El juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por la contaminación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman.

Fein estuvo a cargo en un primer momento de la investigación de la muerte del entonces titular de UFI-AMIA hasta que la causa fue elevada al fuero federal. En febrero de este año fue citada a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano junto a Ercolini

En medio de las acusaciones por no preservar el lugar de los hechos, Fein se defendió y aseguró que “fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”.

Además, Fein aseguró que esas personas “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó. Nunca nadie lo describió”.

“Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”, pidió la exfiscal.

“Yo se quién soy y cómo he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”, remarcó Fein antes de retirarse de Comodoro Py.

Ercolini acusa a Fein de alterar evidencias en el caso Nisman, complicando la investigación del presunto asesinato del fiscal en 2015.

A Nisman lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano.

Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que fue en 1994. Poco antes de su muerte había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los iraníes responsables del ataque terrorista.

Según el dictamen presentado por Taiano, Fein incurrió en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

También la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo”.

Entre las fallas mencionadas están el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano calificó como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios.

Para el fiscal la zona más afectada fue el baño, donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar.

El fiscal advirtió sobre “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero”, en la noche en que encontraron el cuerpo de Nisman. Taiano alertó que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.

Por Emerio Agretti

El próximo domingo 18 se cumplirán 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció sin vida en su departamento pocos días antes de la fecha en que debía presentarse ante el Congreso de la Nación para informar sobre la investigación referida al memorándum con Irán, por el atentado a la AMIA.

Según Nisman, ese acuerdo firmado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner formaba parte de una maniobra de encubrimiento de los responsables del ataque terrorista producido en 1994, con el saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

La causa por el atentado no está resuelta y todavía no se ha podido llevar a cabo un juicio con presencia física de los acusados principales. Sin embargo, hay avances procesales importantes que permiten un juicio en ausencia, y existe una creciente presión internacional y judicial para que el Estado argentino concluya una investigación que lleva más de 31 años sin resolver plenamente.

El año pasado, los fiscales a cargo del caso publicaron un informe como parte del juicio en curso y confirmaron su hipótesis de que Nisman fue asesinado por intentar exponer el papel del gobierno argentino en el encubrimiento del atentado.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio”, dice el informe de 56 páginas, publicado en el sitio web de la Procuración General de la Nación (fiscales.gob.ar).

“Su muerte estuvo motivada por su trabajo en la Unidad Especial de Investigación AMIA y, específicamente, por sus acciones relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán”, añade la publicación.

En 2006, Nisman acusó formalmente a Irán de orquestar el ataque y a su representante terrorista libanés Hezbolá de perpetrarlo. Nueve años después, acusó a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de intentar encubrir el crimen y bloquear los esfuerzos para extraditar a los sospechosos a cambio de petróleo iraní.

Un día antes del que debía presentarse ante el Congreso para presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones contra Kirchner y varios de sus colegas, Nisman fue encontrado muerto en su departamento, con una herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado.

Una investigación oficial sobre su muerte inicialmente concluyó que el fiscal se había suicidado. Sin embargo, la Justicia federal más tarde revirtió esa decisión, afirmando que la herida de bala no podía haber sido autoinfligida.

Las investigaciones continúan para identificar tanto a quienes ejecutaron el hecho como a quienes lo ordenaron, sin avances determinantes.

En cuanto al memorándum objeto de la denuncia de Nisman, fue un pacto secreto firmado en 2013 por el gobierno en Alepo (Siria) y revelado por el periodista ya fallecido Pepe Eliaschev. Allí se preveía, en nueve puntos, la creación de una Comisión de la Verdad para analizar la causa y la posibilidad de interrogar a los iraníes sospechosos del atentado, que tienen una notificación roja de Interpol.

El Congreso argentino aprobó el pacto, pero el fiscal Nisman, con evidencias de escuchas telefónicas sobre los acusados, dijo que era una maniobra para encubrir el atentado, levantar los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los iraníes a los que se dejaría de perseguir. Por eso, denunció a Cristina Kirchner.

La postura oficial del gobierno de entonces fue que, en términos políticos y jurídicos, el memorándum con Irán era una herramienta legítima de cooperación judicial, que no benefició a los imputados iraníes, que no afectó la causa AMIA ni las alertas de Interpol, y que buscaba romper la parálisis de la investigación, no encubrirla.

Cristina Kirchner había sido beneficiada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, que la sobreseyó por estimar que los hechos que motivaron la causa no constituían delito.

Esta sentencia fue apelada por los fiscales y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a las impugnaciones y revocó la decisión. Cristina apeló a la Corte que, con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó ese planteo en noviembre de 2024 y ordenó que se lleve adelante el juicio oral.

El proceso será por el delito de encubrimiento agravado (y posiblemente otros accesorios) por la firma del Memorándum con Irán, en la que Nisman sostenía que el acuerdo habría buscado “bajar” las alertas rojas de Interpol contra iraníes acusados del atentado a la AMIA, con el presunto objetivo de obtener beneficios para ese país y entorpecer la investigación.

Todavía no tiene fecha fijada, aunque sí Tribunal conformado: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, que a mediados del año pasado pidieron recursos para llevar adelante el proceso.

Dos de ellos -Basso y Giménez Uriburu- ya condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión. Basso votó en disidencia: pretendía condenarla también por asociación ilícita. La defensa de la ex presidenta recusó a los tres, pero el planteo fue rechazado.

Entre los acusados, además de Cristina, se encuentran Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.

Por su parte, en junio de 2025 el juez federal Daniel Rafecas aceptó la solicitud de la Unidad Fiscal AMIA para aplicar la nueva legislación que habilita juicios en ausencia contra imputados prófugos en casos de delitos graves como terrorismo o crímenes de lesa humanidad, y dispuso avanzar con el proceso oral sin la presencia física de los acusados.

El juez Daniel Rafecas argumentó que el trámite sirve para "mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar".

Los 10 sospechosos que serán juzgados incluyen ex ministros y diplomáticos iraníes y libaneses, todos ellos con órdenes de arresto internacional emitidas por Argentina por su presunta participación en el ataque terrorista.

El fiscal principal Sebastián Basso -quien asumió el caso tras la muerte de Nisman- también solicitó a Rafecas que emita órdenes de arresto nacionales e internacionales contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, por su presunta implicación en el ataque.

Esta acción legal marca un cambio significativo respecto a la postura anterior de Argentina en el caso, bajo la cual al líder iraní se lo consideraba con inmunidad diplomática.

Según consigna el semanario judío Algemeiner en una reseña a propósito del nuevo aniversario, desde 2006 las autoridades argentinas han buscado la detención de ocho iraníes -incluido el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, fallecido en 2017- pero, más de tres décadas después de la explosión mortal, todos los sospechosos siguen prófugos.

A pesar de la creencia de Argentina de que el grupo terrorista libanés Hezbolá llevó a cabo el ataque a pedido de Irán, el atentado de 1994 nunca fue reivindicado oficialmente ni resuelto en términos judiciales.

Asimismo, en 2024, la Cámara de Casación Penal dictaminó que el ataque fue “organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, dentro del marco de la Yihad Islámica”, y que Hezbolá actuó como respuesta a “un diseño político y estratégico” de las autoridades iraníes.

También determinó que Irán fue responsable del atentado con camión bomba contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 29 muertos.

No obstante, Teherán ha negado consistentemente cualquier implicación en estos ataques y se ha negado a arrestar o extraditar a sospechosos, destaca Algemeiner. Y deja constancia de que “hasta hoy, la prolongada investigación sobre el atentado terrorista ha estado marcada por alegaciones de manipulación de testigos, alteración de pruebas, encubrimientos y juicios anulados”.

Hace unos días, el fiscal federal Eduardo Taiano, funcionario judicial a cargo del trámite de investigación del homicidio del entonces fiscal Alberto Nisman, presentó un primer informe y algunas conclusiones del cierre de su cometido procesal. Justamente, este 18 de enero se cumplen diez años del homicidio de Nisman, quien era el responsable a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

En el aludido informe, Taiano expresa de un modo contundente que "Nisman fue asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA)", precisándose que el homicidio estuvo vinculado a su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán "que buscaba encubrir a los responsables del ataque a la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos".

En el desarrollo de estas afirmaciones, encuentro un dato que a nuestro entender es revelador de las falencias de la investigación, de la desaprensión profesional de las autoridades intervinientes y por supuesto, coincido con la afirmación del fiscal Taiano en cuanto al presunto objetivo del encubrimiento final de los responsables de este homicidio, sobre el cual estas líneas intentan ser, al menos, una reflexión ética sobre el actuar estatal. Incluyendo a los poderes Judicial y Ejecutivo que allí actuaron.

Puntualmente, aquí me refiero al desconcertante, insólito e injustificado número de 88 presencias que en la noche del 18 de enero de 2015, frente al indefenso cadáver del entonces fiscal Nisman, transitaron por el interior del departamento que el citado habitaba en el edificio Le Park de Puerto Madero.

Desagregando ese listado, encontramos que solamente cuatro (4) de ellos eran familiares y amigos de la víctima; siete (7) eran testigos ocasionales; cuatro (4) formaban parte del equipo médico convocado; más un juez y su secretario (2); una fiscal y su secretario (2) y sesenta y nueve, sí sesenta y nueve (69), presencias de representantes del Poder Ejecutivo, entre funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y miembros de las fuerzas de seguridad como Prefectura, Policía, sean oficiales y suboficiales.

Podría suponerse que la importante cantidad de funcionarios referidos, con más la intervención de un juez y una fiscal se ameritaba por el perfil y responsabilidad del fiscal asesinado, y que la premura por la investigación del caso así lo requerían y su resultado sería la pronta resolución del mismo así lo acreditaría. Pues bien, no ocurrió esta pretendida buena intención que podría suponerse.

Han transcurrido diez años que las 88 presencias en la escena del crimen transitaron el mismo piso con el yaciente cadáver del fiscal y aún no ha habido ninguna atribución de responsabilidad penal sobre la autoría de su homicidio y creo que aquel número par se ha constituido en un nuevo ícono, en una nueva referencia.

Es conocido que, a lo largo de la historia mundial, argentina y por supuesto santafesina, la nomenclatura por sí sola genere un concepto, un consenso, una aseveración, una referencia que en muchos casos refieren a valores como la libertad, la emancipación, la convicción, las creencias y que su sola referencia ubica al lector frente al hecho y a su correlativa enseñanza o moraleja.

Cito solo algunos ejemplos. Entre ellos el de los "7 Jefes" de 1580, aquellos criollos que establecieron históricamente la primera referencia de sublevación y autonomía provincial (la llamada "Revolución de los siete jefes"), como bien señalan entre otros Agustín Zapata Gollán y Ramón J. Lassaga.

El número y la mención de los "7 Jefes" es un ícono valioso, en especial para los santafesinos, acerca de la convicción y autonomía de la Corona Española que nuestra tierra siempre tuvo.

Otro caso conocido, en similar línea, podría ser el de los "33 Orientales", quienes en abril de 1825 ofrendaron sus vidas para recuperar la territorialidad de Montevideo frente al imperio luso-brasileño. Es otro número que refleja algo valioso para ellos y para la posteridad (*).

Finalmente, se puede decir que en materia de creencias y con base bíblica está la siempre vigente alusión a los "12 Apóstoles", los que, como fieles acompañantes y servidores de Jesús, acompañaron y difundieron su palabra y fueron fieles a sus creencias. Este último es sin dudas el número icónico universal más conocido y respetado, el de los doce apóstoles de Cristo.

Por supuesto que hay muchísimos más números icónicos que su sola referencia o nombramiento importan referir a la ocurrencia de un hecho o acto, o proceso, o resultado de algo valioso, positivo para el tejido social.

Los números icónicos representan, así lo consideramos, como una suerte de moraleja de las Fábulas de Esopo, pero en estos casos, basados en hechos históricos que reflejan como conclusiones la existencia y ratificación de principios, valores, honradez, convicción, transparencia, entre muchos otros.

Por estas breves razones, estoy convencido que el número "88 Presencias" "citado en el informe del fiscal federal Eduardo Taiano tiene la posibilidad histórica de abrir las puertas de la investigación penal en curso e identificar y juzgar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del fiscal Nisman revalorizando la percepción de la baja calidad institucional que goza el Poder Judicial de hoy, o bien ser un número más que solamente sedimente y cristalice la inmovilidad actual de la Causa Amia. De ser así, el 88 será el ícono de la impunidad en la Justicia de la República Argentina.

(*) "Treinta y Tres Orientales", nombre con el que se conoce a los hombres que, liderados por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, emprendieron una insurrección para reincorporar la Banda Oriental -territorio que comprendía lo que en la actualidad es Uruguay-, a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Al cumplirse diez años del fallecimiento del fiscal federal Alberto Nisman, sus hijas Iara (25) y Kala (18) brindaron su primera entrevista pública, en la que reafirmaron su convicción de que su padre fue asesinado. “Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa que un asesinato”, expresó Kala durante la conversación, destacando el impacto que esta tragedia tuvo en sus vidas y en la búsqueda de justicia.

En la entrevista, ambas hermanas compartieron recuerdos personales sobre su padre y reflexionaron sobre las circunstancias de su muerte. Para ellas, el paso del tiempo no ha disminuido su certeza ni el dolor que sienten por la pérdida de una figura clave en sus vidas.

Iara recordó un episodio en 2013, durante unas vacaciones familiares en Brasil, cuando tomó conciencia de las amenazas que recibía su padre. “Mi papá me dijo: 'No busques mi nombre', y fui y lo hice. Vi una nota que decía: 'Amenazan de muerte a las hijas de Nisman'”, relató. Ese momento marcó un antes y un después en la manera en que percibían el peligro constante al que estaba expuesto su padre.

La hija mayor también reveló que su padre intentaba protegerlas al no compartir en profundidad los detalles más críticos de su trabajo, aunque ellas eran conscientes de la relevancia y la exposición que implicaba su rol como fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA.

Iara también rememoró el viaje a Londres que realizaron juntos, el cual se vio interrumpido por el regreso anticipado de Nisman a Buenos Aires para presentar la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento en el caso AMIA. “Todo el viaje estuvo este tema. Tenía 15 años, pero ya me contaba desde hace unos meses de esta denuncia, de la investigación y de las cosas que iba descubriendo”, señaló.

El regreso inesperado fue un momento difícil para Iara, quien se vio obligada a regresar sola a Argentina semanas después. “No entendía mucho lo que estaba pasando, pero sí sabía que algo importante lo llamaba”, indicó. Este episodio reflejó cómo la dedicación de Nisman a su trabajo influía en la dinámica familiar.

La muerte de Nisman generó divisiones en la comunidad judía argentina y en la opinión pública. Algunos sectores consideraron que su fallecimiento fue utilizado con fines políticos, mientras que otros exigieron justicia y esclarecimiento del caso. “Fue un golpe tremendo para la comunidad”, aseguró un líder comunitario que prefirió mantener el anonimato.

La investigación sobre su muerte ha estado plagada de controversias y dilaciones. La hipótesis del asesinato ha sido respaldada por pericias oficiales, aunque aún no se han identificado a los responsables. Este hecho mantiene viva la discusión sobre el nivel de impunidad en el país y la necesidad de una reforma judicial que garantice el esclarecimiento de casos de alta complejidad.

A una década de la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman, sus hijas han decidido compartir sus experiencias y reafirmar su convicción sobre las circunstancias del fallecimiento de su padre. Este testimonio aporta una perspectiva personal y familiar a un caso que continúa siendo objeto de debate y búsqueda de justicia en Argentina.

Para Iara y Kala, la memoria de su padre sigue siendo un faro que las impulsa a exigir justicia y a preservar su legado. “Siempre fue un hombre valiente, y queremos que se sepa que su lucha no fue en vano”, concluyeron.

El gobierno de Javier Milei conmemoró al fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, al cumplirse nueve años de su muerte, y sostuvo que su deceso se trató de un "homicidio".

En un comunicado de la Oficina del Presidente, se recordó a Nisman como "un incansable defensor de la justicia" y se destacó su “compromiso por esclarecer la causa AMIA”.

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“A nueve años de su homicidio, la oficina del Presidente conmemora el legado del fiscal Alberto Nisman, un incansable defensor de la justicia cuyo compromiso por esclarecer la causa AMIA e impartir justicia para las víctimas y familiares del atentado continúa siendo un ejemplo para todos los argentinos”, sostuvo el texto difundido por la gestión de Milei.

Dentro del actual gobierno hay opiniones dispares sobre los que sucedió el 18 de enero de 2015 cuando el fiscal federal fue hallado muerto dentro del baño de su departamento en las Torres Le Parc en el barrio porteño de Puerto Madero, después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA.

El propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideran que se trató de un homicidio, pero el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo en 2017 que fue un suicidio aunque desde que es funcionario no se pronunció sobre el tema.

La gestión de Cristina Kirchner abonó fuertemente a la teoría del suicidio del fiscal, mientras que su sucesor, Mauricio Macri, sostuvo durante su administración, en 2017, que “a Nisman lo mataron”.

Por su parte, Alberto Fernández retomó la hipótesis del suicidio de Nisman, aunque años antes de asumir la Presidencia, cuando exhibía un perfil crítico hacia Cristina Kirchner, se mostraba cercano a la teoría del asesinato.

Incluso fue citado como testigo en la Justicia antes de asumir como presidente en 2019 para aclarar sus dichos.

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A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y mientras la investigación continúa trabada entre los peritajes y los testimonios, la DAIA pidió volvió a pedir justicia con un emotivo video.

“7 años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. 7 años exigiendo justicia”, se puede leer al inicio de la filmación que tiene menos de dos minutos de duración.

Mientras van pasando fotos del fiscal, quien toma la palabra es el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. “Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte. Alberto Nisman no era un suicida. Alberto Nisman era un investigador entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó”, aseguró el presidente de la entidad judía.

Y agregó: “Una hoja más en blanco, como blanco está hace 30 años la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, como el blanco está hace casi 28 años el atentado contra el edificio comunitario de la Ciudad de Buenos aires y como hace 7 años en blanco está la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman”.

“Ay de las generaciones que deben juzgar a sus jueces”, afirmó.

El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. Eso ocurrió cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que hoy quedó al borde de la nada: en octubre, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito.

“Es una decepción lo ocurrido, sin dudas. La verdad que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en la causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la Justicia en la República Argentina”, analizó en ese momento Knoblovits. Y se preguntó: “Si no hay juicio ¿cómo sabés que no hay delito?”

El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación. Mientras tanto, el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 voló la mutual judía y mató a 85 personas sigue impune.

La causa que busca esclarecer la muerte de Nisman tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte a Nisman; el resto son los cuatro custodios que debían proteger ese fin de semana al fiscal de la causa AMIA, implicados en encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.

“Alberto investigó la causa más contaminada de la Argentina. La causa AMIA estuvo atravesada por servicios de inteligencia y políticos. Alberto fue quien pudo enderezar esa causa. Todos sabemos que cuando las certezas se alejan de lo jurídico, lo que opera es el desorden y el caos. Cuando se firmó un pacto con el acusado del atentado a la AMIA se quitaron la certezas. Cuando se dice que en la causa hay que revisar pericias y se violan las pruebas también están violando las certezas. Cuando se violan las certeza desaparece el delito”, había afirmado el presidente de la DAIA al cumplirse 26 años de la muerte del fiscal.

Hoy, la investigación se desliza sobre cuatro ejes: la profundización sobre las comunicaciones telefónicas que tuvieron lugar ese fin de semana, la convocatoria a más agentes de inteligencia -puntualmente a los que ocuparon altos cargos al momento de los hechos-, el análisis de los equipos informáticos secuestrados a los imputados -que se había demorado por un recurso de Lagomarsino que escaló hasta la Corte Suprema y fue rechazado hace unos meses- y el seguimiento de la pista sobre el incendio que ocurrió en la Casa Rosada en la tarde del 17 de enero, un día clave para la causa Nisman.

Precisamente, el análisis de los registros de ingresos y egresos a Balcarce 50 que se destruyeron ese día con el fuego era una de las pruebas a las que apuntaba Nisman para acreditar su denuncia. La fiscalía ya solicitó el informe forense y ordenó el interrogatorio de personal de la Casa Militar para saber cómo eran los protocolos de seguridad en esos registros de 2015.

Durante este año, de la lista de 89 testigos que se había ordenado, declararon una treintena de ex agentes, en medio de las limitaciones que impone el Covid-19. la necesidad de hacerlo en un lugar ajeno a la fiscalía y el operativo que impone la declaración bajo reserva de esas testimoniales.

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