El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó con dureza al presidente de la Nación, Javier Milei en la inauguración de la Feria del Libro, y denunció “una embestida de carácter despiadado a la cultura".

La Feria del Libro abrió sus puertas este jueves y en las palabras de apertura Vaccaro, criticó al jefe de Estado por un "ataque despiadado contra la cultura" y formuló un duro cuestionamiento a su próxima visita a la feria el próximo 12 de mayo.

Vaccaro señaló en su discurso que se vive un escenario de "suma complejidad, por los ataques y las medidas económicas que producen una abrupta pérdida del poder adquisitivo en el 90 por ciento de la población".

Definió a la Feria "como un faro cultural en el medio de la oscuridad" y la defendió por ser "un sostén democrático y plural en donde hay lugar para todas las voces y pensamientos".

Señaló que “este capítulo de la feria representa la resistencia ya que realizamos la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en un marco de suma complejidad", y que "las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges".

Alejandro Vaccaro.

Denunció un "ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificaciones económica pero respaldada por un sesgo ideológico enorme" y apuntó que "los creadores culturales están en guardia".

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Vaccaro dijo que "como nunca este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a la políticas devastadoras que propone este Gobierno".

"El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", dijo Vaccaro y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira".

Javier Milei.

Insistió en que "el Presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio cuya presencia está prevista para el domingo 12 de mayo en la pista central de la rural" y advirtió que "todo a lo atinente a su seguridad y la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional".

El primer presidente de tradición liberal-libertario o "anarcocapitalista" como Javier Milei se definió a sí mismo en una reciente convención de ultraderecha, cumplió sus primeros 100 días de Gobierno. Supera así una barrera psicológica, la famosa "luna de miel" que la sociedad le da como cheque a cada gobierno entrante.

Lo llamativo es que, pese a llegar los 100 días de gestión en medio una crisis sin precedentes desde el año 2001, que se profundizó a partir de las medidas de brutal ajuste que su administración hizo recaer sobre las clases populares y medias, conserva aún altos niveles de adhesión social.

No hizo ni más ni menos que cumplir a rajatabla con su promesa de campaña, por la que un 30% lo votó en primera vuelta y el 56% en el balotaje.

La promesa implícita en el contrato social con el electorado sigue viva: hay que atravesar el temporal de los primeros meses, en los cuales la sociedad va a sentir en carne propia el rigor de haber liberado los precios reprimidos de la economía, para después abrazar un nuevo tiempo de estabilidad y baja inflación.

Tomando como lección la experiencia fallida del Gobierno "gradualista" de centroderecha de Mauricio Macri, la decisión de Milei fue tomar el toro por las astas de entrada y aplicar terapia de shock sobre la economía en los primeros días de su gestión.

Ajuste ortodoxo sin anestesia basadas en "la motosierra" y "la licuadora", sin medidas sociales compensatorias.

En su diagnóstico, es en estos meses que se define la suerte y el destino de su modelo de libre mercado a ultranza. Negociar los cambios en el tiempo con el "régimen político" sería, a su criterio, un certificado de defunción a sus ambiciones refundacionales. Este economista de 53 años, un "outsider" de la política que había sido diputado dos años antes, inauguró su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso de la Nación, frente a su gente, anticipando el conflicto abierto que mantendría con uno de los poderes de la República.

En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: "No hay plata", "no hay alternativa al ajuste" y "el que corta no cobra", en una declaración de guerra a los movimientos piqueteros.

En el marco de su mentada reforma del Estado, confirmó que reduciría el Gabinete de 22 a nueve ministerios.

El nuevo titular de una de las carteras supervivientes, Luis "Toto" Caputo de Economía y Finanzas, anunció dos días más tarde, el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó un traslado a precios inmediato, disparando la inflación.

También anticipó recortes en el gasto público, una disminución "al mínimo" de las transferencias a las provincias", paralización de la obra pública, quita de subsidios al transporte y la energía.

El 20 de diciembre, Milei presentó por cadena nacional Milei el mega DNU de desregulación de la economía, que venía a desguazar todo el andamiaje jurídico e institucional sobre el cual se erige el ordenamiento social de la Argentina. Se trata de reformas sobre cerca de 300 leyes, con modificaciones y eliminaciones de normas como la ley de alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas.

