El juez de la Cámara , Tomás Orso, declaró este martes extinguida la acción penal contra los exreferentes de Amsafe General López, Alberto Maurino, ex Secretario Seccional, y Leandro Gonzalo, ex Secretario Adjunto. Ambos fueron sobreseídos debido a la prescripción de la acción penal y por la violación del plazo razonable de tramitación de la causa.La causa penal había sido iniciada en 2016 a raíz de una denuncia formulada por la comisión gremial entrante, liderada por Javier Delgado, ante el Ministerio Público de la Acusación.

El Juez Orso, en contacto con LT29,  contextualizó que los hechos investigados databan de mediados de 2016 hacia atrás. “Esto ocurrió en el año 2016, y los denunciados fueron llamados a audiencia imputativa en el año 2021, es decir, unos 5 años después. Tres años después, es decir, en el año 2024 se formuló la acusación a unos 8 años de la denuncia y de los hechos, que  databan de mediados del año 2016 hacia atrás”, detalló el funcionario judicial.El magistrado explicó que la acción penal por delitos de índole patrimonial, como la administración infiel, administración fraudulenta y estafas, prescribe a los 6 años de la comisión del hecho. Según este cálculo, la Fiscalía hubiese tenido tiempo para formular la acusación hasta mediados del año 2022. Dado que la acusación apareció casi dos años después de ese plazo límite, en 2024, se entendió que la acción estaba prescripta.

Además de la prescripción, el sobreseimiento se dictó por considerar que el plazo de investigación y tramitación fue “excesivo e irrazonable”. La causa ya llevaba casi una década (más de nueve años). El juez calculó que, si el proceso continuaba —incluyendo fijación de juicio, apelaciones y eventuales recursos ante las cortes provincial y nacional—, la causa podría haberse extendido hasta 15 años, un lapso que calificó como un "despropósito total".

La denuncia que dio origen a la causa fue radicada por el sucesor de Maurino, Javier Delgado. En 2016, Delgado manifestó su preocupación por la administración de fondos al sostener que, en los días previos al vencimiento del mandato de la anterior conducción (23 y 24 de junio de 2016), hubo movimientos en efectivo de más de 4,5 millones de pesos.Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran:• Un balance que incluía más de 2 millones de pesos en indemnizaciones a trabajadores.• El pago de casi 500 mil pesos a la esposa de un exdelegado que fue despedida.• Gastos significativos en los últimos días de mandato, incluyendo un pago de honorarios de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija el mismo día de la elección, además de compras de materiales de construcción realizadas después del proceso eleccionario. 

 Orso reconoció que la resolución vía prescripción constituye una "respuesta de muy baja calidad institucional". Argumentó que este resultado no brinda una respuesta satisfactoria, ya que "no se obtiene ni un pronunciamiento que desincrimine al denunciado [...] ni tampoco un pronunciamiento que le dé la razón a la persona que confió en el sistema de justicia".Orso sugirió que estas demoras se deben a la falta de controles dentro del Poder Judicial, donde la duración de los procesos pareciera ser un "elemento secundario". E

El asesor legal de las delegaciones de Amsafe de General López y Rosario, Carlos Marcelo Lesgart brindó precisiones en torno al proceso judicial contra los ex secretarios del gremio Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, quienes se encuentran imputado por los delitos “Administración Fraudulenta” y “Calidad Simulada”. Cabe señalar que la semana pasada, en audiencia cautelar, se resolvió trabar un embargo a los acusados por la suma de 750 mil pesos y se les prohibió salir del país sin previa autorización judicial.

A su vez se invitó a las partes a lograr una salida del conflicto, tal como lo prevé el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que puede ser una condena abreviada, una probation o un resarcimiento monetario, entre otros.

Asesor legal de Amsafe General López, Carlos Marcelo Lesgart. Foto: Gentileza.

“Esta es una audiencia que estaba postergada desde el mes de diciembre, cuando el fiscal Damián Casullo, que hizo un excelente trabajo, resolvió imputar a las dos personas implicadas (Maurino y Gonzalo) y nosotros solicitamos una medida cautelar, por supuesto que sean alternativa a la prisión porque son delitos que no tienen esa posibilidad”, comentó Lesgart en diálogo con el programa “A pesar de todo” (LT29).

En este sentido, el abogado recordó que la investigación surge a partir de la denuncia que hizo el actual secretario de la seccional General López de Amsafe, Javier Delgado, luego de encontrar que en los últimos días del mandato de Maurino y Gonzalo, en el año 2016, hubo un movimiento de dinero muy importante, con emisión de cheques, pagos, por una cifra significativa, cercana a los 4 millones de pesos. “Vimos que hubo una utilización infiel del fondo de los afiliados y por ello se decide hacer la denuncia que la firma el propio Delgado, ya que las delegaciones de Amsafe no cuentan con representación legal, sino que están centralizada en el gremio a nivel provincial, a quienes le enviamos la invitación y le solicitamos la actuación sin lograr una respuesta”, detalló.

Para el abogado, las resoluciones judiciales “dan cuenta de que hubo una verosimilitud en lo que planteamos allá por noviembre del 2016”. En todos estos años pasaron cuatro fiscales y “recién el cuarto, Damián Casullo, logró la imputación de estas dos personas”, exclamó.

Es importante rememorar que en el año 2017 se solicitó una pericia a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y se nombró a un profesional para que la realice. En sus informes se demuestra que estos movimientos denunciados existieron. “También aportamos testigos, sobre todo por las obras que quedaron pendientes en Rufino y Firmat”, puntualizó.

Lesgart adelantó que se hará el pedido de elevación a juicio para que se los juzgue por los delito imputados y si en ese proceso hay vías alternativas, “se puede evaluar”, indicó. Y añadió: “Lo que se trata es que haya una reparación económica y, además, una condena o probation, que marque la responsabilidad en el manejo de fondos que es lo que la actual comisión quiso demostrar y lo esta haciendo”.

En caso de llegar a juicio, estos delitos de administración fraudulenta prevén una pena de 1 a 6 años de prisión.

“Entendemos que hay una necesidad de justicia para los afiliados y los docentes que se han visto afectadas por la administración anterior. El resarcimiento económico puede ser una alternativa, porque además de devolver algo de lo que les pertenece, es una forma de reparar el daño que se le provocó a la actividad gremial”, enfatizó.

En una audiencia cautelar que se llevó adelante en la mañana de hoy, desde el Poder Judicial resolvieron “trabar un embargo sobre los bienes” de Alberto Maurino, ex Secretario Seccional de Amsafe General López, y Leandro Gonzalo, ex Secretario Adjunto. Además, se dispuso “la prohibición de salida del país para ambos”.

La denuncia había sido radicada a mediados de 2016 por la actual conducción del gremio docente departamental, encabezada por Javier Delgado.

El ex jefe de la Amsafe es investigado por posible “Administración Fraudulenta” y “Calidad Simulada”.

El fiscal que lleva adelante la investigación es Damián Casullo, mientras que el juez de la causa es Adrián Godoy.

Lo cierto es que el proceso tuvo distintos momentos críticos. Y los dirigentes actuales de Amsafe departamental mostraban su preocupación ante un posible “cajoneo” de la investigación.

Desde 2016 fueron cuatro los fiscales que estuvieron a cargo de la causa. Y recién el último, Damián Casullo, fue quien decidió realizar la imputación en audiencia que se llevó adelante el 27 de diciembre de 2021.

Posteriormente, a pedido de las partes, se postergó la audiencia cautelar, la cual se concretó en la mañana de este viernes.

A poco de asumir la conducción del gremio, Javier Delgado radicó una denuncia contra su antecesor Alberto Maurino. En conferencia de prensa, en el año 2016 sostuvo que “la situación es cuanto menos preocupante, el mandato de ellos se venció el día domingo 26 de junio y los días anteriores, jueves y viernes (23 y 24 de ese mes), hubo movimientos en efectivo de más de 4,5 millones de pesos”.

También había denunciado que “nos presentaron un balance donde hay más de 2 millones en indemnización a los trabajadores. Eso nos preocupa desde el vamos por una cuestión de principios, nosotros nunca planteamos echar a los empleados del sindicato. Además, es raro cómo lo hacen, más de 2 millones a los trabajadores y entre las personas echadas está la esposa de un ex delegado a la que se le pagó casi 500 mil pesos”.

Por último, Delgado expresó en su momento que “otro de los gastos incluidos en los últimos días de mandato de la anterior comisión fue en materiales de construcción y en pago de arquitectos. Por ejemplo, en el día de la elección, el 15, hay un pago por honorarios de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija. Y todas las compras de materiales de construcción se hicieron después del proceso eleccionario”.

En este momento se está llevando adelante una audiencia imputativa en el marco de una causa donde es investigado el ex Secretario General de Amsafe, Alberto Maurino. La denuncia fue realizada a mediado de 2016 por la actual conducción, encabezada por Javier Delgado.

El ex funcionario es investigado por posible “Administración Fraudulenta” y “Calidad Simulada”.

El fiscal que lleva adelante la investigación es Damián Casullo, mientras que el Juez es Adrián Godoy.

Maurino arribo al nuevo edificio del Ministerio Público de la Acusación cerca de las 10 de la mañana de este jueves, acompañado por una abogada y su ex Secretario Adjunto, Leandro Gonzalo.

En tanto, integrantes de la actual comisión directiva se encuentran en la vereda, aguardando el avance de la audiencia y el resultado de la misma.

La denuncia

A poco de asumir la conducción del Gremio, delgado radicó una denuncia contra Maurino.

En conferencia de prensa en el año 2016 sostuvo que”la situación es cuanto menos preocupante, el mandato de ellos se venció el día domingo 26 de junio y los días anteriores jueves y viernes (23 y 24 de ese mes) hubo movimientos en efectivo de más de 4, 5 millones de pesos”.

También había denunciado que “nos presentaron un balance donde hay más de 2 millones en indemnización a los trabajadores, eso nos preocupa desde el vamos por una cuestión de principios, nosotros nunca planteamos echar a los empleados del sindicato. Además es raro como lo hacen, más de 2 millones a los trabajadores y entre las personas echadas esta la esposa de un ex delegado a la que se le pagó casi 500 mil pesos”.

Por último, Delgado expresó en su momento que “otro de los gastos incluidos en los últimos días de mandato de la anterior comisión fue en materiales de construcción y en pago de arquitectos. Por ejemplo, en el día de la elección, el 15, hay un pago por honorarios de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija. Y todas las compras de materiales de construcción se hicieron después del proceso eleccionario”.