La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

Este jueves por la tarde, se llevó a cabo un importante operativo policial en la ciudad de Firmat, que incluyó una serie de allanamientos en viviendas ubicadas sobre la calle Mendoza, el barrio Centenario y la calle Perito Moreno. Las medidas fueron dispuestas por la Justicia en el marco de una investigación penal caratulada como lesiones dolosas graves y amenazas calificadas.

El procedimiento contó con la colaboración del Comando Radioeléctrico y la Comisaría 13era, arrojando resultados positivos para la causa. Durante las inspecciones, los efectivos lograron el secuestro de prendas de vestir, diversos artículos personales y teléfonos celulares, elementos que podrían ser clave para el avance de la investigación.

Al finalizar los operativos, se procedió al traslado de un menor de edad a la dependencia policial. Por disposición del Juzgado de Menores, el joven fue formalmente notificado de la causa en su contra y, posteriormente, entregado a sus progenitores para su custodia.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la localidad de Murphy en el marco de una causa por coacción agravada por amenazas con el propósito de obtener una medida o concesión por parte de integrantes de los poderes públicos.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de dos teléfonos celulares y una pistola de aire comprimido calibre 6 milímetros con su correspondiente cargador y municiones plásticas, elementos de interés para la investigación.

Asimismo, por disposición del fiscal Luis Lagioia, fue detenido José B., de 37 años, quien fue trasladado a la Subcomisaría 10.ª de Murphy para quedar a disposición de la Justicia.La investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

En una audiencia realizada el miércoles en los Tribunales de San Cristóbal se resolvió extender por otros tres meses las medidas dispuestas sobre G.C., el adolescente de 15 años que protagonizó el ataque armado en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido en abril de este año.

El juez de Primera Instancia de Distrito de Menores, José Alberto Boaglio, hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y dispuso la continuidad de las medidas que habían sido ordenadas originalmente el 3 de abril de 2026, por un nuevo plazo de 90 días.

De esta manera, el adolescente continuará alojado en un instituto de la ciudad de Santa Fe bajo un régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico La resolución se adoptó luego de analizar informes interdisciplinarios sobre su evolución y apunta a sostener el tratamiento que viene realizando.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) participaron de la audiencia los fiscales Carina Gerbaldo y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa). La defensa del menor estuvo a cargo de los abogados Mariana Laura Oroño y Federico Kiener.

De acuerdo con lo informado por Oroño al diario La Nación, el adolescente seguirá bajo seguimiento de un equipo de salud mental, con controles psiquiátricos periódicos y acompañamiento psicológico, mientras la Justicia continúa evaluando su situación.

Cabe destacar que para la ley vigente es considerado menor de edad, dado que al momento de protagonizar el ataque tenía 15 años. Recién en septiembre entrará en vigencia la nueva norma promulgada meses atrás y que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

El ataque ocurrió el 30 de marzo de 2026 en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. El adolescente ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego, provocando la muerte de Ian Cabrera, otro estudiante de la misma institución, e hiriendo a otras personas, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa y al país.

La investigación continúa abierta y, en su momento, se informó que la fiscalía analizaba posibles vínculos del adolescente con comunidades digitales extremistas. El mismo medio informó además que otro adolescente -que había sido detenido como presunto partícipe secundario- recuperó la libertad al no reunirse pruebas suficientes para sostener su imputación.

Tras la eliminación de la Selección de Ecuador a manos de México por 2 a 0 en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el entorno deportivo se vio convulsionado por acusaciones extrafutbolísticas. El periodista argentino Eduardo Feinmann sembró la polémica al afirmar en su programa que el plantel conducido en el certamen por el conjunto sudamericano habría sufrido serias intimidaciones en las horas previas al cruce disputado en el Estadio Azteca.

