia del país, ordenaron dar marcha atrás con el cierre de los procesos que habían dictaminado juzgados de primera instancia.

(Por Emerio Agretti) – Las cuentas no cierran. El oficialismo no consigue juntar 37 senadores para sesionar, y la oposición no está dispuesta a facilitar el quórum. El motivo de ambos es la intención de autorizar que Ana María Figueroa continúe en funciones en la Sala I de la Cámara de Casación Penal después de cumplir los 75 años, momento en que de no mediar esa excepción estará obligada a jubilarse. El oficialismo quiere que siga en el cuerpo que debe resolver si envía o no a Cristina Fernández a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, ya que (más allá de los méritos que le adjudican) la consideran inclinada a favorecer a la exmandataria. Por la misma razón, Juntos por el Cambio prefiere de deje su cargo, y utiliza la herramienta de no prestar quórum para impedir la sesión en la que el kirchnerismo habilitaría su continuidad.

En el discurso, unos y otros se achacan mutuamente la responsabilidad de que el cuerpo no sesione, y buscan liberarse de culpas ante la sociedad, y achacárselas al rival; sin margen para ceder ni conceder. Lo que están en juego en última instancia son las concepciones sobre el papel del Congreso y el propio rol de cada quien ocupa una banca. Pero por lo pronto, y más allá de la vehemencia de los discursos y la firmeza de las estrategias, la puja se basa en cuestiones formales.

Para el oficialismo se trata de que haya quórum para sesionar y de hacerlo antes del 9 de agosto, día en que Figueroa cumplirá los 75 y deberá retirarse; algo extremadamente improbable dadas las circunstancias y el contexto electoral.

La llave del quórum es el escurridizo número 37. Después de la división del bloque en febrero (esta vez genuina, y no como maniobra para acceder a cargos en el Consejo de la Magistratura), el Frente de Todos quedó con 31. Cifra que llega a 33 sumando dos aliadas prácticamente incondicionales: Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), y a 34 computando a la puntana María Eugenia Catalfamo, que también suele acompañar.

Los tres senadores con los que se esperaba alcanzar el número mágico eran Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Pero en la fallida sesión del 12 de julio esos legisladores no estuvieron. Por eso todos los esfuerzos se concentraron en conseguirlos para este jueves 3 de agosto. Y en medio de ese trámite, el kirchnerismo recibió la noticia de que no asistiría la chaqueña Inés Pilatti de Vergara, por motivos personales. Y la sesión volvió a caer, sin remedio.

Con este escenario y antecedentes, la última chance estaría dada el próximo jueves 10. Para entonces, Figueroa ya habrá cumplido los 75, pero el oficialismo considera que el dictamen de comisión a favor de su continuidad ya implica un paso en orden a consagrarla, con lo cual se impediría la jubilación “automática”.

Con el mismo argumento, el plan B es que la sesión se haga después de las PASO del día 13. Aunque en ese caso se expone al riesgo de que los resultados proyecten sus efectos sobre el grado de alineamiento de los senadores del peronismo, y ello pueda gravitar no ya sobre el quórum, sino sobre la mayoría necesaria.

En medio de la puja quedan 75 pliegos judiciales que, más allá de ser parte o no (según quien lo diga) de una estrategia de copamiento de los tribunales, incluyen cargos federales vitales para fortalecer la estructura en Santa Fe. Y también una agenda de alcance mucho más amplio, pero desplazada de las urgencias parlamentarias. No es un accidente: el Senado está hace rato sometido a una lista de prioridades unidireccional, y librado a la suerte del juego de mayorías y minorías (y quórum), aparentemente sin margen para consensuar iniciativas o incluso negociarlas. Por eso en todo el año sesionó solamente dos veces para tratar proyectos. Y ésas son, en definitiva, las cuentas que no cierran para nadie.