En una audiencia celebrada este jueves, la justicia condenó a Gabriel Agustín Díaz a seis años de prisión de cumplimiento efectiva. El fallo se dio en el marco de un procedimiento abreviado en la ciudad de Venado Tuerto, en el que se lo declaró penalmente responsable de varios delitos graves, entre ellos amenazas coactivas anónimas agravadas contra el intendente Leonel Chiarella, el entonces senador provincial Lisandro Enrico (actual ministro de Obras Públicas) y la fiscal Susana Pepino, además de otros delitos como portación indebida de arma de fuego y daños calificados.

El imputado, que se desempeñaba como ayudante de albañil, fue detenido el 8 de enero de 2023. Desde entonces, permaneció privado de su libertad. La prisión preventiva fue prorrogada en enero de 2025 por un año más.

El juez Mauricio Clavero homologó el acuerdo de partes entre la Fiscalía, representada por el Dr. Damián Cassullo, y la Defensa, a cargo del Dr. Fernando González, en representación de Díaz. El condenado participó de la audiencia por videollamada desde la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda.

Según consta en la resolución, el acuerdo fue considerado legal y razonable. El tribunal dictó la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. El cómputo de la condena indica que la pena vencerá el 8 de enero de 2029.

Durante el proceso, se notificó a las víctimas sobre el procedimiento y sus derechos. Estas manifestaron que no deseaban participar en la audiencia. Además, el tribunal autorizó el decomiso de los elementos secuestrados en las causas, entre ellos el arma de fuego utilizada en los hechos.

Una vez firme la sentencia, se ordenó el traslado de Díaz a unidades penitenciarias provinciales para continuar su alojamiento y acceder al tratamiento progresivo de resocialización previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660. La medida quedó sujeta al control del Juzgado de Ejecución Penal correspondiente.

Según se pudo determinar, la intimidación hacia Chiarella, Enrico y Pepino, habría llegado a través de un trabajador cercano al círculo del intendente (identidad reservada), quien habría recibido mensajes de textos.

Al activarse la investigación de estos mensajes, la Justicia determinó -por estudio de las líneas de celular- que las amenazas habían sido concretadas por Gabriel Agustín Díaz, quien inmediatamente fue detenido.

Luego de la audiencia imputativa, la Justicia determinó la prisión preventiva sin plazos determinados hasta este jueves, cuando se estableció la condena a través de un juicio abreviado.

Cabe recordar que el hecho no quedó solo en la causa contra Díaz, sino que la línea investigativa siguió y se comprobó que joven pertenece a la banda delictiva comandada por el firmatense Matías A., quien está preso por causas de narcotráfico.

Cabe recordar que Matías A. también fue imputado, junto a su novia, como autor responsable del homicidio de una mujer en la ciudad de Firmat (Érika Ávalos), quien recibió 17 balazos el pasado 28 de diciembre del año 2022. Previo al crimen, la víctima había sido amenazada de muerte y justamente fue la fiscal Susana Pepino quien intervino en el homicidio señalado.

Tras este hecho, aparecieron mensajes intimidatorios llegaron vía whatsapp, diceindo: “Dejen de meter gente presa inocente. Avisale a Chiarella, Enrico y a la fiscal (Pepino) que los vamos a hacer boleta”, con la firma de otros narcos de la ciudad para despistar en la investigación.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, ligó las amenazas recibidas a una banda narco cuyo líder es oriundo de la ciudad de Firmat y actualmente está detenido en el penal e Rawson en la provincia de Chubut. Al mismo tiempo, aseguró que van a seguir “denunciando con nombre y apellido” a las personas que se dedican a la venta de estupefacientes en el sur de Santa Fe.

El primer mandatario local admitió que se intensificó el patrullaje cerca de su vivienda familiar, como la del senador Lisandro Enrico. Aunque aseguró que su rutina de trabajo no se modificó.

Un detenido por amenazar al intendente Chiarella, al senador Enrico y a la fiscal Pepino

En relación a la amenaza concreta, sostuvo que el mensaje fue enviado “por un venadense que se llama Agustín Díaz, que tiene 23 años, y hay pruebas de que pertenece a la banda de Matías Álvarez, un narco que está preso en la cárcel de Rawson. Quien además está imputado por el homicidio de Érika Avalos, la chica de Firmat que fue asesinada de 17 balazos”.

La preocupación radica “en la impunidad con la que se están moviendo estos delincuentes. Estando presos en Rawson, en un penal que parece ser de los más seguros de Argentina, organizan una tentativa de homicidio primero, después un homicidio, luego amenazas a mi persona, al senador y a la fiscal que investiga el homicidio”.

El fiscal Matías Merlo brindó más detalles sobre las amenazas a Chiarella, Enrico y Pepino

Las autoridades locales destacaron el rápido accionar del poder judicial tras la amenaza que llegó el 4 de enero, principalmente con la detención del joven que envió el mensaje, como también el identificar el sector con el que está relacionado.

“Literalmente están haciendo ‘home office’ desde la cárcel. Incluso se sienten más seguros estando en la cárcel que en libertad, porque están en un lugar donde los cuidan. Y esto se plasma posteriormente en amenazas, balaceras, venta de drogas y homicidios”, afirmó el intendente.

En relación al por qué fue blanco de las amenazas, Chiarella dijo que “es porque venimos trabajando desde siempre enfrentando y denunciando a estos delincuentes con nombre y apellido. Y eso es un compromiso que tomamos con la ciudadanía junto a Lisandro Enrico: ir al frente. Esto nos lleva a soportar este tipo de amenazas, como la sufrida hace unos meses cuando ofrecieron 100.000 pesos para tirotearme la casa”.

Enrico sobre las amenazas: “Seguiremos luchando contra las mafias de la venta de drogas”

El Jefe del Ejecutivo local también ató la amenaza al juicio oral que se desarrollará en Venado Tuerto el próximo mes donde en el banquillo de los acusados estará Matías M. quien podría ser sentenciado por la venta de estupefacientes.

Desde el poder judicial determinaron rondas de patrullajes con mayor intensidad, y no una custodia permanente.

“Nosotros tomamos algunos recaudos específicos, sin modificar la agenda de trabajo que venimos llevando adelante. En lo personal estoy preocupado por la situación, pero mi accionar es el mismo. No quiero una custodia, porque ese móvil debe estar patrullando la ciudad y previniendo el delito”, expresó Leonel Chiarella.

Por último, manifestó que “el principal problema de la inseguridad es la droga. Y los que manejan la droga, están todos presos. Con lo cual el problema es el servicio penitenciario. Quienes operan desde la cárcel son los líderes de estas bandas”.