El presidente Javier Milei encabezó el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel, sufrido en el año 1992, y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua".

Asimismo, y acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, señaló que “hay que hacer memoria” ante “el cobarde ataque del terrorismo iraní” que dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos: “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judia y en los simientos morales de nuestra sociedad”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que nuestro país “enfrenta el terrorismo” y calificó al Estado de Israel como "una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra”.

"Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, afirmó Milei.

“Frente al terrorismo no puede haber tregua", dijo Milei.

El 17 de marzo de 1992, el estruendo en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha marcó un antes y un después. La detonación no solo destruyó el edificio diplomático, sino que se cobró la vida de 29 personas (de las cuales 22 pudieron ser identificadas) y dejó a más de 200 heridos.

Fue el bautismo de fuego para Argentina en el mapa del terrorismo global, un escenario para el cual el país no estaba preparado y cuyas consecuencias legales y sociales aún generan debates profundos.

La historia argentina reciente no puede entenderse sin conectar este atentado con el ocurrido apenas dos años después. El 18 de julio de 1994, la AMIA sufrió un ataque de características similares que dejó 85 muertos.

Ambos episodios, atribuidos a organizaciones terroristas internacionales, comparten no solo el dolor y la metodología, sino también el persistente manto de impunidad que rodea a las investigaciones judiciales, un reclamo que la comunidad judía y la sociedad argentina en su conjunto renuevan cada año.

En el mismo predio donde alguna vez funcionó la sede diplomática, se erige hoy la Plaza "Embajada de Israel", inaugurada en el año 2000. Este espacio es mucho más que un parque urbano; es un santuario simbólico.

El diseño de la plaza utiliza elementos como piedras, agua y árboles para invitar a la reflexión. Sin embargo, el elemento más impactante es el muro medianero original, preservado tal como quedó tras la explosión. Esta "cicatriz arquitectónica" sirve como recordatorio físico de una herida histórica que permanece abierta mientras no se alcance la justicia plena.

En el mismo predio donde alguna vez funcionó la sede diplomática, se erige hoy la Plaza "Embajada de Israel", inaugurada en el año 2000.

Desde el año 2017, el recuerdo de esta tragedia tiene un marco institucional. A través de la Ley 27.417, el Congreso Nacional estableció el 17 de marzo como el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado a la Embajada de Israel”. Esta legislación no solo busca honrar a los fallecidos, sino también educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la paz y la lucha contra la violencia intolerante.

A 34 años, el silencio de las víctimas sigue gritando justicia. Recordar no es solo un acto de nostalgia, sino un compromiso ético con el futuro. En este nuevo aniversario, Argentina renueva su promesa: no olvidar a quienes perdieron la vida y seguir exigiendo que la verdad salga a la luz para que la paz sea, finalmente, el único camino posible.

Por Emerio Agretti

El próximo domingo 18 se cumplirán 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció sin vida en su departamento pocos días antes de la fecha en que debía presentarse ante el Congreso de la Nación para informar sobre la investigación referida al memorándum con Irán, por el atentado a la AMIA.

Según Nisman, ese acuerdo firmado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner formaba parte de una maniobra de encubrimiento de los responsables del ataque terrorista producido en 1994, con el saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

La causa por el atentado no está resuelta y todavía no se ha podido llevar a cabo un juicio con presencia física de los acusados principales. Sin embargo, hay avances procesales importantes que permiten un juicio en ausencia, y existe una creciente presión internacional y judicial para que el Estado argentino concluya una investigación que lleva más de 31 años sin resolver plenamente.

El año pasado, los fiscales a cargo del caso publicaron un informe como parte del juicio en curso y confirmaron su hipótesis de que Nisman fue asesinado por intentar exponer el papel del gobierno argentino en el encubrimiento del atentado.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio”, dice el informe de 56 páginas, publicado en el sitio web de la Procuración General de la Nación (fiscales.gob.ar).

“Su muerte estuvo motivada por su trabajo en la Unidad Especial de Investigación AMIA y, específicamente, por sus acciones relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán”, añade la publicación.

En 2006, Nisman acusó formalmente a Irán de orquestar el ataque y a su representante terrorista libanés Hezbolá de perpetrarlo. Nueve años después, acusó a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de intentar encubrir el crimen y bloquear los esfuerzos para extraditar a los sospechosos a cambio de petróleo iraní.

Un día antes del que debía presentarse ante el Congreso para presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones contra Kirchner y varios de sus colegas, Nisman fue encontrado muerto en su departamento, con una herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado.

Una investigación oficial sobre su muerte inicialmente concluyó que el fiscal se había suicidado. Sin embargo, la Justicia federal más tarde revirtió esa decisión, afirmando que la herida de bala no podía haber sido autoinfligida.

Las investigaciones continúan para identificar tanto a quienes ejecutaron el hecho como a quienes lo ordenaron, sin avances determinantes.

En cuanto al memorándum objeto de la denuncia de Nisman, fue un pacto secreto firmado en 2013 por el gobierno en Alepo (Siria) y revelado por el periodista ya fallecido Pepe Eliaschev. Allí se preveía, en nueve puntos, la creación de una Comisión de la Verdad para analizar la causa y la posibilidad de interrogar a los iraníes sospechosos del atentado, que tienen una notificación roja de Interpol.

El Congreso argentino aprobó el pacto, pero el fiscal Nisman, con evidencias de escuchas telefónicas sobre los acusados, dijo que era una maniobra para encubrir el atentado, levantar los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los iraníes a los que se dejaría de perseguir. Por eso, denunció a Cristina Kirchner.

La postura oficial del gobierno de entonces fue que, en términos políticos y jurídicos, el memorándum con Irán era una herramienta legítima de cooperación judicial, que no benefició a los imputados iraníes, que no afectó la causa AMIA ni las alertas de Interpol, y que buscaba romper la parálisis de la investigación, no encubrirla.

Cristina Kirchner había sido beneficiada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, que la sobreseyó por estimar que los hechos que motivaron la causa no constituían delito.

Esta sentencia fue apelada por los fiscales y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a las impugnaciones y revocó la decisión. Cristina apeló a la Corte que, con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó ese planteo en noviembre de 2024 y ordenó que se lleve adelante el juicio oral.

El proceso será por el delito de encubrimiento agravado (y posiblemente otros accesorios) por la firma del Memorándum con Irán, en la que Nisman sostenía que el acuerdo habría buscado “bajar” las alertas rojas de Interpol contra iraníes acusados del atentado a la AMIA, con el presunto objetivo de obtener beneficios para ese país y entorpecer la investigación.

Todavía no tiene fecha fijada, aunque sí Tribunal conformado: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, que a mediados del año pasado pidieron recursos para llevar adelante el proceso.

Dos de ellos -Basso y Giménez Uriburu- ya condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión. Basso votó en disidencia: pretendía condenarla también por asociación ilícita. La defensa de la ex presidenta recusó a los tres, pero el planteo fue rechazado.