Además, habilitó la firma de contratos en normas para el alquiler de inmuebles y habilitó la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas.

Amplios sectores de la oposición rechazaron el decreto por "inconstitucional" y anticiparon un escenario de litigiosidad para los meses venideros.

Al día siguiente, La Libertad Avanza enfrentó la primera gran marcha piquetera en el centro porteño, con organizaciones sociales de izquierda movilizándose en el centro porteño y desafiando el nuevo protocolo antipiquete que había lanzado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con bombos y platillos. Fue la primera vez que se aplicó dicho protocolo de actuación de fuerzas públicas y el operativo estuvo monitoreado por el propio Milei.

El 27 de diciembre fue otro hito en la corta historia que lleva este Gobierno ya que el presidente envió al Congreso nacional la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como "ley ómnibus", esta iniciativa es la otra gran viga maestra del plan económico de Milei.

Incluía una fenomenal delegación de facultades y declaración de emergencias, un ambicioso paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, una reforma administrativa del Estado para desburocratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un esquema de privatizaciones de empresas públicas, desfinanciamiento de organismos de la cultura, y cambios sustantivos en materia de educación, seguridad y Código Civil.

El 11 de enero el INDEC divulgó que la inflación de diciembre había sido superior al 25%, la peor cifra desde 1991, antes de la Convertibilidad.

El 17 de enero, el presidente brindó un discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, y sorprendió al mundo, especialmente a Occidente, por su rabiosa prédica anticomunista y antiestatista, y por su negación del cambio climático. Fue elogiado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk.

El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido. La CGT generó una amplia convocatoria a una masiva marcha que reunió a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones peronistas y de izquierda.

La decisión de cortar con la intermediación de los planes sociales afectó intereses y calentó la temperatura de "la calle". También el corte del suministro de alimentos e insumos a comedores a raíz de la falta de una auditoría sobre el uso de esos recursos profundizó el malestar y agudizó los problemas.

El 31 de enero comenzó a debatirse en el recinto de Diputados el proyecto ómnibus, achicado a poco más de 300 artículos. El tratamiento se dividió en varias jornadas consecutivas de debate apasionado. La longitud del proyecto en cuestión y la cantidad de oradores anotados hizo que recién se pudiera votar en general al cabo del tercer día de debate, con 144 votos en general y 109 en contra. Nunca quedó demasiado claro cuál era la versión del dictamen que se había votado, ya que mientras los diputados exponían, en otros espacios el texto del proyecto seguía modificándose.

De todos modos, el mayor problema para el oficialismo se suscitó con posterioridad, el 6 de febrero, cuando en la votación en particular un número importante de legisladores de la oposición "dialoguista" le volteó algunos incisos vinculados a la eliminación de fondos fiduciarios, y se aprestaba a rechazar el capítulo de privatizaciones.

Milei, que venía siguiendo el desarrollo del debate desde Israel, donde se encontraba de gira oficial, consideró que se había desdibujado el espíritu de su proyecto y que ya no tenía sentido seguir insistiendo con una redacción que iba a terminar siendo un "Frankestein".

Ante esa encrucijada, ordenó desde la distancia el retiro del proyecto. Su tropa legislativa, con serios problemas de comprensión del reglamento, interpretó en un principio que solamente se suspendía el tratamiento en particular pero que se mantenía en pie la aprobación en general. Pronto quedó de manifiesto que el debate volvía a foja cero y que la ley ómnibus estaba caída.

El presidente hizo sonar el escarmiento y castigó a los gobernadores, a quienes culpó por no haber entendido el clima de época ordenando a sus legisladores a votar a favor de la ley ómnibus.

El 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior, llevando al máximo la tensión con provincias como Córdoba y Santa Fe.

Al día siguiente, el Gobierno dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de docentes de todo el país.

Milei también subió al ring al gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Alberto Fernández le había devuelto a ese distrito en 2020 en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires.

El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut 13.500 millones de pesos producto de una deuda que había dejado la anterior administración provincial, que Nación se negó a refinanciar.

El 13 de febrero, Milei mantuvo una audiencia en muy buenos términos con el Papa Francisco en el Vaticano, por más de 70 minutos. Lo invitó a la Argentina y la foto mostró a ambos muy sonrientes.

El 15 de febrero, el Presidente inició una polémica insólita al despotricar contra la cantante Lali Espósito, a quien descalificó con la expresión "Lali Depósito". La acusaba de recibir dádivas del Estado a costa de la pobreza de la gente. El inesperado ataque de Milei a la artista generó algunos apoyos puntuales y el repudio generalizado de la comunidad del arte y la cultura.

El 17 de febrero llegaron malas noticias para el Gobierno, cuando el Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza se había disparado al 57%, la peor marca en 20 años. En enero, el INDEC había confirmado una inflación mayor al 20%, que sumado al 25% de diciembre planteaban un escenario sombrío. Sin embargo, Milei hizo una lectura distinta y responsabilizó al kirchnerismo por la "herencia" recibida en materia de pobreza.

El 22 de febrero, el Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 27 de febrero, mientras el Gobierno todavía lidiaba con las esquirlas del enfrentamiento con Kicillof por la quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, tomó la decisión de sumar un nuevo frente de conflicto al eliminar el programa Potenciar Trabajo, para reemplazarlo por dos nuevos planes de asistencia directa sin intermediarios. También ese día el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en toda la administración pública.

En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1° de marzo pasado, cuando se dignó a brindar su mensaje dentro del recinto de Diputados en lugar de darle la espalda como había hecho en su asunción.

Desde un atril de madera que hizo instalar especialmente, el mandatario trazó un cuadro de situación explicando detalladamente la herencia recibida y las medidas tomadas hasta este momento.

También anunció una serie de proyectos "anti casta" que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el nuevo período de sesiones ordinarias, pero el momento culminante llegó sobre el final cuando lanzó una convocatoria a gobernadores y líderes a firmar el "Pacto de Mayo" en la Ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.

Milei leyó los diez principios o mandamientos básicos de ese nuevo "contrato social" hacia un "nuevo orden económico" e invitó a los gobernadores a firmarlo a libro cerrado a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie las cuentas provinciales luego de los recortes masivos aplicados por Nación. También les exigió una muestra de "buena voluntad" para que esta vez apoyen con mayor contundencia la Ley de Bases.

La oposición peronista leyó este pliego de condiciones como una "extorsión" pero los gobernadores que no son de Unión por la Patria saludaron el llamado al diálogo político y lo consideraron un punto de inflexión en la relación de Nación con las provincias.

Durante el discurso de aquel 1° de marzo, no pasó desapercibido su anuncio sobre la eliminación de la agencia Télam.

El Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza, emprendió un plan de "optimización de recursos" que posibilitará un ahorro de 25.150 millones de pesos este año a través de la "baja de contratos" y la "reducción del 40% de la flota de autos", entre otros gastos.

Además, se está buscando eliminar intermediarios en el proceso de envío de alimentos a los comedores.

Sobre las protestas anunciadas por organizaciones sociales para esta semana frente a los supermercados, Adorni advirtió´: "No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar".

Aseguró que las protestas son convocadas por "personajes que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores", y que buscan impedir que los alimentos "efectivamente lleguen a quienes les tenga que llegar".

El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que en una primera etapa permitirá ahorrar 8.300 millones de pesos, y en la segunda otros 16.850 millones de pesos adicionales.

"La primera etapa incluye la baja de 758 contratos, mientras que hay otros 6.400 que están en revisión. Se va a reducir un 40% la flota de autos, con un ahorro de casi mil millones de pesos, y además se recortarán servicios e insumos por 500 millones de pesos y los celulares de las Secretarías (un gasto de 217 millones de pesos)", precisó Adorni.

Dijo que "en una segunda etapa habrá un recorte equivalente a 16.850 millones de pesos adicionales por la optimización de contrataciones y compras diversas que venían haciendo las diferentes dependencias de la cartera sin un criterio razonable".

Según el vocero presidencial, "en el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad. Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza".

Y recordó que "sigue abierta la línea anónima y gratuita 134 para cualquier tipo de extorsión que pueda existir. Siéntanse libres de hacer la denuncia y ponernos en conocimiento".

Sobre las protestas en supermercados para reclamar comida, Adorni advirtió que "representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar".

"Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido", lamentó.

La Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió una resolución que modifica el régimen de percepciones impositivas en operaciones realizadas con tarjetas de crédito. La Resolución General N° 5.463, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece ajustes excepcionales en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado cambiario.

La normativa previa, la Resolución General N° 4.815 y sus modificatorias, imponía una percepción del impuesto a las ganancias o sobre los bienes personales en ciertas operaciones alcanzadas por el "Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)". Estas operaciones estaban regidas por el artículo 35 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, así como por el artículo 13 bis del Decreto N° 99 del 27 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

La reciente Resolución General N° 5.463 introdujo cambios significativos, unificando la percepción en un TREINTA POR CIENTO (30%) para todas las operaciones alcanzadas. Esta modificación se aplicará de acuerdo con la condición tributaria del sujeto pasible, simplificando el proceso y brindando mayor claridad en la imposición de estos tributos.

Lo más destacado de esta resolución es el reconocimiento de las nuevas condiciones del mercado cambiario, que estuvo en vigor desde el 13 de diciembre de 2023. La AFIP considero necesario adoptar un criterio excepcional en cuanto a la alícuota para las percepciones correspondientes a operaciones con tarjeta de crédito realizadas antes de esta fecha y que aún no fueron liquidadas.

Según lo estipulado en el artículo 1° de la nueva resolución, las percepciones se calcularán considerando una alícuota del 30% para aquellas operaciones realizadas con tarjetas de crédito que hayan tenido lugar antes del 13 de diciembre de 2023. Es importante destacar que esta medida aplicará siempre y cuando dichas operaciones hayan sido canceladas con tarjetas cuya fecha de cierre de liquidación sea igual o posterior al 14 de diciembre de 2023.

El artículo 2° de la resolución establece que estas disposiciones entrarán en vigencia el mismo día de su dictado y serán de aplicación para las liquidaciones de tarjetas de crédito cuya fecha de cierre sea igual o posterior al 14 de diciembre de 2023.

Estos ajustes excepcionales se implementaron con el objetivo de mejorar la administración tributaria y adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado financiero. La AFIP tomo en cuenta la necesidad de brindar un marco normativo que sea claro y eficiente para los contribuyentes, al mismo tiempo que garantiza la recaudación necesaria para sostener las políticas fiscales del país.

La medida fue objeto de análisis por parte de la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Recaudación, asegurando así la fundamentación y legalidad de la resolución.

El Sector Público Nacional registró en el año 2019 un déficit primario de -0,96% del PBI; contando pagos de deuda alcanzó -4,28%. Aquel ajuste de Nicolás Dujovne fue administrativamente ineludible para evitar males mayores; socialmente le costó la derrota electoral de Mauricio Macri y, al mismo tiempo, le dio margen a las políticas expansivas de Alberto Fernández.

Aún cuesta entre ciudadanos de a pie, asumir en un solo sistema de coordenadas el continuo espacio tiempo, concebido por Albert Einstein en 1905. De la misma manera, buena parte del mundo del poder se resiste -el fanatismo es impermeable a la evidencia- a encarar economía y política en una única teoría de la relatividad. Una que en el sistema republicano, demanda consensos entre propios y con los alternos.

Entre extremos, los liberales ortodoxos creen que pueden cargar a la sociedad y sus necesidades, en una planilla con gastos por debajo de la recaudación, para evitar el estallido fiscal; los populistas suponen que pueden expandir el gasto fiscal omitiendo la capacidad de financiarlo, para evitar el estallido social.

La oferta política argentina está -una vez más- desafiada por la necesidad de ofrecer un plan que proponga evitar estallidos de una u otra naturaleza, y un equipo de gobierno que sea capaz de ordenar el big bang de la densidad del gasto y la inflación incontenible, para evitar la reedición del caos.

Martín Guzmán renunció al ministerio de Economía a principios de julio; en 6 meses había aumentado el gasto fiscal en 12,5% y -sin haber pagado la deuda de la herencia Macrista- la “bomba de la deuda en pesos” que usó para financiarse, precipitó la crisis política en el Frente de Todos. Silvina Batakis fue fugaz para toda consideración; ya sin picos de Covid, Sergio Massa ajustó el gasto 18,8% en 5 meses.

En su último informe técnico sobre la Argentina, el FMI señaló que “será fundamental continuar con el proceso de consolidación fiscal que prevé una reducción del déficit fiscal primario del 2,5 % del PIB en 2022 al 1,9 % del PIB en 2023”.

Pero el próximo es un año de elecciones y el sendero fiscal del gobierno viene marcado por una baja de obra pública (gobernadores e intendentes lo saben), gasto social (los piqueteros amenazan) y subsidios (las boletas de luz y gas llegarán con aumento).

Entre 9 y 15 mil millones de dólares de baja de ingresos le puede costar a la Argentina la sequía en curso, por el impacto en su producción agroindustrial. No disimulan el espanto los gobernadores: 17 distritos han adelantado elecciones para despegarse de las nacionales mientras el ministro de Economía acumula deuda en pesos del Tesoro por no menos de $10 billones antes de las primarias presidenciales.

Bid, Banco Mundial, swap con China, eventual blanqueo, dólar soja, dólar turista, control de importaciones. Economía pasa la gorra y hace contabilidad creativa para acumular reservas que se agotan antes de entrar, mientras la puja salarial y de redistribución social bate bombos -fuego amigo- a las puertas de la sede gubernamental. Hay razones contables para entender el enojo del Instituto Patria con el sector privado, que presenta un elevado superávit de sus cuentas.

Lo que no concibe ese sector duro del oficialismo es que esa es la consecuencia de los altos niveles de incertidumbre institucional, que se traducen en limitados a nulos compromisos de inversión y consumo. Las altas tasas no perforan la prudencia de los codiciosos, el ahorro relativo se “fuga”, y no hay blanqueo que pueda revertirlo; nadie trae pesos o dólares para que una minoría intensa gane votos en su cabeza de playa, a costa del empobrecimiento general.

¿Especulan los halcones de JxC con un fogonazo inflacionario que les otorgue plataforma para los cambios tributarios, jubilatorios, laborales y monetarios que proponen? A uno y otro lado de la disputa por el poder que viene, el continuo político económico tiene por aspirantes a egos de sistemas de coalición cuyas principales estrellas amenazan con convertirse en agujeros negros.

El Nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 4,9% en noviembre y 92,4% interanual. Una mejora con carne barata por la sequía y “Precios justos”: Economía busca el congelamiento para un universo estrecho de productos y gradúa con escalones del 4% mensual a otros 30 mil artículos de primera necesidad y a precios regulados como las naftas. Pero las tarifas sin subsidios impactarán al alza. ¿60% de inflación anual a fines de 2023? La voluntad del equipo de gobierno es lo que desde el FMI resaltan; también reclaman un programa financiero.

La recuperación económica se desacelera por inflación alta e inconsistencia política. El PBI evolucionaría 4,8% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (0,5% y 1,4% para 2023 y 2024, respectivamente). El último dato disponible sobre actividad derivado del estimador mensual de actividad económica (EMAE) reveló que en septiembre de 2022 hubo un incremento de 4,8% en la comparación interanual (IA), y una disminución de 0,3% respecto a agosto en la medición desestacionalizada.

Algo similar se refleja en las fábricas. A octubre, el índice de producción industrial manufacturero del Indec mostró una suba de 3,5% respecto a igual mes de 2021. (+5,7% interanual en 10 meses) pero con una variación negativa de 1,1% respecto a septiembre; el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,5% respecto al mes anterior. Ya en septiembre la serie intermensual había marcado un retroceso de 0,2%.

La construcción -otro gran motor de la economía- no escapa al fenómeno. En octubre el indicador sintético del Indec mostró una baja de 0,9% respecto a igual mes de 2021, recortando el acumulado de los diez meses de 2022 a una suba de 5,5% respecto a igual período de 2021. Una vez más el índice de la serie desestacionalizada -en el décimo mes del año- muestra una variación negativa de 3,5% respecto a septiembre y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 1,0% respecto al mes anterior.

