El gobierno de Firmat intervino de manera inmediata tras detectarse la presencia de bidones de agroquímicos usados en un camino rural. A partir del rápido accionar municipal, se labró el acta respectiva, se inició una investigación y se logró identificar al responsable, al que se le hizo retirar con personal propio los envases para su correcta disposición final.

El productor agropecuario involucrado retiró los bidones, con supervisión municipal, a los fines de su correcta disposición final.

“Se trata de una infracción grave, ya que se puso en juego no sólo el cumplimiento de la ley, sino la salud pública y el cuidado del ambiente”, expresó el municipio al respecto.

Cabe destacar que “todas las actuaciones están siendo evaluadas por el Juzgado de Faltas para su encuadramiento, eventual aplicación de sanciones y remisiones respectivas”, ampliaron.

Y recordaron que los bidones deben ser sometidos al triple lavado y perforados, para luego darles la correcta disposición final, según lo establece la Ley Nacional 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

La jueza en lo Civil y Comercial Nº 3 de Santa Fe, Romina Kilgelmann -subrogante- hizo lugar a un recurso de amparo que prohíbe la fumigación con agroquímicos en un radio que va de los 1.000 a los 3.000 metros del ejido urbano de la ciudad de San Justo, para aplicaciones terrestres y aéreas respectivamente.

La medida cautelar emanada del Poder Judicial de Santa Fe, se conoció el pasado jueves 26 de septiembre y fija un plazo de 72 horas para su cumplimiento, una vez notificadas las partes.

Un total de 21 vecinos de la ciudad de San Justo firmaron la acción de amparo cuyo apoderado legal es el Dr. Juan Carlos Galetto, quien lleva cuatro años litigando contra el gobierno central; y a su vez los ministerios de la Producción y Medio Ambiente y la Municipalidad de San Justo, “con el objeto de que se prohíba toda fumigación a menos de 1.000 metros en caso de fumigación terrestre y a menos de 3.000 metros en caso de fumigación aérea de la zona urbana de la ciudad de San Justo, escuelas rurales, caseríos y bombas de agua que abastecen a la ciudad”, según señala el fallo aludido.

Entre los argumentos esgrimidos por la parte, dicha práctica afecta a los habitantes de los barrios Quiroga, Fátima y Levequi, ubicados en la periferia; así como a centros educacionales, entre las que se destacan las escuelas de barrio Fátima y la Escuela N° 6185 ubicada en camino a San Roque y un caserío ubicado a 500 metros de la capilla San Roque.

En tal sentido, la jueza Kilgelmann hizo lugar a la medida cautelar en cuanto a la distancia de aplicación, pero además la obligación de disponer “un campamento o relevamiento sanitario” para conocer el estado epidemiológico de los habitantes de la ciudad, especialmente en los barrios afectados por las fumigaciones. En tanto, encomendó la labor “a la Universidad Nacional de Medicina que corresponda”.

En los considerandos del fallo la jueza tomó como antecedente, “la Ordenanza 2715/14, que determina la zona de máximo control y permite la aplicación de productos fitosanitarios por medio terrestre desde la distancia de 0 a 500 metros y aéreo de 500 a 1500 metros”, en la ciudad de San Justo, en contraposición con el art. 51 in fine del Decreto Provincial 552/97, “debido a que se autorizan, o no se controlan, fumigaciones a 20, 50 metros de centros habitacionales separados por una calle, como ocurre en los barrios Quiroga, Fátima y Levequi”, expresa la Dra. Kilgelmann.

Por otra parte, los amparista aducen que “la aplicación de agroquímicos en zonas cercanas a los centros poblados ha afectado la calidad de vida de las personas que lo padecen diariamente y ha provocado serias afecciones a la salud, aumentando en ciertos casos enfermedades como el cáncer, como así, también, respiratorias y dérmicas, entre otras”.

