Finalmente se estableció que el secuestro de 181 panes con material estupefaciente hallados en una carnicería de la localidad de Serodino asciende a más de 109 kilos de marihuana, según determinó la intervención de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). La causa se había iniciado días atrás por una denuncia de abigeato vinculada con la presunta faena ilegal de vacunos, cuyo procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía de Santa Fe. Un hombre de 32 años resultó detenido.

Mientras efectivos de la Guardia Rural realizaban una inspección en el comercio investigado, detectaron dentro de un freezer numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, solicitaron la intervención de personal especializado de la División Microtráfico del Distrito San Lorenzo de la PDI para realizar las pruebas orientativas correspondientes.

Las tareas efectuadas por los investigadores permitieron confirmar que se trataba de marihuana.En total se contabilizaron 181 panes, con un peso de 109,130 kilogramos. A partir del hallazgo tomó intervención la Justicia Federal, con conocimiento de los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, quienes dispusieron la detención de un hombre identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, además del secuestro del material estupefaciente y un teléfono celular.

Posteriormente, personal de la PDI llevó adelante tres allanamientos ordenados por el Juzgado Federal interviniente en domicilios ubicados sobre calles Las Heras al 700 (parte trasera del lote), Perú al 200 y Florida al 400, todos en Serodino, departamento Iriondo.

Como resultado de esas medidas judiciales, los efectivos secuestraron otro ladrillo de marihuana con un peso de 560 gramos; cogollos por 123 gramos; plantas de cannabis en proceso de secado por 2,6 kilos; cocaína por 1,1 gramos; balanzas de precisión; una máquina contadora de billetes; dos cámaras de seguridad; cuatro teléfonos celulares; cuatro cartuchos calibre .22; dinero en efectivo por 66.640 pesos; y documentación considerada de interés para la investigación.

Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada días atrás por la presunta faena ilegal de dos vacunos. A partir de esa información, agentes de la Guardia Rural “Los Pumas” realizaron inspecciones en una carnicería de Serodino, acompañados por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal).

Durante aquel operativo inicial se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de los controles realizados sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

Además, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 junto con 18 cartuchos. El hallazgo posterior de los panes con marihuana transformó una investigación por abigeato en una causa federal vinculada con narcotráfico.

Redacción Show

El mundo del cuarteto se encuentra conmocionado tras el operativo policial realizado en las oficinas de Almenara Network, la empresa encargada de manejar la carrera de Ulises Bueno y otros referentes del género.

Ulises y Flavio Bueno son, a su vez, hermanos del fallecido "Potro" Rodrigo.

Según la información proporcionada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, la sede cordobesa fue intervenida por efectivos de seguridad y agentes de ARCA en respuesta a denuncias por graves anomalías en la contratación del personal.

El disparador de esta situación judicial tiene nombre y apellido: Ezequiel Ferrel. El exempleado, quien formó parte del círculo íntimo del músico durante 16 años, inició una demanda laboral.

Este testimonio parece haber abierto una caja de Pandora, alentando a otros trabajadores a exponer un descontento que, según trascendió, se gestaba desde hace tiempo en las sombras de la productora.

El Potro Rodrigo, el fallecido hermano mayor de Ulises y Flavio y referente del cuarteto.

La situación alcanzó su punto crítico cuando la dirección de la empresa solicitó a sus empleados habituales que no concurrieran a las oficinas para evitarla exposición durante el allanamiento.

Las acusaciones no son menores: excolaboradores señalan el incumplimiento en el pago de aguinaldos, la falta de aportes previsionales y una precarización constante.

El panorama no solo afecta la imagen de Ulises y su hermano Flavio, sino que también genera una profunda incertidumbre entre los artistas que forman parte de su escudería, algunos de los cuales ya estudian la posibilidad de desvincularse para proteger sus propias carreras.

En el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido el pasado 18 de abril, personal policial llevó adelante una serie de procedimientos en la localidad de Murphy que culminaron con dos detenidos y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría 10ma realizaron dos allanamientos simultáneos en domicilios de los presuntos involucrados, ambos con resultados positivos.

