Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, Nación contabilizó un “ahorro” el equivalente a 10.700 millones de dólares en erogaciones salariales, impulsado principalmente por una fuerte caída en el poder adquisitivo de los sueldos y un recorte del 18% en la cantidad de empleados.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal especifica que el 63,5% del ajuste se debió a la pérdida salarial real, mientras que el resto fue resultado de la supresión de más de 62.000 puestos de trabajo.

Instituciones como el INADI y el INCAA figuran entre las más afectadas, reflejando una transformación profunda en la estructura del Estado en la era MiIei, en contraste con la última gestión kirchnerista. El gasto salarial pasó de representar el 2,62% al 1,9% del PBI en poco más de dos años.

La reducción de la cantidad de sueldos que paga el Estado nacional explicó el 36,5% de la caída total del gasto salarial. Esto equivale a una disminución equivalente a US$3.900 millones (o $4,3 billones de pesos constantes a febrero de 2026) según las estimaciones del Iaraf.

Pero la reducción del salario real se llevó la mayor tajada del ajuste. Representó el 63,5% restante de la reducción. En términos monetarios, esto significó un ahorro de US$ 6.800 millones (o $7,4 billones de pesos constantes).

En total, la reducción acumulada en pesos alcanzó los $11,7 billones. Esta contracción se debe a que, por un lado, hubo una merma del 18% en la cantidad de cargos (pasando de 341.473 a 278.705) y, por otro, los empleados públicos nacionales sufrieron una pérdida del salario real del 27% respecto a diciembre de 2023.

De acuerdo con los documentos relevados por Iaraf, la reducción de personal se puede analizar tanto por la cantidad absoluta de cargos eliminados como por la intensidad (porcentaje) de la reducción en cada institución.

Las mayores reducciones en términos absolutos se registraron en la administración central; fue la que registró la contracción más importante, con una pérdida de 15.105 cargos.

Otros organismos y empresas con reducciones significativas de personal fueron el Correo oficial: 5.290 cargos; Operadora Ferroviaria S.E.: 3.615 cargos; ARCA: 3.221 cargos; CONICET: 2.261 ocupaciones; Banco de la Nación Argentina: 2.116 cargos y Aerolíneas Argentinas: 1.899 cargos.

A su vez, las mayores reducciones por intensidad (porcentaje sobre el total de cada planta), la evaluación muestra a cuatro organismos que desaparecieron por completo (reducción del 100%).

n esa lista están el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo); INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena); Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Además, sufrieron recortes muy profundos en su dotación la Agencia de Publicidad del Estado: -78%; el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): reducción del 56%; Casa de la Moneda: baja del 49%.

En términos generales, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la planta del sector público nacional no financiero se redujo en un 18%, lo que representa un total de 62.768 cargos menos

Este lunes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio en la Argentina fue del 1,6%, lo que marca una ligera suba respecto al 1,5% registrado en mayo, pero sigue reflejando una tendencia hacia la desaceleración de la inflación que comenzó a fines de 2024. Si bien el aumento de junio es superior al de mayo, se mantiene por debajo de los picos de inflación de meses previos, lo que genera expectativas de una posible estabilización.

En el primer semestre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 15,1%. En detalle, el mes de enero registró un 2,2%, febrero un 2,4%, marzo marcó el pico del 3,7%, abril mostró una corrección hacia el 2,8%, mayo fue el mes con menor inflación en lo que va del año con 1,5%, y ahora junio cerró con un 1,6%.

Este comportamiento es clave en el marco de la actual política económica que busca controlar la inflación, que durante 2024 superó ampliamente las expectativas. Sin embargo, la reducción en la tasa de aumento de los precios en los últimos meses ofrece señales de que las medidas adoptadas para frenar la escalada inflacionaria comienzan a dar resultados.

El dato más relevante de la inflación del semestre (15,1%) es que impacta directamente en la actualización de los valores del Mínimo no imponible y las escalas del Impuesto a las Ganancias, así como en la modificación de los parámetros para las categorías del monotributo. A partir del dato acumulado del primer semestre, se realizarán ajustes en las bases de cálculo, lo que afectará a miles de trabajadores autónomos y asalariados que verán reflejada la suba en sus tributos.

La relación entre la inflación y la actualización de estos parámetros es crucial para el Gobierno, ya que las modificaciones en los tributos también inciden en la recaudación fiscal, que sigue siendo uno de los ejes centrales de la política económica del año en curso.

Aunque la desaceleración es visible, la inflación sigue siendo uno de los principales problemas económicos que afecta a la población, especialmente en lo que respecta a los precios de alimentos, productos básicos y servicios. Los aumentos de precios continúan generando un impacto directo en los bolsillos de los argentinos, que enfrentan aumentos mensuales por encima de los incrementos salariales.

En cuanto a los rubros más afectados, los alimentos siguen siendo los de mayor incidencia, aunque la desaceleración también afecta a estos productos -en junio subieron el 0,6%-, generando una moderación en las subas que comenzaron a desbordar el presupuesto familiar en los primeros meses de 2025.

Con un primer semestre que cierra con una inflación de 15,1%, las proyecciones para la segunda mitad del año no son del todo optimistas, debido a factores como el clima de incertidumbre global, las tensiones políticas internas y la necesidad de continuar con las políticas económicas que aún no muestran resultados definitivos. Sin embargo, la tendencia a la desaceleración podría ofrecer señales positivas, especialmente si se mantienen las políticas de control fiscal y se profundizan las medidas de apoyo a los sectores más golpeados por la inflación.

La inflación de junio también llega en un contexto de creciente discusión sobre los niveles de ajuste y las políticas fiscales necesarias para asegurar la estabilidad de los precios.

“Nos organizamos, salimos a la calle y decimos basta”. Con ese mensaje, jubilados y jubiladas autoconvocados de Venado Tuerto convocan a una nueva manifestación para el próximo miércoles 11 de junio a las 16.30 horas, en la intersección de 25 de Mayo y Belgrano, en la vereda interna de Plaza San Martín.

La movilización, que será la tercera desde el inicio del año, tiene como objetivo expresar el rechazo a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional y visibilizar lo que describen como un “avasallamiento a los derechos adquiridos” de los adultos mayores.

“Las personas jubiladas no podemos seguir siendo la variable de ajuste de un modelo que desprecia la vida digna”, expresaron desde la organización, reclamando una seguridad social “justa, solidaria y con perspectiva de derechos”.

La convocatoria también incluye a personas con discapacidad y organizaciones feministas, en una articulación que busca demostrar que “estas causas no están separadas”: el ajuste afecta en forma directa a quienes requieren pensiones, tratamientos médicos, apoyos y políticas de inclusión que hoy no están garantizados.

“Levantamos la voz por las personas con discapacidad, que también están siendo vulneradas por un Estado ausente y políticas crueles”, afirmaron, exigiendo un acceso real a la salud y a los derechos básicos.

Desde el espacio Agite Feminista, se suman también voces que ponen el foco en la situación de las mujeres y disidencias mayores, muchas de ellas con discapacidades o en contextos de extrema vulnerabilidad económica.

“El feminismo no abandona, nuestras luchas se entrelazan”, subrayan en el comunicado conjunto. “La desigualdad tiene muchas formas, pero el punto de encuentro es el mismo: la lucha por una vida digna”.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de Venado Tuerto y localidades vecinas. Se alienta a asistir con banderas argentinas, insignias de instituciones y carteles con consignas. Además, habrá micrófono abierto para quienes deseen expresar su postura de manera libre y respetuosa.

“Cuando tocan a uno, respondemos todos. Porque la dignidad no se negocia. Porque la vida vale más que cualquier recorte”, concluye la convocatoria firmada por Jubilados/as Autoconvocados/as, Amsafe General López, Discapacidad y Agite Feminista.

La coparticipación federal durante la primera quincena de abril cayó un 42% respecto del mismo período de marzo. El descenso impacta tanto en los recursos que recibe la provincia como en los que se destinan a las administraciones locales. Por ello, la propia Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la provincia avisó el pasado viernes a las administraciones locales que los números venían hacia la baja. La comunicación se dio a través de los Foros que aglutinan a presidentes comunales e intendentes tanto del oficialismo como de la oposición.

Las fuentes gubernamentales consultadas por El Litoral confirmaron el descenso de los recursos nacionales en los índices planteados, y aclararon que en virtud de la situación generada en términos macroeconómicos, "la situación podría continuar" del mismo modo en los próximos meses.

En las últimas horas, el Foro de autoridades locales que pertenecen al Justicialismo emitieron un comunicado en el que "alertan" acerca de la situación descripta, y piden un "acompañamiento" de la provincia a los gobiernos locales "sin hacer diferencias políticas".

"Funcionarios del gobierno provincial confirmaron en las últimas horas una baja del 42% en las partidas de coparticipación nacional que recibe Santa Fe. Frente a esta situación – sostuvieron-, es necesario que se distribuyan los recursos de manera equitativa entre todas las localidades, sin distinción política".

"El fuerte ajuste implementado por el gobierno nacional -sigue planteando el escrito- ha puesto a municipios y comunas en una situación crítica, ya que a pesar de la merma en los fondos, deben seguir garantizando servicios esenciales para sus vecinos. Esto incluye desde la compra de medicamentos para adultos mayores, hasta el acompañamiento a desempleados y comerciantes golpeados por la caída de la actividad económica", sostuvieron.

Sobre esa base, reclamaron a la Casa Gris "que no haya discriminación partidaria" a la hora de enviar los fondos. "Hoy tenemos localidades que aportan mucho más de lo que reciben, especialmente en concepto de coparticipación nacional", manifestaron.

Mientras que para algunos especialistas la caída de la recaudación nacional es "un fenómeno estacional", para otros es una situación que podría prolongarse y sostenerse en el tiempo. En cualquier caso, impacta en el momento preciso en que las administraciones tanto locales como provincial deben retomar la discusión paritaria.

