Dos hombres fueron condenados como coautores de un robo cometido en noviembre de 2022 en una vivienda en Venado Tuerto (departamento General López). Son identificados como Damián Sebastián Sosa y Agustín Damián Anelo, quienes son oriundos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires.

Sosa, de 36 años, tenía antecedentes penales y se le impuso una pena a siete años y seis meses de prisión y fue declarado reincidente Por otra parte, Anelo, de 28 años, recibió seis años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle, en un juicio oral que comenzó en diciembre del año pasado y finalizó ayer en los tribunales venadenses.

El fiscal que representó al MPA es Iván Raposo. En tal sentido, manifestó que “valoramos positivamente que se haya condenado a los coautores del ilícito", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos".”.

Raposo recordó que “el robo fue cometido en horas de la tarde del 12 de noviembre de 2022 en una casa ubicada en calle Colón al 300 de Venado Tuerto”.

“Los condenados junto a otro hombre no identificado siguieron a las víctimas cuando salieron de su domicilio y se dirigieron al local comercial donde trabajan” explicó.

El fiscal precisó que “después de asegurarse que la vivienda estuviera deshabitada, Sosa y el tercer hombre ingresaron al inmueble, mientras Anelo se quedó en un auto estacionado en inmediaciones del lugar”. Al respecto, detalló que “los dos primeros saltaron una reja, subieron al techo de la vivienda y luego forzaron una puerta de un patio para entrar”.

“Los tres hombres lograron escapar en el auto en el que estaba Anelo con dinero en efectivo, dólares, euros y joyas de oro que sustrajeron de la vivienda” puntualizó el funcionario.

El representante del MPA remarcó que “los tres hombres actuaron de manera organizada y con división clara de roles”. En este sentido, sostuvo que “a través de las diferentes pruebas y testimoniales ofrecidas se pudo comprobar la planificación y ejecución del ilícito”.

Sosa y Anelo fueron condenados como coautores del delito de robo calificado triplemente agravado (por ser cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento). 

En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios. 

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Planteo formal

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios. La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes. El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

Detalles del fallo

El fallo, al que accedió Sur24, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa. En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad. La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

El tribunal que condenó a 15 años de prisión a Pedro Ortiz y Hontoria fundamentó en la sentencia que la “falta de educación sexual integral” (ESI) en el nivel primario del Colegio Sagrado Corazón durante los años 2018 y 2019 “generaba en las víctimas la inseguridad sobre lo que estaba ocurriendo”. En consecuencia, de “la ignorancia de las niñas también se valió el agresor para asegurar su impunidad”.

El religioso fue sentenciado el 30 de julio al ser encontrado responsable de cuatro de hechos de abuso sexual, uno de ellos gravemente ultrajante, todos agravados por estar a la guarda de las niñas que en ese momento cursaban 6° y 7° grado.

La sentencia, a la que accedió Sur24, cuenta con 360 páginas. El tribunal integrado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero, analizó cada uno de los casos y las graves consecuencias sufridas por las víctimas. En ese contexto, hacen referencia al desconocimiento de las jóvenes en relación a lo que estaban sufriendo. Hablan de un abuso de posición dominante por parte del religioso, al ser Director del establecimiento educativo, y del temor que le tenía el alumnado. Además, dejan en claro que ante los rumores que “corrían” en los recreos del colegio, los adolescentes del nivel secundario habían bautizado al Hermano Pedro como “Pedrófilo”.

Abusos

El religioso fue condenado por hechos de abusos ocurrido en el edificio del establecimiento educativo, y por dos hechos acontecidos en una pileta de Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un viaje de estudio.

El tribunal sostiene que “surge del relato de las cuatro víctimas de forma coincidente que los tocamientos en zonas del cuerpo como pechos, cuello, hombros, espalda, ingle, pierna (parte trasera y frontal), rodilla, glúteos (parte inferior y central) los realizaba el imputado aprovechando su condición de Director del establecimiento educativo, en diversas circunstancias; pero todos en su calidad de autoridad”.

Al mismo tiempo, aseveran que “es importante remarcar que la forma en la cual realizaba los abusos y la falta de educación sexual integral de los niños y niñas que asistían a ese Colegio, generaba en las víctimas la inseguridad sobre lo que estaba ocurriendo”.

Una de las niñas es “quien manifestó que no tenía conciencia de que esa acción era un abuso sexual. Sí refería en ese momento incomodidad, malestar, pero hasta que no adquirió mayores herramientas, solo veía como abuso sexual a la penetración”. En consecuencia, de “la ignorancia de las niñas también se valió el agresor para asegurar su impunidad”, dejan en claro los jueces. 

Una de las jóvenes declaró que “conoció las características de los abusos sexuales en redes y es ahí cuando procesó que cuando él (por Pedro) le había tocado la cola era un abuso sexual. Que en ese momento le contó a su mamá, le dijo que no sabía si eso era o no un abuso sexual y que su mamá le dijo que sí y le preguntó si quería denunciar”.

El fallo destaca que “los abusos se daban en un contexto de poder ejercido por el perpetrador, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las niñas y logrando generar en ellas miedo. Así como también aprovechando la falta de educación sexual, cuando las mismas no entendían la significación de esos actos hasta tiempo después, aunque los mismos en el momento les generaban incomodidad”.

Sin pruebas

Ortiz y Hontoria en su declaración hizo referencia a la existencia de una presunta “organización” para perjudicarlo. Y también habló de venganza.

En la sentencia, el tribunal sostiene que el ex Director “no indicó porqué querrían perjudicarlo, de qué querrían vengarse”. Y principalmente, “cómo se pusieron de acuerdo cuatro familias que no tienen relación entre sí, con más de 10 exalumnos y alumnas de la institución, con el padre Cabrera y la Psicóloga Belligotti para querer perjudicarlo”, se plantearon.

En tal sentido, concluyen que “no existe ningún tipo de evidencia que demuestre animosidad contra el Hermano Pedro, más allá de la existencia de los abusos sexuales”.

Los informes de psicólogos y psiquiatras “que atendieron a las víctimas fueron cruciales para demostrar el grave daño a la salud mental de las víctimas. Estos informes detallaron los síntomas de ansiedad, depresión, ataques de pánico y otros trastornos que sufrieron las víctimas como consecuencia de los abusos”.

Rasgos de Ortiz y Hontoria

El tribunal asegura que el condenado tiene rasgos de “de manipulador, autoritario, utilizando su conocimiento y su posición en las disciplinas que enseñaba, que generaba oportunidades de estar con las alumnas a solas o bien aprovechaba juegos o situaciones cotidianas para realizar sus actos abusivos, a sabiendas que eran muy chicas, menores de edad, en una edad crítica”.

Esto se daba en un contexto de “circunstancias humillantes y agresiones verbales y sometimiento psíquico en una actitud particularmente sádica ya que es evidente que sabía que su accionar generaba temor, humillación y sumisión de las menores, accionar del cual contaba plenamente con el dominio del hecho, que utilizaba a su absoluto antojo y sin que fuera posible por parte de las víctimas realizar cualquier intento de evitar las circunstancias, existiendo una diferencia etaria de más de 40 años y tratándose de preadolescentes de la escuela primaria”. 

Este martes 17 de junio comenzará el juicio oral y público contra el “Hermano” Pedro. El religioso que se desempeñaba como Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto está acusado de cuatro abusos sexuales contra niñas que cursaban 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

En tal sentido, la fiscal que llevó adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó 16 años de prisión, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor.

En tanto, el tribunal estará integrado por los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal y Aldo Baravalle. 

El religioso, luego de “dejar” su cargo en el establecimiento educativo local, se instaló en Buenos Aires en donde tuvo que cumplir con una serie de reglas de conductas. Y mientras duró el proceso, surgieron una serie de polémicas, principalmente por los pedidos oficiales que realizaba ante el poder judicial solicitando autorización para viajar a España a visitar a su familia. 

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Pero me quedó resonando esa situación. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner la malla delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

Pandemia

“Para ella la pandemia fue la panacea, porque todo lo que le pasaba quedaba dentro de las paredes de su cuarto. Los síntomas de ataque de pánico se aplacaron, pero el problema fue cuando tuvimos que empezar a salir. Y en el año 2021 pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven describió que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

Tras el impacto de la publicación periodística realizada por Sur24 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple” el 15 de julio de 2022.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá de la adolescente, se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el, en ese entonces, fiscal Horacio Pueyrredón a lo largo de dos horas.

Graciela, contó que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el “hermano” Pedro.

Nuevamente el cuadernillo de matemáticas que el religioso distribuía a los alumnos forma parte de la denuncia.

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala (tipo Dirección), pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones, la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

En los meses subsiguientes el hermetismo en relación a la investigación fue total. Y recién el 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba, ante las historias que se venían contando en los pasillos de la escuela en relación al comportamiento del religioso.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Una de las madres relató que “mi hija volvió triste del viaje y yo no podía entender por qué”.

Desde el poder judicial rechazaron nuevamente los bienes presentados por Raúl Jaime para acceder a la prisión domiciliaria. El gestor rosarino está condenado a 10 años de prisión por ser un importante engranaje en el marco de la Megaestafa inmobiliaria, por la cual también se encuentra detenido bajo una sentencia de 12 años de cárcel el abogado penalista Antonio Di Benedetto.

Ambos ahora, enfrentan una segunda parte del juicio, sindicados de haberse apropiado ilegalmente de 31 terrenos en la ciudad de Venado Tuerto. 

La audiencia se llevó adelante en la jornada del lunes y el tribunal estuvo integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal. En tanto, Silvia Cousello se desempeñó como defensora pública, mientras que la fiscal Mayra Vuletic representó al Ministerio Público de la Acusación.

Historia reciente

El 21 de febrero el juez de Segunda Instancia, Tomás Orso, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al gestor rosarino, quien adujo la necesidad de cuidar a su mujer que atraviesa un delicado estado de salud y no cuenta con ningún familiar cercano para que se pueda hacer cargo de su cuidado.

Posteriormente un tribunal presidido por Leandro Martín fijó una caución de 142.000 dólares para que Jaime acceda a dicho beneficio, monto que no pudo alcanzar con los bienes presentados.

En tanto, en la jornada de ayer lunes la defensa intentó llegar a ese número poniendo disposición para alcanzar la base de la caución siete automóviles y una vivienda que legalmente está declarada bien de familia, con lo cual se encuentra impedido de ser gravada con un embargo o una hipoteca. 

De esta manera, el gestor continuará detenido en la Alcaidía de Melincué, y dentro de 90 días contará con la posibilidad de solicitar una nueva audiencia. 

Megaestafa 2

Hace diez días el fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

El intendente de Rufino, Abel Natalio Lattanzi, fue condenado a dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al haber sido encontrado culpable en una causa donde era investigado por “negociaciones incompatibles con la función pública”. Al mismo tiempo, su mujer, Marisol Raspo, tuvo una sentencia de un año y tres meses de prisión.

La noticia se conoció en las últimas horas, tras el fallo del juez Aldo Baravalle y ahora el primer mandatario tendrá la posibilidad de dar inicio a la vía recursiva correspondiente en la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto.

Historia del hecho

Semanas antes de asumir como intendente el 10 de diciembre de 2015, Lattanzi cede a su mujer las acciones de la empresa de transporte La Rubia SA. En los primeros meses de 2016 la Municipalidad lanzó un llamado a licitación por un monto de 4.000.000 de pesos (200.000 dólares en ese entonces) para el traslado de piedra dolomítica, la cual se utilizaría en distintas arterias de la localidad. En ese contexto La Rubia SA accedió a los pliegos y se presentó formalmente.

Abel Natalio Lattanzi, en el banco LGTBI+ de la Plaza de Rufino, luego de anunciar que sortearía el suéter rojo con el que hizo la campaña del 2023.

Desde el Poder Legislativo la totalidad de los concejales aprobaron una resolución solicitando a la justicia que investigue dicho accionar.

La tarea en un principio estuvo a cargo del fiscal Mauricio Clavero. Posteriormente, en el año 2019 se realizó la requisitoria de elevación a juicio, el cual dio inicio el 12 de junio de 2023, con Mauro Menéndez representando al Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente, en la jornada del lunes se conoció la sentencia de dos años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, al considerar que Lattanzi tiene vinculación con la empresa familiar y además iba a ser la persona encargada de decidir el ganador de la licitación.

Mauricio Clavero, el fiscal que dio inicio a la investigación.