Entre los acusados, además de Cristina, se encuentran Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.

Por su parte, en junio de 2025 el juez federal Daniel Rafecas aceptó la solicitud de la Unidad Fiscal AMIA para aplicar la nueva legislación que habilita juicios en ausencia contra imputados prófugos en casos de delitos graves como terrorismo o crímenes de lesa humanidad, y dispuso avanzar con el proceso oral sin la presencia física de los acusados.

El juez Daniel Rafecas argumentó que el trámite sirve para "mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar".

Los 10 sospechosos que serán juzgados incluyen ex ministros y diplomáticos iraníes y libaneses, todos ellos con órdenes de arresto internacional emitidas por Argentina por su presunta participación en el ataque terrorista.

El fiscal principal Sebastián Basso -quien asumió el caso tras la muerte de Nisman- también solicitó a Rafecas que emita órdenes de arresto nacionales e internacionales contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, por su presunta implicación en el ataque.

Esta acción legal marca un cambio significativo respecto a la postura anterior de Argentina en el caso, bajo la cual al líder iraní se lo consideraba con inmunidad diplomática.

Según consigna el semanario judío Algemeiner en una reseña a propósito del nuevo aniversario, desde 2006 las autoridades argentinas han buscado la detención de ocho iraníes -incluido el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, fallecido en 2017- pero, más de tres décadas después de la explosión mortal, todos los sospechosos siguen prófugos.

A pesar de la creencia de Argentina de que el grupo terrorista libanés Hezbolá llevó a cabo el ataque a pedido de Irán, el atentado de 1994 nunca fue reivindicado oficialmente ni resuelto en términos judiciales.

Asimismo, en 2024, la Cámara de Casación Penal dictaminó que el ataque fue “organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, dentro del marco de la Yihad Islámica”, y que Hezbolá actuó como respuesta a “un diseño político y estratégico” de las autoridades iraníes.

También determinó que Irán fue responsable del atentado con camión bomba contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 29 muertos.

No obstante, Teherán ha negado consistentemente cualquier implicación en estos ataques y se ha negado a arrestar o extraditar a sospechosos, destaca Algemeiner. Y deja constancia de que “hasta hoy, la prolongada investigación sobre el atentado terrorista ha estado marcada por alegaciones de manipulación de testigos, alteración de pruebas, encubrimientos y juicios anulados”.

Hace unos días, el fiscal federal Eduardo Taiano, funcionario judicial a cargo del trámite de investigación del homicidio del entonces fiscal Alberto Nisman, presentó un primer informe y algunas conclusiones del cierre de su cometido procesal. Justamente, este 18 de enero se cumplen diez años del homicidio de Nisman, quien era el responsable a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

En el aludido informe, Taiano expresa de un modo contundente que "Nisman fue asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA)", precisándose que el homicidio estuvo vinculado a su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán "que buscaba encubrir a los responsables del ataque a la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos".

En el desarrollo de estas afirmaciones, encuentro un dato que a nuestro entender es revelador de las falencias de la investigación, de la desaprensión profesional de las autoridades intervinientes y por supuesto, coincido con la afirmación del fiscal Taiano en cuanto al presunto objetivo del encubrimiento final de los responsables de este homicidio, sobre el cual estas líneas intentan ser, al menos, una reflexión ética sobre el actuar estatal. Incluyendo a los poderes Judicial y Ejecutivo que allí actuaron.

Puntualmente, aquí me refiero al desconcertante, insólito e injustificado número de 88 presencias que en la noche del 18 de enero de 2015, frente al indefenso cadáver del entonces fiscal Nisman, transitaron por el interior del departamento que el citado habitaba en el edificio Le Park de Puerto Madero.

Desagregando ese listado, encontramos que solamente cuatro (4) de ellos eran familiares y amigos de la víctima; siete (7) eran testigos ocasionales; cuatro (4) formaban parte del equipo médico convocado; más un juez y su secretario (2); una fiscal y su secretario (2) y sesenta y nueve, sí sesenta y nueve (69), presencias de representantes del Poder Ejecutivo, entre funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y miembros de las fuerzas de seguridad como Prefectura, Policía, sean oficiales y suboficiales.

Podría suponerse que la importante cantidad de funcionarios referidos, con más la intervención de un juez y una fiscal se ameritaba por el perfil y responsabilidad del fiscal asesinado, y que la premura por la investigación del caso así lo requerían y su resultado sería la pronta resolución del mismo así lo acreditaría. Pues bien, no ocurrió esta pretendida buena intención que podría suponerse.

Han transcurrido diez años que las 88 presencias en la escena del crimen transitaron el mismo piso con el yaciente cadáver del fiscal y aún no ha habido ninguna atribución de responsabilidad penal sobre la autoría de su homicidio y creo que aquel número par se ha constituido en un nuevo ícono, en una nueva referencia.

Es conocido que, a lo largo de la historia mundial, argentina y por supuesto santafesina, la nomenclatura por sí sola genere un concepto, un consenso, una aseveración, una referencia que en muchos casos refieren a valores como la libertad, la emancipación, la convicción, las creencias y que su sola referencia ubica al lector frente al hecho y a su correlativa enseñanza o moraleja.

Cito solo algunos ejemplos. Entre ellos el de los "7 Jefes" de 1580, aquellos criollos que establecieron históricamente la primera referencia de sublevación y autonomía provincial (la llamada "Revolución de los siete jefes"), como bien señalan entre otros Agustín Zapata Gollán y Ramón J. Lassaga.

El número y la mención de los "7 Jefes" es un ícono valioso, en especial para los santafesinos, acerca de la convicción y autonomía de la Corona Española que nuestra tierra siempre tuvo.

Otro caso conocido, en similar línea, podría ser el de los "33 Orientales", quienes en abril de 1825 ofrendaron sus vidas para recuperar la territorialidad de Montevideo frente al imperio luso-brasileño. Es otro número que refleja algo valioso para ellos y para la posteridad (*).

Finalmente, se puede decir que en materia de creencias y con base bíblica está la siempre vigente alusión a los "12 Apóstoles", los que, como fieles acompañantes y servidores de Jesús, acompañaron y difundieron su palabra y fueron fieles a sus creencias. Este último es sin dudas el número icónico universal más conocido y respetado, el de los doce apóstoles de Cristo.

Por supuesto que hay muchísimos más números icónicos que su sola referencia o nombramiento importan referir a la ocurrencia de un hecho o acto, o proceso, o resultado de algo valioso, positivo para el tejido social.

Los números icónicos representan, así lo consideramos, como una suerte de moraleja de las Fábulas de Esopo, pero en estos casos, basados en hechos históricos que reflejan como conclusiones la existencia y ratificación de principios, valores, honradez, convicción, transparencia, entre muchos otros.