Durante los operativos, se procedió al secuestro de una riñonera con inscripciones específicas, considerada de interés para la investigación.

Como resultado, fueron detenidos un joven de 19 años y un menor de 17. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el mayor de edad fue trasladado a la Alcaidía Departamental, mientras que el menor quedó alojado en la Comisaría 14ta de Venado Tuerto.

En paralelo, y también vinculado a la misma investigación, se realizó un procedimiento en un domicilio de calle Balcarce al 100, con la participación de personal de la Subcomisaría 10ma, Subcomisaría 2da y el Destacamento 4to.

Si bien en ese lugar no se encontraron elementos relacionados directamente con el robo, un hombre de 64 años entregó de manera voluntaria una escopeta marca Baikal, la cual no contaba con numeración visible ni documentación legal.

Además, los efectivos secuestraron 28 cartuchos de distintos calibres y colores.

Por disposición de la Fiscalía, el hombre fue notificado por el delito de Tenencia Indebida de Arma de Fuego y, tras cumplimentar los trámites legales, recuperó la libertad.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se avanza en la recolección de pruebas para esclarecer completamente el hecho ocurrido días atrás.

Una fiesta que se realizaba en una casaquinta de la localidad de 9 de Abril terminó con un muerto y dos detenidos luego de un tiroteo entre efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos.

El procedimiento se llevó adelante en el partido de Esteban Echeverría, en el sudoeste del conurbano bonaerense, en el marco de una investigación que se desarrollaba desde hace varios meses y que apuntaba a una organización vinculada al robo, adulteración y venta ilegal de vehículos.

La causa judicial comenzó en mayo de 2025, cuando policías se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes que había robado un Toyota Yaris.

Durante ese operativo uno de los sospechosos fue detenido y se le secuestró un teléfono celular. El análisis del dispositivo permitió obtener información clave sobre el funcionamiento de una organización criminal dedicada al robo de vehículos, la adulteración de su documentación y su posterior comercialización ilegal.

Según el informe policial, los autos también eran utilizados para cometer entraderas y otros delitos.

De acuerdo con los investigadores, la organización tenía una estructura con diferentes roles. Entre sus integrantes había personas encargadas de robar los vehículos de manera violenta, proveedores de armas y documentación, especialistas en modificar los rodados, choferes y responsables de manejar el dinero obtenido de las actividades ilícitas.

A lo largo de la investigación se logró comprobar la participación de la banda en al menos 15 hechos delictivos. A partir de esas pruebas, la Justicia ordenó la realización de 33 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano.

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidas 15 personas.

El episodio que terminó con un muerto ocurrió cuando los investigadores obtuvieron información de que dos sospechosos con pedido de captura se encontraban en una fiesta realizada en una quinta de la localidad de 9 de Abril.

En el lugar se desarrollaba una denominada “pool party”. Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental ingresaron para realizar el procedimiento y, según la versión policial, se produjo un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, uno de los sospechosos intentó escapar saltando desde una altura. En ese momento recibió disparos en la cabeza y el pecho, cayó gravemente herido y murió en el lugar.

La víctima fue identificada como Diego Ezequiel López, de 23 años. Según fuentes policiales, el joven tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente. Además, el arma que llevaba al momento del enfrentamiento figuraba como robada.

En el operativo también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados en las próximas horas en el marco de la causa que investiga a la banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.

En la jornada de este lunes, personal de la Comisaría 3ra de Rufino, con la colaboración del Comando Radioeléctrico, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Crouzellies al 200. El procedimiento se efectuó cumpliendo una orden judicial vinculada a una causa por estafa que se le sigue al residente de la vivienda.

El objetivo principal de la medida era constatar la existencia y proceder al secuestro de cualquier elemento que pudiera estar involucrado en la investigación en curso. Tras realizar la inspección y requisa del inmueble, las autoridades informaron que el resultado fue positivo.

Durante el operativo, los efectivos lograron incautar cheques y documentación que había sido requerida por la justicia para el avance de la causa. Una vez finalizada la tarea en el domicilio, las actuaciones y el material secuestrado fueron trasladados a la sede de la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Por Ana Inés Dobal

En el marco de una investigación por grooming en concurso real con producción de material de abuso sexual infantil, personal de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre en la ciudad de Rufino.

El procedimiento fue llevado adelante el jueves 19 de febrero de 2026 por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región 2, que concretó un allanamiento con resultado positivo.

La causa es tramitada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Agustina Fertitta. La investigación se inició a partir de tareas que permitieron detectar maniobras vinculadas a la captación de menores a través de medios digitales.

Con las pruebas reunidas, la jueza penal de Rufino, Lorena Garini, ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Manuel Roca al 500. En el lugar fue detenido M. A. G., de 36 años, programador informático, quien según la investigación operaba desde su vivienda para captar a las víctimas.

Durante la requisa se secuestraron múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular, una notebook y distintos soportes de almacenamiento digital, que serán sometidos a peritajes específicos.

Por disposición de la fiscal, el imputado fue trasladado a la ciudad de Rosario en calidad de detenido, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la causa.

La investigación continúa bajo estricta reserva, en una causa que generó fuerte repercusión en la comunidad local.

Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, la Justicia encontró el contrato que vincula a la AFA con TourProdEnter LLC, la empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni, investigado por presunto desvío de fondos en el exterior.

El documento establece la exclusividad absoluta para realizar todos los cobros y pagos internacionales de la AFA, a cambio de una comisión del 30%, más un 10% adicional por tareas logísticas, lo que elevaba la retribución total al 40% de cada operación.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, con intervención de la PROCELAC. Además de la sede de Viamonte, se allanaron el predio de Ezeiza y el domicilio particular de Faroni.

El acuerdo, firmado el 9 de diciembre de 2021, otorga a TourProdEnter el carácter de agente exclusivo para representar comercialmente a la AFA fuera de la Argentina. El texto obliga a la entidad a abstenerse de contratar a cualquier otro intermediario, salvo autorización expresa del agente.

En el artículo sexto, el contrato fija que la empresa percibiría el 30% de todos los montos ingresados a favor de la AFA por contratos internacionales, con una comisión adicional del 10% por logística, que incluía viajes, concentraciones, seguros, alimentación y organización de eventos.

Los pagos debían realizarse dentro de los diez días de efectuadas las erogaciones, y el contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Fue firmado por Claudi

o Tapia y Pablo Toviggino, mientras que por la empresa rubricó Erica Gillette, esposa de Faroni.

Según la investigación, TourProdEnter administró alrededor de US$ 260 millones correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. La Justicia sospecha que al menos US$ 42 millones habrían sido desviados hacia sociedades presuntamente ficticias radicadas en Miami, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC.

Las maniobras investigadas incluyen contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina, amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio, cuyos fondos no habrían ingresado al país ni a cuentas oficiales de la AFA.

Faroni tiene prohibido salir de la Argentina, pero el lunes por la noche intentó viajar a Uruguay desde Aeroparque. Fue detenido por Migraciones y, según consta en la causa, al recibir la notificación judicial habría descartado su teléfono celular, un elemento que ahora es buscado por los investigadores.

En el expediente también aparece Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, otra firma clave en el esquema bajo análisis. En esa causa ya hay personas procesadas y con prisión domiciliaria por encubrimiento agravado.

El análisis del material secuestrado en los allanamientos será clave para determinar responsabilidades penales y el alcance real del circuito financiero que quedó bajo la lupa judicial.

Durante la madrugada del jueves, un vecino de la ciudad de Rufino vivió momentos de tensión cuando, según su testimonio, fue perseguido por otro vehículo mientras circulaba por la vía pública. Al detenerse, uno de los ocupantes del automóvil descendió y lo habría amenazado apuntándole con un arma de fuego.

La víctima, ante el temor por su integridad, se retiró rápidamente del lugar y posteriormente radicó la denuncia en sede policial.

Allanamiento y resultados positivos

Con la denuncia ya presentada, la Fiscalía local ordenó una serie de medidas investigativas. Entre ellas, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de la ciudad, encabezado por efectivos del Comando Radioeléctrico junto a personal de la Comisaría Tercera.

El procedimiento resultó positivo: los agentes secuestraron armas de fuego, municiones, varios teléfonos celulares y un automóvil presuntamente vinculado al hecho.

Detención y causa judicial

El presunto agresor fue trasladado inicialmente para una revisión médica y luego llevado a la Comisaría 3ª, donde quedó a disposición de la Justicia y se procedió a la formación de causa en su contra.

Este viernes, un operativo de allanamiento fue realizado en la localidad de Wheelwright, en el domicilio de Juan de Garay al 500, a raíz de una denuncia presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio. 

La denuncia dio lugar a una investigación sobre la posible venta de estupefacientes en la zona, lo que motivó el accionar del fiscal Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3, quien trabajó en coordinación con el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General de Rosario.

En el marco de las investigaciones previas, personal de la Policía de Investigaciones de Melincué (PDI) logró identificar maniobras sospechosas de venta de drogas en las inmediaciones del domicilio señalado. Tras reunir suficientes elementos de prueba, se solicitó una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada con la colaboración de distintas fuerzas de seguridad: el Distrito de Firmat, la División Microtráfico de Venado Tuerto, la Comisaría 9° de Wheelwright y el grupo GOT de Constitución.

Durante la requisa, se secuestraron 62 envoltorios con cocaína, 2 plantines de cannabis, una balanza de precisión, recortes de nylon, precintos, bandas elásticas, semillas de cannabis, 2 teléfonos celulares, un reloj inteligente, un pendrive, una tarjeta de memoria y una suma de dinero en efectivo. Todo el material incautado fue remitido a la División Microtráfico de Venado Tuerto para su correspondiente análisis.

El detenido, identificado como A. H. T, de 52 años, fue trasladado a la alcaidía departamental URVIII, donde quedó a disposición del fiscal Iván Raposo. La detención fue ejecutada bajo la supervisión de dos testigos hábiles.

Este operativo forma parte de una serie de acciones coordinadas entre el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía General de Rosario y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región. Las actuaciones judiciales y el material secuestrado serán elevados a la unidad fiscal interviniente para su correspondiente procesamiento.

En la jornada del miércoles 24 de septiembre, personal de la Comisaría 6ta de Villa Cañás llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles 55 y 38, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía.

La medida se concretó a partir de un relevamiento que permitió establecer la presencia en el lugar de un sujeto sobre el que pesaban dos pedidos de captura activos, uno de ellos relacionado con un hecho de abigeato ocurrido en julio del presente año.

El procedimiento contó con la colaboración del Grupo de Irrupción de la Agrupación Cuerpos de Venado Tuerto, además de móviles y efectivos de las comisarías 5ta, 6ta y 7ma.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a sede policial donde se labraron las actuaciones correspondientes, para luego ser remitido a la Alcaidía Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

Quedaron en prisión preventiva dos personas de 38 años investigadas por haber agredido a una adulta mayor y haberla desprovisto de todas sus necesidades básicas en Venado Tuerto. Se trata de una mujer de iniciales YAO que trabajaba como cuidadora de la víctima y un hombre de iniciales RMJA, quien es la pareja de esa empleada.

Las privaciones de la libertad fueron solicitadas por la fiscal Andrea Cavallero e impuestas por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Paula Borrello, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales venadenses.

Cavallero refirió que “la pareja investigada puso en serio riesgo la vida de una mujer de 70 años que la imputada se había comprometido a cuidar”. Subrayó que “entre los dos, la sometieron a malos tratos que afectaron su salud y la privaron de adecuada alimentación, de aseo y de asistencia médica, a pesar de sus manifestaciones de dolor y pedidos de auxilio”.

Asimismo, puntualizó que “en una oportunidad, la mujer de 38 años atacó a la víctima con una patada y le ocasionó una grave herida en una pierna, la cual derivó en úlcera”, y agregó que “el imputado fue coautor por omisión de esa agresión”. En tanto, detalló que “frente a esa situación, los investigados le suministraron a la mujer lesionada un aerosol de uso veterinario para caballos, en lugar de la debida medicación”.

“Los hechos ilícitos fueron cometidos en una construcción precaria ubicada en calle Chile al 700, donde la adulta mayor residía abandonada a su suerte, sin posibilidad de trasladarse por sus propios medios”, explicitó la funcionaria del MPA. “La edificación es de laja sin aislamiento, no tiene puertas, ventanas, baño ni cocina y posee un techo de chapa, por lo que la víctima estaba expuesta a las inclemencias climáticas”, indicó. “Ese inmueble perteneció a la anciana hasta febrero de este año, cuando se lo vendió por escritura a la imputada”, mencionó.

Por otro lado, Cavallero informó que “las circunstancias deplorables en las que vivía la septuagenaria fueron constatadas por agentes policiales en el marco de un allanamiento realizado el viernes pasado, a raíz de una investigación penal por microtráfico de estupefacientes”. Según aclaró, “ese mismo día, la víctima fue trasladada al Hospital Regional Alejandro Gutiérrez, donde recibió atención médica”.

Tanto el hombre como la mujer que quedaron en preventiva son investigados como coautores de los delitos de lesiones graves dolosas y abandono de persona. 

Un allanamiento, secuestro de plantas de marihuana arrojando un guarismo de 13,5 kilogramos en el deshoje de las mismas, marihuana seca con un peso de 56 gramos, goteros conteniendo en su interior aceite de cannabis sativa, como así también elementos de fracción e interés para la causa, fue el resultado de una investigación por comercialización de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto. 

La División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, inició la investigación bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Circunscripción Judicial N° 3, Unidad Fiscal Venado Tuerto, a fin de que agentes encubiertos de la fuerza realicen tareas de campo en virtud de una denuncia según la cual un masculino (E.F.), se dedicaba a la venta de estupefacientes en el ámbito local, quien por orden de la justicia actuante dispuso su traslado a la Comisaria Segunda de la Policía de la Provincia de Santa Fe en calidad de detenido.

De esta manera, se cerró otro kiosco de venta y comercialización de estupefacientes de la modalidad “delivery” en una de las zonas educativas y deportivas de Venado Tuerto. 

La Policía Federal Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, continúa con la constante lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, aseguran desde la fuerza.

Allanaron la Cárcel de Las Flores en la ciudad de Santa Fe y encontraron cuatro kilos de marihuana enterrados en un patio del establecimiento.

El hecho ocurrió este viernes a primera hora de la jornada en el marco de un operativo sorpresa ordenado por el fiscal Gustavo Onel de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe y llevado adelante por el Grupo de Requisa del Servicio Penitenciario.

Durante el procedimiento, los agentes detectaron un inusual montículo de tierra en el Pabellón 6 e iniciaron las tareas de excavación.

En el pozo se hallaron 15 ladrillos de marihuana envueltos en bolsas de nylon negra y embaladas, que en su totalidad pesaban aproximadamente cuatro kilos.

La mercancía fue secuestrada y se avanzó con un allanamiento total de la cárcel, en el cual intervinieron canes para el análisis del interior y el exterior.

La medida, autorizada el jueves por la tarde por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo, fue ejecutada por agentes de la Gendarmería Nacional (Agrupación XXI).

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó este viernes el allanamiento del despacho de Edgardo Kueider en el Senado. Lo dispuso en un oficio enviado al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Abdala reemplaza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Italia, cuestión que, por no haberse contemplado este jueves a los efectos de la sesión, desató una polémica sobre la validez de la misma, alentada desde el propio oficialismo.

El pedido de desafuero producido por la magistrada minutos antes de la sesión fue determinante para precipitar el desarrollo de los acontecimientos. Y, a la vez, la caída de los fueros por efecto de la expulsión habilitaron la orden de allanamiento y registro del despacho, que el mismo día fue fajado a petición de la magistrada. En la nota, Arroyo Salgado fundamenta el pedido en que "dentro del mismo, podrían hallarse elementos de prueba que permitan corroborar las hipótesis delictivas bajo examen".

Mientras tanto, luego de que la Cámara de Senadores votara la expulsión del aliado oficialista Edgardo Kuider, desde la Casa Rosada hubo expresiones en el sentido de sostener la nulidad de la sesión, a la vez que apuntan al supuesto "incumplimiento de deberes" de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La decisión del Senado fue producto de una serie de circunstancias políticas que, en buena medida, escaparon al control y a las preferencias del Gobierno. Pero más allá de ellas, lo que ahora se cuestiona es el hecho de que la titular del Senado presidió la votación en el mismo momento en el que debía estar en ejercicio de la presidencia, debido al viaje a Italia que el mandatario Javier Milei emprendió durante el mediodía del jueves.

Sobre esta base, los abogados del senador Kueider anticiparon que pedirían la nulidad de la sesión que expulsó al senador, ya que la titular del Senado no podría haber coordinado la sesión por tener que estar al frente del Gobierno. Una idea que fue puesta sobre el tapete desde el propio oficialismo.

De hecho, el senador oficialista Carlos Pagotto fue uno de los primeros en abrir la discusión sobre la legalidad de la sesión. "Creo que un escribano debió haberse constituido en la cámara y hacerle firmar. Son cuestiones jurídicas elementales. Tranquilamente podría darse la impugnación de la sesión. Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando y firmar la vicepresidenta. Ni bien se firma el acta, cumple otras funciones. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad", resaltó el legislador libertario.

Desde el entorno de Villarruel sostienen que la vice recién firmó el traspaso a las 19, lo que implicaría asumir que el Poder Ejecutivo permaneció acéfalo en las horas en las que el jefe de Estado partió a Europa.

Por el contrario, a través de la difusión de una nota firmada por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y enviada por el sistema de Gestión Documental Electrónica, fuentes de Balcarce 50 afirman que Villarruel fue debidamente notificada en tiempo y forma, y aseveran que la funcionaria "miente".

"Informo a usted que, el día 12 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas aproximadamente, el señor Presidente de la Nación, viajará a la ciudad de Roma (República Italiana), teniendo previsto su regreso el día 15 de diciembre de 2024 a las 20:00 horas aproximadamente", se le notificó a la vicepresidenta y a sus colaboradores a través del documento.

En horas de la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un sugestivo mensaje en su cuenta de X, direccionado contra la compañera de fórmula de Javier Milei, aunque sin hacer mención: "En este Gobierno no se miente. Que tengan todos un gran cierre de semana. Fin".

Incluso desde presidencia hicieron circular capturas de una supuesta conversación de ese mismo día con la secretaria de la vicepresidenta Guadalupe Jones en el que daban cuenta del viaje de Milei a Italia.

La cuestión de la expulsión de Kueider fue resistida desde La Libertad Avanza (incluso por la propia Villarruel, que introdujo la discusión sobre el caso de Oscar Parrilli en un intento de bloquear al kirchnerismo) no tanto por cuestiones institucionales o por el afán de proteger al legislador, como por el efecto que la decisión tendrá en la composición de la cámara. Esto es porque la expulsión de Kueider supone que en su banca asumirá Stefanía Cora, militante de La Cámpora. Con ello, Unión por la Patria quedará con 34 senadores –a tres del quórum propio– y el Gobierno perdió un aliado para que se incorpore una opositora acérrima.

Una serie de circunstancias se alinearon para que el legislador entrerriano fuese expulsado, pese a la reticencia del PRO por la misma razón. Primero, la decisión de ese bloque de asistir a dar la discusión, con lo cual se garantizó el quórum y no se pudo impedir la sesión. Segundo, el pedido de desafuero que, en el mismo día, produjo la jueza Sandra Arroyo Salgado, que al introducir un elemento de proceso judicial en el país redujo el margen de argumentación para rechazarlo. Tercero, el riesgo de que ni la expulsión, ni la suspensión (que impulsaban el gobierno y el PRO) tuviesen los dos tercios de respaldo, y por lo tanto la sesión terminase sin ningún tipo de sanción para Kueider. A esto se sumaron algunas decisiones individuales (como el fuerte pronunciamiento de Guadalupe Tagliaferri y legisladores del radicalismo), que convencieron a todos de la conveniencia de avanzar con la expulsión.

Pero ante el hecho consumado, la irregular situación que se dio con la presidencia de Villarruel, combinada con su posición de enfrentamiento con la plana mayor de la gestión Milei, podría dar pie a una nueva jugada para intentar voltear la sesión.

Pero más allá de la discusión sobre la simultaneidad de funciones (que no está prohibida expresamente en ninguna parte, pero es naturalmente incompatible con la división de poderes), y si bien algunos constitucionalistas advirtieron por las desprolijidades en la sesión, distintos senadores dejaron en claro que no hay razones para declararla inválida.

"La jurisprudencia es muy restrictiva al analizar violaciones reglamentarias cuando la propia Cámara es la que dice que algo estuvo ok", dijeron fuentes del bloque de la UCR. Incluso el presidente provisional de la Cámara Alta, el libertario Bartolomé Abdala, también se expresó en ese sentido.

Este lunes, personal de Comisaría 8va de Elortondo ejecutó una orden de allanamiento en un domicilio de calle Chacabuco al 300, a raíz de un hecho de Hurto, el cual arrojo resultados Positivos. 

Durante el procedimiento secuestraron una caja metálica con candado forzado y una bolsa la cual contenía documentación de la víctima.

El involucrado fue identificado en una obra comunal y trasladado a sede policial para cumplimentar los recaudos legales dispuestos por la Fiscalía, siendo estos formación de causa por Encubrimiento.

Agentes de la División Lavado de Activos, durante una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron diversos allanamientos en la Ciudad Autónoma e Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, vinculados a una popular cervecería acusada por el delito de fraude y evasión fiscal.

Según explicó la fuerza nacional en un comunicado, la investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la A.F.I.P. - D.G.I. sobre una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, "con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de I.V.A., impuesto a las ganancias y bienes personales, en el período comprendido entre los años 2018 y 2023".

A partir de ese momento intervino en la causa la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la doctora María Luján Rotetta, Secretaría del doctor Juan Paiva, quienes pusieron en manos de la división División específica la investigación del caso.

Con la totalidad de las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo del doctor Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal N°2 del doctor Martín Brina, ordenaron la realización de nueve allanamientos.

Durante los procedimientos realizados en simultáneo tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.

Asimismo, se secuestró documentación que confirma que la empresa en cuestión, se dedicaba exclusivamente a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.

Al mismo tiempo, se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable de interés para la causa.

En los operativos participó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, como así también de la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado

Danilo Chiapello

Este miércoles, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por lavado de activos. Los procedimientos están vinculados a una organización narco que operaba desde 2023 y cuyo principal sospechoso es un santafesino que, tras dedicarse al tráfico de drogas, transformó su actividad en un negocio inmobiliario.

La investigación está encabezada por el fiscal Walter Rodríguez, quien coordina un equipo de la PFA proveniente de Buenos Aires. Según trascendió, el imputado utilizaba las ganancias obtenidas de la venta de estupefacientes para adquirir propiedades y vehículos. Las viviendas y locales comerciales eran luego puestos en alquiler, generando una fachada empresarial para ocultar el origen ilícito de los fondos.

El detenido es señalado como jefe de una organización narco que operaba principalmente en los barrios Centenario, Chalet, Arroyo Leyes, Fonavi y Santo Tomé.

En los allanamientos realizados, la Policía Federal logró identificar y secuestrar propiedades y vehículos. Se calcula que el acusado poseía al menos 17 inmuebles, entre casas y locales comerciales, muchos de ellos ubicados en la zona norte de la ciudad. También se registraron inmuebles en Santo Tomé y San José del Rincón.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en un domicilio de calle Doldán al 6700, donde los efectivos buscaron indicios vinculados a la causa.

Además, se realizaron operativos para localizar 11 vehículos, entre autos y camionetas, que presuntamente estaban siendo utilizados por la organización delictiva. No se descarta la existencia de más bienes de lujo, como lanchas, que también habrían sido adquiridas con dinero proveniente del narcotráfico.

