El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este martes declaraciones sobre al incidente ocurrido este lunes al mediodía en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde un policía que está de licencia por carpeta psiquiátrica, le quitó el arma a una compañera, salió a la calle y se autolesionó con un disparo en la cabeza.

El policía herido fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado. El episodio se suma a casos recientes de aparentes suicidios, como el otro agente de policía hallado el sábado en un descampado de Rosario y el del suboficial preso en Coronda por femicidio el pasado 20 de enero.

Estos casos reactivaron el debate sobre la situación de los efectivos de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía o del Servicio Penitenciario Provincial, que ya venía siendo objeto de atención por parte de las autoridades.

Precisamente, el ministro formuló declaraciones en Rosario en la mañana de este martes, en la sede la Gobernación, en las que se refirió a las políticas de prevención en salud mental que se llevan a cabo desde la Dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad en coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El gobierno considera que la problemática es "multicausal". Crédito: Archivo El Litoral.

“Hoy tenemos en seguimiento psicológico a 560 empleados policiales en la provincia de Santa Fe. Se avanzó en convenios con las áreas de Salud. Hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos. En tratamiento voluntario hay cerca de 460 empleados que han abandonado el tratamiento y esto se evalúa después para ver si mantiene o no el estado policial y de portación de armas”, sintetizó el funcionario.

Cococcioni añadió que “nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. En definitiva, son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente. Tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación".

Consultado al respecto, el ministro aclaró que “la autolesión o la consumación del suicidio son eventos multicausales. No obedecen a la inactivación o no de un protocolo o a una sola circunstancia.

"Hay aspectos personales, que tal vez no son para revelar, pero en cada uno de estos casos hay situaciones particulares, familiares y hasta en algunos casos económicas de los agentes por diversas cuestiones que tienen que ver con la esfera individual, y no son causales generales”, añadió.

Uno de los ejes centrales del análisis del ministro fue el desarraigo. Cococcioni reconoció una “asimetría poblacional fundacional” en la fuerza: gran parte del personal se recluta en el norte de la provincia y termina prestando servicio en el sur, particularmente en Rosario.

“Hay una situación muy difícil de solucionar, que es el desarraigo, la falta de radicación en los lugares de trabajo. El traslado, el tiempo fuera de su casa y los viajes largos no son descanso, forman parte del desgaste”, explicó.

Como respuesta, señaló que en los últimos reclutamientos se avanzó en cupos geográficos, con una distribución 70-30 entre el sur y el centro-norte provincial, para revertir un esquema en el que casi el 80% del personal provenía de solo tres departamentos del norte.

En cualquier caso, aclaró que “nosotros activamos estos protocolos y tenemos más de 500 personas en seguimiento. Es más, hubo personal que obtuvo el alta y fue reincorporado a sus funciones habituales. Lamentablemente, no podemos hacer comparaciones con otras profesiones u otras provincias, porque estos fenómenos no se miden por profesión”, subrayó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe remarcó que desde esa área “cada uno de estos casos es trabajado no solo por el equipo de asistencia al personal del ministerio y de la policía, sino también por el Ministerio de Salud de la provincia para tratar de acompañar en condiciones ideales a la gente para que supere las crisis y pueda reintegrarse a sus funciones”.

“Cuando la superación de situaciones de crisis a veces no es viable, lamentablemente tenemos que tomar medidas en algunos casos como sacar al personal de las tareas habituales para reducir riesgos. Hay que tener en cuenta que los policías son funcionarios a los que el Estado les entrega un arma. Y si hay una crisis subjetiva, el hecho de portar un arma es una circunstancia que agrava el riesgo”, expresó.

El abordaje interministerial de la problemática de salud mental en los agentes de seguridad fue presentado a mediados de 2025 en una jornada desarrollada en la ciudad capital, encabezada por Seguridad, junto a Salud y a Desarrollo Humano, a través del área de Género y Diversidad.

El ciclo "Hablemos de Salud Mental" comenzó entonces una tarea de recorrido por unidades regionales y penales de toda la provincia, en articulación con organismos como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda.

Ignacio Paz, director provincial de Bienestar Policial. Crédito: Archivo El Litoral.

Entre sus líneas de acción incluyen el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ del sistema policial que atraviesan situaciones de violencia de género.

En una entrevista con El Litoral, Ignacio Paz, Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, expuso que “hoy lo que más preocupa es el suicidio porque el final es la letalidad”.

No obstante, aclaró en aquel momento que “también nos preocupa el tema de consumos problemáticos: el Ministerio anunció la realización de narcotest, con lo que es probable que salgan a la luz más casos pero también se van a necesitar recursos humanos. Y nos preocupa el tema de violencia de género porque tiene una afectación directa en la salud mental de quien la padece”.

El funcionario detalló entonces las medidas en curso (además de las mencionadas por Cococcioni, convenios con universidades para completar la formación de los agentes, acuerdos con gimnasios) y también los protocolos de acción establecidos.

“Tenemos un circuito en el cual un compañero o un jefe alerta una ideación suicida de un oficial o de un agente del Servicio Penitenciario; ese alerta le llega a Medicina Legal de la policía o a la oficina correspondiente del Servicio Penitenciario y se convoca a esa persona para hacer un seguimiento monitoreado por Bienestar”, describió.

En ese punto, aseguró que “lo primero que se hace es retirarle el arma de fuego. Observamos que cuando se activan esos protocolos no ocurre ningún caso. Es decir que, cuando sucede, es porque no se llegó a tiempo”.

Un violento episodio se registró en la tarde del domingo en la plaza Soberanía Nacional (Junín y Dr. Alfredo Cobeñas)del barrio Villa Casey, donde un joven de 23 años sufrió graves lesiones al ser atacado con una barreta por dos menores de edad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital local, donde continúa internada bajo atención médica.

En el marco de la investigación, este lunes por la tarde personal de la Comisaría 2ª llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Bonansea. Allí se concretó la aprehensión de uno de los sindicados y se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, una bicicleta y dos barretas de hierro.

El Juzgado de Menores dispuso la detención del aprehendido y ordenó la captura del segundo involucrado, quien permanece prófugo.

En la mañana de este domingo, personal de la Comisaría 5ta de Santa Isabel procedió a la aprehensión de un hombre de 34 años acusado de haber agredido físicamente a una vecina e ingresar a su domicilio sin autorización.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició tras un llamado al 911 por parte de la víctima, quien denunció que su vecino la había atacado luego de que ella decidiera desconectar un alargue que el hombre había enchufado en su propiedad para abastecerse de electricidad.

La mujer relató que el sujeto no solo reaccionó con violencia, sino que además irrumpió en su vivienda sin permiso, situación que fue constatada por los efectivos al arribar al lugar.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se notificó al agresor de la causa por los delitos de hurto, lesiones leves dolosas y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia.

Un hombre de 25 años fue aprehendido en la tarde de de este martes en Venado Tuerto, luego de intentar agredir a un vecino. La víctima, un hombre de 56 años, denunció la actitud violenta del joven, quien fue detenido por personal policial al llegar al lugar.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 15 en un domicilio ubicado en calle 3 de Febrero al 1000, en Venado Tuerto. La policía fue alertada por un llamado de emergencia que informaba sobre un incidente violento entre dos hombres. Según la víctima, el joven de 25 años se presentó en su casa con una actitud agresiva y, tras una serie de amenazas, intentó agredirlo físicamente.Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, encontraron al agresor aún en el sitio. La situación fue controlada rápidamente, y el joven fue detenido de inmediato. La policía trasladó al detenido a la sede de la comisaría para que se le iniciaran las actuaciones correspondientes.La fiscalía a cargo dispuso que al joven se le notifique de la causa por "amenazas y actos de hostigamiento" bajo el Artículo 115 de la Ley 10.703. Este artículo penaliza las amenazas graves, que son las que generan temor fundado en la víctima por el daño a su integridad física o psíquica.

En la tarde de ayer, efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron a dos sujetos implicados en un hecho de violencia durante un encuentro futbolístico en la cancha del club Belgrano, en Rufino.

Agresión y amenazas 

Un hombre de 27 años denunció haber sido víctima de una agresión mientras se desarrollaba el partido. Según su testimonio, un individuo lo empujó con fuerza, provocándole una luxación en su hombro izquierdo. Además, otro sujeto le realizó gestos intimidatorios insinuando que poseía un arma blanca.

Intervención policial y detenciones

Personal policial intervino rápidamente y logró aprehender a uno de los agresores en el lugar, incautándole un teléfono celular Samsung negro. Posteriormente, el segundo implicado se presentó en la comisaría, donde también fue detenido.

El Dr. del hospital SAMCO confirmó la lesión sufrida por la víctima, lo que reforzó la denuncia inicial.

Acciones judiciales

La fiscalía dispuso que ambos detenidos sean notificados por la causa de "amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones leves dolosas" y permanezcan bajo custodia hasta la audiencia imputativa.

Una modificación al Código de Faltas de la Provincia busca que haya sanciones ejemplificadoras para quienes agredan física o verbalmente a cualquier trabajador de la Educación, sean o no docentes, en cualquier establecimiento de gestión pública o privada.

La iniciativa logró media sanción, entre otros proyectos tratados recientemente, sin debate ni exposiciones en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Fue girada a la Cámara de Diputados, donde otros expedientes similares no han logrado avanzar porque allí existe otra visión respecto del criterio de discriminación positiva para las faltas.

El texto que logró avanzar en el cuerpo de 19 bancas pretende también poner el foco sobre las situaciones de violencia que sufren especialmente los docentes en sus labores, así como otros trabajadores del sector educativo. Y busca crear una herramienta que permita incluso que se dicte el arresto hasta por 40 días.

La modificación al Código de Faltas fue impulsada por el senador por Las Colonias, Rubén Pirola (PJ-NES) e incorpora el artículo 115 bis, en el Libro III, Título VI "Contra la seguridad de integridad personal", en el Capítulo II "Contra la integridad personal" de la Ley 10.703). Se aprobó sobre tablas y por unanimidad en la sesión del 19 del corriente.

En los considerandos, el presidente provisional del Senado reflexiona: "Las situaciones problemáticas y los conflictos forman parte de la vida y de la dinámica en que se desarrollan las relaciones humanas. El conflicto, en consecuencia, es un emergente natural en las relaciones humanas y también sucede en las escuelas. Lo que debe ser evitado es la violencia con la que se pretende manejarlos, enseñando que hay otra manera de hacerlo".

Busca "proponer alternativas y soluciones a un problema que se ha ido agravando en los últimos años, como es el relacionado a los hechos de violencia, agresiones físicas y verbales que se producen en los establecimientos educativos de la provincia".

"Las acciones violentas de los padres o de personas con algún vínculo con alumnos se han venido incrementando en los últimos tiempos sobre los trabajadores de la educación. Esta situación merece un abordaje integral, que permita trabajar sobre las a causas del mismo y generar los instrumentos sociales, institucionales, normativos y formativos a fin de superar los niveles de violencia y agresión", añade.

Recuerda que en 2003 se sancionó la Ley 12178 que establece el Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar en los Establecimientos Educativos y está dirigida a trabajar con los diversos actores de la comunidad educativa, para evitar o disminuir las formas de violencia escolar y concientizar sobre el problema, pero el problema subsiste o incluso es más grave.

Así, lo indica el senador: "Resulta sumamente importante el abordaje desde la perspectiva de un programa como el establecido, que trabaja sobre los valores de la tolerancia, el consenso y la modificación de las pautas culturales que sustentan los hechos de violencia en un establecimiento educativo, pero el Estado no puede renunciar a intervenir cuando estas conductas, procedentes de padres u otras personas, alteran el funcionamiento del servicio educativo, afectando la integridad física y psíquica de los trabajadores de la educación y también la perturbación del servicio educativo, que terminan impactando en definitiva en la calidad de la educación y en los derechos de los alumnos".

Entiende que, ya desde un aspecto normativo, es necesario modificar el Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe y crear "una sanción específica para aquellas personas que agredieren verbal o físicamente, dentro de un establecimiento educativo de gestión pública o privada, a cualquier trabajador de la educación, sea o no docente, no solamente en resguardo de la integridad personal de los trabajadores de la educación, sino también como una defensa simbólica y efectiva de la escuela, vista como institución y como establecimiento".

Entiende que en otras provincias se han adoptado medidas similares y podemos citar el caso de Córdoba donde, en el año 2020 se agregó a su Código de Convivencia Ciudadano la figura del "Agravio al personal de centros educativos y de salud" o de la Provincia de Buenos Aires que en 2016 incorporó "la figura de la agresión a los trabajadores de la educación en el Código de Faltas". Los salteños tienen desde 2017 una regulación similar en su Código Contravencional.

Son precisamente de aquel año los primeros intentos de los senadores provinciales de establecer una norma que colabore en mejorar la convivencia en las escuelas, en especial afectadas por las agresiones externas.

Hace cinco años la Cámara alta santafesina procuró sancionar una norma abarcativa de todos los agentes del Estado Provincial que en el ámbito de la educación o de la salud sufran agresiones. Luego, tras el pase al archivo de aquella iniciativa amplia en la Cámara joven, hubo más intentos de los representantes de los departamentos que también merecieron la unanimidad pero no tuvieron suerte en el otro cuerpo legislativo para proteger a médicos, enfermeros y otros trabajadores de los centros de salud.

Así se resolvió en un juicio abreviado, donde la fiscalía penal de violencia y de género de Salta impuso la sentencia y a su vez que solicitó que sea privado de la responsabilidad parental, es decir no tener contacto con sus hijos.

La condena fue por lesiones agravadas por el vínculo, de los hechos que tuvieron lugar el 14 de septiembre pasado cuando una vecina de Cafayate llamó en dos oportunidades a la Comisaría para denunciar que dos niños, de 7 y 9 años, estaban siendo golpeados por su padre.

El hombre fue detenido y los menores trasladados al hospital de Cafayate, con múltiples lesiones. El niño de 7 años debió ser trasladado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta debido a las severas heridas que presentaba.

Al declarar en el Circuito Cerrado de Televisión los dos menores señalaron que las lesiones que presentaban en su cuerpo fueron ocasionadas por su padre.

Junto a la pena, el Ministerio Público Pupilar pidió al juzgado de familia que imponga a la privación de responsabilidad parental.

Alan Vidaña

El hecho sucedió ayer por la tarde cuando se disputaba la semifinal del torneo de la Liga Casildense de Fútbol en la localidad de Chabás -Dpto. Caseros-. La situación empezó a descontrolarse cuando Huracán lo dio vuelta a Atlético por 3-2 a poco del final. En esos instantes, los hinchas del local lanzaron piedras desde la tribuna hacia el campo de juego. Por tal motivo, el árbitro decidió suspender el partido. Automáticamente las fuerzas policiales trataron de disuadir el conflicto efectuando disparos de balas de goma y arrojando gases lacrimógenos.

Lejos de calmar los ánimos, la parcialidad de Atlético Chabás siguió provocando desmanes afuera de la cancha y terminó prendiendo fuego un patrullero. A raíz de eso, una mujer policía tuvo una crisis de llanto que quedó asentada en los registros fílmicos.

Una vez más la violencia en el fútbol regional sigue dejando huellas, lo que debió ser una fiesta del deporte, se vio opacada por un grupo de inadaptados que terminaron manchando la pelota. Si bien los daños fueron materiales, habría reportes de personas heridas. El caso se encuentra en materia de investigación.

La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario repudió la agresión sufrida esta tarde por la reportera gráfica del diario La Capital, Virginia Benedetto, quien cubría la manifestación anticuarentena realizada en inmediaciones del Monumento Nacional de la Bandera. La trabajadora de prensa relató que por indicaciones de sus jefes se encontraba realizando su tarea periodística, tomando fotografías, de la manifestación de un grupo de personas que se expresaba en contra de la cuarentena. En ese contexto, una persona se le acercó gritándole, mientras era apoyado por otros manifestantes, desatendiendo el pedido de la reportera gráfica de que mantuviera la distancia social, preventiva y obligatoria. Cabe acotar que el agresor ya habría actuado de manera similar en otras manifestaciones contra trabajadores de prensa. En consecuencia, el Sindicato de Prensa rosarino expresó su “máxima preocupación por las situaciones de agresiones y amenazas que los periodistas sufren en este tipo de manifestaciones en las que impera un profundo sentido antidemocrático”. Y completó: “Recordamos que la labor periodística es indispensable y debe ser respetada como nexo fundamental entre la información y la sociedad”.