La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.

Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Operativos de la Policía de Investigaciones este sábado.

Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

Danilo Chiapello

Desde la madrugada de este martes, la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas fueron escenario de un amplio despliegue policial con 33 allanamientos en simultáneo, en el marco de diversas investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.

Los procedimientos, coordinados por la fiscal Urquiza y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dejaron hasta el momento un saldo provisorio de varias personas a disposición de la Justicia, entre ellas una decena de detenidos —hombres y mujeres—, además del secuestro de armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos.

Las irrupciones se concretaron en distintos puntos estratégicos de la capital provincial y alrededores. Entre los barrios intervenidos se encuentran Los Jesuitas, Loyola Norte, Loyola Sur, La Loma, San Agustin, Coronel Dorrego y Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Nelson.

Las medidas judiciales responden a múltiples causas en trámite, que abarcan desde Homicidio, microtráfico de drogas hasta abuso de armas y amenazas calificadas. Fuentes del procedimiento indicaron que la investigación llevaba varios meses y que los allanamientos fueron ordenados en simultáneo para evitar fugas o entorpecimiento de pruebas.

En cada uno de los domicilios se desplegaron grupos tácticos de la PDI, con apoyo de unidades especiales de la Unidad Regional I, lo que permitió asegurar los perímetros y ejecutar las órdenes con rapidez y precisión.

Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego de distinto calibre, teléfonos celulares, motocicletas, automóviles y camionetas, además de cantidades no precisadas de marihuana y cocaína.

También se secuestraron sumas de dinero en pesos y dólares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las causas investigadas.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y se espera que en las próximas horas se definan sus situaciones procesales, en una causa que permanece en pleno desarrollo y no descarta nuevas medidas.

Una causa por violencia de género dio un giro imprevisto con el secuestro de más de 6 kilos de marihuana y más de 200 gramos de cocaína, durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri) de la Policía de Santa Fe en zona sudoeste de la ciudad de Rosario.

Personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI llevó adelante un procedimiento en el cual se incautaron 567 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 210 gramos y 16 ladrillos de marihuana por un peso de 6,100 kilogramos.

El allanamiento de fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se desarrolló en un domicilio de Pasaje 1854 al 6300 de Rosario, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de la fiscal Antonela Valente. En el lugar fueron aprehendidas tres personas y a otras dos se le libró pedido de captura.

Durante la requisa en una de las habitaciones se procedió al secuestro de tres armas de fuego (dos pistolas calibre 22 y una calibre 380), como también una carabina de aire comprimido modificada en su recámara.

Por disposición de la fiscal interviniente y en coordinación con la Fiscalía de Microtráfico a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, se ordenó el secuestro de la totalidad del material estupefaciente y la detención de los moradores del domicilio, identificados como Jorge Mario O. (63 años), María Belén O. (33) y Walter Alejandro A. (34).

Asimismo, se dispuso solicitar orden de captura para dos hombres sindicados como posibles responsables del hecho de violencia de género y del material estupefaciente y de las armas incautadas.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Microtráfico de la PDI para su correspondiente peritaje, continuando la investigación en curso.

La Policía de Santa Fe, a través de Unidad Especial de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), llevó adelante un megaoperativo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, que incluyó 16 allanamientos en la localidad de Empalme Villa Constitución, por una causa de comercialización de estupefacientes al menudeo con connivencia policial. Como resultado de las medidas resultaron detenidas 7 personas, entre ellas el jefe de la seccional 5ª de la Unidad Regional VI del departamento Constitución.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Franco Carbone, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una denuncia telefónica anónima puso en marcha la investigación del personal de Asuntos Internos, unidad especial dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

Como resultado de tareas investigativas, de inteligencia y vigilancia encubierta, se logró desarticular una organización criminal dedicada a la venta de drogas, la cual contaba con connivencia policial. Y además se estableció la participación de otras dos personas privadas de la libertad, que también irán la semana próxima a audiencia imputativa junto a los 7 detenidos.

En ese contexto se realizaron 16 allanamientos en la localidad de Empalme Villa Constitución, procediéndose a la detención del inspector Eduardo Q., jefe de la Seccional 5ª de la UR VI mientras se encontraba en funciones en la sede policial a su cargo. Además fueron detenidos seis civiles identificados como Martín G.; Brian Ariel V.; Eduardo Darío V. alias “El Gordo Tife”; Jonathan V.; Celeste T.; y Ulises C.