De acuerdo con lo expresado por el conductor radial, un cartel del narcotráfico mexicano se habría comunicado de manera directa con al menos cinco futbolistas de la delegación ecuatoriana. Según su versión, las amenazas incluyeron precisiones exactas sobre el paradero y las actividades de los familiares de los atletas, tanto en territorio ecuatoriano como en el propio suelo mexicano, donde varios de los integrantes de la "Tri" se desempeñan profesionalmente de forma habitual en la liga local. El propósito de la supuesta maniobra delictiva habría sido forzar el resultado deportivo favorable a los anfitriones del Mundial.

A pesar de la repercusión inmediata que obtuvieron los dichos del comunicador argentino en las plataformas digitales, la hipótesis carece actualmente de cualquier tipo de respaldo formal o documental. Ni la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitieron comunicaciones que validen la existencia de extorsiones institucionales o individuales vinculadas con organizaciones criminales.

En el plano estrictamente deportivo y organizativo, el único reclamo formal asentado por los directivos de Ecuador ante los organizadores del torneo estuvo motivado por las conductas de la parcialidad mexicana frente al hotel de concentración del equipo. En esa sintonía, se denunció hostigamiento acústico mediante el uso de fuegos artificiales y serenatas nocturnas organizadas con el único propósito de alterar el descanso del plantel profesional en las vísperas del duelo definitorio.

La veracidad del escenario denunciado por Feinmann fue relativizada de manera categórica por especialistas de la prensa ecuatoriana. El periodista Óscar Portilla descartó cualquier consistencia detrás de las versiones difundidas en redes sociales, catalogándolas como "un rumor sin sustento" que suele traccionar sobre el desencanto de los aficionados locales tras la eliminación mundialista.

Portilla argumentó que los principales analistas en materia de crimen organizado de la región coinciden en dictaminar la falsedad de los presuntos panfletos o comunicaciones adjudicadas a las bandas transnacionales en esta oportunidad. Asimismo, el cronista confirmó haber tomado contacto con tres fuentes de alta jerarquía pertenecientes a la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes manifestaron desconocer absolutamente cualquier tipo de mensaje intimidatorio y descartaron la hipótesis de una coacción externa sobre los jugadores dirigidos hasta entonces por el cuerpo técnico de la "Tri".

Lejos de alimentar las conjeturas respecto de incidentes de índole criminal en territorio mexicano, los propios protagonistas del plantel de Ecuador mantuvieron un perfil centrado en el plano de la autocrítica profesional.

Una vez consumada la caída y posterior salida de la Copa del Mundo en los 16avos de final, futbolistas de renombre dentro de la convocatoria como Gonzalo Valle y Ángelo Preciado utilizaron los canales institucionales para ofrecer disculpas a la masa de seguidores por el rendimiento del equipo en el Estadio Azteca, donde México impuso condiciones futbolísticas y se quedó con el boleto a la siguiente ronda gracias a un contundente despliegue táctico.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, confirmó que Uber podrá funcionar en la ciudad y aseguró que el Municipio no dará marcha atrás con esa decisión. Lo hizo a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, luego de que le llegaron por WhatsApp audios con amenazas, en los que se promueven medidas de fuerza y acciones para presionar al Gobierno local con el objetivo de impedir el desembarco de la plataforma.

“No vamos a permitir ningún tipo de amenazas, extorsiones ni aprietes. Estas personas que hablan en los audios son quienes dicen representar a un grupo minoritario de remises y taxis”, expresó el mandatario.

A continuación, Chiarella dejó en claro cuál será la postura del Municipio frente al conflicto: “En primer lugar, todos los canales de diálogo están y seguirán estando abiertos. Y, en segundo lugar, quiero ser muy claro: nosotros no vamos a prohibir la llegada de Uber ni de cualquier otra empresa que quiera prestar servicios en nuestra ciudad”, afirmó.

La comunicación del intendente se produjo después de que comenzaran a difundirse distintos audios en los que se convocan medidas para presionar al Ejecutivo municipal.