Por estas breves razones, estoy convencido que el número "88 Presencias" "citado en el informe del fiscal federal Eduardo Taiano tiene la posibilidad histórica de abrir las puertas de la investigación penal en curso e identificar y juzgar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del fiscal Nisman revalorizando la percepción de la baja calidad institucional que goza el Poder Judicial de hoy, o bien ser un número más que solamente sedimente y cristalice la inmovilidad actual de la Causa Amia. De ser así, el 88 será el ícono de la impunidad en la Justicia de la República Argentina.

(*) "Treinta y Tres Orientales", nombre con el que se conoce a los hombres que, liderados por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, emprendieron una insurrección para reincorporar la Banda Oriental -territorio que comprendía lo que en la actualidad es Uruguay-, a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Al cumplirse diez años del fallecimiento del fiscal federal Alberto Nisman, sus hijas Iara (25) y Kala (18) brindaron su primera entrevista pública, en la que reafirmaron su convicción de que su padre fue asesinado. “Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa que un asesinato”, expresó Kala durante la conversación, destacando el impacto que esta tragedia tuvo en sus vidas y en la búsqueda de justicia.

En la entrevista, ambas hermanas compartieron recuerdos personales sobre su padre y reflexionaron sobre las circunstancias de su muerte. Para ellas, el paso del tiempo no ha disminuido su certeza ni el dolor que sienten por la pérdida de una figura clave en sus vidas.

Iara recordó un episodio en 2013, durante unas vacaciones familiares en Brasil, cuando tomó conciencia de las amenazas que recibía su padre. “Mi papá me dijo: 'No busques mi nombre', y fui y lo hice. Vi una nota que decía: 'Amenazan de muerte a las hijas de Nisman'”, relató. Ese momento marcó un antes y un después en la manera en que percibían el peligro constante al que estaba expuesto su padre.

La hija mayor también reveló que su padre intentaba protegerlas al no compartir en profundidad los detalles más críticos de su trabajo, aunque ellas eran conscientes de la relevancia y la exposición que implicaba su rol como fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA.

Iara también rememoró el viaje a Londres que realizaron juntos, el cual se vio interrumpido por el regreso anticipado de Nisman a Buenos Aires para presentar la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento en el caso AMIA. “Todo el viaje estuvo este tema. Tenía 15 años, pero ya me contaba desde hace unos meses de esta denuncia, de la investigación y de las cosas que iba descubriendo”, señaló.

El regreso inesperado fue un momento difícil para Iara, quien se vio obligada a regresar sola a Argentina semanas después. “No entendía mucho lo que estaba pasando, pero sí sabía que algo importante lo llamaba”, indicó. Este episodio reflejó cómo la dedicación de Nisman a su trabajo influía en la dinámica familiar.

La muerte de Nisman generó divisiones en la comunidad judía argentina y en la opinión pública. Algunos sectores consideraron que su fallecimiento fue utilizado con fines políticos, mientras que otros exigieron justicia y esclarecimiento del caso. “Fue un golpe tremendo para la comunidad”, aseguró un líder comunitario que prefirió mantener el anonimato.

La investigación sobre su muerte ha estado plagada de controversias y dilaciones. La hipótesis del asesinato ha sido respaldada por pericias oficiales, aunque aún no se han identificado a los responsables. Este hecho mantiene viva la discusión sobre el nivel de impunidad en el país y la necesidad de una reforma judicial que garantice el esclarecimiento de casos de alta complejidad.

A una década de la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman, sus hijas han decidido compartir sus experiencias y reafirmar su convicción sobre las circunstancias del fallecimiento de su padre. Este testimonio aporta una perspectiva personal y familiar a un caso que continúa siendo objeto de debate y búsqueda de justicia en Argentina.

Para Iara y Kala, la memoria de su padre sigue siendo un faro que las impulsa a exigir justicia y a preservar su legado. “Siempre fue un hombre valiente, y queremos que se sepa que su lucha no fue en vano”, concluyeron.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados vayan a juicio oral por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, al rechazar recursos extraordinarios de las defensas, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal avaló la decisión que había tomado al respecto la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio en el caso que se abrió por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó en octubre de 2021 a todos los acusados por inexistencia de delito. "El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito", dijeron en aquel fallo los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, en una decisión que fue apelada por la DAIA y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

En septiembre, la Cámara Federal de Casación había anulado el sobreseimiento de Fernández de Kirchner en la causa, donde la ex mandataria está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA, y ordenó que se realizara el juicio oral.

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó Nisman, y en la que sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de detención de Interpol que pesaban sobre ellos.

La Corte consideró que el de Cristina era un recurso inadmisible, ya que lo que se apelaba no es una sentencia definitiva. El fallo desestimó el planteo por unanimidad. Contó con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"La gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que esta Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. No toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional", expresaron los cortesanos.

En otra resolución, la Corte rechazó una recusación planteada por el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini contra los miembros del Máximo Tribunal y ratificó a los tres jueces para el juicio.

Dos de ellos ya condenaron a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y ahora volverán a juzgarla en fecha todavía sin determinar en el expediente por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.

Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu y el flamante presidente de la Asociación de Magistrados, Fabián Basso, quienes integrarán junto a Javier Feliciano Ríos el tribunal que se encargará del juicio por la Causa Memorando.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, participó este lunes en la ciudad de Santa Fe del acto en conmemoración de los 30 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales; y firmó, junto a las presentes, el Manifiesto por la Paz y la Justicia.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el edificio de la escuela Bialik, donde también funciona la Comunidad Israelita de Santa Fe, Pullaro indicó que “vengo como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe a acompañar, a recordar, a pedir memoria, pero fundamentalmente a pedir justicia”; y recordó que “en esta provincia se llevó adelante la primera marcha, en un momento muy importante, cuando nuestros convencionales constituyentes estaban discutiendo la estructura institucional de la República Argentina, y la gente salió a las calles para que ese grito se pueda replicar en todo el país y en todo el mundo”.

En este sentido, manifestó que “aquí nos comprometimos a trabajar para pelear contra la impunidad y a recordar estos hechos tremendos, de los cuales no fue víctima una comunidad, una institución, sino que fue víctima todo el pueblo de la República Argentina; a eso lo tenemos que entender, condenar y recordar. Por eso, año tras año nos encontramos para recordar, para pedir que la Justicia actúe, pero también para reflexionar, y para que estas cosas no vuelvan a suceder ni aquí, ni en ningún lugar del mundo”. 

A continuación, Pullaro manifestó “el firme compromiso de trabajar mucho, con todas las instituciones de la provincia de Santa Fe, para combatir los discursos de odio, para lograr que quienes piensan diferente se puedan escuchar y puedan entender que una parte de la verdad también la puede tener el otro. Para eso tenemos que llevar adelante una política pública que nos permita focalizar con fuerza esta problemática que vemos repetirse en el mundo, año tras años”.

