Este 24 de abril se cumplen 30 años del dictado de la quiebra del Banco Integrado Departamental (BID) por parte del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Venado Tuerto, Marcos Ferrarotti. Tras la suspensión “por 30 días” dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Semana Santa de 1995 (el miércoles 12 de abril fue el último día de operaciones), la decisión judicial puso fin a la actividad de la entidad cooperativa con sede en Venado Tuerto, debido a “graves desequilibrios económicos y financieros”.Cinco días más tarde se designó un equipo profesional encargado de administrar un proceso judicial que se extendería por décadas, a cargo del CPN Juan Arnaldo Venturini. La sindicatura, con centro de operaciones en lo que había sido la Fundación BID (actual Anses), en 25 de Mayo y Lavalle, comenzó de inmediato a liquidar los activos del banco malogrado y aplicar los fondos resultantes al pago de las diferentes categorías de acreencias admitidas, conforme a la Ley 24.522.

Entre 1996 y 2023 se ordenaron sucesivos dividendos concursales que cancelaron las remuneraciones al personal; las deudas hipotecarias sobre inmuebles del banco; depósitos de los 19.500 ahorristas que verificaron créditos; y privilegios especiales y generales con el Banco Central. 

Los primeros pagos fueron expeditivos: sueldos laborales y deudas hipotecarias se cubrieron en breve lapso. 

En cambio, los ahorristas recibieron pagos escalonados hasta completar los 365 millones de pesos (a valor histórico), culminando en el sexto dividendo en 2019. 

Y el séptimo y octavo dividendo atendieron las acreencias del Banco Central entre 2022 y 2023, que incluyeron intereses postconcursales, tras debates judiciales que debieron pasar por la Corte Suprema de la Nación. 

Luego, el noveno dividendo comenzó a pagarse en febrero de 2025 y el plazo de cobro vencerá este 31 de mayo. El objetivo es cancelar los saldos históricos (unos 144 millones de pesos) de los restantes acreedores que nada percibieron: privilegios generales (organismos públicos y gobiernos provinciales y municipales); privilegios comunes (honorarios, alquileres, etc.) y obligaciones subordinadas. Y, además, abonar parcialmente intereses postconcursales liquidados con tasa pasiva -capitalizada mensualmente- del Banco de la Nación Argentina, calculados desde abril de 1996 hasta septiembre de 2024, incluyendo a los ahorristas. En este sentido, un dato relevante es que hasta el 31 de mayo de 2026 se abonan intereses postconcursales por 13.856 millones de pesos, a distribuir entre acreedores comunes y ahorristas. Al finalizar este plazo, los fondos remanentes podrían destinarse a una nueva distribución, destinada a ampliar el pago de intereses, en busca de compensar, hasta donde existan recursos, la desactualización monetaria como consecuencia de la inflación. 

Durante la crisis de 2001, caracterizada por la devaluación y el crack económico, la sindicatura arbitró una operación financiera ventajosa, con la colocación de fondos en dólares, que permitieron generar un diferencial favorable ante la devaluación del peso en enero de 2002, que a la vez marcó el fin de la Ley de Convertibilidad.En paralelo, la llamada “Ley del olvido” (en referencia a los riesgos crediticios), sancionada por el Congreso de la Nación, que buscó aliviar la situación de deudores afectados por la crisis, terminó conspirando contra la recuperación de cartera de bancos en liquidación, como el caso del BID. Así, con el olvido legalizado, muchos ciudadanos quedaron protegidos de reclamos judiciales cuando alegaban imposibilidad de pago, en un contexto donde los activos rescatables eran escasos y gran parte de la cartera resultaba incobrable, afectando directamente la distribución de dividendos en esos primeros años. 

Además, representó un nuevo obstáculo que el banco quebrado no pudiera cancelar sus deudas con títulos públicos, posibilidad que sí tuvieron las demás entidades financieras. 

El pasivo total de la quiebra, estimado en 840 millones de pesos (dólares), incluía sueldos pendientes, acreedores privilegiados, ahorristas y obligaciones subordinadas. Al mismo tiempo, tras aplicar previsiones por incobrabilidad, más de la mitad de la cartera de créditos resultó dudosa o directamente incobrable, reduciendo en gran medida los montos recuperables. En este sentido, la inspección del BCRA de abril de 1995 había revelado que la cartera de grandes deudores del BID era mayoritariamente incobrable, incluyendo la proveniente de bancos absorbidos meses antes (Aciso y De la Ribera).El desglose aproximado era: 7 millones de pesos en sueldos; 22 millones en asistencias financieras del Banco Nación; 304 millones de privilegios del BCRA (uno de 202 y otro de 102 millones); 365 millones de los ahorristas y 145 millones de acreedores generales, quirografarios y subordinados. Asimismo, un dato relevante que surge del Informe General de la Sindicatura de 1996 es que el 48% de los préstamos otorgados estaba ubicado en empresas venadenses, mientras que solo el 4% de los fondos depositados provenían de ahorristas locales. Es decir que el BID captaba fondos en otros puntos del país, principalmente Capital Federal y Rosario, y volcaba esos recursos en la región. Luego se sabría que esas colocaciones eran cuestionables, y muchos créditos resultaron incobrables, o de un recupero lento y parcial, contribuyendo al “desequilibrio patrimonial” y el desplome definitivo del banco surgido en 1979 de la fusión de varias cajas de crédito regionales. 

Aunque el proceso concursal ya está cerca de su cierre, aún no puede considerarse finalizado. Según fuentes de la sindicatura, hoy con sede en 12 de Octubre 1075, si bien la mayor parte de los activos y cuentas de deudores ya fueron liquidados, y se agotaron los mayores debates judiciales con el Banco Central, el Banco Nación y otras entidades, todavía se gestiona el cobro a deudores, y en ese marco existen procesos administrativos y judiciales pendientes. En rigor, la Ley de Quiebras permite clausurar un procedimiento de estas características por falta de activo o pasivo, y en el caso del BID, los activos, en la práctica, se agotaron, pero el pasivo incluye acreedores pendientes de intereses, manteniendo abierta la posibilidad de algún pago complementario. 

Si bien la quiebra de la entidad cooperativa con Casa Central en 25 de Mayo y Moreno de Venado Tuerto se considera entre las mayores estafas bancarias de la historia argentina, otros desmoronamientos de la época exhibieron resultados mucho peores en cuanto a la devolución de acreencias a los ahorristas, como el Banco de Intercambio Regional o el Banco Popular de Rosario. Sin embargo, en virtud de reformas posteriores, incluyendo las modificaciones a la Ley de Entidades Financieras y la adopción de las llamadas normas de Basilea, el sistema bancario se consolidó, los balances se hicieron transparentes, se fortaleció la supervisión de préstamos y se eliminaron asistencias a empresas vinculadas.Las quiebras bancarias tradicionales dejaron de existir desde que el Banco Central interviene para que otro banco del sistema adquiera los activos y pasivos de entidades en crisis, evitando perjuicios a depositantes y acreedores.Además, de los más de 200 bancos de los años 90, hoy existen alrededor de 60, todos más robustos, controlados y consolidados, reduciendo al mínimo la probabilidad de crisis sistémicas, que, entre otras razones de manejo interno, terminaron con la actividad del otrora opulento BID.Treinta años después, la quiebra del Banco Integrado Departamental constituye un caso emblemático de la complejidad y limitaciones generales de los procedimientos concursales en Argentina. En medio de contextos sucesivos de inestabilidad, crisis e inflación, con complejos debates judiciales transitados, la recuperación de activos no resultó sencilla, y la (inusual) devolución del ciento por ciento de los depósitos, sumada al pago (parcial) de intereses post concursales, mengua su relevancia ante la magnitud incalculable del daño económico y moral sufrido por los ahorristas en aquella infausta Semana Santa de 1995. 

La causa por presunta estafa por parte de la fintech Wenance S.A., que se encargaba de prestar dinero mediante créditos online a clientes no bancarizados, avanza. No sólo eso, sino que a medida que se persiste en la investigación de la compañía los ahorristas rosarinos y santafesinos afectados se van multiplicando.

Desde el estudio de abogados de Rosario "Arroyo-Barbarach" indicaron a El Litoral que los acreedores afectados en la ciudad "son más de 500" y en toda la provincia de Santa Fe, por ahora, "superan los mil casos".

