El Poder Ejecutivo habilitó en las últimas horas para el tratamiento en las presentes sesiones Extraordinarias de Legislatura el proyecto que propone dictar un marco regulatorio de la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas humanas o bienes por parte de personas humanas y jurídicas.

Se trata de un proyecto votado en noviembre pasado por la Cámara de Diputados, cámara que ya se había pronunciado en años anteriores sobre la temática pero que nunca fue acompañada por el Senado.

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"La decisión es analizar el tema y si hay consensos avanzar", dijo un vocero radical en la Cámara Alta. En el Ministerio de Justicia y Seguridad también hay interés en avanzar con una norma legal y hubo aportes de funcionarios de esa cartera durante el paso del tema en Diputados.

En la última sesión ordinaria de 2024, con el voto unánime de todos los miembros, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia.

El proyecto central llevó la firma del socialista Rubén Galassi. Foto: Flavio Raina

"Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", dispone el artículo primero.

El proyecto central llevó la firma del socialista Rubén Galassi y llegó al recinto de la Cámara con dictámenes de las respectivas comisiones, especialmente la de Seguridad que se ocupó de escuchar a las partes, esto es el Ministerio de Justicia y Seguridad, cámaras empresariales e incluso sindicatos que agrupan a trabajadores.

No era la primera vez que Diputados se pronunció por regular esta actividad pero en las instancias anteriores nunca tuvo acompañamiento del Senado por lo que fue perdiendo sucesivamente estado parlamentario. Ahora, hay expectativas de que el Senado termine convalidando el proyecto o bien realice modificaciones que sean aceptadas por la Cámara Baja.

En el Ministerio de Seguridad precisaron a El Litoral que están registradas en la provincia 210 agencias privadas que tienen unos diez mil agentes inscriptos y prestan servicios en 2.600 objetivos declarados.

Más allá de avalar el proyecto y habilitarlo ahora en Extraordinarias, el Ejecutivo prepara un mensaje para regular el uso de tecnología y aparatos electrónicos, léase drones por ejemplo, para enviar a las cámaras en las próximas Ordinarias.

"El efectivo control del funcionamiento de las agencias prestadoras de los servicios de seguridad privada requiere una precisa normativa que determine las condiciones y alcances con que las mismas deben ser habilitadas, registradas, fiscalizadas y eventualmente sancionadas. El establecimiento de disposiciones reglamentarias orientadas a cumplimentar con dichos objetivos redundara además en beneficio del interés público y de la seguridad de los usuarios", señala en sus fundamentos el proyecto Galassi.

El texto del proyecto avanza en la definición de los requisitos para la habitación en territorio santafesino de estos establecimientos, tanto en cuanto al personal responsable de la dirección técnica como al personal contratado encargado de las realizar las tareas.

Además definen las condiciones para la contratación, las incompatibilidades y obligaciones del personal, las prohibiciones y obligaciones de los prestadores, las capacitaciones que deben ser brindadas a los trabajadores, las funciones de la autoridad de aplicación designada en la órbita del Ministerio de Seguridad, así como un régimen de sanciones a las infracciones que los prestadores puedan cometer y el procedimiento que debe seguirse para el cobro y destino de las multas y tasas administrativas.

"La seguridad privada tiene como fin satisfacer necesidades legítimas de seguridad, complementarias a la seguridad pública y sujetas a las políticas que a los fines de aquella se determinen, y con total sujeción y absoluto respeto a las normas constitucionales nacionales y provinciales", reza el artículo 3.

El personal comprendido en esta norma deberá cumplir, para su habilitación a los fines de prestar servicios, como mínimo y sin perjuicio de otros que establezca la reglamentación, con los siguientes requisitos: ser mayor de 21 años para prestar servicios efectivos o de 18 años para recibir las capacitaciones correspondientes; acreditar domicilio real o residencia efectiva mayor a dos años en el territorio de la Provincia de Santa Fe y poseer estudios secundarios completos.

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También se exige al personal no poseer antecedentes penales con condena por delitos dolosos, o culposos relacionados con su función de seguridad; y cuando sobreviene para el personal una condena por delitos dolosos o culposos relacionados con el ejercicio de su función con posterioridad a su solicitud de inscripción en el registro; quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con las actividades reguladas por la presente; acreditar aptitud psicofísica para el ejercicio de la función; cumplir con la capacitación a que se hace referencia en la presente ley, la cual deberá ser solventada por el empleador; no contar con antecedentes penales por delitos de lesa humanidad, o posea antecedentes por violación a los derechos humanos, obrantes en los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Las firmas de seguridad privada tendrán un Director Técnico como responsable de la dirección técnica y operativa, diseño, ejecución, coordinación y control de los servicios prestados por la empresa de seguridad privada.

La regulación de Seguridad Privada es uno de los pocos temas que tiene el Senado para el presente período de Extraordinarias que se reanudará el jueves venidero.

En cambio, en Diputados esperan la habilitación para que el Poder Ejecutivo firme un convenio con la petrolera YPF y distintos proyectos para habilitar expropiaciones en distintas localidades del sur santafesino.

En principio, ambas cámaras sesionarán el jueves venidero aunque previamente serán citadas a sesión conjunta si Acuerdos emite dictamen acerca de la conducta del fiscal de Vera, Aldo Gerosa.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura terminará de escuchar, entre martes y miércoles, testimonios en la investigación que lleva adelante sobre la conducta del fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa y luego podría poner a la firma al o a los dictámenes para la sesión conjunta de Senadores y Diputados que deberá definir si lo expulsa del Ministerio Público de la Acusación o lo repone en el cargo.

Este martes, Acuerdos -presidido por la diputada socialista Lionella Cattalini- escuchará a testigos testimoniales que el propio fiscal ofreció. Ya el grupo entrevistó a otros actores, incluso a la víctima de Galaz. En tanto, el miércoles será el turno de Gerosa de presentarse ante la comisión para hacer su descargo ante senadores y diputados.

El 15 de junio, la sesión conjunta de Senadores y Diputados suspendió a Aldo Héctor Gerosa por el término que demande la investigación sobre su actuación en el caso del violador Marcelo Galaz. La suspensión de Gerosa fue solicitada ante Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS) quien llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control del propio MPA, Leandro Mai, quien consideró gravísimo el caso y elevó directamente el asunto al Poder Legislativo como marca la ley.

Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso del violador Galaz, que ha admitido haber cometido ese delito durante seis años contra su sobrina menor de edad. Un tribunal de Reconquista aceptó el abreviado a pedido de las partes y Galaz, ex funcionario municipal de Avellaneda resarció con dinero a la víctima y aceptó purgar siete años de prisión.

La Comisión Acuerdos de la Asamblea Legislativa declaró la admisibilidad del trámite sobre ese miembro del MPA que aceptó bajar la pena de Galaz a cambio de una suma de dinero para la víctima, mediante un acuerdo que fue aceptado por la justicia aunque provocó una fuerte polémica.

(Por Luis Rodrigo) – En sesión conjunta, las Cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron -en sendas votaciones- por un muy amplio consenso la “suspensión preventiva y temporal” del fiscal Aldo Gerosa en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, con la reducción de su sueldo al 50% mientras se extienda esa medida y con la prohibición expresa de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

Tal como había adelantado El Litoral, con esa decisión legislativa se busca proteger el proceso de investigación contra Gerosa que es acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador Marcelo Galaz.

La Sesión Conjunta resolvió suspender preventiva y temporalmente con disminución del 50% del sueldo al Fiscal del MPA Aldo Héctor Gerosa por el término que dure el proceso disciplinario hasta su finalización, con prohibición de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

— Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) June 15, 2023

Gerosa aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, que le significó al ex funcionario municipal radical, de fuertes conexiones políticas con el senador nacional y precandidato a diputado provincial Dionisio Scarpin, así como con el senador provincial Orfilio Marcón, afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años.

La suspensión de Gerosa fue solicitada ante Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS), quien lleva adelante la investigación de la actuación del mencionado fiscal, siguiendo el informe de la Auditoría de Control del propio MPA que considera gravísimo el caso y elevó directamente el caso al Poder Legislativo como marca la ley, incluso con la recomendación de producir su remoción del órgano de la acusación.

La sesión fue marcadamente tensa, con acusaciones directas al senador por General Obligado Orfilio Marcón (UCR) por parte de Fabián Palo Oliver (un ex radical que sostiene que también debe ser investigado el fiscal regional Martínez). El ex intendente de Santo Tomé, sostuvo que Marcón era “un cínico” al naturalizar sus supuestos contactos con el fiscal Gerosa, presuntamente según el legislador de la Cámara baja, para favorecer a Galaz su ex secretario en la Municipalidad de Reconquista. Luego de que otras intervenciones reclamaran oír la versión del senador norteño, Marcón negó enfáticamente haber intentado mejorar o favorecer al entonces acusado de violaciones

Ambos cuerpos cotejaron su quórum y votaron de manera separada el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. En el Senado hubo unanimidad y en Diputados votaron por la negativa dos de sus integrantes: Nicolás Mayoraz y Sebastián Jullierac que se mostraron partidarios de haber continuado con la investigación en el seno de esa comisión bicameral y proceder “de manera contundente” tanto con el fiscal como “con todos los demás responsables de la grave revictimización que se ha hecho”, con la joven que se animó a contar el tormento sufrido en su infancia. El primero brindó los argumentos y el segundo solo los avaló. El Dr. Mayoraz se preguntó cómo es posible que dos jueces del tribunal de tres hayan fallado a favor del juicio abreviado que le evitó al violador una pena mayor y también reflexionó sobre el rol del fiscal regional Martínez, que permitió el avance de la causa en los términos en los que los hizo Gerosa.

Pablo Farías, el presidente de la Cámara de Diputados, debió conducir la sesión ante un fuerte cuadro gripal que afectó a la vicegobernadora de la Provincia, Alejandra Rodenas que la obligó a guardar reposo. La medida adoptada, pedida por la diputada Hynes se votó por signos, es decir, a mano alzada porque tenía el respaldo de la enorme mayoría de ambas Cámaras.

Para el diputado Palo Oliver “hubo una red de protección” y apoyó sus dichos tanto en el informe del auditor “que es contundente sobre las conductas disvaliosas en que ha incurrido el fiscal Gerosa”, sostuvo.

“La Justicia de Santa Fe es clasista, el 99% de los condenados son pobres y 80% no tiene educación formal terminada. Sin dudas, si el hoy condenado Galaz hubiera sido una persona sin vínculos políticos o sin dinero no hubiera logrado solo 7 años. (El violador) fue el secretario privado del senador nacional Scarpín y ha quedado demostrado, porque el senador Marcón lo ha reconocido públicamente, que ha hablado con el fiscal Gerosa sobre esa causa”, dijo el ex intendente santotomecino.

Agregó que “el propio auditor Mai en su informe dice que hubo una trama de protección al acusado Marcelo Galaz, cuyo propósito era atenuar la condena que fue en definitiva lo que sucedió. Y lo que va a suceder ahora, no tengan dudas, es que el fiscal suspendido va a plantear como defensa principal que solo aprobó un juicio abreviado por pedido de la víctima y no solo que no es cierto. Es absolutamente entendible que sea su defensa. Pero se podrá demostrar que fue él quien propuso el juicio abreviado en una reunión en la que la víctima le reprochó su revictimización y que no quería volver a pasar una pericial y que si así ocurría el juicio estaba perdido. Tuvo la intencionalidad de que firme el abreviado”.

“Hay otros casos, por delitos similares, en que el fiscal Gerosa apeló condenas de 8 ó 9 años, no aceptó esa cantidad de años. Y de hecho había pedido 32 años al iniciarse el juicio, que fue una vergüenza y no reparador”, dijo.

“El lunes -siguió Palo Oliver- pediremos formalmente que la Comisión de Acuerdos también se avoque al caso al fiscal regional Rubén Martínez, lo que hizo Gerosa no pudo hacerlo sin su anuencia. Acá nos preguntamos cuál es el límite ¿vamos a naturalizar que un fiscal proteja a un abusador, o que la política interfiera, que un senador de la provincia converse con un fiscal sobre una causa que involucra a un abusador de una menor de edad. ¡¿Tan cinico se puede ser que reconoce que existió la conversación y minimizar el tema?! Tan cínico que el fiscal regional Martínez dijo que hay funcionarios de otros poderes que lo llaman para hablar de distintas causas; es el Dr. Martínez es el primero que tendría que hacer público quiénes lo llaman”.

(Por Gustavo Capelletti) – En el marco de las investigaciones llevadas por la Unidad Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista, a cargo del fiscal Aldo Gerosa, este miércoles se procedió a la detención de un hombre y una mujer, por violencia, lesiones y abandono de un bebé de 8 meses de edad.

A partir de la intervención de profesionales del Hospital Central Reconquista el bebé fue examinado y de los estudios médicos surgieron imágenes de lesiones de magnitud, tales como la fractura de los huesos del brazo y en las costillas, e incluso comprobó un céfalo-hematoma parietal izquierdo, producido por la acumulación de sangre en el cuero cabelludo.

Los profesionales médicos entendieron que ninguna de las lesiones se correspondía con las explicaciones señaladas por la madre.

El fiscal Gerosa expresó que “la versión incongruente de los progenitores frente a semejante cuadro de lesiones, la gravedad de las mismas y la probabilidad cierta de reiteración en el tiempo y el estado de abandono del menor, fueron elementos más que suficiente para disponer su detención”.

Está pendiente de comunicación por parte de la Ofician de Gestión Judicial (OGJ), la fecha y hora de realización de las audiencias del control de legalidad de la detención, imputativa y cautelar.