Después de haber sido engañada, secuestrada y explotada sexualmente, una joven trans oriunda de Neuquén fue trasladada a un refugio de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para poder ser asistida y recibir contención durante su situación de vulnerabilidad. La víctima logró escapar y denunciar una red de trata de personas pero, bajo un presunto estado de confusión, se subió a otro ómnibus y terminó en Venado Tuerto.

El caso se dio a conocer por la Defensoría del Pueblo venadense, luego de que el abogado Alberto Turcato contara que todo inició con un pedido de ayuda de la mujer a las autoridades, a quienes les manifestó que se encontraba perdida. “No sabía dónde estaba, no tenía alimento, ni medios, ni plata”, describió al remarcar que “venía de una situación de explotación”.

“Recibimos su mensaje en la delegación a la 1.05 de la madrugada del 2 de octubre y la convocamos para que se acerque y nos cuente su situación”, recordó el defensor al asegurar que “se la notaba muy desesperada”. Fue así como la joven relató todas las situaciones por las que tuvo que atravesar desde que la engañaron con una supuesta propuesta de empleo en Buenos Aires que, en realidad, se trataba de una trampa para ser captada por una red de trata de personas.

Falsas promesas

De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, la víctima viajó desde Neuquén a Buenos Aires y descubrió que detrás del local en el que creía que iba a trabajar se ubicaba un prostíbulo. Desde ese entonces, la mujer aseguró que permaneció secuestrada durante un mes hasta que pudo escapar y denunciar lo ocurrido en una comisaría de la Policía Bonaerense.

Luego de que se abriera una investigación al respecto, el personal policial se puso en contacto con el Ministerio de la Justicia para poner en funcionamiento el protocolo de asistencia a las víctimas de trata de personas. A raíz de esto, se determinó que fuera enviada a un refugio de Río Cuarto, le entregaron los pasajes, pero no se estableció cómo fue que terminó en un micro con destino a Venado Tuerto.

“El asunto es que queda acá en la ciudad, totalmente desamparada, sin ningún tipo de ayuda ni contención”, remarcó Turcato al indicar que, una vez que llegó a la ciudad, volvió a pedir ayuda a la Policía, quienes le brindaron alojamiento por una noche en la delegación de la zona y le facilitaron el contacto con la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el abogado aseguró: “Le dimos la primera ayuda para que se pueda alimentar, pueda higienizarse mínimamente y descanse”.

Por medio de la coordinación con el Ministerio de Justicia, se tramitó un segundo pasaje desde Venado Tuerto hacia Río Cuarto, por lo que la víctima pudo viajar hacia la localidad cordobesa este jueves por la madrugada. “De acá se fue en perfecto estado, contenida, y en buen estado de salud, ahora seguramente haremos el seguimiento”, afirmó.

“Nosotros, creo, hemos cumplido nuestra labor. Cuando se trabaja coordinadamente, con voluntad, por lo general las cosas salen bien”, expresó el abogado de la Defensoría del Pueblo al reconocer que el caso conmocionó a toda la comunidad, debido a que no había antecedentes de un hecho de estas características.

Respecto a la investigación por la causa que investigaría la comisión de un presunto delito de trata de personas, el abogado no pudo dar demasiados detalles, ya que solo manifestó que se encontraría en proceso e instruida por las autoridades pertenecientes a la jurisdicción en la que se encontraría el prostíbulo en el que fue sometida la joven trans.

*Con información de INFOBAE

Ante el agravamiento de la crisis económica, que impacta en el conjunto del sistema de salud en todo el país, en los últimos tiempos se multiplicó la cantidad de reclamos a causa de prestaciones médicas o medicamentos que se rechazan o se demoran excesivamente por parte de obras sociales, empresas de medicina prepaga y programas nacionales. 

Ese cúmulo de quejas se canaliza por distintos organismos, en todos los niveles, como la Defensoría del Pueblo u organismos de defensa de los consumidores, mediante trámites gratuitos (presenciales o virtuales) en busca de soluciones por vía administrativa, aunque en ocasiones los planteos suelen judicializarse a través de recursos de amparo en el ámbito provincial o federal, generando una creciente litigiosidad en la materia que se desconocía hasta hace unos pocos años.

Tanto es así que numerosos estudios jurídicos se especializaron en el denominado Derecho de la Salud, y otros, al menos, se dedicaron a profundizar en las particularidades de un rubro cada día más requerido por la clientela, y que le sigue de cerca a los conflictos en áreas tradicionales, como penal, laboral y familia.

