La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó un allanamiento en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por amenazas coactivas agravadas por el empleo de arma de fuego. El procedimiento culminó con la detención de un hombre de 48 años y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

a investigación se desarrolló a partir de las denuncias de las víctimas y de distintas tareas investigativas llevadas adelante por la PDI, bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.En cumplimiento de una orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de la ciudad, que arrojó resultado positivo. 

Durante el procedimiento se secuestraron: teléfonos celulares, dos pendrives, un bate de béisbol, dos máquinas contadoras de billetes, un revólver calibre .22 largo con cinco municiones del mismo calibre, cuatro cuadernillos con anotaciones de interés para la investigación, una notebook y una suma aproximada de $800.000 en efectivo.Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenó la detención de Carlos A., de 48 años, quien fue trasladado a la Comisaría 14.ª para continuar con las actuaciones correspondientes.La causa continúa bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.

Efectivos de la Subcomisaría 12ª de San Eduardo, trabajando en conjunto con personal de otras dependencias de la policía, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio de la calle Urquiza al 300. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en curso bajo la carátula de amenazas calificadas, obteniendo un resultado favorable para las fuerzas de seguridad.

Durante el operativo, las autoridades policiales lograron el secuestro de un arma junto con diversos elementos de interés fundamentales para el desarrollo de la causa.

Ante el hallazgo y el resultado positivo del procedimiento, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno. Desde el órgano judicial se dispuso la comparecencia del propietario de la vivienda con el objetivo de continuar con las instancias del proceso legal correspondiente.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de siete años de prisión efectiva para José Osvaldo B., acusado de haber amenazado al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez, con el propósito de obligarlo a adoptar una decisión favorable vinculada con la ubicación y habilitación de un carro de venta de comidas.

La requisitoria de acusación fue presentada por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto, en el marco de una investigación en la que también tuvo una intervención relevante el Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas.

Historia del caso

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió durante la tarde del 24 de julio de 2026, cuando el imputado habría enviado a Rodríguez una serie de mensajes de audio a través de WhatsApp. En esas comunicaciones, le habría exigido una respuesta favorable para trasladar su puesto comercial o conseguir que otro carro fuera reubicado.

Según sostiene el MPA, Bustos habría reforzado esa exigencia mediante el anuncio de graves actos de violencia. Entre otras expresiones, manifestó que, si no obtenía una solución, haría “un ruido bárbaro en el pueblo”, que estaba acostumbrado “a otro nivel de violencia” y que podía recurrir a personas vinculadas con “los Cantero”, a quienes describió como capaces de cualquier cosa.

También habría advertido que, si intervenía la policía, no regresaría a prisión y que se enfrentaría a tiros con quienes fueran a buscarlo. Finalmente, condicionó expresamente su accionar a la respuesta del presidente comunal, señalándole que, si no recibía una solución favorable, la buscaría “a su manera”.

La Fiscalía considera que las amenazas estuvieron dirigidas a condicionar la libertad de decisión de Rodríguez en el ejercicio de sus funciones públicas. La víctima manifestó que las expresiones le generaron temor por su seguridad y por la de su familia.

La acusación se encuentra respaldada principalmente por los audios y conversaciones de WhatsApp aportados por la víctima, su declaración, la intervención inmediata de personal de la Subcomisaría 10ª de Murphy y los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados el 30 de julio.

Pedido de condena

La conducta fue calificada como amenazas coactivas agravadas por haber tenido como propósito obtener una medida o concesión de los poderes públicos, delito que contempla una escala penal de cinco a diez años de prisión.

Además de solicitar siete años de prisión de cumplimiento efectivo, el MPA pidió que, en caso de condena, Bustos sea declarado reincidente por tercera vez, con las accesorias legales y las costas del proceso. Asimismo, requirió la apertura del juicio oral y público.

“No estamos frente a una mera discusión o a un reclamo formulado en términos inapropiados. La evidencia permite sostener que se habrían anunciado males graves y violentos para condicionar la decisión de una autoridad pública. Las diferencias o necesidades particulares deben canalizarse por las vías legales: ninguna persona puede pretender imponer su voluntad mediante amenazas, y mucho menos intentar doblegar de ese modo a quien ejerce una función institucional”, afirmó el fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

La solicitud de pena constituye la pretensión del Ministerio Público de la Acusación y deberá ser debatida en juicio, instancia en la que se determinará definitivamente la responsabilidad penal del acusado.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

Este jueves por la tarde, se llevó a cabo un importante operativo policial en la ciudad de Firmat, que incluyó una serie de allanamientos en viviendas ubicadas sobre la calle Mendoza, el barrio Centenario y la calle Perito Moreno. Las medidas fueron dispuestas por la Justicia en el marco de una investigación penal caratulada como lesiones dolosas graves y amenazas calificadas.

El procedimiento contó con la colaboración del Comando Radioeléctrico y la Comisaría 13era, arrojando resultados positivos para la causa. Durante las inspecciones, los efectivos lograron el secuestro de prendas de vestir, diversos artículos personales y teléfonos celulares, elementos que podrían ser clave para el avance de la investigación.

Al finalizar los operativos, se procedió al traslado de un menor de edad a la dependencia policial. Por disposición del Juzgado de Menores, el joven fue formalmente notificado de la causa en su contra y, posteriormente, entregado a sus progenitores para su custodia.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la localidad de Murphy en el marco de una causa por coacción agravada por amenazas con el propósito de obtener una medida o concesión por parte de integrantes de los poderes públicos.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de dos teléfonos celulares y una pistola de aire comprimido calibre 6 milímetros con su correspondiente cargador y municiones plásticas, elementos de interés para la investigación.

Asimismo, por disposición del fiscal Luis Lagioia, fue detenido José B., de 37 años, quien fue trasladado a la Subcomisaría 10.ª de Murphy para quedar a disposición de la Justicia.La investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

En una audiencia realizada el miércoles en los Tribunales de San Cristóbal se resolvió extender por otros tres meses las medidas dispuestas sobre G.C., el adolescente de 15 años que protagonizó el ataque armado en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido en abril de este año.

El juez de Primera Instancia de Distrito de Menores, José Alberto Boaglio, hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y dispuso la continuidad de las medidas que habían sido ordenadas originalmente el 3 de abril de 2026, por un nuevo plazo de 90 días.

De esta manera, el adolescente continuará alojado en un instituto de la ciudad de Santa Fe bajo un régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico La resolución se adoptó luego de analizar informes interdisciplinarios sobre su evolución y apunta a sostener el tratamiento que viene realizando.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) participaron de la audiencia los fiscales Carina Gerbaldo y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa). La defensa del menor estuvo a cargo de los abogados Mariana Laura Oroño y Federico Kiener.

De acuerdo con lo informado por Oroño al diario La Nación, el adolescente seguirá bajo seguimiento de un equipo de salud mental, con controles psiquiátricos periódicos y acompañamiento psicológico, mientras la Justicia continúa evaluando su situación.

Cabe destacar que para la ley vigente es considerado menor de edad, dado que al momento de protagonizar el ataque tenía 15 años. Recién en septiembre entrará en vigencia la nueva norma promulgada meses atrás y que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

El ataque ocurrió el 30 de marzo de 2026 en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. El adolescente ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego, provocando la muerte de Ian Cabrera, otro estudiante de la misma institución, e hiriendo a otras personas, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa y al país.

La investigación continúa abierta y, en su momento, se informó que la fiscalía analizaba posibles vínculos del adolescente con comunidades digitales extremistas. El mismo medio informó además que otro adolescente -que había sido detenido como presunto partícipe secundario- recuperó la libertad al no reunirse pruebas suficientes para sostener su imputación.

Tras la eliminación de la Selección de Ecuador a manos de México por 2 a 0 en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el entorno deportivo se vio convulsionado por acusaciones extrafutbolísticas. El periodista argentino Eduardo Feinmann sembró la polémica al afirmar en su programa que el plantel conducido en el certamen por el conjunto sudamericano habría sufrido serias intimidaciones en las horas previas al cruce disputado en el Estadio Azteca.

De acuerdo con lo expresado por el conductor radial, un cartel del narcotráfico mexicano se habría comunicado de manera directa con al menos cinco futbolistas de la delegación ecuatoriana. Según su versión, las amenazas incluyeron precisiones exactas sobre el paradero y las actividades de los familiares de los atletas, tanto en territorio ecuatoriano como en el propio suelo mexicano, donde varios de los integrantes de la "Tri" se desempeñan profesionalmente de forma habitual en la liga local. El propósito de la supuesta maniobra delictiva habría sido forzar el resultado deportivo favorable a los anfitriones del Mundial.

A pesar de la repercusión inmediata que obtuvieron los dichos del comunicador argentino en las plataformas digitales, la hipótesis carece actualmente de cualquier tipo de respaldo formal o documental. Ni la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitieron comunicaciones que validen la existencia de extorsiones institucionales o individuales vinculadas con organizaciones criminales.

En el plano estrictamente deportivo y organizativo, el único reclamo formal asentado por los directivos de Ecuador ante los organizadores del torneo estuvo motivado por las conductas de la parcialidad mexicana frente al hotel de concentración del equipo. En esa sintonía, se denunció hostigamiento acústico mediante el uso de fuegos artificiales y serenatas nocturnas organizadas con el único propósito de alterar el descanso del plantel profesional en las vísperas del duelo definitorio.

La veracidad del escenario denunciado por Feinmann fue relativizada de manera categórica por especialistas de la prensa ecuatoriana. El periodista Óscar Portilla descartó cualquier consistencia detrás de las versiones difundidas en redes sociales, catalogándolas como "un rumor sin sustento" que suele traccionar sobre el desencanto de los aficionados locales tras la eliminación mundialista.

Portilla argumentó que los principales analistas en materia de crimen organizado de la región coinciden en dictaminar la falsedad de los presuntos panfletos o comunicaciones adjudicadas a las bandas transnacionales en esta oportunidad. Asimismo, el cronista confirmó haber tomado contacto con tres fuentes de alta jerarquía pertenecientes a la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes manifestaron desconocer absolutamente cualquier tipo de mensaje intimidatorio y descartaron la hipótesis de una coacción externa sobre los jugadores dirigidos hasta entonces por el cuerpo técnico de la "Tri".

Lejos de alimentar las conjeturas respecto de incidentes de índole criminal en territorio mexicano, los propios protagonistas del plantel de Ecuador mantuvieron un perfil centrado en el plano de la autocrítica profesional.

Una vez consumada la caída y posterior salida de la Copa del Mundo en los 16avos de final, futbolistas de renombre dentro de la convocatoria como Gonzalo Valle y Ángelo Preciado utilizaron los canales institucionales para ofrecer disculpas a la masa de seguidores por el rendimiento del equipo en el Estadio Azteca, donde México impuso condiciones futbolísticas y se quedó con el boleto a la siguiente ronda gracias a un contundente despliegue táctico.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, confirmó que Uber podrá funcionar en la ciudad y aseguró que el Municipio no dará marcha atrás con esa decisión. Lo hizo a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, luego de que le llegaron por WhatsApp audios con amenazas, en los que se promueven medidas de fuerza y acciones para presionar al Gobierno local con el objetivo de impedir el desembarco de la plataforma.

“No vamos a permitir ningún tipo de amenazas, extorsiones ni aprietes. Estas personas que hablan en los audios son quienes dicen representar a un grupo minoritario de remises y taxis”, expresó el mandatario.

A continuación, Chiarella dejó en claro cuál será la postura del Municipio frente al conflicto: “En primer lugar, todos los canales de diálogo están y seguirán estando abiertos. Y, en segundo lugar, quiero ser muy claro: nosotros no vamos a prohibir la llegada de Uber ni de cualquier otra empresa que quiera prestar servicios en nuestra ciudad”, afirmó.

La comunicación del intendente se produjo después de que comenzaran a difundirse distintos audios en los que se convocan medidas para presionar al Ejecutivo municipal.

En uno de ellos se plantea “quemar cubiertas en la puerta de la Municipalidad” y en otro se propone realizar un corte total en la intersección de San Martín y Marconi con taxis y remises, sin contemplar las consecuencias para el resto de la comunidad. Incluso, en un tercer audio se escucha la frase: “Nada de suavidad. Acá hay que ir directamente a la yugular”.

Frente a este escenario, Chiarella insistió en que las diferencias podrán discutirse mediante el diálogo, pero remarcó que el Gobierno municipal no aceptará amenazas ni extorsiones como forma de condicionar las decisiones de la ciudad.

Quedó en prisión preventiva un hombre al que se investiga por haber privado ilegítimamente de su libertad a una mujer que es su expareja en Rufino. El imputado tiene 26 años, sus iniciales son AEB y también se le atribuyó haber amenazado a la víctima con un arma de fuego.

La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez e impuesta por la jueza Lorena Garini en el marco de una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. Por su parte, el imputado participó de forma remota desde su lugar de detención.

El funcionario del MPA destacó que “más allá de que el abogado defensor propuso medidas alternativas, la magistrada consideró que eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento”. Al respecto, indicó que “los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes y sólo podían ser neutralizados con la preventiva”.

Menéndez afirmó que “el miércoles de la semana pasada alrededor de las 13:00, el investigado ingresó sin permiso a la casa en la que vive su expareja”. En tal sentido, mencionó que “fue hasta allí aunque sabía que no podía hacerlo a raíz de una prohibición de acercamiento que había sido emitida recientemente por un tribunal de Familia”.

“La víctima estaba en su domicilio y fue sorprendida por el imputado, quien la amenazó de muerte con un revólver que no estaba autorizado a portar”, puntualizó el funcionario del MPA.

Asimismo, expuso que “mientras apuntaba a su expareja con el arma de fuego y le exigía que no gritara, el investigado cerró las puertas del inmueble”. A su vez, agregó que “para evitar que la mujer huyera o se contactara con alguien que pudiera ayudarla, tomó el teléfono celular y los juegos de llaves de ella”.

“La situación violenta cesó gracias a la intervención de una vecina que se acercó a la casa de la víctima y escuchó un pedido de auxilio”, sostuvo el fiscal. “En tanto, con el fin de procurar su impunidad, el imputado se fue de inmediato de la vivienda”, especificó.

“Momentos más tarde, al advertir que agentes policiales estaban patrullando la zona, el hombre investigado los eludió”, señaló Menéndez. “En el trayecto, dejó abandonada en la vía pública una mochila que contenía un envoltorio con una cantidad de cocaína mayor a la permitida para consumo personal”, manifestó.

Finalmente, el fiscal detalló que “el imputado se mantuvo dos días prófugo y el domingo se presentó voluntariamente en una comisaría a la que acudió junto con su madre”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de privación ilegítima de la libertad agravada (por amenazas), amenazas calificadas (por el uso de arma), portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, violación de domicilio, desobediencia judicial y tenencia simple de estupefacientes.

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe puso en marcha el mecanismo de recupero de costos por las amenazas sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos y este lunes notificó la primera intimación en toda la provincia que resultó ser de la ciudad de Santa Fe. La medida alcanza a los padres de un adolescente identificado como autor de uno de los hechos y fija un monto de $ 6.024.944 en concepto de resarcimiento civil.

El titular de la cartera, Pablo Coccoccioni, confirmó este lunes por la tarde en conferencia de prensa, que “hoy se ha despachado la primera comisión policial a los efectos de notificar la primera intimación”, en el marco de una resolución dictada la semana pasada para recuperar los costos operativos derivados de las amenazas.

Según precisó el funcionario, la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe y recae sobre “ambos progenitores de una persona menor de edad que ha sido identificada como autor de estas amenazas”. En ese sentido, aclaró que “son responsables solidarios ambos progenitores del menor”.

Confirmó, asimismo, que se trata del primer caso en toda la provincia y que el esquema se replicará: “Esto se va a hacer para todos y cada uno de los casos que la fiscalía valide”.

La notificación a la familia se realizó este lunes con efectivos de la fuerza policial. Foto: Manuel Fabatía

El funcionario agregó que, en las últimas horas, se registró una baja en los llamados: “En los primeros días teníamos entre 50 y 60 por jornada. Hoy llevamos un poco más de 10, así que ha habido un marcado descenso y esperamos que así siga”.

El funcionario indicó que el proceso recién comienza y que se extenderá a medida que avancen las investigaciones: “Al día de hoy contamos ya con 58 procedimientos con personas identificadas”. Incluso, aclaró que “las personas responsables identificadas son más de 60, porque en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable”.

En esa línea, adelantó que el monto global a reclamar crecerá rápidamente: “Estaríamos reclamando un cobro no inferior a 250 millones de pesos, pero esto es una cifra inicial y básica que se va a ir incrementando”.

Las intimaciones se emiten en forma automática una vez que la fiscalía valida la identidad de los autores, sin distinción de edad. “Sean mayores, menores, punibles o no punibles, eso es indistinto”, explicó el ministro.

Sobre los métodos utilizados para identificar a los responsables, Coccoccioni explicó que fueron diversos y dependen de cada caso: “En algunos casos hubo intervención de comunicaciones o estudios de impacto de antena en celulares, pericias caligráficas o bien personas que señalan a los autores y la filmación de cámaras de seguridad”.

“Nosotros tomamos lo que es la investigación penal. La prueba recabada en la investigación penal juvenil nos sirve a nosotros, independientemente de la causa penal, para constituir prueba a los efectos del reclamo civil”, agregó.

El ministro aclaró que las intimaciones no constituyen sanciones penales sino reclamos económicos: “Esto es una indemnización civil por el resarcimiento del daño. No tiene que ver con cuestión penal, no es una multa, ni se convierte en trabajo ni en pena ni en nada. Es una deuda civil y se ejecutará conforme las previsiones del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”.

En caso de incumplimiento, se abre la vía judicial. “Se notifica la deuda con un plazo de 5 días. Vencido ese plazo, los antecedentes se giran a Fiscalía de Estado y se inicia inmediatamente el juicio civil persiguiendo el cobro”.

Entre las posibles medidas, detalló: “Se procederá a embargar sueldos, a inhibir bienes, a embargar bienes registrables”. No obstante, el funcionario dijo que “esperan que las personas voluntariamente se haga cargo de la responsabilidad por el hecho de sus hijos en la mayoría de los casos, y eviten así los mayores costos que tendría si obligar al Estado a reclamar judicialmente, porque ahí ya tendríamos que sumar intereses, costas, honorarios”.

Ante la consulta respecto de que había pasado algo similar cuando se repetían los episodios de las amenazas de bombas en escuelas, indicó: “Sí, esa vez se puso en marcha un mecanismo similar. Hubo en aquella época algunos pagos voluntarios. También hubo algunas detenciones”.

Amenazas de balaceras No es broma es delito

El monto no es fijo ni tiene carácter punitivo, insistió el funcionario: “Es estrictamente un resarcimiento civil”. Para cada caso, se computan todos los recursos desplegados: móviles, brigadas, horas de trabajo y combustible.

“Ese monto surge exactamente, hasta con pesos y centavos, del costo que tuvo este operativo. No es ni un peso más ni un peso menos”, afirmó, y remarcó que de no cobrarse “tendríamos que distribuir ese costo entre todos los contribuyentes”.

Coccoccioni vinculó la medida con el uso eficiente de los recursos públicos: “Los santafesinos pagan sus impuestos para tener un servicio policial que prevenga el delito”. En ese marco, sostuvo que “cuando se distraen recursos para responder a este tipo de amenazas hay una estricta razón de justicia en la distribución del gasto: quien ocasiona esa erogación deberá pagarlo”.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.

Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Operativos de la Policía de Investigaciones este sábado.

Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este jueves 23 tres allanamientos en las localidades de Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, en el marco de las investigaciones por amenazas e intimidación pública en escuelas. Fueron identificados tres menores de edad, uno de ellos trasladado a sede policial.

La investigación se inició luego de que en la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda aparecieran pintadas en los baños con mensajes amenazantes como los que comenzaron a circular durante la última semana en los establecimientos educativos de toda la provincia. A partir de entrevistas y tareas investigativas, se logró establecer la posible autoría de un alumno de 16 años, identificado como N.Á., quien además habría instigado a otros estudiantes a continuar con este tipo de hechos.

Asimismo, se detectaron situaciones similares en la Escuela N° 206 de la localidad de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, donde también se registraron pintadas con amenazas, logrando identificar a los presuntos responsables, de 12 y 11 años respectivamente.

En este contexto, se efectuaron allanamientos en los domicilios vinculados a los investigados. Como resultado, en Casilda se secuestró un teléfono celular utilizado por el principal involucrado; en Arteaga se incautaron un celular, una computadora y dos revólveres a cebita; y en San José de la Esquina otro celular.Como consecuencia de los procedimientos, el menor de 16 años fue trasladado a sede policial para su correcta identificación y notificación de la causa por amenazas anónimas, mientras que respecto de los otros dos menores no se dispusieron medidas judiciales.Las medidas fueron dispuestas por la jueza penal Fabiola Piemonte, a partir de requerimientos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda, a cargo de la fiscal Rocío Cosgaya.

La investigación continúa en curso para determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades correspondientes en el marco de las innumerables pintadas, carteles y mensajes en establecimientos educativos de toda la provincia. Siguiendo esta línea, esta tarde el Gobierno de Santa Fe, conjuntamente con el MPA, informó acerca de las 39 intimaciones enviadas para cubrir los costos de los operativos policiales por 200 millones de pesos en la región centro-norte de la provincia. En este sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad inició una acción patrimonial y administrativa, relativa al cobro de los gastos ocasionados en materia de recursos, independientemente del trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que ya identificó a 73 de los autores.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”. 

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

Este martes se registraron nuevas pintadas con amenazas en la Escuela Nº 202 «Manuel Leiva» de Casilda, en el departamento Caseros. Pasadas las 10, el sistema de emergencias 911 recibió una comunicación alertando sobre la situación ocurrida durante la mañana.

La Unidad Regional IV de la Policía de la Provincia dio a conocer un parte oficial sobre el hecho. Según el informe, a la hora señalada, ingresó al Despacho 911 Casilda una incidencia por presunta «Amenaza sin Arma». Al arribar al establecimiento educativo, el personal policial se entrevistó con la directora del lugar. La funcionaria escolar refirió que en el baño de niñas se había detectado una inscripción en las paredes de azulejos de color beige. La frase, escrita con un lápiz tipo «cerita» de color azul, comenzaba con «EXPLOTA TODO…». La inscripción fue debidamente fotografiada como parte de las primeras actuaciones.

Posteriormente, se estableció comunicación telefónica con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), anoticiando al órgano fiscal interviniente y activando los protocolos de trabajo. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Unidad Operativa y personal de Policía Científica para la recolección de pruebas y pericias de rigor. Una vez finalizadas las diligencias en el lugar, se labró el acta de procedimiento correspondiente, que será entregada a la Comisaría 1ra.

En paralelo a la investigación judicial, la dirección de la Escuela Nº 202 «Manuel Leiva» de Casilda determinó la prohibición del uso y la portación de teléfonos celulares dentro de la institución durante toda la semana. La medida obedece a los hechos registrados el pasado viernes 17, cuando el establecimiento ya se había visto afectado por amenazas y pintadas que se replicaron en diversas escuelas del país.

La decisión fue comunicada oficialmente a las familias de los alumnos a través de una nota emitida por el equipo directivo. En la misiva, se solicita a los estudiantes no concurran con dispositivos móviles al establecimiento. La disposición, calificada de «terminante», busca resguardar el normal desarrollo de las actividades escolares y garantizar un ambiente seguro.