La causa por narcotráfico que se desprendió del megaoperativo realizado el lunes 31 de marzo, con más de 16 allanamientos en domicilios, una agencia de turismo donde también funciona una casa de cambio y celdas de varias unidades penitenciarias, sumó este jueves un nuevo capítulo en los Tribunales de Venado Tuerto. En la sala 2 se desarrolló la audiencia imputativa y cautelar para dos de los empresarios investigados, quienes finalmente recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a una serie de estrictas medidas de conducta.

La audiencia fue presidida por el juez Leandro Martín, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, quien durante varias horas expuso en detalle las imputaciones formuladas contra Jorge K. (72) y Ezequiel A. (47), ambos alcanzados por la investigación que busca esclarecer el funcionamiento de una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes con base en Venado Tuerto.

Luego de varias horas se dio lectura de cargos, mientras que las partes alcanzaron un acuerdo que permitió que ambos imputados transiten el proceso en libertad.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Ezequiel A. fue imputado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes, una calificación que lo ubica con un grado de intervención relevante dentro de la maniobra que se investiga.

En tanto, Jorge K. fue imputado por comercialización de estupefacientes y además por tenencia de armas de guerra, en relación con los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco del operativo.

La defensa de los acusados quedó a cargo de la abogada Ana María Regidor, por Ezequiel A., y del letrado rosarino Jorge Resegue, en representación de Jorge K.

Si bien ambos recuperaron la libertad, el juez dispuso una serie de restricciones que deberán cumplir mientras avance la investigación. Entre las medidas fijadas figura el embargo de un inmueble ubicado en calle Junín por un monto de 60 mil dólares, además de la prohibición de salir del país.

También se ordenó que no puedan mantener contacto con otros implicados en la causa, así como la prohibición de modificar planillas vinculadas a cajeros, un punto que aparece mencionado dentro de la investigación en curso.

Con esta resolución, los dos empresarios continuarán sometidos al proceso judicial, aunque sin prisión preventiva. La investigación, en tanto, seguirá avanzando tanto en la esfera provincial como en la federal, en una causa de fuerte impacto regional que intenta reconstruir el alcance y la operatoria de una supuesta estructura narcocriminal asentada en Venado Tuerto.

Esta tarde, personal de la Comisaría 2da llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en calle Saavedra al 2900, en el marco de una investigación que se viene desarrollando por un presunto caso de estafa.

De acuerdo a la información oficial, el operativo arrojó resultados positivos, ya que los efectivos lograron localizar y secuestrar diversas prendas de vestir y un perfume. Según las pesquisas, estos elementos tendrían una vinculación directa con el hecho delictivo que se investiga.

Durante el procedimiento, se procedió a la demora de la moradora del inmueble, una mujer de 36 años. Tras finalizar las actuaciones en el lugar, la involucrada fue trasladada a la sede policial, donde se le notificó la formación de una causa en su contra por el delito de Estafa.

La mujer quedó alojada en la dependencia policial en calidad de detenida.

La investigación por narcotráfico que tiene como epicentro a Venado Tuerto derivó en un amplio despliegue judicial y policial este lunes, con allanamientos simultáneos en la ciudad, en Rosario y en distintas unidades penitenciarias de la provincia y la región. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, y se concretaron en el marco de una causa que instruye la Fiscalía Federal local junto con la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

Según se informó oficialmente, en total se realizaron 16 allanamientos en el marco de una pesquisa que apunta a una banda narcocriminal integrada por al menos 17 personas, la mayoría oriundas de Venado Tuerto. De ese total, 11 ya se encuentran detenidas y cumpliendo condenas por delitos vinculados a la ley de estupefacientes y otros hechos de gravedad.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del fiscal general Federico Reynares Solari, con la participación de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada. En forma paralela y coordinada, la Unidad de Microtráfico del MPA avanzó con cuatro allanamientos en domicilios específicos.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Venado Tuerto, donde estuvo incluida una casa de cambio señalada en la investigación como el lugar donde integrantes de la organización cambiaban dólares, y también en Rosario. A eso se sumaron requisas en 11 celdas distribuidas en distintas unidades penitenciarias: la Unidad N°11 de Piñero, la Unidad N°1 de Coronda, la Unidad N°5 de Rosario -Subunidad 3-, la Unidad N°6 de Rosario, la Alcaldía de Melincué y el nuevo Complejo Penitenciario Federal de Coronda.