En lo que respecta a la negociación con los gremios docentes y estatales, si bien la intención del Poder Ejecutivo – como publicada El Litoral- era convocarlos para el próximo viernes, cuestiones de agenda – sobre todo de uno de los sindicatos que representa a los trabajadores de la administración central- obligarían a reprogramar el encuentro y posponerlo hasta el lunes.

La discusión deberá definir la política salarial de los próximos meses, aunque tampoco hay certezas respecto de qué extensión temporal tendrá la propuesta salarial que llevará el gobierno a la mesa de discusión.

El diputado nacional Roberto Mirabella elevó un pedido de informe al Gobierno Nacional para que explique la retención de fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados a la investigación científica y tecnológica en Argentina. 

"La medida afecta directamente a numerosos proyectos fundamentales para el desarrollo del país, en un contexto donde más de 2 mil científicos han alertado sobre la grave crisis que atraviesa el sector", declaró el legislador rafaelino.

"El gobierno de Milei pretende ‘ahorrar’ ajustando en ciencia y tecnología, poniendo en riesgo el futuro del país. Necesitamos respuestas sobre la retención de estos recursos clave y el impacto que tendrá en la comunidad científica", expresó Mirabella. 

La solicitud busca transparencia en el manejo de estos fondos y garantizar que la inversión en conocimiento no sea víctima del ajuste.

"Un país con equilibrio fiscal no debería tener un riesgo país de cuatro dígitos, a menos que se piense que ese equilibrio no es sostenible o que, por falta de acceso al crédito, el soberano no podrá cumplir con el servicio de deuda". La advertencia de Daniel Artana en el último informe de coyuntura de Fiel sugiere que hay menos riesgo fiscal que político en el año que enfrenta la Argentina, y que eso es lo que observarán los inversores internacionales -y locales- antes de definir si "entierran" dólares en la economía real del país.

Como ejemplo, Artana señala que el gas en boca de pozo o el transporte "no cubren costos" y que es indispensable a la salud del modelo de Milei "no profundizar desequilibrios de precios relativos con objetivos electorales" porque sería una mala señal para los detentores del equilibrio fiscal como soporte del superávit financiero pero, sobre todo, de la sostenibilidad del modelo libertario.

Según el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET), "en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) que, en promedio, cubren el 53% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 47% restante". ¿El gobierno hará el ajuste equivalente a 0,5 punto porcentual del PBI según propone el presupuesto 2025?

Para tener una idea del impacto socioeconómico del escenario, ese informe refleja que la canasta de servicios públicos del Amba (boletos, tarifas de electricidad, gas y agua) costó $134.414 en octubre. Es cierto que son datos de capital y Gran Buenos Aires, donde el gobierno aún se hace cargo del 32% del costo del colectivo; pero en todo caso son datos que impactan en las cuentas presupuestarias nacionales que financia todo el país en asistencia al sector socio-geográfico de mayor impacto electoral de la Argentina.

Luis Caputo ha dejado en claro que por el lado de la recaudación, se desprenderá de lo que queda del Riesgo País y no modificará el esquema de retenciones, que ya deja "en rojo" al 70% de productores de soja de la zona núcleo, que alquilan campos para producir. Si no hay más ingresos, la variable a corregir será necesariamente por el lado del gasto. El análisis de UBA-Conicet ratifica que los subsidios se redujeron 38% año contra año en octubre.

José Luis Bour (Fiel) apuntó que "el ajuste fiscal estará incompleto si la economía convive con un tipo de cambio real que se aprecia 10% por año (computando la inflación internacional), y allí sí se requiere que el gasto público consolidado siga disminuyendo algunos puntos en relación con el PBI para que –junto con una agresiva desregulación y apertura económica- las empresas ganen competitividad.

"Una estrategia de largo aliento -expuso el especialista- que converja a una economía abierta y desregulada, con un gasto público que caiga al entorno del 26 o 25% del PBI, con una tasa de inflación de un dígito y un tipo de cambio unificado y libre, requiere pasar por un periodo de transición en el que todos estos objetivos se van logrando con mucho esfuerzo y quizás a destiempo.

"Es decir, la economía seguirá un sendero en desequilibrio por bastante tiempo, con precios relativos que deberían adaptarse con cierta rapidez a la productividad vigente más que a la productividad potencial que se puede lograr dentro de dos o tres años con 'otra empresa' que sea bien diferente de la que creció en una economía cerrada y súper-regulada", advirtió. En otras palabras: no más ayudas sectoriales y traumas en el horizonte inmediato para algunos sectores de la economía.

Artana reconoció que ayudó que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso; estimó que un 60% del blanqueo líquido de US$20.085 millones se mantendrán depositados; 20% serán encajes (que engrosarán el maquillaje contable de las reservas) "pero el 40% restante se puede prestar básicamente a exportadores. Estos habitualmente liquidan las divisas que reciben para hacerse de pesos y eso puede explicar, al menos, parte de la compra de dólares del mes de octubre" por parte de la autoridad monetaria.

Sergio Romero, Secretario General de la UDA y de Políticas Educativas de la CGT, cuestionó enérgicamente la propuesta del Gobierno Nacional de reducir a cinco años la formación en Educación Técnico Profesional, advirtiendo sobre los riesgos que esta medida conllevaría para la seguridad pública y la calidad educativa.

El secretario de Educación, Carlos Torrendel, se encuentra en el centro de la controversia tras sus declaraciones ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde sugirió reducir la duración de los planes de estudio en Educación Técnico Profesional a cinco años. Sergio Romero, Secretario General de la Unión de Docentes de la Argentina (UDA) y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, rechazó esta propuesta, afirmando que la Educación Técnica no solo forma profesionales, sino que también implica responsabilidades civiles complejas.

Romero destacó que, si el problema es el bajo nivel de egresados y la deserción en el segundo ciclo, la solución no radica en acortar el tiempo de enseñanza. “Es fundamental diseñar estrategias pedagógicas que permitan a los alumnos finalizar sus estudios en tiempo y forma, adquiriendo los conocimientos y prácticas necesarios para ejercer su profesión sin generar riesgos”, afirmó.

El líder sindical advirtió que esta reducción podría comprometer la seguridad pública, el medio ambiente, la salud y el manejo responsable de la ciencia y tecnología, áreas en las que la formación técnica juega un papel crucial. “Reducir un año de estudios, aunque sea de manera optativa, es un riesgo innecesario en un contexto que demanda más y mejor educación”, subrayó Romero.

Sergio Romero.

Además, el dirigente planteó que esta medida afectaría gravemente las prácticas profesionalizantes, fundamentales para la correcta matriculación en los Colegios Profesionales de Técnicos, un requisito indispensable para el ejercicio profesional.

Romero también hizo hincapié en el impacto negativo que tendrá la suspensión del 6% del PBI destinado a educación, así como del porcentaje mínimo de inversión para la Educación Técnico Profesional, Ciencia y Tecnología, como parte del proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el ejecutivo. “La falta de inversión resultará en talleres con equipamiento obsoleto, lo que afectará el desarrollo de las destrezas necesarias en los futuros profesionales”, advirtió.

Por último, Sergio Romero concluyó que cualquier reforma en este ámbito debe realizarse mediante una convocatoria amplia para un análisis exhaustivo que priorice el mejoramiento de la educación técnica. “El principal requerimiento es sin duda más inversión, no continuar con políticas de ajuste en el ámbito educativo”, sentenció.

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó los resultados de la última edición del CABASE Internet Index, un estudio que analiza el estado de la conectividad y la infraestructura de internet en el país. 

Del estudio surge que el 67,5% de los hogares argentinos tomaron alguna medida para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico de los últimos meses. Asimismo, el 65,3% de los hogares tomaron medidas para reducir el costo de su servicio de TV paga.

Los resultados de la encuesta realizada por CABASE indican que, frente a la crisis económica del último período, muchos usuarios buscaron mecanismos para evitar dar de baja los servicios de conectividad y contenidos en el hogar, optando por medidas para reducir su costo, ya sea a través de un acuerdo con su proveedor o por un cambio hacia un proveedor con menor precio.

“Frente a esta situación excepcional, los proveedores del sector, en su mayoría PyMEs y cooperativas, acompañaron a sus clientes con propuestas de descuentos y promociones especiales, aun cuando ellos mismos enfrentan condiciones del contexto económico, impositivo y regulatorio que inciden muy negativamente sobre sus resultados, su capacidad de inversión y la sostenibilidad de su operación a futuro”, sostuvo Ariel Graizer, Presidente de CABASE.

El estudio de CABASE analiza en profundidad las distintas medidas paliativas tomadas por los usuarios para contrarrestar el impacto de la crisis económica en los servicios de conectividad y contenidos contratados en el hogar. Destaca que, como resultado de estas medidas, la incidencia de los pedidos de baja definitiva de los servicios se ha mantenido en valores muy bajos, del orden del 1,2% en el caso de la telefonía fija, del 1,9% en internet fijo y del 3% en telefonía móvil y TV paga.

De los datos desgranados, surge que entre las medidas paliativas tomadas sobre el servicio de internet fijo, el 44% de los usuarios solicitaron la baja pero obtuvieron un descuento, mientras que el 10,1% cambió a un proveedor con mejor precio y el restante 45,9% no resolvió aún qué medida tomar.

En el caso de los servicios de streaming, que por su formato comercial no permite margen de negociación de precios, es el servicio con menor incidencia de las medidas paliativas (41,9%). Al analizar el detalle, surge que si bien el 89,7% de los usuarios no resolvió aún qué medida tomar, el 10,3% indicó haber optado por cambiar a un servicio de mejor costo.

