Fiscales generales de distintas provincias y especialistas internacionales recorrieron las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel destinada a internos de alto perfil criminal que el Gobierno de Santa Fe construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.

La visita se realizó en el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollan en Rosario. Participaron fiscales generales de nueve provincias, además de Giovanni Tartaglia y Daniel Francisco, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes suscribieron un convenio con la Procuración. Estuvieron presentes también el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone; la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, entre otras autoridades.

Tras conocer el avance de la obra, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, remarcó que “nos parece impresionante, es una obra descomunal. Se advierte mucho profesionalismo en el diseño y muchas ideas aplicadas en su construcción. Estamos todos gratamente sorprendidos por lo que conocimos”.

El funcionario también destacó los cambios registrados en Rosario durante los últimos años. “Durante la jornada conversamos sobre cómo cambió la situación de la ciudad, cómo ha progresado y cómo se lograron revertir situaciones que antes eran muy conflictivas. Se nota que la realidad cotidiana es totalmente diferente”, afirmó.

En ese sentido, consideró que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio Público de la Acusación “han sido conducentes” y remarcó la importancia del trabajo articulado. “Cuando se desarrollan políticas públicas coordinadas entre los poderes, los resultados siempre son positivos”, señaló.

Sobre las jornadas, López Zavaleta valoró el intercambio de experiencias entre las distintas jurisdicciones. “Estos encuentros son muy enriquecedores porque permiten compartir modelos de trabajo, detectar deficiencias y aprender de las experiencias de otras provincias”, indicó. Además, señaló que la Ciudad de Buenos Aires avanza en la construcción de módulos penitenciarios y en la consolidación de su propio servicio penitenciario, creado hace poco más de dos meses.

El Infierno tendrá capacidad para alojar a 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos cada uno. Su diseño fue concebido para reforzar el aislamiento, la seguridad y el control de los reclusos considerados de alto perfil criminal.

Por su parte, el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, calificó la iniciativa como “una obra inimaginable”. “He conocido otros penales, pero ninguno con las pretensiones de este en materia de seguridad, circulación, funcionamiento y modalidad de detención. Es único en el país; no conozco otro con estas características”, aseguró.

Crespo sostuvo que Rosario necesitaba una cárcel de esta naturaleza por la conflictividad que atravesó en años anteriores. “Paso a paso se va logrando controlar la situación, con mucho esfuerzo de todos los organismos del Estado. Nos llevamos muchas experiencias del trabajo que realizaron las fuerzas de seguridad para enfrentar un flagelo que había azotado a Rosario”, expresó.

Asimismo, destacó la reducción de la violencia criminal y la articulación entre el Gobierno Provincial y el Ministerio Público de la Acusación. “Es impresionante cómo disminuyó esta situación y cómo, día a día, mejora la vida de los rosarinos. El trabajo conjunto puede dar resultados y es evidente lo que está pasando en Rosario”, concluyó.

Las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales son organizadas por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, encabezado por Vranicich; el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante las dos jornadas se desarrollarán paneles sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen.

El encuentro cuenta también con exposiciones de especialistas de Italia, Chile y Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las herramientas de investigación y persecución de fenómenos delictivos complejos.

Funcionarios provinciales cuestionaron el pedido inédito de un preso de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero para continuar en una clínica privada, un tratamiento de fertilización asistida que había comenzado antes de ser detenido. En caso de que la práctica (una extracción de semen) no pueda ser realizada en el centro médico del instituto penitenciario, la defensa del interno solicita que pueda salir del penal. Se trata de Jonatan Riquelme, detenido en 2024 en el barrio porteño de Caballito, y sindicado como líder de una banda narcocriminal.

El caso desató una nueva polémica por la extrañeza del pedido y por la reacción de la justicia federal que no impuso obstáculos al planteo, aunque dejó la decisión final en manos de las autoridades provinciales.

Precisamente, desde el gobierno provincial, la titular del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, advirtió que preferiría entablar un diálogo con la justicia federal sobre otros aspectos; por ejemplo, sobre cómo brindarle una mayor y mejor seguridad a los santafesinos.

"Realmente desde la provincia consideramos que es muy importante concentrarse en la seguridad de la sociedad y no en las intenciones de procreación de un narcocriminal. Con lo cual - expresó-, preferiríamos no tener que estar dialogando respecto de una autorización para este tipo de tratamientos, sino de nuevas medidas para la seguridad provincial".

La funcionaria alertó, asimismo, sobre el despliegue en materia de móviles y efectivos policiales que deberían afectarse para garantizar un operativo de seguridad, en caso de que el interno deba salir de su lugar de detención.

Por su parte, el propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió al tema y dejó en claro que la novedad no fue bienvenida en el gobierno provincial. "Por supuesto que no celebramos para nada esta serie de permisos especiales", dijo el funcionario, consultado por la prensa.

"Hay que tener en cuenta los términos. Valoramos, al menos, no haber recibido una orden de nadie (para autorizar el traslado)", ironizó. "Lo que dice el oficio (de la justicia federal) – sostuvo- es sencillamente que como el interno está a disposición conjunta de la justicia provincial y federal, el juez federal dice 'bueno, mire, por mi parte no hay objeción. Hagan lo que quieran'. En lo que respeta a nosotros como provincia, informaremos luego, según las medidas de seguridad que evalúe el área de Asuntos Penales, qué contestación se eleva".

Aun así, adelantó que la situación descripta no está planteada, siquiera, en la Ley de Ejecución Penal. "En principio, eso no está previsto en nuestra legislación. Lo que sí está previsto – comentó- son las salidas que únicamente autoriza un juez competente en el marco de la libertad o salidas transitorias, o las salidas en casos excepcionales por motivos gravísimos de salud que no puedan ser atendidos dentro del propio servicio penitenciario".

Cococcioni aclaró que fuera de eso, "no hay nada contemplado". Y dejó en manos del Servicio Penitenciario la resolución final del caso.