De acuerdo con la información oficial, el expediente tramita bajo el Código Procesal Penal de la Nación.

Como resultado de los operativos, se incautaron teléfonos celulares, documentación y vehículos, elementos que ahora serán peritados y analizados por los investigadores con el objetivo de profundizar la pesquisa y determinar la eventual responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

La hipótesis judicial es que la organización seguía manteniendo actividad y vínculos operativos aun con varios de sus integrantes detenidos, motivo por el cual uno de los focos centrales de la investigación apunta a reconstruir las comunicaciones, movimientos y posibles maniobras económicas del grupo.

Desde la Justicia confirmaron que en los próximos días serán indagados los integrantes de la banda narcocriminal, en una etapa clave para avanzar con las imputaciones y precisar el rol que habría tenido cada investigado dentro de la estructura.

El avance conjunto entre la Fiscalía Federal y el MPA vuelve a poner el foco en la articulación entre la justicia federal y provincial para abordar causas complejas vinculadas al narcotráfico, especialmente aquellas que combinan venta de estupefacientes, manejo de dinero y conexiones con personas privadas de la libertad.

Una serie de allanamientos realizados este lunes en Venado Tuerto culminó con la detención de dos personas en el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y operaciones ilegales con divisas.

Los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia Federal, en una causa que se desprende de investigaciones previas por comercialización de estupefacientes.

En este marco, el fiscal del MPA, Iván Raposo, explicó que la investigación se originó a partir de declaraciones de imputadas detenidas el año pasado por venta de drogas, lo que permitió avanzar sobre nuevas líneas investigativas.

“Con el análisis de billeteras virtuales y nueva evidencia, se pudo identificar a personas vinculadas a la organización, lo que derivó en los allanamientos realizados este lunes”, detalló el fiscal en diálogo con Antes que Nada (LT29) .

En paralelo, la Justicia Federal investiga otro tramo de la causa relacionado con operaciones económicas, aunque ambas jurisdicciones coinciden en los mismos sujetos investigados.

Desde la órbita provincial se realizaron cuatro allanamientos: dos en domicilios particulares de los titulares de una agencia de turismo local, uno en un domicilio vinculado a familiares y otro en la propia agencia.

En uno de los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo: dispositivos electrónicos (computadoras, celulares y memorias digitales); documentación relevante; dinero en efectivo en distintas monedas (pesos, dólares y euros) y armas de fuego de diferentes calibres.

“Se incautó una gran cantidad de material que ahora deberá ser analizado en profundidad, ya que hoy la información relevante está mayormente en formato digital”, indicó Raposo .

Según explicó el fiscal, la principal línea investigativa apunta a una presunta participación secundaria en el circuito del narcotráfico.

“Lo que se investiga es que estas personas habrían recibido dinero proveniente de la venta de estupefacientes y lo canalizaban a través de operaciones de cambio de divisas, facilitando así la actividad ilícita”, precisó .

En ese sentido, aclaró que no se les atribuye directamente la comercialización de drogas, sino una colaboración en el manejo y circulación del dinero generado por esa actividad.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas dos personas: uno de los titulares de la agencia de turismo y un familiar directo vinculado a la investigación.

Ambos permanecerán detenidos al menos hasta la audiencia imputativa y cautelar, que podría realizarse en los próximos días.

Debido a la complejidad del caso y la existencia de múltiples imputados, el fiscal solicitó la aplicación de un plazo extraordinario de hasta 15 días para avanzar con la imputación formal.

“Se trata de una causa compleja, con organización delictiva y múltiples líneas de investigación abiertas”, remarcó Raposo .

En el marco de una investigación conjunta entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y la Gendarmería Nacional, se lleva a cabo este martes en la tarde un importante despliegue por la comercialización de piezas que forman parte del patrimonio cultural, histórico y arqueológico. El principal investigado es una persona dedicada a la venta de antigüedades que opera en la ciudad.

El operativo, que inició el pasado martes por la tarde y aún continúa en desarrollo, incluyó el registro de dos domicilios particulares ubicados en las intersecciones de Edison e Iturraspe, y en la calle Colón. Asimismo, las fuerzas de seguridad inspeccionaron dos depósitos situados en calle Dean Funes y en 9 de Julio al 1100.

Según informaron las autoridades judiciales, aunque la medida aún no ha finalizado, ya se han secuestrado cerca de 80 objetos de gran valor histórico. Las tareas de catalogación y aseguramiento de las piezas continúan para determinar el alcance total del material recuperado y su procedencia exacta.

En desarrollo

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó a cabo este lunes un allanamiento en la ciudad de Venado Tuerto. El operativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género y el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, en el marco de una causa que investiga la distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Cabral al 1600, por disposición de la fiscal interviniente, Luciana Del Grecco. La investigación se inició a partir de una denuncia detectada mediante el sistema SIPAR. Durante la medida judicial, los efectivos policiales lograron el secuestro de telefonía celular y otros dispositivos de almacenamiento de datos considerados de interés para el avance de la causa.

En el lugar del operativo se encontraba un hombre, quien fue trasladado a la sede policial para ser notificado de las actuaciones legales. Tras verificar sus antecedentes, la fiscalía dispuso que el sospechoso continúe el proceso en estado de libertad. No obstante, el hombre fue citado a una audiencia de imputación y lectura de derechos que se realizará mañana martes 3 de febrero.

Actualmente, las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación para determinar el alcance de la red de distribución.

En la mañana de este miércoles 24 de diciembre, se realizaron dos allanamientos en Venado Tuerto en el marco de una investigación por venta ilegal de pirotecnia, tras denuncias presentadas por el Gobierno local. El operativo se desarrolló de manera conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Justicia, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, y el coordinador regional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Nahuel Pasquinelli.

Desde el área municipal indicaron que se trató de uno de los procedimientos más relevantes por el volumen secuestrado, en un contexto donde en la ciudad rige desde hace casi una década el esquema de “pirotecnia cero”, con ordenanzas que prohíben tenencia, uso y comercialización.

La intervención se originó a partir de reclamos de vecinos por comercialización a través de redes sociales. La investigación se centró en un perfil de Facebook que se promocionaba como “Cosas lindas (fuegos y entretenimiento)”, donde se ofrecían artefactos bajo modalidad online.

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, explicó que el foco estuvo puesto en la venta, porque “hace tiempo que venimos peleando con el tema de la venta de pirotecnia”, y remarcó que el mayor desafío fue el circuito digital: “El problema que tenemos básicamente con la venta de pirotecnia es la modalidad de la venta online, por redes”.

Rocha señaló que este año, a diferencia de temporadas anteriores, no habían logrado decomisos menores en comercios: “A esta altura del año, el año pasado nosotros ya teníamos decomisos pequeños. A esta altura no teníamos nada”. Sin embargo, advirtió que las denuncias vecinales persistieron por un perfil que “muy libremente se publicitaba incluso el uso de la pirotecnia” y hasta promocionaba “venta mayorista”, lo que elevó la preocupación por el riesgo de almacenamiento.

A partir de las presentaciones, la PDI avanzó con tareas investigativas que derivaron en órdenes de allanamiento dispuestas por el juez Mauricio Clavero, con intervención de la fiscal Luciana Del Grecco.

Rocha precisó que, junto a Pasquinelli, realizaron denuncias por separado ante el MPA: “Nos constituimos en persona como denunciantes en el MPA, denunciando el perfil”, y destacó que luego “el excelente trabajo que hizo la PDI” permitió completar la investigación y concretar los procedimientos.

Los procedimientos se realizaron en Rivadavia 1361, donde funciona un local comercial de venta de muebles y no se halló material prohibido, y en Santa Cruz 37, un domicilio particular donde se constató una gran cantidad de pirotecnia.

En la vivienda de Santa Cruz, personal de la PDI requisó distintos sectores y halló cajas con material destinado a la venta, además de bengalas y botes de humo ocultos dentro de un ropero. Todo fue secuestrado y decomisado, junto con teléfonos celulares vinculados a la causa.

“Encontramos muchas cajas, mucha cantidad”, sostuvo Rocha, y describió la variedad: “De todo, desde una estrellita hasta bombas de estruendo, baterías de tiros, bengalas de humo, globos que están prohibidos, cañas voladoras”. También indicó que, por la diversidad de presentaciones, era difícil estimar el valor total: “Hoy es muy difícil de calcular la cantidad y el valor económico de todo esto”.

La funcionaria subrayó que el decomiso apuntó a cortar el negocio por su impacto económico: “El impacto económico, del dinero que significa todo esto, que por suerte lo hemos podido decomisar y lo vamos a sacar de circulación”.

Como resultado del procedimiento, se labró un acta de infracción a la mujer que se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento. El responsable fue identificado como Luigi Alexander Gorosito, quien quedó imputado en una causa enmarcada en el artículo 61 del Código de Faltas de Santa Fe (ley 10.703), referido a negocio prohibido o no autorizado.

Rocha aclaró el encuadre legal: “Esto es una infracción al Código de Faltas. Se invoca el artículo 61 que habla de un negocio no autorizado o negocio prohibido”. Y diferenció la situación provincial de las ordenanzas locales: “La pirotecnia generalmente es legal, lo que la prohíben son las ordenanzas locales”.

En el lugar también trabajaron inspectores de la Dirección de Inspección General, quienes procedieron al decomiso de la mercadería, que posteriormente será destruida, según se informó desde el operativo.

En Venado Tuerto, personal de la Comisaría 2da logró recuperar una importante cantidad de ropa y otros elementos sustraídos durante un robo ocurrido este miércoles en un comercio de indumentaria ubicado en calle Alberdi.

La investigación se activó luego de que el propietario del local denunciara el hecho y aportara un dato determinante: su teléfono celular robado figuraba geolocalizado en una vivienda de calle Argonz. Cuando el comerciante y la policía se presentaron en el domicilio, una mujer entregó voluntariamente el teléfono, situación que llamó la atención de los agentes y motivó nuevas medidas.

Por disposición de la Fiscalía, se realizó un registro voluntario dentro de la vivienda. En ese procedimiento se secuestraron varias prendas coincidentes con las denunciadas como sustraídas.

Los efectivos también observaron en el mismo terreno otra edificación, en cuyo interior —a simple vista— se advertían bolsas con elementos que aparentaban ser ropa y zapatillas. Ante esa situación, se solicitó una orden de allanamiento para continuar con el procedimiento.

Cerca de las 15, ya con la orden judicial correspondiente, se concretó el allanamiento. El operativo arrojó resultado positivo: los uniformados secuestraron zapatillas, perfumes y diversas prendas de vestir que serían parte del botín del robo perpetrado horas antes.

La mujer que reside en el inmueble fue trasladada a sede policial para la formación de causa por encubrimiento y estafa. Las actuaciones continúan bajo directivas de la Fiscalía interviniente, mientras se avanza en el esclarecimiento total del hecho y la restitución de la mercadería recuperada.

Carlos Daniel “Mele” R. (50) quedó en prisión preventiva en el marco de una causa donde es investigado por comercialización de estupefacientes. Se trata de una investigación que llevó adelante el fiscal Iván Raposo que derivó en un allanamiento en calle Caparrós al 500 en la noche del jueves donde se incautó cerca de 150 gramos de cocaína escondidos en una escalera.

En tanto, en la jornada del lunes se llevó adelante una audiencia en donde el “Mele” fue imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Minutos más tarde se resolvió que quede en calidad de detenido hasta el juicio oral y público.

Pruebas clave: droga, dinero y vigilancia

Durante el procedimiento, los agentes de la División Microtráfico – Región III, con apoyo de efectivos del Departamento Operativo Complejo y Grupos de Irrupción del GOT de Villa Constitución y Casilda, secuestraron 146,4 gramos de cocaína, $194.150 en efectivo y un teléfono celular.

Además del material incautado, la Fiscalía sostiene que existen registros fílmicos obtenidos en la vivienda del acusado, que lo muestran realizando presuntas maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. También se sumaron testimonios de vecinos, quienes habrían señalado que en el domicilio funcionaba un punto constante de comercialización de droga.

“Es una persona conocida en el ámbito de la venta de estupefacientes, puesto que ya tiene una condena de siete años del Juzgado Federal. En 2023 también había sido condenado por cuestiones de género. Y el año pasado había recuperado la libertad”, detalló Iván Raposo.

Pero al poco tiempo todos los indicios señalaban que “este sujeto en su domicilio vendía estupefacientes, razón por la cual se llevaron adelante distintas tareas investigativas. Se registraron dos secuencias donde personas se acercaban a la casa por un breve lapso, con típicas maniobras de narcomenudeo”, agregó el fiscal.

En consecuencia, la orden de detención fue emitida tras un informe estas tareas investigativas elaborado por el jefe de la División Microtráfico de la ciudad.

Un operativo antidrogas llevado a cabo en la ciudad de Venado Tuerto permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes. La investigación, liderada por el fiscal Iván Raposo, culminó con la detención de cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada al microtráfico.

El procedimiento se realizó en la jornada del martes en una vivienda ubicada sobre calle Presidente Perón al 1200, donde efectivos policiales secuestraron 29,1 gramos de cocaína fraccionada, 13 teléfonos celulares, una balanza digital con restos de estupefaciente, recortes utilizados para el embalaje y $420.000 en efectivo. Además, se encontraron platos con vestigios de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de la comercialización.

Los detenidos

Como resultado de la pesquisa, la Justicia ordenó la detención de cuatro personas por su presunta participación conjunta en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según la calificación legal provisoria. Los arrestados son:

Todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación y serán indagados en las próximas horas.

Sospechas de una red de venta

Los elementos incautados y las circunstancias del operativo permitirían inferir que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes. La presencia de teléfonos celulares, herramientas de fraccionamiento y una importante suma de dinero fortalecen esta línea investigativa.

No se descarta que existan más implicados, y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el alcance total de la presunta red.

Una joven madre de Venado Tuerto, identificada como Micaela Soledad Techeira, fue condenada a cuatro años de prisión por comercialización de estupefacientes, en el marco de una causa llevada adelante por el fiscal Iván Raposo y resuelta mediante un procedimiento abreviado.

El proceso judicial se originó a raíz de una denuncia presentada el 16 de febrero pasado por Nahuel Pasquinelli, funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, quien informó sobre la venta de drogas en una vivienda ubicada en Pasaje Torres al 600. La información fue respaldada por testimonios de vecinos, autoridades barriales y el propio intendente.

Allanamiento y secuestro de pruebas

El 4 de mayo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), División Microtráfico, llevó adelante un allanamiento en el domicilio denunciado, donde se secuestraron envoltorios de nylon, una balanza de precisión, tijeras metálicas, celulares y dinero en efectivo.

Según consta en el acta del procedimiento, los elementos hallados estaban ocultos debajo de una almohada, en una cama matrimonial. También se incautaron anotaciones presuntamente vinculadas con la actividad delictiva.

La evidencia fue clave para avanzar en la imputación contra Techeira, quien fue formalmente acusada el 8 de mayo ante el juez Mauricio Clavero.