En uno de ellos se plantea “quemar cubiertas en la puerta de la Municipalidad” y en otro se propone realizar un corte total en la intersección de San Martín y Marconi con taxis y remises, sin contemplar las consecuencias para el resto de la comunidad. Incluso, en un tercer audio se escucha la frase: “Nada de suavidad. Acá hay que ir directamente a la yugular”.

Frente a este escenario, Chiarella insistió en que las diferencias podrán discutirse mediante el diálogo, pero remarcó que el Gobierno municipal no aceptará amenazas ni extorsiones como forma de condicionar las decisiones de la ciudad.

Quedó en prisión preventiva un hombre al que se investiga por haber privado ilegítimamente de su libertad a una mujer que es su expareja en Rufino. El imputado tiene 26 años, sus iniciales son AEB y también se le atribuyó haber amenazado a la víctima con un arma de fuego.

La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez e impuesta por la jueza Lorena Garini en el marco de una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. Por su parte, el imputado participó de forma remota desde su lugar de detención.

El funcionario del MPA destacó que “más allá de que el abogado defensor propuso medidas alternativas, la magistrada consideró que eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento”. Al respecto, indicó que “los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes y sólo podían ser neutralizados con la preventiva”.

Menéndez afirmó que “el miércoles de la semana pasada alrededor de las 13:00, el investigado ingresó sin permiso a la casa en la que vive su expareja”. En tal sentido, mencionó que “fue hasta allí aunque sabía que no podía hacerlo a raíz de una prohibición de acercamiento que había sido emitida recientemente por un tribunal de Familia”.

“La víctima estaba en su domicilio y fue sorprendida por el imputado, quien la amenazó de muerte con un revólver que no estaba autorizado a portar”, puntualizó el funcionario del MPA.

Asimismo, expuso que “mientras apuntaba a su expareja con el arma de fuego y le exigía que no gritara, el investigado cerró las puertas del inmueble”. A su vez, agregó que “para evitar que la mujer huyera o se contactara con alguien que pudiera ayudarla, tomó el teléfono celular y los juegos de llaves de ella”.

“La situación violenta cesó gracias a la intervención de una vecina que se acercó a la casa de la víctima y escuchó un pedido de auxilio”, sostuvo el fiscal. “En tanto, con el fin de procurar su impunidad, el imputado se fue de inmediato de la vivienda”, especificó.

“Momentos más tarde, al advertir que agentes policiales estaban patrullando la zona, el hombre investigado los eludió”, señaló Menéndez. “En el trayecto, dejó abandonada en la vía pública una mochila que contenía un envoltorio con una cantidad de cocaína mayor a la permitida para consumo personal”, manifestó.

Finalmente, el fiscal detalló que “el imputado se mantuvo dos días prófugo y el domingo se presentó voluntariamente en una comisaría a la que acudió junto con su madre”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de privación ilegítima de la libertad agravada (por amenazas), amenazas calificadas (por el uso de arma), portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, violación de domicilio, desobediencia judicial y tenencia simple de estupefacientes.

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe puso en marcha el mecanismo de recupero de costos por las amenazas sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos y este lunes notificó la primera intimación en toda la provincia que resultó ser de la ciudad de Santa Fe. La medida alcanza a los padres de un adolescente identificado como autor de uno de los hechos y fija un monto de $ 6.024.944 en concepto de resarcimiento civil.

El titular de la cartera, Pablo Coccoccioni, confirmó este lunes por la tarde en conferencia de prensa, que “hoy se ha despachado la primera comisión policial a los efectos de notificar la primera intimación”, en el marco de una resolución dictada la semana pasada para recuperar los costos operativos derivados de las amenazas.

Según precisó el funcionario, la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe y recae sobre “ambos progenitores de una persona menor de edad que ha sido identificada como autor de estas amenazas”. En ese sentido, aclaró que “son responsables solidarios ambos progenitores del menor”.

