Por Gabriel Rossini (El Litoral)

Los recortes a jubilaciones y obra pública explicaron en septiembre casi la mitad del superávit fiscal que el gobierno anunció como una muy buena noticia en el marco de su programa de déficit cero, aunque en un contexto donde las principales variables de la economía real volvieron a retroceder producto de una recesión que producirá una caída del PBI este año de alrededor de 5 puntos. El ajuste le permitió al gobierno cumplir al 3° trimestre la meta comprometida con el FMI por $1,9B.

De acuerdo a un informe difundido en las últimas horas por el Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA) en los primeros 9 meses del año indica que el superávit fiscal que el gobierno destaca, se logró por un ajuste casi sin antecedentes en la historia argentina: de cada $100 recortados, las jubilaciones explicaron $25,3, seguida por la obra pública ($23,7) y los subsidios ($13,4).

El informe del CEPA revela además que en setiembre el gasto del Sector Público Nacional se contrajo 25,2% producto de una caída en las transferencias de para obra pública (-73,2%), a provincias (-71,5%), programas sociales (-23,3%), salarios estatales (-20,5%) y universidades (-19,7%).

Finalmente indica que los ingresos tributarios de setiembre cayeron en términos reales el 8,1% respecto al mismo mes del año pasado, explicado por baja de recaudación de IVA (-17%), Ganancias (-15%) y Débitos y Créditos (-11%). Derechos de Exportación (+55%) y Bienes Personales (+429%, por el Régimen Especial), compensaron parcialmente la caída de la recaudación producto de la baja de la actividad.

Las universidades nacionales están atravesando momentos críticos, con presupuestos que ponen en jaque la posibilidad de continuar funcionando con normalidad. En este marco, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, compartió en detalle la realidad que les toca afrontar y los efectos que provoca las partidas insuficientes que están recibiendo.  

“Todos los días estamos recibiendo facturas de servicios con aumentos y a su vez, tenemos que ir siguiendo los aumentos de los insumos básicos que debemos comprar para el mantenimiento edilicio, y claramente no alcanzan para poder funcionar con normalidad, debiendo trabajar en la emergencia sin podernos ocupar de otras cuestiones que también son importantes al momento de hablar de calidad educativa, ya que tienen que ver con mejoras, arreglos, medidas de seguridad y demás. Todo lo que no se hace en tiempo y forma puede convertirse en una emergencia”, comentó Mammarella. 

Cabe señalar que la partida para el funcionamiento, que se destina para cubrir todos los gastos que están por fuera de los salarios, estuvo, hasta el pasado mes de marzo, en valores constantes desde enero del 2023. En este mes de abril, recibieron una actualización del 70 por ciento, después de un período inflacionario de más del 270 por ciento, que es “totalmente insuficiente para desarrollar nuestras actividades de manera normal”. 

A modo de ejemplo, el rector de la UNL indicó que “recibimos una factura de luz que está por encima del 50 por ciento del gasto total que tenemos para mantenimiento”, exclamó. 

“Otro de los problemas es que no sabemos qué va a suceder. Todos los meses venimos recibiendo indicaciones, incluso el presupuesto se está ejecutando mes a mes porque desconocemos qué va a suceder con el correr de los días, lo que nos impide hacer previsiones hacia adelante. Esperamos que, a lo largo del año, podamos contar con alguna certeza de lo que vamos a tener para funcionar y así programar nuestra actividad”, resaltó. 

El directivo contó que la alta casa de estudio trabaja en diferentes proyectos que apuntan a ir consiguiendo fondos para cubrir gastos. “Hay iniciativas, desarrollos, investigaciones que se llevan a cabo con este fin. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano para seguir, no sólo con las puertas abiertas sino funcionando con calidad que es nuestra responsabilidad”, puntualizó. 

Consultado por la infraestructura educativa, Mammarella informó: “Más allá de alguna obra que podemos seguir teniendo en marcha con fondos universitarios, se hace casi imposible seguir proyectando, en especial por las actualizaciones de los precios que vamos recibiendo, los cuales son muchos más elevados de los que programamos en su momento”. Y añadió: “Nuestra universidad es centenaria, tiene edificios antiguos, de gran valor patrimonial, incluso fueron declarados monumentos históricos, lo que requiere una inversión en mantenimiento mucho más importante. Tenemos 63 edificios, 180 mil metros cuadrados cubiertos en el centro norte de la provincia que necesitan atención”.

Frente al interrogante del futuro del cursado, el rector respondió: “esperemos que no corra riesgo”, aunque ese temor es una realidad en todas las universidades, no sólo por la falta de presupuesto, sino por la falta de acuerdo paritario con los docentes de este nivel superior.

“No sabemos si esto se va a normalizar o vamos a seguir de este modo”, afirmó.    

Días atrás, los rectores de las universidades nacionales, se reunieron con miembros de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, para trasladar esta preocupación y solicitar el acompañamiento de los legisladores. 

“Fueron muy receptivos con nuestro planteo, porque si bien representamos a instituciones de jurisdicción nacional, ejercemos toda nuestra actividad en la provincia de Santa Fe; la mayoría de nuestros estudiantes son de la provincia y el producto de las formaciones, investigaciones, el desarrollo, el movimiento económico y demás queda en la provincia, formando parte del patrimonio y riqueza santafesina”, explicó. Y disparó: “Si se perturba o afecta la educación, se perjudica toda la provincia de Santa Fe”. 

El gasto nacional de enero revela la magnitud y morfología del ajuste de la administración de Javier Milei. En el rubro de jubilaciones y pensiones ejecutó presupuestariamente 32,8% menos que en el mismo mes de 2022 a valores reales; en asignaciones familiares la caída fue del 32,5%; en programas sociales 59,6%; en gastos en personal 18%; en transferencias a provincias 53,3%; en transferencias a universidades 16,5% y en gastos de capital (básicamente obras públicas) 75,6%.

Los datos surgen del valioso informe que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución presupuestaria y en base a datos oficiales. "Durante el mes de enero de 2024, los ingresos de la Administración Nacional totalizaron $5.664.109 millones, mostrando una caída de 1,3% en términos reales respecto a igual período del año anterior", detalla el organismo que asesora a los legisladores nacionales.

No necesitó Milei de la motosierra. La inflación hizo la mayor parte del trabajo al licuar el valor de cada peso que reciben los destinatarios del presupuesto nacional.

El organismo a cargo de Gabriel Esterelles ratificó un anticipo de Luis Caputo. Incluso con menores recursos, el gobierno central logró un superávit financiero de 0,2% del PBI, a un costo social y territorial alto más allá de los "recortes por corrupción" que puedan justificarse en casos como los de 9 mil planes sociales detectados por la justicia a favor de empleados públicos.

Los números explican la tensión política y la incertidumbre sobre la tolerancia social al ajuste. Al tablero de la administración central hay que añadirle que el Impuesto al Valor Agregado creció 13,1% interanual en el primer mes del año, lo que supone inferir que la inflación mejoró la recaudación más de lo que le restó la recesión.

En la "caja" de MIlei y Caputo entraron $391,4 mil millones del impuesto País -411,6% más que en enero de 2023- y $606,4 mil millones por derechos de exportación. Son cifras que "embolsa" la administración central, mientras que Ganancias (la rebaja fue en sintonía con la financiación de la campaña de Sergio Massa) cayó 40,3% en su volumen a valores reales. Es plata que dejó de coparticiparse a las provincias.

Si la presidencia de Milei fue votada para recortar gastos de un país inviable, el Congreso opositor tiene mandato de representar sectores sociales y porciones territoriales cuyas necesidades no son menos imperiosas. Es un dilema: no hay país sin ajuste, como tampoco hay ajuste sin país.

Es en esa tensión donde se dirime -en el corto plazo- si el éxito de la baja de inflación producto del ajuste fiscal, llegará antes que las angustias políticas y sociales interpelen de manera liminar al presidente Milei.

Los números señalan que los gastos primarios sumaron $3.111.184 millones, lo cual implica una caída de 30,8% en términos reales. Con excepción de los subsidios al transporte (que crecieron 144,9% año contra año).

La OPC destaca que "todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual, siendo las más significativas las observadas en los gastos de capital (-75,6% a/a), programas sociales (-59,6% a/a), transferencias corrientes a provincias (-53,3% a/a), jubilaciones y pensiones (-32,5% a/a), gastos en personal (-18,0% a/a), asignaciones familiares (-17,7% a/a) y transferencias a universidades (-16,5% a/a)".

“Producto de un recorte en el gasto público y a pesar de una merma en los ingresos totales, durante el primer cuatrimestre del año los déficits financiero y primario de la Administración Pública Nacional cayeron 2,2% y 9,3% en términos reales, respectivamente, en relación al mismo período del año anterior”.

El dato oficial es un respaldo a la gestión de Sergio Massa ante el FMI, que sin embargo exhibe incumplimientos de metas de reservas e incluso sigue lejos del objetivo de un rojo primario del 1,9% del PBI este año, lo que lo lleva -sequía mediante- a la renegociación ante el organismo multilateral de crédito.

Diciembre fue un mes decisivo para el ajuste del gasto público

Según revela un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, “los ingresos se contrajeron 9,1% y los gastos totales retrocedieron 7,6% en términos reales. El resultado primario fue negativo en $1.035.318 millones, lo que implicó una disminución de 9,3% a/a en relación con el déficit alcanzado un año atrás.

“El gasto primario -añadió el organismo revisor de las cuentas públicas- cayó 9,2%, con una disminución más pronunciada en asignaciones familiares (29,9%), subsidios a la energía (29,5% a/a) y los gastos de capital (26,0% a/a)”.

Aclara el sumario del informe que “en sentido contrario, los intereses de la deuda crecieron 9,1% a/a, los gastos en personal 9,2% a/a, los subsidios al transporte 24,8% a/a y las pensiones no contributivas 9,3% a/a. El gasto destinado a las jubilaciones y pensiones se contrajo 2,5%. Desde enero de 2022, los haberes jubilatorios que reciben bonos subieron 2,4% y los que no, cayeron 18,4%.

“La ejecución de los gastos -detalla- equivale al 27% del crédito, 11,8 puntos porcentuales por debajo que el del año anterior”. en lo que va del año. .

A pesar del ajuste, las “políticas Alimentarias y el Potenciar Trabajo presentan los niveles más elevados: 47,0% y 40,5%, respectivamente”, lo que plantea el interrogante del crédito a estas cuentas para el total del año.

Por el otro lado, las transferencias de capital a empresas públicas y a fondos fiduciarios para la ejecución de obras, ejecutaron el 17,9% y 19,6%, respectivamente”, lo que revela niveles de inversión por debajo de lo presupuestado, siempre en el primer cuatrimestre del año.

La salud de las cuentas públicas irrumpió en el escenario electoral

Las transferencias a provincias totalizaron $223.069, lo que implica una caída a valores reales de -27,9%. Para las universidades se destinaron $268.401 millones, con un crecimiento interanual del 2,2% en el período analizado.

Los subsidios a la energía sumaron en 4 meses $603.895 millones, un -29,5 respecto del primer cuatrimestre de 2022 a valores reales. Por lo contrario, en el mismo período comparado, los subsidios al transporte significaron $211.904 millones, 24,8% más.

$834.036 fue el gasto en personal de la administración nacional. A pesar de los anunciados congelamientos, las erogaciones en el rubro crecieron 9,2% en el cuatrimestre, en comparación interanual y a valores reales.

Las prestaciones sociales sumaron $4.231.885 millones en el año, una variación real de -5,2% respecto de lo sucedido en 2022. De ese rubro, la erogación del cuatrimestre en jubilaciones y pensiones fue de $2.919.023 millones, con un retroceso de -2,5% a valores reales (descontada la inflación) mientras que las Asignaciones Familiares (AUH y otras) erogaron $420.334 millones, con una fuerte caída del -29,9%.

También fue magra la suerte de las políticas alimentarias, a las que se destinaron $167.374 millones, un retroceso del 7,3% en términos reales.

Los planes Potenciar Trabajo fueron una excepción del rubro de gastos sociales; sumaron $236.643 millones, una suba de 2,7%; la otra fueron las becas Progresar, a las que se destinaron $51.638 millones, 14,5% más en comparación con el primer cuatrimestre del 2021.