En el marco del mismo operativo, también se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional VI, en donde se procedió al secuestro de su teléfono celular y documentación relevante para la investigación.

Además se procedió al secuestro de aproximadamente 11 kilos de marihuana en plantas y en instancia de procesamiento, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 3 gramos de cocaína, balanzas de precisión, material de corte, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

​Este viernes, personal de la Comisaría 2da llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 2 de Abril al 900, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido durante la madrugada de hoy.El operativo arrojó resultado positivo, logrando la recuperación de una motocicleta Honda Wave de color blanco y el secuestro de prendas de vestir de interés para la causa.

​Durante la intervención, los uniformados aprehendieron a un adolescente de 16 años que residía en el domicilio. La presunta autoría del menor en el hecho logró establecerse gracias a las rápidas tareas investigativas y al análisis de los videos de cámaras.​Posteriormente, el involucrado y los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.

A través de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto del combate contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron en el sur provincial más de diez kilogramos de cannabis sativa de alta calidad en un sofisticado vivero clandestino “indoor”.

La presente investigación fue impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a cargo del Dr. César Pierantoni.

Las tareas de inteligencia comenzaron en enero del corriente año, a partir de tareas de campo realizadas por la División Antidrogas Rosario.

Los detectives identificaron a un sujeto que se presentaba públicamente como asesor jurídico y que no registraba actividad laboral lícita conocida.

Luego, los agentes establecieron que este hombre operaba un centro de cultivo intensivo de cannabis sativa en un departamento ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario.

Esta vivienda estaba especialmente acondicionada para la producción de marihuana a través del sistema “indoor”, con tecnología destinada a maximizar la calidad y el rendimiento de los cultivos.

Una vez que la droga estaba lista para su comercialización, el investigado utilizaba la modalidad “delivery” con el fin de distribuirla en otros barrios usando su auto particular para no levantar sospechas.

Por otra parte, se detectó un segundo domicilio a pocas cuadras, utilizado para otras maniobras ilícitas.

Con el material probatorio aportado por los uniformados, la unidad fiscal interviniente ordenó los allanamientos, por los cuales posteriormente se logró la detención del investigado, un ciudadano argentino de 30 años de edad.

Durante el procedimiento se secuestraron más de 10 kilogramos de marihuana, 219 plantas de cannabis sativa (de distintas variedades de alta potencia y gran concentración de THC, conocidas en el mercado ilegal como “cannabis premium” cuyo valor puede multiplicar varias veces el precio de la marihuana prensada tradicional), 4 viveros completos “indoor”, sistemas de riego y de iluminación especial, gran cantidad de elementos de cultivo, fumigadores, 200 macetas, 1 automóvil, 7600 dólares, 914.000 pesos, una máquina de contar billetes, 4 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas (23.737).

Personal policial del Distrito Melincué, con la colaboración del Distrito Firmat, el Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto y la Comisaría 8va, llevó adelante un allanamiento y detención en la localidad de Elortondo. El procedimiento se originó a raíz de una investigación por un hecho de robo ocurrido en dicha localidad.

La labor de los investigadores incluyó el relevamiento de cámaras de videovigilancia, la extracción de registros fílmicos y la recepción de entrevistas. Estos elementos aportaron información relevante que permitió fundamentar la solicitud de la orden judicial para el registro del domicilio.

Durante la requisa de la vivienda, si bien el resultado fue negativo en cuanto a los objetos buscados originalmente, los agentes detectaron vestimenta de idénticas características a las observadas en los videos de dos hechos delictivos diferentes acaecidos en Elortondo. Uno de estos casos está directamente relacionado con la sustracción de una motocicleta en la zona. Con la autorización de la jueza interviniente, se procedió al secuestro de las prendas de vestir mencionadas.

Finalmente, se hizo efectiva la detención de una mujer, quien fue notificada por la causa de Hurto calificado. La sospechosa fue trasladada a la Alcaidía Departamental URVIII, donde permanecerá alojada a disposición de la UFI Melincué, bajo la dirección de la Dra. Susana Pepino.

Tres allanamientos realizados en Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Los detalles del procedimiento fueron brindados este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la base de las TOE. Participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Gobierno de Santa Fe, Virginia Villar; el fiscal regional, Matías Merlo; el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti; y el jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti.

Bertolotti explicó que el primer allanamiento se realizó el lunes alrededor de las 17 en el barrio 7 de Septiembre, en la ciudad de Rosario. Allí se requisó un departamento donde se secuestraron numerosos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

“Se incautaron más de 10 millones de pesos argentinos y 550 dólares”, precisó el jefe de la Ciope, quien agregó que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses.

Los otros dos allanamientos se realizaron el martes por la mañana en las localidades de Ibarlucea y Roldán, donde se logró el hallazgo de armamento de gran calibre oculto bajo tierra.

Según explicó Bertolotti, los investigadores tenían indicios de que uno de los lugares allanados en Roldán podría ser utilizado por organizaciones criminales como depósito o lugar de resguardo de armas. “Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego. El funcionario señaló que esta modalidad ya fue detectada en otros operativos vinculados a organizaciones criminales.

“Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, explicó.

Entre el armamento secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40, además de armas de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También fueron incautados dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. Bertolotti remarcó que se trata de armamento de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos. Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, sostuvo que el resultado de los operativos es producto de un trabajo sostenido en materia de análisis e inteligencia criminal.

“Esta investigación es el resultado de un trabajo de inteligencia que forma parte de la priorización de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia”, afirmó.

La funcionaria explicó que la Ciope, junto con analistas de inteligencia y la Dirección de Información Patrimonial, integra el sistema provincial de inteligencia criminal que trabaja en la detección de situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad pública.

El fiscal regional Matías Merlo también destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas especializadas de la policía provincial.

“Se pudo obtener información sobre la existencia de material balístico en distintos puntos del Gran Rosario y avanzar en los procedimientos que permitieron hallarlo”, indicó.

Merlo agregó que el armamento secuestrado estaría vinculado a diferentes organizaciones criminales que actualmente son investigadas por la Justicia provincial. “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó.

Finalmente, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti, confirmó que hay tres personas detenidas y que se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta ahora a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.

En la jornada de este viernes, una investigación por comercialización de estupefacientes se puso en marcha tras un procedimiento iniciado en la vía pública por el personal del Comando Radioeléctrico. Los efectivos interceptaron a un hombre de 32 años en la esquina de las calles Meunier y José Ingenieros mientras circulaba en una motocicleta.

Al realizar la identificación y requisa correspondiente, los uniformados encontraron entre las prendas del sujeto envoltorios con un polvo blanquecino, dinero en efectivo y un teléfono celular. Ante este hallazgo, se procedió a la demora del hombre y al secuestro tanto del vehículo como de los elementos mencionados.

A partir de este episodio, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda del implicado, situada en la calle Eva Perón al 1000. El operativo arrojó resultados positivos, permitiendo el secuestro de una gran suma de dinero en efectivo, estupefacientes, balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y cuadernos con diversas anotaciones.

Además del material vinculado a la droga, la policía incautó en el domicilio un revólver calibre .22 con municiones, un rifle de aire comprimido y una pistola de gas. Debido a la naturaleza del hallazgo, se solicitó la intervención de la División de Microtráfico para realizar las pericias de rigor.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la sede policial, donde se le inició una causa por Comercialización de Estupefacientes, según lo establecido en la Ley 23.737. Por disposición legal, el detenido permanecerá incomunicado hasta la celebración de la audiencia imputativa.

Durante la tarde de este miércoles, efectivos de la Subcomisaría 3ra de Chovet, con el apoyo de la Comisaría 8va de Elortondo, llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos en la localidad que resultaron en el secuestro de un arma de fuego. Los procedimientos fueron solicitados por la Fiscalía con el objetivo de hallar armas y telefonía celular vinculados a una causa judicial que se encuentra en proceso de investigación.

Las tareas policiales se dividieron en dos puntos estratégicos: un domicilio ubicado en la calle Estanislao López al 150 y otro en la calle Sarmiento al 700. El registro en la vivienda de calle Estanislao López arrojó un resultado positivo, donde los agentes lograron incautar una escopeta, diversos cartuchos y municiones, además de un teléfono celular. Por el contrario, el segundo registro en calle Sarmiento resultó negativo.

Finalmente, la Fiscalía interviniente ordenó el secuestro formal de todos los elementos hallados y su posterior traslado para avanzar con las pericias correspondientes a la investigación.

El personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás logró avances fundamentales en la investigación de un robo ocurrido en una vivienda deshabitada de la calle 49 al 570, el cual había sido denunciado el pasado 27 de diciembre. Mediante una orden judicial, se desplegaron allanamientos simultáneos que arrojaron resultados positivos para la causa.

En la localidad de Santa Isabel, los efectivos lograron identificar al principal sospechoso del ilícito. Durante este procedimiento, se secuestró mercadería, prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del robo y un vehículo Renault 18 Rural. Por otro lado, en el registro realizado en Villa Cañás, la policía incautó una bicicleta y halló plantas de marihuana, lo que derivó en el inicio de actuaciones legales adicionales por infracción a la ley de drogas.

Este éxito operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre diversas dependencias, incluyendo la Comisaría 5ª de Santa Isabel, la Comisaría 6ª de Villa Cañás, la Comisaría 7ª de Teodelina y la Subcomisaría 7ª de Chapuy. La colaboración estratégica entre estas unidades permitió que la investigación avanzara de manera eficaz hacia el esclarecimiento total del hecho.

En la madrugada de este martes, un hecho de disparos en una vivienda ubicada en la intersección de Zolezzi y Eva Perón movilizó a la Comisaría 3ra de Rufino. 

La denuncia fue realizada por una mujer que se encontraba en la casa de su pareja cuando escuchó detonaciones provenientes del exterior.

Según la víctima, alrededor de la 1, tanto ella como su pareja oyeron ruidos extraños seguidos de varias detonaciones. En el relato, un testigo presente en el lugar manifestó haber observado a dos individuos trepando el tapial de la propiedad, uno de ellos portando un arma de fuego de color negro.

Tras la denuncia, el fiscal en turno ordenó la intervención de la Policía Científica y la realización de requisas en los domicilios señalados por la víctima. Durante un allanamiento voluntario en un inmueble de la calle Balcarce, no se encontraron armas, pero sí se hallaron ocho proyectiles calibre 22 y documentos relacionados con uno de los sospechosos.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la Fiscalía, que supervisa la investigación. Actualmente, la Policía continúa con las averiguaciones para dar con el paradero del principal sospechoso, a quien se investiga por la portación ilegítima de arma de fuego.

Las autoridades mantienen las pesquisas abiertas, con la expectativa de obtener más pruebas que permitan esclarecer el hecho y avanzar en la detención de los involucrados.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) – Región III, con asiento en la ciudad de Venado Tuerto, llevó adelante en la tarde del viernes 10 una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de Elortondo, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación –Fiscalía Regional N° 3– Unidad Fiscal Venado Tuerto, a cargo del Dr. Raposo.

La investigación se originó a partir de denuncias recibidas a través del "Buzón de la Vida" en la localidad de Elortondo, presentadas el 13 de agosto y el 21 de agosto de 2025. Posteriormente, la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 3 elevó actuaciones relacionadas con el caso.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios ubicados en calles Independencia y 9 de Julio, contando con la colaboración de personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto y la presencia de testigos hábiles.

Durante las diligencias se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego de distintos calibres, municiones, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo.

En detalle, se secuestró una importante cantidad de estupefacientes. En el domicilio de calle 9 de julio, específicamente, se incautaron once (11) envoltorios de cocaína (con un pesaje total de 3,9 gramos) y un plantín de marihuana de 15 centímetros.Además, se procedió al secuestro de armas de fuego de distintos calibres, municiones, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo.También se incautaron teléfonos celulares, una CPU, una vaina servida de 45 mm, y tres frascos de pastillas (olanzapina, lorazepam y citalopram), material que fue presumido como material de corte.Además, se incautaron una motocicleta y un automóvil que presentaban irregularidades. Estos vehículos serán sometidos a peritajes, ya que podrían estar vinculados a otros hechos ilícitos.

La investigación logró captar con registros fílmicos maniobras de venta de estupefacientes realizadas en una de las viviendas.En las filmaciones se observó la puerta de ingreso abierta y diversos movimientos de personas: un masculino ingresó por un corto lapso de tiempo y salió con un paquete blanco en la mano izquierda. En otra maniobra, dos masculinos se presentaron, uno esperó mientras el otro ingresó brevemente, para luego retirarse ambos.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, la cual continuará con las tareas investigativas para determinar el grado de participación de los involucrados y la posible conexión con otras causas en curso.

Uno de los individuos fue ordenado ser alojado en la Comisaría 8° de Elortondo y/o en la Alcaidía de Melincué. Se ordenó el traslado a la Oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto para llevar a cabo la audiencia imputativa.

Desde la Policía de Investigaciones – Región III, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas unidades operativas y el apoyo permanente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Comuna de Elortondo y los aportes de vecinos, cuyas denuncias permiten avanzar en la lucha contra el narcomenudeo y delitos conexos en la región.

En el marco de la Ley de Microtráfico, el Gobierno de Santa Fe encabezó un operativo de gran magnitud en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y alrededores. La acción, llevada adelante junto al Ministerio Público de la Acusación y fuerzas federales, dejó como saldo 33 detenidos y el secuestro de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que se trató de una investigación de varios meses en coordinación con la Policía de Investigaciones, la Policía Federal y fiscales del MPA. Destacó la capacidad de organización que permitió desplegar a 500 efectivos provinciales en tareas de irrupción, logística y control, además del uso de drones policiales y el apoyo de grupos federales. “Este tipo de operativos habla de una coordinación cada vez más aceitada entre la PDI y la Justicia”, sostuvo.

Entre los detenidos figuran familiares de narcotraficantes que cumplen condenas en cárceles federales y provinciales. Pereira indicó que, “en los últimos años, los cabecillas encarcelados delegaron la conducción de las bandas en esposas, madres y parejas, además de jóvenes reclutados como terceras y cuartas líneas”. Según precisó, “muchos de ellos eran menores de edad y ahora quedaron a disposición de la Justicia”.

El fiscal regional Matías Merlo informó que los 130 allanamientos fueron producto de una investigación iniciada hace tres meses a raíz de una escalada de homicidios y balaceras en Villa Gobernador Gálvez. Explicó que en 2025 estos hechos aumentaron hasta un 60 % en comparación con 2024, lo que motivó la conformación de un equipo especial bajo la modalidad de enfoque investigativo. El grupo reunió 18 causas relacionadas con microtráfico y violencia armada, que fueron articuladas por los fiscales Brenda Debiasi, Pablo Socca y Federico Rébora.

Por su parte, el fiscal Socca precisó que los detenidos pertenecen a distintas estructuras delictivas, sin conexiones directas entre sí. Una de ellas corresponde a la primera línea de la banda de Los Monos, vinculada a la barra brava de Newell’s, con Damián “Toro” Escobar y Nicolás “Pupito” Avalle como principales referentes. La otra estaría dirigida desde la cárcel de Piñero por Jerónimo Bogado, imputado por narcotráfico y hechos de violencia. Según adelantó, las audiencias imputativas se dividirán en tres etapas: una dedicada al grupo de Los Monos, otra a la de Bogado y una tercera a casos de violencia armada.

Finalmente, la fiscal Brenda Debiasi subrayó que la investigación permitió identificar a varios de los acusados con antelación. Entre ellos, dijo, figuran personas que trabajaban en la esfera municipal de Villa Gobernador Gálvez, lo que refuerza la importancia de haber concretado los allanamientos en esta etapa.

Desde el municipio firmatense destacaron el aporte de imágenes de la Central de Monitoreo Municipal, como de privados solicitadas por la justicia para el pronto accionar de la policía local que permitió la detención de tres personas que serían los autores del robo de un comercio en calle Buenos Aires al 1100. 

El hecho derivó en  allanamientos en Chabás, Berabevú y Elortondo donde se secuestraron elementos muy importantes para esclarecer el hecho.

“Tras la denuncia, y por pedido de la Justicia, la Central de Monitoreo Municipal llevó a cabo un intenso trabajo de más de 72 horas, permitiendo así reconstruir el recorrido que realizaron los sujetos sospechados”, detalló el gobierno municipal y difundió las imágenes de los sospechosos.

Agregando que fue clave “el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad policial y la Fiscalía de Firmat, para que esta última, emita cinco órdenes de allanamiento: dos en Chabás, una en Berabevú y dos en Elortondo”.

Durante las requisas se secuestraron teléfonos celulares, mochilas, relojes y prendas de vestir que estarían vinculadas al hecho delictivo. Además, en uno de los domicilios allanados, ubicado en la localidad de Chabás, se encontró marihuana, cuya presencia fue confirmada mediante prueba de campo por el equipo especializado en microtráfico de la región Rosario.

Un vecino de Chovet denunció que un hombre ingresó a su terreno y disparó un arma de fuego contra sus perros. A partir de esta situación, ocurrida el 8 de julio, se inició una investigación con intervención de la Fiscalía, que derivó en un allanamiento en un domicilio de calle Juan Bradas.

El procedimiento se llevó a cabo este martes y arrojó resultado positivo. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron varias armas de fuego, cuyo calibre y cantidad no fueron detallados oficialmente.

Por disposición de la Fiscalía, el sospechoso fue trasladado a sede policial, donde se le formó causa por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Las actuaciones continúan en el marco de la investigación.

Desde la Unidad Regional se agradeció la colaboración del personal de la Comisaría 4ta de Firmat, que participó en el operativo.

La muerte de 33 personas por el uso de fentanilo contaminado en hospitales y sanatorios de Argentina ha desatado una investigación federal que avanza sobre laboratorios, droguerías y organismos de control. El potente opioide, clave en cuidados intensivos, fue distribuido con bacterias letales que provocaron neumonías, septicemias y otras infecciones en pacientes críticos.

La droga se administró entre abril y mayo de 2025 al menos a 69 personas. El foco inicial fue el Hospital Italiano de La Plata, donde se reportaron los primeros casos fatales. Luego se confirmaron víctimas en el HECA y el Sanatorio Parque de Rosario, el Cullen de Santa Fe y el sanatorio Dupuytren en CABA.

Este martes se sumaron más allanamientos para sumar pruebas a la causa, ordenados por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak y realizados por la Policía Federal Argentina.

Los procedimientos se llevaron a cabo en establecimientos de las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires: en tres sedes de la Droguería Alfarma (en Rosario, en Sunchales y en el barrio porteño de Caballito); en la Droguería Federal Pharma, en la ciudad de Santa Fe; en los laboratorios HLB Pharma, en San Isidro; Laboratorio Ramallo, en el partido bonaerense de Ramallo; y en la Droguería Glamamed, en Paternal.

La ANMAT detectó contaminación por Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, dos bacterias peligrosas que suelen afectar a personas inmunocomprometidas. El lote implicado pertenece a HLB Pharma y fue producido por Laboratorio Ramallo. Ambos fueron allanados por la Policía Federal, junto a cinco droguerías en Rosario, Sunchales, Caballito, Paternal y Santa Fe.

El juez federal Ernesto Kreplak intenta determinar si hubo fallas de esterilización, omisión de controles o incluso sabotaje, ya que el laboratorio HLB Pharma denunció un ataque con destrucción de documentación justo antes de la alerta sanitaria. También desaparecieron respaldos de cámaras de seguridad y se denunció el robo de una caja fuerte.

Ariel García Furfaro, titular de HLB, ya estaba bajo la lupa judicial por causas penales previas. Fue procesado por estafa tras la compra del laboratorio y protagonizó polémicas como la venta de suero sin esterilizar. En Ramallo, la situación era similar: etiquetas apócrifas, falta de registros y producción de ampollas con numeraciones vencidas o falsas.

Pese a estar inhabilitados, ambos laboratorios habrían continuado elaborando productos que terminaron en el circuito hospitalario. En Rosario, una de las droguerías allanadas había distribuido ampollas al Hospital Italiano de La Plata, donde murió casi la mitad de los pacientes intoxicados.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la provincia de Santa Fe es la que más casos reportó después de Buenos Aires. Solo en Rosario murieron 15 personas tras recibir fentanilo en estado crítico. El Ministerio de Salud local trabaja junto a la Justicia para identificar posibles nuevos afectados y revisar todos los ingresos hospitalarios desde abril.

En total, ya se registraron 33 víctimas fatales: 16 en La Plata, 16 en Santa Fe y una en CABA. El brote fue ingresado oficialmente al SISA como “evento adverso grave por medicamento contaminado”, y el Instituto Malbrán confirmó que las bacterias encontradas en pacientes coinciden con las halladas en las ampollas.

El 13 de mayo, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de los lotes de fentanilo del laboratorio HLB Pharma en todo el país. Dos días después, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos y secuestró documentación, ampollas, precursores químicos y evidencia clave para avanzar en la trazabilidad del producto.

Mientras tanto, se formó una mesa interministerial encabezada por Seguridad de la Nación para evaluar si el lote adulterado podría haber sido desviado al narcotráfico, como ocurrió en el pasado con la efedrina.

Desde el ámbito médico, la Coordinadora de Microbiología del Hospital Italiano fue tajante: “Esto no fue un accidente. Si alguien introdujo bacterias en un fármaco hospitalario, es un atentado a la salud pública”.

El fentanilo es un opioide 100 veces más potente que la morfina. En Argentina su uso está restringido a anestesias controladas en ambientes hospitalarios. Esta tragedia pone en crisis los controles sanitarios, expone vacíos en la cadena de trazabilidad y deja en evidencia que cuando fallan las barreras, el costo se paga con vidas humanas.

Una organización narcocriminal que operaba en Venado Tuerto, Rufino, María Teresa y otras localidades del sur santafesino fue desarticulada este sábado tras una serie de 14 allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Venado Tuerto. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal local, encabezada por los doctores Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada.

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de Gendarmería Nacional, con apoyo de otras 20 unidades y alrededor de 60 efectivos. Las causas se originaron a partir de una denuncia anónima en el "Buzón de la Vida" de Rufino y de intervenciones telefónicas obtenidas en el marco de otra pesquisa en curso. Cabe destacar que una de las causas tramitó bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal.

Tras varios meses de investigación, se logró identificar a la principal proveedora de la banda: Giuliana I.M., residente en el partido bonaerense de La Matanza, quien abastecía de droga a la organización para su posterior distribución en el sur provincial. La mujer fue detenida y será indagada en las próximas horas por delitos contemplados en la Ley 23.737 de estupefacientes.

Por el momento, otras 14 personas resultaron implicadas y están supeditadas a la causa. Entre ellas figuran Diego T., Bruno R., Karen B., Milton O., Julián C. y Agustín G., quienes serán imputados en los próximos días.

Durante los allanamientos se incautó una importante cantidad de droga: más de medio kilo de cocaína y más de un kilo de marihuana, además de elementos utilizados para su fraccionamiento y comercialización, como balanzas de precisión, pipas y picadores.

También se secuestraron seis vehículos, tres motocicletas, dos armas de fuego calibre 9 milímetros, 77 municiones, más de 4.100 dólares, 5.500.000 pesos argentinos en efectivo, 1.100 pesos bolivianos, una notebook, una tablet, pendrives, doce teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Las investigaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

Más de 60 allanamientos, a cargo de la Justicia y la Policía Federal Argentina, se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires y el Conurbano donde se secuestró documentación de interés, grandes sumas de dinero en efectivo, valores y se detuvo a Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada, junto con los principales responsables de la red.

En una operación sin precedentes, fuentes del caso le confirmaron que la Justicia Federal y la PFA concretaron este jueves un total de 60 allanamientos simultáneos en distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos vinculados a una compleja estructura de evasión fiscal y lavado de activos que operaba desde el polo comercial conocido como “La Salada”, en Lomas de Zamora.

El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella y la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Cecilia Incardona, es el resultado de una investigación iniciada en 2023.

La causa es impulsada por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.

Durante los allanamientos —que contaron con la participación de la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la División Canes y personal especializado— se procedió al secuestro de importante documentación, dispositivos electrónicos, soportes digitales, así como dinero, valores y registros de operaciones financieras que serán clave para el avance de la causa.

Asimismo, fueron detenidas varias personas, entre ellas los principales operadores y responsables de la administración de las ferias investigadas, tales como “Megapolo La Salada” y la feria "Urkupiña", las que ya enfrentan imputaciones por asociación ilícita, lavado de activos y evasión impositiva agravada.

Uno de los detenidos es Jorge Castillo, más conocido como el Rey de La Salada, detrás de una de las ferias más importantes del país.

Las medidas fueron impulsadas tras meses de vigilancia, análisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lícitas.

En tanto, se detectó que una empresa, operaba como estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo provenientes del comercio informal.

La operación, considerada de alto impacto por su alcance y objetivos, pone en el centro de la escena las conexiones entre comercio informal, delitos económicos complejos y estructuras de lavado en una de las zonas comerciales más emblemáticas del país.

(Por Gustavo Capeletti) - En la jornada del martes, el fiscal Nicolás Maglier, imputó a Víctor “Pipo” García, presidente comunal de Lanteri, y a Alberto Saucedo por abigeato agravado.

En una audiencia imputativa realizada en la Unidad Fiscal Reconquista ambos quedaron encartados -en estado de libertad- por la sustracción de cinco animales vacunos.

El fiscal Maglier dijo que el hecho comenzó a ser investigado en el mes de diciembre pasado: “Esto se condice con hechos ocurridos entre el 21 y el 26 de diciembre del año 2024. La causa me fue remitida e ingresó a mi oficina hace aproximadamente 10 días. Desde entonces, reforzamos lo que tiene que ver con entrevistas previas y solicité al juez interviniente allanamientos que fueron practicados en búsqueda de un vehículo con el cual se habría cometido el hecho”.

En principio, según la tesis fiscal, se trataría de un abigeato.

Víctor “Pipo” García, presidente comunal de Lanteri, enfrenta cargos por abigeato.

“La sustracción de cinco animales vacunos el 21 de diciembre del 2024 en detrimento de la víctima, Rosendo Corgniali, de la zona rural de la localidad de Lanteri, y el hallazgo el 26 de diciembre del año pasado de dichos animales en un fundo rural explotado por el señor García”, detalló el representante del MPA.

“De alguna manera, la hipótesis de hecho que maneja la fiscalía no ha sido controvertida mayormente, sino lo que tiene que ver con la intencionalidad o el conocimiento previo del señor García, que lógicamente la defensa y él lo niegan, acerca de la propiedad de esos animales desde el punto de vista de que no eran de la persona que se los estaba entregando. En definitiva, entiendo que hay elementos para atribuir el hecho, entonces en la jornada de ayer se celebró la audiencia imputativa”, relató.

- ¿Qué figuras se le imputó a cada uno?

- En principio, al señor García se le imputó a abigeato agravado por la cantidad de cabezas vacunas, cinco en el caso, y por la participación de una persona dedicada a la crianza y al cuidado de animales, que sería justamente el señor Saucedo. Eso en calidad de autor, mientras que al restante en calidad de partícipe primario.

- ¿Cómo continúa todo esto ahora?

- Vamos a agudizar lo que tiene que ver con la investigación, la continuidad de la investigación penal preparatoria. Cuando entienda que está concluida, lo que haré es formular la acusación, voy a entender la clausura de investigación, voy a formular la acusación, voy a pedir la elevación de la causa a juicio.

- ¿Se van a hacer algunos peritajes celulares?

- Exactamente. Cuando se hizo el allanamiento en el fundo rural del señor García, en este término que antes te refería, que esta causa a mí me llegó hace no muchos días atrás, García no se encontraba, por eso es que no fue secuestrado el teléfono celular, no fue por negligencia del personal interviniente, lo aclaro, por algunas versiones que de alguna manera se difundieron.

Ahora se procedió justamente a la retención de su celular y a la apertura del mismo. Con respecto a los vehículos que se utilizaron para el traslado de los animales, seguirán bajo secuestro; y el vehículo que está secuestrado, que se condice con lo que los testigos refirieron acerca del utilizado en esa jornada con el tráiler respectivo, fue puesto a disposición de la justicia como establece la ley.

En el marco de una investigación por abigeato calificado, personal de la Sección Reconquista de Los Pumas allanó tres establecimientos ganaderos del paraje El Algarrobal y un comercio ubicado en el distrito de Lanteri, al norte de Reconquista.

Pasadas las 11 del martes 11 de marzo, los agentes rurales dieron cumplimiento a órdenes de allanamiento libradas por la justicia a pedido del fiscal Nicolás Maglier, de la Unidad Fiscal Reconquista, con intervención y asistencia del Organismo de Investigaciones del MPA.

Fue a raíz de una denuncia radicada por Rosendo Corgniali por un robo de hacienda del 26 de diciembre pasado. El productor expuso poseer un campo para la ganadería en el paraje El Algarrobal, Lanteri, y además alquilar 100 hectáreas de un campo lindante. Fue en este último enclave ganadero donde un empleado suyo, en el recuento de animales, notó la faltante de 5 de ellos.

Las pesquisas fueron realizadas en las explotaciones ganaderas denominadas Doña Nelly”, del distrito 3 Bocas; “Los Secos” y “Puesto Blanco”, ambas ubicadas en Lanteri; y en el local del Súper Comercial Lanteri, en la zona urbana, propiedad de Víctor Ariel “Pipo” García, presidente comunal del pueblo norteño.

Como resultado, se secuestró un equipo de telefonía celular, una escopeta calibre 16, un tráiler color amarillo, una camioneta F-100 color rojo Ford -en “Los Secos” y “Puesto Blanco”-, mientras que en el establecimiento “Doña Nelly” no se hallaron elementos de interés para la investigación.

En tanto, en el supermercado “Súper Comercial Lanteri”, los policías rurales pudieron comprobar la reimpresión desde la página de ARCA de varios tickets fiscales asociados al cliente del local Omar Saucedo, con montos detallados.

“Pipo” García conduce los destinos de comuna de Lanteri desde 2015, cuando ganó la elección de presidente comunal. En aquel momento, su victoria fue resonante por una razón: triunfó como candidato del PRO, el único en el norte. A principios de noviembre de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la localidad en tren de cumplir una promesa de campaña.