Un hombre de 31 años fue aprehendido en la ciudad de Firmat, acusado de sustraer cables de una vivienda ubicada en calle General Paz al 1900.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 15:10, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino tras recibir un aviso por un presunto robo. Al arribar a la intersección de 25 de Mayo y avenida Santa Fe, los efectivos identificaron al sospechoso, quien habría sido señalado por un testigo como el autor del ilícito.

Tras la aprehensión, el sujeto fue trasladado a sede policial, donde se realizaron las diligencias de rigor, y posteriormente derivado a la Alcaidía de Melincué.

Por disposición de la fiscal en turno, se le formó causa por robo, quedando a disposición de la Justicia.

Este miércoles, alrededor de las 13:20, personal de la Alcaidía de Melincué detectó un intento de ingreso de sustancias prohibidas durante la requisa previa a las visitas. La situación se activó cuando una mujer se presentó para ver a un interno y entregó alimentos para su inspección.

Durante el control de rutina, el personal de guardia revisó dos potes de dulce de leche que formaban parte de los alimentos entregados. En el interior encontraron tres envoltorios que aparentaban contener marihuana.

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del material sospechoso y su remisión a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) para los análisis correspondientes.

A la mujer se le inició una causa por el delito de suministro agravado en grado de tentativa, quedando a disposición de la Justicia para la continuidad del proceso penal.

La reciente confirmación del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, sobre la construcción de una nueva alcaidía en Melincué generó repercusiones en la localidad. El proyecto, que se levantaría en un predio de siete hectáreas ubicado sobre la Ruta Provincial 93, a la salida del pueblo, tendría el aval de la electa comisión comunal.

En diálogo con A Pesar de Todo (LT29), el presidente comunal electo Silvio Garbolino sostuvo que se enteró de la confirmación a través de portales informativos y reconoció que aún no cuenta con detalles oficiales del proyecto. “Esto era algo que ya estaba previsto en el presupuesto provincial, por lo cual es una decisión tomada. Nadie discute que la alcaidía tenga que hacerse o trasladarse, todo el pueblo quiere que se haga”, expresó.

Garbolino subrayó que lo único que genera inquietud en los vecinos es la posibilidad de que, en el futuro, el establecimiento se transforme en un penal de mayor envergadura. “Siempre se pidió que se informe y se asegure que esa alcaidía no se convertirá en un penal o un centro de alto perfil, porque eso truncaría las posibilidades de que Melincué siga creciendo en el rumbo turístico”, advirtió.

El dirigente, a su vez, aseguró que viene información sobre el proyecto sin obtener respuestas. “La falta de comunicación oficial genera suposiciones y temores que podrían evitarse si se explicara claramente qué se va a construir”, remarcó.

El electo presidente comunal recordó que, años atrás, la comunidad se opuso firmemente a la instalación de un penal en la localidad. “En su momento se habló de una cárcel que podía terminar recibiendo presos de cualquier parte del país. Fue un quiebre con instituciones locales y un gran porcentaje del pueblo manifestó su rechazo en una audiencia pública. Esa resistencia sigue latente cuando se confunden los términos”, señaló.

Por eso, destacó que el anuncio actual, que descarta la construcción de una cárcel y se limita al traslado de la alcaidía existente, merece ser acompañado. “Si realmente se trata solo de una alcaidía, lo celebro, lo apoyo y estoy de acuerdo. Pero es fundamental que la provincia lo explique bien para llevar tranquilidad a los vecinos”, insistió.

Garbolino también se refirió al futuro de la vieja alcaidía emplazada en el centro de Melincué. “El edificio está prácticamente en estado deplorable, salvo la fachada. Sería necesario invertir mucho dinero para recuperarlo, pero más adelante se evaluará darle una función social que beneficie a la comunidad”, adelantó.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que la provincia ejecuta un plan de inversión sin precedentes en infraestructura penitenciaria. “El gobernador está invirtiendo muchísimo dinero en ampliar los centros de detención, las cárceles donde hay condenados. Estamos trabajando en Piñero, Recreo, Santa Felicia (Vera) y Coronda con nuevos pabellones, porque hay que reforzar los lugares de detención para condenados”, explicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que es clave mejorar las condiciones de los presos transitorios: “También hay que mejorar los espacios de detención para los presos transitorios, las alcaidías, como se dice. En este momento tenemos una obra en el Centro Penitenciario de Rosario (CPR) y las que se vienen son las nuevas alcaidías de Reconquista, Melincué y Rafaela”.

Enrico precisó que la futura alcaidía de Melincué se levantará en un terreno que la provincia adquirió en 2017. “Son siete hectáreas al lado de la estación elevadora que tiene el canal de salida de la laguna Melincué. Ese es el lugar pensado desde el inicio”, detalló.

Ante las controversias que históricamente generó el proyecto en la comunidad local, aclaró: “No va a ser una cárcel. Las cárceles van a estar en Coronda, Las Flores, Piñero, Recreo y Santa Felicia. Lo que necesitamos es una alcaidía moderna, porque las actuales no van más. Son obras que los tiempos imponen y que no podemos postergar”.

Según adelantó, los tres proyectos —Reconquista, Rafaela y Melincué— tendrán un diseño similar: “Son cuatro pabellones, con capacidad para 80 personas cada uno. Habrá un pabellón para mujeres y otro para hombres, separados los sectores intramuros y de servicios. Contarán con enfermería, sistema eléctrico propio, seguridad, salas de audiencias y estacionamiento. Todo emplazado en áreas alejadas de los cascos urbanos”.

Enrico remarcó que se trata de obras concebidas con criterios ambientales y de infraestructura: “Tenemos que prever la llegada de energía eléctrica, los accesos, que no sean zonas inundables, con sus protecciones y el tratamiento de líquidos cloacales. Es una inversión provincial que busca dar respuestas a una necesidad concreta del sistema judicial y de seguridad”.

Respecto al funcionamiento institucional, el ministro subrayó que Melincué seguirá siendo sede de la Unidad Regional VIII. “Mientras la cabecera del departamento sea Melincué, la fiscalía, la justicia y la alcaidía regional seguirán ahí. Es una particularidad de este departamento, porque en el resto de la provincia las cabeceras coinciden con las ciudades más grandes, pero aquí se mantuvo en Melincué desde sus orígenes históricos”.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo

Walter Damián Vélez, de 27 años, y Benjamín Andrés Barrios, de 22, fueron trasladados a la provincia de Santa Fe y quedaron alojados en la alcaidía de la Unidad Regional VIII, con sede en Melincué. Ambos permanecían prófugos de la justicia tras ser acusados por la muerte de Ricardo Heck, ocurrida el 12 de julio en la localidad de Wheelwright, departamento General López.

Los sospechosos habían sido detenidos el sábado 15 de agosto en Taco Pozo, Chaco, en un procedimiento conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos chaqueños. Según fuentes policiales, se encontraban ocultos en la vivienda de la hermana de uno de ellos, donde finalmente fueron localizados cuando intentaban darse a la fuga.

El traslado a territorio santafesino se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad que contó con el apoyo de agentes de Ceres, Rafaela y Venado Tuerto.

De acuerdo con la causa, ese 12 de julio Vélez y Barrios circulaban en una camioneta Nissan Frontier que embistió a una motocicleta Suzuki en las inmediaciones del acceso a Wheelwright. Como consecuencia del impacto falleció Ricardo Heck.

La investigación determinó que la camioneta utilizada era melliza de otra robada en agosto de 2024. Fue hallada a los pocos minutos, abandonada a unos 150 metros del lugar del siniestro, con el motor encendido y oculta bajo una arboleda. En el interior se incautó además material estupefaciente.

La fiscal de la Unidad de Melincué, Susana Pepino, caratuló la causa como “homicidio culposo agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento”.

En el marco de la investigación por la muerte de Heck, la PDI ya había detenido el 15 de julio a tres personas en la localidad de Alcorta. Los allanamientos se realizaron en dos viviendas de calle Alsina al 100 e Independencia al 400. Allí fueron arrestados Francisco T. (17), Jazmín R. (29) y Morena V. (18).

Durante esos procedimientos se secuestraron cuatro teléfonos móviles, una notebook y un pendrive que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Marco L. (23), un joven que está detenido en la Alcaidía de Melincué, junto a Pablo C. (29), acusados de robo calificado, acusó mediante un mensaje en la red social Facebook a una tercera persona (Franco P.) de haber sido el autor material de un robo ocurrido en la localidad de María Teresa, cuando con un arma de fuego le sustrajeron 70.000 pesos en efectivo a un joven de 33 años que salía de su trabajo. 

El muchacho se considera inocente, y asegura que cumplirá “la condena con la frente alta”. 

Historia del caso

El hecho se registró el 26 de mayo, cuando a una persona de 33 años la asaltaron a mano armada cuando salía de trabajar y le sustrajeron 70.000 pesos que recién había cobrado. A las pocas horas los agentes policiales detuvieron a dos sujetos y dieron con el arma de fuego utilizada para cometer el delito. 

Posteriormente en una audiencia imputativa el fiscal Horacio Puyrredón los imputó y pidió la prisión preventiva para ambos. Los acusados se declararon inocentes y apuntaron contra Franco P. como al autor material del hecho delictivo. 

Lo cierto es que en la noche del miércoles Marcos L. realizó un posteo en la red social Facebook donde hace un fuerte descargo y acusa a Franco P. de escudarse en “la religión”.

El texto, comienza diciendo: “Ya que no te dio para hacerte cargo de tus errores, mínimamente tené la decencia de devolverle la quincena al pobre laburante que le arrebataste a punta de pistola”.

Posteriormente se preguntó: “Pero que podemos esperar de alguien que abandona su familia a su suerte???”.

Para seguir diciendo que “yo no me escondo atrás de una biblia y mucho menos atrás de una pistola, a mí me sobran los pantalones que a vos te faltan”.

Marcos L. considera que “las cosas caen por su propio peso y la tortilla se cocina de los dos lados, la vida te va a devolver por 100 lo que vos me estás haciendo. Pagar a mí.” 

A su vez aseguró: “Yo voy a cumplir tu condena con la frente bien en alto y con la consciencia tranquila que yo no me llevé nada que no fuera mío... porque así me crío mi vieja y esos fueron los ideales que dejo mi papá”. 

Por último, sostiene que “el pueblo sepa que el ladrón sigue entre ustedes y en libertad .. y que va todos los domingos a misa... de seguro tu supuesto dios se debe retorcer en la cruz”.

Vecinos de la localidad cabecera de General López se manifiesta en contra de la posible instauración de “una cárcel bajo el viejo disfraz de traslado de Alcaidía”, expresan en un comunicado.

“Los vecinos de Melincué estamos otra vez Autoconvocados y en estado de Alerta frente a rumores y trascendidos que nuevamente existe la intención de ubicar una cárcel bajo el viejo disfraz de traslado de Alcaidía. A pesar de haber quedado demostrado que esto no era verdad en la Audiencia Pública que se llevó a cabo en el año 2016, vuelven con los mismos argumentos y las mismas intenciones”, manifiestan sobre la posibilidad que se viene trabajando a partir de un proyecto de darle otra función a la Alcaidía de Melincué, la cual enfrenta constantemente denuncias de malas condiciones edilicias.

A principio de año, Sur24 informaba que se reavivó un proyecto que lleva una década en carpeta: construir una cárcel en el extremo sur de la provincia de Santa Fe.

El primero en reflotar la iniciativa fue el propio gobernador provincial Maximiliano Pullaro en su última visita a Venado Tuerto. En el mismo sentido se pronunciaron la subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli. Sin embargo, el primero en hablar sobre la creación del Instituto Penitenciario Nº 12 en el departamento fue el entonces senador provincial y hoy ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, allá por el año 2014. 

En este sentido vecinos de la localidad, que rechazan la iniciativa de una penitenciaria en su pueblo manifiestan que  a ocho años de la audiencia pública “nos ponen en situación de Alerta pero en esta oportunidad es mucha más la gente que se suma a expresarse por NO a la CARCEL ya que basta con observar en lo que se ha transformado en estos años la UP de Piñero y sus alrededores, creemos que no hace falta más que estar informados”, justifican. 

Y suman: “El tiempo nos ha dado la razón que una CARCEL no es compatible con lo que Melincue brinda en  tranquilidad, naturaleza a pleno, deportes náuticos, historia, seguridad etc”.

Además cuentan que un grupo de 6 integrantes de Vecinos Autoconvocados mantuvieron una reunión con la actual presidente comunal, Yamila Gallisso, “para ponerla al tanto de la posición que hemos tomado respecto a la posibilidad de pretender volver con los argumentos de traslado de Alcaidía que encubre la instalación de Unidad Penitenciaria”.

Y continúan argumentando: "Melincué es Humedal Protegido, es Sitio Ramsar, es Turismo históricamente sostenido a pesar de los vaivenes de la laguna, pero siempre vuelve a ser Turismo, es Sitio Arqueológico de reciente descubrimiento en el que recién comienza a trabajarse y que permite seguir aportando a la historia de la zona, cuenta con complejos de cabañas, un Hotel 4 estrellas con sala de juegos, convenciones, restaurantes etc. Nos oponemos terminantemente a la instalación de una CARCEL presentada engañosamente como traslado de Alcaidía porque no armoniza con el Melincué en el que vivimos como tampoco con lo que ofrece a quienes nos visitan.

Demás está decir que volveremos a hacer uso de todas las herramientas posibles para frenar esto, que son muchas y a las que sumamos también la experiencia anterior", señalan los vecinos.

En noviembre de 2014, a través de la Ley 13.447, se habilitaba al gobierno santafesino, a cargo de Antonio Bonfatti, a disponer de fondos para ampliar cárceles en la provincia y construir, tras el pedido del senador Lisandro Enrico, el Instituto Penitenciario Nº 12, una importante obra pensada para alojar a unos 160 presos, misma cantidad que venía teniendo la Alcaidía, aunque con una infraestructura precaria y prácticamente abandonada. 

Ya hacia 2015, el proyecto comenzó a tomar cada vez más fuerza, llegando incluso a evaluar posibles predios que pudieran contener este edificio y cumpliera con los requisitos básicos de accesibilidad. Allí surgieron como opción, lotes ubicados sobre la ruta 93, entre Melincué y Miguel Torres.

La obra incluía cuatro pabellones de dos pisos, con espacio cada uno para 40 reclusos -uno por celda- bajo la modalidad "celular". Para ello se requería de un predio de cuatro hectáreas, con doble cerco perimetral; además de contar con servicios para la atención primaria de la salud, escuela, talleres, espacios para esparcimiento y salón de usos múltiples.

A su vez, sumaba ocho celdas para resguardo físico y "Cámara Gesell". Según se estimaba, se debían incorporar cerca de 100 empleados del Servicio Penitenciario para que el lugar funcione con normalidad, significando fuentes de empleo para el departamento General López.

El consenso político que se había logrado en aquel entonces se encontró con posturas opositoras de un grupo de vecinos de Melincué, quienes no tardaron en mostrar su disconformidad, considerando que la construcción de una cárcel podía afectar el proyecto turístico que viene sosteniendo la localidad a partir de su riqueza natural e historia, y que derivó en la generación de emprendimientos gastronómicos y complejos de cabañas para recibir a la gente que llega a disfrutar de la tranquilidad de esta comuna sureña.

Durante varios meses hubo reuniones en Melincué, donde se fueron brindando más precisiones sobre la unidad penitenciaria y respondiendo las consultas e interrogantes de los ciudadanos. Ya en aquel entonces se empezó a barajar la posibilidad de convocar a un plebiscito para conocer la opinión de toda la comunidad. 

Los reparos impuestos por estos vecinos obligaron en aquel entonces a pensar en otras alternativas, incluso aparecieron localidades interesadas en albergar la institución, descubriendo en este proyecto una posibilidad de fuentes de empleo y desarrollo. Una de ellas fue Miguel Torres, cuyas autoridades se mostraron dispuestas a evaluar la iniciativa y trasladar la inquietud a sus habitantes. 

La agenda de trabajo conjunto que vienen llevando adelante el gobierno de Venado Tuerto con el Gobierno provincial tuvo su continuidad este miércoles con una jornada donde se hicieron anuncios importantes en materia de Seguridad para el sur santafesino y se ratificó la decisión de dotar de mayor infraestructura y personal a los departamentos sureños. 

En conferencia de prensa, el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani; la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucia Masneri y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur-sur santafesino, Nahuel Pasquinelli, destacaron los puntos más importantes de la presencia en la ciudad, haciendo hincapié en el trabajo para fortalecer la seguridad en Venado y en la región, las diferentes convocatorias para sumar recurso humano, la ampliación del sistema de videovigilancia venadense y se anunció la construcción de la nueva Alcaidía de Melincué, que estaría ubicada entre dicha localidad y Miguel Torres y estará en manos del Servicio Penitenciario.  

En la ocasión, el intendente destacó la jornada como una “continuidad a una agenda que nos marcó y que trabajamos en conjunto con nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y que tiene ver con la posibilidad de que las políticas que se plantean desde el Gobierno provincial puedan llegar a los diferentes puntos, en este caso a nuestra ciudad, y tiene que ver con los diferentes programas que hemos presentado para ampliar el Sistema Municipal de Videovigilancia”. 

Además, anticipó una recorrida por el Centro de Monitoreo ubicado en el Palacio Municipal, que está siendo ampliado a través del programa Vínculos. “En esta ocasión particular, estaremos haciendo un monitoreo del trabajo que se viene generando en virtud del patrullaje, de la presencia policial en nuestra ciudad, de los hechos delictivos, también del trabajo coordinado con la justicia, con la fiscalía y con los diferentes actores sociales que forman parte del entramado de la seguridad, y también con la convocatoria que se hace a los agentes retirados que puedan volver a prestar funciones dentro de las fuerzas como una herramienta para poder fortalecer el patrullaje y poder fortalecer la cuestión operativa de las fuerzas de seguridad”.

A su turno, la isabelense Georgina Orciani puso el acento en la decisión del Gobierno provincial en dirigir recursos para la cartera que integra, considerando que “uno puede tener una verdadera decisión política, pero si no se le asigna partida presupuestaria, cae en saco roto, y esta no es la situación que pasa en materia de Seguridad y Justicia, donde hay una férrea decisión política del gobernador (Maximiliano Pullaro) y de nuestro ministro (de Seguridad, Pablo Cococcioni), y por ende una correspondiente asignación presupuestaria”.

La ex diputada provincial, en cuanto a la presencia en Venado Tuerto, expuso la “planificación en materia de Justicia y Seguridad en la localidad y en la región, pese a la situación excepcional que atraviesa la ciudad de Rosario, con la constitución del Comité de Crisis que emerge por una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, y abocando los recursos, pero sin descuidar el entramado de Seguridad y la planificación que tenemos en el resto de la provincia” añadiendo que “para nosotros es tan importante el santafesino que vive en Venado Tuerto, o en La Chispa, como el que vive en Rosario o en las grandes urbes, y para eso es importante reconocer la enorme labor que realizan los gobiernos locales, que no despliegan su responsabilidad en materia de seguridad pudiéndolo hacer, sino que se acoplan al plan dispuesto por el Gobierno provincial”.

La secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucia Masneri, puso sobre el tapete la falta de recursos, lo que atribuyó a “largos años sin obra pública penitenciaria. Recientemente hicimos una licitación en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario donde anunciamos un mínimo de 3.300 plazas para personas detenidas”, reconociendo que “esto viene de la mano de la necesidad de recursos humanos” 

En ese sentido, indicó que “está abierta la convocatoria para que las personas que tengan hasta 29 años se inscriban como agentes penitenciarios. La preinscripción se realiza muy fácilmente, de manera digital, y es hasta este viernes 19 de abril”. 

Con esta incorporación, la cantidad de agentes del Servicio Penitenciario santafesino rozaría los 5.000.

Seguidamente, Masneri enfatizó en la decisión, “desde el gobernador hasta abajo” sobre la necesidad de priorizar los departamentos del sur de la provincia. Por eso, “esta convocatoria tiene un 55% asignado a los departamentos del sur de la provincia, donde además está puesta la mayor parte de la obra pública y la mayor parte de las cárceles; nuestros espacios de trabajo se centran de Rosario para abajo”. 

“Necesitamos que se inscriban, que participen, que vuelva a ser fuerte el sur provincial”, sostuvo, agregando que, “cuando tengamos la alcaldía de Melincué estaría en manos del Servicio Penitenciario, lo que sin lugar a dudas es lo que más permite la operatividad policial”.

Reiterando el llamado para futuros agentes, la funcionaria recordó que “hasta el viernes 19 es la preinscripción online y después la presentación de papeles. El requisito es el básico, la secundaria. El resto de la capacitación y los demás se brinda a partir del servicio penitenciario”. 

Sobre la carrera, esgrimió que “no es la carrera policial, son dos escuelas completamente distintas. Se ingresa como suboficial y tiene seis jerarquías adentro, es decir, que se puede ascender desde esa jerarquía que no es una sola y que, además, una vez que la persona ingresa, si decide realizar la carrera de oficial puede seguir creciendo en su carrera”.

“Se propone crecimiento profesional, trabajo seguro y estar de Rosario para abajo, o sea, en el sur provincial. Es una gran oportunidad para las personas que aún tal vez no saben qué quieren estudiar, no saben a dónde quieren ir. El Servicio Penitenciario es un excelente lugar para aprender, capacitarnos y profesionalizarnos y, por supuesto, brindar a todos los vecinos la seguridad que necesitamos”. 

En una noticia trascendente para General López, Lucia Masneri anunció que, que el pase de mando de la Alcaidía de Melincué, actualmente en manos de la Policía de Santa Fe, a Asuntos Penitenciarios “depende de la construcción de una nueva Alcaidía, como siempre. La Alcaidía de Melincué no está en condiciones de ser arreglada, esto no es información nueva. Se construirá una Alcaidía nueva, como las de Rosario y como las de Santa Fe que ya están construidas”.

Según expuso, la nueva Alcaidía estaría en el distrito de Melincué, entre esa localidad y Miguel Torres. 

Cobertura: Mauro Dalmazzo

El traslado de 40 detenidos de Alcaidía de Melincué a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Pieñero, reavivó un proyecto que lleva una década en carpeta: construir una cárcel en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. 

El primero en reflotar la iniciativa fue el propio gobernador provincial Maximiliano Pullaro en su última visita a Venado Tuerto. En el mismo sentido se pronunciaron la subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli. Sin embargo, el primero en hablar sobre la creación del Instituto Penitenciario Nº 12 en el departamento fue el entonces senador provincial y hoy ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, allá por el año 2014. 

En noviembre de 2014, a través de la Ley 13.447, se habilitaba al gobierno santafesino, a cargo de Antonio Bonfatti, a disponer de fondos para ampliar cárceles en la provincia y construir, tras el pedido del senador Lisandro Enrico, el Instituto Penitenciario Nº 12, una importante obra pensada para alojar a unos 160 presos, misma cantidad que venía teniendo la Alcaidía, aunque con una infraestructura precaria y prácticamente abandonada. 

Ya hacia 2015, el proyecto comenzó a tomar cada vez más fuerza, llegando incluso a evaluar posibles predios que pudieran contener este edificio y cumpliera con los requisitos básicos de accesibilidad. Allí surgieron como opción, lotes ubicados sobre la ruta 93, entre Melincué y Miguel Torres.

La obra incluía cuatro pabellones de dos pisos, con espacio cada uno para 40 reclusos -uno por celda- bajo la modalidad "celular". Para ello se requería de un predio de cuatro hectáreas, con doble cerco perimetral; además de contar con servicios para la atención primaria de la salud, escuela, talleres, espacios para esparcimiento y salón de usos múltiples.

A su vez, sumaba ocho celdas para resguardo físico y "Cámara Gesell". Según se estimaba, se debían incorporar cerca de 100 empleados del Servicio Penitenciario para que el lugar funcione con normalidad, significando fuentes de empleo para el departamento General López.

El consenso político que se había logrado en aquel entonces se encontró con posturas opositoras de un grupo de vecinos de Melincué, quienes no tardaron en mostrar su disconformidad, considerando que la construcción de una cárcel podía afectar el proyecto turístico que viene sosteniendo la localidad a partir de su riqueza natural e historia, y que derivó en la generación de emprendimientos gastronómicos y complejos de cabañas para recibir a la gente que llega a disfrutar de la tranquilidad de esta comuna sureña.

Durante varios meses hubo reuniones en Melincué, donde se fueron brindando más precisiones sobre la unidad penitenciaria y respondiendo las consultas e interrogantes de los ciudadanos. Ya en aquel entonces se empezó a barajar la posibilidad de convocar a un plebiscito para conocer la opinión de toda la comunidad. 

Los reparos impuestos por estos vecinos obligaron en aquel entonces a pensar en otras alternativas, incluso aparecieron localidades interesadas en albergar la institución, descubriendo en este proyecto una posibilidad de fuentes de empleo y desarrollo. Una de ellas fue Miguel Torres, cuyas autoridades se mostraron dispuestas a evaluar la iniciativa y trasladar la inquietud a sus habitantes. 

Desde el gobierno provincial aseguraron que en el corto plazo continuarán con el traslado de presos de la Alcaidía de Melincué a unidades penitenciarias de la provincia. El objetivo es lograr desactivar por completo el centro de detención que se encuentra en la cabecera departamental, el cual cuenta con una estructura precaria y está radicado en el centro del pueblo.

La noticia la confirmó el delegado del ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli, quien al mismo tiempo valoró el trabajo policial de control y prevención realizado durante las recientes festividades. 

Primer paso

El último martes se llevó adelante el traslado de 40 detenidos desde Melincué a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El operativo estuvo coordinado por la Subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Por un lado, el objetivo fue lograr que el lugar sea algo más habitable, debido a la superpoblación. Y por otro, que haya una mayor cantidad de agentes policiales destinados a trabajos de prevención en la vía pública y no al cuidado de presos en la Alcaidía. 

“La decisión del Gobierno de la provincia es de a poco ir desactivando esa Alcaidía cuyas instalaciones son muy precarias. Estaba superpoblada con 160 detenidos en un lugar que es para alrededor de 70. Luego del operativo del martes seguimos teniendo unos 120 presos, pero de a poco vamos a ir trasladándolos”, aseguró Nahuel Pasquinelli.

Cada región “tiene sus particularidades, pero seguramente nosotros en algunos días tendremos un nuevo cupo para poder seguir desalojando la Alcaidía y así desactivarla completamente. La idea es poder avanzar en la construcción de una unidad penitenciaria en el departamento General López”, añadió el funcionario. 

Por último, se refirió al operativo de fin de año diciendo que “sabemos que las festividades son una prueba de fuego. La idea fue tratar de sacar la mayor cantidad de móviles y personal a la calle. Trabajamos muchísimo con los gobiernos locales en controles, y por suerte no hemos tenido grandes complicaciones, con solo algunos hechos menores”.

El presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino adelantó que podrían llamar a una “consulta popular” en caso de que prospere el proyecto de construir una unidad penitenciaria en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. Según indicó, aún no recibieron ninguna información oficial por parte del Ministerio de Seguridad, más allá de los dichos que surgieron en medio del operativo de traslado de unos 40 internos que estaban alojados en la Alcaidía.

La idea de contar con una cárcel en el departamento no es nueva, sino que surgió allá por el año 2015, incluso uno de los impulsores fue el senador Lisandro Enrico, hoy ministro de Obras Públicas provincial. En aquel momento se discutió mucho esta propuesta, organizando reuniones con los vecinos de Melincué, ya que se escucharon algunas voces que se mostraban en desacuerdo con la iniciativa, y hasta se habían evaluado zonas donde se podía instalar este edificio.

Con el correr del tiempo, el proyecto de la Unidad Penitenciaria Nº12 se fue desinflando hasta quedar totalmente postergado. Sin embargo, con el arribo de la nueva gestión provincial y la firme decisión de reubicar a los presos que estaban cumpliendo condenas tanto en comisarías como, en este caso, en la Alcaidía, se reflotó esta idea, aunque por el momento sin demasiados detalles.

“Nosotros, como funcionarios, nunca fuimos notificado de que esté la posibilidad de que se haga la cárcel aquí en Melincué. Es más, sabemos que hay algunas otras alternativas de localidades donde puede estar emplazada la penitenciaría”, comentó Garbolino, añadiendo que “estaremos atento a este movimiento, porque, obviamente, respaldaremos la voluntad popular de los vecinos llamando a un plebiscito para saber si se quiere o no la cárcel”.

En este marco, el mandatario precisó que en caso de que la respuesta de la comunidad es negativa, “se lo haremos saber a quienes son los encargados de tomar decisiones”. De todos modos, planteó: “En diálogo con los vecinos nos encontramos que hay opiniones diferentes, con un movimiento de 'no' a la penitenciaría muy marcado, pero el grueso de la gente no tiene reparos. Si hacemos la consulta popular, seguramente se sorprenderían de los resultados, ya que sabemos que este proyecto ayudaría a retirar la Alcaidía que quedó en el centro de la localidad, frente a un colegio primario y todo lo que conlleva pensar en la posibilidad de algún motín o fuga de presos”.

Silvio Garbolino también hizo referencia al traslado de 40 presos de la Alcaidía a la unidad penitenciaria de Piñero: “Esta decisión del gobierno provincial apunta a liberar estas dependencias, al igual que las alcaidías, con el objetivo de sacar a los efectivos policiales a la calle a cuidar a nuestra población santafesina. En el caso de nuestra Alcaidía estaba superpoblada, con 150 internos, de los cuales retiraron 40 así que todavía continúan unos 110, cuando la capacidad hoy en día es de 60 internos”.

El mandatario aprovechó la oportunidad para reiterar el “estado deplorable” en el que se encuentra el edificio de la Alcaidía. “Junto al senador Enrico en varias oportunidades denunciamos los problemas estructurales que tiene este inmueble cuyo estado es deplorable. Los presos no se escapan porque no quieren”, enfatizó. Y agregó: “Al gobierno provincial anterior realmente no le interesaba, porque ni siquiera se acercaron a ver como estaba el edificio, todo lo contrario, dejaron que se siga viniendo abajo”.

Por último anunció que en los próximos días se estarían trasladando a 40 nuevos reclusos, para poder llegar a tener una ocupación adecuada que sería de 60. “Más allá de los motivos que los llevaron a estar en esa situación, son inhumanas las condiciones”, sentenció.

Durante la jornada de este martes, el Gobierno provincial desplegó un operativo de traslado de presos desde la Alcaidía de Melincué a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El mismo contó con la supervisión de la coordinadora de Asuntos Penales, Lucía Masneri, quien destacó en las primeras horas de la tarde que, en cumplimiento de las directivas impartidas por el gobernador Maximiliano Pullaro y el secretario de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se había dado otro paso adelante en el objetivo de “vaciar progresivamente todos los espacios de detención dependientes de la Policía” y agregó que los motivos excluyentes son “que la policía recupere la operatividad en calle y que los presos estén debidamente custodiados en el Servicio Penitenciario, que son los que están capacitados para eso”.

En esta oportunidad, se retiraron 40 internos de la Alcaldía de Melincué, que “no es la solución del problema, pero empieza a resolverse, dado que venimos de cuatro años sin obra pública y por ende estamos superpoblando las unidades penitenciarias”, admitió Masneri.

Básicamente, “estamos trasladando la superpoblación de las comisarías o, en este caso, de una Alcaidía, al Servicio Penitenciario, y lo instrumentamos así porque las condiciones de seguridad se pueden garantizar en el Servicio Penitenciario y no así en el resto de los establecimientos”.

Más adelante, en cuanto al criterio escogido para seleccionar los 40 traslados, la funcionaria contó a Mauro Dalmazzo en “Antes que Nada” (LT29), que en principio se apuntó a internos a disposición de la Justicia provincial que necesitaran de "un mayor nivel de seguridad en base a su comportamiento o a los delitos cometidos, según el caso”. 

Asimismo, precisó que la población carcelaria de Melincué se redujo a unas 110 o 120 personas, aceptando que "sigue siendo un exceso, pero la verdad es que encontramos toda una provincia excedida en cantidad de detenidos en comisarías. Tengamos en cuenta que a fines en 2019 había 590 y al 10 de diciembre de 2023 sumaban 1.700. Y al no construirse nuevos edificios carcelarios, hoy no es tan fácil disponer su traslado”.De todos modos, garantizó que en adelante continuarán estos mismos operativos y confirmó que “ya estamos iniciando nueva obra pública penitenciaria para poder resolver este problema”. 

En el caso particular de Melincué, donde tiempo atrás se incendió un pabellón, ratificó que “está todo igual, e incluso peor, porque algunas partes de ese pabellón desarrollaron un problema estructural”.

Consultada sobre la situación en otras comisarías del sur de la provincia de Santa Fe, respondió que “no hay detenciones de largos períodos, sino que pueden darse casos de uno o dos días por decisión de algún fiscal”.

Sobre los proyectos del área para 2024, Lucía Masneri hizo referencia a “espacios nuevos de detención, como en Rosario, donde en febrero vamos a licitar 320 plazas y terminar de definir los lugares a lo largo de la provincia, y a la vez ya estamos generando los pliegos de la cárcel de alto perfil”.Además, otro objetivo es “terminar de trasladar durante este año la mayor parte de internos en dependencias policiales, y de la mano de una obra pública y de ingreso de personal al Servicio Penitenciario, incluyendo gente del sur provincial”.También la coordinadora ratificó la intención de construir una nueva cárcel en General López, sobre la base de un proyecto del entonces senador Lisandro Enrico y ahora con la luz verde del ministro Cococcioni, que al mismo tiempo significará la clausura definitiva de la Alcaldía localizada en el centro del pueblo. “La Alcaldía no reúne las condiciones de seguridad óptimas y está en marcha la iniciativa del traslado fuera del área urbana, a través de la construcción de una cárcel propia de toda la región sur de la provincia”, completó.

Durante la mañana de este martes el Gobierno provincial está llevando adelante el traslado de presos alojados en la Alcaidía de Melincué a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero.

El operativo cuenta con la coordinación de la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

De esta manera “se sigue con el programa de vaciamiento de comisarías con el fin de poner a la Policía en la calle para cuidar a los vecinos”, informaron a Sur24 desde el Ministerio de Seguridad.

En la histórica prisión de la cabecera departamental la cantidad de alojados estuvo por encima de lo recomendado. Posteriormente el escenario fue mucho más complejo al incendiarse uno de los sectores de detención, quedando inhabitable. 

Al mismo tiempo, está definido que en la Alcaidía pueden estar alojadas personas imputadas que están atravesando procesos judiciales. Pero la realidad desde hace años muestra que muchos de los presidiarios están cumpliendo condena. 

En este marco, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, en su visita a Venado Tuerto, confirmó la construcción de una cárcel en el sur-sur santafesino, que desembocará en el cierre definitivo de la Alcaidía que está ubicada en el corazón del pueblo. 

Noticia en desarrollo

En su primera visita oficial como ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, desde las primeras horas del viernes y secundado por todo su equipo de trabajo, realizó en Venado Tuerto la reunión de gabinete de su cartera. Además, junto con el intendente local Leonel Chiarella y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, recorrió dependencias públicas y mantuvo diferentes encuentros.

Entre las actividades, se destacan reuniones entre los equipos del gobierno municipal y del Ministerio de Seguridad, entrevistas con jefes policiales y visitas al Centro de Alojamiento Transitorio y el Centro de Monitoreo venadense. Además, mantuvieron un encuentro con el fiscal regional Matías Merlo y con legisladores locales y regionales.

"Estamos muy agradecidos por la presencia del ministro de Seguridad en nuestra ciudad. Para nosotros, esta presencia territorial y que él decida realizar su reunión de gabinete acá es muy importante", dijo Chiarella, el primer orador de la conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal. 

Además, el mandatario venadense auguró que "toda esta agenda de actividades tenga como resultado el trabajo mancomunado del gobierno municipal y el gobierno provincial para tener mayor presencia policial en las calles de Venado", y adelantó que habrá "una inversión provincial para ampliar el Centro de Monitoreo".    

En el mismo sentido, el ministro Cococcioni anunció un conjunto de medidas integrales destinadas a abordar los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la región.

En primer lugar, expresó su agradecimiento a los medios presentes y destacó la importancia de comunicar no solo en situaciones de crisis, sino también los planes y proyectos proactivos que buscan mejorar la seguridad en la provincia.

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La primera medida anunciada por el responsable de la cartera de Seguridad fue la aprobación de leyes significativas en la Legislatura provincial, que respaldarán los esfuerzos en el combate contra el microtráfico de estupefacientes, la inteligencia, la reforma del servicio penitenciario y la ejecución de penas. El ministro, además, reconoció el apoyo de la Legislatura y agradeció a la senadora Leticia Di Gregorio por su contribución.

"Esta semana la Legislatura ha tenido un ritmo frenético y va a seguir así hasta el 11 de enero, dando muestras contundentes de apoyo. En tu persona, Leticia (Di Gregorio), quiero agradecer a todos los legisladores de la provincia de Santa Fe por el respaldo y la celeridad con la que hemos formado grupos de trabajo, estudiando y trabajando", subrayó Cococcioni, adelantando un final de año "con un paquete de leyes que nos van a dejar trabajar; vamos a poder tener una política de seguridad de verdad, con una nueva base normativa que por primera vez está un poco más a nuestro favor y no vamos a jugar con la cancha inclinada en contra". 

Luego, el ministro también elogió el compromiso del intendente Chiarela y su equipo en la gestión de políticas locales de seguridad. Y anunció que se fortalecerá el trabajo conjunto con los gobiernos municipales y comunales, reconociendo la labor que realizan en términos de seguridad, muchas veces supliendo las deficiencias de la provincia.

"Más allá de las medidas propias que estamos tomando con nuestra policía, como el bloqueo administrativo y sacar todos a la calle para recuperar la proactividad policial con cacheos, averiguación de antecedentes y secuestros en calle con aprehensiones en flagrancia, también viene un capítulo que es empezar a reconocer y a fortalecer lo que están haciendo los gobiernos locales, que por más que no sea su trabajo y su función primordial, están ocupándose de la seguridad, muchas veces supliendo al gobierno", disparó el funcionario, anunciando el plan Vínculos, mediante el cual "vamos a subsidiar y fortalecer financieramente las políticas de seguridad que ellos ya están llevando adelante".

Seguridad penitenciaria

En relación con la seguridad penitenciaria, Pablo Cococcioni destacó la necesidad de construir nuevas unidades penitenciarias y la falta de inversión en este aspecto en los últimos años, y anunció planes para recuperar y construir nuevas instalaciones penitenciarias que cumplan con estándares de seguridad adecuados. 

"En cuatro años prácticamente no hubo construcción de nuevas unidades penitenciarias", enfatizó el funcionario provincial, agregando que "en toda la provincia, de tener 495 detenidos en comisarías, pasamos a tener 1.700; se ha multiplicado por 3,5 la cantidad de presos en comisarías como consecuencia de la falta de nuevas cárceles".

En lo que respecta a la región, el ministro se refirió a la Alcaidía de Melincué y la intención de reflotar el proyecto de Lisandro Enrico para la construcción de una nueva Unidad Penitenciaria en General López. 

"Uno de los puntos del plan va a ser recuperar el proyecto de una Unidad Penal en el departamento y que tenga las medidas de seguridad adecuadas. Ustedes saben -señaló Cococcioni- que en la Alcaldía de Melincué los policías tienen que estar ahí y ellos no tienen la culpa, pero es un galpón. Es una chapa sobre cuatro perfiles de hierro, los presos se trepan por el perfil, empujan, la chapa se sale y están en el centro de Melincué. Una Unidad Penitenciaria no tiene que estar en el casco urbano, tiene que estar afuera, con medidas de seguridad adecuadas, con barreras físicas". 

Un aspecto crucial abordado por Cococcioni fue la unificación de las fuerzas de seguridad, sobre lo cual adelantó la centralización de las policías especiales bajo el comando de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por el Comandante General y Veterano de Guerra de Malvinas, Omar Pereira. Esta medida busca mejorar la coordinación y la articulación entre las fuerzas de seguridad provinciales.

En cuanto a la problemática de las cárceles, el ministro mencionó la falta de control sobre las telecomunicaciones como un desafío significativo, anunció la implementación de tecnologías más eficaces, como inhibidores, y abogó por una regulación a nivel nacional para controlar las telecomunicaciones y garantizar el funcionamiento adecuado de estos dispositivos.

En relación con el recurso humano, Cococcioni expresó su compromiso de mejorar las condiciones laborales, brindar formación adecuada y fortalecer la moral de los agentes de seguridad.

En conclusión, el ministro de Seguridad de Santa Fe presentó un plan integral que aborda diversas problemáticas en materia de seguridad, desde la construcción de nuevas unidades penitenciarias hasta la regulación de las telecomunicaciones. También agradeció el apoyo de la Legislatura y de los gobiernos locales en esta tarea fundamental para recuperar la paz y la seguridad en la provincia.

Cobertura: Mauro Dalmazzo.

Durante la noche de este sábado, personal de Comisaría 9ª aprehendió a un sujeto de 30 años, quien luego de ser sacado del interior de un Pub ubicado de San Martin y Gral. López por causar disturbios intentó ingresar nuevamente amenazando y resistiéndose en todo momento a los uniformados. En un momento, intentó agredir a los oficiales por lo que procedieron a su traslado a sede policial.

Firmat: dos detenidos por amenazar y resistirse a la autoridad

La Fiscalía de Firmat dispuso que al implicado le formen causa por Amenazas y Resistencia a la Autoridad y que posteriormente sea remitido a la Alcaidía Departamental de Melincué en calidad de detenido.

Durante la noche del sábado, personal del Comando Radioeléctrico firmatense aprehendió a dos sujetos de 32 y 40 años que se conducían en un auto marca Ford Focus en la esquina de Florida y Rafael Obligado.

Según la información otorgada por la fuerza de seguridad, momentos antes los efectivos policiales intentaron identificar a los sujetos, quienes se negaron, amenazando a los uniformados y resistiéndose en todo momento.

Venado Tuerto: una joven de 20 años perdió la vida tras choque entre moto y auto en Pellegrini y Santa Fe

Como consecuencia, los oficiales procedieron al traslado de los ocupantes del vehículo junto con un hacha de mano y un cuchillo que se encontraban en el interior del auto, en calidad de secuestro, a sede de Comisaría 13ª.

La Fiscalía local dispuso que a los implicados les formen causa por Amenazas, Atentado y Resistencia a la Autoridad y que sean remitidos a la Alcaidía Departamental de Melincué en calidad de detenidos.

En horas de la mañana de este jueves, personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un sujeto en la esquina de Italia y Belgrano, quien horas antes habría intentado cometer un robo en un domicilio de calle Pellegrini al 1200 y al momento del traslado a sede policial agredió a los uniformados.

La Fiscalía de Melincué dispuso que le formen causa al demorado por Lesiones Leves Dolosas, Desobediencia y Tentativa de Robo Calificado y que sea remitido a la Alcaidía Departamental de Melincué en calidad de detenido a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

La Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, allanó en Venado Tuerto, incluyendo Alcaidía de Melincué, en una causa por Infracción a la Ley 23.737 (Tenencia y Trafico de Estupefacientes) que culminó con el traslado de 5 mujeres y 3 hombres.

El personal de AIC, luego de varios meses de investigación, por orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto, llevó a cabo varios procedimientos en distintos sectores de la ciudad, donde se incautaron 18 celulares, 2 notebook, 2 vehículo marca Volkswagen, 1 Tablet, dinero en efectivo $44.790, 1 revólver calibre 38, 1 cartucho Orbea, 3 balanzas digitales, gran cantidad de elementos de interés para la causa, cocaína , marihuana y recortes de nylon.

Cabe destacar que colaboraron varios grupos tácticos de distintas Unidades Regionales y fiscal Dr. Emiliano Cristal del Juzgado Federal Primera Instancia de Venado Tuerto.

La diputada provincial Georgina Orciani le pidió respuestas al gobierno de Santa Fe sobre el estado actual del edificio y el funcionamiento de la Alcaidía de la localidad de Melincué, donde permanecen personas privadas de su libertad. “No sabemos qué pasó con la obra proyectada para un nuevo lugar de alojamiento fuera de la zona urbana, algo indispensable para garantizar la seguridad de las santafesinas y los santafesinos y los derechos de los alojados”, reclamó la legisladora radical, agregando que el ejecutivo provincial “no responde ni habla del tema desde el 10 de diciembre de 2019”, es decir desde la asunción del gobernador Omar Perotti.  

De acuerdo a lo expresado por Orciani, la situación de la Alcaidía durante los últimos años ha empeorado gravemente, al punto de que existen riesgos de derrumbe del edificio.  “A este grave problema de infraestructura también se le suma el hacinamiento, la falta de acceso al a salud y el escaso racionamiento que son muestras de una mala gestión gubernamental. Además, hay sentencias que no se cumplen y audiencias a las que ni siquiera se asiste”. 

A su vez, al igual que la mayoría de las y los santafesinos, la diputada que integra el Bloque UCR-Evolución encabezado por Maximiliano Pullaro mostró su descontento y disconformidad con la situación de la inseguridad en la provincia: “Los ciudadanos y las ciudadanas están exigiendo seguridad y esto implica que el Estado se haga cargo de todo lo que implica cumplir con lo que le corresponde, como lo es la administración y la gestión de una dependencia policial”. 

Por otra parte, Orciani destacó que en Rosario se construyó una cárcel nueva durante la gestión de Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro pero se encuentra sin uso: “Tampoco sabemos por qué luego de dos años y medio de gestión de este gobierno y seis meses previos para planificar. Hoy no hay personal para garantizar la utilización de una nueva cárcel ya lista, con la inversión que implicó para todos los santafesinos y santafesinas. Por si esto fuera poco, sumamos una ley de emergencia en seguridad, pero si todo lo relatado no es emergencia, ¿qué es?” 

A través de su proyecto de comunicación presentado esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, Orciani también solicitó conocer las medidas de seguridad que se utilizan; qué cantidad de recursos fueron destinados según la ley N° 14.070; el número de sentencias notificadas y el avance de las mismas; la cantidad de detenidos; las partidas de racionamiento y la asistencia en salud. 

En sintonía con lo denunciado por el senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico, en torno al estado en el que se encuentra la Alcaidía de Melincué, el defensor de la regional Venado Tuerto Mariano Mascioli, quien desde hace varios años viene haciendo relevamientos en esta unidad, consideró que la situación es “insostenible”, ya que hay graves problemas edilicios y en la provisión de servicios. Al igual que el legislador, consideró que la solución es la construcción de un nuevo espacio para alojar a las personas privadas de la libertad.

Defensor de la regional Venado Tuerto, Mariano Mascioli. Foto: Gentileza.

Tal como lo manifestó el senador Enrico, la situación de la Alcaidía es insostenible. Incluso, todos los actores que de alguna manera intervienen en el trabajo de esta unidad, sean jueces, ficales, personal policial y hasta el propio Ministerio de Seguridad de Santa Fe, reconoce la gravedad del problema”, comentó el funcionario.

“Sabemos que la construcción de la Alcaidía es muy antigua y que su estructura original no estaba preparada para tener la cantidad de personas que actualmente se alojan allí. El edificio tiene defectos, tanto en paredes, techos, pisos, hay grietas, problemas de humedad, agua en los pisos y sobre todo una superpoblación, ya que actualmente hay 114 personas alojadas y la capacidad operativa no supera las 48 plazas”, expresó Mascioli.

Cabe señalar que, desde que se inició el nuevo sistema de enjuiciamiento, con audiencias orales, se estableció un plan de monitoreo. “Permanentemente los defensores estamos trabajando en el lugar, adentro de la Alcaidía, lo que nos permite hacer estos informes. El primero que confeccionamos fue en el 2013, donde se hicieron mediciones y se determinó que la capacidad es del 48 plazas. Hoy tenemos más del doble, lo que muestra que hay un nivel de sobrepoblación y hacinamiento crítico”, exclamó.

Mascioli también comentó que, como defensores, “tenemos que denunciar estas situaciones, por eso hemos planteado en todos estos años más de 8 habeas corpus, para tratar de mejorar la realidad. En todos estos trámites tuvimos resoluciones favorables, logrando algunos pequeños cambios como la provisión de agua, la alimentación, la atención médica, la educación y en algunos casos, la cuestión edilicia, aunque con proyectos que no fueron otra cosa que un parche para sostener un poquito más el edificio”, subrayó.

A su vez, resaltó el último recurso presentado por la Defensoría regional, se solicitó un plan de obras “urgente” para mejorar las condiciones de la Alcaidía. Sin embargo, “sabemos que es un edificio que ya no puede seguir siendo habitado”.

Más allá de algunos trabajos que se pueden hacer en lo inmediato, Mascioli precisó que la solución es contar con una nueva cárcel o unidad penitenciaria en la región, construida con los nuevos estándares y contando con el personal adecuado y capacitado.

En este sentido recordó el proyecto que se había planteado para nuestro sur provincial, el cual, años atrás, tuvo importantes avances con audiencias públicas en Melincué y hasta se había consensuado la construcción de este nuevo edificio. “Por lo que sabemos, el gobierno provincial había adquirido un terreno para llevar a cabo la obra. A partir de allí, desconozco cómo quedó el trámite, porque incluso, dentro de los procesos de habeas corpus habíamos solicitado que se nos informe cómo estaba el tema, pero no hemos logrado tener respuesta”, indicó.

El defensor insistió en que las personas que deben alojarse en estas unidades deben tener condiciones dignas como lo establece la constitución, respetando los estándares internacionales, algo que no se cumple en Melincué, ya que “están hacinados, porque hay 15 personas en una celda para 4, deben dormir en el piso y rotando porque no hay lugar para todos”, planteó. Y añadió: “No estamos planteando que necesitan un hotel cinco estrellas, con sofá, spa y demás, sino que mínimamente tengan acceso a la salud, la educación y a servicios básicos como puede ser alimentación y agua. Las actuales no son condiciones para que viva cualquier persona, más allá de lo que haya hecho”.