Una investigación por robos en establecimientos rurales de Venado Tuerto y otras localidades de la región derivó en once allanamientos en la provincia de Córdoba, con dos personas detenidas y el secuestro de elementos vinculados con la causa.

Las medidas se concretaron en Río Cuarto y Las Albahacas, con intervención de la fiscal Mayra Vuletic, coordinadora de fiscales de Venado Tuerto, en el marco de actuaciones por robo calificado en despoblado y en banda.

La causa se inició a partir de una serie de delitos cometidos en distintas localidades del sur santafesino, entre ellas Venado Tuerto, Santa Isabel, Teodelina, María Teresa y Chapuy, además de otros puntos del distrito Firmat.

La investigación también comprende hechos registrados en Arias, Cavanagh, Corral de Bustos y Alejo Ledesma, en territorio cordobés.

Las tareas previas estuvieron a cargo de personal del Distrito Operativo de Investigaciones de Venado Tuerto e incluyeron relevamientos y verificaciones de domicilios y de sus ocupantes. Esa información fue puesta a disposición de la Fiscalía para avanzar con las medidas judiciales.

El operativo comenzó a las 5, con el cumplimiento de cuatro órdenes de allanamiento en Río Cuarto y siete en Las Albahacas.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Córdoba, con intervención de sus áreas investigativas y la participación de efectivos del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC), dependiente del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.

En Río Cuarto fueron detenidas dos personas y se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación. La información difundida no detalla las características de los objetos incautados.

En los domicilios allanados en Las Albahacas también se encontraron elementos vinculados con la causa. Además, por disposición de la Fiscalía, se libró una orden de captura contra un hombre.

Efectivos de la Subcomisaría 12ª de San Eduardo, trabajando en conjunto con personal de otras dependencias de la policía, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio de la calle Urquiza al 300. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en curso bajo la carátula de amenazas calificadas, obteniendo un resultado favorable para las fuerzas de seguridad.

Durante el operativo, las autoridades policiales lograron el secuestro de un arma junto con diversos elementos de interés fundamentales para el desarrollo de la causa.

Ante el hallazgo y el resultado positivo del procedimiento, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno. Desde el órgano judicial se dispuso la comparecencia del propietario de la vivienda con el objetivo de continuar con las instancias del proceso legal correspondiente.

La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina desplegó un amplio operativo en diversas localidades, concentrando gran parte de sus acciones en el sur de la provincia de Santa Fe. En esta región, los efectivos concretaron allanamientos en distintos puntos de Rosario, Funes y Fisherton. Asimismo, los procedimientos se extendieron simultáneamente hacia la provincia de Córdoba, abarcando las localidades de Oliva, Río Segundo y Villa María.

Como resultado de este despliegue, se logró la detención de nueve personas en total: siete de ellas capturadas en el territorio santafesino y las dos restantes en Córdoba. Entre los sospechosos se encuentran un exfiscal del ámbito provincial, un abogado penalista, comerciantes y personas dedicadas a distintas actividades. La causa judicial se tramita ante el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 2 de Rosario, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

Debido a que la presunta organización criminal contaba con integrantes vinculados a la Justicia Provincial de Santa Fe y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la investigación se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad y reserva para evitar filtraciones de información. Las pesquisas tuvieron un punto clave en el mes de junio, cuando los investigadores federales mantuvieron una mesa de trabajo con representantes de la Fiscalía interviniente para fijar los lineamientos y la metodología de trabajo.

Durante los operativos, las fuerzas federales secuestraron más de dos millones de pesos en efectivo, moneda extranjera, una escopeta calibre 16, pequeñas cantidades de marihuana y abundante documentación considerada de interés para la causa. También se incautó un importante volumen de material informático —como teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets y otros dispositivos de almacenamiento digital— que será sometido a peritajes técnicos con el fin de profundizar la investigación, establecer el alcance de las maniobras y determinar si existen otras personas involucradas.

En las primeras horas de la mañana de este viernes 28 se llevaron a cabo diversos allanamientos en domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, de Murphy, de San Gregorio, Zavalla y Unidades Penitenciarias de Coronda, Rosario y Neuquén, en el marco de investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y delitos económicos relacionados.

Las medidas fueron coordinadas de manera conjunta por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada; la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo del Dr. Luis Lagioia; y la Fiscalía Regional del MPA de Venado Tuerto, a cargo del Fiscal Regional Mauricio Clavero, como parte de una estrategia de trabajo interinstitucional destinada a investigar y desarticular actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes como así también al lavado de activos.

Por un lado, la investigación federal estuvo a cargo de la Sección Delitos Económicos Rosario de la GNA -con colaboración de la Sección Antidrogas de Rosario de la GNA- y las medidas fueron dirigidas por la Auxiliar Fiscal Rocío Soledad Estrada, mientras que los allanamientos ordenados por la Unidad Fiscal de Microtráfico de esta ciudad, fueron concretados por la PDI Distrito Venado Tuerto bajo la dirección del Fiscal Adjunto Luis Ricardo Jesús Lagioia. A su vez, tuvo participación una medida dirigida por la Unidad Fiscal de Rosario – Área de Atención Inicial, a cargo de la Dra. Soledad García y el Auxiliar Fiscal Juan Manuel Frausín, en la que actuó la DUOF Venado Tuerto de la PFA.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres personas, dos hombres y una mujer, a quienes se les atribuyen conductas vinculadas a la comercialización de estupefacientes y en los próximos días se llevarán a cabo las respectivas audiencias imputativas. Asimismo, se secuestró cocaína, dinero en efectivo (pesos y dólares), balanzas, vehículos, numerosa documentación y múltiples dispositivos de telefonía celular que serán sometidos a peritajes y análisis técnicos por su potencial relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La investigación continúa en curso y las autoridades intervinientes evaluarán la información obtenida a partir de las medidas realizadas, con el objetivo de profundizar las líneas investigativas actualmente abiertas y determinar la eventual participación de otras personas en los hechos objeto de la pesquisa.

En el marco de una investigación por una serie de hechos violentos que incluyen abuso de armas de fuego, amenazas calificadas, lesiones leves dolosas, violación de domicilio y robo, se llevó adelante un megaoperativo con 11 allanamientos simultáneos en distintos domicilios del asentamiento denominado Villa Moisés.

Las medidas fueron dispuestas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, con intervención de la fiscal subrogante Larisa Barucca.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), efectivos de la Unidad Regional VIII y grupos operativos e irrupción, en el marco de una investigación orientada a esclarecer distintos episodios denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Como resultado de los allanamientos, seis personas fueron aprehendidas. Una de ellas quedó detenida por disposición de la Fiscalía, debido a su presunta vinculación con una causa en la que se investigan amenazas calificadas, lesiones leves dolosas y violación de domicilio. Las otras cinco personas quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación procesal.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, proyectiles calibre 9 milímetros, municiones calibre 38, un motovehículo y 1,6 gramos de marihuana. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer si guardan relación con los hechos investigados.

Desde el MPA destacaron que las diligencias forman parte de una investigación que continúa en curso y que busca individualizar a los responsables y establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

“Estos 11 procedimientos simultáneos son el resultado de una investigación planificada y de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y las distintas fuerzas policiales. Frente a hechos violentos que involucran armas de fuego, la respuesta debe ser firme, inmediata y sostenida”, señaló el fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

El juez penal de Segunda Instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial, Eduardo Alberto Bernacchia, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la agente de la PDI Reconquista, Stefanía Evelin Oviedo, y confirmó la prisión preventiva que había sido dispuesta en primera instancia por el juez Mauricio Martelossi. La resolución fue dictada el miércoles 12 de agosto.

La defensa había solicitado revocar la medida cautelar y reemplazarla por una prisión preventiva domiciliaria. Entre sus principales argumentos, sostuvo que la escala penal permitiría una eventual condena de ejecución condicional, cuestionó la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y remarcó la situación familiar de la imputada, madre de una bebé de pocos meses, proponiendo medidas alternativas para garantizar su sometimiento al proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar que la imputada, por su condición de funcionaria policial, habría participado en la filtración de información sobre allanamientos y que aún restan diligencias investigativas, incluyendo el análisis de teléfonos celulares y la posible participación de otras personas.

Al analizar los agravios, el juez de alzada entendió que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el artículo 220 del Código Procesal Penal santafesino para mantener la prisión preventiva. Consideró acreditada, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso, la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la participación de la imputada, estimó que la eventual pena sería de cumplimiento efectivo y concluyó que subsisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación.

En consecuencia, el magistrado resolvió rechazar el recurso de la defensa y ratificar la prisión preventiva de Stefanía Oviedo. No obstante, instó a la Fiscalía a gestionar un nuevo lugar de alojamiento que permita a la imputada permanecer con su bebé de 5 meses de vida o, en su defecto, garantizar condiciones de detención más adecuadas, atendiendo especialmente la situación de salud de la menor.

La agente investigada permanece detenida en la Sede Reconquista de la Policía Federal Argentina, ubicada en el Centro Cívico Municipal -que funciona en el edificio del antiguo Hospital Central-. Sus defensores describieron que las condiciones de detención no cumplen con los cánones establecidos, sobre en todo en cuanto a salubridad: “tiene que tomar agua de pozo porque no hay agua potable” en el lugar, y amamantar a su beba varias veces al día luego de que sus familiares trasladar a la lactante en moto o bicicleta hasta el calabozo, en medio del intenso frío que impera por estas épocas en el norte.

En esa línea, también expusieron que el padre de la menor es Ariel Sena, coimputado en la causa por delaciones y también detenido con prisión preventiva. Al momento de su aprehensión fungía como Jefe de Calle de la PDI de General Obligado. Esos planteos motivaron que el camarista Bernacchia ordenara al MPA buscar otro sitio de alojamiento, que no sería otro que una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial.

Ambos quedaron comprometidos en la investigación por la supuesta filtración a narcos barriales de Avellaneda de allanamientos por microtráfico, lo que derivó en que 18 pesquisas domiciliarias terminaran solo con 60 gramos de droga secuestrada.

El viernes 5 de junio, el fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Reconquista -junto al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo-, los imputó por el delito de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De la acusación se desprendieron novedades de ribetes escandalosos: cobro de 500 mil pesos por avisar a los narcos barriales de las pesquisas, capturas de pantalla adulteradas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación, y un modus operandi que habría tenido ocasiones previas.

“Estefanía Oviedo le avisa a mi hermano V. J. R. que iba a haber un allanamiento y que se vaya de su casa”, testimonió en sede fiscal Cecilia R., que además reveló que luego ese “aviso” se distribuía entre los demás dealers del barrio Cooperación de Avellaneda, un enclave perirurbano cooptado la venta de drogas. “La avisadita cuesta medio millón de pesos y es lo que cobran los de PDI”, aseguró en sus dichos que vertebraron, junto con pruebas documentales, la imputación de los funcionarios policiales.

En cuanto al sembrado evidencia falsa para borrar los rastros que podían incriminarlos, obra en la causa un escrito fechado el 28 de mayo de 2026 por el inspector Sergio Cargnelutti, subjefe del Departamento de Investigaciones Complejas Región 4 de la PDI, en la que denuncia una posible maniobra de suplantación de identidad vinculada a los allanamientos por microtráfico realizados en Avellaneda.

Cargnelutti informó que recibió en su teléfono personal una captura de pantalla de WhatsApp en la que aparecía su foto de perfil y un supuesto mensaje atribuido a él. El texto decía: “No valla a tu casa xq van a ver allanamiento, no dijas nada a nadie javi (sic)”, con evidentes errores ortográficos.

El funcionario aseguró que nunca envió ese mensaje, ni se lo remitió a sí mismo. También sostuvo que la redacción no coincide con su forma habitual de escribir.

Además, señaló que la maniobra podría estar orientada a tratar de involucrarlo falsamente en una filtración de información, obstaculizar investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes. De la misma manera, surgieron más capturas de pantalla de los teléfonos peritados por técnicos de la PDI con la misma finalidad de inculpar a otros efectivos de la repartición.

En tanto, los representantes del MPA dieron crédito a la denuncia de Cargnelutti y sostuvieron que, tras la filtración de los allanamientos, hubo intentos de desviar la investigación e involucrar a otros funcionarios policiales, mediante la circulación de capturas de pantalla y mensajes que, según la hipótesis fiscal, podrían haber sido adulterados o utilizados para direccionar erróneamente la pesquisa.

Las acciones reñidas con la ley penal que se les atribuyen a Oviedo y Sena afectaron allanamientos a realizarse en Avellaneda, a los que se dirigían los numerarios de la división investigativa de San Cristóbal que fallecieron trágicamente en un accidente sobre la Ruta Nacional 98 al oeste de Vera el 29 de mayo. En la madrugada, perdieron la vida -tras chocar con el auto en el que viajaban contra un camión detenido sobre la calzada- la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla, del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la localidad de Murphy en el marco de una causa por coacción agravada por amenazas con el propósito de obtener una medida o concesión por parte de integrantes de los poderes públicos.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de dos teléfonos celulares y una pistola de aire comprimido calibre 6 milímetros con su correspondiente cargador y municiones plásticas, elementos de interés para la investigación.

Asimismo, por disposición del fiscal Luis Lagioia, fue detenido José B., de 37 años, quien fue trasladado a la Subcomisaría 10.ª de Murphy para quedar a disposición de la Justicia.La investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

Efectivos de la Comisaría 7ma llevaron a cabo dos operativos de allanamiento en la localidad de Teodelina, en el marco de una investigación por varios hechos de robo y hurtos denunciados en los últimos días.

​Durante las requisas, los uniformados lograron secuestrar herramientas, autopartes, una bicicleta y las prendas de vestir que habrían sido utilizadas para cometer los delitos.

​Como resultado de los procedimientos, un joven de 19 años fue detenido, siendo luego trasladado a Alcaidía departamental por disposición de la fiscalía. En tanto, el segundo involucrado fue notificado de la causa y quedó luego en libertad.

En un masivo despliegue policial, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una red dedicada a la comercialización de estupefacientes que operaba en la zona norte de la ciudad de Rosario.

El procedimiento, bautizado Operativo "Broken Pottery", consistió en 15 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de seis personas y el secuestro de drogas, armas de fuego y una importante suma de dinero.

Las irrupciones se ejecutaron bajo los lineamientos del Plan Bandera, el programa conjunto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno provincial para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el territorio santafesino.

La pesquisa que derivó en el megaoperativo comenzó en febrero de este año.

Fue un trabajo coordinado entre la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario y el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

A lo largo de estos meses, las tareas de inteligencia criminal permitieron a los investigadores identificar y mapear diversos inmuebles estratégicos ubicados en el barrio La Cerámica, los cuales eran presuntamente utilizados por la banda como puntos de acopio, fraccionamiento y venta de drogas al menudeo.

Con el cúmulo de pruebas recolectadas, el Juzgado de Primera Instancia a cargo de la Dra. María de los Ángeles Granato libró las órdenes de allanamiento.

Debido a la magnitud del operativo, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA requirió el apoyo de personal de las Divisiones Unidad Operativa Federal de Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Paraná, además de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario.

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas federales detuvieron a seis personas (cuatro mujeres y dos hombres), quienes quedaron señaladas como presuntas integrantes de la organización criminal.

Al realizar las requisas en las distintas viviendas del mencionado barrio, el personal policial logró incautar diversas dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, cuatro armas de fuego (dos pistolas y dos revólveres) y más de 40 municiones de distintos calibres.

Además, los uniformados secuestraron una suma de dinero en efectivo superior a los 4,4 millones de pesos (además de divisas extranjeras en fajos de dólares, euros y reales), 31 teléfonos celulares y elementos específicos para el estiramiento y fraccionamiento de las sustancias.

Tanto los seis detenidos como los elementos probatorios incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia, en el marco de una causa tramitada por infracción a la Ley de Estupefacientes N.° 23.737.

Dos allanamientos se realizaron el viernes 19 de junio en viviendas ubicadas en el barrio Villa Moisés de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, a partir de medidas ordenadas por la UFE Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Luis Lagioia.

Según la información oficial, las tareas de campo desarrolladas por la PDI permitieron determinar que en los domicilios investigados se estarían realizando actividades vinculadas a la venta de drogas.

Como resultado de los allanamientos, en una de las viviendas se procedió al secuestro de envoltorios de marihuana fraccionada para su comercialización, una importante suma de dinero en efectivo, documentación relacionada con la actividad investigada y varios teléfonos celulares.

Además, fue detenida una mujer de 38 años, a quien se le formó causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La mujer permanece detenida y, de acuerdo con lo informado, la audiencia imputativa y cautelar se realizará el próximo lunes.

La investigación por microtráfico que había comenzado semanas atrás con el secuestro de más de nueve kilos de marihuana tuvo un nuevo capítulo en Melincué. En las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, concretó cinco allanamientos simultáneos que terminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, bajo directivas de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

El origen de la investigación se remonta al 11 de mayo, cuando efectivos de la PDI realizaron un procedimiento en el que secuestraron más de nueve kilogramos de marihuana y distintos dispositivos electrónicos.

A partir de allí, el trabajo no se detuvo. Los teléfonos celulares incautados fueron sometidos a análisis forense y esa información permitió detectar nuevos puntos de interés, presuntas maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes y posibles conexiones dentro de la localidad.

Con esos datos, los investigadores avanzaron con tareas de inteligencia, identificación de usuarios de líneas telefónicas y constatación de domicilios, hasta reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes judiciales.

Con la autorización correspondiente, la PDI desplegó cinco allanamientos en distintos sectores de Melincué. Como resultado de los operativos, fueron detenidos Joaquín Tomás P., Lucas Nahuel V., Mario Alberto F. y Marcos Damián V.

Por disposición del fiscal Luis Lagiola, los cuatro fueron trasladados a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, donde quedaron alojados en calidad de detenidos e incomunicados.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, chips telefónicos, documentación de interés, una balanza digital, marihuana en distintas presentaciones, semillas de cannabis, hojas de coca y otros elementos que serán incorporados al expediente.

Los allanamientos contaron con la intervención de personal de la División Microtráfico Región 3, los distritos Venado Tuerto, Firmat y Rufino, efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, la Sección Canes y grupos de irrupción del GAT y de la Unidad Regional IV.

La investigación continúa abierta y bajo directivas de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, que ahora deberá avanzar sobre el análisis del material secuestrado y la posible existencia de nuevas conexiones vinculadas al circuito de comercialización de estupefacientes en la región.

La Fiscalía Regional 3 profundiza las investigaciones vinculadas al microtráfico en el sur santafesino. En el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en las localidades de Chabás y Villada, que finalizaron con dos personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos.

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Microtráfico, conducida por el fiscal Iván Raposo, con intervención de la Dra. Marinucci, dentro de la causa caratulada “Puntieri, Jorge Mario y otros s/ infracción Ley 23.737”.

Los procedimientos fueron ordenados por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, 3ª Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, y ejecutados por efectivos de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación – DUOF Venado Tuerto.

Los operativos se realizaron en domicilios ubicados en General Roca al 2100 y Las Heras al 1800, de Chabás; y en Alberdi al 400 y Laprida al 500, de Villada.

Según se informó, las medidas fueron el resultado de tareas investigativas y del análisis de información recolectada durante los últimos meses, lo que permitió identificar a nuevos involucrados presuntamente vinculados al abastecimiento y resguardo de estupefacientes.

En ese marco, los agentes lograron avanzar con las órdenes judiciales concretadas durante la jornada del jueves.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Luciano G.F. y Matías J.A, ambos en uno de los domicilios requisados en la localidad de Villada.

Además, se secuestraron 176 gramos de clorhidrato de cocaína, 11,20 gramos de marihuana, 60 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y distintos vehículos que estarían presuntamente relacionados con la actividad investigada.

Entre los rodados incautados se encuentran un Ford Falcon y dos motocicletas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la droga secuestrada asciende a más de 5,9 millones de pesos.

Fuentes judiciales indicaron que esta investigación se encuentra relacionada con procedimientos previos que ya habían arrojado resultados positivos y permitido detener a otros integrantes de la organización bajo investigación.

Desde la Unidad Especializada en Microtráfico remarcaron que la causa continuará avanzando sobre las distintas conexiones detectadas.

“El combate contra el narcomenudeo exige un trabajo constante, coordinado y sostenido en el tiempo para desarticular cada eslabón de estas estructuras criminales”, señalaron desde el área investigativa.

Finalmente, desde la Fiscalía Regional 3 advirtieron que quienes se dediquen al tráfico y comercialización de drogas serán perseguidos penalmente.

“La Ley 23.737 se hará cumplir con firmeza para proteger a la sociedad y garantizar que el delito no tenga lugar en nuestras comunidades”, expresaron.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.

Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Operativos de la Policía de Investigaciones este sábado.

Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

Danilo Chiapello

Desde la madrugada de este martes, la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas fueron escenario de un amplio despliegue policial con 33 allanamientos en simultáneo, en el marco de diversas investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.

Los procedimientos, coordinados por la fiscal Urquiza y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dejaron hasta el momento un saldo provisorio de varias personas a disposición de la Justicia, entre ellas una decena de detenidos —hombres y mujeres—, además del secuestro de armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos.

Las irrupciones se concretaron en distintos puntos estratégicos de la capital provincial y alrededores. Entre los barrios intervenidos se encuentran Los Jesuitas, Loyola Norte, Loyola Sur, La Loma, San Agustin, Coronel Dorrego y Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Nelson.