En la medición de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas del sector PYME -a precios constantes en 1.209 comercios de las principales ciudades del país- se retrajeron 3,2% interanualmente en octubre de 2022, acumulando una expansión de 1,8% en los primeros nueve meses del año.

¿Y qué pasa con el bolsillo de los consumidores? Según el último dato disponible del Indec, en septiembre de 2022, el Índice de salarios se incrementó 6,7% mensual y 78,7% interanual. Hasta ese mes perdieron 4,3 puntos respecto de la inflación.

El acuerdo con el FMI prevé reservas internacionales neta por US$9800 millones y gasto primario del 1,9% para fines de 2023; la sequía compromete seriamente esa meta. En sus revisiones trimestrales, el Fondo condiciona desembolsos que postergan pagar parte de intereses y deuda de los US$45 mil millones que tomó la administración Macri. Se agrega este año financiamiento “nuevo” tomado por el gobierno central, por unos US$5 mil millones. Cristalina Georgieva no baja las tasas y pide garantías; Sergio Massa ha evitado crisis agudas, pero debe US$10 mil millones a importadores y padece el desafío interno de políticas fiscales expansivas que el Instituto Patria exigirá en el año electoral, al menos para privilegiar el gasto en la provincia de Buenos Aires.

A los $10 billones que debe pagar la Casa Rosada antes de las elecciones, deben agregarse otros $10 billones del BCRA que emite pesos para comprar parte de aquella deuda que el Tesoro no logra refinanciar por completo, para ingresar los DEG’S del FMI y para comprar caro el dólar soja que vende más barato y le acumula pasivos. Para evitar que demasiados pesos presionen dólar e inflación, los bancos reciben plazos fijos y a su vez los prestan al BCRA, que les paga 107,35% (tasa efectiva anual), lo que añade pesos que la entidad monetaria debe imprimir sólo para pagar a los bancos y éstos a sus clientes. La “bola de Leliqs” que Alberto Fernández prometió frenar en campaña, duplicó en 9 meses de este año su volumen.

¿No devaluar fue el mandato de Cristina Kirchner? La devaluación gradual del dólar oficial (crawling peg) se mantiene en el orden del 6%, a un ritmo ahora por encima de la inflación. La macro tensiona las intenciones oficiales en las góndolas y los bolsillos. Hubo una depreciación mensual acumulada de 6,2% en octubre, lo que supone un atraso marginal respecto a la variación mensual del índice de precios minorista que registró 6,3% ese mes, aunque noviembre marcó un escalón más abajo. El dólar oficial casi ya no existe, ni siquiera para importadores; la brecha con los financieros y el blue expresa el atraso en el tipo de cambio.

El que deposita un plazo fijo y lo renueva sin retiros, obtiene algo más que la inflación, en especial tras el 4,9% del IPC noviembre. La tasa de política monetaria se mantuvo alta desde el BCRA en 107,35% (efectiva anual), constituyéndose en el máximo desde octubre de 2019. Una política monetaria restrictiva sobre la dinámica de precios afecta naturalmente la recuperación del nivel de actividad.

El balance para este año arrojaría un superávit de unos US$5.221 millones, 64,6% menos que en 2021. Las exportaciones en torno a US$89.041 millones se estiman con una suba de 14,3% interanual más empujada por precios que por volúmenes. Las importaciones por unos US$83.821 millones en comparación con el año 2021 supondría una expansión en torno al 32,7%, explicada por el relativo retraso cambiario oficial.

El 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país, según el último informe del Observatorio Social de la UCA. En comparación con las cifras del año pasado, cuando el porcentaje de pobreza fue 42,4%, el avance del informe “Pobreza multidimensional y pobreza por ingresos desde un enfoque de derechos sociales. Argentina Urbana 2010-2021” da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte señala, además, que entre julio y octubre de este año el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes.

De acuerdo con los resultados del informe “Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social. Argentina Urbana 2010-2022” -también del Observatorio Social de la UCA- la tasa de empleo subió del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este año. Solo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliación al sistema de seguridad social.

Por otro lado, si en 2021 la tasa de desocupación fue de 9,1%, la posterior reactivación generó que este año la desocupación disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se señala también que aproximadamente un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales.