La muerte del ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000), el miércoles 11 de septiembre de 2024, sigue dividiendo a sus compatriotas. Para sus simpatizantes, Fujimori es el hombre que salvó al país del colapso económico y el terrorismo, pero para sus detractores es un autócrata que atropelló las instituciones democráticas para conservar el poder. Un informe de 2004 de la ONG Transparencia Internacional, ubicó al ex jefe de Estado en el séptimo puesto entre los diez mandatarios más corruptos a nivel global.

Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, donde sus padres se establecieron procedentes de Japón. En 1960 se licenció como ingeniero agrónomo y se dedicó a la docencia en la Universidad Agraria de Perú antes de saltar a la escena política. En 1974, Fujimori se casó con Susana Higuchi, también de origen japonés, con la que tuvo cuatro hijos: Keiko, Hiro, Sachi y Kenji.

En las elecciones presidenciales de 1990, el desconocido "chino", apodado así por sus rasgos orientales, logró imponerse al favorito, Mario Vargas Llosa. "Fujimori representaba algo fuera del sistema político establecido, al que Vargas Llosa era más cercano, y estaba menos relacionado con lo que pasaba en ese momento", explica José Alejandro Godoy, politólogo de la Universidad Católica de Perú y autor del libro "El Último Dictador", sobre la vida y el gobierno de Alberto Fujimori. Además, recuerda Godoy, Fujimori logró una alianza con sectores evangélicos y, sobre todo, con pequeños y microempresarios, en un país donde estos últimos son mayoría.

Desde su trepidante comienzo político, el estilo de Fujimori estuvo marcado por la controversia. El país que heredó de Alan García (1985-1990) estaba quebrado económica y socialmente, devastado por un 7.000 por ciento de inflación anual y la creciente actividad de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Su estricto plan antiinflacionario provocó el descontento de los sectores sindicales y del Parlamento. Después de que el Poder Legislativo le retiró su apoyo, Fujimori comenzó a gobernar por decreto hasta que, el 5 de abril de 1992, con apoyo del Ejército, realizó un autogolpe de Estado, disolvió el Parlamento e intervino el Poder Judicial.

Según el politólogo Godoy, Fujimori tuvo dos motivos para llevar a cabo el autogolpe: "La primera cuestión fue más estructural, y la segunda fue una cuestión de mensaje. El sistema político peruano no había sabido responder a los dos principales retos de 1980, por un lado, la profunda crisis económica y, por otro, la violencia de dos grupos subversivos con miles de víctimas mortales".

Bettina Schorr, politóloga del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, indica que, en ese contexto de crisis, Fujimori vio la necesidad de una nueva Constitución, pero también, al igual que otros mandatarios, sucumbió a la tentación de perpetuarse en el poder. "Sin un cambio de la Constitución eso no hubiese sido posible. Fujimori necesitaba desarticular todas las reglas políticas que había y hacer nuevas", sostiene la experta alemana.

En septiembre de 1992 fue arrestado Abimael Guzmán, líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Un hecho que, a pesar de ser mérito de la policía de inteligencia que trabajaba de forma independiente, Fujimori supo capitalizar. De ese modo, la lucha antiterrorista se convirtió en su lema principal, y lo llevó finalmente a arrasar en las elecciones de 1995.

Durante su segunda presidencia, la alianza de Fujimori y las Fuerzas Armadas se consolidó, y cada vez eran más fuertes las denuncias de distintos sectores de la sociedad peruana frente a la consolidación de un régimen cívico-militar. Muchos analistas independientes advertían ya que el controvertido Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori y jefe del Servicio de Inteligencia, era quien tenía el poder en la sombra.

En las elecciones de 2000, Fujimori se postuló nuevamente, a pesar de que la Constitución vigente prohibía dos períodos presidenciales consecutivos. El entonces mandatario alegó que, debido a que dicha normativa entró en vigor durante su primer mandato, esa nueva candidatura sería su primera reelección.