En base a cómo viene desarrollándose la causa judicial por presunta estafa, desde el estudio informaron que "la empresa -Wenance- luego de los rumores, se presentó en Concurso Preventivo; en Primera Instancia hubo un rechazo de la apertura bastante cuestionado, porque la Jueza entendió que, por un lado, no era un sujeto concursable, teniendo que regirse por la Ley de Entidades Financieras (LEF) y, además, se consideró incompetente, atento a que en diferentes contratos de Fideicomisos firmados, ingresaba su domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no en la localidad de Vicente López".

Ante esta situación, "la firma apeló la decisión". Entonces, "la sala revocó, diciendo que se trata de una Fintech y no se rige por la LEF. Inclusive, "que su domicilio social es en Vicente López, por ende, es la Jueza competente".

En concreto, desde el estudio Arroyo-Barbarach explicaron que ahora que está abierto el Concurso va a permitir que todos los acreedores que fueron damnificados por la falta de pago se puedan presentar a verificar sus créditos".

También existen denuncias penales que se están realizando en Rosario y otras que se están llevando a cabo en Buenos Aires, por lo que se espera que próximamente haya nuevas acciones respecto a esto.

Imagen ilustrativa.

Hay que recordar que Wenance S.A. es una empresa de capitales argentinos que era líder en el otorgamiento de crédito online a clientes no bancarizados, pero desde el 2017 está envuelta en una fuerte polémica luego de que la acusaran de estafar a sus clientes, entre ellos cientos de santafesinos afectados.

Básicamente, la compañía se encargaba de prestar dinero, sobre todo a quienes no accedían a créditos bancarios. Lo que sospechan los investigadores es que el accionar era el de una típica financiera que utilizó el viejo modelo de "préstamos a sólo firma", pero usando app y, como se dice en la jerga fintech, permitiendo onboarding digital. O sea, sacar los préstamos o invertir dinero desde el celular, muy fácil, con dos o tres clics.

El estudio Arroyo-Barbarach, que ya representa a varios afectados, advierte que seguramente "hay muchos más damnificados y, en estos casos, muchas veces están a la espera de una propuesta, porque no se reconocen como vulnerados en sus derechos. Es decir, no logran dimensionar la situación en la que se encuentran y se quedan al aguardo de una respuesta".

Una vez que se ponga la fecha de verificación de los créditos, entienden que los afectados comenzarán a desesperarse y, por eso, recomendamos que empiecen a asesorarse. "Desde el estudio entendemos esto, pero sugerimos que se asesoren para reclamar por cada caso en particular".

El problema que se suscita con la compañía es que una vez lanzados estos fideicomisos los clientes de Wenance comenzaron a presentar una mora mayor a la habitual para este tipo de operaciones, lo que llevó a una imposibilidad por parte de la empresa para cumplimentar sus obligaciones comprometidas en los mencionados fideicomisos, no pudiendo pagar a los inversores los cupones lanzados al mercado.

En esta línea, los abogados defensores detectaron "un tipo de maniobra fraudulenta", atento a que la empresa conocía y estaba al tanto de la mora de sus clientes e igualmente siguió buscando inversores para que sostengan sus operaciones a sabiendas de esta imposibilidad que iba a sobrevenir de la devolución de los fondos, más aún con los intereses pactados.

En Argentina, los afectados son entre tres mil y cinco mil clientes por un total de 20 mil millones de pesos, que es la cifra a reestructurar. El monto está en tres fideicomisos financieros privados que, por el momento, ningún organismo del gobierno nacional está controlando de oficio.

La empresa propuso dos opciones de reestructuración del dinero de sus inversores. Hasta tres millones de pesos de capital que quiere pagar en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, dos cuotas de interés compensatorio. La intención sería, que no paguen más intereses, sólo devolverían el capital en cuotas. Para las inversiones de más de tres millones de pesos de capital la compañía propone dolarizar al tipo de cambio MEP en el mes de julio al 8% anual.

Por esto, la fiscal Mónica Cuñarro imputó a Alejandro Muszak, Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone (Muszak es el CEO de Wenance, mientras que los demás están vinculados a diversas sociedades del mismo grupo económico) por "haber integrado una organización criminal, en la que no se descarta la intervención de otras personas, con la finalidad de desplegar distintas conductas delictivas contra la propiedad de manera sistemática y reiteradas en el tiempo, constitutivas de defraudaciones través de la cual ofrecían y otorgaban préstamos personales obteniendo una ventaja pecuniaria desproporcionada".

El Banco Central afirmó hoy que la decisión tomada la semana pasada sobre la posición de cambio de las entidades financieras “no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan”. La entidad monetaria se refirió de esta forma a las versiones que circularon el fin de semana con el propósito de generar incertidumbre en el mercado cambiario, en el que a través de presuntos informes de consultoras financieras se instaba a ahorristas con dólares en cuentas bancarias a retirarlos de manera inmediata. La medida en cuestión es la Comunicación A 7405, publicada el jueves pasado, en la que se establece que a partir del 1° de diciembre la posición de contado prevista en las normas sobre Posición Global Neta de Moneda Extranjera de los bancos “no podrá superar el importe equivalente al 0 % de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda”. En un comunicado de prensa, el Banco Central precisó hoy que “los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos al ser un pasivo para las entidades deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda” y que eso determina que ”todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan”. “Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares”, agregó el Banco Central. Por último, la entidad que conduce Miguel Pesce subrayó que “las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos”. Ante la consulta de Télam, tanto bancos privados como públicos desmintieron categóricamente los rumores sobre posibles faltas de dólares para respaldar los depósitos y, de hecho, insistieron que están “súper líquidos”. “La resolución hace referencia única y exclusivamente a los dólares en contado que los bancos tienen por encima de su patrimonio neto y los depósitos no son considerados parte del patrimonio neto de los bancos sino que son pasivos. La medida afecta solamente a la cartera propia de inversiones de los bancos y no afecta a los depósitos de los clientes. El sistema financiero está sólido, con altos niveles de liquidez y bien capitalizado”, aseguraron a Télam desde un banco de primera línea. En cuando a la asistencia de gente para retirar sus dólares de sus cajas de ahorro las entidades consultadas manifestaron que hubo una afluencia mayor que otros días pero que “nada fuera de lo normal” y que ésta noticia falsa no es distinta de otros episodios de los últimos años. “La gente se intranquiliza, saca los dólares y en unas semanas los vuelve a depositar. Ya pasó varias veces en los últimos cinco años”, aseguraron las fuentes. Para tener una idea del nivel de liquidez -dinero disponible no prestado- que tienen los bancos, actualmente cuentan con el 65% de liquidez para los depósitos en pesos y del 86,3% para aquellos en dólares, según datos del último Informe sobre Bancos del BCRA correspondiente a septiembre. “Casi el 80% de los depósitos totales en dólares están respaldados por efectivo y liquidez por parte de los bancos. Si sacamos al sector público (que no va a “sacar sus dólares”), este número está arriba de 95%. Un sistema financiero en dólares más líquido no se podía conseguir”, aseguró Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores, en un mensaje de Twitter. Del mismo modo se expresó el director de Epyca Consultores, Martin Kalos, quien afirmó que “es falso que haya un corralito o que el BCRA haya dispuesto que no se pueda acceder a los dólares de quienes tienen ahorros en dólares en cuentas bancarias. Es una #FakeNews (por la cual me consultaron amigos/as, clientes/as y periodistas todo el día)”. El propio Martin Tetaz, economista y electo diputado por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, afirmó: “Está circulando este fake, que no termino de entender si es una burrada de un estudio de cuarta, o una opereta de uno que ni siquiera existe. La liquidez del sistema en el segmento de dólares es la más alta del mundo (86%) y la regulación BCRA no es sobre los depósitos”. Otro de los economistas que señaló una visión similar fue el director del CEPA, Hernán Letcher: “No deja de ser sorprendente que, ante una decisión regulatoria tan común, aparezca la expresión de “corralito encubierto”. De hecho, veamos un poco la historia de las modificaciones sobre la Posición Global Neta de Moneda extranjera en los bancos. Alfonso Prat Gay al frente del BCRA fue quién creó la norma en 2003″, aseguró.

Con información de Telam