En el caso de la telefonía móvil, el 52,2% de los usuarios solicitaron la baja pero obtuvieron un descuento y el 17,8% se cambió de compañía por un mejor costo. Una situación similar se dio con la telefonía fija, donde el 49% de los usuarios que tomaron una medida paliativa solicitaron la baja y en contraprestación obtuvieron un descuento especial, y solo el 2,5% indicó haber optado por un cambio de proveedor con mejor precio.

Por su parte, el 47,5% de los usuarios de TV paga solicitaron la baja y obtuvieron un descuento y un 8,4% cambiaron de proveedor para obtener un mejor costo.

Graizer destacó: “Los datos muestran que frente a la necesidad planteada por un contexto de restricción presupuestaria y de menores ingresos en el hogar, las empresas han mostrado flexibilidad y empatía, buscando alternativas temporarias para que los clientes puedan mantener servicios en el hogar que son esenciales, tal como ha dejado en evidencia el paso de la pandemia, plasmando la importancia de la conectividad en el hogar como factor clave para la economía, el trabajo, la educación y también para el entretenimiento”.

En este sentido, la asequibilidad de los servicios de conectividad en el hogar es un factor que incide de manera directa en el desarrollo económico y social de las personas. En virtud de ello, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la ONU definió el Umbral de Asequibilidad, estableciendo como objetivo al 2025 que los costos de servicios de banda ancha de nivel básico deben representar menos del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita (hasta 2018 estuvo fijado en un 5%).

Según lo relevado en la última edición del CABASE Internet Index, el costo promedio del servicio de internet fijo a nivel nacional es de $20.035. Considerando los ingresos promedios por hogar, el costo del servicio alcanza alrededor del 4% de estos ingresos, dato que no solo muestra una brecha importante respecto del objetivo propuesto por la iniciativa de la ONU, sino que significa un retroceso respecto de la medición anterior del CABASE Internet Index, realizada en septiembre del año pasado, en la que el costo promedio de los servicios básicos de conectividad equivalían al 3% de los ingresos del hogar.

“A los clientes y a las empresas del sector nos une la necesidad de que las condiciones de la macro se reacomoden para que los servicios de conectividad tengan un peso relativo menor en los ingresos del hogar. Esta mayor asequibilidad permitirá, por un lado, impulsar una mayor penetración, especialmente en los hogares de menores ingresos, para acercarnos a la buscada universalización de la conectividad a internet y, por el otro, permitirá mejorar la ecuación económica de las más de 1.200 PyMEs y cooperativas que proveen servicios en todo el país y que hoy afrontan costos crecientes, una presión tributaria aplastante y otros factores que les impiden operar con un margen lógico que haga posible afrontar las inversiones en mantenimiento, actualización y ampliación de las redes, cuyos costos son mayoritariamente en dólares”, agregó Graizer.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) anunció la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para los Corredores Viales Nacionales. Esta medida, responde al contexto inflacionario actual y busca garantizar la calidad de las prestaciones en las áreas concesionadas.

A través de la Resolución 332/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo comunicó la decisión que abarca de los tramos I a X que comprende los peajes: Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza, Tristán Suárez, Junín (RN 7), Cañuelas, El Dorado, Carcarañá, Zárate (RN 9), San Vicente, Venado Tuerto, Riachuelo, entre varios más de distintos puntos del país. Hay tarifas que superarán los 4.500 pesos.

Los usuarios de los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X deberán estar atentos a las publicaciones. Créditos: Mauricio Garin

La decisión se enmarca en la necesidad de ajustar las tarifas para acompañar la variación de costos debido a la inflación. La GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES fue instruida para realizar las modificaciones necesarias en los cuadros tarifarios, asegurando que estos reflejen adecuadamente el incremento en los costos de explotación, conservación, mantenimiento y servicios de apoyo.

En el contexto del Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que garantiza los derechos de los usuarios del servicio de la red vial, la DNV ha trabajado para asegurar que los aumentos tarifarios se implementen con la mayor transparencia y participación ciudadana posible.

La Resolución N° RESOL-2024-94-APN-DNV#MINF, fechada el 18 de marzo de 2024, inició el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, conforme al Reglamento General aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 1.172 del 3 de diciembre de 2003. Este procedimiento incluyó la presentación del proyecto de aumento tarifario y sus anexos a la ciudadanía, invitando a los usuarios a emitir comentarios y observaciones.

Durante el proceso, se garantizó el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia e igualdad, permitiendo que los ciudadanos participaran activamente y aportaran sus opiniones de manera responsable y democrática. Finalizado el plazo para recibir aportes, se elaboró un Informe de Cierre del Procedimiento, el cual se encuentra disponible en la página web de la DNV en la sección de consultas ciudadanas.

Esta medida busca proteger los intereses de los usuarios, asegurando que las empresas concesionarias puedan mantener y mejorar sus servicios.

El contexto inflacionario actual ha generado una variación significativa en los precios de los componentes principales de los rubros relacionados con la explotación y el mantenimiento de los corredores viales. Sin los ajustes tarifarios correspondientes, estas variaciones podrían impactar negativamente en la calidad del servicio que ofrecen las empresas concesionarias.

La metodología de variación mensual tarifaria, aprobada por la Resolución RESOL-2024-66-APN-DNV#MEC del 23 de abril de 2024, se aplicará de manera transitoria. Esta metodología actúa como supletoria a los mecanismos de actualización tarifaria establecidos en los contratos de concesión, siempre que los costos calculados conforme a sus parámetros sean inferiores a los contractualmente previstos.

El ajuste tarifario tiene como objetivo equilibrar los costos incrementados debido a la inflación, garantizando así la calidad y seguridad de los servicios en los corredores viales concesionados. Esta medida busca proteger los intereses de los usuarios, asegurando que las empresas concesionarias puedan mantener y mejorar sus servicios.

Los usuarios de los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X deberán estar atentos a las publicaciones en los medios periodísticos para conocer los nuevos valores tarifarios que se aplicarán. La DNV ha enfatizado que la transparencia y la participación ciudadana han sido pilares fundamentales en este proceso de ajuste tarifario.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que Nación avanzó oficialmente en la modificación del esquema de subsidios, acotando los montos máximos subsidiados. Además, anunció una actualización del precio de la energía mayorista. En Santa Fe, la decisión del gobierno central generará actualizaciones de entre 12% y 65%, según el tipo de usuario.La Secretaría de Energía de la Nación, mediante Resoluciones N° 90/2024 y 92/2024, actualizó los precios de la energía eléctrica a partir del 1 de junio de 2024. Este ajuste se debe a un aumento en el precio estacional de la energía, a cambios en los niveles de subsidios, y a la aplicación de nuevos topes en los consumos, afirmó la entidad. Esta definición nacional deberá trasladarse a las boletas de luz de la provincia, actualizando los cuadros tarifarios desde el 1 de junio en un promedio de 38,5%. Así, usuarios de ingresos bajos y medios sufrirán incrementos de hasta 65% y los de más poder adquisitivo, hasta 16,5%.A modo de ejemplo, un usuario residencial con consumo promedio de 400 kWh tendrá un ajuste de 15,6% (Nivel 1), 34,5% (Nivel 2) y 50.8% (Nivel 3); obedeciendo a los cambios en los topes subsidiados en dos grupos que, hasta hoy, recibían una mayor subvención del gobierno nacional.

Desde la EPE invitan a los usuarios a revisar el nivel en que están inscriptos dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con el objetivo de obtener el subsidio del gobierno nacional en luz y en gas. Quienes no se hayan inscrito automáticamente se incorporan como N1.El RASE consiste en un padrón de beneficiarios que han sido incluidos en el Nivel 2 – Bajos Ingresos o en el Nivel 3 – Ingresos Medios, sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los solicitantes del beneficio.Quienes ya se encuentran inscriptos en el RASE no necesitan volver a hacerlo. A la vez, la Autoridad de Aplicación ha dispuesto la realización periódica de cruces de información para propender a una mejor focalización de los beneficios, dando cumplimiento a las previsiones existentes en materia de protección de datos personales conforme a la Ley N° 25.326.Para tramitar la inscripción, es necesario contar con la información que figura en una boleta de la EPE; el DNI del usuario que figura en la factura; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años; y una dirección de correo electrónico.

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe -que sesionó bajo la advocación de Juan Carlos Luque, Secretario General de los municipales de Laguna Paiva, recientemente fallecido- debatió sobre el proyecto de Ley que pretende instrumentar la reforma del sistema Previsional de la Provincia, el IAPOS, la Paritaria provincial y la realidad del país, en vista a las acciones que va adoptando el Gobierno Nacional.

En virtud a esto, los Sindicatos nucleados en FESTRAM, ante la implementación de cualquier medida que afecte los derechos e intereses colectivos de los Trabajadores Municipales y Comunales especialmente el Sistema Previsional Provincial y Municipal, decretaron el Estado de Alerta y Movilización.

En este sentido se informó sobre las reuniones sostenidas por FESTRAM con los Gremios que componen la Comisión Intersindical del Sector Público (CISEP), quien presentó una nota pidiendo una audiencia con los integrantes del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, espacio político mayoritario en la Cámara de Senadores.

También se expresó la necesidad de exigir que las autoridades provinciales avancen en el reclamo al Gobierno Nacional por la deuda que mantiene con la provincia, haciendo especial hincapié, en que se inste a los intendentes y presidentes comunales a que actúen en defensa de los intereses de los derechos de sus trabajadores, a través del blanqueo de los mismos.

En igual sentido se planteó a los legisladores provinciales el compromiso y la responsabilidad de que el ajuste no lo sigan pagando los sectores obreros, sino los financieros, las cerealeras, y multinacionales exportadoras; es decir que se concrete lo señalado por el propio Gobernador Maximiliano Pullaro con respecto a cobrarle a los sectores que más tienen, a los más ricos, y no que el ajuste impacte en el pueblo, como viene ocurriendo hasta ahora.

Las consecuencias de las políticas aplicadas por el Presidente Javier Milei fueron parte sustancial de las deliberaciones, donde se resaltó el precio de los alimentos y medicamentos, la suba de las tarifas, que están haciendo imposible que un trabajador llegue a fin de mes, y en donde lo que perciben, en una gran mayoría de los casos, se encuentra debajo de la línea de pobreza.

Es por ello que FESTRAM - integrante de la Corriente Federal de Trabajadores- se sumará a la movilización convocada por la CGT para el día 1 de mayo y ratifica su adhesión al paro de 24 horas decretado, por esta central sindical, para el día nueve del mismo mes.

Por último, se facultó a la mesa de representantes paritarios para debatir con intendentes y presidentes comunales una propuesta salarial y disponer las medidas pertinentes, en caso de no arribar a un consenso; evaluándose la posibilidad concreta de un acuerdo mes a mes y sobre la base de lo percibido en el mes de marzo.

El presidente Javier Milei aseguró que su Gobierno está llevando adelante el ajuste fiscal "más grande de la historia de la humanidad", y que la sociedad mantiene la "esperanza" a pesar de los recortes que está realizando el Ejecutivo. "Nosotros estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Encontramos con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central.

Llevamos un ajuste de 6 puntos en el tesoro y 6 en el Banco Central, lo que equivale a un ajuste de 12 puntos del PBI, y eso se hizo en tres meses. No existe registro histórico de eso", aseguró Milei durante su presentación en AynRandCon 2024.

En este sentido, el jefe de Estado dijo que es "bastante agresivo" el accionar de los medios de comunicación, ya que muestran al Gobierno como "un error o como gente enojada".

"Todos deberían hacer autocrítica y darse cuenta que se equivocaron y que tienen que cambiar el modelo y que en lugar de tratar de estar todo el tiempo basureándonos, tendrían que tratar de ser más respetuosos y entender qué es lo que le está pasando a la gente. Si la gente no entendiera cómo va a aumentar mi popularidad en el medio del ajuste", consideró el mandatario.

En tanto, Milei se mostró optimista respecto del futuro económico más allá de la crisis actual. "El tipo de cambio paralelo está igual a lo que el oficial. No solo eso, sino que además el riesgo país perforó los 1300 puntos, viniendo desde 2900".

"Los bonos pasaron de $18 a $54. Las acciones de argentinos volaron literalmente. Es decir, todos los indicadores a futuro muestran que vamos a estar mejor", consideró el Presidente.

Con relación a la perspectiva de la sociedad respecto de la sociedad respecto del Gobierno, el mandatario aseguró que la gente "está cada vez más compenetrada. Cuando uno ve la palabra más importante y que más resuena entre la gente es esperanza".

"Hoy tengo la misma imagen de cuando asumí. Digamos que es siempre el momento de mejor imagen que tiene un político. Si hoy fuera el balotaje, ganaríamos 58 a 42", sostuvo el mandatario nacional.

En esa línea, Milei también se refirió a la escalada inflacionaria y dijo que "el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación" .

"La realidad es que la evidencia empírica muestra que para bajar la tasa de inflación necesitás entre 18 y 24 meses. La convertibilidad, que fue el programa más exitoso de la historia argentina, tardó 20 meses", recordó.

Por otra parte, aprovechó para tirar dardos a la oposición en el Congreso luego de los traspiés que sufrieron el DNU y la Ley Ómnibus.

"A mí no me importa lo que haga el Senado o lo que haga la Cámara de Diputados. Nosotros gobernamos con una política que no acompaña, nosotros gobernamos con una política que pone palos en la rueda", criticó.

Y agregó: "A pesar de todo eso, lo estamos logrando, porque las ideas de la libertad son más fuertes, son más fuertes que la maldita casta política y por eso no nos pueden parar".

Para finalizar, sostuvo que si "todas esas reformas estructurales estuvieran vigentes Argentina en el ranking de libertad económica mejoraría 90 puestos. Es decir, Argentina pasaría a parecerse a Alemania".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno que encabeza Javier Milei trabaja en la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases, y aclaró que no será retroactivo.

"Vamos a incrementar la propuesta del piso de ganancias, lo está terminando de analizar el ministro de Economía a ver cómo impacta en la ley y del difícil cero", planteó Francos en una entrevista al programa "Si Pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia. Asimismo, agregó: "Seguramente, el piso va a estar entre 1,2 y 2 millones, y las escalas se darán de manera progresiva".

Tras los debates surgidos sobre la posibilidad de cobrar de manera retroactiva el tributo durante los meses en los que se eximió del pago, Francos puntualizó que la ley tendrá un artículo que establecerá que "no es retroactivo al primer cuatrimestre del año".

"El decreto del ministro de Economía, Sergio Massa, cuando exime del Impuesto a las Ganancias le dice a los agentes de retención que no retengan el impuesto a los trabajadores en relación de dependencia y después se sancionó la ley. Cuando eso sucede, no se tiene en cuenta que eso se exime a partir del año 2024, entonces quedó pendiente el último trimestre del 2023. Es lo que vamos a resolver", reveló el funcionario nacional.

Por su parte, aseguró que está todo dado para la sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados y destacó los acuerdos con los gobernadores. Además, planteó que el apoyo de las distintas fuerzas al proyecto será leído como "una señal que va a permitir el flujo de inversiones".

Con la intención de debatir en comisiones la ley de desregulación económica a finales de abril, Francos confesó que la administración libertaria sigue de cerca las posturas de cada uno de los legisladores.

"Queremos saber exactamente cual va a ser la posición de las distintos legisladores sobre la ley. La primera ley, que era más compleja, generaba algunas diferencia en algunos puntos, ahora condensamos los temas más importantes. Sobre esos puntos, hemos conversado con legisladores y gobernadores que hay apoyo importante", concluyó.

"Beneficia a unos pocos"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego como "un sistema que beneficia a unos pocos" y aseguró que generó "una serie de derechos adquiridos que son muy complejos de volver atrás".

En una entrevista al programa "Si Pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Francos planteó: "Hay una situación de tensión por los beneficios del régimen con otros gobernadores que en algún momento deberemos resolver. No tenemos las mayorías parlamentarias, pero vamos a intentarlo".

Según precisó, el presidente Javier Milei "sabe que es una situación de privilegio que hay que reencauzar de alguna manera", aunque aclaró que no puede resolverse por decreto sino que requiere de consenso parlamentario.

"No puede resolverse de inmediato", se escudó respecto a los beneficios impositivos establecidos desde 1972, concentrados básicamente en la producción de teléfonos celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, que gozan con ventajas como la exención de IVA, de Ganancias y la no imposición de aranceles a insumos importados.

A pesar de que el mandatario supo precisar que el régimen prorrogado hasta 2028 "no se toca porque hay derechos adquiridos", su ministro admitió que hay voluntad de corregir las asimetrías respecto a otras provincias. .

"Si se quita esa fuente de trabajo tal vez hay gente que se queda afuera del sistema. En Tierra del Fuego se busca proteger las islas, es un lugar importante geopolíticamente para el país, que hay que protegerlo, pero tal vez el mecanismo para la protección no es el más adecuado", puntualizó Francos respecto al régimen.

I

Es muy difícil, por no decir imposible, diferenciar la personalidad del personaje. Si esto vale en general, vale con particular intensidad en el campo de la política, y ni hablar si el personaje en cuestión se llama, por ejemplo, Javier Milei. Insisto en este último aspecto, porque por las modalidades de la llegada a la presidencia del líder anarcocapitalista, los rasgos de su personalidad para mal o para bien son decisivos.

Por lo general los presidentes marcan con su personalidad los tonos de su gestión. Este principio vale para Milei más que para cualquier otro presidente. Y vale para Milei por su condición de outsider, es decir, de un político forjado al margen de las tradiciones partidarias clásicas, pero sobre todo porque, convengamos, su personalidad exhibe detalles, rasgos que en el más suave de los casos merecen calificarse de excéntricos cuando no de extravagantes. Analistas, políticos y periodistas se esfuerzan para distinguir la persona de sus actos oficiales. El principio sería "juzgarlo a Milei por lo que hace y no por lo que dice". Sus exabruptos, sus vulgaridades, su agresividad, no afectarían su gestión y, en más de un caso, solo llegarían a ser detalles anecdóticos que impiden observar con nitidez lo importante, es decir, su lucha contra la inflación y el déficit fiscal, además de sus ataques a la corrupción del "antiguo régimen", e incluso su decisionismo, como, por ejemplo, ordenarle a Martín Menem y Victoria Villarruel que no habiliten el aumento a los legisladores, una decisión que significa un atropello al Congreso, más allá de que se invoque una causa justa o que el Congreso esté merecidamente desprestigiado. Una vez más recuerdo: al poder hay que limitarlo; sin olvidar sus astucias, es decir, ese talento que dispone para expandirse en nombre de causas justas hasta el momento en que, con el mismo desparpajo e impunidad empieza a barrer con todo.

II

Milei hoy disfruta de su luna de miel con el poder. Sus arrebatos, sus desequilibrios emocionales son mirados con simpatía o consentidos con cierta resignación, pero la experiencia me ha enseñado mucho acerca de la volubilidad de la opinión pública y la rapidez con la que condena aquello que hasta ayer aplaudió. ¿Qué puede demorar o detener esa reacción? Los resultados. Así de materialista y rapaz es la vida.

En su momento Menem fundó algo así como una estética presidencial que incluía tilinguería, cholulismo, vulgaridad, exhibicionismo ramplón. Y esa estética fue exitosa porque no solo muchos se reconocieron en ella, sino, y en primer lugar, porque la Convertibilidad funcionaba.

En 1995 nadie ignoraba que Menem era el presidente más corrupto del siglo veinte, pero ello no impidió que ganara las elecciones con millones de votos porque, bueno es saberlo, la corrupción y el cualunquismo indignan a muchos, son motivos de largas tertulias en mesa de café o en sobremesas de amigos después de un asado dominguero, pero a la hora de la verdad pareciera que debemos admitir que la gente vota con el bolsillo, y si esa víscera anda bien, las peculiaridades pintorescas de un presidente o sus rasgos detestables no importan demasiado a la hora de emitir el voto.

III

A Milei, a diferencia de Menem, le falta obtener resultados. Nada más y nada menos. A su manera, él mismo lo dijo: "Lo que diferencia la locura de la genialidad es el éxito". Pues bien, el "éxito" por ahora es una materia a aprobar. O loco o genio. Así están planteadas las cosas.

Pareciera que a Milei le gusta que la moneda en el aire incluya esas posibilidades. Habría que preguntarse si los argentinos también estamos dispuestos a palpitar los caprichos del azar, cuando sabemos que las consecuencias de esos caprichos nos pueden salir muy caros. Por ahora el hombre mantiene los niveles de adhesión que lo llevaron a la presidencia. Por ahora.

La macroeconomía pareciera que lentamente empieza a ponerse en orden, pero las vicisitudes de la microeconomía, es decir, aquella materia con lo que los ciudadanos y consumidores tenemos que lidiar todos los días, son cada vez más duras. Duras y en algunos casos impiadosas.

Milei dispone de algunas ventajas con relación a Macri: dijo de entrada que no había plata y pintó con los tonos más sombríos la herencia dejada por el peronismo; cuando Macri asumió el poder el kirchnerismo se sentía entero y dispuesto a librar una épica populista para terminar lo más rápido posible con el "régimen usurpador"; hoy está en ruinas, su jefa corre el riesgo de ser definitivamente condenada y, además, no se les ocurre una idea para superar el desafío de Milei.

IV

La pregunta del millón es cuánto están dispuestos a soportar los argentinos los rigores del ajuste o, si será posible que los supuestos beneficios del derrame que provocaría una economía capitalista en expansión lleguen antes de que las amplias clases medias y los sectores populares se consideren estafados por Milei.

Hoy el termómetro del humor popular es el supermercado. Allí donde la gente va inevitablemente (se puede prescindir de todo menos de los alimentos), se libra la batalla sorda entre los que consideran que sí se debe o no soportar que mientras los precios se han ido a las nubes sus sueldos son los mismos. Todos nos hemos achicado. Compramos menos y compramos más barato; salimos menos a cenar y reducimos los gastos de vacaciones o fines de semana largos. Para los veteranos, nada nuevo bajo el sol. Yo era un purrete cuando los escuchaba a mis padres renegar por la consigna "hay que pasar el invierno", y era un adolescente cuando nos dijeron que había que "ajustarse el cinto", y ya era un boludo grande cuando un periodista entonces famoso nos aseguraba que "estábamos mal pero íbamos bien".

Digamos que, para verle el lado positivo a la cosa, a estas recetas ya la hemos probado y de ella podemos decir muchas cosas menos de que sean agradables. Al ajuste cada uno lo hacemos de acuerdo con nuestros ingresos, pero lo hacemos porque no nos han dejado otra alternativa o porque nos han convencido de que es necesario hacerlo porque "la luz está al final del camino". Después están aquellos para quienes el ajuste incluye desempleo, inseguridad o incerteza acerca de si se podrán acercar un plato de comida a la mesa esta noche. Al ajuste, como siempre, lo pagamos la clase media y los jubilados.

No quiero ser dramático, ni desconozco que no se le puede exigir a un gobierno que resuelva en cien días lo que algunos vienen destrozando desde hace por lo menos veinte años. No quiero ser dramático y estoy dispuesto a admitir que algunas iniciativas o denuncias de Milei son justas, entre otras cosas porque ha ventilado negociados y estercoleros que todos sabían que existían pero nadie parecía dispuesto a ponerle fin. No quiero ser dramático, pero lo que insisten en su condición de dramáticos, y a veces de trágicos, son las cuentas de la luz, el agua y el gas; o los precios de los artículos de primera necesidad en las góndolas de los supermercados. Admito que sigo dispuesto a responsabilizar a las gestiones peronistas del actual desastre, pero... ¿saben qué?, ya me estoy cansando de practicar esta gimnasia retórica, no porque no sea verdadera, sino porque a la hora de resolver los problemas actuales sirve cada vez menos.

Milei hoy disfruta de su luna de miel con el poder. Sus arrebatos, sus desequilibrios emocionales son mirados con simpatía o consentidos con cierta resignación, pero la experiencia me ha enseñado mucho acerca de la volubilidad de la opinión pública y la rapidez con la que condena aquello que hasta ayer aplaudió.

El dato entusiasma al gobierno, y en especial al presidente Javier Milei, quien volvió a señalar que el país está "a nada" de poder dolarizar la economía, su principal propuesta en la campaña electoral, que atrajo los votos de los jóvenes y de sectores que vivieron el plan de convertibilidad, el período de estabilidad económica más extenso desde el retorno de la democracia en 1983.

Milei afirmó que su Gobierno está "a nada" de poder llevar a cabo la dolarización: "Cada vez estamos más cerca de poder dolarizar. Tenemos acumulados cerca de 7.000 millones de dólares de reservas y la base monetaria son 7.000, 8.000 millones de dólares. O sea, estamos a nada", subrayó el mandatario.

Igual, admitió que no cree que sea posible concretar la medida este año: "Demanda un poco más de tiempo, porque hay que hacer reformas en el sistema financiero para que sea apto para un sistema dolarizado. Pero estamos muy cerca".

"La base monetaria en pesos sigue siendo la misma, pero los dólares que la respaldan son cada vez más grandes", destacó Milei.

El Banco Central hizo el viernes una de las más importantes compras de reservas al quedarse con otros US$ 167 millones, tras una rueda de mayor volumen de negocios, ante liquidaciones que se anticiparon tomando en cuenta el fin de semana extra largo.

La autoridad monetaria se quedó con el 45,6% de los US$ 366,6 millones transados de contado en la jornada para totalizar compras por US$ 607 millones en la semana (50% más que en la previa) y elevar a US$ 770 millones el total comprado en lo que va de febrero, hasta los US$ 6.939 millones lo sumado desde el cambio de Gobierno.

Los datos del BCRA muestran que con este ritmo de actualización el tipo de cambio real multilateral cayó del "pico" superior a los 162 puntos alcanzado tras la última y fuerte devaluación, hasta los 120 puntos, es decir, cerca de un 26% en poco menos de dos meses.

Con la nueva compra, las reservas brutas o totales del BCRA crecieron en US$ 63 millones, al cerrar la jornada en US$ 26.509 millones, según datos preliminares.

El sector agroindustrial alcanzaría la segunda mejor cosecha de la historia argentina, hecho que podría redundar en un millonario ingreso de dólares para el país. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de granos durante el ciclo 2023-24 rondaría los 137 millones de toneladas apoyada en la recuperación climática tras las últimas tres sequías. Esto generaría ventas al exterior por unos 35.800 millones de dólares. A su vez, a las reservas del Banco Central ingresarían unos US$10.000 millones de dólares.

En tanto, se calcula que sus reservas netas, tras el ingreso de los desembolsos del FMI, si bien se mantienen en terreno negativo, se ubican en torno a los $4 000 millones, luego de terminar por encima de los US$ 10.000 millones en el gobierno anterior.

La duda del mercado está puesta en el impacto que sobre la capacidad de compra mostrada hasta ahora (adquirió unos US$158 millones por rueda en las últimas 44 jornadas) tendrá la habilitación de más demanda importadora. A favor del Banco Central, hacia marzo-abril comenzarán a entrar los dólares de una cosecha muy positiva.

El ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aseguró que "el plan del Gobierno no es para bajar la inflación", sino para dolarizar, al tiempo que remarcó que la "motosierra" del presidente Javier Milei "apunta a los jubilados, a la clase media y a los trabajadores informales, no a la casta".

Martín Guzmán, ex ministro de Economía de la Nación.

Guzmán se refirió a los principales ejes de la política económica de Javier Milei, durante una entrevista que concedió a una radio porteña. El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández sostuvo que "para ordenar la Argentina necesitamos un proceso de cohesión desde una conducción política que apunte a mejorar la vida de la gente".

A sólo días de conocer el índice de inflación de enero, Guzmán habló del valor de la recuperación de la cosecha: "Va a ser menor que el que pronostica el Gobierno porque los precios de los commodities están bajando". "Lo próximo en la Argentina va a ser la coherencia porque hemos probado con todo, pero lo único que no se intentó es la coherencia", remarcó el economista. Además, hizo referencia a la necesidad de revalorizar espacios en la política y agregó que para lograrlo se "requiere cierto nivel de recambio".

En esta línea consideró que el DNU apunta a "transferir los recursos de unas manos a otras". Sin embargo esa no fue la única medida que cuestionó, sino que al explayarse sobre el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), dijo que "es un engaño que construye un gran problema a futuro".

Para concluir y con respecto a la situación de la Argentina, Guzmán explicó que si bien las regulaciones son excesivas y necesitan mejorar, "no significa que haya que desregular todo" y agregó: "Hay cosas que realmente no funcionaban, pero vamos a un esquema que no va a resolver la macro". "No creo que no la vean, no creo que no sepan lo que están haciendo", finalizó el ex funcionario.

El gasto nacional de enero revela la magnitud y morfología del ajuste de la administración de Javier Milei. En el rubro de jubilaciones y pensiones ejecutó presupuestariamente 32,8% menos que en el mismo mes de 2022 a valores reales; en asignaciones familiares la caída fue del 32,5%; en programas sociales 59,6%; en gastos en personal 18%; en transferencias a provincias 53,3%; en transferencias a universidades 16,5% y en gastos de capital (básicamente obras públicas) 75,6%.

Los datos surgen del valioso informe que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución presupuestaria y en base a datos oficiales. "Durante el mes de enero de 2024, los ingresos de la Administración Nacional totalizaron $5.664.109 millones, mostrando una caída de 1,3% en términos reales respecto a igual período del año anterior", detalla el organismo que asesora a los legisladores nacionales.

No necesitó Milei de la motosierra. La inflación hizo la mayor parte del trabajo al licuar el valor de cada peso que reciben los destinatarios del presupuesto nacional.

El organismo a cargo de Gabriel Esterelles ratificó un anticipo de Luis Caputo. Incluso con menores recursos, el gobierno central logró un superávit financiero de 0,2% del PBI, a un costo social y territorial alto más allá de los "recortes por corrupción" que puedan justificarse en casos como los de 9 mil planes sociales detectados por la justicia a favor de empleados públicos.

Los números explican la tensión política y la incertidumbre sobre la tolerancia social al ajuste. Al tablero de la administración central hay que añadirle que el Impuesto al Valor Agregado creció 13,1% interanual en el primer mes del año, lo que supone inferir que la inflación mejoró la recaudación más de lo que le restó la recesión.

En la "caja" de MIlei y Caputo entraron $391,4 mil millones del impuesto País -411,6% más que en enero de 2023- y $606,4 mil millones por derechos de exportación. Son cifras que "embolsa" la administración central, mientras que Ganancias (la rebaja fue en sintonía con la financiación de la campaña de Sergio Massa) cayó 40,3% en su volumen a valores reales. Es plata que dejó de coparticiparse a las provincias.

Si la presidencia de Milei fue votada para recortar gastos de un país inviable, el Congreso opositor tiene mandato de representar sectores sociales y porciones territoriales cuyas necesidades no son menos imperiosas. Es un dilema: no hay país sin ajuste, como tampoco hay ajuste sin país.

Es en esa tensión donde se dirime -en el corto plazo- si el éxito de la baja de inflación producto del ajuste fiscal, llegará antes que las angustias políticas y sociales interpelen de manera liminar al presidente Milei.

Los números señalan que los gastos primarios sumaron $3.111.184 millones, lo cual implica una caída de 30,8% en términos reales. Con excepción de los subsidios al transporte (que crecieron 144,9% año contra año).

La OPC destaca que "todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual, siendo las más significativas las observadas en los gastos de capital (-75,6% a/a), programas sociales (-59,6% a/a), transferencias corrientes a provincias (-53,3% a/a), jubilaciones y pensiones (-32,5% a/a), gastos en personal (-18,0% a/a), asignaciones familiares (-17,7% a/a) y transferencias a universidades (-16,5% a/a)".

Un informe del Ieral/Fundación Mediterránea revela que, si bien Santa Fe no está entre las provincias más vulnerables al "ajuste" nacional de Javier Milei a las provincias, la Casa Gris tuvo en el primer semestre de 2023, en las transferencias automáticas nacionales de coparticipación federal, el 60,4% de sus ingresos totales.

El análisis que firman los economistas Marcelo Capello y Valentina Gallardo revela una baja exposición santafesina a las denominadas "transferencias discrecionales" -representaron sólo 5% de los recursos enviados por Casa Rosada- pero una mayor vulnerabilidad a las transferencias automáticas, que representan 95% de los recursos del gobierno central a la Casa Gris.

Mientras Guillermo Francos, ministro del Interior, propone un nuevo pacto fiscal con provincias en procura del equilibrio que evite déficit, emisión y más inflación, por el lado de las provincias siguen añorando el recorte de Ganancias, que supone una baja equivalente al 0,48% del PBI en el reparto de recursos automáticos. Es parte de la pulseada abierta en las negociaciones por la ley de "Bases".

Los gremios que apoyaron aquél recorte de la gestión de Sergio Massa en medio de su fallida campaña presidencial, son los que hoy escuchan al gobierno de Maximiliano Pullaro una oferta salarial de paritarias que no exceda lo que se recauda. Y eso está acotado por la medida que se adoptó en la administración del Frente de Todos.

Por lo demás, está claro que el rubro salarial no es la única obligación de la administración santafesina, ya agobiada por un rojo previsional para ex agentes públicos de unos $173 mil millones -que financian todos los santafesinos- y sin contar la necesidad de gastos en obras públicas, salud o educación.

El Ieral estimó que "la reforma al impuesto a las ganancias ocurrida a mediados de septiembre del año pasado, al calor del proceso electoral, horadó los ingresos tributarios nacionales en 0,19% del PIB en el último trimestre de 2023 y lo haría por 0,83% del PIB, si no hay reversión, durante todo el año 2024. Dado que se trata de un impuesto coparticipable, la reforma también significó una caída de recursos para las provincias por 0,11% del PIB en 2023 y lo haría por 0,48% del PIB en 2024.

"Por su parte -advierten los autores- si como consecuencia de la actual recesión cae adicionalmente la recaudación de otros impuestos nacionales, ello también afectará negativamente los ingresos provinciales, cuando se trata de impuestos nacionales coparticipables. Como consecuencia de la caída en la recaudación del impuesto a las ganancias y de otros impuestos coparticipables a provincias, las provincias más expuestas en este sentido son aquellas cuyos ingresos dependen en mayor medida de las transferencias automáticas de Nación (por coparticipación y otras leyes especiales de distribución)".

El análisis revela que las provincias más vulnerables a la caída en las transferencias automáticas de la Nación "claramente aquellas cuyos ingresos dependen en mayor medida de dicho tipo de transferencias. Aquí aparecen encabezando el ranking Formosa y Corrientes, con 80% de sus ingresos totales, seguidas por Santiago del Estero (77%), La Rioja (76%) y Jujuy, Chaco y Catamarca (74%). En el otro extremo, las menos dependientes de dichos envíos son CABA (10%), Neuquén (22%) y Chubut (40%)".

"Aquellas provincias en que el Gasto en Personal se lleva mayor porción de sus Ingresos corrientes, tendrán poca flexibilidad para enfrentar situaciones de caída de ingresos y estrés fiscal", advierte el informe del Ieral. Santa Fe "gastó" en el rubro personal (salarios) el 51,5% de sus ingresos corrientes en el primer semestre de 2023. Con menos ingresos por Ganancias o por otras recaudaciones (Iva coparticipable, Ingresos Brutos en el caso de recursos propios) la flexibilidad paritaria de 2024 en Santa Fe es más que escasa, y dependerá de la evolución de ingresos, incluido el eventual "pacto fiscal" que propone Francos.

El Impuesto País no se coparticipa

Iaraf reveló que "luego del fuerte aumento de la carga tributaria del impuesto PAIS de fines de julio, cuando comenzó a gravar la compra de algunos bienes y servicios importados con una alícuota del 7,5%, la recaudación del tributo se disparó. En agosto de 2023 aumentó un 187% en términos reales respecto al mes previo.

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"A días de la asunción del nuevo gobierno, la alícuota sobre bienes y servicios importados se elevó hasta el 17,5%. Como resultado, la recaudación del tributo en enero aumentó 25,4% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubica en un máximo real".

Son $469 mil millones recaudados en enero, todo para la Casa Rosada. No es casual que los gobernadores intentaran ser parte de ese recurso, ni que Francos lo haya desmentido. Ayer quedó en claro que el compromiso del gobierno de Milei ante el FMI es eliminar el cepo este año; no puede subsistir ese impuesto en un mercado cambiario libre. El nuevo pacto fiscal supondrá el retorno de la cuarta categoría de Ganancias o alguna "alternativa" (aumento del impuesto al cheque), según evolucionen las negociaciones.

Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, enero registró una significativa caída real de la recaudación tributaria nacional, que en cálculos preliminares habría descendido un 3,6% en enero respecto al mismo periodo del año anterior. "Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual habría sido del -15,5%", advierte el centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz. Un dato no menor si se tiene en cuenta que el comercio exterior no coparticipa, por lo que la mayor caída impactará en la coparticipación a provincias.

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, señaló al Gobierno Nacional como responsable de la necesidad de implementar medidas extremas para enfrentar la difícil situación financiera en su jurisdicción. La controversia gira en torno a la aprobación de una cuasimoneda que permitiría a La Rioja hacer frente a las deudas y salarios de los empleados estatales, en un contexto en el que el ajuste gubernamental dejó tensiones y críticas.

Quintela expresó su preocupación por lo que describe como "la crueldad del ajuste" implementado por el Gobierno central, alegando que esto dejó a su administración sin otra opción más que impulsar la creación de una cuasimoneda. En declaraciones a Radio 10, el mandatario provincial destacó que el rápido deterioro de la situación económica llevó a que los ciudadanos no lleguen a fin de mes cuando van a cobrar sus salarios, generando un malestar generalizado.

"El gobierno nacional obliga a esto por la crueldad del ajuste que precipitó en 20 días. Esto generó que cuando la gente fue a cobrar el salario, ya no llegó a fin de mes", afirmó Quintela, subrayando la urgencia de la situación que enfrenta su provincia. Además, el gobernador sugirió que podría haber un plan deliberado por parte del Ejecutivo nacional para desestabilizar a los gobiernos provinciales, lo cual agrega una dimensión política a la crisis económica.

La Rioja busca convertirse en la primera provincia argentina en emitir su propia moneda como una medida para paliar la falta de recursos en medio de la crisis. Quintela recordó que la provincia ya había tomado medidas similares en el pasado, mencionando la emisión de una moneda propia durante la gestión del expresidente Carlos Menem y en el año 2001, durante otra crisis económica.

El proyecto presentado por Quintela a la Legislatura local busca la autorización para emitir $15.000 millones en cuasimonedas, las cuales llevarán el nombre de "Bocade". Estos bonos tendrán como objetivo principal cancelar deudas y salarios de funcionarios públicos. El gobernador dejó claro que la provincia no ha solicitado el respaldo financiero del Gobierno Nacional, sugiriendo una falta de apoyo en medio de las dificultades financieras.

"Hoy convoqué a sesiones extraordinarias y envié un proyecto de ley para que me den instrumentos financieros, ya sea virtual o físico, para poder echar mano, de ser necesario, ante el abandono de Nación con la provincia de La Rioja", aseguró el mandatario en declaraciones radiales, destacando la necesidad de obtener herramientas para enfrentar la crisis sin depender exclusivamente del respaldo nacional.

“Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, escribió el presidente Javier Milei en la red social X (ex Twitter). Allí advirtió que “a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.

Pablo Olivares se define como parte del equipo de "un gobernador que tenía la decisión de ejecutar la acción desde el primer día de gobierno", pero no sin plan. Explica que el diagnóstico fue realizado "mucho antes de asumir" el pasado 10 de diciembre, y que "los logísticos de cada área se reunieron desde 45 días previos" a esa fecha, para coordinar la tarea.

"Llegamos a la Casa de Gobierno en un diciembre caliente, con un compromiso muy fuerte en el que pudimos incluso hacer frente a desafíos climáticos que nos pusieron a prueba", dijo el ministro de Economía en diálogo con El Litoral, en referencia a los diluvios en Reconquista y Vera.

El despacho circular del primer piso, en la esquina Este de la Casa Gris, aún no tiene cuadros colgados, a excepción de una pequeña imagen del Brigadier López que eligió personalmente. Olivares se declara admirador de Fray Luis Beltrán pero teme que -en estos tiempos- la imagen de un religioso no sea bien vista en una "pared laica". Sin embargo no oculta sus conocimientos del hombre que le procuró a San Martín la logística para cruzar pertrechos, armamento pesado y alimentos para el ejército de Los Andes.

"Contamos con un Presupuesto y la colaboración de la gestión saliente, más la ley tributaria", reseña. Aprendió en la Universidad con Miguel Asensio, un ex ministro peronista; trabajó junto a Angel Sciara y Gonzalo Saglione, otro dos en la lista de quienes lo precedieron, en gobiernos del Frente Progresista. No llegó improvisado al cargo que lo desafía, en una Argentina en crisis.

- El Indec informó 25,5% de inflación en diciembre. ¿Cómo impacta eso en las cuentas provinciales, con una última instancia para la cláusula gatillo?

- La preocupación es la aceleración inflacionaria. Si se desacelera es una cosa, el tema es cómo seguimos si eso no sucede. El presidente planteó en su momento que la inflación iba a estar en un 30% mensual; lo que estamos mirando es cómo van a seguir los siguientes meses. En los recursos de la provincia, si medís diciembre 2023 interanual con diciembre de 2022, hay un 19% de caída en términos reales, contabilizando todos los recursos. Los nacionales cayeron más que los provinciales.

- En los recursos propios de la provincia, Ingresos Brutos es hoy el 88%, y su nominalidad se incrementa con la inflación. ¿Impacta más esa suba o la baja por recesión?

- Es mucho más nociva la recesión. La inflación hace que los recursos la puedan ir siguiendo, aunque siempre desde atrás. Si te referís sólo a recursos provinciales, Ingresos Brutos representan un 80%. El otro 20% son en su mayoría impuestos de emisión (patente, inmobiliario) y allí tenés un aumento interanual muchísimo menor.

- En los impuestos de emisión se juegan más los ingresos de municipios y comunas.

- Están más afectados en el escenario inflacionario en la parte coparticipable: tienen un 95% de patentes y 60% de inmobiliario. Eso más un 13,4% de Ingresos Brutos y de coparticipación federal.

- El presupuesto aprobado es de unos $4,8 billones; Walter Agosto dijo en el recinto de Diputados que la inflación anualizada le iba a agregar $3 billones a los recursos.

- No sé con qué inflación habrá dicho esos cálculos.

- El Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central de la República Argentina señala un 201% en 2024.

- Hay que recordar que no formulé el presupuesto. Si se entiende que habrá más recursos poco después de haberse enviado a la Legislatura el presupuesto, no me queda mucho por decir.

- En caso de que se verifique el mayor ingreso no presupuestado, ¿con qué criterio y discrecionalidad el Poder Ejecutivo decidirá su destino?

- Por lo menos desde 2004 hasta hoy, todos los presupuestos han tenido recursos por encima de las estimaciones, por efecto de una inflación mayor a la que estaba prevista. Y siempre ha habido reglas por las cuales esos mayores recursos se tienen que asignar. Está en el presupuesto: hay una parte que tiene que ir a municipios y comunas y ahí no hay discreción para el Ejecutivo. Hay un componente estructural tan fuerte en el gasto de la provincia que, en definitiva, la discreción no es tal. Se incrementan los gastos de educación, de salud y de seguridad.

- Ya lo dijo Pullaro de alguna manera. Pero los gremios, entonces, no pueden especular con la eventualidad de más ingresos.

- Lo que el gobernador planteó es un objetivo claro de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, en el marco de las posibilidades. Asumimos en una provincia con déficit y con una tendencia que se sostiene en ese sentido. Los cambios en el Impuesto a las Ganancias desde el gobierno central, le restan a Santa Fe el equivalente a una masa salarial -presupuestada en unos $140 mil millones- y el anunciado recorte de transferencias no automáticas resta casi una masa salarial más. Las posibilidades son hoy las de trabajar más sobre la eficiencia en el gasto que sobre los recursos.

- El Poder Ejecutivo tiene autorización para tomar deuda; hoy las tasas son negativas respecto de la inflación. ¿Conviene el crédito?

- Conviene tomar crédito para invertir. Para gasto corriente en principio no lo hemos necesitado y la lógica de la eficiencia apunta en ese sentido. Se puede recurrir a una emisión de letras como las que Santa Fe tiene autorizadas -a 60, 90, 180 días- para estabilizar determinadas cuestiones de caja, porque el Estado no recauda cada mes una doceava parte del presupuesto. Por ejemplo, en abril y mayo hay mayor recaudación por el impacto del impuesto a las Ganancias, y hay meses como enero que son de bajos ingresos.

- Entonces la prioridad del crédito es la infraestructura.

- Está la posibilidad de tomar deuda por $50 mil millones con ese destino, aunque no es lo mismo esa cifra cuando se armó el presupuesto en octubre, con lo que van a ser cuando se ejecute. Está el financiamiento en camino para el acueducto biprovincial y el despliegue -compitiendo con otras provincias- en la búsqueda de financiamiento para proyectos. El diferencial es la capacidad productiva de la provincia y el historial de largo plazo, de cumplimientos de sus compromisos. Santa Fe es hoy la única provincia que no defaulteó ni reestructuró su deuda.

- La deuda flotante, ¿de cuánto es y cómo se está gestionando?

- El corte de la deuda flotante, el dato, se está terminando de elaborar. Va a estar en el orden de lo que preveíamos: $300 mil millones. La idea es comenzar a atenderla para tratar que la obra pública no se resienta. Se han pagado los certificados de septiembre y la próxima semana los de octubre. Nuestro objetivo es acercarnos a la normalización lo antes posible. Ha habido muchos compromisos en instancia administrativa que no estaban contabilizados, como por ejemplo el Plan Incluir, Fondos de Obras Menores no asentados contablemente. La Dirección de Vialidad -por contratos de mantenimiento de caminos y desmalezados- tenía deudas desde octubre de 2021 con municipios y comunas, de los cuales ya hemos cancelado 9 meses.

- ¿Santa Fe va a tener un año de ajuste fiscal?

- Va a tener un año en el que la macroeconomía va a generar un estrés o una tensión muy fuerte. Nosotros preferimos evitar el concepto de ajuste, porque el ajuste significa achicar los volúmenes del gasto y achicar el volumen de las prestaciones. Decir que uno va a poder incrementar gastos en una economía con recesión e inflación, es ser demagogo. Pero uno puede trabajar para que, con eficiencia, las prestaciones no se vean resentidas. Es el foco que se ha puesto al arrancar la paritaria docente: las posibilidades de poder recomponer salarios dependen más de las eficiencias que de los recursos, porque estamos en un año con la macroeconomía mala. Por lo menos en los primeros seis meses.

"Innegociable"

"Hay un primer plan del ministerio de Seguridad: se volcaron recursos para poner en operación vehículos reparables, para cambiar cubiertas. La inversión en seguridad es una de las prioridades del gobernador; no es negociable sea cual sea la coyuntura. Se hizo un incremento de 150% de las horas extraordinarias. Sobre cualquier otra demanda del Estado provincial, el mandato del gobernador es la seguridad. Es innegociable", insistió Olivares.

Sobre el impacto en la suba de retenciones a harinas y aceite de soja y maíz, que la cadena agroindustrial descarga sobre el bolsillo de productores santafesinos y de la economía provincial, OIivares apuntó que "hay una diagnóstico que justamente me aportaban en mi equipo.

"Cuando uno mira el proyecto de ley ómnibus -advirtió- nota un efecto intra federal muy grande, más allá del análisis sobre el centralismo. Hay un claro beneficio a actividades extractivas, hidrocarburíferas y mineras, y perjuicio a actividades transformadoras, desde cualquier manual de economía, es algo que va contra el sentido".

Añadió que "por otro lado agranda el problema del federalismo fiscal. De cada 100 pesos que aportan los santafesinos a la jurisdicción nacional, vuelven 57 pesos entre coparticipación y gastos del gobierno central en el territorio. Cuando se incrementan las retenciones eso se agrava.

"Además está el tema de las divisas: uno de cada cuatro a cinco dólares de exportación se generan en Santa Fe mientras nuestras industrias padecen el cepo del Banco Central a la hora de importar insumos para producir. Creo que en algún momento se tiene que tener en cuenta que se le restan recursos a una provincia que empuja al país. Eso mientras se favorece al que extrae. Hay que dar esa discusión desde una provincia que siempre ha sido colaborativa y pacífica".

El ministro apuntó que, además, para que esos dólares se generen en favor del país, "por los puertos de Santa Fe sale uno de cada tres dólares de exportación. A costa de soportar congestiones urbanas, el consumo de la inversión en rutas y otros servicios que tiene que prestar como costos de coordinación de campañas. Son servicios que Santa Fe aporta el país y nadie los está midiendo".

Olivares reconoció la "deferencia" de Osvaldo Giordano -titular de la Anses- de haber recibido al secretario de Seguridad Social y al ministro de Trabajo de Santa Fe, quienes le transmitieron la preocupación porque "hace 4 años" que el organismo no cumple con la actualización para saldar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina.

El ministro de Economía dijo que "no hay un horizonte para cancelar esos saldos. No sabemos si está en los planes del gobierno nacional hacerlo o poner en discusión una cuestión de fondo".

Ante una pregunta, dijo que "posiblemente el déficit de la Caja de Jubilaciones (unos $130 mil millones en 2024) puede estar en línea o ser un poquito inferior al déficit de la provincia. Hay una equivalencia importante desde hace varios años", reconoció Olivares.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anticipó que a nivel nacional "vamos a acompañar el achique del Estado, como lo hicimos en nuestra provincias", pero también "a decir con mucha claridad que a los ajustes no los pague la producción, que es la que termina sosteniendo al país".

Minutos antes de ingresar a la reunión de mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei, para discutir las medidas tendientes a atacar el déficit fiscal, el santafesino evitó definirse de antemano sobre la reinstauración del impuesto a las Ganancias a los salarios. "Queremos escuchar primero cuál es la voluntad del gobierno, de qué manera va a llevar adelante la resolución del déficit y que nos compense como provincia; porque ésa (la eliminación del gravamen) fue una medida impositiva de (el anterior ministro de Economía, Sergio) Massa que nos perjudicó y significó una masa salarial", razonó en diálogo con los medios, antes de ingresar a Casa Rosada.

El contenido y el resultado del encuentro será difundido a posteriori en una conferencia de prensa del ministro del Interior, Guillermo Francos. Pero por lo pronto, Pullaro anticipó que "estamos haciendo esfuerzos para lograr el equilibrio de las cuentas. Vamos a escuchar, hay diferentes alternativas. Además de volver atrás con el piso de Ganancias, también se habló en una reunión previa de qué hacer con el Impuesto al Cheque. Vamos a ver qué plantea el Presidente. Nosotros venimos a defender la producción del interior, por eso decimos que no a las retenciones a las exportaciones de las economías regionales", resumió el gobernador.

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Y aclaró que si las medidas fuesen en detrimento de la producción, "no las vamos a acompañar, porque estamos en una posición de defensa acérrima de las economías regionales, y entendemos que no tienen que ser gravadas".

"Venimos a escuchar y a acompañar el cambio que viene en el país, y por el cual la gente votó. Vamos a acompañar el achique del Estado; creemos en un estado eficiente y sin déficit, Santa Fe es una provincia equilibrada. Pero no vamos a aceptar que el ajuste sea a costa de la producción", sintetizó.

Uno de los grandes objetivos buscados por el nuevo Gobierno de Javier Milei con la devaluación comenzó a cumplirse casi de inmediato, ya que esta semana el Banco Central pudo comprar divisas por unos USD 750 millones, algo que no ocurría desde hacía varios meses.

Las reservas de la autoridad monetaria cerraron la semana en USD 21.450 millones, lo que representó un incremento semanal de unos USD 240 millones.

Este viernes, la tercera jornada tras la apreciación del 118% en la cotización del dólar respecto del peso, el BCRA tuvo un saldo neto comprador en unos USD 207 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que uno de los objetivos de ir resolviendo el atraso cambiario era que el BCRA volviese a acumular reservas, las cuales están en niveles negativos tras la política económica implementada por su antecesor, Sergio Massa.

La mayor oferta de divisas responde al interés de los productores agropecuarios por liquidar al nuevo dólar de 800 pesos.

A su vez, existe todavía una menor demanda de importadores, ya que se mantiene un cronograma restrictivo para el pago de las compras al exterior.

El Directorio del BCRA estableció plazos de pago diferenciados según la posición arancelaria de los distintos bienes y servicios importados.

El organismo ahora presidido por Santiago Bausili explicó que esa estrategia "permitirá administrar las divisas durante los meses próximos, caracterizados por la baja estacionalidad de exportaciones".

La expectativa es que el Banco Central continúe recomponiendo reservas durante el verano, y que ese camino se robustezca hacia abril próximo, cuando comenzarán a ingresas las divisas de la nueva cosecha de soja, que fue relativamente buena.

Además, el BCRA ya no deberá seguir dando reservas al Tesoro Nacional para afrontar los pagos con el FMI, ya que el vencimiento del 21 de diciembre próximo, por unos USD 960 millones, será pagada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (ex CAF) por USD 960 millones.

La operación aprobada servirá de financiamiento puente para que la Argentina pueda continuar con la implementación del Acuerdo de Facilidades Extendidas pactado con el FMI.

En paralelo, el dólar blue retrocedió este viernes otros 20 pesos, a niveles de $970.

En ese marco, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el contado con liquidación, se continúa reduciendo a gran velocidad.

"El escenario fue favorable a los objetivos oficiales y se tradujo en una recuperación de reservas", explicó especialista Gustavo Quintana, de Pr cambios.

Esa estrategia se vio favorecida por una escasa demanda de dólares, que mejoró el clima en el mercado respecto del horizonte de reservas.

No obstante, el Gobierno deberá ir resolviendo las dificultades que existen para afrontar los pagos de importación, porque esa demora complica, entre otros, al entramado industrial.

Según cálculos de la consultora Eco Go, el salto en el tipo de cambio implica una recomposición real a niveles del 2006.

A esto se suma el anuncio de aplicar una depreciación gradual del peso (crawling peg), a un ritmo de 2% mensual en el corto plazo, lo cual puede incentivar la liquidación de exportaciones.

Las compras que logró hacer el BCRA responden también a las restricciones operativas y normativas para que se autoricen pagos de importaciones.

Como viene ocurriendo con otros productos que tienen alto porcentaje de componentes en dólares, los precios de los autos subieron un 40% en las últimas dos semanas, lo cual pega sobre todo en los sectores medios de la población, que ven cada vez más improbable la chance de acceder un vehículo.

Las remarcaciones se desataron una vez que quedó claro que la primera medida del presidente Javier Milei sería una devaluación. Ya con el anuncio de que la depreciación del peso rondaría el 55%, las terminales ajustaron fuerte las listas de precios.

Para tratar de impedir que se paralice totalmente la venta, sobre todo teniendo en cuenta que es una época del año donde hay que pagar múltiples gastos, las concesionarias están ofreciendo vehículos en stock a precios anterior, lo que puede ser una opción ventajosa para quienes cuentan con "cash", sobre todo si se trata de dólares.

Las subas en los autos fueron en realidad dos: una del 15% a comienzos de mes y otra de 25% tras la devaluación del martes. El resultado de esas remarcaciones arroja un 43% aproximadamente.

La suba decidida por las terminales automotrices, que controlan más de 95% del mercado de vehículos 0km de la Argentina, llevó incluso a que autos típicos de la clase media como el Fiat Cronos y el Peugeot 208 ya estén alcanzados por el denominado "impuesto al lujo".

Como muestra de cómo se están disparando los precios de los vehículos, el Peugeot 208, fabricado en El Palomar (un modelo mediano-chico), también ahora paga, en algunas de sus versiones, el "impuesto al lujo", porque su precio subió casi 50%.

A su vez, un modelo considerado económico, como el Toyota Etios, ya supera los 10 millones de pesos de precio de lista.

Las versiones más caras de los Fiat Cronos y Peugeot 208 ya superaron los 14 millones de pesos y, automáticamente, pasan a tributar la primera escala de los impuestos internos.

En medio de la fuerte suba del dólar para el comercio exterior, los medicamentos se anotaron entre los productos que más aumentaron, con alzas promedios del 300% en el año, denunció el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar).

El alza de los fármacos, que se venía produciendo en el último año, se agudizó luego de que el Gobierno de Javier Milei ratificara que se busca ir hacia un esquema de precios de mercado, dejando de lado los controles implementados por el kirchnerismo.

El objetivo es que las principales variables de la economía, que el Gobierno considera actualmente muy distorsionadas, se empiecen a acomodar para que el aparato productivo pueda dar un salto a partir de la llegada de inversiones extrajeras.

Pero esto provoca un feroz golpe al bolsillo de la población, en especial de los sectores más vulnerables: particularmente a los jubilados y pensionados.

En el último mes y medio –noviembre y lo que va de diciembre de 2023- los medicamentos aumentaron en promedio un 85%, una vez finalizados los acuerdos de precios.

"Se verificaron fuertes aumentos, que duplicaron a la inflación en lo que va del año. Preocupan las coberturas a través de la seguridad social", explicó el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem.

La regulación de precios, a través de acuerdos entre el Gobierno y los laboratorios, concluyó el 31 de octubre último.

Hasta ese momento, los precios habían acompañado –en términos generales- a la inflación, según Sajem.

Dijo que medidos los aumentos en lo que va del 2023, desde enero hasta mediados de diciembre, fueron del 308%.

Es decir, duplicaron el índice de inflación, según el INDEC, para el período enero-noviembre 2023, que fue del 148%.

"Con este nivel de incrementos, resulta preocupante la posibilidad de problemas en las coberturas a través de las obras sociales, que tienen sus ingresos en relación a los salarios de sus afiliados", indicó Sajem.

Y concluyó: "También preocupa la posibilidad de que se vea afectada la entrega gratuita de medicamentos a través del PAMI, que hoy beneficia a 9 de cada 10 jubilados".