Mientras que su mujer fue condenada en calidad de “partícipe primario” a un año y tres meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Ley Orgánica

La Ley Orgánica de Municipios y Comunas 2.756 de la provincia de Santa Fe detalla que no pueden ser electos intendentes o concejales “los representantes, accionistas o empleados de empresas que exploten concesiones municipales, provinciales o nacionales dentro del radio del municipio o que tengan contratos pendientes con la Municipalidad o que en cualquier forma tengan relaciones de negocio con la misma, salvo la excepción prevista para los empleados municipales en el último párrafo del art. 59”.

Tampoco “los que estuvieren interesados directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con la Municipalidad, aún como fiadores, o negociaren con la misma”.

El artículo 59 de la normativa precisa que “el Intendente o el concejal que tenga participación en las empresas, los contratos o los actos administrativos a que se refiere el art. 25 en sus incisos 3, 4 y 6, cesará de hecho en sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que determine el Código Penal”.

Lo mismo regirá para “los empleados municipales que se encuentren en tales casos, sin que por ello la Municipalidad deje de aplicar la facultad que le corresponde para anular el acto o contrato si así lo juzga conveniente. Sólo se exceptúan, para estos últimos, las operaciones de compraventa de lotes o unidades de vivienda con fines sociales”.

Natalio apela

El intendente dejó en claro que se presentará en la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, donde confía que revertirá el fallo y se definirá su inocencia.

En una publicación realizada en la red social Facebook en la noche del lunes, el primer mandatario informó a la comunidad que “fui notificado de la condena decidida por el juez Aldo Baravalle a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por el llamado a licitación para adquirir piedra dolomítica en 2016”.

Y sigue diciendo que “en el mismo fallo se me absolvió de los restantes delitos por los que fuera acusado (fraude a la administración pública en grado de tentativa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión maliciosa de presentar declaraciones juradas como Intendente, y omisión de los deberes de oficio)”.

El primer mandatario sostiene que “convencido de mi inocencia absoluta, esta decisión será apelada por mi defensa en los próximos días (una vez conocidos los fundamentos del juez) ante la Cámara Penal de Venado Tuerto. Soy inocente, solamente una sentencia firme puede cambiar esa condición, sentencia que, estoy convencido, oportunamente ratificará que no he cometido delito alguno”.

En este marco agregó que “la verdad siempre triunfa y nada va a impedir que siga siendo intendente de Rufino. A los vecinos de mi ciudad quiero decirles que confío en la actuación de la justicia y que continuaré, como todos los días y con las mismas fuerzas de antes, desempeñando la función de intendente con la que ustedes me han honrado en tres oportunidades”.

Por último, dijo que “seguiré retribuyendo la confianza que han depositado en mí con dedicación y trabajo como siempre lo he hecho. No descansaré hasta probar definitivamente mi inocencia en las instancias judiciales que sean necesarias”.

Un hombre de 49 años cuyas iniciales son MJPA fue imputado hoy como autor de delitos contra la integridad sexual de su hija menor de edad en la ciudad de Firmat. La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Susana Pepino en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los Tribunales de Melincué ante el juez Aldo Baravalle. En función de lo resuelto hoy, las medidas cautelares se debatirán en una audiencia a realizarse el próximo viernes en horario a confirmar. La fiscal Pepino adelantó que solicitará que el imputado transite el proceso en prisión preventiva.

Más allá de las lógicas reservas en el manejo de la información por parte del Ministerio Público de la Acusación, se supo que el sospechoso es el coordinador de Deportes de la Municipalidad de Firmat, Mauricio Ponce, quien ya fue relevado de su cargo por decisión del intendente de la mencionada localidad, Leonel Maximino”.

La representante del MPA informó que “la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima que fue escrita en un papel que tiraron por debajo de la puerta del Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Firmat”. “A partir de esa información ordenamos diversas diligencias investigativas”, sostuvo la fiscal. En tal sentido, agregó que “a partir de los datos logrados en el marco de esas tareas, ordenamos la detención y realizamos la imputación”. Por otra parte, Pepino adelantó que “ya fueron solicitadas otras diligencias procesales, entre ellas la realización de la entrevista a la niña en cámara Gesell”.

En la audiencia de esta mañana, la fiscal Pepino le atribuyó al imputado la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo.