Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores las principales necesidades y problemáticas que atraviesa el sector ante la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad que tiene como consecuencia el cierre de pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.

En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes. De esta manera se evitaría lo que muchas veces sucede: que la marginalidad se convierta en la única salida para evitar la carga tributaria que se superpone.

Al respecto, CAME propuso que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes.

Por otra parte, para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.

A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

Por último, los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país.

Además del presidente de CAME, Ricardo Diab, estuvieron presentes los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández; la secretaria general, Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario Gremial, Guillermo Polke; el secretario de Relaciones Internacionales, Alfredo González; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; el secretario de Relaciones Institucionales, Fausto Brandolin; el secretario de Capacitación, Luis Alonso; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el secretario de Interior, Gerardo Díaz Beltrán; el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo; el coordinador de la Comisión de Fronteras y de la Comisión de Ilegalidad, Fabián Hryniewicz; y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. 

En los dos primeros dos meses de vigencia de los beneficios de la Ley Tributaria que impulsó el Gobierno de Santa Fe, 788 empresas -365 en enero y 660 en febrero- dedujeron del pago de Ingresos Brutos un total de 3.193 salarios correspondientes a nuevos empleados incorporados durante 2026. La medida, orientada a incentivar la creación de empleo, ya generó un ahorro superior a los $ 2.150 millones en el primer bimestre del año.

Solo en febrero, el ahorro alcanzó los $ 1.384.761.534. En ese período, el beneficio fue utilizado por 245 comercios, 86 industrias manufactureras, 80 empresas de la construcción y 53 firmas del sector de alojamiento y gastronomía, entre otras actividades.

Los datos fueron presentados este miércoles por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, junto con el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, durante una conferencia en la Sede de Gobierno en Rosario.

Olivares destacó que la política forma parte de los ejes centrales de la estrategia económica provincial: “Buscamos mostrar cómo estos instrumentos ya se traducen en una baja concreta de impuestos para miles de empresas santafesinas”. En esa línea, subrayó que el esquema apunta a “generar un incentivo adicional para la creación de empleo” y que su impacto comienza a observarse en distintos sectores y en todo el territorio provincial.

Por su parte, Puccini valoró el alcance de las medidas incluidas en la Ley Tributaria 2026 y afirmó que “los resultados están a la vista”. El ministro remarcó que el objetivo es ampliar el uso de las herramientas disponibles: “Queremos que no haya comercio, pyme o industria que no esté aprovechando estos beneficios”.

Según explicó, si la totalidad de las empresas accediera a los incentivos, la Provincia resignaría unos $ 80.000 millones en recaudación, recursos que -dijo- “quedarían en un circuito virtuoso dentro de la economía”. En ese sentido, sostuvo que, en un contexto macroeconómico adverso, “las políticas anticíclicas funcionan como un escudo para el sector productivo y como motor cuando hay inversión o crecimiento”.

Franco, en tanto, señaló que la respuesta del sector privado ha sido positiva. “Las empresas, los estudios contables y los comercios valoran tanto el impacto económico como la simplicidad del trámite”, indicó, y consideró que los resultados “confirman el rumbo hacia un Estado más ágil y con menor carga impositiva”.

Entre los beneficios vigentes, también se incluye la posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos el gasto en energía eléctrica. En dos meses, 319 industrias y 2.644 comercios accedieron a esta herramienta.

Solo en febrero, 258 industrias y 2.440 comercios solicitaron el beneficio, lo que representó un ahorro conjunto superior a $1.010 millones. En el acumulado del bimestre, el monto supera los $1.576 millones.

Los pequeños contribuyentes también registran una alta adhesión. En dos meses, 1.245 comercios accedieron a la reducción de alícuota de Ingresos Brutos al 2,5%, con un ahorro total de $124.213.581.

En total, cerca de 5.000 empresas utilizaron al menos uno de los tres beneficios centrales de la Ley Tributaria en sus primeros dos meses de implementación. Solo en febrero, 2.948 firmas accedieron a alguna de las herramientas disponibles y 583 combinaron dos de los incentivos.

Los primeros resultados muestran un alto nivel de adopción y refuerzan la apuesta oficial por una política fiscal orientada a reducir la carga impositiva y estimular la actividad económica.

La llamada Ley de Inocencia Fiscal, que fue promulgada este enero por el Poder Ejecutivo, invita a las provincias y al gobierno de CABA a adoptar regímenes simplificados de fiscalización. En los hechos la invitación es a sumarse al capítulo que impone el régimen de declaración jurada simplificada.

En el Poder Ejecutivo y con eje en el Ministerio de Economía que conduce Pablo Olivares se analizaron los alcances de la norma que fue aprobada después del Presupuesto General 2026 por el Senado de la Nación.

Lo primero que se advirtió es que la mayoría de los temas comprendidos en el articulado son legislación de fondo (Penal Tributaria, Código Civil) o de asuntos estrictamente nacionales como el Impuesto a las Ganancias o lo referido a aportes a obras sociales.

En el artículo 44, la norma recomienda a CABA y a las provincias a adoptar regímenes simplificados de fiscalización, que es un asunto de las administraciones tributarias de cada provincia, en el caso de Santa Fe está en manos de API.

“A las provincias no nos piden que no se controle sino que a la hora de fiscalizar sea simple”, explicó uno de los asesores jurídicos del equipo económico de la provincia.

“No se mandará ningún proyecto de adhesión porque no corresponde y en principio tampoco se emitirá decreto alguno” se añadió ante la consulta técnica de El Litoral.

El primer título de la Ley de Inocencia Fiscal refiere al régimen penal tributario y aplica a todas las relaciones tributarias sean nacionales, provinciales o municipales. Este aspecto no requiere adhesión de provincias y municipios.

En el título segundo se reforman aspectos de la ley nacional 11.683 de procedimientos en materia tributaria nacional. Las reformas, en su mayoría refieren a deberes formales que no se encuentran regulados por la normativa provincial, ejemplo de ellos los deberes formales en materia de comprobantes como facturas.

El siguiente título se refiere a cambios en artículos del Código Civil y Comercial referidos a prescripción. Más adelante se cambian artículos de las leyes de Obras Sociales, Sistema de Salud y PAMI, todos de incumbencia nacional o federal.

En lo que hace al título del régimen de Declaración Jurada Simplificada en Impuesto a las Ganancias tampoco requiere aval de las provincias.

Finalmente, en el artículo 44, la invitación a las provincias no habla de adherir sino a adoptar regímenes simplificados de fiscalización.

La Ley de Inocencia Fiscal busca cambiar la relación entre el Estado y los contribuyentes y el objetivo central es establecer una presunción de buena fe a favor del ciudadano, limitando la capacidad del organismo recaudador (ARCA) para iniciar acciones penales o fiscalizaciones arbitrarias.

Con la vigencia de la ley que deberá ser acompañada de resoluciones de ARCA, el Estado debe considerar que el contribuyente ha declarado correctamente sus impuestos, salvo que se demuestre lo contrario con pruebas concretas.

ARCA ya no podrá usar indicios de riqueza de forma automática para presumir evasión; con la norma deberá demostrar "discrepancias significativas" antes de impugnar una declaración.

Entre otros de los cambios, eleva los montos mínimos para que una deuda impositiva se considere un delito penal con riesgo de prisión.

En los primeros nueve meses de aplicación del régimen, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió, hasta diciembre de 2025, un total de $ 3.219.132.959 en concepto de saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los reintegros se realizaron a contribuyentes que iniciaron el trámite de manera digital a través del sitio web del organismo.

La decisión se enmarca en una instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro orientada a generar alivio fiscal para los sectores productivos, y se complementa con otros beneficios contemplados en la Ley Tributaria 2026, que busca mejorar la competitividad y la previsibilidad del esquema impositivo provincial.“Fuimos dando respuestas claras e innovadoras: primero, con la determinación de reintegrar los saldos directamente en la cuenta bancaria del contribuyente, y luego ampliando el universo de quienes pueden solicitar la devolución, estén o no en situación de riesgo fiscal”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez.

Las declaraciones aluden a las modificaciones introducidas en agosto, cuando se elevó el tope mensual de devolución hasta los $ 10 millones y se habilitó el acceso al régimen a contribuyentes categorizados con Riesgo Fiscal 2 y 3. En la etapa inicial, el beneficio alcanzaba únicamente a quienes no registraban riesgo o se encontraban en el nivel 1.

De este modo, la política de devoluciones amplió su alcance y consolidó un mecanismo que apunta a corregir distorsiones habituales del tributo, especialmente en actividades con saldos técnicos recurrentes, como la industria, el comercio mayorista y determinados servicios.

Hasta diciembre se registraron 2.535 solicitudes de devolución. El trámite es simple y se realiza de manera íntegramente digital en www.santafe.gob.ar/api. Allí, el contribuyente debe seleccionar la opción “Ingresos Brutos - Solicitud Devolución / Compensación - Saldo a Favor Autorizado”.

Luego, al ingresar al Sistema de Gestión de Devoluciones con CUIT y Clave Fiscal, se debe informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Una vez aprobada la solicitud por la API, el monto correspondiente se transfiere automáticamente a la cuenta declarada, sin necesidad de gestiones adicionales.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio sanción definitiva al proyecto de la ley tributaria 2026. Fue en la segunda sesión extraordinaria, realizada este jueves en la legislatura.

En ese marco, el diputado Mariano Cuvertino (Unidos para Cambiar Santa Fe-PS) destacó que el mensaje enviado por el Ejecutivo provincial “no es sólo una actualización de alícuotas. Como el Presupuesto, es una respuesta política y técnica en un contexto nacional complejo y adverso, especialmente para las provincias y el sector productivo”.

Datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indican que entre 2010 y 2024 los recursos por habitante de las provincias tuvieron una caída del 10%. Esto no sólo representa una retracción estructural de los ingresos necesarios para financiar bienes y servicios públicos esenciales, sino que también agrava las asimetrías fiscales existentes en la Argentina.

En este contexto, “Santa Fe resiste mejor que otras jurisdicciones, con una reducción del 7,3% de sus recursos. Pero el margen fiscal es finito” alertó el diputado y dejó en claro que aun así “nuestro compromiso con el desarrollo productivo es permanente, por eso se proponen medidas concretas y un objetivo claro: sostener la producción y fomentar el empleo privado registrado en un contexto económico adverso”.

Entre las medidas de alivio fiscal de la ley sancionada se encuentran la posibilidad de descontar del pago de ingresos brutos los sueldos de los nuevos empleados en los sectores de industria, comercio, servicios, construcción, transporte y hotelería. También, la posibilidad de tomar como crédito fiscal de dicho tributo, los importes abonados a la EPE consignados en la factura como importe básico, hasta un 30% del impuesto determinado, en los sectores industriales, del comercio y hotelería.

“Son medidas inéditas que suponen un esfuerzo fiscal de 80 mil millones de pesos, pero que bajan costos de producción, protegen el empleo y mejoran la competitividad”, sostuvo Cuvertino al destacar la decisión que toma el gobierno provincial con las herramientas que tiene disponibles.

Para los “ciudadanos de a pie” también se prevén beneficios. Por ejemplo, se elimina el impuesto a los sellos en los contratos de alquiler y en los créditos hipotecarios con destino a vivienda única; y los contribuyentes que estén al día con el pago de sus impuestos mantendrán un 20% de descuento más la exención de una cuota; también habrá bonificaciones del 35% por el pago anual anticipado y del 15% por adherir al débito automático.

Por último, el diputado de Unidos resaltó que Nación no cumple con sus obligaciones y citó las palabras de un legislador oficialista que esta madrugada dijo que "debemos terminar con la coparticipación federal y cortar el cordón umbilical entre la Nación y las provincias".

En ese sentido, Cuvertino preguntó: “¿Queremos 24 unidades nacionales compitiendo por la tributación en el país?, ¿vamos a seguir admitiendo que el gobierno nacional continúe rompiendo los pactos que le dieron origen a esta República? Porque eso es lo que está pasando y es un debate que supera ampliamente las herramientas de las que dispone un gobierno provincial a la hora de fijar las alícuotas tributarias dentro de su propio territorio”.

Según la concepción filosófica de la normativa vigente, todo contribuyente tiene la intención de evadir. Y una evasión de un millón y medio de pesos al año representa delito tributario sujeto a denuncia penal. Regulaciones, regímenes de información y controles extensivos e invasivos no han logrado, sin embargo, atemorizar comportamientos.

De hecho en los “colchones” del país hay unos US$ 250 mil millones según se infiere de cálculos del Indec. Y en el país -de acuerdo a los últimos datos disponibles del BID en 2019- la evasión del IVA alcanza a 2,6 puntos del PBI.

“Otros tributos, como el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales o las Contribuciones a la Seguridad Social, registran niveles de evasión similares o más altos”,advierte un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.

“Por ejemplo, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la informalidad laboral afecta aproximadamente al 42% de los ocupados del sector privado. Esto alerta que la evasión, además de erosionar los ingresos públicos, está íntimamente ligada a la degradación social y es fuente de distorsiones en la competencia entre empresas”.

El oficialismo se dispone a tratar esta tarde en Diputados -junto al presupuesto 2026- la ley de “Regla Fiscal y de Inocencia Fiscal”, en la que ahora la “sospecha” es que el ciudadano es en principio un contribuyente, no un evasor. Pero eso no elimina las responsabilidades.

“La determinación de umbrales monetarios a partir de los cuales un delito tributario se considera punible penalmente tiene una importancia clave tanto para el contribuyente como para el sistema judicial”, advierte el Ieral.

El proyecto eleva de un $1,5 millón a $100 millones ese umbral, lo que implica además -de sancionarse la norma- el cierre de causas vigente por “la ley penal más benigna”. De igual manera, el umbral para la evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones.

Pero incluso para quienes superen esos parámetros, la norma busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Si una persona -humana o jurídica- paga el total de la deuda tributaria más los intereses antes de que la ARCA presente una denuncia penal, entonces la administración no está obligada a iniciar la causa. “Esta dispensa opera una sola vez por contribuyente”.

Para el análisis del Ieral, quienes decidan usar los dólares del colchón ya despojados de ulterioridades penales, deberán sin embargo tener en cuenta el destino que le dan.

Uno de los aspectos más difundido del proyecto son los posibles estímulos para que los contribuyentes exterioricen dólares que tienen acumulados por fuera del sistema formal.

“En este aspecto, dado que el proyecto no contempla cambios en el impuesto a las ganancias, el impacto solo podría llegar a operar de manera indirecta en función de las conductas que adopten los contribuyentes”, advierte el análisis.

El proyecto mileísta plantea modificaciones al Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial. Reduce el monto de prescripción del delito de evasión a 3 años para limitar las denuncias penales.

El dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal reunió 44 firmas; a “Fuerzas del Cambio” se le sumaron votos de legisladores de Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca y los aliados del PRO, la UCR y el MID.

• Actualización de Multas: Se introduce una actualización integral del régimen de multas formales (artículos 38, 39 y 40 de la Ley N° 11.683) para adecuar los montos sancionatorios a la realidad económica vigente.

• Reducción y Unificación de Plazos de Prescripción: Se unifican y reducen los plazos de prescripción para las acciones fiscales.

Para contribuyentes cumplidores sin discrepancias significativas, la prescripción se reduce de 5 a 3 años.

El plazo de prescripción se mantiene en 10 años para contribuyentes no inscriptos.

La acción de repetición de impuestos prescribe a los 5 años.

Se aplica la misma lógica a los aportes y contribuciones a la seguridad social, reduciendo el plazo a 5 años si media la debida presentación jurada sin diferencias significativas.

• Fin de la Suspensión Automática: Se propone eliminar la suspensión automática del plazo de prescripción que actualmente se produce cuando la ARCA notifica al contribuyente el inicio del procedimiento de determinación de oficio. Esto busca obligar al fisco a actuar con mayor celeridad.

• Armonización Federal: Se busca unificar y armonizar los plazos de prescripción para los tributos locales (provinciales, municipales y CABA) con lo establecido en la ley nacional para otorgar coherencia y uniformidad.

• Declaración Opcional: Se incorpora, con carácter opcional, una forma simplificada de declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonio que no superen ciertos límites (ej. ingresos anuales de hasta $1.000 millones).

• Eliminación de la Obligación Patrimonial: Quienes opten por la declaración simplificada quedan liberados de la obligación de presentar el cuadro de variaciones patrimoniales y el consumo. Este era un componente adicional que generaba una carga administrativa importante.

• Efecto Liberatorio: La declaración jurada simplificada, elaborada por ARCA con la información disponible, tendrá efecto liberatorio del pago siempre que no se detecten errores graves o una discrepancia significativa.

• Restricción a las Presunciones: ARCA no podrá basarse en incrementos patrimoniales o gastos no justificados (indicios de riqueza) como prueba automática de evasión para objetar la declaración, sino que deberá basarse en pruebas concretas y directas, respetando el principio de verdad material.

Ante la crítica situación vivida por numerosas familias de la localidad de María Teresa debido a las intensas lluvias e inundaciones, la Comuna lanzó un régimen excepcional de alivio fiscal destinado a brindar acompañamiento a quienes sufrieron daños importantes en sus viviendas.

¿Qué contempla la medida?

El programa establece los siguientes beneficios:

Esta disposición alcanza a aquellas propiedades que fueron clasificadas oficialmente dentro de:

La identificación de los domicilios beneficiados fue realizada mediante un relevamiento casa por casa llevado adelante por personal comunal.

Vigencia y contacto

El régimen de beneficios tendrá una duración de cinco meses y busca ofrecer un alivio concreto en medio de la reconstrucción y recuperación económica de las familias afectadas.

Para obtener más información, los vecinos pueden acercarse a Mesa de Entrada de la Comuna o comunicarse al 15330033.

Para la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la baja de retenciones a 4.411 productos industriales -ordenada por el gobierno nacional en el decreto 305/25- "es un paso muy importante". Alivia de hecho en Santa Fe a 205 posiciones arancelarias de las 562 exportadas desde la provincia en 2024; pero la ecuación no necesariamente supone despejar la competitividad sistémica que requiere la meta exportadora del país.

Descartada la devaluación -el mecanismo reactivaría el ciclo de inflación y retraso cambiario para volver a empezar- el gobierno central propone bajar impuestos provinciales alegando que los nacionales ya se redujeron.

Osvaldo Giordano, desde su columna del Ieral-Fundación Mediterránea, ha advertido la necesidad de dejar de "exportar impuestos". El economista cordobés explicó que "aumenta la urgencia por mejorar la eficiencia.

"Por un lado, hay mejoras por hacer 'puertas adentro' de las empresas" en un ciclo económico de rentabilidad baja de altos flujos de actividad. Por el otro, advierte que "son imprescindibles los cambios 'puertas afuera', esto es mejorar el entorno bajo el que tienen que operar quienes producen dentro de la Argentina", donde conviven los que exportan con aquellos que compiten con las importaciones.

En principio, en los equipos económicos de la provincia, siguen de cerca la evolución de los sectores favorecidos por el decreto nacional para Manufacturas de Origen Industrial. En Santa Fe dicho decreto impacta sobre 205 posiciones arancelarias (36,47%), de las 562 exportadas en 2024, más allá del persistente reclamo para eliminar aranceles sobre exportaciones agroindustriales.

Entre las MOI beneficiadas se incluyen las agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, maquinaria y equipo, relojería, preparados de sangre u hormonas elaborados por la industria farmacéutica, como tubos, cables e insecticidas.

También productos de alto valor agregado, como cosméticos, partes de motores y piezas de autos, como bombas, válvulas o engranajes, plásticos y metales, entre otros.

Según el detalle, el pasado año las MOI exportaron desde la provincia por US$1.520,8 millones; de ellas, 205 posiciones arancelarias están alcanzadas por el decreto y totalizaron el pasado año US$246,02, por lo que entre el 3 y el 4,5% del gravamen nacional que dejarán de pagar, será la rentabilidad obtenida por las empresas. ¿Eso alcanza?

Giordano no es el único economista que viene advirtiendo a los empresarios que deben ajustar sus procesos en un ciclo de baja rentabilidad. Tampoco está solo a la hora de sugerir la baja de impuestos; pero es uno de los principales impulsores del "súper Iva" que integre el gravamen nacional con ingresos brutos, para reducir la carga fiscal.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), calculó en base a datos del pasado año que el IVA recauda 7,5% del PBI, los cuales se reparten 3,5% para la Nación y 4,0% para las provincias. Ingresos Brutos -cobrado por las provincias- recauda alrededor de 4,0% del PBI, en tanto que "las tasas municipales aplicadas sobre las ventas recaudarían más del 0,5% del PBI".

"Estos datos -señala el equipo que dirige el economista Jorge Collina- muestran que por impuesto a las ventas se recaudan aproximadamente 12% del PBI. Esto implica poco menos de la mitad del total de los ingresos tributarios del sector público consolidado.

"Los impuestos a las ventas, por lejos, son la principal fuente de recursos de los tres niveles de gobierno. Comparado con países desarrollados, esto es una distorsión que debería ser corregida en base a seguir bajando el gasto público y fortaleciendo el impuesto a los ingresos (Ganancias) en lugar de a las ventas. Como esto llevará tiempo, mientras tanto es urgente e imprescindible eliminar Ingresos Brutos y tasas municipales a las ventas".

Con comprensible impacto en las cuentas santafesinas, el ministro de Economía de Pullaro ha formulado una advertencia. Para Pablo Olivares, es imprescindible que el cambio fiscal venga de la mano de acuerdos políticos de los tres niveles del Estado. Pero la administración Milei -se sabe- es poco afecta al diálogo, mientras que las leyes vigentes no le conceden al gobierno central la potestad para hacer las reformas "a sola firma".

En cualquier caso, Idesa sostiene que un súper-Iva que integre el impuesto nacional con el provincial y las tasas (bajando la carga fiscal) es la manera "más rápida" de mejorar la competitividad empresaria, bajar costos burocráticos y generar transparencia.

"El IVA es un impuesto transparente que permite ser reintegrado a los exportadores y coloca en pie de igualdad al producto nacional con el importado. En otras palabras, se deja de exportar impuestos y de competir en desventaja con productos importados", explica Idesa.

Añade Idesa que el súper Iva -en el que una parte del gravamen lo define cada jurisdicción- "también es la manera de avanzar hacia la competencia de alícuotas entre provincias como plantea el presidente. Para tres cuartos del país en términos de población y PBI es factible establecer un esquema de correspondencia fiscal.

"Esto es, que cada provincia se financie con los impuestos que le cobra a sus ciudadanos. Para el resto de país, integrado por las provincias más chicas cuyo bajo nivel de desarrollo hace difícil que su sector público se financie con impuestos propios es factible establecer un Fondo de Nivelación que les dé la tranquilidad de mantener los actuales ingresos".

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Transporte y Logística y la Administración Provincial de Impuestos (API), anunció este jueves en la ciudad capital una nueva medida de alivio fiscal destinada al transporte de carga y pasajeros, que consiste en el reconocimiento de un 40 % del pago de la Patente Única sobre Vehículos -como crédito fiscal- para el cumplimento del compromiso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; y del 100 % para quienes están abocados a la recolección de leche fluida. El beneficio alcanzará a unas 7.000 empresas del sector, y el costo asumido por la Provincia representa unos 3.500 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno, la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado, destacó que “se trata de una medida de alivio fiscal en el marco de la Ley Tributaria 2025 -y por disposición del gobernador Maximiliano Pullaro-, con la mirada puesta en la producción. Conocemos el esfuerzo de los transportistas de carga y los desafíos que asumen como sector clave de nuestra cadena logística, a través de cada kilómetro que recorren y de cada tonelada que transportan en todo el territorio provincial, uniendo a nuestra industria, al campo y a las economías regionales con los mercados nacionales e internacionales”. 

Asimismo, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que “en cuanto al transporte de pasajeros, si bien las líneas regulares están exentas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, esta medida alcanza a los transportes que trasladan a niñas y niños que asisten a clubes para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales, y al traslado de personal de empresas, lo cual también atañe a la producción”.

A su turno, la administradora provincial de Impuestos, Daniela Bosco, indicó que el trámite para gestionar el beneficio “es sencillo y concreto y lo pueden realizar aquellos sujetos que desarrollen su actividad productiva y tengan sus vehículos radicados en la provincia y estén abonando el Impuesto a las Patentes, quienes deberán ingresar santafe.gov.ar/impuestos, ir al box ‘Beneficio Artículo 30 - Ley 14386’ donde, ingresando el número de CUIT y clave fiscal podrán completar su datos e identificar los dominios afectados a la actividad que desarrollan. Posteriormente, un operador se contactará con quienes cumplimentaron los pasos para comunicarles que ya tienen disponible el crédito fiscal correspondiente para ser imputado al pago de Ingresos Brutos del mes siguiente”, detalló. 

Además, Bosco aclaró que “el trámite ya está disponible para aquellos que realizaron el pago total de la Patente Única sobre Vehículos en el mes de febrero de 2025. En tanto, para quienes optaron por el pago en cuotas de este impuesto, a partir del mes de junio se habilitará el sistema para que carguen los pagos de las cuotas 1, 2 y 3; y a fines del corriente año quedará habilitado el sistema para cargar el resto de las cuotas”, completó.

De la actividad participaron también el subsecretario de Transporte de la provincia, Jorge Henn, junto con demás autoridades provinciales y representantes de la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario.

Más alivio fiscal para los que producen

El beneficio, enmarcado en la Ley Tributaria 2025 se suma a los ya vigentes para el comercio, servicios, sector turístico y hotelero; y surge de un trabajo conjunto entre diferentes áreas ministeriales junto con mesas sectoriales y de análisis tributarios, con el propósito de aliviar las cargas tributarias de todos aquellos que producen en la provincia.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Ingresos Públicos, anunció este miércoles en Rosario una nueva medida de alivio fiscal destinada a los sectores de hotelería, alojamiento y turismo, que consiste en el reconocimiento de un 40% del pago del Impuesto Inmobiliario -como crédito fiscal- para el cumplimento del compromiso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La conferencia de prensa se llevó a cabo en La Torre, sede de Gobierno en esa ciudad del sur santafesino.

En la oportunidad, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, precisó que la medida alcanza “al sector de hotelería, cabañas y de todos los corredores turísticos de la provincia y el comercio vinculados a la gastronomía y a los servicios de viajes para que tengan a disposición un crédito fiscal de un 40% de lo que han pagado del Impuesto Inmobiliario 2025; y para aquellos que hicieron obras nuevas el crédito fiscal será del 100%”. En este sentido, la funcionaria destacó que “se trata de una respuesta a la demanda que nos hiciera el sector vinculado al turismo desde el inicio de nuestra gestión, por lo cual, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo conformamos la Mesa Sectorial Hotelera Gastronómica para planificar alivios fiscales que le permitan a este dinámico sector sostenerse y seguir creciendo, a pesar de la situación económica que atraviesa el país. Por eso, entendemos que constituye una medida de gran alivio”. 

A continuación, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, precisó que “se trata de una política que tiene el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes, y surge de un trabajo articulado y de un modelo de gestión basado en el diálogo permanente entre las distintas áreas ministeriales, teniendo en cuenta tanto la mirada económica como la productiva”. Además, Galíndez añadió que “la Ley Tributaria 2025 -continuó el funcionario- incluye el beneficio del crédito fiscal para aquellos sectores vinculados a la hotelería, servicios de alojamiento, campings y residencias, entre otros, buscando aliviar la carga tributaria de los contribuyentes”. Además, especificó que “esta medida representa un crédito fiscal del 40% de lo efectivamente abonado a través del Impuesto Inmobiliario, el cual se podrá utilizar para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, precisó, al tiempo que aclaró que “en el caso de iniciarse una nueva actividad dentro de este sector o de realizarse mejoras de los establecimientos donde se desarrollan estas actividades, el crédito fiscal será del 100%, siempre para ser utilizado en el pago de Ingresos Brutos a partir del cumplimiento de pago del Impuesto Inmobiliario”. Finalmente, estimó que “el costo fiscal que asume el gobierno rondaría los 750 millones de pesos anuales”.

Alivio fiscal para la producción, una política de Estado

El anuncio se enmarcó en las acciones de alivio fiscal que lleva adelante el Gobierno Provincial. La semana pasada se informó que, en el marco de los beneficios impositivos establecidos en la Ley Tributaria 2025, destinados a aliviar la carga de los sectores productivos, API aplica desde el mes de abril, la primera etapa de reconocimiento del pago del Impuesto Inmobiliario abonado en el período fiscal 2025, como crédito fiscal y descontarlo en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Para más información sobre el procedimiento se puede acceder a http://www.santafe.gob.ar/api, ‘Beneficio Artículo 30 Ley 14386’, y completar los datos solicitados y la documentación requerida.

El Gobierno provincial informó que, en el marco de los beneficios impositivos establecidos en la Ley Tributaria 2025, destinados a aliviar la carga de los sectores productivos, la Administración Provincial de Impuestos (API) aplica desde el mes de abril, la primera etapa de reconocimiento del pago del Impuesto Inmobiliario abonado en el período fiscal 2025, como crédito fiscal y descontarlo en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

A través de la página de API, los santafesinos que realicen actividades comerciales y/o de servicios podrán solicitar vía web que se les acredite un 25 % del monto abonado durante el 2025 del Impuesto Inmobiliario del inmueble utilizado para la actividad.

“Es una medida que se enmarca en la decisión de Gobierno santafesino de aliviar la carga tributaria para los sectores productivos”, expresó el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez: “Estas acciones se plasmaron en la actual ley tributaria, en donde se sostuvo la estabilidad fiscal para PyMEs, se elevó el piso para la exención de ingresos brutos para las industrias, se mantuvo la exención para las actividades agropecuarias, se redujo considerablemente el inmobiliario rural y se amplió también el universo de exenciones para otros impuestos y tasas, entre otras medidas”.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio afirmó que desde su área se trabaja para sumar beneficios al sector comercial, “en este caso con la disminución de la carga tributaria prevista en la ley, concretamente es la deducción del pago de ingresos brutos del 25 % de lo que paguen de impuesto inmobiliario del inmueble del establecimiento”.

El funcionario aclaró que “si es que está alquilado o en comodato, también se puede tener ese beneficio”. A su vez, el representante del ministerio de Desarrollo Productivo destacó que “seguimos trabajando para estimular el comercio y las actividades de servicios de la provincia de Santa Fe, retribuyendo con una disminución en el pago de impuestos para mejorar la actividad económica de este sector”.

El reconocimiento para el crédito fiscal de los porcentajes mencionados se realizará en tres etapas durante el corriente año: la primera ya se encuentra operativa y estará durante el mes de abril, en esta ocasión alcanzará a aquellos contribuyentes que realizaron el Pago Total Anual 2025; la segunda, será en junio y la última en enero de 2026. 

Para obtener más información sobre el procedimiento se puede acceder a www.santafe.gob.ar/api o en las redes del organismo.

En el marco del plan de alivio tributario para los sectores productivos, desde la Administración Provincial de Impuestos (API) de la provincia de Santa Fe, comenzó en abril a realizar la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes de Ingresos Brutos.

En el organismo se estimó que unos 40.000 contribuyentes podrán tener el beneficio, aclarándose que en algunos casos son por montos mínimos.

Se trata del Procedimiento Simplificado de Devolución/Compensación (PSDC) de saldos a favor exteriorizados por los contribuyentes en el Régimen General o en el Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En la resolución se aclara que "el monto total a devolver/compensar no podrá superar el cupo fiscal que establezca la Administración Provincial mensualmente".

Santa Fe es la primera provincia en aplicar este mecanismo con esta amplitud de accesibilidad, se dijo en API.

La decisión apunta a atender la demanda que los sectores empresarios plantearon por años. Desde este mes y a través de un trámite online, en un procedimiento sencillo y accesible, quienes tengan Saldos a Favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, generado por retenciones y percepciones, podrán solicitar a la API la devolución de esos saldos por montos de hasta $ 5.000.000 por cada solicitud.

Cada contribuyente podrá realizar más de una solicitud de manera consecutiva. La medida fue dispuesta mediante Resolución N° 19/25 de la Administración Provincial de Impuestos.

En los considerandos, API señala que "si bien los sistemas de recaudación anticipada mejoran el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, es necesario contar con mecanismos que posibiliten la compensación o devolución de manera ágil y eficiente en los casos que por aplicación de tales regímenes se ingresen impuestos en demasía".

Señala además que "es conveniente establecer un procedimiento especial a fin de facilitar el acceso de los contribuyentes a dichos procesos, de modo sencillo y accesible, promoviendo la transparencia y favoreciendo así un entorno más confiable y colaborativo entre la administración fiscal y los contribuyentes".

Pero además hace notar que "los avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) posibilitan el control e intercambio de información sistémica de los datos de los contribuyentes y la implementación por la Administración tributaria, de mecanismos que faciliten la verificación de la procedencia y magnitud de los saldos a favor reclamados por los contribuyentes o responsables".

Vía web (www.santafe.gob.ar/api) el solicitante deberá contar con CUIT y Clave Fiscal; y luego de los controles sobre el saldo a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el contribuyente recibirá un correo electrónico confirmando su trámite y la posterior devolución del saldo se realizará en la cuenta bancaria informada.

La solicitud puede realizarla tanto personas jurídicas como humanas con CUIT activo. Además, el solicitante puede estar dentro de la categoría de Riesgo Fiscal Cero, como también en el Nivel 1, es decir, bajo Riesgo Fiscal.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó el cambio de paradigma: "Ponemos el foco no sólo en la carga tributaria directa sino también en la carga tributaria indirecta como la que se produce cuando el fisco le cobra al contribuyente mediante retenciones o percepciones montos mensuales superiores a los que ese contribuyente debe abonar según la ley".

Así, se lo obliga a "tener inmovilizaciones financieras mediante Saldos a su favor con el fisco. Es retomar los lineamientos que estaban planteados en el Consenso Fiscal 2017", detalló.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó que esta medida se concreta "mediante un sistema más ágil, menos burocrático, que incluye no sólo contribuyentes sin riesgo fiscal sino también de bajo riesgo fiscal, ampliando el universo de contribuyentes beneficiados, sin necesidad de trámites judiciales ni compensaciones manuales".

Se aclaró en Economía que esta medida, además de responder a un reclamo histórico, "sigue la línea de alivio tributario a los sectores productivos de la provincia. Se suma, a la generación de créditos fiscales para los sectores de Comercio y Servicios, Turismo y Hotelería; y al Transporte de Pasajeros y de Carga".

Se destacó que otras medidas fueron la eliminación del impuesto al Sellos en algunas actividades claves y la exención impositiva para las principales actividades productivas.

Por César Rodríguez

Diputados nacionales de Unión por la Patria que responden al ex ministro de Economía Sergio Massa y a algunos gobernadores del PJ presentaron un proyecto de ley de "Alivio Fiscal" para monotributistas mediante la actualización de las escalas y pisos de cada categoría del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Los legisladores nacionales consideran que la última actualización fue insuficiente teniendo en cuenta la devaluación que sufrió la moneda y el incremento exorbitante de precios de la economía.

Esta situación trae como efecto que muchos monotributistas tengan que recategorizarse y pagar una alícuota más alta a la que les correspondía, pero no por vender más en términos reales sino por la suba de los precios nominales.

En esa línea, el proyecto actualiza las escalas con efecto a partir del 1º de enero del corriente en un 67% promedio, y establece los montos máximos de facturación de cada categoría en valores equivalentes a Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que hoy se ubica en 156 mil pesos mensuales.

Por ejemplo, para la categoría A se propone que los ingresos brutos anuales máximos facturados sean de 22 SMVM, siendo 34 para la categoría B, 46 para la C, 58 para la D, 68 para la E, 82 para la F 102 para la G, 128 para la H, 142 para la I, 162 para la J y 180 para la K.

Por otra parte, el proyecto propone la creación del "Régimen Simple", una propuesta que había sido parte de la agenda de campaña de Massa como candidato presidencial de Unión por la Patria.

Los únicos requisitos que deben cumplimentarse para la referida adhesión al Régimen SIMPLE consisten en que los ingresos facturados en los últimos 12 meses sean menores o iguales al monto equivalente a 360 veces el SMVM.

A través de esta medida los contribuyentes podrán sustituir, integrándolas en un solo pago -que se determinará en función de los ingresos brutos facturados por las actividades comprendidas y se ingresará mensualmente (un % de la facturación)-, sus obligaciones en concepto de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado y las correspondientes a aportes personales al Sistema Único de la Seguridad Social.

Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran Gustavo Bordet (Entre Ríos), Guillermo Snopek (Jujuy), Ricardo Herrera (La Rioja), Ana Fabiola Aubone (San Juan), Jorge Chica (San Juan), Liliana Paponet (Mendoza), Eugenia Alianello (Chubut), Gabriela Pedrali (La Rioja), Tanya Bertoldi (Neuquén), Julio Pereyra (Buenos Aires), Varinia Marín (La Pampa), Natalia Zabala Chacur (San Luis), Mónica Litza (Buenos Aires), Cecilia Moreau (Buenos Aires), Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires), Micaela Morán (Buenos Aires), Sabrina Selva (Buenos Aires), Daniel Arroyo,(Buenos Aires), Diego Giuliano (Santa Fe) y Marcela Passo (Buenos Aires).

Por César Rodríguez

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este viernes medidas de alivio fiscal para profesionales, monotributistas, autónomos y pymes, con el objetivo de "corregir situaciones" y "encontrar mecanismos que los alienten a seguir trabajando, seguir produciendo y hacer esfuerzos desde el Estado para facilitarles un poco la vida".

Por otra parte, adelantó que este lunes será enviado al Congreso el proyecto de ley que busca darle ese status a la devolución del IVA para los productos de la canasta básica para sectores con menores ingresos, y se transforme así en "un instrumento de política tributaria" de manera "permanente".

"Estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que, sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos", dijo Massa al anunciar las medidas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Las medidas anunciadas este viernes incluyen alivio fiscal para profesionales autónomos con prórroga del pago del aporte personal y del pago de IVA, y actualización de importes de la escala de retención del Impuesto a las Ganancias.

También alivio fiscal para monotributistas con suspensión de las exclusiones por superar el límite de facturación hasta la actualización de la escala el año que viene, y suspensión de la baja automática por falta de pago; un plan de pagos para deudas de pymes de 120 cuotas con tasa de interés 4,14 mensual; y simplificación tributaria para micro y pequeñas empresas.

En este contexto, el ministro dijo que "casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es pyme", y agregó: "buscamos consolidar, en un momento de dificultad, la capacidad de generación de empleo, la reconstitución de capital de trabajo y la posibilidad de proyectar el 2024 por parte de nuestro tejido profesional, comercial y pequeñas y medianas empresas".

"Ningún país puede pretender crecer si no tiene orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria, régimen de acumulación de reservas permanentes y un programa de desarrollo con inclusión", remarcó.

Las medidas anunciadas Massa representan un alivio fiscal para monotributistas, profesionales autónomos y también para las pymes que se beneficiarán con un plan de pagos para regularizar deuda con la AFIP a través de 120 cuotas mensuales y un interés del 4,14% mensual.

En el caso de los profesionales autónomos se prorroga el pago del aporte personal y del IVA de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, al tiempo que se actualiza la escala de retención del Impuesto a las Ganancias, cuyo nuevo monto no sujeto a retención será de $160.000.

Según la cartera económica, estas medidas favorecerán a 701.000 profesionales y pequeños comerciantes autónomos, de los cuales 337.000 son profesionales y prestaciones de servicios y 364.000 comerciantes.

Para aproximadamente 1 millón de monotributistas se anunció la suspensión de las exclusiones por superar el límite de facturación hasta que se actualice la escala el año que viene y la suspensión de baja automática por falta de pago.

En cuanto al plan de pagos para deudas de pymes, se informó que tendrá un máximo de 120 cuotas mensuales con una tasa de interés de 4,14% mensual (70% de la tasa de interés resarcitorio). El plan estará vigente hasta fin de año y permite incluir planes caducos, como así también obligaciones vencidas al 31 de agosto.

Además se adelantó que se enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer una simplificación tributaria hacia las micro y pequeñas empresas, con un único pago mensual que abarque seguridad social, Iva y Ganancias.

Por otra parte, señaló que "en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso una ley que establece un sistema de devolución del IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años".

Indicó que esta decisión apunta a "que no quede en una medida simplemente de este contexto, sino que quede como un instrumento de política tributaria".

Destacó que ya se realizaron devoluciones del IVA a más de 3,3 millones de personas por compras realizadas con tarjeta de débito por el programa Compre sin IVA, en el marco de "una de las medidas tal vez más progresivas tomadas desde el punto de vista tributario". "Ya hay más de 3,3 millones de argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA", concluyó.

El Gobierno anunció una serie de medidas destinadas a mejorar los ingresos reales de la población, con un enfoque especial en los segmentos más vulnerables. Estas medidas fueron dispuestas mediante la Resolución General 5411/2023 publicada en el Boletín Oficial.

Una de las principales medidas de este DNU es la prórroga del vencimiento del impuesto integrado, componente impositivo, para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Esta prórroga se aplica a las categorías A, B, C y D y abarca los períodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como enero y febrero de 2024.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial

Las fechas de vencimiento para el pago de estos impuestos se detallan de la siguiente manera:

Los pequeños contribuyentes comprendidos en estas categorías tendrán que ingresar únicamente las cotizaciones previsionales y, en su caso, el importe fijo correspondiente al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la contribución municipal y/o comunal de las distintas provincias adheridas al "Sistema Único Tributario".

La medida alcanza a quienes estén en las categorías A, B, C Y D

El pago mensual se podrá realizar a través de diversas modalidades, incluyendo el Volante Electrónico de Pago (VEP), código de respuesta rápida "QR", débito directo en cuenta bancaria, débito automático mediante tarjeta de crédito, débito en cuenta a través de cajeros automáticos y otras modalidades de pago electrónico, como plataformas de pago y billeteras virtuales.

Para aquellos que opten por realizar el pago de manera presencial en entidades bancarias y de pago autorizadas, y que no tengan en sus sistemas los importes actualizados, se deberá indicar que no les corresponde abonar el componente impositivo, a fin de que la entidad registre "CERO PESOS" ($ 0.-) en dicho componente. En caso de que las entidades no permitan esta opción, se utilizará el volante de pago formulario F. 155, indicando solo los importes de las cotizaciones previsionales correspondientes.

Además, se establece una excepción para el año calendario 2023 en relación con el beneficio previsto en el artículo 31 del Decreto Nº 1 del 4 de enero de 2010. Para acceder a este beneficio, los sujetos alcanzados por esta prórroga deberán haber abonado el impuesto integrado y las cotizaciones previsionales durante al menos OCHO (8) períodos mensuales mediante alguna de las modalidades de pago dispuestas en la Resolución General N° 4.309.

Estas medidas buscan aliviar la carga fiscal de los pequeños contribuyentes y mejorar los ingresos reales de la población en un momento en el que se presta especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desde el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa se anunció este jueves un nuevo alivio fiscal que comenzará a regir a partir de este mes.

Las nuevas regulaciones, que serán implementadas por decreto, establecen que solo pagarán el Impuesto a las Ganancias aquellas remuneraciones superiores a $700.875 al mes.

Además, se incrementan las escalas en un 35%, retroactivo a enero de este año. Desde mayo no pagan el tributo las remuneraciones brutas mensuales que no superan los $506.230, inclusive.

De esta manera para los sueldos brutos devengados a partir del 1º de agosto de 2023 no corresponderá retención alguna del Impuesto a las Ganancias cuando la remuneración bruta no supere los $ 700.875, inclusive.

Hasta ahora, desde mayo de 2023 estaba vigente un piso que establecía que las remuneraciones brutas mensuales no debían superar los $506.230 para estar exentas del impuesto a las ganancias.

Según explicó Economía, se considerará la variación del Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) entre octubre de 2022 y febrero de 2023, que fue de 25,29%, y el aumento de este índice en un 38,45% durante marzo, abril, mayo y junio.

La primera medida, explicó un comunicado oficial, consiste en adicionar al “piso” exento del impuesto el 38,45% de incremento de RIPTE. En consecuencia, no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no supere los $700.875 al mes. Si la remuneración bruta del mes está en el rango de $700.875 y $808.101, se computará una deducción especial incrementada.

Esta elevación permitirá que 300.000 trabajadores en relación de dependencia dejen de pagar el impuesto a partir de agosto, explicó Economía.

La segunda medida es el aumento de las escalas utilizadas para el cálculo del impuesto en un 35%, beneficiando a todos los trabajadores en relación de dependencia que tributan este impuesto. El incremento de las escalas se aplicará de manera retroactiva, y lo retenido de más entre enero y julio se devolverá en dos cuotas mensuales con los salarios de agosto y septiembre de 2023.

Ambas medidas se implementan a través de un Decreto que establecerá subir el piso del impuesto a las ganancias, y; encomendará a la AFIP a reducir la base para el cálculo de las retenciones del impuesto

Un millón de empleados

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que en la primera cuota del sueldo anual complementario, los salarios brutos de hasta $ 880 mil quedarán exentos del impuesto a las Ganancias. La medida beneficiará a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de todo el país.

En este sentido, el Proyecto de Decreto que aumenta la exención del inciso z del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias implica que los sueldos anuales complementarios estarán exentos del impuesto a las ganancias si la remuneración mensual del trabajador no supera los $ 880 mil brutos, lo que equivale a 10 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Se trata de un beneficio extraordinario por única vez para los trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que recompongan el poder adquisitivo y proyectando que esta mejora del salario de bolsillo se traduce en mayor consumo y actividad económica

La medida beneficia a 513 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país que se encuentran sujetos a retenciones del impuesto a las Ganancias y registran salarios brutos mensuales de entre $ 506.230 y $ 880.000. En este sentido, más del 50% de los trabajadores que hoy pagan el impuesto a las Ganancias están alcanzados por el beneficio.

La medida anunciada por Massa implica una mejora de bolsillo promedio por empleado que supera los $ 110 mil ($ 112.600), y un incremento sobre el sueldo mensual promedio de bolsillo del 26%.

En el caso del aguinaldo, la retención del impuesto se va calculando mes a mes. Por esto, la medida propone devolver lo retenido para estos salarios en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, junto con el cobro de las remuneraciones mensuales devengadas en los meses de junio y julio. Para ello, los empleadores deberán exponer la devolución en un renglón separado del recibo de sueldo, identificando claramente el beneficio de la medida.

Desde el ministerio de Economía difundieron el cuadro de cómo están distribuidos esos 513 mil trabajadores que están alcanzado por este nuevo beneficio.

Encabeza la lista la provincia de Buenos Aires con 176.872, le sigue CABA con 110.285 y cierra el podio Santa Fe con 42.576.

Luego aparece Córdoba con 33.575; un escalón por debajo Neuquén con 29.477.

En el marco de las iniciativas para generar mayor alivio fiscal impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de mayo sólo pagarán impuesto a las Ganancias las remuneraciones que superen los 500 mil pesos.

La modificación propuesta permitirá una reducción del total de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. En este sentido, a través de la medida, se beneficiarán aproximadamente 250.000 empleados en relación de dependencia.

De esta manera, con el nuevo piso del impuesto a las Ganancias no corresponderá retención alguna del tributo cuando la remuneración bruta no supere los $ 506.230, inclusive. Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.

En esta línea, la propuesta aplicable a partir de mayo de 2023 está vinculada a la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de 25,29% entre octubre de 2022 y febrero de 2023 (último dato publicado).

Actualmente, y desde enero de 2023, no pagan el impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $404.062, inclusive. Además, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes que se liquida supere los $404.062 y resulte inferior o igual a $466.017, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una deducción especial incrementada.

En la provincia de Santa Fe, el alivio fiscal alcanzará a más 24 mil asalariados que dejarán de pagar el tributo. “Es parte de nuestro compromiso constante de cumplir con una hoja de ruta que lleve Alivio fiscal a la población”, aseguró el ministro de Economía, Sergio Massa.

De esta manera, 312.864 asalariados de todo el país dejen de pagar el impuesto a partir del 1º de enero de 2023, de los cuales 24.164 son santafesinos.

Así , son menos de 600.000 contribuyentes en todo el país los que pagarán el tributo, logrando que, del total de los trabajadores, menos del 10% sean los que paguen el Impuesto a las Ganancias.

Con gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración, el 1° de enero se actualizará nuevamente el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias, llevando #AlivioFiscal a más de 300.000 trabajadores que dejarán de pagarlo. pic.twitter.com/jIS38uF2sg

— Sergio Massa (@SergioMassa) December 8, 2022

“Esta medida es parte de nuestro compromiso constante de cumplir con una hoja de ruta que lleve Alivio Fiscal a la población mientras seguimos mejorando el ingreso, el poder adquisitivo y la calidad de vida de la gente”, afirmó Massa a través de su cuenta de Twitter.

El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo este miércoles dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.

La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.

De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas “puros”, es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país. Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

En la reunión de este miércoles, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseveró que el proyecto servirá para resolver la “desactualización que se sufre por el proceso inflacionario y que no implique al monotributista pagar más impuestos, tener que saltar de escala o quedar fuera del régimen”. Mayans agregó que el Frente de Todos “apoyará el despacho tal como vino” porque “se necesita celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que el proyecto “es un parche mal hecho”, y enfatizó que Juntos por el Cambio pedirá algunos cambios en el recinto, aunque insistió en que la oposición “votará en general a favor de la iniciativa”.

Finalmente, la cordobesa de PRO, Carmen Álvarez Rivero, dijo que “este proyecto tiene un costo mayoritariamente sobre la seguridad social”, al tiempo que sentenció que “lo que hay que resolver es la inflación”.