La causa que motivó estos operativos tiene sus raíces en una detención realizada en 2023, cuando se incautaron 29 kilos de cocaína en un operativo en barrio Centenario, lo que permitió identificar al líder de la organización. Desde entonces, la investigación se ha centrado en rastrear los activos obtenidos por esta red criminal.

Un grupo de policías de Buenos Aires, son quienes estarían a cargo de coordinar la logística de los operativos policiales. El despliegue de las fuerzas federales en Santa Fe se realiza bajo la premisa de desarticular la red de lavado de dinero construida sobre el tráfico de drogas.

Las autoridades continúan investigando la magnitud del entramado financiero que sostenía la actividad narco del acusado, quien, según se presume, habría utilizado su red de propiedades como un mecanismo para blanquear las ganancias obtenidas del narcotráfico.

Este jueves, personal de Comisaría 8° de la localidad de Elortondo, llevó a cabo dos órdenes de allanamiento, donde la justicia autoriza el ingreso en búsqueda de una motocicleta sustraída días atrás en la ciudad de Firmat.

La policía se presentó en el domicilio ubicado en calle Libertad al 300, arrojando resultados positivos en cuanto al secuestro de la motocicleta en cuestión, pero para sorpresa de los uniformados, una vez en la vivienda observaron otros elementos relevantes, es por ello que comunicaron al fiscal y este ordenó el secuestro y la intervención de la Justicia Federal.

De la vivienda se secuestró, además de la motocicleta solicitada, una cantidad importante de una sustancia que podría ser cocaína, envoltorios con fracciones de esa sustancia blanquecina, plantas de marihuana, 2 revolver, 1 escopeta cal 16, municiones, cartuchos, celulares y procedieron a la aprehensión de dos hombres y una mujer.

La fiscalía dispuso que notifiquen de la causa por el delito de encubrimiento y permanezcan detenidos hasta la audiencia imputativa, mientras que de manera paralela la justicia federal realiza las actuaciones correspondientes.

Este jueves, Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en las oficinas de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades y coimas en un fallido proceso de venta de carbón a la empresa israelí TEGI. Así lo confirma el diario local Tiempo Sur en su versión online.

La acción fue ordenada por el juez Julián Ercolini tras la denuncia de corrupción presentada por la diputada porteña Graciela Ocaña.

Según se detalla, el allanamiento comenzó a las 9 de la mañana y se realizó en presencia de empleados de YCRT. El operativo incluyó un fuerte despliegue de vehículos de Gendarmería en las inmediaciones.

La denuncia presentada el 10 de septiembre sigue su curso, pero las sombras de corrupción ya se habían posado previamente sobre la carbonífera estatal. Empresa que actualmente se encuentra sin interventor designado por el Gobierno Nacional. Justamente el último interventor, Thierry Decoud, fue echado por el presidente Javier Mileii a raíz del escándalo.

Incluso el Sindicato rompió el silencio tras el escándalo y pidió que se nombre de forma urgente un nuevo interventor. "Ojalá pudieran nombrar a algún trabajador. No queremos que nos manejen a 3000 km de distancia”, dijo el Secretario General de ATE en YCRT,

El dirigente gremial se refirió de manera directa al escándalo y sentenció: “había una supuesta corrupción y como sindicato queremos que se investigue".

La Justicia ordenó un allanamiento en el departamento del ex presidente Alberto Fernández en el marco de la causa por violencia de género que inició en su contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Según fuentes judiciales, el objetivo del procedimiento fue secuestrarle el celular.

La orden del allanamiento fue pedida por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo, y materializada por personal de Policía Federal en el departamento de Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero.

El operativo se dio luego de que este viernes la causa fuera sorteada y quedara nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.

En ese marco, el ex mandatario designó a la abogada Silvina Carreira como su defensora.

El expediente 2539/2024, que había tenido su origen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que Ercolini subroga, fue sorteado y recayó en el juzgado de origen del mismo

magistrado, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.