Tras una primera vuelta convulsa, el candidato opositor Alejandro Toledo, que quedó segundo con el 40 por ciento de los votos, renunció a participar en la segunda ronda por considerarla fraudulenta. Esto no detuvo la "reelección" de Fujimori el 28 de mayo de 2000, sin rival y sin observadores.

Sin embargo, un mes y medio después de asumir por tercera vez como presidente, un gran escándalo protagonizado por Montesinos remeció al país. En un video difundido en televisión se veía al jefe del Servicio de Inteligencia entregando fajos de dinero a un parlamentario de la oposición. En otros videos presentados posteriormente se veía a más políticos, empresarios y personalidades recibiendo dinero de Montesinos. Pocos días después, Fujimori se vio obligado a convocar nuevas elecciones.

En medio de la profunda crisis política, Fujimori aprovechó su viaje a la cumbre económica de la APEC en Brunéi para luego viajar a Japón, desde donde envió su renuncia por fax el 19 de noviembre de 2000. El Congreso peruano no aceptó su renuncia y le destituyó por "incapacidad moral permanente", siendo reemplazado por Valentín Paniagua.

Contra todo pronóstico, el gobierno japonés le reconoció a Alberto Fujimori la nacionalidad nipona, lo que le dio al ex presidente peruano derecho a permanecer en Japón y a no ser extraditado. En su contra había pedidos de detención ordenados por Interpol y solicitudes de extradición por delitos de lesa humanidad y corrupción ordenados por Perú. Pese a ello, Fujimori anunció su intención de postularse nuevamente a la presidencia de Perú en 2005. Esta fue denegada por el Tribunal Constitucional por estar vigente la inhabilitación política por diez años.

A fines de 2005, Fujimori aterrizó sorpresivamente en Santiago de Chile, siendo detenido poco después por la policía chilena a pedido del gobierno peruano. Dos años después, el fugitivo exmandatario fue extraditado a Lima, donde el 7 de abril de 2009 recibió una condena de 25 años de prisión por dos matanzas ocurridas en 1992. En esa operación murieron 25 personas a manos de un escuadrón militar encubierto, denominado Grupo Colina.

Otros delitos por los que Fujimori fue condenado fueron peculado, corrupción y los denominados "diarios chicha". "Por las violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, creo que las condenas contra Fujimori fueron justas. Pero hay casos por los cuales no pudo ser sentenciado como las esterilizaciones forzadas a mujeres. Ese es el caso más grave de todos los que tenía pendientes", apunta José Alejandro Godoy, autor de "El Último Dictador".

No obstante, a pesar de todas las evidencias, el ex autócrata peruano tiene aún muchos simpatizantes en Perú. "Parte de nuestra sociedad tiene una cierta cultura autoritaria y quiere líderes que ofrezcan, sobre todo, mano dura. Fujimori logró apropiarse el éxito de la lucha contra el terrorismo, la mejoría económica y tuvo una política más populista", cuenta Godoy. En esa misma línea opina la politóloga Bettina Schorr, quien cree que su hija Keiko "de alguna manera quiere perpetuar ese legado con posiciones y herramientas parecidas".

El Gobierno de Perú declaró tres días de duelo nacional por el fallecimiento del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien perdió la vida el miércoles tras una dura batalla contra el cáncer, difundió este jueves el diario oficial "El Peruano". El medio oficial detalló que de acuerdo con un Decreto Supremo, el Ejecutivo declaró duelo nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre, en los que la bandera nacional será izada a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques y otras instancias del Estado.

La medida, publicada en el primer minuto de este jueves, está refrendada por la mandataria de Perú, Dina Boluarte, así como por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al disponer "las honras fúnebres que corresponden" al fallecido ex mandatario. Alberto Fujimori, quien se encontraba en libertad desde diciembre de 2023 tras haberle sido restituido un indulto, murió el miércoles alrededor de las 18:00 hora local, "después de una larga batalla contra el cáncer", según confirmó su hija Keiko Fujimori.

La también política adelantó que los restos de su padre serán velados desde este jueves hasta el próximo sábado en el Museo de la Nación, ubicado en la sede del Ministerio de Cultura de la ciudad de Lima y de allí serán trasladados al cementerio Campo Fe de Huachipa. Keiko Fujimori agradeció también el "apoyo" y las "grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos", además de que estos tres días esperarán a "quienes quieran despedirse de él personalmente".

Alberto Fujimori, expresidente de Perú y una de las figuras más controvertidas de la política latinoamericana, falleció este miércoles en Lima, a sus 86 años. Su muerte cierra un capítulo complejo de la historia reciente de Perú, caracterizado por el auge y caída de su mandato, entre elogios por sus reformas económicas y críticas por violaciones a los derechos humanos.

Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, había pasado los últimos años bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud. Estaba cumpliendo una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, entre ellos, la violación de derechos humanos y actos de corrupción durante su gobierno.

Su fallecimiento marca el fin de una era en la que Perú fue testigo de profundas transformaciones económicas, pero también de una creciente corrupción y represión política.

Fujimori llegó al poder en 1990 como un outsider político, venciendo al escritor Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales. Su mandato coincidió con una de las peores crisis económicas que Perú había enfrentado, marcada por una inflación galopante y una deuda externa insostenible.

La "Fujishock", como se conoció a sus primeras medidas económicas, fue un duro paquete de reformas que estabilizó la economía, redujo la inflación y promovió el crecimiento del país, ganando aplausos de la comunidad internacional y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el éxito económico fue opacado por sus métodos autoritarios. Fujimori disolvió el Congreso en 1992 en lo que llamó un "autogolpe", consolidando su control sobre el poder judicial y los medios de comunicación. En su lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), su gobierno implementó una estrategia militar que incluyó violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Uno de los casos más emblemáticos fue la masacre de La Cantuta, en la que un escuadrón militar secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor universitario bajo sospechas de colaborar con Sendero Luminoso.

Estos actos, que durante mucho tiempo estuvieron ocultos, finalmente salieron a la luz, impulsando investigaciones judiciales que perseguirían a Fujimori hasta sus últimos días.

Tras su reelección en 1995, Fujimori intentó mantenerse en el poder con una polémica tercera candidatura en el año 2000. Sin embargo, el descubrimiento de una vasta red de corrupción dirigida por su mano derecha, Vladimiro Montesinos, desencadenó su caída. Fujimori huyó a Japón, país del cual tenía nacionalidad debido a sus raíces familiares, y desde allí renunció a la presidencia vía fax.

En 2005, tras años de exilio en Japón, fue arrestado en Chile cuando intentaba retornar a la política peruana. Finalmente, fue extraditado a Perú en 2007 para enfrentar cargos por violaciones a los derechos humanos y corrupción. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión, siendo el primer expresidente latinoamericano en ser juzgado y condenado por su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Durante su tiempo en prisión, Fujimori enfrentó problemas de salud, y en 2017 fue beneficiado con un indulto humanitario por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, generando fuertes protestas en Perú.

No obstante, en 2018, la Corte Suprema revocó el indulto, lo que llevó a Fujimori de regreso a prisión. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, el expresidente pasó los últimos años bajo arresto domiciliario.

El legado de Alberto Fujimori sigue dividiendo a los peruanos. Para muchos, fue el presidente que salvó a Perú de una catástrofe económica y erradicó a los grupos terroristas que sembraban el caos en el país. Para otros, fue un líder autoritario que pisoteó la democracia y los derechos humanos, dejando un rastro de corrupción y dolor.

Con su muerte, se cierra un capítulo de la historia política peruana que continúa marcando la realidad del país. Sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, intentaron mantener el legado político de su padre, pero también se han visto envueltos en escándalos judiciales, particularmente Keiko, quien ha enfrentado acusaciones de corrupción en el marco del caso Odebrecht.

Un tribunal de Lima inició este lunes un juicio oral al expresidente Alberto Fujimori por una matanza de seis campesinos presuntamente perpetrada por militares y paramilitares bajo su gobierno (1990-2000), y el fiscal del caso le solicitó una nueva condena a 25 años de prisión.

Fujimori, de 85 años, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado desde la casa en Lima de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel, el 6 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional le restituyera un indulto de 2017 "por razones humanitarias".

El tribunal abrió el juicio por la llamada Masacre de Pativilca, una localidad agrícola y costera unos 200 kilómetros al norte de Lima donde seis campesinos fueron asesinados el 29 de enero de 1992.

La matanza ocurrió en el marco de la "guerra al terrorismo" que emprendieron las Fuerzas Armadas de Perú contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA, que dejó en total unas 70.000 muertes y 20.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.  

Los otros procesados son el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos y el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos. Ambos comparecieron igualmente por videoconferencia.

También participaron de forma virtual los integrantes del grupo de Inteligencia y escuadrón de la muerte "Colina", entre ellos, Carlos Pichilingüe Guevara y Santiago Martin Rivas, así como la defensora de las víctimas Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

La fiscal adjunta superior, Elsa Delgado Pérez, ratificó la acusación contra Fujimori, Montesinos, Hermosa Ríos y demás procesados por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, y pidió 25 años de cárcel para ellos.

Para la Fiscalía, Fujimori, en su condición de presidente, "elaboró una política para la identificación y eliminación de presuntos terroristas", planes que eran "elaborados por Montesinos y ejecutados por el grupo Colina".

Delgado Pérez anunció que solicitará la aplicación de principios y directrices sobre violaciones de derechos humanos con la finalidad de pedir una reparación plena a las víctimas, como resarcimientos económicos.

La audiencia continuará el próximo jueves 4 de enero del 2024, dispuso el tribunal, informó la agencia de noticias Europa Press.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la matanza de 15 personas en 1991 en Lima y y por el secuestro, asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992.

Sin embargo, por motivos de salud, salió en libertad la noche de Navidad de 2017 gracias a un indulto del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), cuyo débil gobierno necesitaba el apoyo de una parte de la bancada parlamentaria fujimorista.

El indulto fue anulado en 2018 por la Corte Suprema que lo consideró "incompatible con las obligaciones internacionales" y Fujimori retornó a prisión en 2019 hasta el 6 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Constitucional volvió a validar su indulto y a ordenar su liberación.

Sin embargo, el indulto no se aplica al caso de la masacre de Pativilca, por una resolución del Poder Judicial de febrero de 2018.

Fujimori tiene otras tres sentencias por corrupción y debe alrededor de 15 millones de dólares al Tesoro público, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.

Tras una década de gobierno, Fujimori se fugó en 2000 a Japón, desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción, incluida la difusión de un video en el que se observaba al jefe de espías de su administración repartiendo fajos de billetes a congresistas opositores.

En 2005, viajó a Chile, donde fue detenido. De allí fue extraditado a Perú en 2007.

El Congreso de Perú aprobó este miércoles con 101 votos la destitución del presidente Pedro Castillo, quien horas antes había disuelto el cuerpo, en una decisión que provocó la renuncia de los ministros de su gabinete y que fue denunciada como un autogolpe de Estado.

De inmediato, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó para las 15 (17 de Argentina) a una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un “golpe de Estado” por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresidente Alberto Fujimori en 1992.

La sesión convocada por Williams comenzó poco después de las 13.00 (15.00 de Argentina). Un paneo por las posiciones en el Congreso anticipaban al inicio de esa sesión el probable cambio de posición de muchos congresistas.

Además, dijo que el Congreso debería continuar reuniéndose y sesionando. “Para mí todo debe continuar”, manifestó mientras las puertas del Legislativo estaban siendo cerradas, reportó el diario El Comercio.

Por su parte, Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”, indicó y mencionó que continuarán realizando su labor en el Congreso.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, pidió por su parte que se someta a votación la vacancia por incapacidad permanente lo antes posible.

La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la vacancia, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, Dina Baluarte debe asumir la presidencia. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones a RPP.