La reforma electoral y política que impulsa el gobierno nacional integró el fugaz temario de las sesiones extraordinarias que, finalmente, no fueron convocadas para diciembre. Pero podría ser el plato fuerte de las sesiones en el Congreso Nacional durante el mes de febrero. Eso si se confirman las versiones que indican que la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) van a estar en el menú legislativo del segundo mes del año, el que antecede al período de sesiones ordinarias que se inaugura el 1° de marzo.

Apenas despuntaba diciembre cuando el vocero presidencial daba a conocer, a través de sus redes sociales, la lista de proyectos que el presidente Javier Milei tenía previsto llevar a debate de ambas cámaras antes de finalizar su primer año de gestión. A los temas ya mencionados, se sumaban Juicio en ausencia, Ley anti mafia, Viajes del presidente y Reforma de los fueros de la política, este último en pleno revuelo por el caso del senador nacional Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 211 mil dólares sin declarar y expulsado de la Cámara alta días después.

Finalmente, diciembre transcurrió sin sesiones y ahora las expectativas están puestas en el mes de febrero, cuando las puertas del Congreso se podrían abrir para tratar la anunciada reforma electoral, justo en año de comicios intermedios: en 2025 se renovará parcialmente el parlamento argentino.

En concreto, el gobierno nacional propone la eliminación de las PASO, por considerarlas, en palabras del jefe de Gabinete Guillermo Francos "una molestia para los ciudadanos", pero también porque esta medida permitiría "ahorrar más de 150 millones de dólares".

Un argumento económico similar utilizó hace días el jefe de gobierno porteño Jorge Macri cuando anunció la suspensión de las PASO en ese distrito. Además, dispuso el adelantamiento de las elecciones legislativas para el 6 de julio. "Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO", dijo Macri el viernes último, mientras invocaba un ahorro de 20 mil millones de pesos para las arcas de CABA.

Macri habló de suspensión, no de derogación de las PASO. Milei impulsa su eliminación.

Mientras tanto, en las cámaras de Diputados y de Senadores se acumulan varios proyectos con distintas posturas sobre este sistema electoral que rige en el país desde el año 2009.

El sitio especializado Parlamentario.com hace un repaso de las iniciativas que van por la suspensión de las primarias en 2025, la derogación, o la modificación para que dejen de ser obligatorias, para que los partidos con listas únicas estén exentos de participar y para que argentinos residentes en el extranjero puedan votar en esa instancia.

Aquí, un repaso de las iniciativas, desde las más recientes hasta las que provienen de 2023:

En Diputados, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron el 29 de noviembre un proyecto para suspender las PASO de 2025. Invocan como argumento la escasa competencia real al interior de los partidos, lo que hace que éstas sean "obligatorias para los ciudadanos, pero facultativas para los partidos".

Aclaran que la suspensión debe ser "por única vez" y que el gasto público "no resulta motivo válido" para proponerlo. "De hacerse efectiva la suspensión, debe operar como un compromiso para tener una discusión seria e integral de nuestro sistema electoral, que sirva como ocasión para decidir si se modifica, se suprime o se mantiene intacta la legislación vigente desde el año 2009".

El 8 de noviembre el radical José Federico Tournier, alineado con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, presentó un proyecto que impulsa la derogación de las PASO. Una idea similar tiene el cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, que propone restablecer el anterior sistema de internas de los partidos políticos. Piensa el constitucionalista cordobés que el objetivo fundacional de las elecciones primarias "se ha visto desvirtuado" y terminan siendo tan solo "una encuesta anticipada".

A esto se suma la iniciativa de Oscar Agost Carreño para modificar las PASO de manera que las fórmulas propuestas no sean cerradas y, por el contrario, el candidato a vicepresidente de la Nación sea elegido por el candidato presidencial dentro de las 48 horas posteriores a su proclamación.

Desde el PRO, María Eugenia Vidal propuso el 12 de julio pasado un proyecto para modificar el sistema, eliminando la obligatoriedad de ir a votar, como así también excusando a los partidos que lleven listas únicas a participar de las primarias.

Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López impulsó el 13 de junio la no obligatoriedad para ir a votar, como así también que aquellos afiliados a un partido político puedan votar solo en la interna del partido al cual se encuentran afiliados, o de la alianza electoral que dicho partido integre. Y si el partido al que están afiliados no compite, no estarán habilitados para votar. En cambio, los ciudadanos que no registren afiliación partidaria, pueden votar en la interna de cualquiera de las agrupaciones. Asimismo participarán solo aquellas agrupaciones políticas que presenten más de una lista interna.

López es autor de otro proyecto relacionado con los montos a distribuir por el Estado entre las agrupaciones políticas.

El 15 de mayo, un grupo de diputados radicales encabezados por Carla Carrizo propusieron que los argentinos residentes en el exterior puedan participar en las PASO, en tanto que en otro proyecto presentado ese mismo día sugieren cambios en los plazos, financiamiento y competitividad. Por ejemplo, acortan los plazos, votándose en septiembre en lugar de agosto. Es lo que también sugirió otra radical, Mercedes Joury, en noviembre de 2023, al modificar los plazos, votando el segundo domingo de septiembre para achicar los tiempos hasta las generales.

La misionera Florencia Klipauca Lewtak propuso el 30 de noviembre de 2023 modificaciones al sistema modificando el número de avales necesarios para ser precandidatos y habilitando a las agrupaciones a designar a sus candidatos a vicepresidentes luego de las PASO.

Hay también propuestas de 2023 del ex diputado Pablo Tonelli y Silvia Lospennato, referidos al monto para distribuir entre las agrupaciones,

En el Senado el exgobernador radical de Mendoza Rodolfo Suárez impulsó el 13 de marzo pasado la eliminación de las PASO. Un proyecto similar presentó un año antes la rionegrina Silvina García Larraburu.

Del año 2023, hay también un proyecto del ex senador misionero Maurice Closs, que elimina la obligatoriedad para votar, como así también la no participación de los partidos que presenten una sola lista.

La Cámara de Diputados avanzaría en la tarde de este jueves en aprobar dos mensajes del Poder Ejecutivo que quedaron pendientes de diciembre, temas ambos que tienen historia en ese cuerpo. El propósito del oficialismo es lograr dictamen al mediodía y aprobar por la tarde instaurar el juicio por jurado y el proyecto de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública. También está en carpeta el mensaje del Ejecutivo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil y Comercial.

El mensaje del Juicio por Jurados abreva en el proyecto que enviara el ex gobernador Miguel Lifschitz, el cual ha sido actualizado y modificado en algunos artículos. Establece la competencia de los juicios por jurados, la cual, a diferencia de proyectos anteriores, ha sido ampliada, existiendo delitos donde es obligatoria su conformación y otros casos, en los que es optativa, a pedido del acusado. También aclara la oportunidad procesal para solicitarlo cuando la competencia es optativa.

Entre las novedades, el panel de jurados titulares y suplentes debe garantizar la paridad de género.

La Cámara de Diputados, con conformaciones diferentes votó en dos ocasiones iniciativas sobre la materia que nunca fueron acompañadas por el Senado.

En cuanto al mensaje sobre Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, señala en los fundamentos que en la actual era digital, la Provincia de Santa Fe “tiene ante sí una oportunidad inigualable de modernizar y optimizar su gestión pública mediante la incorporación de tecnologías emergentes y exponenciales de la Revolución 4.0, en línea con lo propuesto por la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. La innovación pública, entendida como la introducción de nuevos procesos, productos o servicios que agregan valor y responden a desafíos colectivos, es esencial para mejorar la satisfacción ciudadana y la productividad de la administración estatal, tal como se reconoce en diversos documentos oficiales y bibliografía relevante”, acota.

Según el Poder Ejecutivo, la gobernanza de datos emerge como un elemento crucial para una gestión responsable y ética de los datos generados y gestionados por las entidades públicas, asegurando la transparencia, la privacidad y la protección de los datos personales, alineado con los principios de gobernanza democrática y gobierno abierto. La información pública se convierte en el marco de un Estado innovador, en un activo crítico cuyo acceso se erige en un derecho ciudadano que requiere tanto promoción como un marco explícito de protección de otros derechos vinculados.

Se entiende por Innovación Pública al desarrollo, implementación, mejoramiento y/o incorporación de nuevas soluciones, procesos o abordajes que mejoren las respuestas y las capacidades de acción y adaptación del Estado a los dinámicos y cambiantes desafíos colectivos, mejorando la calidad y efectividad de las intervenciones, la participación ciudadana y la calidad democrática, dice el artículo 1 del proyecto.

Hasta este miércoles por la noche existían negociaciones entre diputados y senadores oficialistas para en caso de aprobarse en una cámara, avanzar con la sanción en la revisora. También el miércoles por la noche, los senadores oficialistas, en tanto, tuvieron una extensa reunión de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro y algunos de sus ministros para repasar la situación de la provincia.

Luis Rodrigo

Luego de un par de horas de reunión, los jefes de los bloques del Senado santafesino acordaron postergar para dentro se siete días la sesión prevista para este jueves 30 de junio. La semana próxima será la última antes del receso parlamentario de invierno que, al cabo de 15 días de inactividad, llevará la agenda legislativa a fines de julio o principios de agosto.

Los presidentes de las bancadas del interbloque del radicalismo y las dos del peronismo entendieron que no era aconsejable forzar la realización de una sesión en la que los temas a tratar que se podían aprobar sobre tablas con acuerdo no eran lo suficientemente relevantes. En cuanto a los demás asuntos, aquellos que merecen más atención pública porque importan al Poder Ejecutivo al oficialismo legislativo o a la oposición, todavía no tienen acuerdo y, lo más importante, no han avanzado en comisiones.

El compromiso que asumieron los senadores antes de dejar el Palacio Legislativo pocos minutos antes de las 17 es que van a tener un miércoles 6 de julio cargado de labor en comisiones para hacer avanzar los expedientes y llegar a la sesión del jueves 7 con proyectos de ley despachados para su tratamiento en el recinto. Más que trabajo técnico para su concreción, a los proyectos en el cuadernillo de las Preferencias les falta debate en términos políticos. El concepto incluye diálogo entre los dos bloques del PJ encabezados por Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y por Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), así como con su par del radicalismo Lisandro Enrico (UCR-General López). La idea es que incluso se pueda negociar con representantes de la otra Cámara un temario posible de asuntos a tratar.

Del mismo modo, el Orden del Día -que estaba previsto para este jueves y pasará al próximo- contiene pocos temas fuertes: allí van camino a obtener la unanimidad dos proyectos de ley del presidente provisional del Senado Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) para crear una comisión legislativa en Defensa del Usuario Vial, otro para beneficiar a las bibliotecas populares mediante una modificación a la Ley 10.572, un cuarto de Germán Giacomino (UCR-Constitución) que adhiere a la Ley Nacional 27.535 que declara el “Derecho a recibir educación sobre el folclore” y busca que se lo ejerza sobre los estudiantes en las escuelas. Finalmente, con un sentido bastante más práctico, aguarda su turno para tener la aprobación y pasar a Diputados una iniciativa de Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) para que en la jurisdicción de la ciudad de Rafaela sea expropiado un inmueble con destino a la ejecución de obras de saneamiento hídrico.

En cambio, entre las preferencias hay más posibles títulos para los cronistas parlamentarios que no superan su estado de borradores desde hace demasiado tiempo, no porque no por falta de estudio en comisiones, sino por falta de acuerdo. El caso más notorio es el que llegó a la Cámara donde el peronismo tiene la mayoría en febrero de este año y busca vender la Colonia de Vacaciones de Alta Gracia, propiedad del Estado santafesino, sin uso desde mediados de 2018. El gobierno argumenta que con la venta del terreno y la edificación en las sierras cordobesas se podrían construir centros turísticos, también con fines sociales, en territorio santafesino. En cuatro oportunidades se le renovó la preferencia pero la idea no parece reunir el apoyo necesario.

Otras tantos compromisos de tratamiento preferencial, sin resultados a la vista, recibió el proyecto de ley pedido por el gobernador Omar Perotti para cederle al Estado Nacional la jurisdicción y el dominio de islas de propiedad de la Provincia, con destino a la ampliación del Parque Nacional “Islas de Santa Fe” que logró despacho de la Comisión de Medio Ambiente y ya pasó al filtro final de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En cambio, tiene más chances de avanzar un mensaje del Poder Ejecutivo que corrige un error de la Ley 12.069 que regula las grandes superficies comerciales en la Provincia: modificar el artículo 28 que estipula las infracciones y también las sanciones, que fueron establecidas en pesos hace más de veinte años. Ahora se las actualiza y se les impone un sistema automático que acompañe la inflación.

Mario Cáffaro

El Litoral

Autoridades de las cámaras de Senadores y de Diputados mantuvieron un primer encuentro tendiente a fijar una agenda de trabajo y de temas a discutir en lo que resta del período Ordinario de sesiones que se extiende hasta noviembre, y así evitar el naufragio de temas en uno y otro cuerpo. La semana venidera habrá un nuevo encuentro para empezar a puntear temas y caminos aunque la primera charla incluyó en la agenda el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo sobre Código Procesal Penal para Menores pero también proyectos propios de los legisladores sobre la futura ley de Educación, otra de Salud Pública y además posibles cambios o nueva norma para el uso de productores fitosanitarios. En cambio, no se habló de una posible declaratoria de necesidad de la reforma constitucional ni de algunos proyectos muy caros para senadores como la declaratoria de ciudad a varias localidades de toda la bota.

“Hay una sensación de agotamiento sobre la pelea constante que no nos conduce a nada” dijo uno de los participantes del primer encuentro. Los legisladores saben que éste es el último año de trabajo parlamentario pleno. El 2023 es año electoral y las Ordinarias se abren el 1 de mayo cuando la Paso para seleccionar candidatos estará a pocas semanas de realizarse.

El jueves pasado fue Rubén Pirola -presidente provisional del Senado- quien invitó al socialista Pablo Farías -presidente de la Cámara de Diputados- a un encuentro para conversar el tema. La reunión se hizo en dependencias de la Cámara Alta y el senador por Las Colonias lo recibió junto al flamante jefe de la bancada radical, Lisandro Enrico (General López), más los justicialistas Armando Traferri (San Lorenzo) y José Baucero (San Javier).

Farías informó en forma inmediata de la reunión al interbloque del Frente Progresista e iba a informar a Labor Parlamentaria pero la inquietud surgió de algunos titulares de bloques que reclamaron algún camino de diálogo con el Senado para coordinar la agenda. Fue entonces que Farías informó del encuentro previo y fue avalado para continuar las conversaciones.

En el propio recinto de Diputados es común escuchar críticas de legisladores -especialmente de bloques menores- al Senado por la falta de tratamiento de temas impulsados por la Cámara Baja. Es más, el demoprogresista Gabriel Real mencionó una cifra de 320 proyectos en ese limbo. Los dos últimos años fracasó el intento de sectores de ambas cámaras de apurar la sanción de leyes en noviembre en una especie de clearing. El entonces presidente de Diputados, Miguel Lifschitz, no era partidario de ese intercambio y lo sufrió siendo gobernador cuando debió vetar una docena de leyes sancionadas sobre la hora. Farías siguió en esa línea.

Durante el actual período constitucional, la Legislatura sancionó los principales mensajes del Poder Ejecutivo y algunas pocas iniciativas de los propios legisladores. La falta de diálogo fluido entre cámaras provoca este especie de parálisis que ahora intentará ser remediada. La semana próxima cuando las partes se sienten buscarán definir la manera de trabajar los temas que se definan como estratégicos para el debate. En el caso de fitosanitarios está la experiencia de las comisiones de Medio Ambiente de ambos cuerpos que el año pasado realizaron una serie de reuniones con sectores interesados en la temática motorizados por la diputada Erica Hynes y el senador Hugo Rasetto. El diputado Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) está intentando hacer el mismo trabajo entre las comisiones de Educación de ambas cámaras buscando trabajar más sobre los acuerdos que sobre los disensos que pueda tener esta temática.

A los temas medulares habrá que sumar luego la temática propia de cada bloque político. En el medio, las partes deberán ‘tragar sapos’ como los fuertes cuestionamientos de algunos diputados al uso de fueros que ha hecho el Senado en el caso de Traferri y éste también admitir los cuestionamiento que provienen de los representantes.

El otro aspecto a tener en cuenta es el poco peso específico del Poder Ejecutivo en el ámbito legislativo. Minoría en Diputados pero prácticamente sin política parlamentaria y un bloque de senadores que ahora parece buscar la unidad aunque persisten algunas de los resquemores instalados por la propia Casa Gris en los primeros meses de mandato.

Otro de los temas pendientes de definición entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativa es de pliegos para el Poder Judicial donde se acumulan vacantes y preocupaciones de las propias autoridades del Poder Judicial como así también de los cinco colegios de abogados de la provincia.

“Se necesita un diálogo serio para ir cubriendo las vacantes en concursos ya finalizados en el Consejo de la Magistratura pero sabiendo que la provincia no es solo Rafaela” dijo un legislador en estricto off the record. Las dos tandas de pliegos enviados a Legislatura tenían mayoría de pliegos para la justicia de la ciudad de donde es oriundo el gobernador. La segunda lista de candidatos fue retirada por el Ejecutivo mientras se constituía la Asamblea Legislativa para evitar el rechazo a cinco de ellos. “Se necesita que haya un bloque oficialista en Legislatura para discutir estos temas” deslizó un diputado opositor que conoce la debilidad de la Casa Gris en la Cámara baja.

La demora en la cobertura de pliegos es uno de los temas más delicados desde el punto de vista institucional. Además este Ejecutivo y esta constitución legislativa tendrán la responsabilidad de definir las nuevas conducciones del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal cuyos actuales mandatos vencerán en los primeros meses del 2023. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, anunció que las inscripciones para esos concursos se habilitarán en el comienzo del segundo semestre.

Además de pliegos judiciales están pendientes de propuesta del Ejecutivo y validación legislativa de pliegos para Enress, Defensoría del Pueblo y Tribunal de Cuentas, entre otros organismos.

Que en política uno más uno no siempre es dos, lo prueba, en el caso de Venado Tuerto, que desde el 9 de diciembre, con menos ediles radicales sentados a las bancas (a comienzo de año eran tres y ahora serán sólo dos), la embrionaria coalición oficialista Primero Venado, donde la UCR asume la centralidad, será más poderosa e influyente que antes en el Concejo Municipal, a la par de haber fortalecido en las urnas del 14N el gobierno local de Leonel Chiarella.

Hasta ahora, entre el Frente Progresista (Juan Ignacio Pellegrini, Mariana Iturbide, Leonardo Calaianov y Mabel Caula) y Juntos por el Cambio (Francisco Paris), el frente de frentes en su versión doméstica, aseguraba el dominio legislativo oficialista con esos cinco representantes. Aun sí, meses atrás, en el ejercicio de la presidencia, Pellegrini debió recurrir algunas veces al doble voto para quebrar la paridad en ciertos asuntos que abroquelaron a la oposición.

Desde este jueves, el debutante Primero Venado presentará todos sus concejales (Pellegrini, Iturbide, Calaianov, Nahuel Pasquinelli y María Verónica Ruiz) alineados en un bloque -aunque nadie renuncie a su origen partidario-, y todos con el liderazgo del intendente Chiarella, quien no sólo cedió espacios al PS y el PRO en la nómina legislativa, que bien pudieron ocupar hombres y mujeres boinablanca, sino que también los contiene en el ámbito ejecutivo.

Aunque hasta último momento pueden existir intentos opositores, son ínfimas las posibilidades de que el nuevo presidente del Concejo no sea el único reelecto en los últimos comicios, Juani Pellegrini. Si bien éste podría delegar el cargo en uno de sus pares de bloque, no va a desairar el contundente apoyo popular de la lista que encabezaba, más allá de que la diaria del rol presidencial suele ser desgastante, e incluso distraer con menudencias administrativas los asuntos neurálgicos que debiera priorizar el número dos del poder político municipal, como la articulación con el Departamento Ejecutivo y con las entidades intermedias, la mediación entre los distintos bloques legislativos y la comunicación institucional como portavoz.

Cabe agregar, como una curiosidad, que con sólo un mandato en el Concejo Municipal (cuatro años), Pellegrini se transformará a partir del próximo período parlamentario, con la salida de Liliana Rostom (completará tres mandatos consecutivos), en el edil en funciones más experimentado de la ciudad.

Con más experiencia en el campo legislativo y fortalecido por el reciente aluvión de votos, el abogado radical no quiere exponerse a un “5 a 5”, como dos años atrás, si es que el heterogéneo arco opositor del Partido Justicialista, Venado Renace y Ciudad Futura, coincidiera en una postulación para presidir el cuerpo. Aquel empate de Pellegrini y Rostom, resuelto con una moneda al aire en favor del primero, despertó críticas hacia la flamante composición parlamentaria por el fracaso en la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, con el correr de los meses, el Concejo funcionó sobre la base del consenso y las tensiones fueron la excepción; incluso el propio PJ reconoció a Pellegrini por cumplir los acuerdos de palabra de fines de 2020, cuando se comprometió a resignar la presidencia antes del inicio de la campaña, sabiendo que se lanzaría por la reelección. Desde entonces, la justicialista Emilce Cufre lidera el Concejo Municipal y en dicho lapso aprovechó al máximo esa investidura, acelerando la concesión del servicio eléctrico, que se aprobó bajo su presidencia.

Ante la sesión extraordinaria del próximo jueves, la observación elemental ubica a Pellegrini reconquistando la presidencia; la mayor fuerza opositora (PJ) en la vicepresidencia primera (a través de Cufre o Rada), y la vicepresidencia segunda para Jeannot, con dos años como concejal, mientras que el edil de Ciudad Futura, Bruno Taddia, recién estará debutando.

Hasta el cierre de esta edición no se descartaba un intento postrero del PJ de acordar con Venado Renace y Ciudad Futura, apuntalando al renacentista Jeannot como el aspirante presidencial. Es que el peronismo, luego de un flojo papel en las generales, aun cuando logró rescatar -con Sebastian Roma- la banca que arriesgaba, tiene en esta singular pugna entre 10 electores la posibilidad de atenuar el poderío de Primero Venado, si pudiera lograr que el categórico triunfo oficialista no se reflejara en la conducción del Concejo. A la vez se expone, claro está, a un tiro en el pie en el estreno de la nueva composición.

La sociedad del PJ con Jeannot sería viable porque ya la ensayaron hace dos años, y un negocio redondo para el empresario gastronómico, que saltaría a la presidencia desde un monobloque, y en un momento de debilidad, porque no pudo presentar candidatos tras el alineamiento con el Frente de Todos del armador de Venado Renace, el massista Franco Balzaretti. Claro que no alcanza con Jeannot (incluso su nombre no seduciría a todos los peronistas), ya que la oposición necesita un quinto voto, y nada hace suponer que Bruno Taddia (Ciudad Futura) asumiría el costo político de alimentar ese pacto que sólo beneficiaría al PJ y Venado Renace, en perjuicio del oficialismo municipal.

Tal vez, antes que forzar una competencia de éxito improbable, aprovechando la necesidad de Primero Venado de ahuyentar el fantasma del “5 a 5”, la oposición encuentre una buena oportunidad para lograr acuerdos en torno al funcionamiento del cuerpo desde el 10 de diciembre, sobre la base de una agenda que asegure un Concejo abierto, participativo, con mucho debate, generoso en el diseño de las comisiones y con un perfil más alto en su quehacer.

Si bien Pellegrini enfatiza que el oficialismo jamás abusó de su condición de mayoría, son razonables las prevenciones opositoras, y en ese escenario podría gestarse en las próximas horas una negociación que ofrezca garantías al Partido Justicialista, Venado Renace y Ciudad Futura, y las nuevas autoridades legislativas sean entonces el fruto del consenso, incluso de la unanimidad, sin monedas en el aire, ni temores de un Concejo en modo escribanía, y con la presidencia en manos de los más votados.