“Tenemos que saber que al terrorismo no lo podemos combatir con las normas y leyes que tenemos en este momento; tenemos que animarnos a modificar la legislación vigente para ser mucho más efectivos y audaces, pero no solamente para saber qué sucedió hace 30 años atrás, sino también para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más en la República Argentina”; e instó a “quienes hoy son legisladores nacionales a que se animen a darle al Estado y a los gobierno las herramientas que necesitan para llegar al fondo y para que en la Argentina nunca más seamos víctimas de otro ataque terrorista”, concluyó Pullaro.

Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovitz, recordó que “hace 30 años, en este mismo lugar, se realizó el primer homenaje, acto de repudio y pedido de justicia en el país. 30 años después nos reunimos nuevamente en este lugar, bajo la consigna ‘Terrorismo sigue, la impunidad’”.“Pasaron 30 años de encubrimiento, de impunidad, y sin justicia; 30 años tratando de hacer entender que el ataque más sangriento de nuestra historia fue un hecho en suelo argentino y al pueblo argentino”, señaló Knoblovitz; y exhortó a los legisladores nacionales a “sancionar alguno de los proyectos de ley de Juicio en Ausencia, el único medio visible para juzgar a los responsables del atentado”.

Por último, el presidente de la DAIA señaló que “el antisemitismo, como fenómeno discriminatorio y de odio, afecta las bases de las sociedades democráticas. No seamos espectadores, seamos protagonistas, demostremos que el paso del tiempo no ha borrado nuestra memoria, que nos sigue doliendo lo sucedido y lo que sucede, y que tenemos la firme decisión, como sociedad, de continuar luchando para acabar con todo tipo de impunidad, de discriminación y de odio”, concluyó.

También estuvieron presentes en el acto la vicegobernadora Gisela Scaglia; el intendente local, Juan Pablo Poletti; el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, y el presidente de DAIA Filial Santa Fe, Horacio Roitman, junto con demás autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la comunidad israelita y de la mesa interreligiosa.

Bajo este lema, durante el acto se descubrieron dos baldosas: una correspondiente al atentado a la AMIA, y la otra para recordar la primera movilización de repudio al atentado perpetrado contra la comunidad judía y el pueblo argentino.

Por Gonzalo Delmonte NA

El Senado de la Nación aprobó ayer ascensos militares y diplomáticos y declaró duelo nacional al 18 de julio con motivo del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).

Con respecto al proyecto que modifica la penalidad en el Código Penal sobre la sustracción y/o comercialización de menores de edad fue aprobado en general, pero regresó a comisión por diferencias en su articulado.

En el inicio de la sesión, que arrancó pasadas las 11 de este jueves y se extendió hasta casi pasadas las 16, La Libertad Avanza logró esquivar el intento K por tratar sobre tablas del proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado (UCR), Eduardo Vischi (Chaco).

Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ayer inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión.

En ese contexto, la voz cantante del interbloque K, el senador José Mayans (Formosa), cargó fuertemente contra el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que fue quien quedó al mando del debate en el hemiciclo tras la ausencia -por enfermedad- de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Si bien el interbloque kirchnerista necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente, la oposición dialoguista ni siquiera le dio el gusto a Mayans para someterla a votación. En uno de los cruces entre los titulares de los bloques, el formoseño llegó a calificar a Vischi como "uno de los jefes de la oposición".

El kirchnerismo intentó sostener durante varios minutos que la votación, aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones, había resultado fallida al argumentar que la moción de Vischi no fue válida porque no alcanzó los dos tercios. De esa manera, aspiraba pasar a votar la moción de Mayans para tratar sobre tablas jubilaciones.

Sin embargo, antes de la votación, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, había aclarado que si la moción de Vischi no llegaba a los dos tercios, y fuera aprobada por mayoría simple, quedaría de todas formas aprobada, lo que generó tensos cruces entre Mayans, Vischi y el senador Juan Carlos Romero (Salta).

El proyecto de movilidad jubilatoria en cuestión propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.

Tras la acción, el bloque radical del Senado difundió un confuso comunicado en el que culparon al kirchnerismo por no acompañar la moción de Vischi: "La propuesta de nuestro espacio, que recibió el apoyo de distintas bancadas, se vio obstaculizada por los bloques referidos en el kirchnerismo que, carentes de toda autocrítica, bloquearon el pedido impidiendo que se avance con la tan necesaria recomposición".

Despejado el camino, y tras una breve ronda de homenajes -una dedicada al 50 aniversario de la muerte del expresidente Juan D. Perón- y cuestiones de privilegio, la Cámara alta encaró el temario oficial. La primera votación fue la de los pliegos de ascensos militares y diplomáticos la que cosechó 59 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.

En segundo término, los senadores debatieron el proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a "quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad".

El cambio prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un "precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa".

En esa línea, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa".

Su discusión en el hemiciclo fue empantanada por un intento del libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) de introducir un texto con modificaciones propias y que no era el despacho que había conseguido las firmas en la comisión de Justicia y Asuntos Penales durante la semana pasada de autoría de los senadores radicales santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto junto con otro de Antonio Rodas (Chaco), de UP.

La iniciativa fue aprobada en general por los senadores con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concreta en medio de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña. No obstante, por las divergencias en algunos artículos, el cuerpo mocionó en favor del regreso a comisión del proyecto.

Sobre el final, el cuerpo declaró por unanimidad (51 votos positivos) al "18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina".

El texto aprobado detalla que "la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos" y que "el Ministerio de Educación dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha".

Sturzenegger

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que está casi todo listo para el desembarco del economista Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio, mientras que ratificó el rumbo económico del Gobierno tras la reciente subida del dólar blue y del riesgo país.

"Aspiro a que sea este viernes que el presidente (Javier Milei) pueda recibir el juramento a Sturzenegger. Si no es el viernes (por hoy), va a ser los primeros días de la semana próxima, depende si terminamos con la redacción de los decretos que tiene que firmar para su designación, que se va a hacer por DNU", comentó Francos en declaraciones radiales.

El economista encabezará una nueva cartera, que aún no tiene nombre, y que tendrá como función continuar con las tareas de desregulación del Estado, que en parte se puso en marcha con el mega DNU y la Ley de Bases, ambos de su autoría.

Por otro lado, tras la reacción negativa del mercado a los recientes anuncios del Gobierno que postergaron medidas cambiarias y sobre el Impuesto País, y que derivaron en la suba del blue, Francos buscó minimizar esa turbulencia y dijo que el rumbo de la gestión libertaria "no va a cambiar".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina en el caso del atentado a la AMIA. Por unanimidad, declaró al Estado argentino responsable de violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía el 18 de julio de 1994.

El tribunal internacional ratificó una condena previa y añadió las violaciones al "derecho colectivo a la verdad". Dispuso, en tanto, que el Estado argentino "debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación".

El fallo obliga a la Argentina a formular "reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación".

La Corte IDH hizo lugar al reclamo formulado por la agrupación de víctimas y familiares Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes", sostiene la sentencia.

El Estado resultó condenado por capítulos del fallo que avanzan sobre "la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento".

El fallo ordena que el Estado argentino "remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable".

En esa línea, deberá cumplir con la "construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas".

Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que le ordenó a la Argentina abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y tomar medidas normativas con el fin de regular las condiciones de ingreso de información de inteligencia a las causas judiciales, en alusión a uno de los hechos que desvió la investigación judicial que debía dilucidar lo ocurrido.

En ese sentido, la Corte IDH afirmó que "el Estado vulneró el derecho de acceso a la información por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación".

"El Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas identificados en la sentencia", amplía el texto.

La Argentina reconoció en octubre de 2022 su responsabilidad internacional por los hechos, en audiencias celebradas en Montevideo. La Corte valoró ese reconocimiento y destacó que significó "una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas".

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este martes por la noche a un hombre de nacionalidad iraní que merodeaba en los alrededores del edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que el sujeto se encontraba sacándole fotos a los edificios próximos. Cuando fue entrevistado por los efectivos, este indicó que quería tomar un retrato de la sede de la AMIA.

El hombre les explicó que era un sheriff de un condado cercano a Los Ángeles, Estados Unidos, y solicitó autorización para ingresar a la AMIA. Como se lo negaron, se ofuscó y fue apartado del lugar por los policías para ser identificado.

El personal de la Comisaría Vecinal 3C de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar luego que la PFA demorara al hombre.

El Juzgado Criminal Correccional Federal Nro 10, a cargo del doctor Ercolini, dispuso la identificación y traslado del sujeto a la División Unidad Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

Ante los episodios de creciente violencia en Medio Oriente y el atentado al Israel durante el 7 de octubre pasado, diversas regiones del planeta se mantienen en máxima alerta ante eventuales réplicas.

"Argentina sufrió dos atentados de la mano de esta misma gente", sostuvo el vicepresidente primero de la DAIA, Marcos Cohen, que agregó que "son luces de alarma que se encienden", al referirse a la probabilidad de que Hamás extienda el conflicto a otras regiones del mundo tras la "masacre" perpetrada en Israel el pasado 7 de octubre.

En una entrevista concedida a Noticias Argentinas, Cohen recordó los ataques contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, en 1992 y 1994, respectivamente, y acotó que "no hay nadie preso por ninguno de los dos atentados". Asimismo, planteó que "nunca hay que descartar" que Hamás pueda llevar adelante represalias contra objetivos israelitas o judíos fuera de Oriente Medio, inclusive en la Argentina.

Advirtió que se trata de un riesgo que "siempre" existe y evaluó que la Argentina presenta "dos o tres cuestiones de vulnerabilidad muy jorobadas; primero que las fronteras no están bien cuidadas, como de costumbre". "Fue fácil entrar (al país), sigue siendo fácil entrar; fue fácil salir, por qué no va a ser fácil salir ahora", añadió, en referencia a los autores de los atentados cometidos en la década de 1990.

Además, expresó su preocupación por el memorando acordado recientemente entre Bolivia e Irán y que incluye, según dijo, un pedido de ayuda de parte del país sudamericano a la nación islámica para que proteja sus fronteras. "Si tenemos a los iraníes en la frontera de Bolivia con la Argentina con el antecedente de los dos atentados y... es un problema", enfatizó. "Sobre todo porque quien ataca sabe que en la Argentina quien las hace no las paga", expresó Cohen.

Por otra parte, el vicepresidente primero de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) reclamó "acciones concretas" al Gobierno para liberar a los 21 rehenes argentinos que permanecen en manos de Hamás, tras el ataque del mes pasado de esa organización islámica a Israel. "Esperamos respuestas" de parte de la Casa Rosada, subrayó, tras un petitorio con 58.000 firmas entregado la semana a pasada al presidente Alberto Fernández en una reunión.

"Hasta el día de hoy no hay un solo rehén de los argentinos liberado, pienso que hay mucho más para hacer que no se ha hecho hasta ahora", manifestó. "Necesitamos acciones concretas más allá de las palabras", dijo Cohen en su charla con esta agencia en oficinas de la DAIA.

Asimismo, pidió al Gobierno que negocie "con los dos países que están terciando" en este conflicto, en alusión a Egipto y Qatar, e indicó: "Hasta ahora no hay una información fehaciente hacia la ciudadanía en general sobre qué están haciendo" para lograr la liberación de los 21 rehenes argentinos, sobre un total de 240 cautivos en manos de Hamás.

Sostuvo que la Argentina debería, además, mantener comunicación permanente con organismos como Naciones Unidas o la Cruz Roja internacional para que "la ayuda humanitaria también llegue a los 240 rehenes", de igual modo que reclamar "en todos los medios que sean necesarios" su liberación.

"La criatura más chiquita que está de rehén es argentina, este domingo pasado cumplió 10 meses. Es decir, hace un mes que esa criatura no tiene papá ni mamá y no hubo ni siquiera un atisbo de liberar a ese bebé", remarcó Cohen.

Este martes, una serie de actividades especiales impulsadas por autoridades de la comunidad judía en la Argentina se llevaron adelante para reclamar la liberación de los rehenes y recordar a las víctimas del ataque de Hamás.

Por otra parte, Cohen insistió en calificar como "ambiguo y contradictorio" a un comunicado de la semana pasada de la Cancillería nacional, en el que "de alguna manera se insta al Estado de Israel a detenerse en su defensa", y aseguró que "la masacre del pasado 7 de octubre solo se asemeja a situaciones terribles que se vieron en la Segunda Guerra Mundial en la Shoá", en referencia al Holocausto perpetrado por el nazismo.

"Decirle al estado damnificado en esa situación cómo tiene que ser la respuesta o la proporcionalidad de la respuesta...

realmente es atrevida la postura", dijo. A su vez, calificó en términos similares la decisión del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel de participar días atrás en una marcha en apoyo a Palestina en la ciudad de Buenos Aires y leer un comunicado en el que se acusaba a Israel de llevar adelante un "proyecto de limpieza étnica" en la Franja de Gaza.

"Lo primero que le diría al premio Nobel de la Paz es que vaya a la Franja de Gaza. Y le preguntaría si fue en estos últimos dos o tres años", comentó, e indicó que la zona está gobernada actualmente por Hamás. "Allí, al margen de no vivir ningún judío, viven 2.300.000 palestinos, hacinados y sin trabajo. Ese pueblo merece tener su propio estado, independiente, al lado de Israel.

Ese estado no existe hasta el día de hoy por intereses creados de la propia dirigencia palestina, que debería pensar primero en su gente", añadió.

"La verdad es que es demasiado atrevido que sea premio Nobel de la Paz y decir una cosa así, pero está en todo su derecho porque él también tiene la ventaja, como nosotros y como los israelíes, de vivir en una democracia", continuó.

Finalmente, admitió que la situación que se registra en Oriente Medio, tras el ataque de Hamás contra Israel, generó "un brote de antisemitismo" en sectores que permanecían "inactivos o sin aparecer en la superficie". Indicó, incluso, que uno de los casos más recientes aquí en la Capital Federal se registró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA): "Agredieron a una alumna en un aula por este conflicto", dijo, y agregó que la DAIA tomó intervención en el asunto tras una denuncia de la persona damnificada.

"Siempre existen casos de antisemitismo. Es cierto que en estas situaciones recrudece, pero la Argentina dentro de todo tiene más anticuerpos que las sociedades europeas y lo que estamos viendo incluso en algunos lugares dentro de la sociedad americana. De cualquier manera, es para estar alertas", afirmó.

De todos modos, dijo que el contexto permite "poner blanco sobre negro" en lo que se refiere a la situación actual: "Esta es una lucha que excede al Estado de Israel, es una lucha de democracia contra terrorismo, de democracia contra totalitarismo. Son distintas concepciones de vida", planteó.

"Cuando se comenta sobre la respuesta del Estado de Israel, si es proporcional o no: ¿qué sería la proporcionalidad de lo que debería hacerse? ¿Ir a degollar niños, llevar secuestrados palestinos? Hay que ubicarse en la situación para poder entenderlo", agregó, al tiempo que recordó que Hamás, además de asesinar y tomar rehenes, también cometió violaciones a mujeres durante su ataque del 7 de octubre pasado.

Finalmente, más allá del brote de antisemitismo del que dio cuenta durante esta entrevista, dijo que la DAIA recomienda "vida judía plena" a los integrantes de la comunidad en estos días. "Si ocurre una expresión antisemita en la calle, evitar responder los agravios, pero de ninguna manera bajar el nivel de nuestra vida judía", manifestó.

"Mantener la cabeza alta y continuar nuestra forma de vivir. Un día cuando terminó la Shoá el pueblo judío dijo, ´Nunca más´ y nunca más es ahora", completó Cohen.

El presidente Alberto Fernández recibió hoy a representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), tras las críticas al Gobierno por haber condenado el bombardeo de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel al campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza.

Allí, los representantes de la comunidad judía entregaron al presidente un petitorio con más de 58.000 firmas (change.org/DevuelvanALosRehenes), que respaldan el pedido que elevaron para que el Estado nacional "instrumente todos los canales formales de los que dispone, para lograr la inmediata liberación de las personas con ciudadanía argentina que permanecen secuestradas por el grupo terrorista Hamas, desde el 7 de octubre pasado".

La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial de Casa Rosada, y participaron además representantes del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y de la Organización Sionista Argentina (OSA), además del canciller, Santiago Cafiero, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Asistieron los presidentes de la Daia, Knoblovits, y de la Amia, Amos Linetzky; el director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman, y el secretario general de la OSA, Federico Nemetsky.

Se produjo luego de que la Cancillería emitiera un comunicado alertando por la escalada de violencia en pleno conflicto entre Israel y Palestina, lo que generó críticas del su titular de la Daia, Jorge Knoblovits, y de su secretario general, Alejandro Zuchowiki.

En la reunión de este viernes volvieron a manifestar "su desacuerdo con los términos del comunicado emitido, el miércoles pasado, por la Cancillería, a través del cual el Gobierno cuestionó a Israel por una operación realizada en el norte de Gaza, como respuesta al ataque terrorista recibido, un mes atrás, y que dejó el doloroso saldo de más de 1.400 personas asesinadas y más de 200 secuestradas", según indicaron las entidades en un comunicado conjunto.

Allí, se analizó "la situación en la Franja de Gaza y se comprometió a continuar trabajando en las acciones para lograr la liberación de los argentinos secuestrados", informó Presidencia en un comunicado. "El Presidente les informó a las entidades todo el trabajo que viene realizando el gobierno argentino para la liberación de los rehenes y se comprometió a continuar y redoblar las acciones para que sean liberados de manera incondicional e inmediata", se agregó.

En la previa a la reunión, habían criticado duro el reciente comunicado del Gobierno y sostuvieron que ratifican "el derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1400 personas, se hirieron a miles y se secuestraron a 239 seres humanos entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos".

La postura de la administración de Alberto Fernández encontró reticencia en el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien retuiteó la postura del senador peronista Pablo Yedlin.

"Vuelvo a condenar el criminal ataque terrorista de Hamas del 7/10 sobre Israel, reitero el derecho absoluto a la defensa del Estado de Israel, pido por la liberación inmediata de los secuestrados. Hamas se escuda en civiles inocentes, que son también sus víctimas", sostuvo el legislador en el mensaje replicado por Massa y sobre la postura de la Cancillería agregó: "No así".

La reunión se produjo luego de que la Cancillería emitiera un comunicado alertando por la escalada de violencia en pleno conflicto entre Israel y Palestina, lo que generó críticas del su titular de la Daia, Jorge Knoblovits, y de su secretario general, Alejandro Zuchowiki.

Repatriación y rehenes

Por su parte, "los representantes de las organizaciones agradecieron el apoyo que el Gobierno nacional brindó desde el primer día y los operativos de repatriación que se llevaron adelante mediante la acción coordinada de la Cancillería, el Ministerio de Defensa y Aerolíneas Argentinas".

En plena escalada del conflicto, el Gobierno solicitó además el apoyo de la Cruz Roja Internacional para bregar por la libertad de los rehenes argentinos secuestrados por el grupo Hamas.

Bajo la consigna “Justicia ausente, digamos presente”, la Municipalidad de Santa Fe y la DAIA local conmemoraron ayer los 29 años del atentado terrorista a la sede de la AMIA – DAIA en Buenos Aires que dejó un saldo de 85 muertos. “Fue gravísimo lo que aconteció hace 29 años y muy grave lo que sucedió, y lo que no sucedió, en los 29 años posteriores”, señaló Horacio Roitman, titular de DAIA Santa Fe. Enseguida enumeró las “complicaciones por acción u omisión, encubrimientos, desvío de la investigación, ocultamiento de la conexión local, desidia, negligencia, falta de interés firme por parte de la justicia y de los gobiernos de turno, y fundamentalmente el asesinato del fiscal (Alberto) Nisman y la falta de juzgamiento y condena a los cinco iraníes y a los miembros de Hezbollá imputados por la justicia argentina”.

Horacio Roitman, titular de DAIA Santa Fe. Foto: Luis Cetraro

El acto se realizó en la plazoleta Danilo Villaverde, en el acceso oeste a la ciudad, casi frente al estadio del club Colón. Villaverde fue la víctima santafesina del atentado cuando se encontraba trabajando en el local siniestrado por la bomba. Roitman y el intendente, Emilio Jatón, fueron los únicos oradores de la ceremonia que se inició con el recuerdo de cada una de las víctimas.

Fue además la primera aparición oficial de Jatón tras la derrota electoral del domingo y lo hizo acompañado por gran parte de su gabinete. Varios concejales encabezados por el presidente del cuerpo, Leandro González; el titular de la Cámara de Diputados, Pablo Farías y el diputado nacional Mario Barletta completaron el cuadro de autoridades. Este año, a diferencia de los anteriores, no dio el presente ningún ministro del gobierno provincial.