En Venado Tuerto, uno de los estudios dedicados a la problemática es el que integra la abogada María Carolina Regis, quien señaló que “en el caso específico de la ciudad y la región, desde el año pasado se intensificaron los reclamos por falta de cobertura de los prestadores, y no sólo de tratamientos, tecnologías sanitarias o fármacos de muy alto precio, sino también de valores bastante más accesibles, que tampoco se brindan, o bien se interrumpen una vez iniciados”. 

“Se observan comportamientos de los financiadores de la salud que antes no sucedían, como solicitar la presencia en el rol de garante del Estado nacional ante servicios de alto precio, o bien que se financie en conjunto cuando el afiliado cuenta con una obra social secundaria. Antes, por lo general, esas prestaciones no se cuestionaban, y si había alguna demora se activaba el proceso con alguna gestión que disparaba una pronta solución, pero hoy, en muchos casos, se hace inevitable desembocar en una acción de amparo, a veces por la urgencia, y a veces por el desgaste derivado de un largo recorrido de reclamos infructuosos”.

Asimismo, recordó que “a partir de la pandemia se verificó una mayor inquietud de la ciudadanía por informarse, conocer sus derechos, saber dónde puede hacer sus reclamos ante un conflicto o para esclarecer dudas”. Y añadió que, en este aspecto, tanto la Superintendencia de Servicios de Salud, como la Agencia Nacional de Discapacidad, “publican más información que en otras épocas y ejercen mayor contención al paciente ante la falta de cobertura, lo que significa un gran avance. Además, en el caso de la Superintendencia, las resoluciones son más expeditivas”. 

Sobre el escenario que se avecina, Regis advirtió que serán necesarias “decisiones políticas adecuadas” para evitar un cuello de botella que colapse las posibilidades de la salud pública, sobre todo ante la paulatina salida del sistema de medicina prepaga de miles de argentinos, en su mayoría por la dificultad de afrontar los costos mensuales de los abonos. 

“Hasta el momento, los efectores públicos siguen dando una buena respuesta en casos de patologías graves y/o crónicas; por lo general, cuando los pacientes ya vienen de un recorrido con su patología a cuestas y con historia clínica, mantienen el acceso a la medicación y los tratamientos, aunque a veces no se cuenta con la misma tecnología sanitaria que en el privado, por ejemplo, en oncología, porque se prescriben tratamientos de inmunoterapia que no son los de última generación”, reveló.

“Es posible -continuó la especialista- que nos aproximemos a los esquemas de países europeos, como Alemania o Inglaterra, donde el servicio público de salud prioriza la urgencia, y para aceptar el resto de las patologías son muy rigurosos en cuanto a las certezas de la preexistencia, el diagnóstico y las prescripciones, pero cuando se logra ingresar al sistema, es una maravilla cómo funciona. Al mismo tiempo, para casos que no son de urgencia, mientras nosotros nos enojamos porque los turnos demoran un mes, allá pueden tardar seis meses o más”, comparó en relación con el sistema público de salud.

“No tengo dudas de que esta nueva realidad va a tensionar el sistema y eso va a poner a prueba a los ministerios de Salud de cada provincia, porque algunos podrán hacer pie y otros no, y también habrá que estar atentos a los lineamientos políticos del Ministerio de Salud de la Nación en los próximos meses”, avisó la abogada.

La polémica por los fuertes aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, que incluso generó acciones administrativas y judiciales por parte del gobierno nacional, dio lugar también a reclamos que, en muchos casos, desembocaron en amparos individuales y colectivos en distintas partes del país. 

“Ahora la situación se aplacó porque no se llegó a determinar un criterio por parte de la Corte Suprema, sino que los procesos se limitaron a creaciones jurisprudenciales de primera instancia o de cámaras de apelaciones de diversas provincias, es decir que, más allá de los lineamientos adoptados por el Poder Ejecutivo, no se estableció ningún precedente desde el Máximo Tribunal hacia los jueces inferiores”, describió Regis.

Cabe recordar que las prepagas acordaron con la Superintendencia de Salud la devolución de los montos cobrados en exceso entre enero y abril en 12 cuotas, y desde julio las cuotas volvieron a liberarse. En este marco, en los últimos días las empresas comenzaron a comunicar a sus afiliados los aumentos que sufrirán las cuotas en agosto, que van desde el 4,9% al 7,8%, siendo el segundo retoque luego de que la Justicia dejó sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación.

Desde la Defensoría del Pueblo, el abogado Alberto Turcato comentó que “en los casos relacionados con la salud, nosotros hacemos el trabajo primario, tomando el reclamo y acompañando al vecino en su queja ante quien corresponda, y la mayoría de los planteos los venimos solucionando; en los que no se logra un acuerdo, se inicia la gestión con el asesoramiento del abogado particular del ciudadano, porque la Defensoría deja de tener intervención. También hay situaciones de urgencia en las que el interesado acude directamente al ámbito judicial en busca de un amparo, porque no dispone de un margen de tiempo para transitar las instancias administrativas, que siempre implican alguna demora”, explicó.