La pretensión de acotar el área de fumigación que linda con la urbanización fue contestada por la Municipalidad de San Justo, que puso en evidencia la afectación patrimonial de “terceros coadyuvantes”. Foto: Archivo.

La pretensión de acotar el área de fumigación que linda con la urbanización fue contestada por la Municipalidad de San Justo, que puso en evidencia la afectación patrimonial de “terceros coadyuvantes” -empresas, propietarios y productores solicitantes de la aplicación de agroquímicos en la zona en cuestión-, quienes también expusieron su punto de vista.

Entre los argumentos esgrimidos, la jueza invoca los artículos 41 y 43 de la Carta Magna: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...”. Disposición ésta que va ensamblada con el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física.

Así también invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “ha sostenido el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”.

Por último, como todo proceso cautelar lo exige, debe acreditarse “verosimilitud en el derecho”, “peligro en la demora”, y “contracautela”, los cuales fueron analizados en el marco de principios que rigen la cuestiones ambientales.

(Por Federico Aguer) - En el marco de la Agroactiva, la provincia desplegó un stand que atravesaba de punta a punta el predio de 60 hectáreas emplazado en Armstrong. No fue una decisión casual, sino que obedece a una estrategia de continuidad de asumir el protagonismo de un espacio clave para la producción de Santa Fe.

Lo novedoso en esta oportunidad, más allá que el gabinete completo se trasladó durante una semana a trabajar en este espacio "a campo", viene dado por la interacción entre dos áreas hasta ahora separadas. Producción y ambiente; ambiente y producción, otrora conceptos antagónicos para muchos sectores urbanos, asoman con una incipiente agenda común en la gestión Pullaro.

"Es fundamental trabajar espalda con espalda entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Ambiente", admitió el titular de la cartera ambiental, Enrique Estévez, a Campolitoral. "Por supuesto que tenemos desafíos comunes: si nosotros queremos cuidar el ambiente, tenemos que repensar muchos de nuestros sistemas productivos, en todo tipo de sentido, porque no solo en lo relacionado a la producción, sino en temas como el diseño de las ciudades, lo relacionado a la salud".

Y lo graficó analizando que hoy, el cambio climático está causando situaciones vinculadas a la salud pública, que en otros momentos no los teníamos. "Y el ejemplo más palpable es el dengue, con lo cual creemos que la provincia de Santa Fe tiene todas las posibilidades de ser un faro en este sentido".

El funcionario estuvo junto a sus pares en la muestra agrícola que se llevó a cabo en Armstrong

Estévez venía de entablar una charla con una empresa santafesina que trabaja en alternativas al uso de los agroquímicos, y que hace años apostó por la producción de una enmienda biológica (que hoy ya se vende en el mercado local y ya se exporta a varios países del mundo). "Y para nosotros es importante mostrarlo, porque se trata de alternativas reales, que también se están trabajando en otros países de América Latina, Europa. Ese mercado está exigiendo un piso del cuidado ambiental en cuanto a la deforestación con la plataforma VISEC (carne y soja libre de deforestación) que entra en funcionamiento desde el año que viene, y tenemos que prepararnos para eso", expresó.

Según el funcionario, el cuidado de nuestra biodiversidad garantiza, en muchos casos, una mejor capacidad productiva. Foto: Campolitoral

Según el funcionario, el cuidado de nuestra biodiversidad garantiza también en muchos casos una mejor capacidad productiva. Y citó el ejemplo de los corredores biológicos, "que permiten un mejor servicio a la tierra productiva. Tenemos que pensar que muchos de estos cambios que se están dando, mucho tienen que ver con el futuro. Y para ese futuro nos tenemos que preparar", proyectó.

Aquella vieja dicotomía ha sido superada ampliamente por la ciencia; se comprueba a diario en la agricultura moderna, y eso intenta demostrar Estévez. "En primer término, tenemos que desterrar esta idea que cuando hablamos de producción estamos en contra del cuidado ambiental, o cuando hablamos de cuidado ambiental estamos en contra de la producción. Ese es un debate que es infructuoso, que atrasa, y nosotros tenemos que romper esa barrera".

Por eso, enfatizó que es tan importante para esta gestión trabajar con los distintos sectores productivos vinculados a la agricultura y la ganadería, a la industria; con los parques industriales. Y reconoció que en muchas oportunidades se están dando cuenta que el propio sector privado muchas veces tiene un mayor entendimiento que en el sector público respecto de la importancia del cuidado del ambiente.

"Vemos que muchas empresas cada día más están midiendo su huella de carbono; o cómo piensan en la ingeniería de sus procesos para poder avanzar hacia la carbono-neutralidad, y eso es importante también para el comercio. Esas son algunas de las cosas que estamos trabajando con los distintos sectores productivos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo".

Por Mario Cáffaro (El Litoral)

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, una declaración expresando la preocupación por los resultados obtenidos en el estudio cócteles de residuos de plaguicidas en peces del río Salado con el primer registro de altas concentraciones de herbicidas polares, el cual concluyó que “los sábalos del río Salado registran el nivel de agrotóxicos más alto del mundo”. La declaración expresa el acompañamiento del cuerpo “al trabajo de aquellos científicos y científicas comprometidos con la ciencia digna, la protección del ambiente y el cuidado de la salud”.

Fue Agustina Donnet (Igualdad) quien llevó el tema al recinto tomando como base el trabajo de Rafael Lajmanovich, María Repetti, Ana Cuzziol Boccioni, Melina Michlig, Luisina Demente, Andrés Attademo y Paola Peltzer, pertenecientes al Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET) y al Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Facultad de Ingeniería Química (UNL). Un trabajo de esos investigadores fue publicado por una revista científica semanal internacional revisada por pares que cubre la ciencia ambiental. La investigación demostró que las poblaciones de sábalos del río Salado -cuenca fluvial rodeada de cultivos transgénicos – incorporan múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos.

La investigación demostró que las poblaciones de sábalos del río Salado -cuenca fluvial rodeada de cultivos transgénicos – incorporan múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos.

“Los resultados de nuestro estudio determinaron concentraciones máximas muy altas de herbicidas polares, principalmente glifosato y sus productos de degradación, y glufosinato de amonio (herbicida) en tejido muscular de peces, mayores que los registrados para peces de agua dulce en otros estudios a nivel mundial”, aseguraron los investigadores. Acotan que hallaron nueve biocidas, principalmente herbicidas y que la totalidad de los peces que fueron analizados contenían glifosato.

Donnet señaló en los fundamentos del proyecto que Lajmanovich remarcó que los índices “son extremadamente altos y no existe en la literatura científica registros de esa magnitud, por eso en el trabajo se dice que son los valores más altos registrados en el mundo”. La contaminación no solo afecta al sábalo sino también impacta en toda la fauna acuática y la salud humana, acotó.

Contrapunto: qué avances hubo sobre la intención de modificar la ley de fitosanitarios

En el recinto, fueron varios los legislados que exigieron cambiar la legislación santafesina en materia de uso de fitosanitarios. Además de Donnet, lo expusieron Leandro Busatto (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) o Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) mientras que Erica Hynes (PS) y Jimena Senn (UCR) dieron cuenta de lo que se viene trabajando sobre la temática. La primera en el propio recinto legislativo y la segunda con productores, entidades y clubes del dpto Las Colonias.

“No se ha vuelto a discutir una ley de agrotóxicos en este recinto” recordó Donnet. “Este estudio ratifica la situación crítica del Salado. Es indispensable crear un Observatorio de Agrotóxicos para diseñar políticas públicas, discutir un modelo productivo sostenible. No podemos seguir antagonizado entre salud y producción”, mocionó. Enseguida Busatto resaltó que ni la Argentina ni Santa Fe discuten parámetros para un modelo productivo que “modifique el modelo los agronegocios. Vemos la soja casi como el oro y materia única de exportación vinculada a agroquímicos que hace que -Argentina y Santa Fe- tenga buenas exportaciones pero con consecuencias irreversibles en ambiente, flora, fauna y en el proceso productivo a medio y largo plazo”. El justicialista recordó el acompañamiento allá en 2013 al entonces diputado José María Tessa para generar alternativas y discutir un modelo productivo que acompañe a la salud. “Debemos hacer un esfuerzo para discutir seriamente, para escaparle a la idea de que estamos obligados al monocultivo y agroquímicos en detrimento de alimentos saludables. Los agronegocios olvida la vida y la salud” afirmó el precandidato a gobernador.

Allanamiento en Venado Tuerto: secuestraron más de 300 bidones de fitosanitarios

Senn destacó que hay gente que trabaja bien, valoró la tarea que se realiza en comunas y ciudades del dpto Las Colonias, rescatando el diálogo para una mejor calidad ambiental. En tanto, Hynes -presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara- rescató la tarea que viene desarrollando durante años la investigadora Repetti y que además de la presencia de agroquímicos detectó microplásticos, fitoestrógenos y hoy “nadie puede escapar a tener microplásticos en nuestros tejidos. Este trabajo aporte una evidencia . En Argentina no hay buenos trabajos de riesgo químico y estos estudios vienen a aportar esta evidencia” resaltó para preguntarle al cuerpo “¿qué hacemos con las decisiones políticas?. Fue en ese marco que pidió a sus pares que vean el material de la comisión que trabajó el tema con el Senado.

“El informe no hace suponer que se alcancen consensos rápidamente” admitió la socialista. “Es un tema que salta a la vista que tiene dos posiciones dicotómicas y muy poco terreno para lograr consensos. Hay una posición de principio precautorio que ante la duda piden evitar la acción, y el principio de prevención que se puede aplicar el materia reduciendo el riesgo”. Hynes habló del fuerte choque entre dos colectivos que dicen tener la verdad científica de su lado e instó a sus pares a buscar consenso. Recordó que la última modificación fue llevada adelante a partir de un proyecto de la también socialista Inés Bertero que no tuvo aval del Senado. “Debemos reflexionar, dialogar, profundizar la nueva evidencia que es nueva y no es la de diez años”, finalizó.

La exposición la cerró Bruera afirmando que “no hay dudas que los agrotóxicos causan daño. La ciencia no es neutral. No es cierto que haya dos bibliotecas, hay una sola que dicen que los agrotóxicos causan grave daño ambiental y daños a las personas. Ante la duda, no hace falta probar el daño, la sola duda obliga a a aplicar el principio precautorio”. Y sobre el final señaló que “generar debates para generar dudas es una posición político para no jugarse en defensa de la salud. Es responsabilidad nuestra discutir el modelo productivo y los agrotóxicos. No contra los productores, sino por una producción sustentable”.

Autorización

Diputados votó -sobre tablas- y giró en revisión al Senado el mensaje del Poder Ejecutivo que autoriza al gobernador Omar Perotti a ausentarse del país en lo que resta de su mandato previa comunicación a Legislatura.

Es un proyecto que no admite discusión y se vota año a año. La novedad en esta ocasión es que la autorización a viajar al exterior es tanto para el gobernador como para la vicegobernadora, Alejandra Rodenas. Es la primera vez -desde 1983- que se coloca la doble autorización en la norma que sancionaría el Senado en la próxima reunión.

Durante la jornada del jueves, se ejecutó un allanamiento en calle Corrientes al 5000 de Venado Tuerto, dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este accionar, que tuvo presente al Gobierno de Venado Tuerto, fue consecuencia de distintas denuncias realizadas por vecinos de la zona, en las cuales manifestaban un manejo irregular de productos fitosanitarios que eran acopiados junto a otros restos de residuos plásticos.

Operativo en Corrientes al 5000.

Además de la Dirección de Medio Ambiente y de Inspección General de la Municipalidad, participaron de este trabajo de control, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Comando Radioeléctrico.

Los resultados del operativo fueron positivos. Se encontraron en el lugar 328 bidones de diversos productos fitosanitarios, los cuales fueron decomisados inmediatamente por encontrarse en flagrante contravención a lo dispuesto por las leyes provinciales 11.273 y 13.842, que regulan la temática. Los mismos serán acopiados en un centro transitorio autorizado para luego proceder a su disposición final.

Parque de los bidones estaban en un camión y el resto en el terreno.

Desde el Municipio, tras la tarea efectuada informaron que “los envases de agroquímicos tienen un tratamiento especial, el cual se encuentra establecido en la ley provincial 13.842, norma que luego de una larga espera ha sido finalmente reglamentada el mes pasado, en donde se crea un Sistema provincial de Gestión Diferencial e Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

En cuanto a los responsables de este manejo irregular de recipientes de fitosanitarios, desde Fiscalía se avanzará con la investigación para que se tomen medidas, mientras que desde el Tribunal de Faltas se aplicarán las sanciones correspondientes, según las leyes que regulan esta temática.

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) advirtió sobre el impacto de las recientes modificaciones introducidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -comunicación A7622- al régimen de importaciones, al cambiar las condiciones de operatividad de las empresas y los criterios para el pago de insumos importados. “De mantenerse esta situación, el aprovisionamiento de fertilizantes y fitosanitarios se verá comprometido”, afirman desde la Cámara.

“Consideramos que es necesario y urgente que se aprueben las SIRA y se adecuen los plazos de pago a la realidad que requiere nuestra industria. La expectativa es que el diálogo que mantenemos con los organismos de gobierno se traduzca en una adecuación de la medida, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, en pos de contribuir a alcanzar una mayor producción de alimentos”, señalan desde CIAFA.

La nueva medida ha limitado la posibilidad de pagos de contado conocidos como CAD (“cash against documents”), así como también los plazos de financiación impuestos que pasaron de 60 a 180 días a partir del registro de ingreso aduanero, y se ha dejado sin efecto la posibilidad de acceder al mercado de cambio con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciación de exportaciones.

Una situación adicional es que la aprobación del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) prácticamente no se está realizando, por demoras en el circuito, sin tener en claro los motivos.

Esto ha generado que existan productos arribados -tanto fitosanitarios como fertilizantes- sin la posibilidad de descarga en los puertos, principalmente de fertilizantes, o a la espera de ser aprobados en depósitos fiscales, a lo que se suman aquellos que se encuentran en tránsito, próximos al arribo, que aún no tienen la aprobación correspondiente.

Por otra parte, no están ingresando las materias primas importadas necesarias para la elaboración local de estos insumos. “Hoy hay empresas con líneas de producción suspendidas, a la espera de estas materias primas para poder elaborar estos productos en nuestro país”, alertan desde CIAFA.

En materia de fertilizantes, las estadísticas de importación muestran que ya se registra un millón de toneladas menos que el 2021 para el mismo período, y se estima que será necesario importar 1 millón de toneladas entre fertilizantes y materias primas para esta campaña, que deben ser aprobadas a tiempo para garantizar su uso en los campos.

En cuanto a los fitosanitarios, la producción local depende de la posibilidad de abastecerse de materia prima para la fabricación de los distintos tipos de insumos teniendo en cuenta la aptitud de uso, siendo productos estacionales al igual que los fertilizantes, con lo cual, lo que no se elabora ahora, no estará disponible para su utilización en esta campaña. El aprovisionamiento de los insumos para la campaña gruesa y las economías regionales dependen de la agilidad y adecuación de las medidas que se implementan.

Fundada a fines de 1990, CIAFA está formada por 59 empresas asociadas y tiene como principales objetivos contribuir al crecimiento de la producción sustentable de alimentos de calidad; colaborar y participar en el desarrollo de la industria local de productos para la nutrición de cultivos y sanidad vegetal, y promover la integración la cadena productiva y la agroindustria, con procesos sustentables, legitimados por la sociedad.

(Por Ana Inés Dobal) – El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz de Rufino (Cerso) realizó un estudio y análisis del agua potable de red en la ciudad, tras las versiones de que en otras localidades del sur santafesino se habían detectado agroquímicos de diversa composición y toxicidad. El resultado fue positivo y se piden profundizar los análisis para cuidar a la comunidad local.

Cabe señalar que en la región central del país se ha detectado en los últimos tiempos la contaminación del agua con agroquímicos. Distintos estudios científicos han constatado esta situación y por ello se considera importante analizar el agua de red que la empresa Aguas Santafesinas SA (ASSA) distribuye en Rufino, atento a la relevancia que este dato tiene en relación a la calidad de vida y la salud de sus habitantes.

En nuestra zona la provisión de agua potable para las áreas urbanas proviene de napas subterráneas y por lo general los pozos de extracción son de escasa profundidad. Los suelos en la región son altamente permeables y pobres en materia orgánica, por lo que los contaminantes derivados de la pulverización de agroquímicos no encuentran obstáculos para filtrar hacia las napas inferiores.

“Desde el Cerso consideramos importante realizar un estudio ante la posibilidad de que el agua que utilizamos en la ciudad también presente contaminación con este tipo de productos”, expresaron, recordando que el año pasado esta entidad se propuso promover la realización de un análisis exploratorio sobre la calidad del agua de red que se consume en Rufino, entendiendo que la fiscalización de los servicios públicos es un derecho de los ciudadanos.

“En una primera instancia nos reunimos con el Concejo Deliberante para trasladar esta inquietud, solicitando que encabece la iniciativa haciéndose cargo de la gestión y los costos económicos que el estudio implicaba. Esto finalmente no ocurrió. Y por ello se decidió llevar adelante los estudios como una iniciativa propia”, detallaron.

La toma de muestras de la red de agua potable de Rufino se llevó a cabo en el mes de octubre de 2021, en la Escuela N° 669 y en el Club Social y Deportivo Belgrano. La metodología utilizada fue la que indica el Protocolo del CIMA-UNLP (Centro Investigación de Medio Ambiente – Universidad Nacional de la Plata).

La toma fue efectuada por el bromatólogo matriculado Sebastián Sola y fiscalizada por el escribano público Gustavo Dimo. Es importante destacar que las muestras se tomaron por duplicado, en envases específicos y de primer uso para evitar cualquier tipo de riesgo.

Luego, las mismas fueron analizadas en el Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo del Dr. Damián José Marino, investigador independiente del CONICET – UNLP.

Los plaguicidas detectados en las muestras analizadas son los siguientes: Acetoclor, Atrazina, Epoxiconazol, Imidacloprid, Metolacloro y Tebuconazol.

Representantes de la entidad que analizó el agua manifestaron: “Al haberse confirmado la sospecha de presencia de agroquímicos en el agua de red de Rufino, desde el Cerso creemos que es imprescindible se realice un estudio más riguroso, que incluya muestreos de los pozos de origen, muestreos en diferentes sectores de la ciudad y, al menos, un seguimiento bimestral que muestre la fluctuación a lo largo del año”.

Esto último es porque la presencia de agroquímicos en el agua de red puede verse afectada por el régimen de lluvias y por los períodos de fumigaciones más concentradas. Este estudio debería incluir los principios activos utilizados actualmente en la agricultura. “En definitiva, proponemos un seguimiento estricto, que garantice una adecuada fiscalización y represente los intereses de los consumidores, en este caso el derecho de acceder a un agua segura”, subrayan con contundencia desde la entidad responsable del estudio.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El debate en torno a la contaminación humana con pesticidas y agrotóxicos data de décadas, pero nunca se realizó -al menos en Venado Tuerto- un estudio pormenorizado ni un seguimiento de los efectos que estos productos tienen en la ciudadanía como el que llevarán a cabo desde la Fundación Voluntatem.

Uno de los precedentes en cuanto al tratamiento serio y profundo de la cuestión es el realizado por la Asociación Civil Espacio por la Conservación y la Acción Social (Acecas) en el año 2014. En ese entonces, se analizaron 50 muestras de sangre de voluntarios y la totalidad de los resultados determinaron la presencia de pesticidas en sangre. Este y otros estudios servirán como punto de partida para el proyecto que pretende realizar la fundación venadense quienes publicarán informes anuales para poder diagramar un patrón estadístico y para ello tomarán como voluntarios habitantes de la ciudad de Venado Tuerto, a los que de manera gratuita -a través de aportes de empresas privadas que apoyan el proyecto- se les realizará un análisis llamado ‘Colinesterasa Eritrocitaria’, con el que se puede determinar el fosforado en sangre, para cuya realización ya están en contacto con laboratorios de Santa Fe y Buenos Aires.

Seguimiento y evolución

El primer paso que dará la fundación Voluntatem para comenzar a recabar datos y poder realizar el informe anual será tomar marcadores para conocer si existe fosforado en sangre y de ahí seguir su evolución.

Ezequiel Margutti, miembro de Voluntatem explicó a Sur24 que próximamente se va a hacer una presentación formal sobre esto, “donde especificaremos el proyecto y daremos a conocer la página web a través de la cual se podrán inscribir los voluntarios, de manera anónima y gratuita”.

Además, celebró el hecho de haber encontrado un estudio realizado unos años atrás “donde se demostraba que había agrotóxicos incorporados en sangre, y eso es un gran punto de partida, aunque primero tenemos que validar esos datos en el laboratorio”, esgrimió Margutti.

Lo novedoso de la realización es que no se tomará solo a los habitantes del campo profundo como referencia, tampoco las periferias, sino que se va a hacer a nivel global en habitantes de toda la ciudad, incluidas las zonas céntricas.

Aunque la idea de los organizadores era largar este proyecto más adelante, cuando la pandemia de Covid de algunos respiros, “el hecho de encontrar ese estudio en alrededor de 40 personas, nos sirvió y nos pintó un panorama de lo que todo el mundo piensa, que la gente sí tiene agrotóxicos en la sangre; eso nos adelantó los tiempos y nos empujó a arrancar ahora”.

Margutti también subrayó que como Fundación les “interesa tanto el fosforado del agroquímico como el de uso doméstico, porque en los hogares se utilizan litros de insecticida que, una vez disperso en el ambiente, lo aspiramos y lo comemos”.

Legislación

En el plano de las fumigaciones rurales, en Venado Tuerto está en vigencia la ordenanza municipal 4047/11 que adhiere a la ley provincial 11.273, las cuales ordenan y regulan el uso de fitosanitarios en el área periurbana. Las normativas establecen que las aplicaciones aéreas están comprendidas por fuera de un radio de tres mil metros del límite agronómico y deben ser autorizadas por la Municipalidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_zigzag color=”chino” el_border_width=”15″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]También en el agua 

De la mano con el pretencioso estudio para determinar el nivel de pesticidas en la sangre de los venadenses, también desde Voluntatem están empezando con la realización de un análisis pormenorizado de la calidad del agua de Venado Tuerto.

“Estoy haciendo estudios de vertientes a través de imágenes satelitales, para saber qué lugares vamos a usar como referencia, que serán fijos y siempre tomaremos los datos de esas ubicaciones”, expresó sobre el tema Ezequiel Margutti, ampliando luego que se van “a usar puntos estratégicos, incluso fuera del ejido urbano, donde se pueda analizar el agua sin contaminantes cercanos como puede ser un pozo ciego”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL 31 DE MAYO[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]