Las medidas judiciales responden a múltiples causas en trámite, que abarcan desde Homicidio, microtráfico de drogas hasta abuso de armas y amenazas calificadas. Fuentes del procedimiento indicaron que la investigación llevaba varios meses y que los allanamientos fueron ordenados en simultáneo para evitar fugas o entorpecimiento de pruebas.

En cada uno de los domicilios se desplegaron grupos tácticos de la PDI, con apoyo de unidades especiales de la Unidad Regional I, lo que permitió asegurar los perímetros y ejecutar las órdenes con rapidez y precisión.

Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego de distinto calibre, teléfonos celulares, motocicletas, automóviles y camionetas, además de cantidades no precisadas de marihuana y cocaína.

También se secuestraron sumas de dinero en pesos y dólares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las causas investigadas.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y se espera que en las próximas horas se definan sus situaciones procesales, en una causa que permanece en pleno desarrollo y no descarta nuevas medidas.

Una causa por violencia de género dio un giro imprevisto con el secuestro de más de 6 kilos de marihuana y más de 200 gramos de cocaína, durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri) de la Policía de Santa Fe en zona sudoeste de la ciudad de Rosario.

Personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI llevó adelante un procedimiento en el cual se incautaron 567 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 210 gramos y 16 ladrillos de marihuana por un peso de 6,100 kilogramos.

El allanamiento de fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se desarrolló en un domicilio de Pasaje 1854 al 6300 de Rosario, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de la fiscal Antonela Valente. En el lugar fueron aprehendidas tres personas y a otras dos se le libró pedido de captura.

Durante la requisa en una de las habitaciones se procedió al secuestro de tres armas de fuego (dos pistolas calibre 22 y una calibre 380), como también una carabina de aire comprimido modificada en su recámara.

Por disposición de la fiscal interviniente y en coordinación con la Fiscalía de Microtráfico a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, se ordenó el secuestro de la totalidad del material estupefaciente y la detención de los moradores del domicilio, identificados como Jorge Mario O. (63 años), María Belén O. (33) y Walter Alejandro A. (34).

Asimismo, se dispuso solicitar orden de captura para dos hombres sindicados como posibles responsables del hecho de violencia de género y del material estupefaciente y de las armas incautadas.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Microtráfico de la PDI para su correspondiente peritaje, continuando la investigación en curso.

La Policía de Santa Fe, a través de Unidad Especial de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), llevó adelante un megaoperativo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, que incluyó 16 allanamientos en la localidad de Empalme Villa Constitución, por una causa de comercialización de estupefacientes al menudeo con connivencia policial. Como resultado de las medidas resultaron detenidas 7 personas, entre ellas el jefe de la seccional 5ª de la Unidad Regional VI del departamento Constitución.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Franco Carbone, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una denuncia telefónica anónima puso en marcha la investigación del personal de Asuntos Internos, unidad especial dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

Como resultado de tareas investigativas, de inteligencia y vigilancia encubierta, se logró desarticular una organización criminal dedicada a la venta de drogas, la cual contaba con connivencia policial. Y además se estableció la participación de otras dos personas privadas de la libertad, que también irán la semana próxima a audiencia imputativa junto a los 7 detenidos.

En ese contexto se realizaron 16 allanamientos en la localidad de Empalme Villa Constitución, procediéndose a la detención del inspector Eduardo Q., jefe de la Seccional 5ª de la UR VI mientras se encontraba en funciones en la sede policial a su cargo. Además fueron detenidos seis civiles identificados como Martín G.; Brian Ariel V.; Eduardo Darío V. alias “El Gordo Tife”; Jonathan V.; Celeste T.; y Ulises C.

En el marco del mismo operativo, también se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional VI, en donde se procedió al secuestro de su teléfono celular y documentación relevante para la investigación.

Además se procedió al secuestro de aproximadamente 11 kilos de marihuana en plantas y en instancia de procesamiento, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 3 gramos de cocaína, balanzas de precisión, material de corte, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

​Este viernes, personal de la Comisaría 2da llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 2 de Abril al 900, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido durante la madrugada de hoy.El operativo arrojó resultado positivo, logrando la recuperación de una motocicleta Honda Wave de color blanco y el secuestro de prendas de vestir de interés para la causa.

​Durante la intervención, los uniformados aprehendieron a un adolescente de 16 años que residía en el domicilio. La presunta autoría del menor en el hecho logró establecerse gracias a las rápidas tareas investigativas y al análisis de los videos de cámaras.​Posteriormente, el involucrado y los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.