“En los últimos tiempos aumentaron los reclamos en gran medida, tanto en el programa nacional Incluir Salud, por el recorte de varias de las prestaciones que se venían brindando, como en las prepagas y obras sociales, donde suele ocurrir que se ofrecen prestaciones que no son las prescriptas por los médicos, derivando en amparos y otros recursos”, graficó Turcato. 

La abogada Andrea Majul, en un sencillo acto, asumió en horas de la mañana de este miércoles la presidencia del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial y destacó, más allá de declararse honrada por la responsabilidad delegada, que “somos un equipo de trabajo”. Y añadió que “hace un buen tiempo que estamos vinculados con las actividades del Colegio de Abogados. Vengo de participar en la comisión directiva, colaborando con la gestión de Alberto Turcato, y desde que me recibí siempre participé, de uno u otro modo, en la vida interna de la institución, que es un espacio de construcción colectiva”.

Más adelante, la dirigente sostuvo que “lo que buscamos es optimizar la colegiatura y trabajar por una mejor calidad de vida de nuestros colegas. Además, nos sentimos parte del servicio de justicia, y por ende, todos los días trabajamos para mejorar, desde el interior de la institución y en nuestra relación con las entidades, siempre en beneficio de la comunidad con la que interactuamos y a la cual dedicamos nuestra vocación de servicio”.

De cara a la gestión que recién inicia, confió Majul que “el desafío más importante es recrear la participación, donde a veces el propio ejercicio específico de la abogacía, el vértigo de la actividad, llevan a dejar de lado algunos espacios participativos, y una de nuestras búsquedas será que los colegas vuelvan al Colegio y a las delegaciones, porque así vamos a fortalecer nuestra institución en defensa de la profesión”, arengó.

Consultada por la influencia de la pandemia en la profesión, la flamante presidente comentó que “este proceso implicó una readaptación de cada uno de nosotros, porque todos los métodos y mecanismos son nuevos, tanto para el profesional independiente, como para los agentes que atienen cada uno de los organismos del Estado, en nuestro caso del Poder Judicial. Y poco a poco lo fuimos aprendiendo, unos y otros”.

Acompañan a Majul, como vicepresidente, Gustavo Reynoso, de Firmat; el secretario Lucas Rey Castro, de Rufino; el tesorero Hernán Porta, de Venado Tuerto; y en las vocalías: Natalia Murtagh, Analía Zarza, Julián Palarich (María Teresa) y Juan Alberto Reynoso (Elortondo); mientras que en el Tribunal de Disciplina lo hacen Ignacio Landaburu, Darío Gabbi y Lorena Taverna, con Sol Barraguirre como secretaria.

Alberto Turcato comenzó su presidencia en octubre de 2016, fue reelecto para un segundo período y desde el año pasado se extendió su mandato a causa de la pandemia, en tanto que en este octubre de 2021, cinco años después, deja la presidencia en manos de “amiga y colega”: “Andrea Majul no es una improvisada, sino que viene participando en la comisión directiva y es la persona más apta para esta nueva etapa, y así coincidimos con todos los colegas y por eso se presentó una sola lista, de modo tal que ella asume con toda la confianza y legitimidad para el desarrollo de sus funciones”, remarcó.

“Estoy muy orgulloso por el trabajo conjunto con la comisión directiva durante estos años de mandato, y contento porque se pudieron llevar a cabo varios logros, no solamente en beneficio de los abogados de la región, sino también del conjunto de la comunidad”, dijo el presidente saliente.

“Desde ya que entre muchas realizaciones, también hay tareas inconclusas, pero estoy convencido de que algunas de ellas podrán ser reanudadas Andrea Majul, la primera presidenta mujer del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción”, exaltó.

“No tengo dudas de que lo que hicimos bien en nuestra gestión, se sostendrá, y lo que haya que mejorar, lo van a hacer, porque esta comisión directiva está integrada por profesionales que a lo largo del tiempo han demostrado su probidad, y también su vocación, ya que para acceder a estas responsabilidades honorarias hay que tener un gran amor por la profesión. Desde que asumimos como conducción, la idea fue siempre, sin abandonar lo académico, darle a la gestión un rol gremial y corporativo y así los hemos hecho”, resumió Turcato, quien entre sus mejores logros, aun cuando no se concretó en este lapso, figura la iniciativa de la Ciudad Judicial en el viejo edificio del Hospital Gutiérrez, que se lanzó como Centro de Justicia Penal durante el gobierno de Miguel Lifschitz y la actual gestión provincial aún no reactivó.