Confirmó, asimismo, que se trata del primer caso en toda la provincia y que el esquema se replicará: “Esto se va a hacer para todos y cada uno de los casos que la fiscalía valide”.

La notificación a la familia se realizó este lunes con efectivos de la fuerza policial. Foto: Manuel Fabatía

El funcionario agregó que, en las últimas horas, se registró una baja en los llamados: “En los primeros días teníamos entre 50 y 60 por jornada. Hoy llevamos un poco más de 10, así que ha habido un marcado descenso y esperamos que así siga”.

El funcionario indicó que el proceso recién comienza y que se extenderá a medida que avancen las investigaciones: “Al día de hoy contamos ya con 58 procedimientos con personas identificadas”. Incluso, aclaró que “las personas responsables identificadas son más de 60, porque en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable”.

En esa línea, adelantó que el monto global a reclamar crecerá rápidamente: “Estaríamos reclamando un cobro no inferior a 250 millones de pesos, pero esto es una cifra inicial y básica que se va a ir incrementando”.

Las intimaciones se emiten en forma automática una vez que la fiscalía valida la identidad de los autores, sin distinción de edad. “Sean mayores, menores, punibles o no punibles, eso es indistinto”, explicó el ministro.

Sobre los métodos utilizados para identificar a los responsables, Coccoccioni explicó que fueron diversos y dependen de cada caso: “En algunos casos hubo intervención de comunicaciones o estudios de impacto de antena en celulares, pericias caligráficas o bien personas que señalan a los autores y la filmación de cámaras de seguridad”.

“Nosotros tomamos lo que es la investigación penal. La prueba recabada en la investigación penal juvenil nos sirve a nosotros, independientemente de la causa penal, para constituir prueba a los efectos del reclamo civil”, agregó.

El ministro aclaró que las intimaciones no constituyen sanciones penales sino reclamos económicos: “Esto es una indemnización civil por el resarcimiento del daño. No tiene que ver con cuestión penal, no es una multa, ni se convierte en trabajo ni en pena ni en nada. Es una deuda civil y se ejecutará conforme las previsiones del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”.

En caso de incumplimiento, se abre la vía judicial. “Se notifica la deuda con un plazo de 5 días. Vencido ese plazo, los antecedentes se giran a Fiscalía de Estado y se inicia inmediatamente el juicio civil persiguiendo el cobro”.

Entre las posibles medidas, detalló: “Se procederá a embargar sueldos, a inhibir bienes, a embargar bienes registrables”. No obstante, el funcionario dijo que “esperan que las personas voluntariamente se haga cargo de la responsabilidad por el hecho de sus hijos en la mayoría de los casos, y eviten así los mayores costos que tendría si obligar al Estado a reclamar judicialmente, porque ahí ya tendríamos que sumar intereses, costas, honorarios”.

Ante la consulta respecto de que había pasado algo similar cuando se repetían los episodios de las amenazas de bombas en escuelas, indicó: “Sí, esa vez se puso en marcha un mecanismo similar. Hubo en aquella época algunos pagos voluntarios. También hubo algunas detenciones”.

Amenazas de balaceras No es broma es delito

El monto no es fijo ni tiene carácter punitivo, insistió el funcionario: “Es estrictamente un resarcimiento civil”. Para cada caso, se computan todos los recursos desplegados: móviles, brigadas, horas de trabajo y combustible.

“Ese monto surge exactamente, hasta con pesos y centavos, del costo que tuvo este operativo. No es ni un peso más ni un peso menos”, afirmó, y remarcó que de no cobrarse “tendríamos que distribuir ese costo entre todos los contribuyentes”.

Coccoccioni vinculó la medida con el uso eficiente de los recursos públicos: “Los santafesinos pagan sus impuestos para tener un servicio policial que prevenga el delito”. En ese marco, sostuvo que “cuando se distraen recursos para responder a este tipo de amenazas hay una estricta razón de justicia en la distribución del gasto: quien ocasiona esa erogación deberá pagarlo”.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.

Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Operativos de la Policía de Investigaciones este sábado.

Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este jueves 23 tres allanamientos en las localidades de Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, en el marco de las investigaciones por amenazas e intimidación pública en escuelas. Fueron identificados tres menores de edad, uno de ellos trasladado a sede policial.

La investigación se inició luego de que en la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda aparecieran pintadas en los baños con mensajes amenazantes como los que comenzaron a circular durante la última semana en los establecimientos educativos de toda la provincia. A partir de entrevistas y tareas investigativas, se logró establecer la posible autoría de un alumno de 16 años, identificado como N.Á., quien además habría instigado a otros estudiantes a continuar con este tipo de hechos.

Asimismo, se detectaron situaciones similares en la Escuela N° 206 de la localidad de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, donde también se registraron pintadas con amenazas, logrando identificar a los presuntos responsables, de 12 y 11 años respectivamente.

En este contexto, se efectuaron allanamientos en los domicilios vinculados a los investigados. Como resultado, en Casilda se secuestró un teléfono celular utilizado por el principal involucrado; en Arteaga se incautaron un celular, una computadora y dos revólveres a cebita; y en San José de la Esquina otro celular.Como consecuencia de los procedimientos, el menor de 16 años fue trasladado a sede policial para su correcta identificación y notificación de la causa por amenazas anónimas, mientras que respecto de los otros dos menores no se dispusieron medidas judiciales.Las medidas fueron dispuestas por la jueza penal Fabiola Piemonte, a partir de requerimientos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda, a cargo de la fiscal Rocío Cosgaya.

La investigación continúa en curso para determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades correspondientes en el marco de las innumerables pintadas, carteles y mensajes en establecimientos educativos de toda la provincia. Siguiendo esta línea, esta tarde el Gobierno de Santa Fe, conjuntamente con el MPA, informó acerca de las 39 intimaciones enviadas para cubrir los costos de los operativos policiales por 200 millones de pesos en la región centro-norte de la provincia. En este sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad inició una acción patrimonial y administrativa, relativa al cobro de los gastos ocasionados en materia de recursos, independientemente del trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que ya identificó a 73 de los autores.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”. 

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

Este martes se registraron nuevas pintadas con amenazas en la Escuela Nº 202 «Manuel Leiva» de Casilda, en el departamento Caseros. Pasadas las 10, el sistema de emergencias 911 recibió una comunicación alertando sobre la situación ocurrida durante la mañana.

La Unidad Regional IV de la Policía de la Provincia dio a conocer un parte oficial sobre el hecho. Según el informe, a la hora señalada, ingresó al Despacho 911 Casilda una incidencia por presunta «Amenaza sin Arma». Al arribar al establecimiento educativo, el personal policial se entrevistó con la directora del lugar. La funcionaria escolar refirió que en el baño de niñas se había detectado una inscripción en las paredes de azulejos de color beige. La frase, escrita con un lápiz tipo «cerita» de color azul, comenzaba con «EXPLOTA TODO…». La inscripción fue debidamente fotografiada como parte de las primeras actuaciones.

Posteriormente, se estableció comunicación telefónica con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), anoticiando al órgano fiscal interviniente y activando los protocolos de trabajo. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Unidad Operativa y personal de Policía Científica para la recolección de pruebas y pericias de rigor. Una vez finalizadas las diligencias en el lugar, se labró el acta de procedimiento correspondiente, que será entregada a la Comisaría 1ra.

En paralelo a la investigación judicial, la dirección de la Escuela Nº 202 «Manuel Leiva» de Casilda determinó la prohibición del uso y la portación de teléfonos celulares dentro de la institución durante toda la semana. La medida obedece a los hechos registrados el pasado viernes 17, cuando el establecimiento ya se había visto afectado por amenazas y pintadas que se replicaron en diversas escuelas del país.

La decisión fue comunicada oficialmente a las familias de los alumnos a través de una nota emitida por el equipo directivo. En la misiva, se solicita a los estudiantes no concurran con dispositivos móviles al establecimiento. La disposición, calificada de «terminante», busca resguardar el normal desarrollo de las actividades escolares y garantizar un ambiente seguro.

Tras emitir la resolución ministerial respectiva, el gobierno provincial comenzó a instrumentar el cobro del resarcimiento por las pintadas amenazantes en las escuelas de la provincia. En diálogo con El Litoral, Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, dijo que la medida apunta a "devolverle al Estado lo que el Estado erogó para poder cuidar a todos los santafesinos". "Y eso es así – amplió- porque estamos en presencia de un delito; no es un juego o una broma. Es una intimidación pública que intenta amedrentar y quebrar la paz social. Por lo tanto, el desafío de toda la policía de la provincia y del Ministerio de Justicia es cuidar a los santafesinos y esto tiene un costo; tiene una consecuencia económica. Y como sabemos, todos los argentinos reaccionamos y repensamos nuestro accionar cuando lo que nos duele es el bolsillo", expresó.

Según dijo, lo que se plantea es "el recupero de ese dinero, y que aquel irresponsable que comete un delito y que alerta a toda la sociedad y hace que el estado tenga que gastar recursos, los devuelva".

Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad.

- ¿Cuesta identificar a los responsables de las amenazas?¿O los adolescentes terminan confesando el hecho?

- Son distintos escenarios; en algunos casos es el propio autor el que por distintos mecanismos, particularmente a través del habla, lo expresa. En otros, se requiere una actividad investigativa más profunda. Pero la verdad es que estamos ante un fenómeno que incluso excede las fronteras de la provincia, y que se viene reflejando en todo el país. Son nuevas formas de cometer un delito; antes, lo normal era el llamado de amenaza de bomba y se podía rastrear rápidamente de dónde provenía. Hoy la situación es más compleja porque también los mecanismos de intimidación son distintos. En algunos casos tenemos pintadas, en otros son correos electrónicos; en algunos son mensajes por debajo de una puerta... En todos esos escenarios, las tareas investigativas son divergentes.

- ¿De los hechos de amenazas registrados, la mayoría fueron esclarecidos o la ecuación es al revés?

- De las 158 intervenciones que tenemos contabilizadas desde el 16 al 21 de abril, hasta acá se logró detener a siete personas. Pero los esfuerzos también están en tratar de avanzar en el recupero del dinero invertido en los operativos, el resguardo del patrimonio del estado (los edificios escolares) pero sobre todo, desacelerar y desalentar los llamados que se vienen haciendo.

- ¿En todos los casos de responsables identificados eran alumnos de las escuelas?

- Sí. Concurren a las instituciones que intentan amedrentar.

- ¿Qué información tiene sobre las amenazas en la Universidad Católica que fueron vía e-mail?

- Por la proximidad en el tiempo (fueron este martes), el hecho está en plena tarea investigativa. Se está tratando de identificar el origen del correo electrónico.

En la última semana aparecieron diversas amenazas en escuelas de Santa Fe y del país.

- Más allá del resarcimiento económico, ¿el alumno tiene algún tipo de sanción en el ámbito educativo?

- Ésa es una definición que debe adoptar el Ministerio de Educación de acuerdo a su normativa, pero recordemos que esto no es una cuestión meramente administrativa. Ese alumno si es un menor punible, termina con una causa penal y el registro en su legajo.

- Ahora, más allá de todas estas medidas, las amenazas se siguen multiplicando. ¿Qué lectura hacen de eso?