Condena en procedimiento abreviado

Durante el proceso judicial, las partes acordaron un procedimiento abreviado, en el cual Techeira fue reconocida como autora del delito de comercialización de estupefacientes, previsto en la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737.

El acuerdo incluyó la imposición de una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque —por su condición de madre a cargo de hijos menores— se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria.

Vulnerabilidad y contexto social

La defensa, a cargo de la Dra. Silvia Couselo, destacó la situación de extrema vulnerabilidad social y económica de la acusada, quien carece de instrucción formal, empleos estables y vive en casa de sus padres con sus hijos.

Desde la fiscalía se admitió que esta condición fue un factor determinante en su conducta delictiva, y se hizo hincapié en la necesidad de abordar estos casos con un enfoque que combine el cumplimiento de la ley con el principio de humanidad de las penas.

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la venta de estupefacientes en Venado Tuerto. Se trata de Emilio Alberto Zeman (62), quien fue hallado culpable de tenencia de drogas con fines de comercialización, tras una investigación encabezada por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación.

Un procedimiento planificado

Las tareas de inteligencia comenzaron el 18 de junio de 2025 con agentes de la Policía Federal Argentina. Las observaciones en el domicilio ubicado en calle Urquiza al 400 revelaron un patrón típico de comercialización de drogas: personas que ingresaban al lugar, específicamente al fondo del terreno, y salían pocos minutos después.

Frente a estos indicios, el fiscalsolicitó una orden de allanamiento, que fue ejecutada el 2 de julio. En el procedimiento, los efectivos hallaron 10,42 gramos de marihuana picada y 5,65 gramos de cocaína, además de una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. También se encontraron objetos de dudosa procedencia: garrafas, bombas de agua, amoladoras, herramientas y bicicletas, aunque finalmente estos fueron restituidos a sus poseedores al no comprobarse su origen ilícito.

Finalmente, gracias a distintas pruebas, se ordenó la detención de Zeman el 3 de julio de 2025. El procedimiento judicial avanzó rápidamente y, con acuerdo entre las partes, se llevó a cabo un juicio abreviado.

Condena firme

El juez interviniente, Adrián Godoy, a instancias el fiscal Iván Raposo, resolvió condenar a Emilio Alberto Zeman a cuatro años de prisión efectiva como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en violación a la Ley Nacional de Drogas 23.737. La defensa estuvo a cargo del abogado Omar Ianni.

En la tarde del jueves, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), Región III, realizó un allanamiento en una vivienda de calle Valdez al 1.600, en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La medida fue dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación, bajo la órbita de la Fiscalía Regional N.º 3, a cargo del fiscal Iván Raposo. El operativo contó además con el acompañamiento del Comando Radioeléctrico, que brindó apoyo logístico y de seguridad en el lugar.

Drogas y elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a varias personas, entre ellas tres adultos: Brian A. J. (29 años), Marcelo Rodrigo C. (28) y Andrea Cecilia T. (46). También había menores de edad, cuya situación fue informada a las autoridades correspondientes.

De la requisa en el domicilio surgió el secuestro de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación móvil, considerados de interés para la causa que se investiga.

Un detenido

Finalizadas las tareas en el lugar, el fiscal interviniente dispuso la detención de Brian A. J., quien fue trasladado a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto, donde quedó alojado a la espera de su audiencia imputativa.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la fiscalía, que continuará con las diligencias investigativas en el marco del proceso penal.

Trabajo coordinado

Desde la Policía de Investigaciones destacaron que este tipo de operativos responden a políticas de seguridad orientadas a combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de venta de droga en barrios de la provincia.

“Se trata de una labor coordinada entre el MPA, las fuerzas de seguridad y los gobiernos provincial y municipal, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la comunidad”, indicaron fuentes policiales.

Un total de 14 allanamientos se llevaron adelante en las primeras horas de este jueves en las localidades de Venado Tuerto, San Gregorio, Santa Isabel y Rosario. Como resultado fueron detenidas 10 personas, se incautaron armas de fuego, cocaína y marihuana. La investigación está a cargo del fiscal Iván Raposo. 

Se trata de una investigación que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación en el marco de una causa por microtráfico.

Fuentes consultadas por Sur24 adelantaron que se trata de una banda ligada a un reconocido narco venadense que actualmente se encuentra detenido y condenado por hechos de similares características.

Decenas de agentes policiales participaron de los allanamientos que se llevaron adelante en distintos distritos y que arrojaron resultados positivos según los primeros informes a los que accedió este medio.

Entre las 10 personas detenidas se encuentran dos sujetos sobre los que pesaba un pedido de captura.

En la mañana de este martes, personal de la Comisaría Segunda de Venado Tuerto realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Francia al 2400, en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 22 de julio.

Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultados positivos: se secuestraron prendas de vestir y diversos elementos vinculados al hecho investigado. Además, fue aprehendido el presunto autor del robo, quien ya había sido identificado previamente gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

La Fiscalía interviniente dispuso que el sujeto sea notificado de la causa por el delito de robo calificado por escalamiento y agravado por efracción.

Cuatro personas fueron detenidas en Venado Tuerto acusadas de vender droga bajo la modalidad “delivery” en el barrio Rivadavia, utilizando menores de edad. La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y derivó en una causa que incluyó cinco allanamientos simultáneos.

El propio mandatario dio a conocer el nombre de los detenidos: “Natalia Amaya, Javier ‘Beco’ Orellano, Leonel ‘Leito’ Andrada y Sofía Enea”. El operativo fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la dirección del fiscal Iván Raposo y con intervención del juez Leandro Martín.

Consultado al respecto el intendente Leonel Chiarella recordó que la investigación comenzó con una denuncia que presentaron desde el Gobierno municipal junto al funcionario del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli.

“Cuando el Estado actúa con decisión, la Justicia avanza y la Policía investiga, los resultados llegan. Este es el camino: enfrentar al delito con firmeza, sin mirar para otro lado”, señaló al respecto Chiarella.

Luego, el mandatario remarcó: “Vamos a seguir trabajando para que los vecinos vivan con tranquilidad. No hay lugar para el narcotráfico en Venado Tuerto”.

Durante los procedimientos se secuestraron 16 teléfonos celulares, $1.305.410 en efectivo, marihuana, cocaína fraccionada, una balanza de precisión, recortes de nylon, cartuchos, un reloj inteligente y un picador.

Los detenidos fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de menores de edad, y quedaron bajo prisión preventiva sin plazo.

En la jornada del viernes, la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto, con apoyo de unidades tácticas y caninas, concretó un operativo simultáneo en cinco domicilios. Como resultado, incautaron abundante cantidad de drogas y cuatro personas fueron detenidas, en el marco de la Ley Provincial N° 14.239 de desfederalización del narcomenudeo.

Procedimiento 

Se registraron cinco allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Rivadavia al 2100, Aufranc 500, Eva Perón al 500 y Reimundo Caparrós 500.

Fueron llevados adelante por la PDI División Microtráfico, el Departamento Operativo y Complejas, la Unidad Canina, y los Grupos Tácticos de irrupción.

¿Qué se incautó?

Detenciones

Durante un procedimiento judicial realizado el pasado 30 de mayo en Venado Tuerto, agentes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII, descubrieron a una mujer de 70 años viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El allanamiento, ordenado por el juez en el marco de una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y facilitamiento de la prostitución, tuvo como epicentro una vivienda que escondía, en su parte trasera, una precaria construcción improvisada.

Allí, los efectivos hallaron a la anciana acostada en una cama, dentro de una habitación sin iluminación, sin baño, sin calefacción ni aislamiento térmico. El espacio presentaba aberturas que la dejaban expuesta a las inclemencias del tiempo. Junto a la cama había un balde utilizado como sanitario, debido a que la mujer no podía movilizarse por sus propios medios.

En el sector frontal del inmueble se encontraban tres personas —dos mayores de edad— quienes aseguraron estar a cargo del cuidado de la mujer. Uno de ellos presentó una escritura que documentaba la supuesta venta de la propiedad en 2024 por un millón de pesos, una cifra considerada irrisoria por los investigadores teniendo en cuenta las características de la vivienda.

Por disposición de la fiscal Andrea Cavallero se tomaron declaraciones a vecinos de la cuadra, quienes informaron que la mujer poseería además dos inmuebles adicionales en la misma manzana: una casa en buen estado y un galpón lindero.

La víctima fue entrevistada por las autoridades, a quienes relató que había sido desplazada a ese espacio precario y que no recibía atención médica ni ingresos de su jubilación ni pensión, los cuales eran percibidos por una de las personas que residía en la vivienda principal.

Tras la constatación de los hechos, la mujer fue trasladada al Hospital Regional Alejandro Gutiérrez, donde fue asistida por personal médico y diagnosticada con diversas lesiones. Se encuentra fuera de peligro.

En tanto, se procedió a la detención de dos personas cuyas iniciales son Y.A.O. y R.M.J.A., quienes ocupaban la vivienda. Además, se secuestraron dinero en efectivo, un ticket de extracción bancaria a nombre de la víctima, un arma de fuego, réplicas de armas, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Ante la situación de extrema vulnerabilidad, personal del hospital y de la División Microtráfico organizaron una colecta solidaria para donarle ropa, ya que no se encontraron pertenencias personales de la mujer en el lugar.

Un operativo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto desmanteló una banda narcotraficante familiar tras una serie de allanamientos en el barrio Villa Moisés. La investigación, iniciada en julio de 2024 a partir de denuncias anónimas al Buzón de la Vida, reveló que el grupo criminal contaba con la complicidad de un policía retirado y su esposa.

Bajo la supervisión de los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, y con la orden del juez federal Aurelio Cuello Murúa, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en la mañana de este viernes. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional en Venado Tuerto, con apoyo de unidades de Rosario, involucrando un total de 35 efectivos y siete móviles.

Las acciones permitieron la detención de Vanina H., señalada como líder de la organización, y de su madre, Stella Maris U. También están involucrados su hermana, su sobrino y otras tres personas, entre ellas un menor de edad.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue la participación de un expolicía provincial recientemente retirado, Hugo O., y su esposa. Ambos alertaban a la banda sobre posibles allanamientos, lo que les permitía evitar capturas y ocultar pruebas.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron cocaína, marihuana, elementos de corte, municiones, dos manoplas, once teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos. Todo este material será incorporado a la causa como evidencia.

Las detenidas fueron trasladadas a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, mientras que el resto de los involucrados serán imputados en los próximos días en audiencia ante el Juez Federal por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

Este miércoles, personal de Comisaría 2da de la ciudad de Venado Tuerto, recuperó herramientas y aprehendió a cuatro mayores y un menor.El ilícito se llevó a cabo el 1 de enero del corriente,  en una obra en construcción ubicada en calle 37 y Moreno, de la cual sustrajeron herramientas y materiales para la construcción.

Personal de Comisaría 2da, tras realizar tareas de investigación, logró recuperar casi en su totalidad los elementos sustraídos, para ello debieron realizar un registro voluntario en una vivienda ubicada en calle 39 al 1000 y un allanamiento en un domicilio lindero.

La policía trasladó a dos hombres de 32 y 41 años, una mujer de 38 años y dos jóvenes de 16 y 18 años, además procedió al secuestró de todos los elementos recuperados.

La fiscalía dispuso que notifiquen a los mayores de edad de la causa por el delito de encubrimiento y en cuanto al menor, en consulta con el Juzgado de Menores ordenó la notificación de la misma causa y que sea entregado a sus progenitores.

Es dable hacer mención que todos pertenecen a un grupo familiar y que el fiscal en turno ordenó que el hombre de 41 años y el joven de 18 años permanezcan detenidos hasta la audiencia imputativa.