El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

"No tenemos mucho tiempo", aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir "en la necesidad de sanación".

Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda". Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.

El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda" e incluya a "quien tenga un testimonio" o propuesta, así como a los "familiares de las personas privadas de libertad", los propios detenidos y "las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años".

"Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos", expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EE.UU., con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política "sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes", en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas dijo que su gobierno apuesta por una Venezuela "democrática", tras deponer a Nicolás Maduro en una incursión militar.

La misión diplomática publicó un video en redes sociales de la llegada de la embajadora Laura Dogu a la sede de la embajada en Caracas, que estuvo cerrada desde 2019 por la ruptura de relaciones. "El trabajo ya comenzó", dice la leyenda que acompaña el video.

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodriguez se reunió con Laura Dogu, jefa de la misión diplomática norteamericana. Foto: REUTERS.

Dogu -que asume la misión diplomática como encargada de negocios- arribó a Venezuela el sábado y el lunes sostuvo una reunión con Delcy Rodríguez.

"Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario (de Estado, Marco) Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática", afirmó Dogu en el video."Manos a la obra", enfatizó la diplomática.

Dogu reiteró igualmente las fases planteadas por Rubio sobre Venezuela, que terminan en una transición. La oposición ha insistido en la exigencia de un cambio de gobierno a través de elecciones. Venezuela anunció igualmente el lunes que el excanciller Félix Plasencia encabezará su representación en Washington.

La FIFA y los países candidatos a organizar las Copas Mundiales de 2030 y 2034 deben acordar compromisos vinculantes y reformas jurídicas para impedir violaciones de derechos humanos relacionadas con el torneo, manifestó Amnistía Internacional este miércoles.

En octubre, el organismo rector del fútbol mundial adjudicó la Copa Mundial de 2030 a Marruecos, España y Portugal, mientras que Arabia Saudí es el único candidato para la edición de 2034, y Amnistía Internacional afirma que existen "graves riesgos para los derechos humanos" que deben abordarse.

"La FIFA debe garantizar un proceso de licitación riguroso y transparente, basado en una participación significativa de las partes interesadas, que incluya evaluaciones de riesgos para los derechos humanos verdaderamente independientes y estrategias integrales de derechos humanos", expresó el organismo.

"La FIFA debe estar dispuesta a no adjudicar los derechos para albergar la Copa del Mundo hasta que se lleguen a tales acuerdos, y hasta que quede claro que las violaciones de derechos humanos pueden prevenirse, mitigarse y remediarse, y que así se hará".

Amnistía afirmó que los compromisos deben evitar las violaciones de derechos humanos en relación con "los derechos laborales, la discriminación, la vivienda, la libertad de expresión, la actuación policial y la privacidad" antes de tomar la decisión final de aprobar cualquier candidatura.

La FIFA había incluido normas de derechos humanos como parte de los requisitos de presentación de candidaturas para las dos Copas Mundiales, pero Amnistía teme que las candidaturas únicas para cada torneo socaven su influencia para garantizar que no haya violaciones.

La FIFA había fijado el plazo de julio para la presentación de candidaturas a la Copa Mundial de 2034, que se evaluarán a finales de este año, mientras que los anfitriones se designarán oficialmente en el cuarto trimestre de 2024.

Amnistía señaló que los índices de accidentes en los proyectos de construcción en España y Portugal están por encima de los niveles de la UE, mientras que la discriminación en los estadios constituyen España es un problema, y destacó el racismo sufrido por el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr.

También señalaron que Marruecos y Portugal deben aumentar el número de inspectores laborales en más de un 50 por ciento para cumplir los criterios de referencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Amnistía afirmó que los riesgos asociados a la organización del torneo de 2034 en Arabia Saudí son de una "magnitud y gravedad diferentes" que pondrán a prueba el compromiso de la FIFA con sus políticas de derechos humanos.

El diputado Nicolás Mayoraz (bloque Vida y Familia) propone que se sancione una amnistía para los delitos, faltas y contravenciones cometidos por el incumplimiento de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de coronavirus. El proyecto de ley, que también lleva la firma de los legisladores Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz, contempla la devolución de todo vehículo, rodado o efecto personal que haya sido secuestrado y el reintegro de las multas. La iniciativa excluye a aquellas personas que hayan sido imputadas, procesadas o condenadas por organizar fiestas o reuniones sociales con finalidad de lucro. Los diputados consideran que el Gobierno “en pos del supuesto resguardo de la salud pública, restringió en forma arbitraria derechos fundamentales de los ciudadanos sin marco de razonabilidad alguno que lo justifique”. Entre los fundamentos del proyecto, nombran una serie de hechos en los que consideran que las autoridades tomaron “decisiones irresponsables”: la convocatoria a miles de jubilados y pensionados a cobrar sus prestaciones en forma presencial en el mismo día (3 de abril), el velatorio multitudinario de Diego Armando Maradona y el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en julio de 2020, que se conoció en los últimos días por la filtración de una serie de imágenes. “Por ello, en este desafío por encontrar una forma de equiparar tratos discriminatorios –que no es otra cosa que llevar justicia donde no la haya- arribamos a la propuesta de conceder una amnistía a todos los ciudadanos”, sostienen Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz. “No se puede admitir que luego de la burla que significa la participación consentida –y hasta ahora impune- del Presidente de la República en fiestas clandestinas se pretenda una persecución penal a quienes incurrieron en incumplimientos como los de la familia presidencial”, agregan.

El proyecto de ley

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