- Yo creo que esto es un fenómeno que atraviesa a todo el país y que el fervor de las redes sociales y la factibilidad de la viralización es un hecho. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo muy consecuentes en el mensaje y tenemos que darle tiempo… El protocolo se anunció el viernes y se materializó este martes. Creo que cuando efectivamente llegue la primera notificación del cobro del resarcimiento, se va a ver el efecto. Igualmente, hay que seguir trabajando con el Ministerio de Educación en la necesidad de diálogo porque esto no se puede resolver solamente desde lo coercitivo o lo sancionatorio. Demanda un trabajo y un abordaje conjunto con las escuelas, familias y con todo el aparato gubernamental. El nivel de esclarecimiento es alto pero no se logra aún con este nivel de identificaciones desacelerar los llamados. Insisto, es un fenómeno que tiene que ver como retos de las redes sociales…

El gobierno de Santa Fe aprobó un protocolo para el recupero y resarcimiento de gastos y/o daños ocasionados al Estado Provincial vinculados a hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares y espacios de socialización juvenil.

La medida está contenida en la Resolución N° 1201 del Ministerio de Justicia y Seguridad, firmada por el titular de la cartera, Pablo Cococcioni quien el lunes, en conferencia de prensa, había afirmado que "un operativo básico de este tipo, cuesta entre $5 y 6 millones", en alusión a amenazas en escuelas.

Cococcioni, firmante de la resolución para buscar resarcir al estado de los gastos de denuncias falsas. Crédito: Archivo / Manuel Fabatía.

El ministro adelantó entonces que habrá consecuencias legales y económicas, ya que cada operativo tiene un alto costo y se buscará cobrárselos a los responsables. Y ahora, la resolución cumple ese anuncio.

La Subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, elaboró el protocolo. El objeto es establecer un procedimiento administrativo uniforme que permita identificar, cuantificar y reclamar el recupero de los costos operativos, logísticos y administrativos en los que incurre el Estado Provincial, como consecuencia de intervenciones derivadas de este tipo de eventos, los cuales generan un significativo impacto en los recursos públicos.

El protocolo articula la intervención de las distintas áreas competentes -Ministerio Público de la Acusación, fuerzas policiales, áreas técnicas y administrativas- y define un circuito que comprende la recepción de información, la determinación de los recursos afectados, la conformación del legajo administrativo, la liquidación de los costos y la intimación extrajudicial a los responsables, con previsión de su eventual judicialización a través de Fiscalía de Estado en caso de incumplimiento.

En los considerandos se afirma que "la implementación de este instrumento permitirá dotar de mayor trazabilidad, previsibilidad y eficacia a las acciones de recupero, fortaleciendo la gestión administrativa y contribuyendo a desalentar conductas que implican la activación indebida de dispositivos de seguridad y emergencia".

La resolución está acompañada de un anexo con siete puntos que son los que se deberán seguir.

Lo primero es la recepción ministerial de comunicación del MPA, por la cual se individualiza al/los responsables del hecho denunciado con indicación de CUIJ, fiscal interviniente e identificación del autor/autores, partícipes, y adultos responsables, sus domicilios, celulares y todo otro dato pertinente para la consecución de estos fines.

Después intervendrá la la Subsecretaría de Legal y Técnica quien requerirá a la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera los costos operativos del servicio para esa incidencia. Luego, ordena conformar un legajo administrativo individual o expediente digital por cada hecho, en el que se incorporarán todas las actuaciones, informes técnicos, constancias de intervención de las fuerzas intervinientes, registros de comunicaciones, carta de incidencia de 911 y toda otra documentación que acredite la efectiva prestación del servicio y los costos incurridos, los que se pondrán a disposición de los requeridos, así como a los fines de su eventual utilización como prueba en sede judicial.

Las amenazas de tiroteos en escuelas se multiplicaron luego de la tragedia en San Cristóbal.

El punto 4 habla de la solicitud por medio de la Jefatura de Policía al Departamento de Operaciones Policiales (D-3), para la determinación de todos los recursos humanos, materiales afectados y costos en cada uno de los procedimientos, identificando si el operativo fue de baja, media o alta complejidad, participación de bomberos, brigada de explosivos, Policía de Investigaciones o cualquier otra fuerza especial.

Seguidamente se hará la cuantificación y liquidación a los fines de compensar los gastos en los que ha incurrido el Estado Provincial en la intervención requerida, la que será remitida a la Subsecretaría de Legal y Técnica a los fines de la intimación extrajudicial. El área librará la intimación de pago en el término perentorio e improrrogable de cinco días, a los fines que se proceda al recupero de los montos liquidados, por parte del o los adultos responsables del o los autor/res; sin perjuicio del derecho de la administración de reclamar posteriormente por mayores gastos o daños causados.

Por último, las notificaciones serán efectivizadas, a los fines de dar mayor celeridad al procedimiento, por personal policial. En el acto notificatorio se deberá consignar que en caso de no efectuarse el pago requerido, se librarán las respectivas instrucciones a Fiscalía de Estado, a los fines de que proceda a efectuar el inicio de las acciones judiciales correspondientes.

Resolución N° 1201 del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe by El Litoral

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe ampliaron este lunes la información vinculada a la comunicación dirigida a las familias ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos, en particular aquellos asociados a carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales y económicas de estas conductas: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, recordaron.

El detalle se brindó en una conferencia realizada en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno, encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín.

Prevención y rol de las familias

En ese marco, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

Asimismo, la cartera educativa pidió reforzar el diálogo en los hogares y alertó sobre las consecuencias de estas conductas. Goity señaló que, tras lo ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se detectaron nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que “alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”.

El ministro indicó que durante la última semana se trabajó en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situación. Además, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.

“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias”, afirmó Goity, quien convocó a construir una “alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”.

En la misma línea, destacó la implementación del Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de dispositivos y redes sociales. También mencionó las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos fenómenos.

65 incidencias en un día

Por su parte, Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.

El ministro precisó que “solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia”, lo que activa distintos protocolos de intervención.

En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.

Consecuencias legales y económicas

Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.

“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, sostuvo Cococcioni. En ese sentido, remarcó que cada intervención implica un costo operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.

Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.

Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante los episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares. Frente a este escenario, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Y se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

Además, en ese marco, la cartera provincial pidió reforzar el diálogo en los hogares y advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.

La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos no deben interpretarse como bromas o desafíos propios del ámbito escolar. “Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social”, se remarcó.

En ese sentido, Provincia informó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación y sancionado con penas de prisión. Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes dentro del fuero penal juvenil.

Desde la cartera educativa insistieron en la necesidad de que los estudiantes comprendan el alcance de este tipo de acciones, en un contexto donde las redes sociales pueden amplificar su difusión y banalizar sus consecuencias. El mensaje oficial apunta a desarticular la idea de anonimato o impunidad en entornos digitales y a visibilizar el impacto real de estas conductas.

En paralelo, se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.Otro de los ejes centrales de la advertencia está vinculado a las consecuencias económicas. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares. Este despliegue genera costos significativos para el Estado.

En ese marco, el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores. En consecuencia, la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos y la reparación de los perjuicios derivados de estos hechos.

La advertencia oficial también pone el foco en el efecto contagio que pueden generar este tipo de prácticas en redes sociales. “Las redes sociales pueden fomentar un efecto contagio, haciendo creer a los jóvenes que la virtualidad o el anonimato los exime de culpa”, se señala. Y se agrega: “Lo que comienza como un reto de TikTok puede terminar con un proceso penal en su contra donde ponen en riesgo su libertad y los bienes de su familia”.

Al mismo tiempo, se pide a las familias acompañar este proceso desde el hogar, promoviendo instancias de diálogo claras y sostenidas con niños y adolescentes. “Solicitamos a las familias dialogar de manera urgente y contundente sobre este tema en los hogares, asumiendo el compromiso irrenunciable de erradicar estas prácticas y proteger a nuestra comunidad”, concluye el documento oficial.