En el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción de Venado Tuerto mostraron su preocupación por la falta de designación de Jueces y la cantidad de Juzgados con magistrados de licencia o jubilados.

La ciudad en la parte civil cuenta cinco juzgados: 2 civil y comercial, uno laboral, uno de familia y el de Circuito. En un principio, todos están a cargo del recientemente designado Martín Chasco.

En lo relacionado con los Civiles y Comerciales, en 1ºNominación está a cargo de Celeste Rosso (con una breve licencia) y 2ª Nominación a cargo de Gabriel Carlini (con licencia compensatoria). El Laboral, con el Dr. Jorge Verna (licencia por cuestiones de salud), el de Familia, la Dra. Nancy Grasso (quien se acogió a los beneficios de la jubilación). Yen el Juzgado de Circuito, el Dr. Vicente Militello (con licencia por cuestiones de salud).

Un 2021 complejo

Alberto Turcato

A principio de año los Dres. Jorge Verna y Vicente Militello presentaron el correspondiente parte médico indicando problemas de salud. Mientras que Nancy Grasso se jubiló en abril, aunque hizo uso de licencias compensatorias desde comienzo de año.

En consecuencia, Carlini y Rosso tuvieron que hacerse cargo de sus dos juzgados más los tres restantes (Laboral, Familia y Circuito).

Al comenzar la licencia compensatoria Carlini, Rosso debió cubrir todos los Juzgados, con excepción del Laboral. En este contexto, la sobrecargada Jueza debió tomar licencia por una secuela cargiológica, luego de padecer Covid 19.

En este contexto, hace poco más de tres semanas fue designado a cargo del Juzgado Laboral el Dr. Martín Chasco, quien en la actualidad está a cargo de los cinco Juzgados en lo Civil de Venado Tuerto.

“Es una situación que se desató a principios de año de manera imprevista con la enfermedad de dos jueces, Verna y Militello. A esto se suma la jubilación de Nancy Grasso en Familia. O sea, de estar cubierto los cinco Juzgados de Venado Tuerto, pasamos a tener tres sin cobertura inmediata”, sostuvo Alberto Turcato, Presidente del Colegio de Abogados.

En este marco, agregó que “no tenemos una ley de Subrogancia que permita reemplazos inmediatos. Había pliegos vencidos. Y nosotros trabajamos mucho para lograr que esta situación se supere. Entonces en su momento quedaron Carlini y Rosso a cargo de los cinco Juzgados. Esto sobrepasa la capacidad humana del Juez y del personal de cada Juzgado, más allá de la garra que le han puesto, evidentemente genera situaciones que atentan hasta contra la propia salud de los magistrados”.

En este contexto, se acudió al pliego del Concurso que se realizó para los distritos de Firmat y Melincué y así quedaron seleccionados tres profesionales que iban a cubrir Familia, Circuito y Laboral.

“De los tres, dos se bajaron y no aceptaron su nombramiento. Solo se cubrió a través de Martín Chasco el Juzgado Laboral, quedando vacante Familia y Circuito. A esto se suma que por estos días la Jueza está con parte de enferma, y Carlini con vacaciones compensatorias. Chasco fue nombrado hace 20 días y está a cargo de los cinco Juzgados de Venado Tuerto”, describió Alberto Turcato.

Esto genera “inconvenientes para brindar el servicio de justicia de manera óptima. Y rogando que no haya ninguna ausencia en las Delegaciones de Firmat, Melincué y Rufino. Nosotros a esta situación la venimos planteando. Se buscaron soluciones, pero debe haber un cambio con las suplencias y las subrogancias”, añadió.

Desde el Colegio de Abogados estiman que a corto plazo se puede llegar a cubrir solo el Juzgado de Familia, que viene con un concurso demorado. Para el resto, será necesario esperar hasta un año.

Un reconocido letrado venadense consultado por Sur 24, sostuvo que “estamos en una especie de escenario de Denegación de Justicia, por la cantidad de Juzgados sin cubrir y la escasa cantidad de jueces existentes para tramitar un sinnúmero de casusas”.

Al respecto, Turcato opinó que “no creo que estemos llegando al estado de una Denegación de Justicia, porque los Juzgados están funcionando. Pero sí podemos decir que hay un retraso muy considerable y que el servicio de justicia en estas condiciones no es óptimo”.

Lo cierto es “que hay demoras en el sistema judicial de por sí. A esto hay que sumarle todo lo que tuvo que ver con el proceso de la pandemia, que aletargó todos los trámites judiciales. Y si le agregamos que no tenés jueces naturales en su trabajo, la situación es cada vez más compleja. Igual admito que se hizo un esfuerzo grande para intentar solucionar este problema”, finalizó el Presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR 24 DEL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE