El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó el lunes la Directiva N° 05/2026, mediante la cual instruyó a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar de manera inmediata las acciones administrativas y judiciales necesarias, en coordinación con Fiscalía de Estado, para el recupero y resarcimiento de los gastos ocasionados al Estado provincial, en función de falsas amenazas a escuelas.

Como resultado de las investigaciones llevadas adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Provincia ya logró identificar a varios responsables de estos hechos, todos ellos menores de edad. En consecuencia, se iniciará el proceso de recupero de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables.

Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21. Cada uno de estos operativos implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados.

El procedimiento de recupero se activa una vez identificados los responsables, momento en el que se inicia un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso. Posteriormente, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo perentorio para cumplir con la obligación.

En caso de incumplimiento, se da intervención a Fiscalía de Estado para la promoción de las acciones judiciales correspondientes, lo que puede derivar en reclamos patrimoniales con más intereses, costas y gastos.

Desde el Gobierno Provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”. Además agregaron que “dependiendo de la zona y el despliegue del operativo, el costo del resarcimiento puede ascender a cifras mucho más altas que esos 6 millones”. Y remarcaron que “la idea es recuperar lo que la provincia gasta en cada operativo, no es una sanción accesoria al delito sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores. Esto es una acción paralela a la cuestión penal por lo que no es necesario esperar ninguna sentencia”.

En ese sentido, se reiteró que las amenazas en ámbitos escolares constituyen conductas tipificadas en el Código Penal y que, además de las responsabilidades penales que pudieran corresponder, generan consecuencias económicas que serán reclamadas por el Estado.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de las familias y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, destacando la necesidad de abordar estas situaciones con seriedad y conciencia sobre sus efectos.

Por Mariela Goy(EL Litoral)

La aparición de mensajes amenazantes que aluden a supuestos tiroteos -que se darían este 17 de abril- encendió la alarma en escuelas de la ciudad de Santa Fe y se replica también en distintos puntos de la provincia. En las últimas horas, al menos tres establecimientos locales debieron activar protocolos de seguridad del Ministerio de Educación, en un contexto atravesado por la sensibilidad que dejó el antecedente reciente de San Cristóbal.

Uno de los casos se conoció a partir de una nota enviada a las familias por la dirección de nivel secundario del Instituto de Estudios Superiores (IES), donde se informó la detección de "un mensaje amenazante en el baño de varones, que luego fue borrado por alumnos", según dice el comunicado enviado por la dirección a los padres.

"Debimos activar el protocolo ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y realizar la denuncia policial correspondiente", explicó la directora, Liliana María Albrecht, en la nota.

Como medida preventiva, se resolvió suspender las actividades escolares por el día viernes. "Para garantizar la seguridad de todos los alumnos y personal de la institución, se ha decidido suspender las actividades de clases y Educación Física para los alumnos en el día de mañana", detallaron.

Nota enviada por uno de los colegios.

En el mismo texto, la conducción escolar apeló a la responsabilidad de las familias y al contexto reciente: "Atendiendo a la sensibilidad por los hechos acontecidos en la escuela de la localidad de San Cristóbal, llamamos a la reflexión sobre la gravedad de realizar este tipo de escritos".

Una situación similar se registró en la escuela "San José" de Guadalupe, donde también aparecieron mensajes de este tipo. "Habiendo tomado conocimiento de los rumores que han circulado y las escrituras encontradas en uno de los sanitarios el día de la fecha respecto de un supuesto hecho de extrema gravedad -posible tiroteo- que tendría lugar en el establecimiento el día 17/4, informamos que las direcciones de los tres niveles de la institución han activado los protocolos internos de procedimiento, ante situaciones de tal magnitud", dice la nota con fecha de este jueves.

La vicedirectora del nivel secundario, María José Depetris, explicó a El Litoral que se actuó conforme al protocolo sin suspender la actividad escolar. "Se hizo la denuncia donde corresponde y se dio intervención a la policía. Comenzó la investigación y estamos ocupándonos de esto", señaló. E indicó que este viernes habrá un patrullero policial a la hora de entrada de los chicos.

Ante la consulta, agregó: "Nos preocupa (esta amenaza) desde nuestro trabajo, nos ocupamos de lo que pasó. Se analizará con el tiempo si corresponde," dijo en relación a eventuales sanciones si se identifica a los responsables.

Otra situación similar se dio en el Colegio Sagrado Corazón, ubicado en el sur de la ciudad, donde informaron que "ante los recientes hechos vinculados a amenazas en instituciones educativas, consideramos necesario reforzar con nuestros alumnos el valor de la responsabilidad en el uso de la palabra, tanto oral como escrita".

"Queremos recordar que toda manifestación de este tipo, aun cuando pudiera interpretarse como una broma, constituye una falta grave y será abordada conforme a las normativas vigentes. La escuela es y debe seguir siendo un espacio seguro para todos", adujo la institución en una comunicación.

El colegio remarcó que "la seguridad es una responsabilidad compartida entre la institución y las familias", a quienes también solicitó controlar los elementos que los alumnos llevan. Además, instó a "no difundir información no verificada para evitar generar temor". El comunicado subraya la importancia del rol adulto en la contención y en dar aviso ante situaciones preocupantes, informó que ya se dio intervención a las autoridades y confirmó que las clases continuarán con normalidad.

Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que no se trata de hechos aislados. En las últimas horas se registraron amenazas en varias localidades: al menos dos escuelas en Pérez, dos en Rosario y otras en la ciudad de Santa Fe, con menciones a posibles ataques tanto para el día siguiente como para fechas próximas.

Según indicaron, los mensajes aparecen en baños escolares o circulan en grupos de WhatsApp, y en algunos casos se investiga si podrían estar vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales como TikTok.

Ante este escenario, el tema ya es abordado de manera conjunta con el área de Seguridad. Mientras tanto, se recuerda que las instituciones deben aplicar el protocolo vigente: realizar la denuncia al 911 y dar aviso a la regional educativa correspondiente, además de elaborar un acta dejando expresado qué es lo que sucedió. Y en caso de que se presente la autoridad policial, seguir las indicaciones correspondientes.

La reiteración de estos mensajes y su circulación en distintas ciudades refuerzan la necesidad de abordajes preventivos. El clima de preocupación en las comunidades educativas está influenciado por lo ocurrido en San Cristóbal.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, se refirió este jueves por la mañana en Rosario -en ocasión de otra actividades- a la situación en Pérez, donde un alumno habría hecho un comentario sobre un ataque contra sus compañeros.

"Hay una situación muy particular que, en primera medida, nos obliga a ser responsables a la hora de difundir información", señaló el funcionario este jueves en Rosario, al tiempo que advirtió que se trata de un fenómeno que excede a Santa Fe. "Estamos en un momento en el que, a nivel nacional, en cinco provincias distintas vimos escuelas que amanecieron con un mensaje similar en cada una de ellas", explicó.

En ese sentido, Santantino vinculó estos episodios con un posible "efecto de viralización", especialmente entre jóvenes. "Esta cuestión que veíamos trágicamente con el caso de San Cristóbal tiene algún efecto de viralización", sostuvo.

Frente a este escenario, remarcó que "no se puede minimizar ninguna de estas situaciones ni tampoco alentar de manera infundada una conmoción innecesaria", y subrayó la necesidad de diferenciar entre información confirmada y versiones que puedan generar alarma.

Consultado sobre la intervención en el caso de Pérez, el funcionario confirmó que se activaron los mecanismos previstos. "Por supuesto, como se viene haciendo en todos los lugares donde existe aunque sea el más mínimo indicio, ya sea en grupos de WhatsApp o en mensajes escritos dentro de la escuela", indicó. En esa línea, insistió en que "ninguna situación es minimizada o dejada de lado", pero reiteró que es clave "poner en claro cuál es la información fehaciente y cuál es el riesgo real que corren nuestros jóvenes".

Santantino también destacó el trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. "Hay un trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Educación, y también con Salud", detalló, al recordar que este esquema ya fue aplicado tras el caso de San Cristóbal.

La escuela Malvinas Argentinas, ubicada en Reg. 12 de Infantería 4700, (en barrio Las Flores II) se encuentra en el centro de una crisis que ha generado preocupación entre padres, alumnos y la comunidad educativa en general. Todo comenzó el martes, cuando un alumno fue amenazado por otro con un cuchillo, desatando un clima de tensión en el establecimiento.

Sin embargo, la situación empeoró horas después, cuando comenzaron a circular por los grupos de WhatsApp de los estudiantes macabras amenazas que ponían en peligro la seguridad de todos. Algunos de los mensajes decían textualmente que "los iban a matar a todos", lo que generó un lógico temor entre los padres y los alumnos.

Ante esta escalada de amenazas, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio este miércoles. Solamente se hicieron presentes unos 15 chicos, de una matrícula cercana a los 900 alumnos.

Para peor las autoridades escolares no han formulado ninguna declaración oficial al respecto, aumentando la incertidumbre y el malestar. A pesar de las especulaciones y los rumores, no se ha brindado información sobre las medidas que se tomarán para abordar esta crisis.

Algunos allegados comentaron en voz baja que docentes y directivos se encuentran reunidos en estos momentos con personal del Ministerio de Educación, pero el resultado de esta reunión se mantiene en el más absoluto hermetismo.

Tras un operativo llevado a cabo este miércoles en Rosario, la Policía Federal, en colaboración con la Policía de la Provincia de Santa Fe logró la detención del individuo responsable de las amenazas y disparos ocurridos frente al Country Funes Hills Miraflores, donde residen familiares del futbolista Ángel Di María.

Durante la madrugada, personal policial estableció vigilancia en el domicilio de Pablo Ezequiel Acotto, el principal sospechoso. Después de varias horas de observación, se notó la llegada de una pareja a dicho domicilio. Posteriormente, Acotto fue visto saliendo del inmueble junto a la pareja, llevando consigo un bolso.

En ese momento, los agentes policiales se identificaron y procedieron a la detención de ellos. En dicho bolso se encontraron 135 gramos de cocaína, la cual fue incautada.

La exhaustiva investigación condujo al esclarecimiento respecto al autor de las amenazas. A partir de las investigaciones realizadas por el fiscal, se obtuvieron conversaciones del acusado con una mujer identificada como "Tamara", donde se revela que Acotto sería el responsable de las amenazas y disparos de arma de fuego contra la residencia de la familia de Di María.

Al momento de la detención, Acotto tenía en su posesión dos teléfonos celulares y $11.700 pesos argentinos. Durante el registro de su domicilio, se encontró una pistola calibre 22 Bersa con tres municiones del mismo calibre, un pen drive, otros dos celulares, 13,5 gramos de cocaína, un reloj y una llave de auto.

Además, se procedió al secuestro de la camioneta Duster y a la detención de la pareja identificada como Gabriel Ismael Pastore, de 27 años, soltero, y Sara Belén Gutiérrez de 23 años, soltera, ambos con domicilio en Rosario.

En el transcurso del día, se llevaron a cabo numerosos allanamientos por parte de los juzgados competentes en el caso. La investigación de estas amenazas continúa por orden del Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia de Santa Fe (PDI), con la colaboración de la Unidad de Balaceras y Extorsiones del Ministerio Público de Acusación (MPA), bajo la dirección del Fiscal Pablo Socca, el Departamento de Investigaciones de Rosario y la Dirección General Regional.

Por María José Ramón y Mauro L. Muñoz

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que la balacera sobre dos colectivos que trasladaban a personal del Servicio Penitenciario de la provincia durante el último fin de semana en la zona norte de Rosario, fue una reacción al endurecimiento de los controles en las cárceles, especialmente sobre los presos de alto perfil.

"El lineamiento político que nos ha impuesto nuestro gobernador Maximiliano Pullaro es ir a fondo contra las mafias que operan desde el interior de las cárceles. Obviamente, esto trae repercusiones, pero no vamos a ceder ante las amenazas", marcó Cococcioni desde los estudios de CyD Litoral.

El funcionario resaltó la decisión de restituir el régimen de reclusos de alto perfil a partir del respaldo jurídico otorgado por la nueva Ley de Ejecución de la Pena que fue impulsada por el Ejecutivo y que la Legislatura aprobó con celeridad y de manera casi unánime el pasado mes de diciembre.

En ese sentido, detalló el accionar que los agentes penitenciarios realizan en el control de estos reclusos, mediante la sistematización de requisas sorpresivas en los penales provinciales y rigurosidad en las visitas que reciben los internos.

"Imagínense que las bandas de narcotraficantes y sicarios podían recibir visitas de hasta 10 horas de toda la familia, amigos y allegados donde podían entrarles cuantos bienes y objetos quisieran; y además paseaban por centros de salud y tribunales cada vez que le dolía la cabeza o una muela. Ahora, el recluso de alto perfil tiene una visita solo de 30 minutos con un blindex de por medio, sin contacto físico, y con la prohibición de ingresar objetos o mercaderías. Además, las requisas se realizan no solo con mayor frecuencia sino con más intensidad, algo que con nuestras directivas cambió diametralmente: antes había que tener cuidado si se rompía algo porque un preso los podía denunciar, mientras que ahora tienen indicado ir a fondo contra el contrabando y ser muy rigurosos en el control de las visitas en cuanto al ingreso de elementos prohibidos", detalló Cococcioni.

Asimismo, el titular de Seguridad se refirió también a la imputación sobre un grupo de efectivos policiales por haber plantado armas para desviar el curso investigativo en un hecho sobre balaceras y amenazas a funcionarios de gobierno. "Así como respaldamos al policía cuando hace su trabajo, en este caso nos manifestamos con toda la contundencia de la ley sobre quienes se corrompen vistiendo el uniforme", manifestó.

-¿Qué evaluación hace el gobierno provincial sobre los números expuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento del Plan Bandera en Rosario?

-Somos cautelosos de las estadísticas que marcan un descenso en los homicidios. El dato es objetivamente correcto, no solo en los dos cuadrantes en los que se ejecuta el Plan Bandera con presencia de la fuerza federales en Rosario, sino también en toda la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia. Pero nosotros preferimos tomar un tiempo mayor para que se consolide una tendencia y poder hacer una evaluación de resultados de gestión. Por otra parte, no olvidarnos de que el homicidio es una variable clara de digestión pero también hay otras como los delitos predatorios, de gente que a lo mejor en su barrio no escucha tiros a la madrugada pero se siente insegura igual al salir de su casa porque le roban el celular, la billetera o el auto. Si bien esos delitos aparentemente son menores también tenemos que ocuparnos, porque es lo que hace la vida invivible.

-Otra forma de atacar el delito ha sido el derribo de los búnkers de drogas. ¿Esta acción está circunscripta únicamente a la ciudad de Rosario o está previsto que se extienda a otros sectores de la provincia?

-La ley prevé una intervención estratégica en las ciudades de Rosario y Santa Fe porque son las áreas de mayor complejidad, a través de una unidad especial de la Fiscalía. En el resto de la provincia el objetivo también es intervenir el punto de venta, deteniendo a los responsables, y para eso nos encontramos en una etapa de investigación y recepción de las denuncias de vecinos. En Rosario fueron las primeras intervenciones porque se dieron en el marco de investigaciones previas que venía llevando adelante la Fiscalía y que se aceleraron a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico. Pero esta es una política que se está trabajando para toda la provincia de Santa Fe.

-Hoy, en el departamento La Capital, ¿cuál es el delito que enciende luces de alarma y moviliza los operativos de intervención focalizada?

-La ciudad de Santa Fe tiene la característica de que tiene una gran diversidad de situaciones. Este domingo estuvimos recorriendo la intervención focalizada del barrio San Lorenzo, donde se está llevando a cabo un trabajo muy importante, porque hay que desactivar hechos que se produjeron en muy poco tiempo de heridos con armas de fuego y homicidios, por lo que esperamos que esta tarea produzca efecto en los próximos meses. También tenemos otros lugares en la ciudad que vamos a intervenir y que no se trata solo de barrios carenciados como a veces se estigmatiza sino que hay barrios incluso en la zona del macrocentro donde tenemos muchísimos problemas de seguridad por delitos aparentemente menores pero que causan daño a la sociedad.

-También estamos viendo un aumento de robos de cables, griferías, medidores, especialmente en establecimientos educativos. ¿A qué le atribuyen el crecimiento de estos hechos?

-Hay una realidad innegable que es la situación económica y que tal vez hace que mucha gente se vea en una situación más complicada y opte por volcarse al delito, pero también lo entendemos y así lo estamos trabajando con la Fiscalía, por ejemplo con controles sobre chatarrerías y reducidores, porque atrás de estos hechos aparentemente aislados hay un mercado ilegal que implica un daño a la comunidad. En ese sentido, también estamos yendo sobre lo que es focalizar en el origen económico de algunos delitos predatorios que tienen una fuente en común.

Licitaciones con problemas de mercado

El titular de Seguridad detalló el estado de situación de los vehículos de la fuerza de seguridad santafesina. "Hemos reparado 250 patrulleros desde el inicio de gestión y ahora estamos extendiendo las reparaciones a través de una empresa tercerizada buscando ser más rápidos en el diagnóstico de la flota, porque el informe de la gestión saliente fue terriblemente inexacto".

Por otra parte, señaló que si bien el gobierno considera "de urgente necesidad" la renovación de vehículos tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario, la gestión enfrenta dificultades en el procedimiento de compra debido al grave contexto económico nacional.

"La Provincia tiene la determinación de que la seguridad es una prioridad, pero hay una dificultad tal vez propia del mercado automotriz que no escapa de la situación económica general que atraviesa la Argentina. Tenemos los recursos para comprar mil patrulleros mañana, pero el problema es que no hay nadie que nos haga la entrega inmediata. Así que se están evaluando alternativas dentro de lo que el mercado puede ofrecer. Pero muy pronto vamos a estar equipando a la Policía de Santa Fe con los elementos que se necesitan", precisó Cococcioni.

Un interno de la línea 130, de la empresa Rosario Bus fue baleado en la noche de este lunes 22 de enero en la zona sudoeste de Rosario.

El ataque se produjo poco después de las 21 en inmediaciones de Winter y Cipolletti, de barrio Acindar.

Según fuentes policiales, una persona efectuó al menos dos disparos, uno impactó en el parabrisas y el otro en el costado derecho de la unidad, que estaba a punto a iniciar el recorrido.

En el lugar se secuestraron dos vainas servidas y se encontró una nota con un texto intimidante dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro. No hubo heridos.

Los episodios que trascendieron en la noche de este miércoles involucran al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, al senador Lisandro Enrico y a la fiscal Susana Pepino, y se originaron una semana atrás, cuando todos ellos fueron blanco de amenazas de parte de un sujeto venadense (Agustín D.).

En cuanto a la intimidación, habría llegado a través de un trabajador cercano al círculo del intendente (identidad reservada), quien habría recibido mensajes de textos.

Al activarse la investigación de estos mensajes, la Justicia determinó -por estudio de las líneas de celular- que las amenazas habían sido concretadas por el joven Agustín D.

Luego de la audiencia imputativa, la Justicia determinó que el responsable de las amenazas continúe en prisión preventiva sin plazos determinados. En tanto, el fiscal Damián Casullo lleva adelante este caso.

Según lo informado, el hecho no quedó solo en la causa contra el vecino venadense, sino que la línea investigativa siguió y se comprobó que Agustín D. pertenece a la banda delictiva comandada por el firmatense Matías A., quien está preso en la cárcel federal de Rawson (Chubut) por causas de narcotráfico.

Cabe recordar que Matías A. también fue imputado, junto a su novia, como autor responsable del homicidio de una mujer en la ciudad de Firmat (Érika Ávalos), quien recibió 17 balazos el pasado 28 de diciembre. Previo al crimen, la víctima había sido amenazada de muerte y justamente fue la fiscal Susana Pepino quien intervino en el homicidio señalado.

También se detalla que los mensajes intimidatorios llegaron vía mensajes de whatsapp y se describe que los textos decían: “Dejen de meter gente presa inocente. Avisale a Chiarella, Enrico y a la fiscal (Pepino) que los vamos a hacer boleta”, con la firma de otros narcos de la ciudad para despistar en la investigación.

Segunda detención por el crimen de la firmatense Erika Ávalos

Aunque en primer momento trascendió que el abogado del detenido en Rawson y su novia es Antonio Di Benedetto, quien fuera condenado a prisión en la causa de la “megaestafa inmobiliaria”, el propio penalista desmintió en la tarde de este jueves 12 su presunta condición de patrocinante legal de Matías Á., respecto a su imputación en el hecho de homicidio de la ciudad de Firmat. En tal sentido, Di Benedetto hizo saber que “el mismo tiene al defensor oficial como representante, en tanto que yo estoy asistiendo a su expareja en el mismo hecho y de ninguna manera puedo defender a Matías Á., ya que el mismo está sospechado de lesiones con arma de fuego en perjuicio de mi asistida”. Y agrega: “Además, con mala fe se desliza en la información que podría estar avalando las amenazas esgrimidas en contra de la fiscal Susana Pepino y Enrico y Chiarella, que a pesar de tener diferencias con estos dos últimos, jamás avalaría tal situación, a pesar de sus dichos en contra mi persona”, cerró Di Benedetto.

En horas de la mañana de este martes, personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un sujeto en barrio Centenario, quien habría amenazado a una señora con un cuchillo y posteriormente intentar agredir a los uniformados.

Los oficiales procedieron al traslado del demorado a sede de Comisaría 13° junto con un cuchillo en calidad de secuestro.

La Fiscalía de Melincué dispuso que le formen causa al mismo por Amenazas Calificadas, Atentado y Resistencia a la Autoridad.

Anoche personal policial que se encontraban realizando las recorridas preventivas son alertados para que se hicieran presentes en calle Pinto Lucero al 200, donde se encontraba un hombre provocando disturbios.

En el lugar los actuantes se entrevistaron con la propietaria de la vivienda, quien les comunicó que el hombre la amenazó con incendiar la vivienda por un problema familiar que hay entre ambos.

Atentos a lo informado personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 31 años.

La Fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de Amenazas.