Roitman no dejó de señalar que se está en medio de un proceso electoral y pidió a la dirigencia que la resolución del atentado esté incluido en la agenda política y en el debate público. “La magnitud de un crimen se agiganta cuando se mantiene en el impunidad, se prolonga en el tiempo sin reclamos, sin justicia. También ocurre cuando los que tienen voz y responsabilidad pública no condenan de manera firme el terrorismo fundamentalista islámico. También cuando prima la idea de que por algo será, cuando prima la idea de que le ocurrió a otro, en este caso cuando prima la idea de que fue sólo un atentado a la comunidad judía y no se entiende, o no se quiere entender, que fue un atentado en suelo argentino, a todo el pueblo argentino. Cuando todos, absolutamente todos, somos sobrevivientes del peor atentado terrorista sufrido por nuestro país”. Valoró que a 29 años, la Cámara de Diputados con importante mayoría diera media sanción al 18 de julio de cada año, día de duelo nacional para llevar el tema a las escuelas, así como la reunión en la sede nacional de la entidad de dirigentes de más de 20 clubes de fútbol en el marco de las jornadas para luchar contra los discursos del odio.

AMIA: “Es inaceptable que después de casi 30 años no hayamos podido condenar a los responsables”

A su turno, Jatón recordó que “como todos los años, nos convoca el dolor por el atentado que aún no entendemos. Lo inexplicable nos sigue conmoviendo a todos. Cada 18 de julio lo revivimos en este lugar, recordando a las 85 víctimas fatales y los más de 300 heridos”. Admitió el reclamo de las familias de las víctimas: “A cada una de ellas, mi reconocimiento y un afectuoso consuelo. Sé que no alcanza para reparar la pérdida de familiares y amigos. Espero que mis palabras y la solidaridad de cada 18 de julio les reconforten el alma. Y como cada año, abrazo a la familia de Danilo Villaverde y admiro su fortaleza”.

Durante el acto se colocaron flores por cada una de las víctimas, se dio lectura a los nombres de los 85 fallecidos en la fatídica tarde del 18 de julio de 1994. Al acto se sumaron integrantes de la Comunidad Israelita, representantes de la Sociedad Sefaradí local, referentes de la Mesa Interreligiosa y la comunidad educativa de la Escuela Bialik portando las banderas de Argentina y de Israel.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, encabezó este lunes una reunión con especialistas en prevención del terrorismo y el extremismo violento en América Latina organizado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), donde lamentó que aun no se haya podido condenar a los responsables del atentado a la AMIA y destacó la necesidad de “cruzar información con otros países para dar lucha contra” este tipo de eventos. “Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Argentina tuvo dos impactos severos: el 17 de marzo de 1992, en la Embajada de Israel, y el 18 de julio de 1994, en AMIA. No se puede dar nuevamente, para eso hay que estudiar, preparase, cruzar información con todos los países que estamos decididos a dar la lucha contra esto”, aseveró Fernández en diálogo con Télam.

“Estamos convencidos de que podemos cubrir de la mejor manera y actuar en el momento que fuera oportuno, si tuvieramos que hacerlo, pero sigamos trabajando fuertemente para mejorar cada día más”, subrayó el ministro.

A un día de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, Fernández aseguró que “no dejaremos de lamentar y padecer cada vez que recordemos. Nunca le dimos la espalda y trabajamos fuertemente para que las cosas salgan lo mejor posible pero es inaceptable que despues de casi 30 años no hayamos podido condenar a los responsables”.

Además, el ministro se refirió a la situación en Jujuy, donde fue designado interventor del Partido Justicialista local, y señaló que haber aprobado la reforma de la constitución provincial en tan poco tiempo es “subestimar al pueblo, no prestarle atención ni la importancia que tiene que tener”.

La reunión de especialistas contó con la participación del director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano y comisionado para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Mundial, Claudio Epelman, quien destacó este “espacio de encuentro para interncambiar información, prácticas y metodologías de trabajo para abordar este flagelo que en Argentina muy bien conocemos y hemos sido víctimas”.

Respecto al aniversario del atentado a la AMIA, Epelman manifestó “tristeza y amargura ante la imposibilidad de que como país no hayamos podido llevar a la justicia a los responsables”.

“En la medida de que no sean alcanzados por la ley quienes causaron este atentado, nada puede impedir que vuelva a suceder. Es extremandamente importante que podamos decir que hicimos justicia para que las víctimas puedan descansar en paz”, indicó el director ejecutivo del congreso.

También señaló la “permanente necesidad de mantener los avances y progresos para que como país estemos a la altura de las circunstancias y que el Estado nos garantice seguridad a todos los ciudadanos”.

“Hay que trabajar coordinamente para solucionar estos problemas. Es la primera obligación del Estado; si no hay seguridad, no hay inversion y no hay desarrollo”, aseguró.

Sobre el atentado a la AMIA, indicó que “es una herida abierta en toda América Latina porque lo que ha sucedido sigue siendo el acto terrorista más grande y grave en la región”, y subrayó: “No puede quedar impune”.

Consultado sobre las declaraciones del saliente ministro de Industria y Comercio de su país, que expresó querer levantar un muro en la frontera entre Argentina y Paraguay, Riera -que asumirá como ministro de Interior en agosto- se manifestó “más amigo de los puentes que de los muros”.

“Hay que controlar y hacer políticas complementarias, hay que conseguir que nuestras economías funcionen complementariamente. Hay que sumar expriencias con Argentina y generar un marco de absoluta confianza”, completó.

En representación argentina estuvieron en el Congreso la coordinadora de Investigación contra Terrorismo del Ministerio de Seguridad, Valeria Kowalewsky; el secretario de coordinación institucional del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Olima Espel; el director nacional de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el 2do jefe del departamento de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal, Guillermo Alejandro Diaz; el juez federal de Eldorado, Miguel Angel Guerrero; y el abogado de la causa AMIA, Miguel Bronfman.

De Estados Unidos concurrieron la Secretaria Ejecutiva Adjunta del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE OEA), Violanda Botet; y la Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Emanuele Ottolenghi.

Por Brasil asistieron el juez federal Friedmann Anderson Wendpap; el subsecretario de Inteligencia e Integración de la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais, Christian Vienne de Azevedo; el Agente Especial da Policía Federal, Flavio Rodrigues, y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli.

También participaron Enrique Riera Escudero, senador nacional por Paraguay; Mariana Moura, directora general de Información e Inteligencia Policial de Uruguay; Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros de Chile; Emiliano Ramón Rolón Fernández, fiscal general del Estado de Paraguay; Julio Torres, jefe del departamento de Seguridad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y Andrés Cáceres, de la dirección nacional de Inteligencia de Colombia.

Los actores Malena Sánchez y César Bordón se encuentran trabajando en Uruguay para “Amia”, serie de drama político y acción realizada por creativos y estudios israelíes sobre el trágico atentado sufrido por la mutual judía en 1994.

En unos tres meses el rodaje se trasladará a la Argentina y ya tiene fecha de estreno prevista para febrero del año que viene en la televisión de su país de origen.

Además compartirán pantalla con el uruguayo Alfonso Tort y los israelíes Michael Aloni y Jamee Khoury.

La serie “Amia” seguirá a Diego (Aloni), un agente del Mossad que, tras la muerte de su hermana durante el ataque a su sede en el barrio porteño de Balvanera -dos años después del atentado a la Embajada de Israel, también en Buenos Aires-, se toma una licencia y se asocia con Gisela (Sánchez), una periodista argentina, para hallar a los responsables detrás de lo sucedido.

Primeras imagenes de “Amia: la serie”.

A lo largo de los ocho episodios de 45 minutos cada uno que conforman la entrega, el dúo se irá adentrando en una trama de espionaje, agencias de inteligencia y tráfico de armas, en la que la verdad, la justicia y la venganza se vuelven indistinguibles; y que conducirá a los protagonistas a repensar sus vínculos familias y sus propias identidades.

Tras el anuncio del inicio de sus rodajes, la CEO de Dori Media Group, Nadav Palti, aseguró que “el ataque a la Embajada de Israel en Argentina es un momento decisivo en la vida de muchas personas y tuvo un gran impacto político y social en una nación”.

“Es imperativo que se cuente esta historia, y nos enorgullecemos de crear y compartir esta producción de alta calidad. Regresar a donde sucedió ‘Amia’ ha dado vida a la historia con compañías, creadores y actores de todo el mundo. Estamos muy emocionados de producir y distribuir esto a una audiencia internacional una vez que se haya emitido en la primavera del año próximo”, agregó la ejecutiva.

“No se puede saber quién dice la verdad y quién miente. Y esto es lo que creo que la audiencia sentirá al ver esta serie llena de acción y llena de giros inesperados”, concluyó.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de cuatro libaneses sospechados de haber tenido una participación “secundaria” en el atentado de la mutual judía AMIA en 1994 en Argentina.

Lo hizo a pedido de la Unidad Fiscal que investiga el atentado, aquella que ocupó hasta su muerte el fiscal Alberto Nisman y hoy encabezada por Sebastián Basso.

El atentado fue el 18 de julio de 1994.

Uno de los acusados es Hussein Mounir Mouzannar, “quien podría estar en la actualidad residiendo en la República del Paraguay (ciudad del Este o sus inmediaciones) o en la ciudad o suburbios de la ciudad de Foz de Iguazú, en República Federativa del Brasil”, sostiene la orden de captura.

“Existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores u agentes operativos del mencionado brazo armado de Hezbollah”, sostuvo Rafecas.

“A pedido del fiscal Instructor se ordenó el llamado a prestar declaración indagatoria en la causa, en virtud de lo cual se dispusieron sus capturas nacionales e internacionales”, precisó.

Para el juez, está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal denominada ‘brazo armado’ del Hezbollah”.

Sobre José El Reda también pesa una orden de captura por el atentado contra la Embajada de Israel en 1992.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, avanzó hoy junto a los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Aníbal Fernández, el vicecanciller Pablo Tettamanti y representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la conformación de una Mesa de Diálogo con el objetivo de garantizar el acceso público a la información y la documentación relacionada con el atentado contra a la AMIA.

La reunión de trabajo se llevó a cabo este lunes por la mañana en la Casa de Gobierno como una instancia preparatoria hacia la conformación de la Mesa de Diálogo establecida en el Decreto 213/2020, a través del cual el presidente Alberto Fernández dispuso la desclasificación de la totalidad de la información y documentación relacionada con el ataque terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), su encubrimiento y delitos conexos existentes en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional.

“Desde el Gobierno Nacional ponemos todo el empeño por llegar a la verdad sobre este brutal atentado, que se llevó la vida de 85 personas”, remarcó Manzur, y agregó: “Es fundamental impulsar la transparencia y el acceso a la información. Avanzar en ese camino es la manera más concreta de mantener firme nuestro acompañamiento a los familiares de las víctimas en su justo reclamo de Memoria, Verdad y Justicia”.

Por su parte, el ministro Soria remarcó: “La reunión celebrada hoy permite reafirmar nuestro compromiso con la construcción de memoria, y aunar esfuerzos para garantizar el acceso público a la documentación vinculada con el peor ataque terrorista que sufrió nuestro país, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos”.

El Decreto 213/2020 dispone la conformación de una Mesa de Diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros “a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal” sobre el atentado contra la AMIA. Además de estipular que deberán formar parte de la misma representantes de la AFI, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, establece la posibilidad de invitar a la Mesa de Diálogo a familiares de las víctimas, a los querellantes y a representantes del Ministerio Público Fiscal.

En el encuentro preparatorio realizado hoy también participaron la coordinadora de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia, Natalia D’Alessandro, y el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Martín Yañez.

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, advirtió que la causa judicial es “un fracaso humillante” para la Argentina y exigió que la Fiscalía Especial avance en el expediente judicial. 

“La herida todavía sigue sangrando. El dolor, como la fecha del calendario, es el mismo”, sostuvo el titular de la entidad judía. 

Al encabezar el acto central por el aniversario número 28 del atentado terrorista, Linetzky afirmó que “es muy difícil explicar todo lo que no pasó durante estos 28 años”. 

“No se ha podido atrapar ni siquiera a uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad, los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. Cómo se explica tanta impunidad”, planteó. 

Y continuó: “La causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina, una de las grandes deudas de la democracia, una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances de la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país”. 

En ese sentido, el titular de la AMIA cuestionó al accionar judicial y se preguntó “¿cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial a cargo de Sebastián Basso y Gonzalo Miranda produjo al menos una novedad en la causa?”. 

Discurso del presidente de nuestra institución, Amos Linetzky: “hoy es lunes 18 de julio, como ese lunes, apenas pasan las 10 de la mañana, y la herida todavía sigue sangrando. El dolor, como las fechas del calendario, es el mismo.” #AMIA28años pic.twitter.com/zbvlIEDAJM

— AMIA (@InfoAMIA) July 18, 2022

“No estamos al tanto de que les hayan quitado recursos, entonces a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país”, señaló. 

Linetzky remarcó que “está clara la responsabilidad en el atentado de los altos funcionarios del Gobierno israelí de aquella época, así como miembros operativos de Hezbollah” y recordó que “estas personas tienen pedido de captura internacional y no deberían poder salir de las fronteras de los países que los protegen”. 

“Los fiscales tienen la obligación de monitorear de forma permanente los movimientos de los acusados que tienen pedido de captura internacional y cuando abandonan Irán y El Líbano deberían ser arrestados”, destacó el referente de la comunidad judía, quien luego se quejó de que los apuntados por la Justicia argentina “viajan libremente por distintos países”.