El gobierno nacional estableció este viernes dos medidas puntuales en lo que respecta al ámbito de la discapacidad con una publicación en el Boletín Oficial.

En primera instancia, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional establecida por el artículo 1° del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023.

La emergencia en discapacidad incluye la intervención en la generación, análisis y sistematización de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica asociada al uso, manipulación y circulación de sustancias y productos químicos sujetos a control.

“Colaborar desde el punto de vista técnico-sanitario con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL en la elaboración y ejecución de estrategias integrales e intersectoriales para la prevención y combate del narcotráfico, incluyendo el intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de mecanismos de trazabilidad y control”, agrega el Decreto 942/2025.

El documento en cuestión cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; su jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el resto de ministros del gabinete.

El texto también indica que entre sus facultades estará “entender en el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

La Agencia Nacional de Discapacidad se incorpora, desde este viernes 2 de enero de 2026, en el marco de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al organigrama de aplicación del Ministerio de Salud. La medida también fue incluida en el Decreto 942/2025.

Por este motivo, los compromisos y obligaciones asumidos por la ANDIS estarán a cargo de Salud, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus respectivos cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa correspondiente, garantizándose la continuidad en la prestación de los servicios brindados.

Decreto 942/2025 by El Litoral

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral identificadas en el Anexo I de la resolución 12621/2025. La norma responde a la medida cautelar dictada en la causa FTU 13578/2025 por el Juzgado Federal de Catamarca N°2. La resolución fue firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches y formalizó la reanudación de los pagos suspendidos.

Las suspensiones de haberes se dispuesto en el marco de auditorías previstas por el Decreto N° 432/1997 y normas complementarias. El expediente que motiva la resolución es el EX-2025-105860008-, y la intervención de la ANDIS se respaldó en el Decreto N° 601/2025. El Boletín Oficial publicó la medida y consignó el impacto administrativo y presupuestario derivado de la reactivación de pagos.

El documento cuenta con la firma de Alejandro Alberto Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la salida de Diego Spagnuolo.

La resolución ordenó además la abstención de iniciar o continuar auditorías sobre esas pensiones mientras subsista la medida cautelar. La Dirección de Presupuesto y Contabilidad certificó la disponibilidad de la partida necesaria para cubrir el gasto. La comunicación a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) busca la reactivación efectiva de los haberes, según consta en la publicación oficial.

El primer punto de la Resolución N.º 12621/2025 dejó sin efecto las suspensiones dispuestas sobre las pensiones detalladas en el Anexo I y ordenó reanudar el pago de los haberes desde el período en que se dispusieron aquellas suspensiones. La medida se adoptó en cumplimiento de la cautelar dictada en la causa FTU 13578/2025, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial.

La norma encargó a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación la notificación de la resolución a las personas beneficiarias afectadas. También ordenó la abstención de iniciar o continuar auditorías o nuevas suspensiones mientras la medida cautelar permanezca vigente. Esos mandatos buscan garantizar la continuidad del cobro y evitar nuevos cortes administrativos.

Además, la resolución estableció que el gasto originado por la reactivación de pagos será atendido con la partida presupuestaria del ejercicio en curso. La disposición incluyó la comunicación a la ANSeS para proceder con la reactivación de los cobros. La firma final corresponde a Alejandro Alberto Vilches, interventor de la ANDIS.

La resolución toma en cuenta el artículo 9° de la Ley N° 13.478 y su reglamentación por el Decreto N° 432/1997, que prevén pensiones inembargables para personas sin recursos y no cubiertas por regímenes previsionales. También se consideraron el Decreto N° 698/2017, que creó la Agencia Nacional de Discapacidad, y la Resolución N° 1786/2023 de la ANDIS. Estos antecedentes jurídicos integran el soporte normativo de la medida, según el Boletín Oficial.

En el expediente administrativo se consignaron causales previstas en los incisos f) y g) del artículo 9° del Capítulo VI del Anexo I del Decreto 432/1997 como motivo de las suspensiones previas. El Memorándum ME-2025-102197549-APN-CAC#AND informó la resolución judicial que hizo lugar a la medida cautelar en la causa impulsada por la Defensoría del Pueblo. Esos pasos procesales explican la reanudación ordenada por la intervención.

El registro electrónico de la publicación oficial consignó la fecha de la resolución y su publicación en el Boletín Oficial. La formalidad administrativa y la advertencia sobre la vigencia de la medida cautelar constituyen elementos centrales para la ejecución práctica de la reactivación de pagos.

Resolución 12621/2025 by El Litoral

Mauro L. Muñoz

La publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial desató una catarata de críticas y manifestaciones de repudio en el ámbito de la salud mental. Ante las críticas, el gobierno reconoció el error y anunció la pronta modificación de la normativa.

El documento había sido emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un anexo, empleaba terminología obsoleta y considerada ofensiva para describir distintos grados de discapacidad intelectual, incluyendo términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

Ante las críticas, la ADNIS emitió un comunicado en el que reconoció el error y se comprometió a modificar la resolución. "La publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", indicaron.

Además, el organismo anunció que la normativa será revisada para alinearse con los estándares internacionales vigentes, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

"La ANDIS reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan", remarcaron.

La Resolución 187/2025, fechada el 14 de enero de 2025, bajo la firma del director de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo, establecía un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez en el marco de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral.

El Anexo I de dicha normativa presentaba una clasificación de la discapacidad intelectual basada en coeficientes intelectuales (CI), utilizando términos despectivos para cada categoría:

CI 0-30: "Idiota". Descripto como una persona que "no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres...".

CI 30-50: "Imbécil". Definido como alguien que "no lee ni escribe, atiende ... puede realizar tareas rudimentarias...".

CI 50-60: "Débil mental profundo". Caracterizado por "solo firmar, tener vocabulario simple, no manejar el dinero, puede realizar tareas...".

"Retardado mental" también era utilizada para designar a quien padece "un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual...”.

Esta clasificación, que remite a conceptos médicos en desuso desde hace décadas, fue rápidamente señalada por especialistas y organizaciones como un retroceso en materia de derechos y una falta de respeto hacia las personas con discapacidad.

La Asociación Civil por la Igualdad presentó un reclamo administrativo solicitando la derogación inmediata de la normativa. En su comunicado, expresaron: "Esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. Además, las expresiones peyorativas que utiliza, lejos de combatir la discriminación, la refuerzan".

Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó de "ofensivos y obsoletos" los términos utilizados, señalando que "refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual".

Expertos en salud mental también se pronunciaron al respecto. Marcelo Cetkovich, jefe del Departamento de Psiquiatría y director médico de INECO, afirmó que la normativa es "retrógrada y estigmatizante", y advirtió que el uso de terminología desactualizada "interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad".

Francisco Zanotti, vicepresidente de la Unión de Entidades de y por Personas con Discapacidad (UENDISFE), sostuvo que "es un horror que desde el gobierno nacional se utilice estas palabras para referirse a las personas con discapacidad. Estas palabras fueron desterradas hace mucho tiempo del uso para evitar la discriminación. No pueden ser que vuelvan a aparecer publicadas en un documento oficial".

La diputada provincial Silvia Ciancio, solicitará al Ejecutivo santafesino que brinde informes sobre la puesta en marcha de la Resolución Nº 322/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que modifica en algunos puntos el funcionamiento general de las juntas evaluadoras de discapacidad de cada una de las jurisdicciones. Además, pedirá conocer si los equipos interdisciplinarios de estos espacios, fueron notificados en tiempo y forma, y si se les ofreció alguna instancia de capacitación o formación respecto a las nuevas normativas.

Ciancio recordó que en marzo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución Nº 322/2023 donde se establece que el Certificado Único de Discapacidad, se otorgará sin sujeción de plazos temporales, manteniendo plena vigencia y validez mientras que los criterios certificantes se mantengan.

“Esto quiere decir que los plazos de vigencia de los certificados se modificarán, estando sujetos a ‘actualización’. Esta última se implementará de acuerdo a criterios que aún se desconocen. Queremos decir que, esta resolución modificará, el modo de funcionamiento de las juntas evaluadoras de discapacidad”, explicó Ciancio.

La diputada, dijo que se verán compelidas en nuevas formas de trabajo y “aún no fueron convocadas (las juntas) a jornadas de capacitación o formación específicas para los trabajadores que son quienes sostienen la cotidianidad y la territorialidad del trabajo”. Asimismo, destacó que los usuarios están “acercándose a las juntas por su proximidad y relación profesional” a realizar consultas sobre estas situaciones y los trabajadores no saben qué responder al respecto.

“Esto genera mayores dificultades en las relaciones transferenciales -continuó-. Creo que resulta imprescindible la formación de los recursos humanos necesarios para sostener las juntas evaluadoras y que cuenten con saberes y conocimientos necesarios no solo para saber qué deben hacer sino para responder las demandas de usuarios”, aclaró.

Finalmente, añadió: “Lo que buscamos es acompañar a los trabajadores para que estén preparados ante la circulación de nueva información y que cuenten con herramientas a la hora de asesorar a las personas”.

Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) ya no tendrán plazo de vencimiento, a partir de una resolución adoptada por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que será publicada este lunes en el Boletín Oficial.

A través de una nota de prensa, ese organismo comunicó este domingo por la noche que la primera etapa de la decisión oficial será de implementación inmediata y preverá que los CUD sean emitidos sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital.

En consonancia con ello, Andis consignó que el Estado tomará contacto con “la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad”.

Certificado de Discapacidad: prorrogaron los vencimientos por un año

“Las instancias de acompañamiento y actualización -agregó la Andis- se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años, en todos los casos, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto”.

“El CUD es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla”, señaló el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga.

El funcionario agregó: “Es una medida que nació de la escucha y el compromiso con todo el colectivo de Discapacidad en todo el país; que se fue nutriendo del trabajo mancomunado del gobierno nacional, las provincias y la sociedad civil; y que impactará positivamente en las personas con discapacidad y sus familias”.

Para el organismo, la inminente resolución oficial” ratifica la implementación progresiva, gradual y en etapas, de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya poseen el CUD, como para aquellas que tramiten la obtención del mismo por primera vez”.

Certificado de discapacidad: implementan cambios para simplificar y optimizar el acceso

El propósito de la administración encabezada por el presidente Alberto Fernández es dar “un paso fundamental hacia una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación y de acceso a derechos, simplificada, desburocratizada y con mayor presencia del Estado en el acompañamiento permanente de las personas con discapacidad y sus familias”, consignó la Andis.

La implementación de estas mejoras, inscriptas en el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad, requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad.

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El Gobierno nacional, a través de la Resolución 186/2023, publicada en el Boletín Oficial, prorrogó por un año la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que vencen en 2023. También afecta a los certificados que vencían en 2022 y que ya habían sido extendidos.

Las dificultades que refiere el organismo son las decenas de pedidos de familiares y pacientes que, ya desde fines de 2022, vienen reclamando que no hubiera que renovar este documento, clave para la cobertura de un medicamento o para el derecho a viajar sin cargo en transporte público.

La campaña, impulsada en las redes sociales, apunta a las complicaciones en la renovación: los certificados suelen ser expedidos por dos años y los turnos con la Junta Médica Evaluadora pueden tener siete meses de demora, lo que obliga a comenzar la ronda de trámites casi apenas obtenido el CUD.

Certificado de discapacidad: implementan cambios para simplificar y optimizar el acceso

Se trata del primer paso de implementación del plan de mejora en la Certificación que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció el organismo.

La ANDIS instituyó el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: “Se trata de una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad”.

Por ello la mencionada agencia nacional consideró que con la oficialización de la prórroga de vencimiento de certificados fue “el primer paso efectivo hacia la implementación de este Plan que se está desarrollando, y se adopta ante las dificultades que se han experimentado en algunas jurisdicciones con el objetivo que ninguna de las prestaciones que derivan de la vigencia del CUD se vea interrumpida como el sistema de prestaciones básicas, gratuidad del servicio de transporte público, entre otras”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

En este marco, se Instruyó a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios para que se proceda a la implementación administrativa y operativa de la presente medida, y realice las acciones necesarias a tal efecto. “Asimismo, corresponde instruir a dicha Dirección Nacional a fin de propiciar la notificación del presente acto resolutivo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por intermedio de la Dirección Ejecutiva de esta AGENCIA, como así también a los organismos y jurisdicciones responsables de evaluar y certificar discapacidad”, se comunicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

En Argentina se estima que unos 5 millones de ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados.

Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.

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El Gobierno implementó nuevos cambios en el certificado de discapacidad y algunas personas ya no tendrán que hacer renovaciones. Así lo comunicó a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida será complementada con una prórroga de los vencimientos actuales de los Certificados únicos de Discapacidad, mientras tanto, se instrumentarán las nuevas medidas administrativas y tecnológicas para que se pueda implementar el nuevo sistema. De esta manera, se incorporará la eliminación de la fecha de vencimiento.

Entre los objetivos específicos que propone el anexo de la Resolución 113/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se encuentran además los de “difundir los derechos y servicios a los que se accede con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, “fortalecer las herramientas y recursos vinculados con la certificación” y “disminuir la brecha entre personas certificadas y población con discapacidad estimada”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

Se trata de un plan que “permitirá brindar previsión y seguimiento a las acciones ya desarrolladas y a desarrollar por la ANDIS en materia de certificación” y que tiene como población destinataria a las “personas con discapacidad certificadas”, así como también la “población con discapacidad estimada en un 10.2% del total del país”.

También aplica para “el entorno de las personas con discapacidad, (familia, amigos y apoyos), organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados con los procesos de certificación”.

Entre los puntos más destacados del plan, ANDIS menciona:

Para cada uno de los ejes de trabajo contenidos en dicho plan, se irán emitiendo, en el transcurso de las próximas semanas, las Resoluciones complementarias que permitan su instrumentación a nivel federal y de manera progresiva en etapas, salvaguardando a las personas con discapacidad y la vigencia de sus prestaciones.

La Provincia aumentó un 800% el presupuesto para asistir a personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aportó información que ayudó a concretar la nueva medida ya que estableció el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: una propuesta integral que buscaba mejorar los procesos para la certificación de discapacidad.

El plan recibe los aportes recolectados en el marco de la consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad, de insumos trabajados con las autoridades de discapacidad de todas las jurisdicciones, como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil, e incluye medidas como apoyo a las Juntas Evaluadoras de Certificación de todo el país, incorporación de innovaciones tecnológicas, simplificación del trámite y otras líneas de acción concretas que implican una mejora en el acceso a la certificación.

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) constituyeron la mesa de trabajo con el fin de abordar y resolver situaciones específicas vinculadas a pagos por prestaciones brindadas por obras sociales y prepagas, según se informó oficialmente.

Ambos organismos consignaron también que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las obras sociales nacionales “se encuentran regularizadas” y que el programa Incluir Salud “realiza sus pagos con regularidad”.

La Andis y SSSalud informaron además que invitaron “a los prestadores independientes -acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos y maestros de apoyo, entre otros- a formar parte de la próxima reunión del Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad con el propósito de abordar situaciones específicas de este sector”.

Además, anunciaron que “se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional”.

“La discapacidad en su conjunto -añadieron- es una prioridad del gobierno nacional. Prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones. Esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios, hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde 2019”, consignó la información.

La semana pasada, desde el Gobierno nacional se indicó que “no hay ningún recorte presupuestario” en el área que atiende a personas con discapacidad y se precisó que, si bien había existido “un retraso de pocos días en las partidas” presupuestarias designadas para ese sector, “el tema se encuentra solucionado”.

Así se señaló tras la reunión de Gabinete realizada el miércoles de la semana pasada, ante una protesta que durante tres días mantuvieron frente a la Casa Rosada prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, en reclamo de la regularización de los pagos y en protesta ante rumores de un supuesto recorte en el área, que fue descartado de plano desde el Ejecutivo.

El Gobierno nacional aprobó este viernes el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato digital, que será complementario al documento físico y tendrá la misma validez legal, vigencia y eficacia, según precisa la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

Así se estableció mediante la Resolución 2008/2021 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que lleva la firma del Director Ejecutivo del organismo, Fernando Gastón Galarraga.

El artículo 2° de la norma aprueba “el modelo, las características y particularidades operativas del Certificado Único de Discapacidad en formato digital” publicadas en el anexo.

Entre las particularidades del mismo, se procederá a su visualización y/o descarga a través de un dispositivo móvil, de la App “Mi Argentina”; o del mismo sitio web, y además, al escanear el QR se accederá al sistema de Andis con los datos completos del CUD para fiscalizar.

Entre los considerandos se puntualiza que “resulta apropiado que el CUD en formato digital forme parte integrante de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional a los fines de que pueda ser alojado en dispositivos móviles inteligentes que facilite su portación al titular”.

También tendrá la “capacidad de contener dentro de su estructura lógica de datos, un certificado encriptado y firmado digitalmente”.

En tanto, el formato digital será “complementario al documento en soporte papel que continuarán entregando todas las Juntas Evaluadoras de Discapacidad del país”.